Se
rige por sus oligopolios avanzando en
su apoderamiento de países y continentes
enteros.
Entre quienes percibimos
que es prioritario atrevernos a comenzar otra sociedad, están quienes proyectan
su respectivo colectivo (con las interrelaciones inmediatas) como esa creación
pero aislada del proceso de una creciente mayoría y por tanto, deben respaldarse
en el Estado. Desconocen que enfrentamos a un sistema mundializado con
perfeccionamiento de su voracidad lucrativa e impunidad hasta la desfachatez de
exhibirse:
Capitalismo gangsteril y despojo territorial
12-02-2012
Por Renán Vega Cantor (Rebelión)
“La tierra sin hombres de los hombres sin tierra”.
Augusto Roa Bastos
Acumulación por desposesión es un término que
se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la
expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los
derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los
métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos,
en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de
endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la
expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.Augusto Roa Bastos
Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. (...)
DESPOJO DE TIERRAS
(...)En ese sentido, la brutal
expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso
estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles
de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo.
Este
proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la
savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las
clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales)
cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir
a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.
Esto se
encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo
señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos
crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas
víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” [3] . Por si hubiera dudas,
4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y
participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que
entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.
El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.
El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.
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Tierras para ganadería
Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos. -
Tierras para sembrar cultivos de exportación
Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.
La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados.
Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados [4].
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Tierras donde se encuentran riquezas minerales
En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].
Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.
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Tierras para construir represas
El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.
Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.
Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].
Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.
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Tierras que se entregan a las multinacionales
La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.
En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7].
En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.
Es
crucial
sopesar qué nos anticipa Colombia y no sólo saber sobre el raudo crecimiento
tanto en concentración como transnacionalización económico territorial
durante gobierno K sino también que tamaño apoderamiento coincide, en lo
esencial, con la descripción de
Renán Vega Cantor
sobre la contrarreforma agraria en Colombia:
"Este proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales) cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer".
Asimismo,
Renán Vega Cantor
nos aclara sobre cuán importante es el Estado para el avasallamiento de
derechos de los de abajo que, en Argentina, permanece encubierto para la
mayoría por la maceración ideológica del gobierno K.
LA LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO
Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por
parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden
ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces,
notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan
en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de
tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la
cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al
despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan
como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de
mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños
propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran
contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que
generan empleo y prosperidad.
En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.
Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.
Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.
En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).
En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos [8].
En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explícito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.
En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.
Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.
Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.
En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).
En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos [8].
En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explícito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.
Cabe
tener en cuenta a
Renán Vega Cantor
cuando se refiere a
qué destino
hay para los de abajo en el
capitalismo.
LOS EXPROPIADOS
Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales necesiten trabajadores
ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones
salariales clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laborales propias
del esclavismo o del feudalismo. El empleo que generan las minas o las
plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso y el grado de
explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de derechos
laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el trabajo
terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón.
Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial, degradada al
máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una
heroica huelga.
Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].
En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.
Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].
En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.
LIQUIDACIÓN DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular
por todos los medios posibles,
empezando por la violencia física directa, a todos aquellos sectores sociales de
tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo
agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre
que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del
Estado y de los grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por
diversas fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen
los ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales.
La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.
La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” [10].
La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11]. Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita.
La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares [12].
Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.
Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.
NOTAS:
La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.
La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” [10].
La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11]. Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita.
La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares [12].
Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.
Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.
NOTAS:
(*) Renán Vega Cantor es historiador.
Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia.
Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial
Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes),
Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El
Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador,
Venezuela, 2008.
Comprobemos
cuál es la Argentina que legalizó y legitimó el gobierno K mediante
reflexión sobre
el "nuevo colonialismo de los agronegocios"
y su criminalidad.
Agronegocios:
de la matriz del petróleo al boom sojero
"Este mundo que nosotros conocemos tiene una matriz, el petróleo. Pero el
petróleo se está terminando y además ya no es redituable porque no da patentes.
