De qué mundo se trata y
cómo el sometimiento
a él fue afianzado
por los gobiernos
progresistas en
confrontación con los pueblos originarios.
Indaguemos sobre:
La marcha indígena del TIPNIS en Bolivia y
su relación con los modelos extractivos de América del Sur
30 de marzo de 2012
Por Sarela Paz,
antropóloga
Iniciando la
década del 2000, en Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, se desencadenó una
movilización espontánea realizada por los habitantes de la ciudad y sus regiones
aledañas, movilización producida ante el intento del gobierno de Sánchez de
Lozada de concesionar a una
transnacional las aguas de la cordillera que abastecen al valle
interandino que cobija la mencionada ciudad . Dicho episodio
conocido como la Guerra del Agua, abrió un ciclo de movilizaciones populares en
Bolivia orientadas claramente a pensar cómo es posible desmantelar el armazón
institucional neoliberal que logró la capitalización y transnacionalización de
varios recursos naturales estratégicos en Bolivia (petróleo/gas/minería).
La década del
2000, saturada de contradicciones y luchas internas en política boliviana, logró
episodios de gran alance que permitieron discutir al ciudadano boliviano el
futuro de recursos naturales estratégicos como gas y petróleo, agua y recursos
mineralógicos. Movilizaciones y desobediencia civil marcaron el debate.
Industrialización, desarrollo productivo que atienda necesidades de la
población, salidas económicas más allá del capitalismo, nos hicieron pensar a
los bolivianos en la posibilidad de un horizonte distinto al que habíamos
ocupado secularmente en términos de la economía global. Además,
el
advenimiento de un presidente indígena en diciembre del 2005, inédito en la
historia nacional, nos invitó a considerar seriamente las posibilidades de un
cambio profundo y estructural en la sociedad boliviana.
Una década después se produjo la marcha indígena del TIPNIS, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011. Dicha marcha mostró los caminos y senderos transitados en relación a los posibles sueños y horizontes de cambio que nos habíamos propuesto los bolivianos en la primera mitad del siglo XXI. La primera contradicción/constatación que nos mostró la mencionada marcha fue los intereses disímiles entre los pueblos indígenas respecto a cómo entender el desarrollo, la segunda contradicción/constatación que develó la marcha fue que el horizonte económico de modelo extractivo primario exportador no sólo que no había cambiado sino que se había ahondado durante la década en que los bolivianos espectábamos avanzar hacia la industrialización de los hidrocarburos, para convertirnos en algo más que un país que ofrece materias primas en el mercado global. La tercera contradicción/constatación que mostró la marcha indígena es que la dimensión política de Estado Plurinacional presenta enormes contradicciones con un modelo extractivo primario exportador, modelo que requiere para sus operaciones productivas fundamentos y bases de un Estado centralista y mono nacionalista. ¿La forma política del Estado Plurinacional puede operar bajo un modelo extractivo en la economía? ¿Es posible que los intereses del modelo extractivo primario exportador puedan coincidir con los intereses de los pueblos indígenas?.
El presente
artículo se propone analizar el conflicto acaecido con la marcha indígena del
TIPNIS en el 2011, reflexionando acerca de cómo dicha movilización muestra las
paradojas que inscriben al Estado Plurinacional de Bolivia, Estado que se
plantea funcionar con principios económicos y políticos plurales que quedan
limitados por el horizonte de un modelo económico extractivista que hegemoniza
las políticas de Estado. Ciertamente, el desafío es poder explicar la relación
entre la movilización indígena del TIPNIS y la dimensión del modelo
extractivista en Bolivia, lo cual supone describir las características del
conflicto, los actores que están inmersos, la relación entre los actores, sus
intereses, y los intereses que se ponen en juego cuando
el Estado busca expandir
un modelo extractivista primario exportador. En la indagación de las mencionadas
variables es importante reparar en los proyectos de desarrollo que empujaron las
comunidades indígenas del TIPNIS, observando cómo ellos son una salida distinta
a la propuesta extractiva que domina las razones de Estado. Con dichas ideas,
trazaré algunas conclusiones explicativas de lo que está aconteciendo en
relación a las distintas visiones de desarrollo que nos proponen los pueblos
indígenas en Bolivia y el rol que está jugando el Estado en relación a esas
visiones.
