Nos exige, a los de abajo, tener otra percepción y lógica que las inducidas por el sistema. En lo esencial se trata de romper con nuestro entrampamiento a la democracia en vigencia por falsas creencias:

-que somos los responsables de tener malos gobiernos,

-que debemos ser país pagador serial de la deuda externa pública y

-que el progresismo es antagónico al neoliberalismo.

Hagámoslo multiplicando espacios en común que desenmascaren ante todo a más de una deKada para situarnos en el capitalismo local y el mundializado evitando de nuevo ilusiones mayoritarias en el porvenir del sistema.

Antonio Lloveras señala respecto a la deuda externa pública, prioridad del Presupuesto de cada año, que es "un fraude interminable concertado por funcionarios corruptos y financistas tramposos en perjuicio del patrimonio nacional. Y que sólo la complicidad de los funcionarios, asesores y políticos involucrados en las negociaciones e instrumentación de los actos irregulares y fraudulentos que la originan y sus ulteriores refinanciaciones, puede explicar su prolongada y gravitante presencia como un tumor maligno e incurable que compromete la viabilidad económica y financiera de la Nación".

Nos interpela con el siguiente documento:

La falsa “deuda externa” y un intolerable retorno al coloniaje
1 de octubre de 2013

ALAI, América Latina en Movimiento

Por Antonio Lloveras

Frente al contradictorio comportamiento del gobierno respecto a las exigencias de los fondos buitres, rechazándolas primero, y admitiéndolas después de las resoluciones adversas de los tribunales del Estado de Nueva York; y la reiteración por sus más encumbrados funcionarios y la mayoría de los dirigentes políticos oficialistas y de la oposición de la conducta claudicante de todos los gobiernos de la democracia de renunciar a la soberanía nacional y convalidar una deuda externa fraudulenta, inválida y ya pagada, en perjuicio de los supremos intereses de la Patria y de su Pueblo, manifestamos, como ciudadanos y trabajadores argentinos indignados por tanta cobardía y falta de patriotismo:

1.- Que repudiamos la duplicidad de actitudes y de conducta de los gobernantes y legisladores de la democracia que durante doce años han aparentado ignorar las constancias del proceso penal y las conclusiones de la sentencia dictada por el juez argentino Dr. Jorge Ballesteros, el 13 de julio del año 2000, sobre las graves irregularidades de origen y violaciones legales que causan la nulidad absoluta e insanable de la deuda externa financiera contraída, a partir del año 1976, por la dictadura militar; y las denuncias penales presentadas, por adolecer de idéntica nulidad, contra cada uno de los sucesivos canjes de bonos que renovaron la misma deuda original, hasta los últimos realizados por el actual gobierno. Mientras, con inusitada diligencia, se han hecho cargo de inmediato de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros incompetentes y se disponen a cumplirlas reabriendo un canje de bonos que estaba cerrado y concluido, para intentar conformar a la mafia de usureros y especuladores (fondos buitres) y al sistema de dominación que los apaña.

2.- Que lo que demuestra y patentiza la escandalosa sumisión de los gobernantes, dirigentes y legisladores involucrados en el tema de la deuda al poder financiero transnacional, y el doloso incumplimiento de sus responsabilidades funcionales y políticas, es la deliberada omisión durante ese extenso lapso que abarca los casi treinta años transcurridos desde la recuperación de la democracia hasta el presente, de investigar la legitimidad y exigibilidad de la deuda contraída por la dictadura, promoviendo el ejercicio por el Congreso Nacional de las atribuciones exclusivas que sobre “la deuda interior y exterior de la Nación” le otorgan los incisos 4 y 7 del art. 75 de la CN; omisión que es más grave e inexcusable a partir del año 2000, en el que el juez Jorge Ballesteros dictó sentencia en el proceso instruido por denuncia de Alejandro Olmos, declarando probadas las numerosas irregularidades y violaciones legales cometidas en los actos que la generaron, remitiendo copias a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional y poniendo a su disposición las actuaciones “a los efectos que estimen conducentes”; y de las denuncias penales presentadas en los años 2001, 2010 y 2011 contra cada uno de los canjes de bonos posteriores. A lo que se añade la inconcebible renuncia a la jurisdicción soberana de la República Argentina en favor de tribunales extranjeros a quienes, en actos violatorios de la Constitución y de la ley que por ello son absoluta e insanablemente nulos, se concede “sumisiones y supremacías” por las cuales la fortuna, el honor y el futuro de los argentinos quedan a merced de sus decisiones (conf. art. 29 CN).

3.- Que la gravedad de esta actitud y comportamiento contrario a los superiores intereses de la Nación y el Pueblo argentinos, radica en el hecho de que, por su notoriedad y difusión pública, ninguno de los funcionarios, legisladores y dirigentes políticos involucrados puede ignorar que la “deuda externa” que motiva los fallos de los tribunales de Nueva York y la decisión del gobierno de reabrir el canje de bonos, es inválida, inexigible, de cuantía dudosa e incierta y jurídicamente inexistente. Porque se origina en la contraída, por medio de procedimientos irregulares y fraudulentos (477 irregularidades computa la sentencia del juez Ballesteros), luego del golpe del año 1976, por la dictadura militar y su ministro de Economía Martínez de Hoz; que luego fue titulizada por el plan y los bonos Brady y los que los sustituyeron en los sucesivos canjes y recanjes posteriores efectuados por Menem y de la Rúa, hasta los últimos gestionados en los años 2005 y 2011 por el gobierno de los Kirchner, que conforman el universo de la actual deuda externa financiera bajo jurisdicción extranjera. Y porque se trata, no de una deuda genuina, legítima y transparente, sino de una “deuda sucia” viciada en su origen y en sus ulteriores refinanciaciones por el fraude y la violación sistemática de la Constitución y de la ley, y por los artilugios jurídicos (titulización y canjes de bonos) pergeñados para incrementarla, disimular su origen espurio y otorgarle la legitimidad que le falta mediante una novación jurídicamente imposible (conf. art. 802 del C. Civil); cuya magnitud en su composición inicial es indeterminada e indeterminable; y, por añadidura, ha sido pagada con exceso por el pueblo argentino.