Y lo que viene ahora es la matriz de la soja, es la matriz de la biotecnología,
de las semillas transgénicas, de la nanotecnología y de los biocombustibles. Es
la matriz de las alconaftas, del etanol, de los biocombustibles provenientes de
la soja", explica Rulli. En razón de que la soja y sus derivados (aceites y
harinas) son poco consumidos en la Argentina, el grueso de la producción agraria
nacional pasó a depender del mercado externo, que no controla. Pero, como en
todos los procesos, con anterioridad a esta delicada situación hubo una serie de
instancias político-económicas que habilitaron la dominación de lo que se da en
llamar el "nuevo colonialismo de los agronegocios".
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Los agronegocios son distintos procesos implicados en la producción y
distribución de alimentos, una cadena controlada por grandes empresas
trasnacionales que imponen un modelo de agricultura de gran escala y de
comercialización concentrada. En poder de grandes corporaciones, los
agronegocios tienen como fin incrementar su producción de insumos industriales,
sean granos de oleaginosas o celulosa para abastecer a los mercados globales.
En su investigación periodística "Del genocidio y robo de tierras al 'boom
sojero'. Historia política y económica de la provincia de Santa Fe", Oscar
Ainsuain realiza un recorrido histórico que finaliza en la demostración de cómo
se fueron consolidando los tres pilares técnicos que prepararon y sostienen
estratégicamente el escenario para el proceso de sojización: la siembra directa,
la soja RR y el herbicida a base de glifosato.
En 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), Felipe Solá, autorizó la semilla de soja RR creada por la multinacional estadounidense Monsanto, una semilla resistente al Roundup, la marca comercial del herbicida total glifosato que mata todo vegetal menos la soja (desarrollado por la misma corporación).
En 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), Felipe Solá, autorizó la semilla de soja RR creada por la multinacional estadounidense Monsanto, una semilla resistente al Roundup, la marca comercial del herbicida total glifosato que mata todo vegetal menos la soja (desarrollado por la misma corporación).
A partir de 2004 y tras lograr la supremacía en el mercado argentino, Monsanto
comenzó a presionar para recaudar regalías por el uso de sus semillas. Además,
en ese mismo período se difundió el sistema de siembra directa, un sistema de
labranza que se realiza con una máquina moderna y, a diferencia del modo
tradicional, abre un pequeño surco depositando la semilla junto al fertilizante
y deja siempre el suelo cubierto del rastrojo del cultivo anterior porque no da
vuelta toda la tierra. De esta manera se lograría impedir la erosión de la
tierra producida por el viento y el agua.
Según el referente del GRR y muchos otros especialistas, el enorme negocio que significarán en un futuro próximo los biocombustibles, hará que el mercado internacional demande a países como la Argentina y Brasil una exportación que puede llegar a poner en jaque, entre otras cosas, la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas.
La Argentina, como primera exportadora de aceites vegetales en el mundo, se
ubica en un lugar expectante en el mercado de los biocombustibles, al que ya
ingresaron Brasil, Estados Unidos y Europa y ya se están dando pasos firmes para
lograr una producción de mayor escala.
"Algunos países de Europa están sustituyendo 2 a 5 por ciento de la nafta usada
en los automóviles por biocombustibles y se piensa llegar al 10 por ciento. La
Argentina y el Brasil son países que van a tener que producir nada más que
biocombustibles. El tema es qué va a comer nuestra población.
Porque en este proyecto, si nosotros tenemos que abastecer el mercado de la energía europea, no vamos a tener qué comer. El biocombustible sale del aceite y el resto de la soja ¿quién se lo va a comer? Nosotros, evidentemente", explica Rulli a Mosaico Social.
Porque en este proyecto, si nosotros tenemos que abastecer el mercado de la energía europea, no vamos a tener qué comer. El biocombustible sale del aceite y el resto de la soja ¿quién se lo va a comer? Nosotros, evidentemente", explica Rulli a Mosaico Social.
Y afirma que, según los pronósticos, de aquí a cinco años - sólo media década - los productores de soja se dedicarán exclusivamente a generar aceite de soja para producir biocombustible. "Ya no les va a convenir hacer otra cosa como forrajes, preparar harina de soja. Entonces todo eso va a quedar como un residuo que evidentemente será la única comida que va a haber, lo cuál es gravísimo", destaca Rulli.
