Es cuestionar la democracia vigente
desde 1983 descubriendo el desafío
del viraje de nuestro trabajo subsumido en el capitalismo
del viraje de nuestro trabajo subsumido en el capitalismo
hacia la praxis del buen vivir abajo.
Antetodo necesitamos esclarecernos que los gobiernos progresistas de Sudamérica
posibilitaron el bloqueo a las potencias populares de cambio radical que les
dieron origen y analizar no sólo lo que sucede en Argentina sino también en el
continente-mundo.
Reflexionemos sobre significados e implicancias criminales de dicho
comportamiento y sobre la resistencia sin fronteras al neoliberalismo
continental mediante la defensa de un gobierno progresista o la denuncia a su
estar abriéndole caminos a la alianza de capitales y estados imperialistas con
los locales.
Examinemos la situación que se viene profundizando en toda Nuestra América:
Un ataque
a la vida y un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas
23 de mayo de 2016
Por
Edgardo Lander (Rebelión)
La explotación minera -sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla
en el Arco Minero del Orinoco- significa obtener ingresos monetarios a corto
plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una
significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos
indígenas habitantes de la zona. Todo esto por decisión presidencial, con
ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la
sociedad como “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural”.
Lejos de representar una mirada estratégica alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, constituye este decreto una decisión de profundizar el extractivismo y acentuar dicha lógica rentista. Los casi 112 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) del Arco Minero incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua y territorios de pueblos indígenas. Todo esto amenaza con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en este decreto:
El régimen previsto en este decreto tiene como
objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar
las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos
minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. (Artículo 4)
La gran minería es incompatible con la preservación ambiental
No hay
ninguna tecnología de minería a gran escala que sea compatible con la
preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son
contundentes.
En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produce necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de deforestación generados por la explotación ilegal del oro, la ganadería y la explotación maderera, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica deforestadora.
El mineral a explotar en el cual el gobierno ha
hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y
Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de
la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría
unos 280.000 millones de dólares. 1
Para la explotación del oro se utilizan agentes
altamente contaminantes de suelos y aguas, especialmente cianuro y mercurio. La
vida acuática de los ríos de esta zona ha venido siendo contaminada por la
actividad minera desde hace décadas, poniendo en peligro la salud tanto de los
habitantes de la zona como de quienes viven río abajo. Mucha de la población de
esta región presenta en la actualidad elevados niveles de contaminación
mercurial.
El proyecto del Arco
Minero, en lugar de responder a la urgencia de tomar medidas para reducir estos
niveles de toxicidad, tendría como resultado una expansión masiva de ésta.
La explotación de oro a cielo abierto exige
excavar inmensos volúmenes de terreno por cada unidad de oro extraída. Las
nuevas tecnologías de la minería a cielo abierto hacen rentable (para las
empresas, claro está), la explotación cuando el oro se encuentra en
concentraciones hasta de un gramo por tonelada de material removido, esto es,
una relación de un millón a uno. De mantenerse esta relación, para extraer
durante los próximos 70 años las siete mil toneladas de oro que han sido
anunciadas por el gobierno, sería necesario remover unos siete mil millones de
toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados
con arsénico y otros tóxicos, que alterarían dramática e irreversiblemente todo
el ambiente de la zona. Dados estos volúmenes, toda afirmación en el sentido de
que se podría recuperar el territorio a su estado original no pasan de ser una
irresponsable fantasía.
Una vez que estos inmensos volúmenes de
material son removidos y triturados, el método más eficiente para la
recuperación del oro es la lixiviación con cianuro lo que requiere grandes
lagunas tóxicas que si no están bien impermeabilizadas contaminan los suelos y
las y aguas subterráneas. Como lo ha demostrado la experiencia internacional,
estas lagunas pueden derramarse con catastróficas consecuencias.
Este decreto constituye una abierta violación
de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela ,
por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos
por el país como el Convenio de
Diversidad Biológica . De acuerdo
al artículo 127 de la Constitución :
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. [...]Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
Todo esto se deja a un lado en las políticas
definidas en el decreto. En primer lugar, pese a estas expresas normas
constitucionales, el territorio abierto a la explotación minera incluye Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, Reservas
Forestales como Imataca, Monumentos Naturales y lugares sagrados de los pueblos
indígenas.
De acuerdo al Artículo 129 de la Constitución:
Todas las actividades susceptibles de generar
daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto
ambiental y socio cultural. (...)
En los contratos que la República celebre con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que
se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun
cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico,
de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado
natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.
Las decisiones sobre la apertura de casi 112
mil kilómetros cuadros a la minería en gran escala, y la convocatoria a empresas
mineras transnacionales se ha realizado antes de la realización de estudio
alguno de impacto ambiental. De acuerdo al Presidente del Banco central de
Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos
con150 empresas nacionales y transnacionales, “ quienes, a partir de entonces,
podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales,
para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán”. 2 Se
desconoce el contenido de estos acuerdos. De acuerdo al Artículo 10 del Decreto:
El Plan de Desarrollo Específico de la Zona
deberá ser elaborado en un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la
publicación del presente Decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
Para el mes de agosto del año 2016 debería
estar finalizado el “Plan de desarrollo específico”, lo que requeriría,
necesariamente, la evaluación de los impactos ambientales. Si esto se contempla
hacerlo en tan breve tiempo, es posible imaginar la poca profundidad y baja
calidad de los estudios previstos.
Los pueblos indígenas
En la amplia franja de territorio denominada
Arco Minero del Orinoco habitan diversos pueblos indígenas, entre otros: Warao,
E´Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanemá.