4.- Que esa supuesta “deuda” es jurídicamente inválida porque fue contraída por la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1976 a 1983, lo que constituye un vicio de origen que causa su nulidad absoluta e insanable por ser una “deuda odiosa”, no reconocible ni oponible al Estado argentino, en cuanto es la consecuencia de actos de un gobierno de facto realizados a espaldas del pueblo argentino y de sus instituciones representativas; según la tesis norteamericana sentada en el caso de la deuda cubana con España, reiterada en el caso reciente de la deuda de Irak, y reconocida por el derecho internacional. Y porque, además, los actos jurídicos y administrativos que la originan y aprueban sus ulteriores refinanciaciones y canjes de bonos, están viciados por la incompetencia material del P.E. para “contraer empréstitos” y “arreglar” la deuda, que son facultades constitucionales que corresponden de un modo exclusivo e indelegable al Congreso Nacional (arts. 75 inc. 4 y 7, y 76 de la CN), por lo cual tales actos son jurídicamente “nulos, de nulidad insanable” (conf. arts. 7 inc. a) y 14 inc. b), de la ley 19,549 ref. por ley 21.686). Invalidez que comprende todos los actos de endeudamiento, desde su origen en el año 1976 hasta el último canje consumado en el año 2011; ya que todos los actos legislativos que han delegado en el P.E. el ejercicio de las atribuciones privativas que los incisos 4 y 7 del art. 75 de la CN otorgan al Congreso Nacional, como también los actos y cláusulas que, sometiéndose a la imposición de los bancos y organismos extranjeros, establecen, sin fundamento legal, la renuncia a la inmunidad y jurisdicción soberana del Estado argentino, conllevan la concesión de “facultades extraordinarias” y “sumisiones y supremacías” por las cuales “la vida, el honor, la fortuna” y el futuro de los argentinos queda a merced de tribunales extranjeros, organismos internacionales, entidades financieras y fondos “buitres”, dando lugar a una situación totalmente equiparable a la que el art. 29 de la CN prohíbe y sanciona expresamente declarando que: “actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”. Nulidad que por ser “insanable” no puede ser convalidada por actos posteriores ni por el mero transcurso del tiempo.

5.- Que la supuesta “deuda” es, por otra parte, de cuantía dudosa e incierta, por no haber evidencias creíbles del ingreso de los fondos que, supuestamente, la componen; ya que, según los informes remitidos al juez Ballesteros por el propio Banco Central, no existen constancias fehacientes y precisas de los montos de divisas ingresados en el lapso en que la deuda se origina, ya que el banco no tenía registros de la deuda externa hasta el año 1982; mientras que si aparecen registradas como “salidas sin especificación de motivos”, en el periodo 1977 a 1982, “fugas” de divisas por un monto de U$S 35.102 millones. A lo que se añade la circunstancia determinante de que la deuda pública y privada fue administrada, durante el periodo 1991-1997, no por el Banco Central que no intervenía en su manejo, sino por un consorcio de bancos extranjeros liderados por el City Bank, con la anuencia expresa del F.M.I. y el Banco Mundial que son, por ello, cómplices de la defraudación cometida contra el país. Fue en base a las cifras suministradas por esos bancos, infladas por el anatocismo y la carga de intereses y gastos usurarios, que se hicieron los canjes de bonos posteriores, hasta los últimos efectuados por el actual gobierno.

6.- Que la supuesta “deuda” es, también, jurídicamente inexistente porque está probado que, en todo caso, ha quedado extinguida por los pagos efectuados a los acreedores por montos que exceden los supuestamente recibidos. Como lo demuestra el economista y actual senador oficialista Alfredo Eric Calcagno en su estudio sobre “La trampa de la deuda externa”, en el que explica que, sin en lugar de aplicar a la deuda las tasas incrementadas unilateralmente al 16%° y hasta el 19% por la Reserva Federal, “la tasa de interés hubiera sido la normal (que sería la de la inflación de los Estados Unidos más el 1%), y la diferencia entre esa tasa y lo que realmente se pagó se hubiera destinado a amortizar el capital, toda la deuda argentina se hubiera pagado en 1988”. De lo que se infiere el derecho del Estado argentino a considerar que la deuda quedó cancelada con esos pagos y a repudiar la aplicación unilateral de una tasa que triplica la normal prevista al negociarse la renovación y genera una deuda ficticia y fraudulenta, por el monto indebidamente incrementado de los intereses, que es inexigible por tratarse de una determinación que carece de causa jurídica que la justifique; por lo cual todos los pagos posteriores al año 1988, en el que la deuda quedó extinguida de pleno derecho, son pagos sin causa susceptibles de ser repetidos (conf. arts. 724, 784, 788 y conc. C. Civil).

