viernes, 22 de febrero de 2013

La gestión CFK del Estado construye e impone la conciliación con los genocidios de hoy (que realizan los del ayer) y esto es el conflicto prioritario a asumir por los de abajo para su lucha de emancipación del capitalismo e imperialismo.


Averigüemos cómo Argentina demuestra 
que el capitalismo
arrasa las condiciones y los medios de vida de toda la humanidad
Mediante terrorismo de estado a mediados de los '70, los grandes capitales financieros e industriales de las potencias imperialistas -gracias a la alianza con las elites locales- instauraron el neoliberalismo como constante apoderamiento de bienes comunes sociales y naturales. Acumulación que, desde el año 2002, se continúa en la expansión del modelo extractivista con base en la gran escala e intervención potente de la modernidad científico tecnológica. Dos cimientos y motores que llevan a maximizar la concentración, centralización y transnacionalización económico territorial.

La Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales
(Publicada el 11 de noviembre de 2011) nos esclarece sobre este crecimiento de la monopolización y el despojo totalitario a los diversos de abajo:

(…)- La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)  provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

- La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

- La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresas se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y  que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”. (…)
La expansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.
Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación.

- La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente (…)". Leer

Mediante la siguiente nota comprendamos cuál debe ser nuestra toma de posición frente al progreso del capitalismo e imperialismo en Nuestra América:

Desafíos ante la nueva frontera
Por Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
- Cuando las asambleas socio-ambientales cuestionan la mega-minería metalífera y afirman: “el agua vale más que el oro”, logran la adhesión de amplios sectores de la población, incluso de abrumadoras mayorías, en algunas regiones. El agua es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos; la ecuación es sencilla: sin agua no hay vida. En cambio, podemos prescindir del oro. Pero si afirmamos: “el agua vale más que los hidrocarburos”, esa certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos, aunque biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos. Es decir, lo que entra en juego no es la vida misma sino un modelo de vida: la Era Petrolera, que comenzó hace poco más de 150 años, es un ínfimo fragmento de la historia de la Humanidad.
La respuesta más común a esa consigna es: “vos usas tu auto y yo también”, cerrando el paso a pensar cualquier alternativa, trasladando todo el peso de la existencia de esta matriz energética al consumidor individual y no a decisiones políticas. Aceptando, por ende, la creación de zonas de sacrificio como un hecho irreversible. (Zonas de sacrificio que son territorios que albergan pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida.) Se evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia de ciudadanos de segunda.
Desde el momento que se aceptan las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del territorio con un único objetivo: extraer la energía almacenada en las entrañas de la Tierra.
Sin duda la dependencia de la sociedad actual respecto de los hidrocarburos es muy fuerte y no sólo en términos energéticos -que en Argentina representan la base de nuestra matriz-, ya que sus derivados están también presentes en el día a día: desde la ropa, el calzado y los recipientes plásticos a una amplia gama de productos que los requieren como insumo. Nuestro vínculo -dependencia- con los hidrocarburos no tiene punto de comparación con la relación que mantenemos con el oro -cuyo valor responde a una convención social más que a una aplicación material.
El punto no es dejar mañana de extraer hidrocarburos y de consumir sus derivados -ya que sencillamente es imposible-, sino empezar de una vez la transición hacia otras fuentes en lugar de profundizar la matriz existente, con sus costos socio-ambientales, sus zonas de sacrificio; y buscar otras alternativas para el desarrollo regional.
Hace años que se debate en ámbitos internacionales si hemos alcanzado o no el pico del petróleo, el Peak Oil,  el fin del petróleo barato. Haber llegado a él significa que en adelante extraer hidrocarburos demandará mayores inversiones, por lo que su precio aumentará y se trasladará a toda la cadena de producción y consumo; además del incremento de los riesgos ambientales, ya que se avanza en yacimientos ubicados en aguas profundas o en ecosistemas continentales muy delicados, fuentes de biodiversidad. (En el marco del concepto de desarrollo vigente, basado en la acumulación, la muletilla de la existencia de avances tecnológicos que disminuyen esos riesgos, los controles estatales y el compromiso ambiental de las empresas, se desvanecen ante catástrofes como el hundimiento de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México.)
La carrera del petróleo (los sueños del emirato propio)
La necesidad de seguir inyectando hidrocarburos en el mercado energético se conjuga, en nuestro país, con otra necesidad: la de inyectar fondos para las alicaídas economías regionales. En 2006, con la sanción de la Ley 26.197, culminó la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de la Nación a las provincias -proceso que se inició en 1994 con la reforma constitucional. Desde ese año al presente 21 de las 23 provincias se han lanzado a la carrera de licitar y adjudicar áreas de exploración -por el momento están fuera Catamarca y Buenos Aires, que ya adecuaron su legislación para sumarse a la competencia, y la Capital Federal. Una carrera que no guarda relación con las iniciativas que, desde el ámbito público, se promueven para el desarrollo de energías limpias. (Energías limpias de verdad, no agro-combustibles.)
Este fenómeno recuerda el recorrido hecho por la agroindustria con el boom del precio de la soja: un veloz desplazamiento de la frontera agropecuaria, aumentando año a año las superficies cultivadas, al costo de desmontes y desalojos de comunidades indígenas y familias campesinas. El avance de la frontera hidrocarburífera ha comenzado a levantar polvo en los departamentos salteños Gral. San Martín y Rivadavia, donde ya se escuchan protestas de comunidades wichí y familias campesinas. Nuevamente ven caer el monte bajo las topadoras, esta vez abren picadas para realizar la prospección sísmica.