Sus
territorios, las condiciones materiales de la reproducción de sus vidas, serían
devastados por esta explotación minera, produciéndose así un etnocidio en gran
escala. Además de los impactos ambientales, en estos territorios se
incrementaría la escala de los fenómenos socio-culturales que han venido
acompañando a la actividad minera en estos años: violencia, corrupción,
prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, para
militarismo y represión policial y militar.
Esto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela :
Artículo 119. El Estado reconocerá la
existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social,
política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así
como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y
tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus
formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los
pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de
sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.
Artículo 120. El aprovechamiento de los
recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin
lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente,
está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas
respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos
indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.
Se violan igualmente los derechos garantizados
en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados
por la Asamblea Nacional en estos años: Ley
de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero
2001) y La Ley Orgánica de pueblos
y comunidades indígenas (LOPCI,
diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta
previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación
venezolana como internacional ( Convenio
169 de la OIT) en los casos en
que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de
estos pueblos.
El Ejecutivo Nacional no consultó el Decreto del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indígenas afectados, tal como lo obliga el Art. 120 de la Constitución, “de buena fe” y “en el idioma” de cada uno de éstos, tal como lo pauta el Art. 11 del Cap II de la LOPCI, por la sencilla razón de que no los reconoce, que se niega a reconocer a los Pueblos Indígenas, como lo demuestra el hecho incontestable de que el 15 de diciembre de 2016 se cumplirán quince años de la negativa del Ejecutivo Nacional a demarcar las tierras y hábitat de los pueblos indígenas que habitan en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. La Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Constitución le concede al Ejecutivo Nacional, para la Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas, un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de ésta el 15 de diciembre de 1999. De acuerdo a la Constitución, la Demarcación de Tierras y Hábitat de los cuarenta y dos Pueblos Indígenas reconocidos en el texto constitucional debería haber concluido el 15 de diciembre de 2001. Desde esa fecha hasta el presente, la no demarcación de las Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas es una violación al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna. Si el Ejecutivo Nacional hubiese honrado la Constitución, y en estos tres últimos lustros hubiese reconocido a los pueblos indígenas en el hecho concreto de la demarcación de sus Tierras y Hábitats, el Decreto del Arco Minero no hubiera sido posible. El asalto a los yacimientos mineros era un objetivo latente, y a ese objetivo de rapiñar los yacimientos minerales en tierras ancestrales indígenas no le convenía que hubiese Demarcación, y por eso no la hubo. El Ejecutivo Nacional podrá decir que ha entregado más de dos millones de hectáreas, pero no puede afirmar que haya un solo pueblo indígena que haya sido demarcado en sus tierras y hábitat ancestrales. El Ejecutivo Nacional ha repartido parcelas al peor estilo de la Reforma Agraria pero no ha demarcado a pueblo indígena alguno.
Con el objeto de una compresión integral de lo que todo esto significa,
presentaremos una comparación histórica relativamente reciente, que nos ilustre. Para el Ejecutivo Nacional del 2016, presidido
por Nicolás Maduro, los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el
territorio de los 112.000 Km cuadrados delimitados en el Decreto del Arco Minero
del Orinoco, parecen ser los mismos “irracionales” que, para el Ejecutivo
Nacional que gobernaba entre 1964 y 1969, presidido por Raúl Leoni, eran los
warao cuando, también de manera inconsulta, le cerró a este pueblo su Caño
Manamo, para beneficio exclusivo de las empresas Iron y Orinoco Mining Companies,
de manera que pudieran sacar, tanto en el invierno como en el verano, sus barcos
cargados con el mineral de hierro del Cerro Bolívar. El cierre del Caño Manamo
le causó a hombres, mujeres y sobre todo niños y niñas warao -como resultado de
la salinización- la pérdida de sus aguas y tierras trayéndoles así la muerte por
hambre, sed y desesperación
Se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, ahora a
nombre del Socialismo del Siglo XXI.
Sin embargo, el daño más profundo de esta puñalada que es el Decreto del Arco Minero del Orinoco, tiene que ver con la muerte del sueño del país multiétnico y pluricultural que, de acuerdo al Preámbulo de la Constitución, íbamos a ser algún día. El Decreto del Arco Minero del Orinoco implica la obligatoriedad de tener una única racionalidad, una única cultura: la occidental capitalista, la que determina insoslayablemente que, como en esos 112.000 Km cuadrados hay oro, diamantes, coltán, uranio, hierro, cobre, bauxita y tierras raras, entonces lo único racional que puede hacerse es extraerlos y convertirlos en mercancía, aún cuando esa extracción mate al aire, al agua y a la vida en su conjunto.Esa violación de la Constitución, que nos obliga a todas y todos las y los venezolanos, a tener la racionalidad de la Bolsa de Toronto, es la derogación del proyecto de país que habíamos decidido ser el 15 de diciembre de 1999, cuando aprobamos en Referéndum esa Constitución.
El agua
El agua ha pasado en las últimas décadas a ser
un asunto crecientemente crítico para el presente y futuro de la humanidad y de
una amplia gama de formas de vida en el planeta. A la vez que se incrementa
sostenidamente la demanda de agua, para una elevada proporción de la humanidad,
el acceso a ésta se está haciendo cada vez más difícil. El cambio climático está
modificando los patrones de lluvia y de sequía. Igualmente se está reduciendo la
disponibilidad de agua para centenares de millones de personas, como
consecuencia del derretimiento de los glaciares, y la disminución
correspondiente de su capacidad para almacenar agua dulce.
Actividades humanas como el uso masivo de agrotóxicos y el fracking están
reduciendo el volumen de agua disponible mediante niveles irreversibles de
contaminación.