Lo que está confirmado por el economista Néstor Forero que, en su libro titulado “El crimen de la deuda externa”, llega a la conclusión, sobre la base de los datos oficiales, que desde el año 1976 hasta la fecha del “default” del año 2001, el Estado argentino ha pagado la suma de U$S 218.000 millones, que se incrementan a U$S 228.000 millones si se le suman los casi U$S 10.000 millones pagados por el gobierno de Kirchner al F.M.I. para cancelar la deuda con ese organismo. Si a ese monto se añaden los pagos de la deuda efectuados en la última década (la presidente ha dicho que suman U$S 163.000 millones), se llega a la descomunal cifra de más de U$S 350.000 millones aplicados al pago de la deuda.

No existe prueba alguna fehaciente de que en ese lapso haya ingresado al Banco Central, proveniente de los bancos y entidades acreedoras por los préstamos financieros supuestamente concedidos, una suma de divisas siquiera aproximada a ese monto; lo que es otra prueba concluyente de que –más allá de su probada ilegitimidad, y sin computar la enorme suma de U$S 35.102 millones “fugada” al exterior en el periodo 1977 a 1982-, la falsa deuda financiera ha sido sobradamente pagada; por lo cual “los pagos efectuados por deudas ilegítimas, deberían cancelar toda la deuda legítima y aún el país quedaría en una posición acreedora internacional.” (Forero: ob. cit., p. 191). De lo que resulta que la que ahora se pretende hacer valer y el gobierno dice estar dispuesto a “honrar”, es una “deuda ficticia” originada en la deuda ilegítima resultante de los turbios manejos de Martínez de Hoz, y su refinanciación mediante su conversión en los bonos Brady y posteriores. Es decir, en títulos de crédito que no tienen como contrapartida un ingreso efectivo de divisas que se corresponda con la enorme suma pagada a los acreedores desde el año 1976 a 1988 y años posteriores, sino que es el producto del artilugio fraudulento de operaciones contables sobre montos originarios fijados a gusto y paladar por los bancos acreedores, “titulizados” en los bonos Brady y canjes posteriores por montos multiplicados por el anatocismo, en los que se basan las sucesivas emisiones infladas de los bonos, sin tener debidamente en cuenta los pagos efectuados y sus efectos cancelatorios.

7.- Las causas judiciales que acreditan, cabalmente, las ilegalidades señaladas son: a) las caratuladas: “N° 14.467- Olmos, Alejandro s/ Denuncia” y su agregado “N° 14.581”, y “N° 17.718- Olmos, Alejandro S/ Denuncia por defraudación a la administración pública”, tramitadas ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal a cargo en ese entonces del Dr. Jorge Ballesteros; que dictó sentencia en el primero, el 13-06-2000, dejando sentada la absoluta irregularidad y el carácter fraudulento de la deuda y la complicidad activa de los funcionarios del F.M.I. en este amañado endeudamiento; y b) las denuncias penales presentadas contra todos los canjes de deudas y emisiones de bonos concertados con posterioridad, aún no resueltas, que han dado lugar a los siguientes procesos penales: (1) la “N° 6.420/1° c/ Cavallo, Domingo Felipe y Marx, Daniel S./ Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, contra los canjes de deuda y emisión de bonos efectuados por Menem y de la Rúa, ampliada el 28-06-2011, incluyéndose el canje de deuda de 2001, por “estafa agravada” y “cohecho”, ante el mismo Juzgado; denuncias presentadas por J.G. Labaké, C. Traboulsi, Alberto Guerberof, H. Valle y J.E. Spilimbergo, con el patrocinio del Dr. J. C. Iglesias; y (2) la originada en la denunciada presentada el 12-05-2010 por Mario Cafiero. R. Monner Sanz y F. J. Llorens, ante el Juzgado Federal N° 5. Fiscalía N° 2, de la Capital Federal para que se investiguen los “visibles delitos en la ejecución del hipermegacanje”, o sea, en el canje negociado por el gobierno de Kirchner, lo que ha dado lugar al proceso penal identificado con el “N° 6197-2010- Por denuncia de M. Cafiero y otros”; y la presentada contra el canje de bonos del año 2011.