Esas voces que se alzan preguntan qué pasará con el agua si avanzan con la perforación de pozos y si de los estudios surge que la extracción de gas y petróleo es rentable.
·       Se lo preguntan porque, en algunos casos, no tienen acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna.
·       Se lo preguntan porque no fueron informados sobre lo que se haría en sus tierras y territorios; porque las comunidades indígenas no fueron previamente consultadas; y porque -como ha sido denunciado en algunos casos- las obras comenzaron sin la aprobación de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Audiencias Públicas -todos requerimientos de la legislación vigente.
Por sus propios medios esas familias indígenas y campesinas se han enterado que durante la perforación de pozos podrían comunicarse reservorios de diferentes calidades o secarse sus actuales fuentes de provisión de agua, si no se toman los recaudos necesarios durante las operaciones. También que podrían contaminarse las napas con los productos utilizados para la lubricación de la broca que se adentra en la tierra, agujereando las rocas; o por un inadecuado manejo de los residuos generados. Se preguntan todo eso porque poco va quedando del monte que los alimenta y sustenta sus culturas. El despojo del agua sería su final.
Su temor es igual al manifestado por los pobladores de Zapala ante la adjudicación de áreas de exploración en esas latitudes. Porque bajo esa ciudad neuquina se extiende el Acuífero Zapalino, que provee agua de excelente calidad y permite la vida en esa urbe levantada en el desierto. Lo mismo en la provincia de Entre Ríos, donde temen por la suerte del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes de la región.
Los temores no nacen de la “imaginación”, del “desconocimiento”, de la “ignorancia” que se le suele adjudicar al pueblo en estos casos; sino de casos concretos, como el de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de La Lata, Neuquén. Ambas se levantan sobre el principal yacimiento de gas del país, cuya explotación empezó a fines de la década del ’70. Tras 20 años de actividades, promediando la década del ’90, se descubrió la presencia de hidrocarburos y metales pesados en el agua que consumían en ese paraje, sustancias que fueron halladas -en niveles alarmantes- en los cuerpos de mujeres y hombres, niños y ancianos, que explicaban su deteriorada salud. Su historia llegó a la prensa de tirada nacional, a los canales de televisión, e incluso varias películas documentan aquella situación. Y ese es tan sólo un caso emblemático, pero antecedentes de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, de territorios degradados, pueden encontrarse en cualquiera de las 10 provincias que históricamente han extraído gas y petróleo.
La emergencia de asambleas socio-ambientales a comienzos del milenio instaló en la agenda pública nacional temáticas que resultaban marginales en años anteriores, incluso aportó una ‘dimensión ambiental’ a quienes históricamente denunciaron las políticas de saqueo de los bienes comunes. Esa emergencia instaló en amplios sectores de la población que, más allá de las necesidades inmediatas, el agua vale más que el oro. El desplazamiento de la frontera hidrocarburíferas en ciernes plantea el desafío de darle otra vuelta de tuerca a nuestra comprensión de mundo, instándonos a cambiar nuestro modelo de generación y consumo energético. (*) Una primera versión de esta nota fue publicada en “Otros Territorios” Número 8 – Año II. Publicación digital del Parque Nacional en Pizarro.

Mediante la siguiente declaración sepamos sobre la ocupación económico territorial de las corporaciones imperialistas gracias a su alianza con los poderes locales y el porqué es fundamental nuestra insumisión a la gestión CFK

Declaración de  Asamblea Regional a favor de la vida y contra el “Fracking”
Chajarí, 31 de enero de 2013
                                                                                                               