En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de acceso sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo. Este lago, del cual las ciudades de Maracaibo, Cabimas y otros pueblos de ambas costas tomaban su agua hasta bien entrado el siglo XX, fue, y continua siendo sacrificado (¿impacto colateral?) a la explotación petrolera. El Canal de Navegación, construido para permitir la entrada de grandes buques petroleros, ha permitido por décadas la entrada de agua salada. Esto, junto con la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento han venido, durante décadas, lenta pero seguramente, matando al mayor lago de toda América Latina. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en la cuenca del río Orinoco?De acuerdo a las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se espera que en las próximas décadas en el territorio venezolano se produzca un incremento de la temperatura y una reducción del volumen del agua de lluvia. La sequía de los últimos años que ha afectado los volúmenes de agua que llegan a la represa del Guri podría ser un anticipo de lo que pronto se convertirá en la nueva normalidad.Toda la zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de agua en la zona.
La crisis eléctrica
Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la
vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el
de las crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní,
río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se
produce en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la
minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría
directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de
estas represas. En primer lugar, como se ha señalado arriba, por la reducción
del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente,
las actividades mineras río arriba de estas represas, al reducir la capa vegetal
de las zonas circundantes, inevitablemente incrementarían los procesos de
sedimentación de estas represas. Con ello se reduciría progresivamente su
capacidad de almacenamiento y su vida útil. La totalidad de las represas
hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los
límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.
Incentivos a corporaciones públicas, mixtas y privadas
Está prevista la participación de “empresas
privadas, estatales y mixtas”. El decreto contempla una variada gama de
incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la
flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites
administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en
la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento
preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y
para arancelarias para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen
tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del
impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado:
Artículo 21. En el marco de la política
económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o
parciales del Impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado,
aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a
los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Igualmente, las empresas mixtas constituidas
para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas,
sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco Minero del Orinoco gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo
del proyecto.
Militarización de la zona y la llamada prevalencia del “interés general” sobre el “interés particular”
Las posibilidades de oponerse a los impactos
negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las
normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las
empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo
la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:
Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinación con
las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
petrolera tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la
continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias
Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero
del Orinoco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto N°
295 con Fuerza y Rango de Ley de Minas, el articulo 109 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Minas, y el artículo 40 del Decreto N° 1.395 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas.
El decreto en cuestión establece en forma
expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio
del Arco Minero.
Artículo 25. Ningún interés particular,
gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre
el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente
decreto.
Los sujetos que ejecuten o promuevan
actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales
o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica
creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico
aplicable.
Los organismos de seguridad del estado llevarán
a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución
de lo dispuesto en este artículo.
Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “Prevalencia del
interés general sobre Intereses particulares”.
Se entiende por “intereses generales”, la explotación minera tal como ésta está
concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés,
incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un “interés
particular”, y por lo tanto sujeto a que los “organismos de seguridad del
Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el
normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto. Pero,
¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como “particulares”? El
decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por
un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y
gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de
los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución 3 ,
y en la Ley Orgánica del Trabajo,
los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica
esto igualmente que los derechos “gremiales”, y por lo tanto “particulares” de
los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras
quedan suspendidos?
¿Qué implicaciones tiene esto para los que
sería sin duda el sector de la población más afectado por estas actividades, los
pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos
constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de
acuerdo a “sus normativas” entendidos igualmente como “intereses particulares”
que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el “interés
general” de la explotación minera en sus territorios ancestrales?
Todo esto es aún más preocupante si se considera que sólo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) , adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 4 Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. 5 Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, las fuerzas armadas lejos de representar la defensa de un hipotético “interés general” en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aun mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano. De este modo se decreta la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras como las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente.
En síntesis, un gobierno que se auto denomina como “revolucionario” y anti-capitalista,
ha decretado la subordinadinación del país a los intereses de grandes
corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que
compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los
pueblos indígenas.
Por todas estas razones es urgente denunciar y luchar hasta lograr su total
derogación.
De entre la Plataforma ciudadana por la Nulidad
del Decreto del Arco Minero del Orinoco:
Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Esteban
Emilio Mosonyi, Freddy Gutiérrez, Juan García, Edgardo Lander, Gustavo Márquez,
César Romero, Santiago Arconada.
Caracas mayo 2016
Hablamos
también
de extractivismo
cuando nos referimos al sistema imperialista de agronegocios
cuyo paradigma de desarrollo es el modelo de soja transgénica y a la
criminalización tanto de los desposeídos como de quienes se autoorganizan
para resistir el avasallamiento de derechos humanos.
Transgénicos: amenazas a la biodiversidad
24 de mayo de 2016
Por
Jaime E. García
G.
En la
celebración del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo), vale la pena tener
presentes las amenazas y peligros de los cultivos transgénicos para la
diversidad biológica.
¿Qué es
un transgénico? De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los transgénicos son organismos
cuyo material genético (ADN) ha sido alterado o manipulado de maneras “que
no ocurren de forma natural”, por lo tanto, son organismos artificiales. Las
técnicas utilizadas para realizar estas manipulaciones genéticas entre
organismos son bastante imprecisas, groseras e impredecibles. Además, es
importante recordar que los genes no funcionan como unidades aisladas o
independientes, sino que interactúan de maneras complejas que aún no pueden
predecirse (ver
aquí).
Como organismos
vivos, los cultivos transgénicos interactúan con su entorno, especialmente con
la biodiversidad circundante, teniendo la capacidad de alterar y contaminar
-entre otros aspectos- la integridad genética de sus congéneres cercanos
naturales. Las consecuencias de las interacciones con su ambiente sólo pueden
visualizarse después de varios años.
