Las disputas por territorios encaminan hacia el buen vivir abajo

   Confrontan con los poderes establecidos para 

el despojo total a los distintos de abajo

Las principales son las que enfrentan al modelo esencialmente extractivista. Aunque se lo promociona como nacional-popular, lo cierto es que se concreta en mayor enriquecimiento y omnipotencia de capitales (financieros e industriales) y Estados imperialistas con socios menores en los poderes locales.

Raúl Zibechi (La Jornada), en "Para cortarle alas al golpismo hay que salir del extractivismo", advierte:(...)El «extractivismo» es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital. En rigor, forma parte del complejo especulativo-financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente.

En lo político, el modelo extractivo necesita un conjunto de gestores que alimenta con sus inmensas ganancias (soya, minería a cielo abierto y varios monocultivos), que velan por sus intereses (universidades, gobiernos nacionales o locales, medios e intelectuales). Exagerando apenas, el extractivismo juega un papel desintegrador similar al del narcotráfico, porque destruye el tejido social, expulsa a los campesinos de sus tierras, infla ciudades hasta límites insoportables y mata a la gente, en particular a los más pobres, que no tienen acceso a un sistema sanitario de calidad.(...) Leer

"¿Qué es el modelo extractivo minero?" Gustavo Castro Soto contesta: (...)Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales. A esto se le llama economía de enclave.
La Industria Extractiva Minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país.(...) Leer

La comisión ambiental de COB-La Brecha Comahue aporta al concepto: (…) Se utiliza el rótulo de «extractivismo» en sentido amplio -petróleo, minería, agronegocios, etc.- para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no los procesa (o lo hace limitadamente), y pasan a ser exportados.

Entre una serie de características, más allá de los indudables impactos ambientales nos interesa resaltar que estos mega proyectos desencadenan profundos impactos territoriales. Significan, por ejemplo, la llegada de contingentes de operarios y sus equipos, a áreas remotas; algunas habitadas por comunidades rurales o pueblos indígenas. Generan enclaves productivos que están conectados por corredores de transporte o de energía con otras zonas del país, y orientados hacia los puertos de exportación. Sus actividades son resguardadas en muchos casos por el propio Estado, incluso por medio de protección policial o militar.

Los cambios territoriales son profundos, ya que modifican la configuración del espacio, los actores que lo construyen y sus formas de relación. Muchas veces este tipo de producción reestructura la geografía junto a cambios institucionales y una desintegración comunal, y genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales y los nacionales e internacionales, en la que los actores locales son pocas veces tenidos en cuenta. Este tipo de explotación atenta contra las economías regionales y autóctonas, ancestralmente desarrolladas en las distintas bioregiones, como es el caso de la ganadería, la horticultura, etc. Las consecuencias político-sociales son enormes, ya que no sólo los deberes del Estado pasan a ser reemplazados por las empresas, dependiendo de estas las refacciones de las escuelas, el hospital, etc. Sino también trae consigo problemas como la prostitución, la trata de personas, grandes índices de adicciones a drogas y alcohol generando una desintegración. Hay muchos casos que dan muestra de esta situación, como los informes "la ruta de la soja, la ruta de la trata" y "la ruta del petróleo la ruta de la trata". (…) Leer

Se desprende que el «extractivismo» incluye a la megaminería, la superexplotación pesquera e hidrocarburíferas y el sistema global de agronegocios. Pero, a mi entender, es más abarcativo y se extiende a los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios Leer. Ya que comparten con los primeros:

• privatización y mercantilización de la naturaleza;
• desertificación al expulsar o acorralar las comunidades locales, ocupar humedales, apropiarse del alto consumo de agua y energía, impermeabilizar el suelo, deforestar, etc.;
• ruptura de equilibrios y uniformización de las ecorregiones;
• destrucción de las posibilidades de futuro para los diversos de abajo en todo el país por discapacitación juvenil e infantil mediante empleos precarizados, por degradación cultural y productiva de las comunidades locales, por desintegración de estas últimas al someterlas a aceptar el Mercado de los oligopolios, y por devastación, envenenamiento medioambiental;
• seguridad jurídica para los saqueadores que no sólo implica multimillonarios subsidios directos e indirectos y Estado criminalizador tanto de la pobreza como de la protesta social sino también impunidad para seguir adelante con los ecocidios-genocidios.