A 200 años de las “Instrucciones del año 1813” para los Pueblos Libres
Ciudadanos entrerrianos de Colonia Alemana, Colón, San Jaime de la Frontera, Federación, Concepción del Uruguay, Chajarí, Concordia, Villa del Rosario, Paraná y de Monte Caseros (Prov. de Corrientes), preocupados ante el plan  gubernamental de implementar la técnica “Fracking” en nuestra región atravesando y utilizando las aguas de nuestro Acuífero Guaraní, nos hemos reunido en asamblea con el propósito de intercambiar información y coordinar actividades en conjunto con miras a concientizarnos, advertir a toda la comunidad y a los funcionarios responsables, acerca de la realidad de este método experimental no convencional y sus consecuencias letales para la humanidad y el medio en que vivimos.
Con documentación a la vista de carácter técnico e institucional, aportes de especialistas, videos de injerencia nacional e internacional y testimonios, hemos comprobado una vez más que el “Fracking” es una técnica de extracción de hidrocarburos sumamente contaminante, aunque las empresas involucradas y nuestros propios gobiernos traten de disimularlo no informando o distorsionando la realidad al minimizar las consecuencias en aras de un supuesto “progreso” que finalmente, a mediano y largo plazo, destruye todos los elementos de la naturaleza y mata. Hemos constatado que el “Fracking” es una forma de extracción con graves, irreversibles y acumulables consecuencias sobre el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, la biodiversidad... es decir, sobre la VIDA. Nos llama la atención que no se tenga en cuenta que varios países del 'primer mundo' y algunos Estados de Norteamérica lo han prohibido en su territorio –como Francia, Bulgaria, Rumania, varios Estados de los EE.UU., Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur en Australia, Quebec en Canadá, entre otros casos– ante los innumerables ejemplos y las categóricas investigaciones que confirman los daños que acarrea.
La localidad argentina de Cinco Saltos (Prov. de Río Negro) fue la primera en Latinoamérica en prohibir por unanimidad la utilización del Fracking en su territorio, constituyéndose así en un excelente ejemplo a seguir para todos nosotros. Es así que hasta la fecha hemos cursado notas a los HCD y Juntas de Gobierno de Concepción del Uruguay, Colón, San José, Concordia, Federación, Chajarí, Colonia Alemana, Villa del Rosario, San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores pidiendo que se prohíba la hidrofractura en el ámbito territorial de las localidades y su Ejido.
El gobierno de Entre Ríos e YPF anunciaron en 2012 que realizarían “exploraciones” en nuestro territorio durante este año con el propósito de extraer gas de esquisto. En ningún momento la ciudadanía fue debidamente informada de parte de las autoridades sobre las implicancias de este preocupante emprendimiento de manera que pueda decidir a conciencia si le otorgará la necesaria LICENCIA SOCIAL. Como tampoco fue consultada ni convocada como parte para conformar los equipos requeridos por la Constitución para realizar los estudios previos de impacto ambiental que sorprendentemente nadie menciona cuando estamos frente a una técnica que en el mejor de los casos puede denominarse como sumamente riesgosa y EXPERIMENTAL. Así mismo constatamos que no se aplica el Principio Precautorio constitucional. Sin embargo se ha seguido adelante a toda marcha despreciando a la gente que no será favorecida porque esta energía extra no está destinada a satisfacer sus necesidades sino para hacer posibles mega-emprendimientos extractivistas y dilapidadores de todos nuestros bienes comunes naturales.
Los aquí reunidos hemos coincidido unánimemente en:
  • Continuar con la presentación de notas en los Honorables Concejos Deliberantes y Juntas de Gobierno solicitando declaren a los respectivos ejidos municipales y comunales “Libre de Fracking”.
  • Solicitar a los HCD y Ejecutivos municipales emitan una Resolución al respecto para que, como es su deber, preserven la vida de los ciudadanos y del ambiente en que vivimos.
  • La Asamblea se auto-convoca nuevamente en la ciudad de Concordia para el corriente mes de febrero con día a confirmar.
  • Invitar a todos los ciudadanos de nuestra Región, a informarse y movilizarse para exigir a los representantes de nuestras comunidades (Presidentes Municipales y de Juntas de Gobierno, Concejales y legisladores provinciales y nacionales, funcionarios locales y del gabinete provincial y a nuestras máximas autoridades) que declaren Libre de “FRACKING” al territorio entrerriano y regional.
Nos definimos como colectivo de lucha en defensa de la vida, por una auténtica soberanía que tenga en cuenta ante todo el bienestar de la comunidad, la preservación del ambiente en que vivimos y para que los gobiernos Nacional y provinciales, no importa de qué tiempo y extracción  política, pongan freno a la avalancha extractivista internacional con relación a los recursos de nuestra madre tierra.

Foro Ambiental Waj Mapu Dpto Federación; Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay;
Asamblea Ciudadana de Concordia; Organización Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte Caseros, Corrientes;
Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135; Centro de Comercio de Federación; Centro Actividades Económicas de Chajarí (CAECh); Movimiento provincial Libre de “Fracking”, Paraná,
y ciudadanos de San Jaime de la Frontera, Colonia Alemana, Villa del Rosario y Chajarí.

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

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