Opiniones autorizadas: al respecto, el Consejo Universitario de
la UCR (2003) recomienda evitar: “el
contacto no controlado entre el ambiente y los organismos genéticamente
modificados”; porque: “La conservación in situ y ex situ de los recursos
genéticos es esencial para preservar intactas las especies nativas de cada zona
geográfica, ya que en este ámbito existen importantes vacíos de conocimientos
científicos relacionados con los efectos de los factores externos sobre los
ecosistemas y los efectos a largo plazo en el ambiente” (ver
aquí).
Por su parte, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte en sus
informes GEO-ALC (2003), GEO 4 (2007) y GEO 5 (2012) que:
-La posibilidad
de que los constructos genéticos artificiales pasen descontroladamente de una
especie a otra es un riesgo real, y uno de los peligros principales es que esta
intromisión (contaminación) afecte sus características naturales, “poniendo
en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de
la humanidad”.
-Con el paso del
tiempo la mezcla de genes entre especies transgénicas y no transgénicas (por
hibridación natural) causaría la desaparición de los cultivos no transgénicos.
-Los efectos
accidentales por la expansión descontrolada de los cultivos transgénicos pueden
provocar la degradación de los servicios proporcionados por los ecosistemas.
-La introducción
de los cultivos transgénicos ha agudizado la reducción y la pérdida de la
biodiversidad a nivel global, tanto de las variedades cultivadas y sus especies
emparentadas (mediante contaminación genética), como por sus efectos negativos
en organismos no objetivo (p.ej. organismos benéficos y acuáticos), ya sea por
efecto de las características transgénicas introducidas al cultivo y/o los
agrovenenos a los que están indisolublemente relacionados.
-El desarrollo
creciente de resistencia, tanto al herbicida glifosato como a la toxina del Bacillus
thuringiensis (Bt), son ejemplos
que generan preocupaciones justificadas sobre las complejidades de las
implicaciones ambientales de los transgénicos.
Casos
concretos: en Argentina, Brasil y Paraguay los bosques (junto con la
biodiversidad contenida en ellos) se han venido arrasando brutalmente para
favorecer los mega monocultivos transgénicos, especialmente los resistentes al
herbicida glifosato, una sustancia clasificada en la categoría“Probablemente
cancerígena” por parte de la
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de
Salud (OMS), al concluir que hay suficiente evidencia científica de que produce
cáncer en animales de experimentación. Estos monocultivos transgénicos requieren
de cantidades significativas de agrotóxicos que afectan negativamente la
biodiversidad vegetal y animal, tanto en el área cultivada, como en los campos
aledaños, causando además un envenenamiento de los recursos hídricos y daños
severos a la salud de las personas en los asentamientos humanos adyacentes, como
lo han venido denunciando los médicos en Argentina (ver
aquí).
Conclusiones: al ignorar las relaciones ecológicas,
los transgénicos se convierten en una clara amenaza a la biodiversidad. Como lo
recuerda Gudynas (2002), los sistemas ambientales poseen relaciones no-lineales,
que no necesariamente están en equilibrio, e incluso pueden ser caóticos. Por lo
tanto, hay que reconocer que existen serias limitaciones para poder pronosticar
los efectos de las modificaciones e impactos sobre los ecosistemas por parte de
los organismos transgénicos, tanto en los efectos, como en las escalas de tiempo
y espacio consideradas. En la actualidad la ciencia propone que los ecosistemas
no sólo son más complejos de lo que se pensaba, sino que son más complejos de lo
que podemos pensar (ver
aquí).
De acuerdo con el informe GEO-AL (2003), a pesar de la preocupación por la proliferación masiva de organismos transgénicos y los riesgos de contaminación genética de especies nativas, el problema es que tienden a prevalecer las presiones comerciales por sobre la precaución, en un tema donde el principio precautorio debería aplicarse como regla principal, dado que estos “presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales”. En los siguientes enlaces: ver aquí y ver aquí se encuentran documentos que tratan con detenimiento las amenazas concretas que representan los transgénicos para la biodiversidad.
Jaime E.
García G. Catedrático
UNED-UCR, Red Coordinación Biodiversidad -biodiversidadcr@gmail.com
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Declaración en contra de la criminalización, persecución, judicialización de la lucha por la defensa de la vida, los derechos, los territorios, el agua, las semillas y la madre tierra
23 de mayo de 2016
Por
Vía Campesina
"Ante esta ola de criminalización desmedida que vivimos los defensores/as del
agua, la tierra, manglar, mar, territorio y la vida, denunciamos y exigimos
castigo de los responsables, por los miles de asesinatos de líderes/as sociales,
denunciamos la persecución jurídica de miles de defensores/a, exigimos la
liberación de los miles de presos/as políticos, denunciamos el caso extremo del
asesinato de Berta Cáceres, una de las líderes más emblemáticas en la lucha
contra el saqueo del capital y defensora por la paz de Honduras. Es urgente el
cese de la criminalización de la lucha por la tierra, manglar, mar y la lucha
social."
Conferencia Internacional de Reforma Agraria
(Marabá, 15 de Abril de 2016) Reunidos más de 130 delegados/as de
28 países del mundo, articulados en La Vía Campesina y movimientos aliados, en
el marco de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria como símbolo de
la lucha emancipadora de los hombres y mujeres del campo, de manglares y mar en
Marabá, Pará, Brasil del 13 al 17 de Abril del 2016, con el objetivo de
construir una propuesta necesaria de una Reforma Agraria Popular que se antepone
al proyecto de expansión capitalista y neoliberal.
