martes, 24 de enero de 2017

A 6 años de la masacre en el Indoamericano, preguntémonos qué Estado la multiplica.


Es descubrirlo en "la seguridad" del poder real 

implícita en: 

la postconvertibilidad,
la democracia representativa, 
el PJ secundado por la UCR y 
la degradación de las elecciones.
 
Nos exige ejercer Memoria, Verdad y Justicia para desentramparnos del progresismo como antagónico al neoliberalismo y del "volveremos" como la alternativa frente a Macri. En efecto, lo prioritario a destacar es que, desde los setenta hasta hoy, la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales no sólo fue maximizando su expropiación de bienes comunes (naturales y sociales) sino también la impunidad para ese criminal despojo.
Recordemos Duhalde asume la presidencia de facto gracias a despliegue de la democracia representativa, de los dos partidos de estado y de las fuerzas represoras estatales y paraestatales. Con Roberto Lavagna instaura el modelo que adopta Néstor Kirchner. Lo principal es que la post-convertibilidad restaura el orden capitalista por atender a todas las fracciones de la gran burguesía.


Relación entre grandes grupos económicos y el Estado:
ganadores y perdedores en la post-convertibilidad.
Un estudio basado en la trayectoria del sector servicios (2002-2010)
noviembre 2012
 
Por Federico Daniel Naspleda (UNLP-IDAES)
Teniendo en cuenta a todos los investigadores analizados en este punto ellos en general comparten la visión de un proceso de crecimiento de todos los sectores de las fracciones de la Burguesía pertenecientes al Bloque en el poder. Así como también comparten la idea de que la hegemonía en la post-convertibilidad pertenece a los sectores más concentrados exportadores de commodities, si bien existen diferencias respecto de si son los exportadores industriales o agropecuarios. Además entienden que dicha recomposición tiene como base la conformación de una estructura productiva altamente concentrada y cada vez más extranjerizada propias de un modelo cuya distribución es regresiva y que se apoya principalmente en la caída del salario real. Ahora bien, las diferencias aparecen en si consideran el surgimiento del modelo de la post convertibilidad según un consenso entre las distintas fracciones de la burguesía relacionado con las acciones y las nuevas funciones del Estado, o según la victoria por parte de los “devaluadores”. A partir de estos análisis surgen algunas preguntas: ¿Cuál es la relación entre la crisis de la convertibilidad y el desarrollo de un nuevo modelo que llegó a revertir la situación de la reproducción del capital en su conjunto? ¿Realmente “perdieron” los sectores de las empresas de servicios y el capital financiero teniendo en cuenta como repercutió la crisis en ellas y las ganancias obtenidas durante la post-convertibilidad? Esto se tratará en el siguiente capítulo.

Capitulo 2: Crisis y recomposición de las fracciones burguesas. La relación entre el desarrollo de Las Fracciones y el Estado. Retomando los puntos señalados en el capítulo anterior, “el grupo dolarizador”, según el denominado grupo flacso, tenía como proyecto la profundización de la convertibilidad. Pero no argumentan como en un contexto de crisis progresiva del modelo de los noventa se podía profundizar dicho proyecto, o sea, cuáles fueron los apoyos nacionales e internacionales que lo sustentaron a medida que cada intento de sostener la convertibilidad fracasaba. Entonces, según sus análisis, el modelo de acumulación queda en un segundo plano al no incluir o no dar peso la imposibilidad de reactivar el modelo de los 90´ en su fase crítica. Así los términos de la lucha se definen en relación a una lucha político-ideológica desprovista de articulaciones económicas según una coyuntura cambiante. La crisis repercutió de manera general en las distintas fracciones del capital pertenecientes al denominado Bloque en el Poder, pero para las que fueron hegemónicas durante los 90´ la situación fue más aguda.

Si tenemos en cuenta la rentabilidad y las ventas realizadas por las fracciones de la burguesía en el periodo de la crisis podemos señalar que los sectores más poderosos en términos económicos dejaron de ser las empresas líderes del sector financiero y de servicios, y esto no fue producto solo de la salida y respuesta económica a la crisis, sino de la pésima situación que atravesaron durante la crisis. En este sentido pensamos que la salida que la burguesía encontró para recomponer el proceso de reproducción del capital en términos generales fue un proceso complejo, contradictorio y que se dio durante la post-convertibilidad. Si bien su recomposición atiende a que se crearon mejores condiciones de inserción de una fracción de la burguesía en el mercado mundial a partir de la devaluación y del aprovechamiento de los buenos precios internacionales de las commodities, también mejoró notablemente la situación del conjunto de las fracciones de la burguesía en términos económicos, si bien de manera desigual. Y se realizó no sólo desde la hegemonía de las empresas exportadoras, sino a partir de un complejo proceso donde el Estado también participó. En este sentido, el Estado tuvo una “metamorfosis” de sus funciones, al actuar y tomar decisiones que incidieron directamente en la posibilidad de un consenso entra las fracciones de la burguesía –siguiendo la idea de Peralta Ramos-. Otorgó subsidios y pudo intervenir incidiendo de manera mayor en términos relativos –respecto a los noventa- sobre la renta del conjunto de la burguesía. Se produjo una reorganización que las diferentes fracciones del capital, “por su mero interés mezquino” no la podían dar, resolviéndose en el Estado -que no es según la libertad de acción del Estado- y condicionado por el mercado mundial. La aceptación de “las nuevas reglas de juego” y de la nueva situación hegemónica pareció, en dicha coyuntura, mostrar sus beneficios rápidamente y un horizonte prometedor. Siguiendo a la investigadora, algunos signos que muestran la estabilidad se ven a finales del 2002, donde se llegó a un superávit record y a la estabilidad del tipo de cambio. Tanto el Estado como las empresas interactuaron en función de una lógica de beneficios y pérdidas para las distintas fracciones de la burguesía según dos periodos claramente desiguales: un primer periodo de crisis general y de salida a la crisis, y un segundo periodo de beneficios desiguales pero generales donde el continuo crecimiento de la economía es significativo-. En este sentido, lejos de poder pensar al conjunto del periodo solamente desde la perspectiva de las pujas inter-burguesas, es importante resaltar la reorganización del conjunto de las fracciones de la burguesía, y el nuevo rol del Estado para arbitrar y mediar en dicha reorganización, sin desconocer y aceptar las fricciones que sucedieron en dicho periodo entre ellas. (…)