8.- Frente a esta probada e irrefutable realidad, ampliamente documentada en los procesos penales y denuncias referidas en el párrafo precedente, es forzoso concluir que no existe ninguna razón jurídica ni moral para que el Estado argentino asuma el pago de una deuda nula e inexigible, que ya ha sido pagada y cancelada; y menos de los bonos que la documentan, emitidos y recibidos de mala fe, a sabiendas de su ilegalidad y de que son meros instrumentos documentales de un fraude interminable concertado por funcionarios corruptos y financistas tramposos en perjuicio del patrimonio nacional. Y que sólo la complicidad de los funcionarios, asesores y políticos involucrados en las negociaciones e instrumentación de los actos irregulares y fraudulentos que la originan y sus ulteriores refinanciaciones, puede explicar su prolongada y gravitante presencia como un tumor maligno e incurable que compromete la viabilidad económica y financiera de la Nación. Porque sin la dolosa –y presumiblemente venal- complicidad de los funcionarios involucrados en los actos que la originaron, gestionaron y renovaron, nunca podría haberse consumado esta grotesca operación de saqueo de los recursos nacionales, hasta ahora tolerada e impune. Y porque sin la concurrencia de esa complicidad, y del temor reverencial que la corporación política ha demostrado tener al “poderoso caballero don dinero” personificado en el poder financiero transnacional que gobierna el mundo, es imposible explicar la conducta invariablemente renuente de los gobernantes de la democracia a investigarla -y proclives a convalidarla- en los doce años transcurridos desde la sentencia del juez Ballesteros, salvo las contadas excepciones de los argentinos patriotas que vienen denunciando desde siempre su ilegitimidad. Actitud que, no por casualidad, han observado igualmente respecto al Proyecto Nacional de Perón, por todos olvidado y nunca mencionado, porque está orientado a liberar a la Argentina de toda forma de dominio imperialista, de las cuales el “endeudamiento externo” es el “arma” o herramienta no militar más eficaz utilizada en esta etapa histórica para someter y saquear a los países víctimas. Como lo demuestran, en nuestro caso: el fallo de los jueces de Nueva York a favor de los “fondos buitres”; el desguace del sistema ferroviario y de la industria argentina y la entrega de las empresas públicas al capital extranjero mediante las dolosas “privatizaciones” a “precios de saldo” efectuadas por el gobierno menemista, a instancia de los “acreedores” externos; y la crisis del año 2001 determinada por la deuda; y lo confirman, en otros países del orbe capitalista, los recortes y ajustes que, en desmedro del empleo y del bienestar de la población, por causa de la deuda y de las exigencias de los acreedores, han tenido que hacer las otrora prósperas economías de Italia, España, Grecia, Irlanda y Portugal.

El silencio y aparente olvido de los gobernantes y dirigentes respecto al Proyecto Nacional de liberación de Perón y a la judicialmente cuestionada legitimidad de la deuda externa originada en el gobierno de la dictadura instaurada en el año 1976 que condiciona su viabilidad; es el signo más claro y demostrativo de esa complicidad y del propósito implícito en cada uno de esos actos claudicantes de poner sobre las espaldas del pueblo argentino y de las futuras generaciones esa carga insoportable; pues, como enseña la historia, las consecuencias de estos saqueos sistemáticos de la riqueza nacional no las pagan nunca los bancos ni los pudientes sino el pueblo trabajador y sus familias. Lo que demuestra claramente que esta falsa “deuda”, que no corresponde a inversiones ni se inserta en la economía real sino que es el producto de un sistema de dominio perverso y corruptor que ha sustituido la antigua explotación colonial por la apropiación usuraria de los recursos y la riqueza de un país, es el nudo gordiano y el lazo más fuerte de nuestra dependencia que debemos desatar o romper si queremos ser, de una vez por todas, verdaderamente libres y dueños de nuestro destino.

9. Contamos para ello con las irrefutables razones políticas, jurídicas y morales puntualizadas y la prueba concluyente de los procesos judiciales referidos. Y con la admonición inflexible del art. 29 de la CN, que reprueba y sanciona como actos de traición a la Patria, viciados de nulidad absoluta e insanable, a los que otorguen a quienes ejercen el gobierno de la Nación o de las Provincias (y con más razón si se lo hace a favor de gobiernos o entidades extranjeras) “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.” Ningún ciudadano honrado, y menos quien desempeña una función de gobierno como mandatario o representante del pueblo, puede consentir y hacerse cómplice del saqueo del patrimonio público mediante el mecanismo doloso y fraudulento por medio del cual se ha inventado esta inexistente “deuda externa”, cuyos irremediables vicios están fuera de toda discusión, y por la cual el país ha pagado ya –sin ser deudor ni estar obligado- una suma que excede toda deuda posible.

Por todo lo cual, en consecuencia con esta inmodificable situación, sólo cabe al gobierno argentino (PE y legisladores), para que el daño al interés nacional no quede consumado, y sus funcionarios responsables incursos en esa imperdonable traición, y en los delitos de incumplimiento y violación de sus deberes legales:

suspender de inmediato todo pago de bonos de esta deuda por las incontestables razones expuestas;
denunciar y repudiar todo convenio de renuncia a la jurisdicción soberana del Estado argentino y su delegación en tribunales extranjeros para entender y resolver sobre la misma;
crear un registro de tenedores de bonos y un fideicomiso con los fondos previstos para su pago, más los que puedan reclamarse a los funcionarios responsables de las violaciones legales cometidas, empresas beneficiadas, organismo y bancos extranjeros que han participado, por acción u omisión, en la comisión de los actos ilícitos que la originan, y el producido del impuesto especial que se establezca a las rentas extraordinarias minera y financiera, a fin de atender los reclamos legítimos de los poseedores de bonos de buena fe, si es que existe alguno, lo que es dudoso porque ningún tenedor puede alegar ignorancia respecto a la sentencia del juez Ballesteros y las denuncias penales efectuadas contra los canjes de bonos posteriores;
remitir al Congreso Nacional todos los antecedentes existentes en el B.C.R.A. sobre esta supuesta deuda para que, en base ellos y a las constancias de los expedientes de las causas penales tramitadas ante el juez Jorge Ballesteros, de las denuncias penales contra los canjes posteriores, y de los antecedentes y pruebas indicadas en los libros de investigación: “Todo lo que Usted quiso saber sobre la deuda externa”, de Alejandro Olmos, ed. 2006; La deuda odiosa”, de Alejandro Olmos Gahona, ed. 2005; y “El crimen de la deuda externa”, de Nestor Forero, ed. 2011; tome las decisiones pertinentes en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los incisos 4 y 7 del art. 75 de la CN;
promueva ante el juez en lo contencioso administrativo competente, las acciones de nulidad correspondientes con respecto a los actos administrativos denunciados como violatorios de la ley en las denuncias penales promovidas contra los canjes de bonos de la deuda; y
disponga que la Auditoría General de la Nación realice una auditoría integral de la deuda externa financiera contraída a partir del 24 de marzo de 1976, y sus renovaciones y canjes de bonos posteriores, con precisa y fehaciente determinación de los montos de divisas efectivamente ingresados como préstamos financieros y su imputación, montos de divisas fugados, pagos efectuados, intereses capitalizados, y comisiones liquidadas y pagadas.