Contra esta impunidad están las luchas de los pueblos originarios, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Unión de Asambleas Ciudadanas y múltiples organizaciones populares de menor envergadura que defienden sus respectivos territorios y espacios públicos.

Cabe recurrir a Maristella Svampa que, en "«Consenso de  los Commodities»  y lenguajes  de valoración en  América Latina", sostiene: (…)En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen,  en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a lo que hemos denominado «giro  ecoterritorial», esto es, un lenguaje común que ilustra el cruce innovador entre  matriz indígena-comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista: bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y «buen vivir» son  algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes. En este sentido, es posible hablar de la construcción de marcos comunes  de la acción colectiva, que funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva. Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco  exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias,  uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el  desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, aunque algunos lo tengan–.

 

En contraposición a esta visión, la noción de «bienes comunes» alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de  patrimonio natural, social o cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad  y poseen un valor que rebasa cualquier precio. (…) Leer 

En Argentina, la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene mayor potencial de hacer política hacia los cambios emancipatorios. Las asambleas de todo el país, por un lado, enfrentan al sistema de saqueo y contaminación ambiental desde la afirmación en la soberanía de los pueblos o del derecho a decidir sobre el destino común. Son criminalizadas por gobiernos y estados de todas las jurisdicciones del país porque las reconocen como claramente posicionadas contra el modelo o contra la acumulación gran capitalista imperialista por desposesión total a los diversos de abajo. Coinciden con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero en "el diagnóstico sobre:

1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región.
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas.
3. El mayor alcance de la difusión del problema en otros sectores sociales.
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros.
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional.
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida.
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera.
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos (...)". Leer

Por otro lado, prefiguran la sociedad emancipada del sistema capitalista imperialista. Resisten la mercantilización de los bienes comunes y establecen un núcleo articulador de los diversos de abajo en el país-mundo. Analicemos:

Resistencias locales, movimientos globales (16-03-2012)

Por Raúl Zibechi

"Las comunidades locales están mostrando una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación."

En junio de 2002, hace apenas 10 años, se realizó en Tambogrande (norte de Perú) la primera consulta popular de carácter comunal sobre la minería a gran escala en el mundo. Más de 90 por ciento de los votantes, unas 25 mil personas, rechazaron el proyecto para explotar oro, plata y zinc de la canadiense Manhattan; sólo 350 votaron a favor y no acudieron a votar apenas 6 por ciento de los habitantes. La consulta fue organizada por la municipalidad y su resultado fue interpretado como un triunfo de la agricultura campesina, que depende del agua para su sobrevivencia.

A la consulta en Tambogrande le siguió la de Esquel (sur de Argentina) en marzo de 2003, donde 80 por ciento se pronunció contra un proyecto de Meridian Gold para extraer oro, con el uso de cianuro. En junio de 2005 se realizó otro referendo en Sipacapa, Guatemala, con similar resultado. Estas consultas fueron la forma de lucha encontrada por las comunidades locales para romper el aislamiento y evitar que sus razones fueran ahogadas por el silencio oficial y de los medios. Hoy puede decirse que tuvieron un resultado más que exitoso.

En Perú, la resistencia a la minería condujo a la realización de la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, en febrero, en la que confluyó el grueso del movimiento social peruano. En Argentina, la victoria de Esquel activó la creación de decenas de asambleas locales que se coordinan en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que acaban de realizar su 18 encuentro en Mendoza. En Guatemala ya hay 56 municipios que se declararon libres de minería, por la formidable presión de la población. En Perú, Brasil y Chile la resistencia popular contra las megarrepresas hidroeléctricas sigue avanzando, y se entrelaza con la lucha contra la minería y los monocultivos.