3.1. El proceso de recuperación de los grandes grupos económicos del sector servicios y su relación con el Estado (2002-2004).
 A finales de la crisis la burguesía para proteger sus intereses económicos retiró los depósitos del sistema bancario efectuando “una sangría de divisas” (Salvia 2009). Peralta Ramos (2007) plantea que a la convulsión social y política se le sumaba la paralización total de la actividad económica por las consecuencias del default y “el corralito” –que aislaron a la argentina de las posibilidades de financiamiento internacional-. Así para la investigadora, desde finales de octubre del 2001 la fuga de capitales alcanzo alrededor de 3500 millones de pesos; y hacia finales de noviembre se perdieron depósitos cercanos a los 2363 millones de pesos y reservas por 2736 millones de pesos. Parte importante de los que fugaron capitales eran empresas de servicios privatizadas. Basualdo, Nahón y Nochteff (2006) exponen la situación de varias empresas en relación a la fuga de capitales realizadas durante el 2001 con los siguientes montos en millones: Telefónica Argentina S.A. U$S1559,9; Telecom S.A. U$S 963,4; EDESUR S.A. U$S172; Central Puerto SA U$S149,3, Transportadora Gas del Sur S.A. U$S 143,1; Aguas Argentinas S.A. 132,8; Metro Gas S.A. U$S104,4; Transportadora Gas del Norte S.A. U$S 86,8; para citar algunos casos. Así parte importante del sector puso en resguardo a una cantidad importante de su capital consiguiendo una ventaja importante antes de la devaluación. Si analizamos la trayectoria de las políticas-económicas en los inicios del gobierno de Duhalde podemos verificar desde un principio cierta tendencia a la formación de un arbitraje del tipo neo-populista y de acciones impulsadas por las empresas para revertir su situación crítica, que, posteriormente, van a servir para unificar al sector con el conjunto de las fracciones según “nuevas reglas de juego” aceptadas por todas, en el sentido marcado por Peralta Ramos. Así en los comienzos tenemos como una de las primeras acciones del Estado la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario (Ley N° 25.561) cuyo contenido principal fue la del abandono de la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, y la consiguiente devaluación del peso. Esto, de acuerdo a los análisis del Grupo FLACSO, alteró la situación de los servicios al modificar los precios relativos en detrimento del sector. Pero lo más concerniente a los cambios que afectaron al sector en el nuevo escenario lo expresan diferentes medidas incluidas en dicha ley, como que: “A través del artículo Nº 8 de la ley de Emergencia se estableció la eliminación de la dolarización de las tarifas así como también de su indexación periódica en función de la evolución de los precios de Estados Unidos” (Azpiazu y Schorr 2006, pp2). De esta manera el Estado pasó a tener mayor control de las tarifas y esto va a determinar “la suerte” del sector en este periodo, al trabar, en términos relativos, los incrementos tarifarios, y realizando diferencias frente a otros sectores. A su vez su situación empeoraba al incrementar el valor de sus deudas quedando “dolarizadas”. Con el control de las tarifas se expresa esta versión del Estado Neo-populista al intervenir abiertamente en el conflicto de intereses desatado en la crisis, y dotándolo de un carácter político: la recomposición tiene como eje el despliegue de los GGE exportadores sobre las demás fracciones integrantes del bloque en el poder. Ahora bien, el Estado va a adoptar una serie de medidas en favor del sector servicios tales como la pesificación asimétrica. Esta acción supuso la licuación de pasivos del sector privado respecto a las deudas concernientes con la banca local al transformar sus pasivos de dólares a pesos. De esta manera gran parte del gasto Estatal en el tercer trimestre del 2002 corresponde a los efectos de la pesificación asimétrica según la emisión de bonos para resarcir a los bancos por el cambio de los pasivos de las empresas de dólares a pesos. Y, según estimaciones de Azpiazu y Schorr (2006): “Entre los 50 mayores deudores privados que, a comienzos de 2002, vieron licuados sus pasivos con el sistema financiero local (mediante su pesificación a una relación de 1 peso = 1 dólar estadounidense), quedan incluidas 25 empresas privatizadas que, por ese medio, obtuvieron un beneficio -del orden de los 2.000 millones de dólares- prácticamente equivalente al de las ganancias obtenidas por éstas en el año 2000.” (Azpiazu y Schorr, 2006, pp.27). Pero esta medida no alcanzó a “dejar contento” al sector frente al peso que para ellos acarreó la devaluación y el congelamiento de las tarifas. Y pronto, apelando a aparatos de denuncia internacionales, consiguieron crear un mecanismo de presión frente al Estado. Según explican Basualdo, Nahón y Nochteff (2006), un conjunto de empresas privatizadas presentó demandas al Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) que depende del Banco Mundial, logrando neutralizar los tribunales locales. Siguiendo su investigación los investigadores agregan que, al año 2004, varias empresas que en su mayoría eran empresas de servicios públicos privatizadas, presentaron un conjunto de demandas al Estado por un monto mayor a U$S17 mil millones, y cuyo objetivo principal era “intentar preservar, mediante la instauración de los seguros de cambios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, los excepcionales privilegios logrados en la década anterior” (Basualdo, Nahón y Nochteff 2006 pp.75). Si bien los montos exigidos al día de hoy no fueron cobrados. (…)
En síntesis podemos decir que el periodo analizado está fuertemente marcado por el intento de parte de las empresas del sector de conseguir ventajas en torno a los problemas que le trajo la crisis de la convertibilidad, la devaluación y el congelamiento de sus tarifas, esto es, “el cambio en las reglas de juego”. El Estado pasó a controlar las tarifas alterando las condiciones de reproducción del sector que quedó en peor posición frente los grandes grupos exportadores de commodities. Pero aprovechando ciertas ventajas por su estructura de poder: la posibilidad que tuvieron de fugar una gran masa de capitales al exterior antes de la devaluación, por la posibilidad de disminuir y reestructurar parte de sus deudas tanto locales como externas a través de mecanismos estatales y por el aprovechamiento del contexto de incertidumbre económica generalizado, y las concesiones otorgadas por el Estado en términos de aliviar los compromisos que las empresas tenían según sus contratos. Las presiones de uno y otro lado estuvieron claramente presentes –basta recordar los juicios del CIADI, y llegaron a romper sus relaciones con la salida de algunos inversores extranjeros, pero la mayoría logró reorganizarse, y aprovechar los buenos signos de recuperación tras la crisis, que se hicieron presentes después del primer año de su peor momento.

3.2. De la recuperación económica al despegue: la política de subsidios como motor de crecimiento del sector energético y de transporte (2004-2010) A partir del 2004 una tendencia que se iba desarrollando desde comienzos del 2002 comenzará a impactar aceleradamente: la relación entre el gasto público y la “suerte” de los GGE del sector servicios, según el crecimiento de los subsidios entregados a los sectores energéticos y de transporte. A lo largo de la post-convertibilidad su incidencia sobre el gasto público aumentará, como a su vez lo hará el mismo gasto público. Bonnet y Piva (2011) muestran como uno de los elementos de la evolución del aparato del Estado en estos años el incremento del gasto público con los siguientes datos: del 2002 al 2009 aumenta un 192%, equivalentes a 14 puntos del PBI; presentando una contracción inicial hasta el 2005, momento en el cual se incrementa extraordinariamente llegando a representar en el 2009 el 43% del PBI. Ahora bien, el porcentaje de este gasto destinado a los servicios públicos estuvo, desde el 2003 en claro ascenso. (…) Leer

Pensemos en Cristina Fernández exigiendo a los trabajadores racionalidad para que el empresariado  mantuviese el crecimiento económico. Pero analicemos cómo la devaluación para posibilitar la post-convertibilidad o la recuperación gran burguesa de altas rentabilidades implicó un enorme robo de salario y poder adquisitivo a los trabajadores y otros sectores populares. Aún más tomemos en consideración cuáles son los resultados de tamaño sacrificio de los de abajo.