Es así que en un momento de lucha y resistencia de los pueblos del mundo, hemos debatido la situación de criminalización, persecución, judicialización de la lucha por la defensa de la vida, los derechos, los territorios, el agua, las semillas y la madre tierra, promovida por los intereses capitalistas imponiendo el terrorismo político, económico, militar y social con anuencia de los Gobiernos de los Estados a través sus proyectos de muerte como los proyectos extractivistas y de infraestructuras o “desarrollo” capitalistas (turismo, mercados de carbono, minería, hidroeléctricas, monocultivos, agro negocios, acuicultura y maricultura industrial), así como la militarización de nuestros territorios. Se impone el despojo, la inestabilidad y represión social a través de los asesinatos sistemáticos, masacres, desapariciones forzadas, altos índices de femicidios, encarcelamientos y detenciones arbitrarias, intimidaciones, acoso y amenazas, judicialización a líderes y lideresas, migración forzada, guerras contra los pueblos.
A esto se suma una inestabilidad política, con el propósito de
mantener el desequilibrio en los pueblos del mundo, sin olvidar los golpes de
estado frecuentes en el radar del gobierno de los Estados Unidos, el que empieza
por crear estados inestables y frustrados, tal es el caso de Honduras,
Guatemala, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Sur África y en la
actualidad el intento de golpe de estado al pueblo brasileño y la injerencia
sistemática hacia el proceso venezolano.
Vemos la complicidad entre el Estado, las empresas privadas, las
corporaciones y las élites que crean una cultura de impunidad que permite a los
autores salir impunes.
Ante esta ola de criminalización desmedida que vivimos los
defensores/as del agua, la tierra, manglar, mar, territorio y la vida,
denunciamos y exigimos castigo de los responsables, por los miles de asesinatos
de líderes/as sociales, denunciamos la persecución jurídica de miles de
defensores/a, exigimos la liberación de los miles de presos/as políticos,
denunciamos el caso extremo del asesinato de Berta Cáceres, una de las líderes
más emblemáticas en la lucha contra el saqueo del capital y defensora por la paz
de Honduras. Es urgente el cese de la criminalización de la lucha por la tierra,
manglar, mar y la lucha social.
Hoy más que nunca reafirmamos que nuestra lucha se encuentra en el
marco de la defensa de los derechos humanos y la vida. Por la vida daremos todo,
por la muerte jamás daremos nada.
¡Ni un
minuto de silencio por nuestros muertos, toda una vida de lucha!
Veamos
cómo el simulacro del K-PJ
de romper con el menemismo o neoliberalismo del PJ-UCR respondió a las
necesidades capitalistas de incluir en la conciliación de clases a las
mayorías que se habían rebelado contra el privilegio de las privatizaciones
y mercantilizaciones por sobre la atención a las necesidades y aspiraciones
de los de abajo. De ahí:
Oteando el futuro
Apariencia
y suplantación como estrategia de
una década
desarrollista y extractivista
25 de mayo de 2016
Por
Arturo D.
Villanueva Imaña
(Rebelión)
Aquejado por los mismos síntomas y fantasmas del asedio derechista
y el descontento social que en países limítrofes están conduciendo al
restablecimiento de gobiernos neoliberales de derecha, se cumple una década de
un gobierno que se había instalado para transformar la sociedad, el Estado y la
economía.
Dicho contexto
desfavorable a nivel latinoamericano (que muchos entienden como algo más que un
mal presagio), en Bolivia se expresa en la derrota sufrida por el gobierno en el
referéndum nacional convocado y propiciado por ellos mismos, y que buscaba
modificar la Constitución para habilitar un nueva eventual reelección de los
actuales dos mandatarios.
De confirmarse esta tendencia derechizante y restauradora de
antiguos y superados regímenes neoliberales (como es el caso de Argentina y
Brasil), se confirmaría aquella especie de regla histórica, por la cual no
existen proyectos de izquierda y progresistas, que no hayan terminado
traicionando o dando paso a regímenes conservadores y reaccionarios que
restauraron viejas estructuras, prácticas y modos (de poder, sometimiento y
explotación), contra los que se había luchado.
Sin embargo, dado que en la realidad las cosas no son como parecen,
porque si así fuera la ciencia y el conocimiento no tendrían nada que hacer
(como sostenía Carlos Marx),
es oportuno escudriñar las políticas y medidas
adoptadas que hacen al meollo del modelo de gobierno adoptado en Bolivia, porque
ello contribuirá a esclarecer las perspectivas, las tareas y las luchas que
quedan por abordar y enfrentar a futuro.
Para efectuar una tarea de este tipo con un mínimo de coherencia y
consistencia; es decir, evitando horizontes de visibilidad imaginarios y
subjetivos, o la alteración indisimulada y explícita del proyecto popular (como
sucede por ejemplo con la imposición del
llamado Plan Patriótico 2025, que se encuentra
en la antípoda de los objetivos, las luchas y el mandato que dieron curso al
proceso de cambio y transformación democrático cultural que se transita en
Bolivia);
utilizaré como referente comparativo la visión, los postulados y el
ideario del nuevo tipo de sociedad/Estado/economía que se encuentran en la
Constitución Política del Estado
(muy a pesar de las modificaciones y cambios que por acuerdos políticos con la
derecha conservadora, se introdujeron al margen de lo decidido en la Asamblea
Constituyente).
Recuento
indispensable¿Cuánto más puede fingir y aparentar el gobierno ser de izquierda, si (desde que se aprobó la nueva Constitución modificada en el año 2009), ha venido aprobando y poniendo en ejecución una sistemática política desarrollista, extractivista y procapitalista?
¿En qué quedó la irreversibilidad del proceso de cambio que hace años se contribuye a desestructurar? ¿Acaso lo que se quiere dejar como legado (al insistir en identificarse como izquierdista), es ratificar aquella falsa convicción de una derecha que nunca tuvo capacidad para constituirse en oposición (pero que ahora podría beneficiarse sin ningún esfuerzo), de que el periodo de transformaciones que tantos sacrificios y luchas supuso, termine como una especie de lapsus, de irrupción circunstancial, y que ahora retorna a la normalidad (derechista, conformista y reaccionaria) que se cortó para dar paso a lo que entiende y quieren hacer ver como un berrinche inviable más?