10. La realidad que acabamos de exponer es “la única verdad” que existe sobre esta falsa “deuda externa” que, como una carga siniestra, tan opresora y destructiva como el genocidio, nos dejó la dictadura militar que usurpó el poder en el año 1976. Una verdad que tenemos frente a nuestros ojos, si no somos ciegos ni tuertos, y estamos dispuestos a verla tal como es, sin las anteojeras de la ideología o el interés personal o corporativo. Ante ella, el fallo de los jueces gringos que, haciendo valer una competencia usurpada a la jurisdicción soberana del Estado argentino por cláusulas contractuales irremediablemente nulas, pretende imponernos su pago, debiera motivar a nuestros gobernantes y dirigentes a una reacción distinta a la de resolver la reapertura del canje con el ingenuo propósito de congraciarse con los usureros demandantes y los jueces extranjeros que los apañan; actitud que no corresponde al gobierno de un país soberano y solo cabe en súbditos obedientes al mandato del amo imperial. Lo que hace falta es una reacción sensata, valiente y consecuente con el deber ineludible de defender la dignidad e independencia nacional, que anteponga la verdad jurídica establecida y el superior interés argentino a cualquier otra consideración; y proceda en consecuencia tomando las decisiones enunciadas en el párrafo que antecede.

Porque el dilema es ineludible: O prevalece la Constitución nacional, la inmunidad soberana del Estado argentino y las sentencias de sus jueces, o nos sometemos a las sentencias y mandatos de jueces extranjeros incompetentes e intrusos.

O prevalece la justicia y la verdad jurídica probada sobre la invalidez de origen y la extinción ya operada de la deuda, o nos resignamos a padecer las consecuencias de esta defraudación amañada en perjuicio del país con la complicidad de funcionarios venales y traidores.

O hacemos valer los pagos realizados en exceso de toda posible deuda legítima, o nos sometemos sin resistencia a la inagotable codicia y pretensiones del contubernio de especuladores y usureros que vienen medrando desde el año1976 con este endeudamiento ficticio y fraudulento, pagando de nuevo lo que está ya pagado y cancelado.

O nos liberamos de la esclavitud de esta deuda falsa e insoportable, sometiéndola a una auditoría integral que establezca cual es su verdadera condición jurídica, tomando los recaudos necesarios para atender cualquier reclamo legítimo, o nos resignamos a permanecer en la denigrante condición semicolonial en la que nos colocan las aberrantes decisiones de jueces extranjeros y la claudicación de nuestros gobernantes que lo han hecho posible. En este asunto crucial se está a favor de la Patria o a favor de los usureros y del poder que representan; o lo que es lo mismo: se defiende a la Patria o se la traiciona (art. 29 CN). Esta es la cuestión fundamental y prioritaria que deben asumir y resolver, ahora mismo, sin dilaciones ni ambigüedades, nuestros gobernantes y dirigentes políticos y sociales si están decididos a luchar por la liberación nacional y por un Proyecto de Nación que resguarde los recursos del país de esta especie de saqueo alevoso y los ponga al servicio de la unánime voluntad del Pueblo de construir para siempre una Patria justa, libre y soberana.

Tenemos el derecho a exigirles que sobreponiéndose al temor reverencial al poder del dinero y de la falsa legalidad de que se reviste, cumplan con sus deberes y asa lo resuelvan y ejecuten, en la inteligencia de que si no lo hacen incurrirán en la conducta que reprueba y sanciona el art. 29 de la CN, de la que tarde o temprano el pueblo argentino les hará rendir cuenta.

Dr. Antonio Lloveras, ex fiscal de Estado de San Juan y ex rector de la Universidad Nacional de esa provincia.

Fuente: http://alainet.org/active/67787&lang=es
Consideremos porqué la delincuencia criminal del sistema de deuda externa pública o de la alianza de capitales con estados y la correspondiente manipulación política de la opinión pública se agravaron durante más de una deKada:

"Entendiendo el gobierno y la oposición mayoritaria, que la deuda hay que pagarla, aunque sea manifiestamente ilegal, y producto de uno de los mayores fraudes de la historia económica del país, se utilizaron en todos estos años recursos del Banco Central, de la Anses, del Banco de la Nación y de otras agencias del Estado para pagar a los acreedores externos (autores y beneficiarios del fraude), convirtiendo deuda externa en deuda intra-Estado. Ese cambio de acreedor ha sido exhibido como un logro notable, cuando en realidad se trata nada más y nada menos que desconocer principios elementales del orden jurídico del país, y reconocer la exigibilidad de operaciones nulas de nulidad absoluta".