Fuga de capitales, dólar y modelo K

31 de octubre de 2011

Por Rolando Astarita

Esta nota es continuación y actualización de la que escribí hace un año, en la que discutía cuestiones vinculadas al crecimiento basado en el tipo de cambio alto (“Profundizar…” ). Decía entonces que el tipo de cambio alto había sido clave para la estrategia de desarrollo “industrialista”, desde mediados de 2002. Básicamente porque la devaluación posterior a la ruptura de la Convertibilidad había significado una fuerte caída de los salarios -en términos de dólar y poder adquisitivo-, con la consiguiente mejora de las condiciones competitivas del capitalismo argentino. Sostenía también que a la redistribución regresiva del ingreso se habían sumado equipos industriales renovados durante los 90; una elevada capacidad ociosa; y el congelamiento de tarifas de servicios. Todo esto se conjugó para elevar la tasa de rentabilidad, en particular de las empresas productoras de bienes transables. Además, el ciclo alcista de los precios de los alimentos, y en particular la soja, dieron un poderoso oxígeno extra al crecimiento, habilitaron ganancias extraordinarias al agro (suba de la renta de la tierra), y una constante inyección de recursos al Estado. Sin embargo, señalaba en aquella nota, no había habido un desarrollo sustentado en la inversión de equipos y la tecnología. Esto es, no estábamos ante un aumento de la competitividad con bases sólidas. Por eso, en 2010 ya se evidenciaba el desgaste del “modelo”: el superávit comercial se achicaba; la inflación erosionaba la competitividad del tipo de cambio; y el gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de devaluar, o de retrasar el tipo de cambio a fin de frenar la inflación. Pero en este último caso, caería aún más la competitividad. Escribíamos: “Si el gobierno promueve una depreciación de la moneda, acelera la inflación, con poca ganancia en competitividad. Si por el contrario, retrasa el tipo de cambio, agrava los problemas de competitividad, acercándose a un escenario parecido al de los noventa. De hecho, hoy algunos sectores industriales empiezan a quejarse de que con este tipo de cambio no pueden competir. Es posible que de prolongarse esta situación, hacia fin de 2011 el tipo de cambio real vuelva a estar al nivel de la Convertibilidad. Aunque la situación internacional es distinta de la existente en los noventa, principalmente por la suba de la demanda mundial de materias primas”.
A pesar de las señales que estaba dando la economía, muchos defensores del modelo K de crecimiento siguieron afirmando que “el modelo tiene bases sólidas”, y que sólo los ciegos “catastrofistas de izquierda”, o la derecha golpista, podían encontrar algún problema serio. La idea dominante en este sector es que, en tanto haya estímulos de demanda, la inversión crecerá más o menos automáticamente. Una tesis que se ha mantenido contra viento y marea.
Fuga de capitales
También en una nota anterior, de septiembre de 2010 (ver aquí), decíamos que en Argentina se mantenía una de las características típicas del atraso, que una parte muy importante de la plusvalía se volcaba al consumo suntuario, la inversión inmobiliaria, o iba al exterior. Con respecto a esto último, señalábamos que las inversiones de argentinos en el exterior obedecían a una lógica de valorización financiera, y que los rendimientos de esas inversiones se reinvertían en el exterior, de manera que representaban una importante sangría en términos netos del excedente. La contrapartida de esta salida era que la inversión en plantas, equipos e infraestructura productiva, si bien había mejorado en algún punto del PBI con respecto a los 90, continuaba siendo relativamente débil. Por eso concluíamos que “hay un fuerte crecimiento (del PBI), y cierto aumento de la participación de la inversión con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo del país; aunque a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por el superávit de cuenta corriente. … La salida de capitales sigue poniendo en evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el capital mundializado, particularmente con el capital financiero”.
Naturalmente, los defensores del “modelo productivo” siguieron mirando para otro lado. Pero los hechos son testarudos, y las cosas siguieron complicándose, hasta llegar a la actual coyuntura. En los últimos tres meses el Banco Central ha vendido más de 4100 millones de dólares. Según la consultora Ecolatina, la formación de activos externos del sector privado se incrementó de un ritmo promedio mensual de 300 millones de dólares en el período enero 2003 a marzo 2008 a 1.500 millones por mes entre abril 2008 y junio 2010. El marco de esta fuga de capitales es una macroeconomía en la que las señales del desgaste del “modelo” son inocultables. El superávit comercial pasó de más del 4% del PBI en 2007 a aproximadamente el 2%. Las reservas del Banco Central bajaron desde más de 52.500 millones de dólares a fines de 2010, a 47.580 millones hoy; esto a pesar de que tomó préstamos de bancos europeos. Las reservas de libre disponibilidad (las que exceden la base monetaria, y con las que el Gobierno paga deuda externa), se evaporaron. El crecimiento de los depósitos bancarios se ha frenado, y las tasas de interés han subido al 15% para los minoristas (estaban al 10%) y hasta el 20% para los grandes depositantes. ¿Esto también formará parte del “modelo productivo”? En cualquier caso, y ante este panorama, es evidente que la disyuntiva de 2010 que comentábamos, se ha hecho más aguda. Destaquemos que si bien la crisis internacional ha jugado un rol en la fuga de capitales -debido a la devaluación del real, y la desaceleración de la demanda internacional- no alcanza a explicarla. Después de todo, otros países latinoamericanos han estado recibiendo capitales a causa de la crisis internacional, por lo que su problema es el opuesto del argentino: procuran evitar la apreciación de sus monedas. En Argentina, en cambio, la apuesta de muchos grandes inversores, y también de ahorristas pequeños y medianos, es que el precio del dólar finalmente va subir.
Desarrollo desigual y dependiente, y tipo de cambio
Tal vez una de las cuestiones más importantes es entender que la disyuntiva descrita -devaluar o retrasar más el tipo de cambio- se inscribe en un movimiento de largo plazo de la economía argentina, en la que se alternaron los períodos de tipo de cambio alto y bajo, pautados por crisis que marcaron la transición de un período al otro. Por eso, más allá del análisis de la coyuntura inmediata, nos interesa mostrar cómo existe una cierta lógica en estos movimientos, que está vinculada al desarrollo de las fuerzas productivas -en particular, al nivel de productividad- y a las variaciones de la rentabilidad e inversión de los sectores vinculados a la producción de bienes transables (sustitución de importaciones y exportables) y de bienes no transables (en lo que sigue resumo algunas de las ideas que presento en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo).
Si se toma como punto de partida 1974 -inicio de la crisis final de la estrategia de sustitución de importaciones-, se advierte que  desde 1977 y hasta comienzos de 1981 rigió un tipo de cambio real bajo (moneda apreciada); que en la década de 1980 y hasta comienzos de 1991, el tipo de cambio fue alto (moneda depreciada); durante la Convertibilidad la moneda se apreció; y a partir de 2002 se vuelve a un tipo de cambio alto, aunque con tendencia paulatina a la apreciación desde 2003, hasta llegar al actual escenario. Aclaramos que cuando hablamos de moneda apreciada nos referimos a un tipo de cambio cercano al nivel de paridad de poder de compra con los países adelantados (en particular, con EEUU). Esto significa que, en promedio, y a igual que sucede con la mayoría de las economías atrasadas, la moneda argentina tiende a ubicarse en un nivelpor debajo de la paridad de poder de compra. Esta depreciación de la moneda en términos reales obedece, desde el punto de vista de la ley del valor trabajo, a problemas estructurales, que tienen que ver, principalmente, con la baja productividad de la industria argentina.
Dada su baja productividad relativa, una manera que tiene la industria de ganar competitividad en el mercado mundial es a través del tipo de cambio real alto, que implica bajos salarios en términos de la moneda mundial (dólar o euro). Sin embargo, debido a los impulsos inflacionarios que derivan de este régimen cambiario, a mediano plazo casi inevitablemente se generan las condiciones para la reversión hacia el tipo de cambio bajo. Y son estas variaciones bruscas del tipo de cambio, las que generan cambios también bruscos y profundos en las tasas de rentabilidad de los sectores productores de bienes transables y los productores de bienes no transables; y con ellos, de sus tasas de crecimiento e inversión. Con tipo de cambio alto, los sectores productores de transables aumentan su rentabilidad, lo que lleva aparejado el aumento de inversiones en el sector; pero baja la rentabilidad y la inversión en los sectores de no transables. A su vez, con la moneda apreciada, los sectores transables ven disminuidas sus ganancias, y los de no transables las incrementan, y con ella la inversión y el crecimiento.
El resultado es que se asiste a un desarrollo desigual, profundamente desestructurado. Los cambios bruscos de la rentabilidad de los sectores debilitan las inversiones de largo plazo, fundamentales para superar el subdesarrollo. Los diferenciales de productividad se acentúan, porque ora un sector, ora el otro, sufre períodos más o menos prolongados de baja rentabilidad y por lo tanto de baja inversión y renovación tecnológica. En los 90, por ejemplo, en tanto en teléfonos, o producción y transporte de electricidad, se realizaban inversiones y se expandían, muchas industrias productoras de transables, en especial intensivas en mano de obra -textiles, calzado, etc.-, languidecían. De la misma manera, el parque industrial se renovaba parcialmente, pero el sector productor de máquinas herramientas trabajaba con un 50% de capacidad ociosa, promedio. En los 2000, por el contrario, sectores de productores de bienes exportables, o sustitutos de importaciones, prosperaron; pero amplios sectores productores de servicios, o energético, se retrasaron. Significativamente, la balanza energética pasó a ser deficitaria, luego de haber tenido superávit en los 90 y buena parte de los 2000.
Este crecimiento desestructurado se refleja entonces en la situación cambiante del sector externo, y las dinámicas de precios. Los períodos de tipo de cambio alto, posteriores a una devaluación, dan lugar a mejoras rápidas y sustanciales de la balanza comercial (o en la balanza de cuenta corriente). Los productores de transables con ventajas competitivas naturales -ejemplo, el sector productor de granos- obtienen plusvalías extraordinarias, bajo la forma de ganancias extraordinarias, o alta renta agraria. Eventualmente, en una coyuntura de altos precios internacionales de las materias primas, una parte de la renta puede captarse con impuestos y destinarse a subvencionar industrias proveedoras de insumos y servicios, a los efectos de sostener el tipo de cambio real alto. En estos períodos el crecimiento industrial se caracteriza por ser principalmente extensivo -esto es, empleador de mano de obra- y la renovación tecnológica relativamente débil. La competitividad del sector transable es alta, pero porque está asentada en una alta explotación del trabajo (salarios bajos, precarización del empleo, etc.), y en la contención de los precios de insumos y servicios esenciales.
Erosión del tipo de cambio “competitivo”
No es de extrañar entonces que a mediano plazo la ventaja competitiva se erosione, en la medida en que los precios de los bienes no transables y los salarios, especialmente de los sectores sindicalizados, buscan recuperar el terreno que han perdido con la devaluación. Por eso, a mediano o largo plazo, las falencias y contradicciones estructurales no pueden superarse con meros remedios monetarios. No se trata de conspiraciones de los golpistas, como he escuchado de boca de algún intelectual K de Carta Abierta, sino de las leyes de la acumulación (y la explotación) capitalista. La cuestión de fondo es que la debilidad de la inversión -y del despliegue de la investigación y desarrollo- no permite superar el atraso y ganar competitividad genuina a la industria. Hoy, en Argentina, la balanza comercial industrial es fuertemente deficitaria (en las manufacturas de origen industrial, por unos 20.000 millones de dólares), luego de casi una década de crecimiento “industrialista” K. El problema puede agudizarse bruscamente si algunos de los socios comerciales deprecia su moneda; como acaba de suceder con Brasil.
En consecuencia, las presiones inflacionarias, que tienen origen cambiario, no dejan de acentuarse. Los sectores productores de no transables no invierten si no mejoran los precios relativos, y en el mediano o largo plazo, los precios de servicios y otros insumos comienzan a subir. Si además, el gobierno ha mantenido tarifas congeladas, a costa de crecientes subsidios, es probable que aparezcan déficit fiscales crecientes. La monetización del déficit (esto es, cubrirlo con emisión), da lugar a mayores presiones inflacionarias, acrecentando la desconfianza hacia la moneda nacional. En definitiva, las presiones inflacionarias terminan erosionando la competitividad cambiaria. Al crecer la desconfianza, se potencia el flujo de fondos hacia el dólar o el euro. El ahorro (más precisamente, atesoramiento) ocurre en moneda extranjera. Al caer los depósitos en moneda nacional, los bancos elevan las tasas de interés, para detener la sangría. Lo cual no es precisamente un estímulo para la inversión productiva. Todos estos factores no dejan de empujar hacia la devaluación.