Algunos
antecedentes sobre el TIPNIS.-
El TIPNIS es un
Parque Nacional y Territorio Indígena; esto es, un territorio que por razones de
la historia posee una doble condición: ser área protegida y a la vez ser
territorio indígena. Como área protegida opera desde el año 1965, mediante el
Decreto Ley # 07401 que fue promulgado por el gobierno de René Barrientos
Ortuño. Muchos se preguntaran cómo es que fue decretado un Parque Nacional en
aquellos años cuando la política pública de la época se caracterizaba por un
nacional populismo producto de la revolución agraria de 1952 y la ocupación
–colonización– de tierras amazónicas en Bolivia. En realidad, los entretelones
de la historia nos muestran a dos personas ligadas a los pueblos indígenas que
habitaban en el TIPNIS, un explorador habitante del antiguo Pueblo de Todo
Santos (río Chapare) Hans Hoffman y un misionero jesuita llamado padre Erik,
ambos mantenían vínculos culturales y religiosos con las comunidades indígenas
de la zona y coincidieron en la necesidad de que el Estado delimite un lugar de
refugio para las comunidades indígenas amazónicas, puesto que la colonización
proyectada en los años 50 y 60 en la zona del Chapare, implicaba la ocupación de
territorio de los pueblos indígenas amazónicos.
¿Por qué el
Estado boliviano ocupaba tierras de los pueblos amazónicos?. En la lectura
constitucional profundamente nacionalista de la época, las tierras de las tribus
selvícolas en realidad formaban parte de lo que se consideraba tierra fiscal; es
decir, tierra de dominio y propiedad del Estado. Así, éste podía decidir acerca
de su destino. Uno de los grandes proyectos estatales implementados después de
la revolución de 1952 fue justamente la marcha hacia el oriente boliviano
(Soruco 2008), la ocupación de tierras en los llanos amazónicos y chaqueños de
Bolivia que buscaba consolidar una agroindustria exportadora en la región de
Santa Cruz (caña, algodón, girasol, soya) y, a su vez, implementar planes y
programas de colonización a la región de los yungas por parte de sectores
campesinos andinos ya que éstos iban a verse expuestos rápidamente a un proceso
de parcelación y empobrecimiento de su economía campesina (Laserna 1987). El
contingente de campesinos colonizadores a los yungas bolivianos estuvo
conformado por quechuas y aymaras que buscaron expandir sus iniciativas agrarias
en tierras bajas y el Chapare se convirtió en uno de los lugares de destino.
Proyectos camineros como el 1 y 4 programados en la primera mitad de la década
del 60 que comunicaban Villa Tunari con Puerto Villarroel y apoyados por USAID,
nos muestran ya un programa de penetración caminera al TIPNIS (Ver mapa
Ministerio de Economía Nacional 1966)[2].
Esta es una razón fundamental para que las personas arriba mencionadas hayan
gestionado la creación del Parque Nacional como un territorio destinado al
refugio de las tribus selvícolas.
El TIPNIS como territorio indígena ha sido creado en 1990 mediante Decreto Supremo # 22619 en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora. La aceptación de dicho territorio tiene que ver con la primera marcha indígena de tierras bajas en agosto septiembre de 1990. Las comunidades indígenas del TIPNIS, junto con comunidades indígenas de Bosque de Chimanes y comunidades indígenas del pueblo siriono, desarrollaron su demanda de reconocimiento al territorio indígena mediante el mecanismo de la marcha. Fruto de la movilización de los años 90 y la aceptación de la figura jurídica de territorio indígena, el Estado boliviano acepta suscribir el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, desarrollando una reforma constitucional donde se introduce la figura de territorio indígena bajo el nombre de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura de propiedad colectiva sobre la tierra que es reconocida a favor de los pueblos indígenas en la Ley INRA promulgada en 1996. A partir de entonces el TIPNIS es un territorio indígena legalmente constituido (reconocido por el Estado) en beneficio de tres pueblos indígenas amazónicos: los yuracares y chimanes que son pueblos que habitan la selva alta y desarrollan una economía étnica amazónica basada en una relación compleja entre caza, pesca, recolección y agricultura y el pueblo mojeño trinitario que tiene como centro territorial las regiones de bosques y sabanas inundables y que también forma parte de la economía étnica amazónica.El epicentro del conflicto del TIPNIS y la marcha indígena del 2011 surge por un hecho relativo a los derechos territoriales que los pueblos yuracarés, chimanes y moxeño trinitarios tienen; esto es, el derecho propietario de su territorio que les faculta a ser consultados cuando una medida del Estado les afecte. El gobierno boliviano de Evo Morales decidió hacer una carretera que atraviese el territorio indígena del TIPNIS y que comunique dos centros urbanos intermedios como son Villa Tunari y San Ignacio de Moxos[3]. El proyecto carretero fue aprobado por el gobierno de Evo Morales en el año 2007 sin una negociación o Consulta Previa con los pueblos del territorio en cuestión. A partir de ello se desencadeno un conjunto de hechos que deterioraron profundamente la relación del Poder Ejecutivo con la dirigencia indígena amazónica y fue en el mes de abril del 2011 que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el crédito que otorgaba BNDES[4] para la construcción de la carretera, lo que devenía en el ingreso de la maquinaria de obras a la región inicial del Parque (poblado de Isinuta). En ese contexto los dirigentes indígenas del TIPNIS convocaron a un encuentro territorial, que se constituye la máxima instancia de decisión interna, en la comunidad de San Pablo del Isiboro y sacaron un voto resolutivo que dice claramente que los pueblos indígenas del TIPNIS no se oponen a la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos sino que se oponen a que dicha carretera pase por el centro del territorio y lo parta en dos.