Durante la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Management de
Agronegocios realizada en junio en Argentina, se dieron cita los grandes
empresarios del negocio de la soja. Uno de los directivos de la IAMA es Héctor
Lorenz, quien a su vez preside la Fundación Vida Silvestre, una de las
organizaciones ambientalistas más conocidas del país.
En el marco de dicha conferencia, los empresarios afirmaron públicamente que son
las corporaciones las que están generando las políticas públicas agrícolas en la
Argentina.
"Esto nos preocupó. Empezamos a entender por qué en muchas de las entrevistas
que tenemos con funcionarios o con dirigentes políticos, ciertos temas no
aparecen: es que los políticos los ignoran. Descubrimos que los políticos
ignoran que son las empresas las que hoy dibujan o generan muchas de las
políticas de Estado que la Argentina tiene", expresa Rulli.
El ambiente y la salud pública
Si se toma el mapa de la Argentina y se observan las regiones más afectadas por la sojización, se constata que la denominada Pampa Húmeda - que comprende las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - es la más perjudicada.
Si se toma el mapa de la Argentina y se observan las regiones más afectadas por la sojización, se constata que la denominada Pampa Húmeda - que comprende las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - es la más perjudicada.
Pero ya comienzan a verificarse impactos muy dramáticos en las provincias de
Salta y Chaco, ambos ecosistemas extremadamente frágiles. "Toda la negociación
de tierras y la negociación de la madera del bosque de El Impenetrable Chaqueño
que desapareció, todo eso va siendo empujado por la soja. Primero viene la
negociación de la madera y después llega la soja", señala Rulli. Cabe destacar
que en la Argentina se talaron 5 millones de hectáreas de bosques y montes desde
1996 para el cultivo de soja. El cultivo de soja avasalla y ya está entrando en
Neuquén, provincia de la Patagonia argentina.
Según Rulli, la Argentina tendría que estar en emergencia forestal desde hace 10
años pero aún hoy la esfera gubernamental no habla del tema. La problemática
ambiental a nivel del gobierno nacional argentino es responsabilidad de la
Subsecretaría de Medio Ambiente que depende del Ministerio de Salud y Ambiente,
cuyo secretario es Atilio Sabino, ex gerente del Ceamse, el mayor relleno
sanitario contaminante de la provincia de Buenos Aires.
"En las provincias de Buenos Aires o Santa Fe, el deterioro del suelo va a
demorar en evidenciarse porque son suelos muy ricos. Se puede haber perdido una
tercera parte o la mitad del suelo pero de todas maneras, queda suelo y hay
capacidad para poner fertilizantes químicos, cuando antes jamás se hubieran
usado. Pero hay suelos frágiles como los del desmonte del Chaco que dan para 2 o
3 cosechas y después va a quedar sólo el desierto", señala el miembro del GRR.
"Los gobiernos no hacen nada porque van detrás del interés de corto plazo de un
gran negocio: tres cosechas. Después se acabó. No tenemos un secretario de
Medioambiente que diga nada. Y el exterminio de flora y fauna es angustiante
para la gente que se preocupa por los ecosistemas", agrega.
Los efectos del monocultivo de soja y los agrotóxicos utilizados para su cultivo
ya están quedando en evidencia, de forma dramática, en la salud de las personas.
Una misión integrada por organizaciones de Ecuador, Brasil, Bolivia y España se
hizo presente el pasado 20 de junio en la ciudad de Córdoba para registrar los
impactos del cultivo de soja transgénica. La llegada de esta misión respondió a
la aparición masiva en los pobladores de esas zonas de enfermedades vinculadas
al uso de agrotóxicos, entre ellas, casos de cáncer, lupus, malformaciones
congénitas, alergias y asma. La delegación estuvo integrada por representantes
del Foro Boliviano de Medioambiente, Bolivia Libre de Transgénicos, Federación
Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Terra de Direitos, Veterinarios
sin Fronteras y Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
¿Qué ciudad para este campo
y qué campo para esta ciudad?