Devaluaciones, inflaciones y reversiones cambiarias
Pero la devaluación de la moneda no es una solución sencilla, ya que puede dar lugar a nuevas devaluaciones, que eventualmente desembocan en altas inflaciones (o hiperinflaciones). Lo cual es insostenible, como lo demuestra la experiencia argentina de los 80 y principios de los 90. Es que con alta inflación los salarios bajan en términos reales -es inevitable que pierdan la carrera con los precios- pero también con una moneda en constante pérdida de valor se embotan los mecanismos del mercado. Entonces es imposible comparar los tiempos de trabajo. Por eso, en el extremo, la economía se dolariza. El dólar pasa a ser moneda no sólo de atesoramiento, sino también medida de valor y medio de pago (los contratos se fijan en dólares, etc.). Se generan así las condiciones para la reversión hacia la moneda “fuerte”. El anclaje del tipo de cambio está en la lógica del proceso, ya que se busca fijar la variable que ha estado en el origen del impulso inflacionario, y restablecer la disciplina del mercado, tanto sobre los capitales menos productivos, como -y principalmente- sobre los trabajadores. Es por esta razón que las razones que lleva a los períodos de apreciación de la moneda se incuban en las fases de crecimiento que se sostienen en el tipo de cambio alto. Algo de esto se ve en el panorama actual; la apreciación del peso de los últimos años está en la mecánica del crecimiento de los 2000. Sin embargo, hoy la economía argentina no está ante un escenario de crisis aguda, al estilo de lo ocurrido en 2001. Pero dicho esto, también hay que decir que el panorama se ha agravado. Desde hace muchos meses el gobierno ha venido retrasando el tipo de cambio para frenar la inflación, esto es, ha aplicado una receta típica de la década de 1990. Pero por esto en los últimos tiempos se ha apreciado la moneda; con lo cual se debilitó uno de los pilares del “modelo”, el tipo de cambio alto. Por eso también, en los hechos, ha comenzado a establecerse otra paridad entre el peso y el dólar, a través del mercado no oficial (o negro). Esta dicotomía -atraso del tipo de cambio oficial, depreciación de la moneda en el paralelo- es otra expresión de las disyuntivas que enfrenta el “modelo K”. Paralelamente, los subsidios a industrias productoras de servicios y similares (eléctricas, transporte, pero también forestal y agroalimentaria), no han dejado de aumentar. En 2010 el Estado transfirió unos 48.000 millones de pesos a las empresas, un 45% más que en 2009. Y sólo en los primeros seis meses de 2011, alcanzaron 32.366 millones de pesos, un 73% más que en igual período de 2010. El “ajuste” significaría un aumento de las tarifas, esto es, un caída del poder adquisitivo de los salarios, en primer lugar. Pero también agregaría presión a los impulsos devaluatorios. Subrayamos: en estas condiciones, una devaluación se descargaría sobre los trabajadores, bajando los salarios. Aunque puede dar lugar a una agudización de las luchas salariales. Por eso la propia clase dominante es reacia a aplicar este remedio. Pero por otra parte, el actual esquema ha comenzado a hacer agua.
En conclusión, lo que está sucediendo hoy en Argentina -fuga de capitales, depreciación de hecho de la moneda- refleja que el crecimiento de los 2000 no ha permitido superar las estructuras del atraso y la dependencia. Negar esta realidad hablando sobre el “modelo de matriz diversificada y acumulación con inclusión social”, equivale a marearse con palabrerío vacío.
Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/10/31/fuga-de-capitales-dolar-y-modelo-k