Las preguntas no son retóricas y están orientadas a desentrañar las
implicaciones y consecuencias de un modelo de gestión política que ha decidido
utilizar la apariencia y la suplantación como método de gobierno. Si esta
certeza no fuese cierta, entonces deberían explicar cuáles son las razones y el
fundamento para que un gobierno autodenominado como izquierdista y anticolonial,
haya decidido copiar y reproducir los métodos y las prácticas que han servido
precisamente para lograr nuestro sometimiento y dominación por parte del
capitalismo(?). Es el caso por ejemplo de la energía atómica, el desarrollismo,
el extractivismo, la atracción de inversiones transnacionales, etc., que además
constituyen las peores amenazas contra la Madre Tierra y el Vivir Bien en
armonía con la naturaleza.
Ha tenido que
ser la conclusión del periodo de bonanza económica, la que ha servido para poner
en evidencia que ese ciclo favorable de ingresos extraordinarios, sólo fue
utilizado para el derroche y la construcción de megaobras (muchas de las cuales
son inútiles, innecesarias, o están signadas por la corrupción), pero que además
no ha dado lugar a la concreción y profundización del proceso de
transformaciones que se perfilaba a partir de la nacionalización de los
hidrocarburos.Cuando el periodo de bonanza termina, lo que se ha puesto en evidencia es que no se estaba construyendo una sociedad más justa e igualitaria, liberada del dominio colonial y la explotación capitalista; sino que se había caído en el desarrollismo extractivista y el impulso a la realización de megaobras encargadas a corporaciones transnacionales, que se expresaron en la constitución de nuevas élites dominantes y el establecimiento de nuevas desigualdades originadas en la mayor o menor capacidad para hacer contratos y desarrollar proyectos con el Estado.
Al respecto, no se agotan los millonarios y dispendiosos gastos
comunicacionales y propagandísticos para hacer ver como si esas iniciativas
fuesen parte de un proceso de cambio y de un gobierno de izquierda, cuando
claramente están en su antípoda. Un gobierno que se ufana de su desarrollismo,
de su incansable labor para atraer y conseguir inversiones extranjeras, y
permitir la instalación en Bolivia de las transnacionales para agudizar las
actividades extractivistas de los recursos naturales que son saqueados, puede
identificarse como un régimen post neoliberal (y de hecho lo es), pero bajo
ninguna circunstancia (en razón de lo que hace y se ha señalado antes), puede
constituirse como anticapitalista. Es decir, que los esfuerzos y pretensiones
para mostrarse y vender su imagen como si fuese de izquierda anticapitalista,
caen por su propia práctica entreguista y orgullosamente desarrollista que grita
a los cuatro vientos.
Como lo ha
demostrado la reciente experiencia Argentina (y ahora se dispone hacer lo mismo
el gobierno transitorio de Brasil), la irreversibilidad de los procesos de
cambio quedan en entredicho y se vuelven una quimera, por la sencilla razón de
que muy a pesar de la propaganda, no se han producido los cambios de fondo. Es
decir, que
medidas como las de
redistribución social, o inclusive las más osadas como las nacionalizaciones
(que se presentan como el “non plus ultra” del proceso), son rápidamente
anuladas y revertidas por los nuevos gobiernos de derecha que se establecen,
porque la estructura económica y productiva (especialmente las relaciones de
producción), no han cambiado, y sólo basta reponer los antiguos y perversos
modos neoliberales, para devolver e incrementar los privilegios de la ganancia,
la concentración de la riqueza y las privatizaciones.En la esfera internacional y específicamente en lo que corresponde al establecimiento de mecanismos de solidaridad e integración económica de los países latinoamericanos, con el propósito explícito de generar alternativas contrahegemónicas frente al dominio y la expansión capitalista en el mundo (como quiso ser el ALBA y en menor medida el Mercosur), resulta que también han sido traicionados por Bolivia. El propio Presidente Evo Morales, con auspicio del Financial Times, de forma unilateral y sorpresiva convocó y propició un Foro Internacional para la atracción de inversiones en Nueva York. La intención de captar inversión extranjera internacional y atraer a las grandes corporaciones transnacionales (que representan los intereses contra los que se disponía luchar el ALBA), es una prueba clara del desmarque y la adopción de una línea contraria a los sueños de construir la Patria Grande. Como si ello no hubiese sido suficiente, ya se ha anunciado que el mismo acto felón se repetirá en Londres.
En el plano de la sociedad, aquel importante y masivo apoyo social surgido y sustentado en las luchas populares y la potencia de las movilizaciones que habían marcado un nuevo horizonte de posibilidad para el país, pronto fue sustituida al calor de los intereses por reproducir el poder a como dé lugar, por la cooptación, el prebendalismo y el clientelismo político, que propició la alianza cada vez más descarada con sectores, personajes y organizaciones declaradamente reaccionarios y derechistas. A la postre, las conveniencias y los cálculos electorales orientados a conservar y asegurar una base social de respaldo, significó el desplazamiento y sustitución de organizaciones populares comprometidas con el proceso y efectivamente portadoras de las iniciativas comunitarias de cambio, por élites dirigenciales cooptadas que se adueñaron de la representación, sobre la base de prácticas clientelares, prebendales y divisionistas. Es decir, que aquel impulso popular movilizado y masivo que había originado y puesto en marcha las tareas de transformación, fue sustituida por el clientelismo, la corrupción y el divisionismo, que (al margen de los profundos daños causados como en el caso del Fondo Indígena, o la usurpación y toma violenta de organizaciones indígenas nacionales como la CONAMAQ y la CIDOB), se implantaron por las conveniencias electorales y el interés de conservar el poder.