En la Argentina y especialmente en la provincia de Santa Fe, la propiedad de la
tierra está concentrada en los mismos niveles de principios del siglo XX.
Ainsuain expone en su trabajo que "los planes económicos aplicados en distintos
períodos de nuestra historia -como sucedió en los '90- han contribuido no sólo a
mantener sino a profundizar el proceso de concentración de tierras". "A tal
punto esto es así, que tomando como base los Establecimientos Agropecuarios
Productivos de más de 5.000 hectáreas, el censo agropecuario de 1913 mostraba
que 5.300 terratenientes eran dueños del 48 por ciento de las tierras y el censo
2001 puso en evidencia que algo más de 6 mil propietarios controlan 50 por
ciento de las mismas".
Tomando datos del Censo Agropecuario 2001, Ainsuain revela cifras sorprendentes:
los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas y, en el otro
extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000. Sólo Benetton (900.000), Cresud
(460.000), Bunge (260.000) y Amalia Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2
millones de hectáreas, superficie comparable al territorio de Bélgica. De las 35
familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte
de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan
los Anchorena, con 40 mil hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil.
La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado
como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente
desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según
un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Gran
Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura. La
dominación de los agronegocios genera más concentración de la población en
grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a
las comunidades rurales.
"La soja ha despoblado el campo porque ha establecido un modelo de agricultura sin agricultores. Ahora tenemos ciudades inmanejables, con mucha violencia, mucha inseguridad, sin trabajo, en las cuales faltan redes de gas, de cloacas, de agua, porque el Estado no da abasto para construir infraestructura urbana. La gente vive como puede. Lo que ha habido es un cambio demográfico brutal, cerca del mil pueblos del interior han quedado prácticamente vacíos. Y la emigración continúa, no hay un día en que no haya nuevos despoblamientos consecuencia de la soja", destaca el representante del Grupo de Reflexión Rural.
Con la convicción de que "oponerse hoy al modelo de los agronegocios es hacer
frente a la faceta más dinámica del neoliberalismo en el Cono Sur de América
Latina", estos movimientos proponen recuperar el control sobre las semillas e
identificar a las corporaciones que monopolizan la producción de los cultivos
transgénicos y el control sobre los alimentos. Pero también buscan confrontar
las políticas estatales que promueven la penetración de estas empresas y
denunciar las violaciones a los derechos humanos y actos de criminalidad
económica por las que serían responsables.
Flavia Fascendini
CampoNOVA.com
Tomado de
Biodiversidad LA
4 de enero de
2007
Fuente: http://www6.rel-uita.org/agricultura/boom-sojero-argentina.htm
Desde
España,
PLATAFORMA RURAL
nos advierte:
"El sistema agroindustrial, orientado al
negocio de las grandes empresas, no está cumpliendo con las necesidades
acuciantes de proporcionar alimentos sanos a toda la población, preservar los
recursos naturales y mantener un medio rural vivo. Al contrario, la brecha
alimentaria sigue creciendo, en el Estado español más de un millón de personas
pasan hambre y uno de cada cuatro niños sufren subnutrición [4]. Las soluciones
asistencialistas promovidas por el Gobierno no pueden lidiar con este gravísimo
problema; son necesarios cambios estructurales en la manera de producir y
distribuir los alimentos.Las amenazas que se presentan sólo ahondarían en los problemas actuales del
medio rural como la continua despoblación, la falta de jóvenes en la actividad
agraria y la pérdida de biodiversidad y otros recursos naturales escasos. La
denominada Ley Montoro, puede llegar a afectar a 3.700 entidades locales menores
(pedanías, juntas vecinales, etc.) y 3 millones y medio de hectáreas de tierras
comunales.Por su parte el tratado de libre
comercio que negocian Estados Unidos y Europa pretende terminar con muchas de
las normas vigentes en la UE en cuanto a seguridad alimentaria y se teme que sea
la puerta de entrada de más cultivos y alimentos transgénicos. Por todo ello un
año más en el estado español sobran los motivos para que todas las personas y
organizaciones preocupadas por el futuro de la agricultura y la alimentación se
movilicen para reclamar Soberanía Alimentaria ya".Leer
En otra nota, define rumbos para la "Globalización de la lucha y la
esperanza":
Bienes comunes, luchas y resistencias para la defensa de nuestros territorios
¡Ante el día internacional de la lucha campesina, afianzando la propuesta
campesina!
PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO – 17 de abril 2014
Nosotras, las organizaciones y colectivos articulados en PLATAFORMA RURAL, nos
movilizamos un año más para celebrar el día internacional de la lucha campesina,
sumándonos al llamamiento de la Vía Campesina, como muestra de solidaridad con
todos los pueblos campesinos del mundo que luchan por su permanencia en aldeas y
pueblos para llevar a cabo con orgullo la responsabilidad de alimentar al mundo.
Nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos que desde hace décadas hemos hecho
una apuesta decidida por apoyar un Mundo Rural Vivo, con campesinos y campesina
asentados en la diversidad de territorios agrícolas, muestra de multitud de
culturas que permiten seguir siendo un referente de lo que debe de ser un
desarrollo sustentable y con rostro humano.
Nosotras y nosotros, hacemos un llamamiento para que el 17 de abril, Día
Internacional de las Luchas Campesinas, quede constancia pública ante la
sociedad las amenazas en las que en estos momentos está sometido el medio rural
del Estado Español, como resultado de las políticas neoliberales, entre las que
queremos destacar:
-
el imparable acoso a la población activa agrícola, como fruto de la imposición de un modelo agroindustrial que expulsa a las agricultoras y agricultores de nuestras tierras
-
el abandono del medio rural tras un sistemático desmantelamiento de los servicios públicos y universales
-
la pretensión del Gobierno de cerrar los pequeños Ayuntamientos y las Juntas Vecinales tras la inminente aplicación de la nueva ley de Racionalización de la Administración Local
-
las nulas políticas de apoyo institucional a una población emergente que desea volver al campo
-
la imposición de diversos paquetes legislativos que impiden el desarrollo de una agricultura local y una industria agroalimentaria a pequeña escala
-
La brecha alimentaria producida por las actuales políticas neoliberales, que en nuestro país se expresa en más de un millón de personas que pasan hambre y que uno de cada cuatro niños sufran subnutrición, obviando por parte de nuestros Gobiernos su gravedad y responsabilidad, arbitrando tan sólo débiles medidas asistenciales
Amenazas todas ellas favorecidas por:
-la PAC, con todas sus reformas añadidas, que sólo obedece a los intereses de
los grandes propietarios agrícolas y a los conglomerados agroalimentarios y
financieros
-los acuerdos de libre comercio auspiciados por la OMC, dejando el mercado al
libre albedrío para un exclusivo control de los poderes económicos
multinacionales que creen que el mundo sólo les pertenece a ellos
-los tratados comerciales, como el que se amañan en estos momentos entre la UE y
EEUU de espaldas a los pueblos, y con efectos muy negativos para la sociedad, lo
que se traducirá en nuevos ajustes estructurales que arrastrarán a millones de
personas a la pobreza y la exclusión
-las políticas auspiciadas por instituciones cada vez más alejadas de las
ciudadanas y ciudadanos y al servicio del agro negocio, el poder financiero y el
capital especulativo
Ante tanta injusticia y atropello de los derechos ciudadanos y muy especialmente
de los derechos de los pueblos campesinos, ante tanta indignación no podemos
quedarnos cruzados de brazos, hemos de tomar posturas claras y contundentes,
orientadas a rescatar nuestra dignidad como pueblos y personas.
El
17 de abril millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, millones de
personas con conciencia y alma campesina nos volveremos a movilizar para
reivindicar la necesidad un Mundo Rural Vivo, con rostro campesino. El 17 de
abril recordaremos y exigiremos a nuestras Instituciones públicas, a pesar de su
alto grado de ilegitimidad, cuáles son nuestros derechos ciudadanos, nuestras
propuestas, nuestras luchas y nuestras esperanzas.