Precisamos cuestionar opiniones como "ya creíamos imposibles los sueños por los que luchamos en los setenta pero surgen Néstor y Cristina y vivimos felices. Desde Macri comparto el grito de volveremos pero le agrego que volveremos mejores". Por más honesto/a económico sea quien así se expresa,  no lo es como artista e intelectual y de prestigio. Olvida los proyectos e ideales de emancipación de los 30.000. Se despreocupa del extractivismo y de los sufrimientos y luchas de comunidades. Se  niega a escuchar a los  quienes resisten a ser envenenados y  despojados de territorios, agua... y plantean el cambio radical de construir los buenos vivires convivires abajo.
No se indigna que se mida la reducción de la pobreza por incremento en el acceso a la sociedad de consumo y por endeudamiento familiar o individual a favor de los bancos. No se percata que el tan alabado crecimiento económico ocultó la maximización de la concentración-transnacionalización económico territorial y por tanto, de la desigualdad social. Sobre todo, consolidó el subdesarrollo.
Tampoco la referente aprecia que lo positivo de los gobiernos progresistas se originó en la derrota del neoliberalismo por las luchas y auto organización de los de abajo. Volvamos los ojos a estos últimos y reflexionemos sobre lo que está sucediendo en México:
El poder de abajo
 7  de enero de 2017
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
Es inédito en América  Latina que decenas de pueblos y naciones indígenas decidan dotarse de un gobierno propio. La reciente decisión del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) de crear un Concejo Indígena de Gobierno, luego de la consulta y aprobación por 43 pueblos, que se propone gobernar este país, tendrá hondas repercusiones en el país y el mundo.
Como señala el comunicado ¡Y retembló!, estamos ante decenas de procesos de transformación radical, de resistencias y rebeldías que constituyen el poder de abajo, que ahora se expresará en el Concejo de Gobierno. De manera simultánea, el organismo tendrá como vocera una mujer indígena, que será candidata independiente en las elecciones de 2018.
Es el modo que los pueblos encontraron para que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales de 2018. De ese modo pretenden sacudir la conciencia de la nación, para desmontar el poder de arriba y reconstituirnos, ya no sólo como pueblos, sino como país. El objetivo inmediato es parar la guerra, crear las condiciones para organizarse y superar colectivamente el miedo paralizante que provoca el genocidio de arriba.
En la parte final el comunicado destaca que quizá ésta sea la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacíficamente y radicalmente nuestras propias formas de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.
Hasta ahí, a grandes rasgos, la propuesta y el camino para hacerla realidad. Desde la distancia llama la atención que los debates desde el pasado mes de octubre se hayan centrado en la cuestión de la vocera indígena como candidata en las elecciones de 2018, dejando de lado un tema fundamental que, creo, es la conformación del Concejo Indígena de Gobierno. Es evidente que no se puede entender la nueva cultura política que encarnan el CNI y el EZLN con las anteojeras de la vieja cultura, centrada en discursos mediáticos y en las elecciones como forma casi única de hacer política.
Que los pueblos indígenas de México decidan crear un concejo de gobierno parece un asunto de la mayor importancia. Son pueblos y naciones que ya no serán gobernados por nadie más que por ellos mismos. Millones de hombres y mujeres establecen su autogobierno de forma coordinada, en un solo concejo, que los representa a todos y todas. Es un parteaguas para los indígenas, que tendrá repercusiones en toda la sociedad, como la tuvo el alzamiento del primero de enero de 1994.
Aquí es donde conviene hacer algunas aclaraciones ante las más disparatadas interpretaciones y, si estoy equivocado, adelanto mis disculpas. La cultura política que practican el zapatismo y el CNI consiste en promover el autogobierno de todos los sectores de la sociedad: rurales y urbanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales y todos los sectores que se quieran sumar. Nunca pretendieron gobernar a otros, no quieren suplantar a nadie. El mandar obedeciendo es una forma de gobierno para todos los oprimidos, que cada quien implementa a su modo.
El comunicado aclara que no pretenden competir con los políticos profesionales, porque no somos lo mismo. Nadie que conozca mínimamente el zapatismo, a lo largo de estos 23 años, puede imaginar que van a dedicarse a contar votos, a conseguir cargos en gobiernos municipales, estatales o federal. No se dedicarán a sumar ni a restar a las siglas electorales, porque van por otro camino.
En tiempos de guerra contra los de abajo, creo que la pregunta que se hacen el CNI y el EZLN es ¿cómo contribuir a que los más diversos sectores del país se organicen? No se trata de que ellos los organicen, esa es tarea de cada quien. Se trata de cómo apoyar, cómo crear las condiciones para que eso sea posible. La candidatura indígena va en esa dirección, no como juntavotos, sino como posibilidad de diálogo, para que otros y otras sepan cómo le hicieron.
La creación del Concejo Indígena de Gobierno es la muestra de que es posible autogobernarse; si millones de personas de pueblos y naciones pueden, ¿por qué yo no voy a poder en mi colonia, en mi barriada, donde sea? Si el levantamiento de 1994 multiplicó rebeldías, contribuyó a la creación del CNI y de múltiples organizaciones sociales, políticas y culturales, ahora puede suceder algo similar. No hay nada tan potente como el ejemplo.
Este año celebramos el centenario de la Revolución de Octubre. La obsesión de los bolcheviques y de Lenin, que puede corroborarse en el maravilloso libro de John Reed Diez días que estremecieron al mundo, es que todos se organizaran en soviets, aun los que hasta ese momento los combatían. Llamaban incluso a los cosacos, enemigos de la revolución, a crear sus soviets y enviar delegados al congreso de toda Rusia. La revolución no se hace, sino se organiza, decía Lenin. Independientemente de lo que se piense sobre el dirigente ruso, la afirmación es el núcleo de cualquier lucha revolucionaria.
El tránsito de la indignación y la rabia a la organización, sólida y persistente, es la clave de cualquier proceso de cambios profundos y radicales. Rabia sobra en estos momentos. Falta organizarla. ¿Podrá la campaña de 2018 convertirse en un salto adelante en la organización de los pueblos? Nadie puede responderlo. Pero es una oportunidad de que el poder de abajo se exprese de las más diversas formas, incluso en actos y papeletas electorales, porque la forma no es lo esencial.
Reflexionando sobre los críticos, que no son pocos, en vez de acusar al CNI y al EZLN de divisionistas, podrían reconocer su enorme flexibilidad, siendo capaces de incursionar en terrenos que hasta el momento no habían tanteado y, de hacerlo, sin bajar banderas, manteniendo en alto los principios y objetivos. Los meses y años venideros serán decisivos para delinear el futuro de las oprimidas y oprimidos del mundo. Es probable que en pocos años valoremos la formación del Concejo Indígena de Gobierno como el viraje que estábamos esperando.
Podemos creer que los tiempos de guerra contra los de abajo, en Argentina, se reducen al gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, adquieren contundencia progresiva a partir de los setenta con el PJ en el gobierno atacando mediante el Rodrigazo y la Triple A pero sin éxito para la gobernabilidad de la injusticia social que es el aumento incesante de la acumulación gran burguesa de riquezas y poder. De ahí la dictadura genocida mediante la cual la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales consiguieron establecer las bases y motores del neoliberalismo que optimizó el PJ liderado por Menem-Cavallo donde Kirchner y Oscar Parrilli jugaron papel fundamental en la privatización de YPF.

En la democracia iniciada por el gobierno de Alfonsín no hay refundación del Estado y al contrario desde 1984 hasta hoy se fue legalizando, legitimando y profundizando las garantías estatales de opresión-represión de esa alianza adueñada cada vez más del país. De esta historia y del balotaje cerrando todo el año 2015 (inmerso en elecciones pese a la crisis nacional e internacional) se desprende porqué el triunfo de componentes del poder real. Desde la dictadura mirando por EE.UU., la globalización y el capitalismo dependiente, la democracia representativa se fue afirmando como restringida. Todos los poderes públicos, los partidos políticos de estado (el Justicialista y la Unión Cívica Radical) y las elecciones están para la seguridad del clima de súper negocios gran capitalista.  Basta recordar cómo Gils Carbo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pusieron del lado de Chevron (la actual Standard Oil) en contra del reclamo de Ecuador por envenenar a pueblos originarios y sus hábitat en la Amazonía. Discutamos cómo más de una deKada termina instalando a Daniel Scioli como su candidato. Reflexionemos sobre la seguridad más visible y su agravación continua contra los desposeídos de todo por el capitalismo:

Derechos Humanos
“Es una suerte de prisión a cielo abierto”
30 de junio de 2014
 
A fin de la semana pasada, Scioli anunció que va a crear las policías comunales por decreto, mientras el proyecto estaba en tratamiento legislativo con aprobación en Diputados. Se refugió en la declaración de emergencia de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. La propuesta es que los distritos con más de 70.000 habitantes cuenten con una policía municipal con cierta autonomía y con fondos provinciales. Hablamos con Christian Castillo, Dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas y Diputado Provincial de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. 
 
Por La Revancha.
 