Argentina: Las reservas del Banco Central de la ficción a la realidad

enero de 2014

Por: Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

La piedra de toque de la sabiduría convencional

es la aceptabilidad. Tiene la aprobación de

aquéllos a quienes se dirige. Está articulada en

todas las instancias del mundo sofisticado. Ya en

el supremo nivel académico de las ciencias

sociales, queda proscrita cualquier novedad. El

enemigo de la sabiduría convencional no son las

ideas sino la marcha de los acontecimientos.

John Kenneth Galbraith

Desde siempre, el método más eficaz para no enfrentar las realidades molestas, ha sido negarlas, y de esa manera se supone erróneamente que se la hace desaparecer junto con las dificultades que puedan ocasionar.

También están aquellos que no las niegan, pero las distorsionan hasta hacerlas ininteligibles. En materia económica, esto puede alcanzar proporciones notables que sólo terminan por confundir y se pueden ver como los llamados expertos hacen cálculos, tiran cifras, hacen pronósticos, no sobre la base de los hechos, sino de las ideas que los interpretan, y el lenguaje a veces críptico esconde claramente una intención que en apariencia no se explicita.

Como hace añares escribía D. Raúl Scalabrini Ortiz: “Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren saber sumar y restar. Cuando Ud. no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando Ud. entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.

Las disponibilidades del Banco Central de la República Argentina, tan comentadas las últimas semanas, son una clara evidencia del manejo negador del gobierno por un lado, y de las largas disquisiciones de los expertos, que supuestamente ofrecen diversas soluciones para impedir la caída de las reservas, que se acentuara en los últimos meses. A la incompetencia del Jefe de Gabinete de Ministros que habla de una “caída estacional”, como si fuera una cuestión del verano que las reservas se esfumen, olvidando que el último año se perdieron más de 12.000 millones de dólares, se suman las probables soluciones que articulan algunos de los economistas de la oposición, que sugieren, que habría que volver al mercado internacional de capitales como la única opción. Pocos de ellos, se refieren al problema del endeudamiento externo, como uno de los factores fundamentales de la caída de las divisas, en razón de que desde el 2010, se utilizan reservas para el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, irónico nombre del fondo para pagar a los acreedores externos, cancelando así las obligaciones de la deuda pública, que vencen anualmente.

Entendiendo el gobierno y la oposición mayoritaria, que la deuda hay que pagarla, aunque sea manifiestamente ilegal, y producto de uno de los mayores fraudes de la historia económica del país, se utilizaron en todos estos años recursos del Banco Central, de la Anses, del Banco de la Nación y de otras agencias del Estado para pagar a los acreedores externos (autores y beneficiarios del fraude), convirtiendo deuda externa en deuda intra-Estado. Ese cambio de acreedor ha sido exhibido como un logro notable, cuando en realidad se trata nada más y nada menos que desconocer principios elementales del orden jurídico del país, y reconocer la exigibilidad de operaciones nulas de nulidad absoluta.

Salvo contadas excepciones, ningún economista de la oposición, ha cuestionado tales políticas de desendeudamiento, sino que por el contrario, las han festejado, al punto que los sucesivos canjes de deuda tuvieron la aprobación de la casi totalidad del miembros del Congreso Nacional. Mi buen amigo Héctor Giuliano, debe ser uno de los pocos, que semana a semana y mes a mes, además de mostrar la falencia de las cuentas públicas, describe la inconsistencia de muchos números reflejados por las fuentes oficiales.

El pago de las obligaciones externas se realiza a costa de endeudarse ante las instituciones oficiales citadas, desfinanciándolas, y distrayendo sus fondos de los objetivos específicos a que están destinadas. De acuerdo a la actual situación económica, el Estado carece de capacidad de repago de las deudas contraídas, por lo cual conforme se puede observar en los últimos presupuestos, se pagan intereses y hay una especie de refinanciación perpetua del capital.

Todo ese proceso de supuesto desendeudamiento fue minando sistemáticamente las reservas del Banco Central, mientras las compras de divisas con emisión monetaria, no compensaban las reiteradas pérdidas que mostraban mes a mes los resúmenes del Banco. Es cierto que la emisión se esteriliza a través de la emisión de letras (NOBAC y LEBAC), pero esto significa un nuevo y persistente endeudamiento en pesos, con tasas en algunos casos superiores al 18% anual. Al 7 de enero hay Nobac y Lebac emitidas en pesos, equivalentes a 16.844 millones de dólares.

Hoy existe una justificada alarma por la pérdida de reservas del Banco, pero tanto oficialistas como opositores, se siguen manejando dentro del terreno de las ficciones numéricas, y nadie trata de ver la realidad que muestran los resúmenes de la institución, que nadie puede desconocer, porque el Banco los publica semana a semana, pudiendo observarse el constante deterioro de sus activos.

En el resumen del Banco Central correspondiente al 7 de enero, se menciona como activo la suma de 109.639.629 MD, y un pasivo de 92.366.363 MD, lo que daría un patrimonio neto de 16.993.122. MD. En estos dos guarismos básicos es donde comienza la ficción, y a partir de allí sin discriminar debidamente las cifras, se llega a conclusiones erróneas, que todos repiten invariablemente, como si nadie quisiera mostrar el peligro que esos números representan para la solvencia de la institución monetaria.