Como Plataforma Rural / Alianzas por un Mundo Rural Vivo invitamos a todas las
ciudadanas y ciudadanos que creen en LA VIA CAMPESINA a movilizarse contra el
neoliberalismo, contra la globalización económica, contra el modelo capitalista
que ha convertido el mundo en una mercancía, y a sumarse durante el presente año
a:
-seguir defendiendo la autonomía de nuestros pueblos, y de modo especial la soberanía alimentaria de los mismos-defender los bienes comunes (nuestras tierras, nuestros montes, nuestro agua, nuestras semillas,..) y frenar tanto proyecto acaparador y privatizador-ejercer nuestro derecho a la desobediencia y luchar contra la aplicación de la nueva ley de racionalización de la administración local, Ley Montoro, al querer vaciar de contenidos nuestras formas de administración local, muchas de ellas auténticos referentes (concejos abiertos) de una democracia directa y real-oponernos con rotundidad a los cultivos transgénicos, a los agro combustibles, que restan millones de hectáreas de tierras cultivables para producir alimentos, y a todos los proyectos de las multinacionales orientados a patentar la vida (*).- ayudar a nuestras compañeras y compañeros agricultores, víctimas de la revolución verde, a iniciar procesos de desintensificación para que puedan abandonar la agricultura industrial, modelo que sólo beneficia a la banca y a la agroindustria, con grandes impactos medioambientales.-exigir al Estado la responsabilidad de garantizar el derecho humano a la alimentación y al cumplimiento del pacto internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NNUU del que es signatario-tender puentes entre el mundo rural y el urbano, las personas que vivimos en los pueblos y la gente que desea volver a la tierra, facilitando con ello nuevos procesos de recampesinización-rescatar y potenciar los mercados locales, afianzar las alianzas entre productoras y productores y colectivos que defienden el derecho ciudadano a una alimentación sana
Y
por último, como PLATAFORMA RURAL, no queremos que transcurra éste importante
día sin dejar de invitar a todos los que se sumen a la causa de los pueblos
campesinos a encontrarnos durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014 en
Mondoñedo (Lugo) para celebrar el IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO, convocatoria
que cada dos años permite la movilización y el encuentro de colectivos y
personas de todo el Estado Español para seguir fortaleciendo el movimiento por
la Soberanía Alimentaria y la agricultura campesina.
Necesitamos que una creciente mayoría de nosotros (los diversos
de abajo) nos movilicemos
con los objetivos indicados por
Plataforma Rural / Alianzas por un Mundo Rural Vivo
"contra
el neoliberalismo, contra la globalización económica, contra el modelo
capitalista que ha convertido el mundo en una mercancía, y a sumarse durante el
presente año"
a
ponerlos en práctica. Destacan la creencia en LA VIA CAMPESINA.
¿
Por qué?
"El
concepto de la soberanía alimentaria, acuñado por la Vía Campesina, se plantea
no sólo como una alternativa para los graves problemas que afectan a la
alimentación mundial y a la agricultura, sino como una propuesta de futuro
sustentada en principios de humanidad, tales como los de autonomía y
autodeterminación de los pueblos".
"Para
las mujeres campesinas este concepto es consubstancial a su propia existencia y
definición social, pues su universo ha sido históricamente construido, en gran
parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria. Su reto
actual, en palabras de Lidia Senra, Secretaria General del Sindicato Labrego
Galego, (en la II Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina, 2006) es hacer que al
construir esta propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva
visión del mundo incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción
de ser campesinas en pie de igualdad".
"Así,
sus demandas no se restringen a las dinámicas productivas sino que abarcan el
conjunto de relaciones sociales inherentes, precisamente, a la soberanía, la
autodeterminación y la justicia de género".
La soberanía alimentaria: una ética de vida
2011-12
2011-12
Por Irene
León
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias
políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el
comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a
decidir en que medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping de productos
en sus mercados”.
Este concepto de la soberanía alimentaria, acuñado por la Vía Campesina, se plantea no sólo como una alternativa para los graves problemas que afectan a la alimentación mundial y a la agricultura, sino como una propuesta de futuro sustentada en principios de humanidad, tales como los de autonomía y autodeterminación de los pueblos. Según la dirigenta campesina chilena, Francisca Rodríguez, se trata más bien de un principio, de una ética de vida, de una manera de ver el mundo y construirlo sobre bases de justicia e igualdad.