LR: ¿En qué consiste esta nueva policía que se suma a la Provincia de Buenos Aires, en la propuesta que se trató en diputados?
Christian Castillo: El lunes, Scioli tendría una reunión con todos los intendentes donde mostraría el decreto en el cual se establecerían los lineamientos finales de la policía. Aparentemente tendría cambios que fueron aprobados en Diputados. Nosotros estamos en contra. El bloque del FAP y del radicalismo también. La diferencia fundamental es que sería un órgano de la bonaerense, no una policía alternativa. Después está el problema de si van a portar armas cuando estén fuera de servicio o no. Lo que se había votado en diputados establecía que no. Aparentemente eso lo cambiarían y el hecho de si te pueden detener o no por averiguación de antecedentes, cosa que está prohibida en el texto y ahora volverían a tener esa facultad. Van a ser verdaderos grupos de choque con los que van a contar los barones del conurbano, que van a tener a estos cuerpos a cargo. Nada bueno augura para los habitantes de la Provincia.
Sobre la existencia de nuevos efectivos bajo el rótulo de policía comunal, Castillo no ve la propuesta con buenos ojos:
C.C: Fue el nombre que se había votado en Diputados, como policía de aproximación. Pero como lo vemos con la metropolitana, es el ejercicio de las funciones represivas de todas las policías en el marco de una provincia que está económicamente quebrada en el sector público. Sin embargo, se van a destinar 4.500 millones anuales para financiar estos 15.000 nuevos policías que se van a distribuir en los 40 distritos con más de 70.000 habitantes en la Provincia. Por un lado, hay docentes que están meses sin cobrar, salarios muy bajos estatales, faltan insumos en los hospitales, edificios hospitalarios y educativos que se caen, faltan políticas de vivienda popular. Por el contrario hay un gasto con un adicional en una policía nueva, que lejos de resolver el problema de la llamada inseguridad lo mantiene. Porque acá no se avanza sobre el poder de la bonaerense, que es la que junto con sectores del poder político, económico y judicial administra el llamado gran delito: el manejo de las redes de trata, narcotráfico y desarmaderos, como puede verse claramente que se desprende del informe del caso Candela.

LR: ¿Se sumaría una fuerza policial más a las que están actuando en la Provincia?
C.C: Es una condición de militarización de la Provincia. Es una suerte de prisión a cielo abierto, sobre todo lo que hace a las barriadas populares, donde actúa gendarmería, prefectura, la federal, la bonaerense, las comunales y ahora las nuevas policías. Es una condición de que se está militarizando todo, estigmatizando a los sectores en situación de pobreza, aumentando las penas, persiguiendo sobre todo a los jóvenes de visión popular y no atacando a los que manejan al gran delito. Para graficar: esta mirada pone el foco en Luciano Arruga y no en quienes hicieron desaparecer a Luciano Arruga.

LR: La problemática en seguridad es una que a la Izquierda le cuesta generalmente abordar, que suele ser patrimonio de la derecha, al menos en términos de propuesta. Como Diputado Provincial, ¿cómo está trabajando en esto?
CC: Hay una discusión sobre el uso del término que no se usa para el trabajo precario, para la falta de acceso vivienda, sino que se utiliza en función del delito urbano y en particular contra la propiedad. Hay una clara direccionalidad sobre qué es lo que hay que defender. Se focaliza en ese tipo de delitos y no en el delito que se puede llamar de guantes blancos, que es en general el que afecta a más personas. Las llamadas políticas de seguridad tienen como fin a un sector de la población al cual se lo priva de todo y por otro lado, son un fuerte control social. Basta ver cuál es la población de las cárceles para entender eso. No podemos escindir el problema del carácter de la organización social en la cual vivimos. Esto implica una mirada que sale del golpe de efecto de lo que se llama la demagogia punitiva: que con más cárceles y con más policías acá todo se resuelve.
Nuestra mirada es opuesta a esto. Pone el eje en dos aspectos. Primero en cuestionar las condiciones de desigualdad en la que se basa el orden social y que los mismos políticos que proponen más policías y más cárceles son incapaces de superar. No le dan trabajo ni acceso al estudio a un millón de jóvenes en el país. Y del otro lado, ellos mismos son los que dicen de perseguirlos y estigmatizarlos. El otro aspecto es que los que administran hay delitos con los que no se quieren meter. Porque acá las cúpulas policiales son las que manejan esto. Basta mirarlo no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino con los policías de Córdoba y Santa Fe, con sus policías procesadas por organizar el narcotráfico o en Tucumán, por la complicidad con las redes de trata. No se quieren meter con la policía porque son los cuerpos de orden que preservan el mismo sistema capitalista. Nuestro abordaje cuestiona este orden social al servicio del cual están estas fuerzas represivas.
 
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8002

Formulemos una hipótesis: el gobierno de CEOs no quiere compartir negocios con la casta política que durante más de una deKada se perfeccionó en concretarlos, expandirlos y en ser impune. Pero, además, Cristina Fernández y su núcleo duro han cultivado el cinismo en forma mayúscula. Por eso, la dirigencia del PRO se percibe capaz de conservar el consenso imprescindible. Se basa en la situación en que nos dejó el kirchnerismo:
Corrupción y capitalismo (2)
8 de mayo de 2013
Por Rolando Astarita

 

Continuación de la parte (1)
Estado, capital en general y capitalistas
La posibilidad de que la corrupción se transforme en una palanca de acumulación reconoce un anclaje, en última instancia, en la contradicción que existe entre las funciones del Estado, en tanto representante de los intereses del capital “en general”, por un lado, y los intereses de los capitales particulares, por el otro. Es a través de esta articulación específica que se despliegan las tensiones y conflictos en torno a la problemática de la corrupción. (…)
 
Hoy podríamos hablar de lumpen burguesía estatal para significar esa capa de altos funcionarios del Estado, que no sólo recibe plusvalía bajo la forma de salario, sino también se apropia de otra tajada en tanto intermedia y habilita el enriquecimiento, o la formación, de nuevos capitalistas, sin transformarse por eso en explotadora directa del trabajo. Por lo general, estos sectores acumulan en los mercados financieros internacionales (bonos, acciones, depósitos en cuentas externas), o en propiedad residencial (en Miami, por caso). Tienen una lógica especulativa, que ni siquiera es la del prestamista que gana en el circuito “dinero – más dinero”; aquí es “dinero que surge de la nada” y se reproduce de la nada, para blanquearse y fundirse luego con el capital financiero internacional. Se trata de una lumpen burguesía estatal y financiera, que no pasa al estatus de capitalista productivo; es una especie particular de parásito, un tipo humano desfachatado y dilapidador sin límites, habituado a realizar todo tipo de fraudes y engaños, en combinación con fracciones del capital privado, interno o externo. Es curioso cómo un amplio abanico de la izquierda K (peronismo de izquierda, militantes y ex militantes del PC, intelectuales estilo 6,7,8 y similares) disimulan, o incluso justifican, con las más diversas excusas, la existencia de este fenómeno.