En el activo que surge del resumen semanal citado, se incluyen letras intransferibles del Tesoro Nacional, a diez años de plazo, a tasa Libor menos un punto porcentual, por un valor 43.586.739. MD, y adelantos transitorios al gobierno nacional, por la suma de 26.762.442 MD. Si bien contablemente corresponde incluir esas letras intransferibles, como un activo potencial, la realidad es que se trata de simples obligaciones, que no pueden negociarse, que además carecen de rentabilidad alguna por tener tasa negativa [1], y que el gobierno podría refinanciar indefinidamente. Es decir, que como contrapartida a la moneda extranjera transferida por el Banco Central, para pagar deuda ilícita, la institución recibió nada más que papeles, que incluye como activo, lo que representa una ficción contable, ya que no es lo mismo, tener un activo en moneda extranjera, utilizable para neutralizar cualquier operación especulativa, que letras a tan largo plazo, que el Tesoro no está en condiciones de pagar, y que seguramente a su vencimiento, si no se modifica de raíz la política económica, se convertirán en promesas de pago sin valor alguno.

En lo que respecta a los adelantos transitorios dados gobierno nacional, también son objeto de refinanciación permanente, por lo cual contabilizarlo como un activo tangible es parte de una anotación contable, que no se corresponde con la realidad.

Si del activo del Banco, que hemos mencionado, se deducen las letras intransferibles y los adelantos transitorios, el ACTIVO REAL no es de 109.639.629 MD, sino de 36.660.469 MD, contra un pasivo de 92.366.363 MD lo que daría un patrimonio neto negativo de 55.705.894 MD. Si de esa suma se eliminan acreencias y duplicaciones que surgen del resumen del Banco, ello daría un patrimonio neto negativo de 53.791.786 MD [2], lo que demuestra el real estado del Banco, y no las novelerías ficcionales, sobre su actual solidez.

Pero corresponde agregar otros detalles más que tienen que ver con las supuestas reservas, que han bajado de los 30.436.577 MD existentes al 7 de enero, a 29.723.000 MD a la fecha de esta nota. En esas reservas internacionales, están incluidos depósitos en moneda extranjera por 10.815 MD y otros pasivos por 2.494.162 MD, debido a lo cual, si deducimos tales cifras, tenemos un stock de reservas netas de 16.514 MD, lo que muestra una situación altamente comprometida, que de seguir así puede configurar una situación crítica de consecuencias imprevisibles.

A pesar de la fragilidad que muestra los números del Banco Central, el gobierno nacional, ha decidido, en el presupuesto 2014 destinar 9855 MD al Fondo Bicentenario, para cancelar obligaciones de la deuda pública, con lo cual las reservas caerían a la suma de 6.659 MD, que sería casi la mitad, de la reserva técnica que debería tener el Banco para afrontar cualquier maniobra especulativa. Además, y como ya los recursos son cada vez más difíciles de obtener, se van a canjear los Bonar 2014, que vencen a fin de este mes, por una nueva emisión pagadera en el año 2019, con tasa Badlar [3], más 250 puntos básicos, lo que significaría un interés real del 24%.

Habiéndose terminado el insostenible discurso de la década ganada, porque las cifras son contundentes, y debido la extrema necesidad que tiene el gobierno de recurrir a la financiación internacional, el Ministro de Economía Axel Kicillof, viajó a Francia, con el ex Ministro Lorenzino, actualmente a cargo de la Unidad de Reestructuración de la deuda, a los efectos de Iniciar conversaciones con los integrantes del Club de París para resolver la deuda que se mantiene con los países que lo integran. Esto va a significar nuevas erogaciones, con los mínimos recursos del Banco Central, o recurriendo a las otras agencias del Estado, como ocurriera anteriormente.

Cumpliendo escrupulosamente con las pautas que señala la sabiduría convencional de la que hablaba Galbraith, a ningún funcionario se le ocurrirá cuestionar las cifras, poner en claro la realidad fraudulenta de gran parte de esa deuda [4], sino que se seguirá haciendo lo mismo de siempre: pagar y refinanciar, aunque ello signifique una continua transferencia de recursos, que los funcionarios disponen a su antojo y que son producto del trabajo de los argentinos.

Fuente: http://www.argenpress.info/2014/01/argentina-las-reservas-del-banco.html

Generalicemos la toma de conciencia de porqué estamos como estamos y de cómo el kirchnerismo e izquierdas afines nos embaucaron al extremo del triunfo de CFK con 54% de votos en octubre de 2011.

La deuda pública argentina sigue creciendo
16 de mayo de 2011

Por Fabiana Arencibia (Red Eco Alternativo)

(...)una reflexión acerca de la conveniencia de que la composición de la deuda haya cambiado de manos, pasando de ser casi toda “deuda externa” a ser ahora deuda del Estado con otros organismos del mismo Estado. Ya hemos dicho que en el caso del Banco Central, esa deuda se contrae no para dar líneas de créditos que desarrollen sectores de la economía que potencien la producción nacional, el empleo registrado y los buenos salarios, o para planes de viviendas populares. Se usa para pagar otra deuda. En el caso de la Anses es peor aún porque sus fondos no son parte de los recursos presupuestarios, como son los impuestos u otras rentas. Esos fondos son plata de los jubilados que ellos mismos deberían administrar y decidir sobre su destino.

Cuál es entonces el camino. En primer lugar ser conscientes que el discurso de desendeudamiento cubre en realidad la necesidad de seguir tomando deuda y esa necesidad permitiría suponer que entonces el presupuesto nacional aparece sin déficit cuando en realidad es la deuda que se contrae la que lo cubre.