Para las
mujeres campesinas este concepto es consubstancial a su propia existencia y
definición social, pues su universo ha sido históricamente construido, en gran
parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria. Su reto
actual,
en palabras de Lidia Senra, Secretaria General del Sindicato Labrego Galego, (en
la II Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina, 2006) es hacer que al construir
esta propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva visión del
mundo incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción de ser
campesinas en pie de igualdad.
No obstante, la ideología patriarcal es columna vertebral de las tendencias capitalistas que apuntan a la premisa de que hay que producir más, lo que equivale a depredar más, y desarrollar tecnologías, como las resultantes de la biogenética, para maximizar la rentabilidad. Las lógicas que subyacen en esta visión de la producción para el comercio y la exportación, son diametralmente opuestas a aquéllas que nutren las propuestas y prácticas de autosustento, desarrolladas a través de los tiempos por las mujeres; son también la antítesis del concepto de soberanía alimentaria, pues cuando el mercado decide sobre las políticas agrícolas y las prácticas alimentarias que resultan de ellas, los pueblos apenas tienen el papel de consumidores y, en casos, de empleados, no de tomadores de decisiones.
Desde hace
decenios, las organizaciones campesinas y ecologistas han sustentado y
comprobado que la actual producción de alimentos es más que suficiente para
alimentar a todas y todos.
Han insistido en que lo que hay que cambiar son los patrones de producción y
consumo de los países ricos y establecer una distribución igualitaria de los
bienes alimenticios, y aún más, han insistido en la ligazón entre buena
alimentación y salud. Sin embargo, ciertas políticas internacionales -basadas en
las consecuencias y no en las causas- continúan enfocando problemas y soluciones
aisladas, mismo si los costos y esfuerzos para encaminarlos se multiplicarán
entre ellos.
Optar por la soberanía alimentaria implica, entonces, un giro radical de las
políticas productivistas mercantiles actuales, bajo cuyo dominio la crisis
alimentaria y el hambre no cesan de aumentar. Pues en la realidad es en la
pequeña agricultura -área donde se ubican principalmente las prácticas
productivas de las mujeres-, que no solo se registran los resultados más
concluyentes, sino que se generan modos de vida congruentes con la
sostenibilidad y la redistribución. Según Peter Rosset:
“En cada
país –donde los datos estén disponibles- se puede comprobar que las pequeñas
fincas son, en cualquier parte, de 200 a 1.000 por ciento más productivas por
unidad de área” [1].
Pero, justamente la pequeña producción es la más amenazada por las políticas
liberalizadoras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues además del
dumping y la competencia desigual entre ésta y el agronegocio, sus preceptos
radican en una visión contraria a la sostenibilidad alimentaria: el monocultivo
intensivo y la comercialización regida por las reglas del comercio
internacional, área enteramente controlada por el mercado.
Precisamente por eso, la Vía Campesina brega porque la agricultura se mantenga al margen de la OMC, pues el desarrollo de ésta bajo principios previsibles implica no sólo el registro de las cantidades de los productos exportables y de su libre flujo, sino el florecimiento de un modo de vida acorde con el respeto del medio ambiente y la generación de culturas, como también de éticas acordes con el mantenimiento y la renovación de valores humanos fundados en la justicia social y de género.
Si las
personas del campo se beneficiaran de condiciones que les permitan concentrar su
energía en el trabajo agrícola, podrían asumir fácilmente la soberanía
alimentaria para las futuras generaciones.
Un ejemplo de ello es el caso de África Subsahariana, una de las regiones más
afectadas por el hambre y la desnutrición en el mundo, donde, paradójicamente,
los recursos naturales disponibles son ampliamente subutilizados, ya que el
continente solo produce el 0.8% de lo que podría retirar de su potencial
agrícola, afirma Devlin Kuyek [2].