Considerando los
elementos expuestos, uno podría creer que se trata expresamente de un conflicto
entre el gobierno y las comunidades indígenas del TIPNIS. No obstante,
acercándonos a las lógicas productivas del territorio lo que encontramos, en
primera instancia, son dos lógicas productivas que nos muestran dos modelos de
desarrollo vinculados a actores sociales diferentes y dinámicas económicas de
distinta escala y, en segunda instancia, las iniciativas de un Estado que nos
propone la construcción de un camino como parte de una propuesta de desarrollo
interdepartamental pero sin hablarnos claramente de los vínculos que hay entre
sectores que componen las articulaciones de poder dentro del gobierno de Evo
Morales y los modelos de desarrollo que se desenvuelven en el TIPNIS, menos aún
de cómo la carretera en cuestión forma parte los planes de explotación petrolera
que tiene el gobierno boliviano y los planes de desarrollo de infraestructura
que están liderizados por el Brasil a través del plan Iniciativa de Integración
Regional Sudamericana (IIRSA).
Lógicas de
desarrollo y pueblos indígenas.-
¿Cuáles son las
dos lógicas productivas y de desarrollo que se han puesto en juego en el
conflicto del TIPNIS y que forman parte de los actores que viven dentro de él?
Retomando el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que se realizó entre
marzo y julio del 2011 por encargo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas
Protegidas-perteneciente al Vice ministerio de biodiversidad)[5],
en el TIPNIS es posible identificar dos lógicas o modelos de desarrollo que
expresan visiones indígenas distintas y se vinculan de manera diferente con las
propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno boliviano de Evo Morales.
-
Por un lado, una lógica económica que tiene sus bases materiales en la economía étnica amazónica de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxeño trinitarias y que se desenvuelve en base a un eje: el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva. Ciertamente, la economía étnica de las comunidades indígenas opera bajo una esfera de economía de subsistencia donde se amalgama otra esfera de economía comunitaria que tiene que ver con el aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque con fines de vinculación comercial.
-
Por otro lado, una lógica económica que tiene bases materiales en la economía de producción de hoja de coca que es impulsada por los colonizadores andinos, quechuas y aymaras, quienes migraron a la región como fruto del programa de ocupación a tierras bajas del Estado nacional populista pos 52 y que se desenvuelve en base al eje de: uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual. Este modelo económico prioriza en el contexto bosque un bien mayor: la tierra. Bosque convertible en tierra cultivable para la hoja de coca. Su producción tiene un destino exclusivamente comercial, la venta de hoja de coca.
Detallemos lo que significa
el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de las comunidades
indígenas amazónicas.
La economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las
comunidades indígenas yuracares, chimanes y
moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca,
recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro
actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y
chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener
una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han
desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin
manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de
sabana a su sistema productivo. La economía étnica que caracteriza a estas
comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de
los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[6].
Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de
aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión
poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se
desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería,
recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área
de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de
cacería, recolección y pesca.
La economía
étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las
familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la
seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una
economía de subsistencia.
La gran condición para su existencia es que el bosque
y sus bienes no sean parcelados ni individualizados. Las bases materiales de su
reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad
colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas
comunidades. En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales
son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a
lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en
los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo. En
cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se
desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio. De ahí el
carácter de su propiedad colectiva. Así, el modelo económico que se desenvuelve
entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de
articulación integral. La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace
ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles
son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el
bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos
acuáticos. En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las
necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas.