Corrupción, clase obrera y movimientos sociales
Si bien los marxistas rechazamos la idea de que la corrupción es la principal causa del atraso económico, o de los sufrimientos de la clase trabajadora, en el socialismo siempre existió una aguda conciencia de sus efectos negativos sobre la clase obrera y los movimientos revolucionarios, o incluso democrático reformistas. La preocupación ya estaba en Marx y Engels. Por ejemplo Marx, en carta a Liebknecht del 11 de febrero de 1878, decía que la clase obrera inglesa había sido “la más corrompida desde 1848 y había terminado por ser el furgón del gran partido Liberal, es decir, lacayos de los capitalistas. Su dirección había pasado completamente a manos de los corrompidos dirigentes sindicales y agentes profesionales”. Marx y Engels también estaban convencidos de que la clase obrera británica se beneficiaba de la explotación que realizaba Gran Bretaña en el resto del mundo, lo que daba lugar a un “proletariado burgués” (carta de Engels a Marx del 7 de octubre de 1858). Y Marx se refirió incluso al rol negativo de las cooperativas obreras sostenidas por el gobierno prusiano; en carta a Engels, del 18 de febrero de 1865, decía que “el apoyo del gobierno real prusiano a las sociedades cooperativas… carece de valor alguno como medida económica, pero en cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe a un sector de los obreros, y castra el movimiento”.
La idea de que la corrupción es un factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización y desorganización de la clase obrera, también está presente, incluso de manera más aguda, en Lenin y en Trotsky. Este último, por ejemplo, llegó a decir que la burocracia sindical “es la columna vertebral del imperialismo británico”, y “el principal instrumento de la opresión del Estado burgués”; pensaba que en los países atrasados el capitalismo creaba “un estrato de aristócratas y burócratas obreros”, y que los sindicatos se transformaban (era el caso de México) “en instituciones semiestatales” que asumían “un carácter semitotalitario” (véase Trotsky, 1977). En un texto de los años 1920 sostenía que la burguesía norteamericana, como antes había hecho la británica, “engorda a la aristocracia obrera para mantener maniatado al proletariado” (1975, p. 67).
Todo esto es aplicable a la actualidad argentina (y sospecho, a la actualidad de la mayoría de los países capitalistas). Históricamente, la clase dominante -a través del capital privado, o del Estado- ha buscado dividir, desmoralizar, desorganizar a los movimientos sociales o críticos. Es conocida la historia de los sindicatos. Hoy la burocracia sindical es socia del capital y del Estado, a través de múltiples conexiones, como el manejo de obras sociales, la administración del ingreso de trabajadores a las empresas, la participación directa en negocios capitalistas, con colaboración, o no, de instancias estatales, y otras vías. La burocratización trae aparejadas, inevitablemente, las prácticas burguesas y represivas al interior de las organizaciones obreras.
Pero el mal se extiende también a los movimientos de desocupados, a organismos defensores de derechos humanos, y de cualquier tipo. Por ejemplo, actualmente las cooperativas de desocupados opositoras del gobierno K son discriminadas en la asignación de recursos, en tanto las adictas son recompensadas de múltiples formas. De esta manera, se consolida un sistema de tutelaje y corrupción de dirigentes sociales, a cargo del Estado. Los casos son muy conocidos, y no hace falta abundar en ello. Señalemos también el rol de la corrupción para convertir a intelectuales críticos en apologistas del sistema, o defensores de alguna fracción de la clase dominante. En esta vena, es frecuente encontrar esos sujetos en los cuales, y al decir de Marx, “el charlatanismo en la ciencia y el acomodo en la política son inseparables”. Como es costumbre, estos intelectuales “progres” dirán -sesudamente, faltaba más- que no hay que denunciar esta corrupción porque “le hace el juego a la derecha” o porque “desprestigia a los sindicatos, a los movimientos sociales, o a la política”. Según esta tesis, no habría que denunciar la corrupción y la represión de la burocracia sindical, aunque son principales factores del debilitamiento de los sindicatos, para no debilitar a los sindicatos. Y lo mismo se aplicaría al resto de las organizaciones; y a ellos mismos. Es, por supuesto, un razonamiento absurdo (aunque acomodaticio). Los marxistas son conscientes de que la emancipación de la clase obrera no se logrará ocultando los problemas y las contradicciones. La crítica debe ir hasta la médula, y el principio de toda crítica es el rigor. Leer
Interpelémonos si no es hora de revisión crítica de la democracia y de los dos partidos de estado desde 1984 hasta hoy. Descubriremos que son responsables fundamentales de la degradación electoral implícita en el balotaje y del gobierno de Mauricio Macri. Establecieron la continuidad de la dictadura genocida como proceso constante de legitimar la conciliación con el poder económico e imperialista que no dudó de valerse del terrorismo de estado para llevar a cabo su planificación de la miseria o  su acumulación por desposesión total a una creciente mayoría y sobreexplotación laboral. Aún más legalizaron esta violación de derechos sin límites como evidencia el envenenamiento de las poblaciones y el dejarlas sin agua potable o las sequías e inundaciones.
El bipartidismo y sobre todo el Partido Justicialista posibilitaron dos períodos claves para la transferencia de riquezas e ingresos desde los de abajo hacia la gran burguesía imperialista y local: el menemismo y el kirchnerismo. El último pretende gobernar después de Macri y si escuchamos a su líder propone la iconstruir una nueva mayoría. Dice: "hay que plantear un modelo alternativo y allí no excluyo a nadie, incluyo a todos”. Aclara: "Quiero ayudar a la construcción de un país donde donde no se pierda lo logrado. Darle al país una oportunidad de que no se pierda lo que hicimos en doce años y medio".Al final de la entrevista da rienda suelta a su vanidad y elitismo. Se refiere a concurrir al Encuentro Latinoamericano Progresista en Ecuador: "reunirme con dirigentes y personalidades” para construir una propuesta política alternativa. “Sí, tengo una responsabilidad histórica, no como dirigente, sí como militante política. Plantear hoy que se puede cambiar cosas solo siendo senador o diputado es no entender cómo funcionan las cosas”. Leer

Quizás logre su objetivo y Argentina seguirá siendo ocupada y devastada por la grandes capitales locales e imperialistas. Los gobiernos K consiguieron expansión del extractivismo con las graves consecuencias que se visibilizan para muchos hoy pero atribuidas a la naturaleza. En efecto:
 
Especialistas responsabilizan al desmonte por las inundaciones
La costumbre de culpar al clima
 24  de enero de 2017
 Por Darío Aranda (Página/12)
El monte nativo absorbe diez veces más agua que un campo desmontado para soja. Las ONG cuestionan que el Gobierno tome como interlocutores a los representantes del desmonte y responsabilice al clima por las inundaciones.

Es un ciclo de lluvia, inundación, el agro que culpa al clima, millonarias pérdidas económicas, el gobierno ofrece subsidios y promete obras. Y el círculo reinicia en el próximo temporal. Sucede de forma periódica y, estas semanas, tocó a regiones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “No es el clima, es el modelo agropecuario”, resumió la ONG Naturaleza de Derechos, dedicada al derecho ambiental. En el mismo sentido apuntaron organizaciones socioambientales que recordaron que, agronegocios mediante, Argentina es líder mundial en desmonte. Estudios muestran la influencia del cambio del uso del suelo.
El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Lo precisó una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), difundida por este diario en abril pasado, cuando zonas de Córdoba y Buenos Aires sufrieron inundación. Nicolás Bertram, del INTA Marcos Juárez (Córdoba), uno de los autores del trabajo, remarcó que “los excesos hídricos no se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente”.
“Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?”, es el título del trabajo académico (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables. Bertram lo explicó: “La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro de la superficie. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”.
En 2015, frente a una inundación en Córdoba, el entonces gobernador José Manuel de la Soja culpó a la naturaleza: “Fue un tsunami que vino del cielo”. Ante los actuales anegamientos, la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid, empresarios del agronegocio y del modelo transgénico) dijeron: “Catástrofe climática. Las inundaciones en el centro del país, producto del temporal, dejaron al agro en alerta roja”.
Horacio Brignone, de la campaña Paren de Fumigar (con agrotóxicos) de Santa Fe denunció que las autoridades sólo tomen como interlocutor al sector del agro: “Ante las inundaciones, subsidian al sector responsable de las mismas. Parece que al agua la van a parar con subsidios, exportaciones y ‘producción’. Hacen siempre lo mismo y esperan resultados diferentes”. Y compartió el comunicado del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), parte de la Campaña Paren de Fumigar: “El modelo agrobiotecnológico agrava las inundaciones. La aplicación del paquete de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa significó la subida de las capas freáticas. El monocultivo de soja y sus agroquímicos producen una impermeabilización del suelo. De esa forma, el agua no penetra, no absorbe y simplemente corre e inunda”.
El comunicado está fechado en agosto de 2015, pero volvió a circular esta semana. Carlos Manessi, de Cepronat, explica: “Tiene total vigencia y por eso lo compartimos”. Cuestionó que el sector empresario y político solo mencione el cambio climático o el fenómeno conocido como “El Niño”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En el país se arrasaron 7,6 millones de hectáreas, un promedio de 300.000 hectáreas al año. Hernán Giardini, de Greenpeace, afirmó: “Todos los años somos testigos de grandes inundaciones. No es casualidad ni un fenómeno natural. Es consecuencia de la ausencia de una política ambiental nacional que proteja a nuestros bosques y humedales de los incendios, de los desmontes por el avance de la soja, la ganadería intensiva y los desarrollos inmobiliarios”.
La localidad de Chabás, al sur de Santa Fe, es una de las localidades más afectadas por la inundación. Los vecinos cortaron la ruta nacional 33 y pidieron obras de infraestructura, canales y bombas para desagotar. Miguel Fabrro, junto a otros grupo de vecinos, no descartó la importancia de las obras pero marcó otras causas: “Es el modelo extractivista. Chabás tiene trece cuadras por trece, en medio de un mar de soja. El agua empezó a venir del campo sin que esté lloviendo en el pueblo. En 2 horas teníamos el 70 por ciento de las calles con agua”.
Córdoba es una de las provincias más inundadas. Laboulaye, Las Varillas, Villa Huidobro, Adelia María, Chazón, San Francisco, Oncativo y Morteros, están en las localidades más afectadas. Darío Avila, abogado especializado en derecho ambiental y parte de la APDH Córdoba, llamó la atención: “Qué casualidad. Todas zonas del agronegocio, corazón sojero”. El gobierno de Córdoba impulsa una ley para desmontar nuevas regiones y avanzar con el agronegocio.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222035