Luego de más de una década de resistencias es posible establecer un patrón de acción de movimientos que han trascendido largamente lo local y se instalaron como las principales alternativas al modelo asentado en la expropiación de los bienes comunes. "Es la movilización popular más importante desde la época de Fujimori", escribió Hugo Blanco, evaluando la Marcha del Agua (Lucha Indígena, febrero de 2012).

El primer rasgo de este patrón es que consiguieron un respaldo tan macizo y profundo entre las poblaciones locales que les permitió trascender el aislamiento y el hostigamiento. Buena parte de estas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para traducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas.

Aun cuando se movilizan pequeños grupos y hasta un puñado de personas, como sucede a menudo con las asambleas ciudadanas argentinas, la contumacia de las comunidades en movimiento les ha permitido neutralizar la criminalización de la protesta. Las comunidades locales están mostrado una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación.

En segundo lugar, aunque la demanda sea estrictamente local, buscaron desde el comienzo tejer lazos con otros sectores sociales para ampliar el eco de sus luchas, y de ese modo comenzaron a tejer amplias alianzas regionales primero, nacionales después y ahora internacionales. La capacidad de romper el cerco informativo y político es lo que les ha permitido trascender la represión y conseguir masivos apoyos en las ciudades, algo que hasta ahora parecía difícil de conseguir.

Las formas de lucha, en tercer lugar, no son ni legales ni ilegales, ni pacíficas ni violentas, aunque hay de todos los tipos, sino sobre todo legítimas, tanto por las demandas como por la capacidad de los militantes de poner el cuerpo ante los gigantescos camiones de las empresas y los golpes de los policías. No hay contradicción entre la opción por las urnas en Tambogrande, o luego en Majaz (norte de Perú), y la contundente acción de los guerreros de Baguá en 2009, en la selva peruana.

En cuarto lugar, se registra la confluencia de los más diversos sectores sociales (como sucedió durante la marcha en defensa del TIPNIS en Bolivia en 2011, y en estos momentos en Aysén, en el sur de Chile) con la reactivación de los mecanismos internos tradicionales de los pueblos para tomar decisiones y garantizar su seguridad, como hicieron las rondas campesinas durante la reciente Marcha del Agua en Perú.

Por último, estamos ante una aceleración de los tiempos. En los primeros meses de este año se sucedieron la Marcha del Agua en Perú y el levantamiento de Aysén, que lleva ya tres semanas bloqueando puentes y carreteras, con una lista de 11 demandas, entre las que ocupa un lugar destacado la oposición a la represa Hidroaysén, mientras el pasado 8 de marzo comenzó la Marcha del Agua en Ecuador, que llegará el día 22 a Quito, luego de recorrer las tres regiones del país. Y ya se anuncia una nueva marcha en Bolivia para evitar que se imponga la carretera en el TIPNIS.

No estamos ante un conjunto de movilizaciones sino ante un movimiento contra las multinacionales y la especulación financiera, en defensa del agua, la vida y los pueblos. Es el más formidable, amplio y variopinto movimiento continental desde las luchas de las décadas de 1960 y 1970 y la resistencia a la primera fase del neoliberalismo en los 90. Este impresionante movimiento por los bienes comunes se registra tanto en países gobernados por la derecha como en los que tienen gobiernos de izquierda y progresistas. No es legítimo, por tanto, buscar excusas del estilo "a quién benefician" los movimientos para echar un manto de sombras sobre las luchas de los de abajo.

Raúl Zibechi Periodista uruguayo, escritor, responsable por la sección internacional de Brecha. Profesor e investigador en Multiversidad Franciscana de AL.

Fuente original: ADITAL  Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Resistencias_locales_movimientos_globales