El hecho de que dirigentes de organizaciones sociales que respaldan al gobierno, no escuchen el descontento social y la crítica, y se empeñen tercamente en buscar a toda costa una forma de reelegir al Presidente, inclusive forzando un nuevo intento por modificar (“perforar” han dicho) la Constitución, no solo denota un rasgo totalmente antidemocrático que raya con lo dictatorial, al intentar desconocer la voluntad nacional ya expresada en las urnas, sino que refleja una defensa corporativa de determinado tipo de intereses (económicos y políticos), que no quieren ser afectados, pero que tampoco son compatibles con el interés nacional, y ni siquiera con la de amplios sectores empobrecidos que siguen luchando por elementales derechos.
Perspectivas a futuro
Como justificativo a la adopción de este claro giro hacia políticas procapitalistas por parte del gobierno, se han dicho muchas cosas, inclusive contradictorias entre si; porque basta contrastar el discurso (principalmente en los foros internacionales donde se ha subrayado el carácter antiimperialista, anticolonial y defensor de la Madre Tierra por ejemplo), que contrasta diametralmente con la propaganda y el bombardeo cotidiano sobre los logros del extractivismo, la construcción de mega obras y el dispendioso uso de la inversión internacional.
El Vicepresidente inclusive ha sustentado la idea que el extractivismo sería algo así como una fase ineludible e indispensable de un largo proceso, que terminaría sentando las bases para la construcción del socialismo comunitario (con lo cual también contribuía a fijar un futuro totalmente indefinido y lejano para cumplir y realizar dicho propósito). Al respecto, antes se encargó de subrayar la necesidad de garantizar el progreso, el crecimiento y la inversión internacional como motores para constituirse en una “potencia continental”. Por ello se entienden, a renglón seguido, las medidas adoptadas y las normas aprobadas que permiten, por ejemplo, la conversión de las áreas protegidas y los territorios indígenas en áreas de exploración y explotación hidrocarburífera y minera; o la otorgación de incentivos, facilidades, subvenciones y garantías de todo tipo, para extremar las condiciones de extractivismo y saqueo de la riqueza nacional.
En un escenario como éste, lo que otros muestran como el fin de un ciclo progresista (que eventualmente devolvería las riendas al neoliberalismo expulsado), en realidad da cuenta de la continuidad de un modelo que, a pesar de su carácter post neoliberal, ha retomado con entusiasmo el perfil y las herramientas más perversas del extractivismo salvaje y el desarrollismo basado en las inversiones extranjeras internacionales. Es decir, de los mecanismos de sometimiento, dominación y explotación contra los que se había luchado a fines del siglo pasado, precisamente para combatir el neoliberalismo, cuyo fantasma se anuncia de nuevo.
Para revertir esta tendencia de continuidad disfrazada de izquierdismo, se plantea la necesidad de recuperar la memoria popular, retomar la iniciativa y las luchas para encarar las transformaciones pendientes, y poner en evidencia los retrocesos, la impostura y la traición que amenazan con restaurar la derecha y el neoliberalismo, en sus expresiones más duras. No hay nada que descubrir o inventar.
Sea por la incapacidad autocrítica del gobierno progresista, o por una clara e indisimulable adscripción a los intereses capitalistas que han penetrado con las alianzas políticas establecidas con la derecha; no parece que será suficiente continuar intentando blindarse (al concentrar más poder en sus manos, o mandar que el Defensor del Pueblo los defienda, o volver a autorizar el uso de la dinamita para el mismo propósito de defensa del régimen, por ejemplo), porque ello demuestra más bien su debilidad, miedo e incertidumbre, que tiene el raro efecto de traducirse en represión (indeseable y repudiada), para el pueblo.Arturo D. Villanueva Imaña, sociólogo, boliviano.Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212615
Alberto Garzón (http://agarzon.net), en "Algunos somos comunistas", nos orienta en cómo asociar al capitalismo con la realidad actual de Argentina y del mundo:"(...)El geógrafo David Harvey ha insistido a menudo en que el interés por el marxismo y la economía política retrocedió durante los años sesenta y setenta porque las preocupaciones de la sociedad, y especialmente de la izquierda, se habían trasladado hacia las cuestiones culturales. Había un creciente interés sobre las temáticas vinculadas a la alienación y sobre las causas posibles de que la clase obrera no quisiera hacer la revolución socialista, dejándose de lado el análisis económico. Es más, la mayoría de los marxistas occidentales eran filósofos y muy pocos atendían la cuestión económica, como puso de relieve el clásico estudio de Perry Anderson sobre el marxismo occidental. En aquel contexto socio-histórico típico del fordismo y del consumo de masas una obra como El Capital, que describe fríamente al capitalismo en sus fundamentos más elementales, parecía alejada de los problemas políticos de la época. Pero eso, insiste el propio Harvey, ha cambiado en las últimas décadas. Y está en lo cierto. Hoy una obra como El Capital explica con sorprendente precisión por qué y cómo nos bajan los salarios, nos despiden, nos recortan la sanidad y la educación o nos obstaculizan la organización en sindicatos. Hoy el capitalismo está mucho más desnudo, y es fácil ver cómo la razón económica del capital inunda nuestras vidas y nos obliga a emigrar, a pelear por migajas o a aceptar salarios de subsistencia como si fueran privilegios. Hoy el marxismo tiene, de hecho, más actualidad que hace cuarenta años.Es natural, aceptado lo anterior, que también estemos ante un resurgir del comunismo como planteaba Dean, aunque no tiene por qué expresarse con los mismos ropajes o las mismas herramientas conceptuales de siempre. En realidad el marxismo siempre ha sido así, abierto y diverso. De hecho, sólo el catecismo ortodoxo que emanaba de los manuales de la URSS pudo congelar, así fuera parcialmente, un instrumento tan vivo como el marxismo. Lo fosilizó, y a un coste enorme. Pero nadie podrá negar que el propio Lenin fue un heterodoxo, hasta tal punto que Gramsci tuvo a bien definir la revolución de 1917 como una revolución contra El Capital. Algo similar pasó en toda América Latina con los movimientos revolucionarios, destacadamente el cubano. La propia Rosa Luxemburg fue, de hecho, una teórica especialmente fecunda y crítica con la racionalización que la dirigencia soviética hacía de los acontecimientos históricos. Pero no sólo es respecto al análisis que el marxismo es abierto y versátil, sino también respecto a la práctica política y la estrategia discursiva. Sólo hay que recordar que la consigna socialmente aglutinadora de la revolución soviética fue paz, pan y tierra y no ningún símbolo fetichizado que limitara su capacidad a la mera autocomplacencia de los revolucionarios portaestandartes. En la ascendencia republicana pasó lo mismo con Robespierre y su tan famosa expresión sobre el derecho a la existencia, que resumía así sin quebraderos de cabeza el eje central de los Derechos Humanos.