Si los de izquierda  continuamos centrados en las elecciones y nos movilizamos sólo contra Macri, estamos desoyendo a las minorías que resisten al capitalismo, fundamentan porqué y plantean alternativas de desarrollos locales e integraciones regionales. Pero lo principal es que estamos coincidiendo con quienes compiten electoralmente por la gobernabilidad del sistema de saqueo, contaminación y criminalización tanto de los desposeídos como de quienes se organizan para no ser avasallados. Cuando son tiempos de recuperación del 19y20 que cuestionó el artículo constitucional: "el pueblo no delibera sino a través de sus representantes".  Son gravísimos los problemas vitales y requerimos multiplicar los espacios comunes de deliberación y toma de decisiones compartidas a lo largo y ancho del país-continente contra el extractivismo. En ese rumbo anda:
Sí se puede: los de abajo como sujetos
26 de noviembre de 2016
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
Cuando los de más  abajo, los jóvenes (varones y mujeres) pobres de las periferias, los ninguneados de siempre, toman las riendas de sus vidas y además lo hacen en colectivo, es porque algo muy profundo está cambiando. Un mundo nuevo comienza a despuntar cuando el intelectual, el dirigente, el estratega (en masculino), se disuelve por la potencia de lo colectivo que anuncia un vendaval político, social y cultural de largo aliento.
El viernes 19 de noviembre una multitud de más de 20 mil personas caminó la décima Marcha de la Gorra, en Córdoba (Argentina). Había que ver y sobre todo sentir a esos chicos danzando, cantando, gritando en la cabecera de la marcha, esos que día a día son golpeados, asesinados y desaparecidos por la policía provincial, una de las más letales del país. Una marcha que comenzó en 2007 exigiendo la derogación del Código de Faltas, hoy travestido en Código de Convivencia, que equipara las faltas con los delitos penales, una trampa jurídica del poder provincial para perseguir jóvenes peligrosos. O sea, pobres que viven en las periferias.
En Córdoba existe un Estado policial funcional a un capitalismo militarizado, que tiene en el extractivismo soyero y en la especulación inmobiliaria urbana sus núcleos de acumulación de capital. Los que no consumen sobran; no existen ni para el poder ni para los medios, son los culpables de lainseguridad y, como señala Giorgio Agamben, pueden ser asesinados sin que eso se considere delito. El Código de Faltas aprobado en 1994 es la pieza legal de este engranaje.
El año pasado fueron detenidas 73 mil personas, en su mayoría por portación de rostro, o sea, por su aspecto, por ser jóvenes de piel más oscura, llevar gorras y ropas sospechosas para los uniformados. Unos 200 chicos son detenidos cada día. Desde 2011, más de 150 fueron asesinados y varios miles golpeados y heridos. La figura legal que utiliza la policía es el merodeo, que puede ser confundido con pasear, caminar o circular. El 80 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años fueron detenidos alguna vez.
Lo peor es que el código otorga a la policía la potestad para detener, instruir y juzgar en cualquier punto de la tramitación del hecho. Impunidad es la palabra más adecuada. No les permiten salir de las periferias. La policía los detiene sistemáticamente en los puentes y en las salidas de los barrios y los persigue cada vez que retornan a sus casas.
La definición de Estado policial la sintetiza Huayna, militante de la Federación de Organizaciones de Base, en Barranca de Yaco, un barrio periférico de casas precarias levantadas sobre un basural. Llamamos a la ambulancia y viene la policía. Llamamos a los bomberos y viene la policía. Es el único servicio que tiene el Estado para nosotros.
Esos chicos que encabezan la marcha con los retratos de sus amigos asesinados, como Güere Pellico, de 18 años, fusilado por la espalda cuando volvía a su casa en moto, han recorrido un largo camino. Ahora son capaces de redactar un texto memorable, como la Carta abierta al Estado policial, la proclama que se leyó al finalizar la caminata.
No pretendo echar luz sobre la acción pública que, finalmente, es similar a las que protagonizan los abajos a lo largo y ancho del mundo. El punto central fue cómo los jóvenes pobres se convirtieron en sujetos.
Desde el ciclo de protestas 1997-2002, cuyo pico fue el levantamiento del 19 y 20 de diciembre de 2001, decenas de estudiantes universitarias y licenciadas (mayoría mujeres) trabajan en barrios pobres creando talleres de teatro, murga, revistas y radios comunitarias con base en la educación popular. Hacia 2007, relata la sicóloga comunitaria Lucrecia Cuello, los jóvenes de los barrios comenzaron a reunirse en grandes asambleas hasta de 300 integrantes. Ahí se produjo un hecho formidable.
Nos dijeron que las decisiones las querían tomar ellos, que querían salir a la calle y no sólo hacer talleres. Nos dijeron que los técnicos nos apartáramos a un lado y que luego nos volverían a llamar, explica Cuello. Se apartaron y esperaron. Pero, sobre todo, comprendieron que su lógica académica de trabajo reproducía el tutelaje colonial sobre los pobres, que siguen siendo subalternos en relación a las ONG y los partidos de izquierda. De esos encuentros nació el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos que convoca las Marchas de la Gorra.
Con el tiempo y la permanencia en los territorios, un puñado de licenciadas acompañaron a los jóvenes que desbordaron la educación popular gracias al encuentro que tuvieron entre ellos, que fue determinante para romper con el técnico y con el militante que va al territorio. Se trata de una explicación similar a la que ofrecen Huayna y otros militantes de la decena larga de organizaciones sociales que trabajan en las periferias.Nosotros por nosotros, sería la síntesis, aunque cada vez más se debería usar el femenino, ya que ellas empezaron a tallar fuerte en los años recientes.
Hasta ahí, en apretada síntesis, el relato de ese ponerse de pie que hizo posible la Marcha de Gorra, desde la doble mirada de las periferias y de los técnicos. Se agolpan las preguntas. ¿Estamos en condiciones de pensar, y de sentir, que los más pobres pueden ser sujetos? Los que nos decimos militantes, ¿aceptamos colocarnos a un lado para simplemente acompañar a los sujetos de abajo? ¿Sentimos realmente que pueden cambiar el mundo sin vanguardia política o intelectual?
Llegados a este punto, ¿cuál es el papel de los militantes, o como le llamemos a esa actitud de vida? Lo primero, comprender con la piel, hacer nuestros los dolores colectivos. Lo segundo, acompañar un proceso sin dirigirlo. Lo tercero, regocijarnos por ser aceptados como uno/una más. Lo cuarto, decir lo que pensamos cuando nos lo pidan y guardar silencio el resto del tiempo. Políticas de la ética y la humildad. De lo contrario, nuestra revolución se limitará a reproducir el colonialismo y el racismo.


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