Sacar de agenda/debate el tema de la deuda es no ver que esto forma parte del modelo al que este gobierno nos convoca a profundizar y defender. El modelo que también admite la expansión del territorio sojero con agrotóxicos incluidos, que levanta a la explotación minera contaminante exenta de todo impuesto, donde la industria automotriz viene siendo la de mayor expansión en estos años (producto suntuario destinado a las clases media-alta) y la actividad financiera una de las de mayores rentabilidades. Un modelo en el cual el impuesto al consumo (paga mas el que menos tiene) es el de mayor recaudación, donde el límite para no ser pobres es que cuatro personas de una familia tipo puedan vivir con 11 pesos por día, donde la brecha entre ricos y pobres pone a un 10 % de los más ricos apropiándose de casi el 29 por ciento del ingreso mientras el que 10 % más pobre solo recibe el 1,8. Un modelo que se sostiene en alianzas con los sectores concentrados y extranjerizados de la economía dentro de los cuales solo 500 grandes empresas reúnen un 22% de lo que el país produce e imponen los precios, un modelo que apaña la burocracia sindical y que tiene alianzas políticas con quienes asesinan a integrantes de pueblos originarios o apalean a trabajadores que reclaman por sus salarios. Fuente: www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=128504

Examinemos en forma escueta a otro proceso de reestructuración a favor exclusiva de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Sus bases se establecieron con terrorismo de estado.

24 DE MARZO, CIENCIA Y DICTADURA: ¿QUÉ PASÓ EN EL INTA?

Al menos cinco personas desaparecidas, tres asesinadas, doscientas detenidas y ochocientas cesanteadas para imponer una transferencia del conocimiento en favor de las necesidades del sector privado y las corporaciones. La historiadora del Centro José Babini de la UNSAM Cecilia Gárgano adelanta los resultados de su investigación, que saca a la luz los intereses “científicos” de la última dictadura militar. El trabajo inspiró un convenio entre el CONICET y el INTA.

La historia argentina reciente y la historia social de la ciencia eran dos temáticas que me convocaban pero eran, aparentemente, divergentes. En algún momento vi “M”, la película en la que Nicolás Prividera relata la búsqueda de datos sobre Marta Sierra, su madre y una de las cinco personas desaparecidas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura militar. En aquel momento, no sabíamos que habían al menos cinco desaparecidos, tres asesinados, doscientos detenidos y alrededor de 800 cesanteados.(…)

Desarmar ese rompecabezas permitió reconstruir cómo se armó el “mapa” de datos de trabajadores del organismo en los años previos y cómo se instrumentó durante la intervención militar, cuyas dos principales unidades afectadas no casualmente fueron Pergamino y Castelar, las de mayor movilización gremial y política.

Cómo fueron obturados los debates que desde distintas posiciones cuestionaban para quién y para qué debía trabajar el INTA. Cómo los discursos del Consejo Directivo, integrado por las principales corporaciones agropecuarias, hablaron de “sanear” la institución, y el lenguaje técnico (de saneamiento vegetal y animal) se tradujo en depuración al interior del Instituto. Cómo se transformó la inserción comunitaria, donde los extensionistas rurales recordados “como el médico clínico del pueblo” se abocaron a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes. Cómo se impulsó la cesión de materiales (como los recursos fitogenéticos) del ámbito público al privado, y cómo el perfil de las investigaciones se articuló con la fuerte concentración de capital del sector, que por entonces expulsaba a miles de pobladores del campo.

Fuente: http://noticias.unsam.edu.ar/2014/03/22/24-de-marzo-ciencia-y-dictadura-que-paso-en-el-inta

El escandaloso expediente de la soja transgénica.

Verano del ’96
28 de abril de 2009

Por Horacio Verbitsky

La soja transgénica se autorizó en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción. Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado. Amenazas al investigador de los efectos del glifosato sobre los embriones. Otro estudio sostiene que su fumigación exterminó a los predadores naturales del mosquito vector del dengue. Según D’Elía, en presencia de Buzzi intentaron sobornarlo para bajar las retenciones.

El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?

Tiempo record

El subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25 de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud pública.

“Efectos no deseados”

El apuro se intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica como alimento y autorizara su importación.

Estos pasos quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas que constan en el folio 135 del expediente, “la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio 140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado.

Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformación económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina. (…)

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123932-2009-04-26.html

La “sintonía fina” del modelo sojero

Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013

Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza del Grupo de Reflexión Rural

Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.

En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.

Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.

Como dato adicional, es importante destacar el PEA²se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.
La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.
Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado
En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].
Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.
Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.
En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.
Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio
El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.
Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidópteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.
Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.

Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].
Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.

Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.
Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].
A modo de conclusión
El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.

Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.

El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).

La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.
Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.

Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.

La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.
Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.
"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].
Referencias: (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162247

Reflexionemos sobre esta realidad silenciada e invisibilizada.

Petróleo, megaminería, soja y pasteras: ¿progreso para quién?
1 de abril de 2015

Por Emmanuel Gentile egentile@infobae.com

Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la "caja". Los grandes ganadores y la contaminación ambiental.

Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.

Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.

Darío Aranda es periodista de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.

- ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?

Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.

- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?

Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.

- ¿Como opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?

El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.

- Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder

Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.

- ¿Quién lo cambia entonces?

Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.

- ¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?

El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.

- El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.

Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí

- Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?

Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.

- En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?

Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en la Argentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso "Dios atiende de la General Paz para adentro", que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.

- Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿cómo se rebate esa postura?

He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?1 de 8

Fuente: http://www.infobae.com/2015/04/01/1719296-petroleo-megamineria-soja-y-pasteras-progreso-quien

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