En este sentido, Harvey es de los que se han sumado históricamente a conectar los ideales del Manifiesto Comunista con los expresados en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una vía que permite reconectar al socialismo con la tradición republicana y que, al mismo tiempo, permite volver a situar el foco político en los problemas de la gente y no en debates litúrgicos y ceremoniales propios de las religiones.
Hablar de Derechos Humanos y vincularlos al marxismo no es casual. Por dos motivos. En primer lugar, porque el socialismo fue la única tradición política que mantuvo viva la llama de los Derechos Humanos desde 1794 hasta 1948, y gracias a la cual se conquistaron los derechos políticos y sociales que caracterizan a nuestras sociedades democráticas modernas. En segundo lugar, porque la agresión del capitalismo es tan brutal y salvaje que, bajo las actuales condiciones históricas, defender los derechos humanos es impugnar el sistema capitalista mismo.
Sobre esto insistimos mucho durante las movilizaciones del 15-M al subrayar que no somos antisistema, sino que el sistema es antinosotros. No es cierto que durante aquellos días de 2011 el miedo hubiera cambiado de bando, al menos no tanto como coreábamos. Pero lo que sí cambió de bando fue el sentido común. En mitad de la agresión neoliberal defender una vivienda, cuya conquista como derecho se sobreentendía como parte del sentido común, se convertía ahora en un acto revolucionario –y, por cierto, ilegal. Esto también es fácil verlo hoy cuando comprobamos que la propia Constitución de 1978 y sus garantías sociales se convierten en papel mojado ante una supuesta realidad inmodificable, a saber, la supraestructura europea y el propio sistema capitalista.Dice el catedrático de Literatura Juan Carlos Rodríguez que «lo que debería resultar más sorprendente es sin embargo lo que menos sorprende». Se refiere al hecho de que deberíamos asombrarnos ante un sistema que es capaz de dejar sin trabajo a más de un millón y medio de hogares y sin vivienda a centenares de miles de familias, por citar dos ejemplos. Sin embargo, hemos naturalizado esos dramas estructurales. Decimos la vida es así y seguimos a otras cosas. Pero no es la vida, sino esta vida. Concretamente esta vida bajo el capitalismo. Bajo un sistema regido por un principio básico de maximización de ganancias y que mercantiliza todo a su paso, desde los objetos hasta los seres vivos y los recursos naturales. Un sistema, llamado capitalismo, que nos esclaviza a un nuevo Dios llamado mercado que opera con caprichosos y cambiantes deseos de rentabilidad.De ahí que el marxismo aspire a desnudar esa supuesta normalidad, y a mostrarla tan despiadada como es. Desmitificar las estrategias discursivas dominantes es, de hecho, parte de la acción política. ¿Acaso es verdad que somos todas las personas iguales en nuestra condición de ciudadanos como nos insisten unos y otras cada día? Cuando paseamos por el centro comercial, sugería Jean Baudrillard, se produce una suerte de equiparación en la que todos nos pensamos iguales. Ricos y pobres quedamos aparentemente indiferenciados en nuestra nueva condición de ciudadanos consumidores. Nada más lejos de la realidad, de esa realidad que palpamos en nuestras calles. Porque es ahí donde averiguamos que no sólo hay ricos y pobres sino también trabajadores y rentistas, y que por mucho que la estructura social de nuestras sociedades modernas se haya complejizado no dejamos de dividirnos en función de una distinta dependencia de nuestras propias capacidades y cuerpos. En efecto, algunos necesitan ofrecerse en el mercado mundial para ganarse el pan, y otros viven del trabajo ajeno. Eso, en esencia, no ha cambiado.
Este es el asunto más incontestable acerca de la actualidad del comunismo. Allá donde haya explotación, habrá lucha, y donde haya opresión, habrá resistencia. No importarán las etiquetas, ni tampoco la diversidad de los sujetos. Allá donde la explotación derive en miseria, desigualdad, desahucios, carencias básicas y otros obstáculos para el desarrollo de una vida en libertad, habrá contestación. En breve, siempre que exista el capitalismo como sistema existirá el comunismo como idea, movimiento y alternativa.
PS: El título del presente artículo es, queriendo, idéntico al que utilizó Carlos Fernández Liria a los pocos días del 15-M para decir, aproximadamente, lo mismo que yo ahora.