Gestoras de soberanía alimentaria y de su propia autonomía
El reto emprendido por la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, es de
gran envergadura, pues la formulación de una perspectiva de género para la
soberanía alimentaria está ineludiblemente asociada a la vindicación de una de
las áreas de producción y conocimientos más devaluadas socialmente, e incluso
asociada al confinamiento de las mujeres: la producción de alimentos. Para cuyo
desarrollo han sido, contradictoriamente, necesarios siglos de investigación,
creación, y producción de conocimientos que ellas han desarrollado.
La división patriarcal del trabajo ha rescindido el valor de estas creaciones y
más aún ha hecho de ellas un terreno de exclusión, de allí que para las mujeres
el reivindicarla implica una amplia agenda de reparaciones que aluden
directamente a la transformación de las relaciones de desigualdad entre los
géneros en todas las esferas. Así, sus demandas no se restringen a las dinámicas
productivas sino que abarcan el conjunto de relaciones sociales inherentes,
precisamente, a la soberanía, la autodeterminación y la justicia de género.
Para alimentar a la humanidad, las mujeres han desarrollado complejos mecanismos
de producción, procesamiento, distribución, pero además han enfrentado las
relaciones desiguales que resultan del trabajo doméstico impago, que prodiga
gratuitamente cuidados, resultantes de conocimientos multidisciplinarios que,
aún en condiciones de extrema pobreza, generan calidad de vida y permiten el
funcionamiento societal. Adicionalmente, las asalariadas invierten
prioritariamente sus ingresos en este ámbito, mientras las otras, desde lo
informal, redoblan de ingenio para, a través de pequeñas iniciativas vinculadas
principalmente a la agricultura, la producción y venta de alimentos o la
artesanía, obtener recursos económicos, por lo general invertidos en el
bienestar familiar. No obstante, hasta el trabajo informal de las mujeres corre
peligro de desaparecer ante la imposición de los capitales transnacionales.
Por eso, la agenda reivindicativa de las mujeres de la Vía Campesina asocia inextricablemente la justicia de género con el desarrollo de la propuesta de la soberanía alimentaria, no sólo en consideración del importante papel que ellas juegan en la materia, sino porque ellas la conciben como una ética para el desarrollo humano y no como un simple vehículo para la alimentación.Al colocar al centro de sus reivindicaciones el derecho humano a la alimentación, las campesinas abogan por la reorientación de las políticas alimentarias en función de los intereses de los pueblos, lo que apela a la refundación de valores colectivos y la revalorización de cosmovisiones integrales. Para encaminar este propósito, ellas enfatizan en la reivindicación de la igualdad de género en el conjunto del planeamiento y toma de decisiones relacionadas con el agro y la alimentación, lo que incluye su participación en los diseños estratégicos para la preservación de las semillas y otros conocimientos.La valoración de los conocimientos de las mujeres en la agricultura, la alimentación y la gestión de la vida, implica la transformación de los estereotipos generados por el capitalismo y el patriarcado, para que ellas puedan, al fin, alcanzar su calidad de sujetos, su ciudadanía a parte entera y continuar ampliando y aplicando sus conocimientos. Para lograrlo, como señala el manifiesto sobre soberanía alimentaria de la Marcha Mundial de las Mujeres (Soberanía alimentaria: tierra, semillas y alimento, 2006), el “camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad“.Así, si la soberanía alimentaria es una propuesta para la humanidad, ésta no puede prescindir de las mujeres como sujetos sociales integrales, máxime si lo que está en cuestión es la gestión universal de sus creaciones.
Este texto es un extracto editado de un capítulo para la publicación sobre
mujeres y soberanía alimentaria, que será editada próximamente por Entrepueblos
y la Vía Campesina.
Publicado originalmente en http://alainet.org/active/15600&…
Notas
[1]
Peter Rosset, En Defensa de las Pequeñas Fincas, en El Dret a la Terra, Quatre
textos sobre la reforma agraria, Agora Nord-Sud, Catalunya, 2004, pg 131
[2]
Devlin Kuyek, Les cultures génétiquement modifiées en Afrique et leurs
conséquences pour les petits agriculteurs, août 2002, www.grain.org/fr/publication…
Fuente: http://www.fedaeps.org/alternativas/la-soberania-alimentaria-una-etica
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