Amalgamando con la economía étnica de las familias indígenas, existe una esfera económica que funciona en base a modelos productivos comunitarios y que tiene como fin usar y aprovechar los recursos naturales renovables con destino comercial. Es posible afirmar que estos proyectos de desarrollo comunitario han sido madurados en un dialogo y contrapunteo con los criterios de conservación que se ponen en juego en el TIPNIS como área protegida. El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [7]Los planes de desarrollo comunitario que se desenvuelven en la zona 3º están traduciendo una visión que proyecta a las comunidades hacia relaciones mercantiles regionales y globales. En el caso forestal y de saurios los circuitos son regionales, en el caso de turismo ecológico y chocolate nativo los circuitos son nacionales y globales. Lo que interesa resaltar en esta dimensión de desarrollo comunitario e intercomunitario es que el acceso, uso y gestión de los bienes del bosque no han roto con la propiedad colectiva tan presente en la economía étnica, es decir, no han roto con el eje fundamental que caracteriza la relación de las poblaciones indígenas con el bosque. El segundo elemento que interesa resaltar en los planes de desarrollo comunitario es que la dimensión integral de los bienes del bosque forma parte de lo que se está entendiendo como aprovechamiento sostenible de recursos. Usar y aprovechar diversificadamente los bienes del bosque, potenciando sus características y acompañando el beneficio que dan a las comunidades indígenas con planes de manejo para los recursos en cuestión, forma parte de la necesidad de un desarrollo comunitario que no quiere distanciarse del valor global del bosque. En ese sentido, la re categorización del TIPNIS lleva un implícito: se requiere proteger la biodiversidad del área y las iniciativas de desarrollo no pueden ir en contraste a los objetivos planteados en el área protegida. El plan propuesto en el 2001 categóricamente menciona que no puede haber exploración y sísmica petrolera en la zona núcleo o zona 1º (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).[8]
Ciertamente, los
elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal
que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de
desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y
su conservación. No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias
indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión
colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un
control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre
el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado
con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en
riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades
indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio;
en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y
nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la zona núcleo, la
partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene asentamientos
indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de
recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo
vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.
¿Por qué la
carretera propuesta por el gobierno de Evo Morales supone un debilitamiento del
control político del territorio? Porque ella trae la colonización, trae al
productor andino quechua y aymara, trae la producción de hoja de coca, trae la
individualización y parcelación de los bienes del bosque. La experiencia que
tienen las comunidades indígenas del TIPNIS en la zona sur (polígono 7) es
justamente un debilitamiento constante y sistemático del control político
territorial que tuvieron como indígenas y que se revierte a favor del productor
de hoja de coca que migro a la zona. Mucho más ahora que, en palabras de los
indígenas, tienen un presidente. El riesgo mayor es justamente que la carretera
producirá la colonización y ocupación de la zona núcleo del TIPNIS (Pie de
Monte), arrinconará a los poblados indígenas y la estructura de economía étnica
que integra y articula los planes de desarrollo comunitario que precautelan el
bosque como un bien mayor, quedarán en una condición de extrema vulnerabilidad.
Como lo registró Sarela Paz en la investigación que desarrollo en el TIPNIS en
1989-1990 “Nosotros los yuracares y trinitarios somos hombres que vivimos en los
ríos, hacemos nuestras comunidades cerca a las orillas. En cambio los quechuas
siempre están donde hay camino: donde se acaba el camino, ahí se acaban los
collas” (Santísima Trinidad-Comunidad moxeño trinitaria. Impresiones de don
Silverio Muiba, 1991).
Pasemos a
detallar el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de los poblados
quechuas y aymaras que se encuentran asentados en la región sur del TIPNIS, en
el polígono 7, como lo designó el INRA[9].
La presencia del actor social colonizador en territorios amazónicos tiene fuente
de explicación en la política pública nacional populista pos 1952, como ya hemos
explicado anteladamente[10].
Sectores quechuas y aymaras que se desenvolvieron como campesinos en el marco de
un Estado nacional populista, migraron a la región de los yungas tropicales con
el fin de ampliar y diversificar su economía. La iniciativa de los colonizadores
andinos de ocupar tierras en los yungas tropicales consolidó su participación en
el desarrollo del mercado interno en Bolivia a través de productos como frutas,
arroz, café, chocolate y por supuesto, el producto privilegiado de los yungas:
la hoja de coca. ¿Qué es la característica específica de los colonizadores
quechuas y aymaras del TIPNIS respecto de otras zonas de yungas en Bolivia? O
respecto de las zonas del Chapare?. El factor fundamental a entender en la
dinámica de la colonización de los productores de hoja de coca del TIPNIS es que
sus procesos migratorios vienen de los años 1982-1985 y 1986-1989, procesos
migratorios que sostienen una estrecha relación con las políticas de ajuste
estructural y de desplazamiento del Estado nacionalista hacia un Estado con
contenido mucho más neoliberal. Empobrecimiento extremo de la economía campesina
en ciertas regiones de los Andes (Norte de Potosí) y relocalización de mineros,
producen migraciones masivas a la región sur del TIPNIS. Pero, a diferencia de
sus otros pares colonizadores de los yungas de La Paz, Ixiamas o Ivirgarzama en
el propio Chapare, en el TIPNIS el sujeto migrante centra su actividad agrícola
en la producción de hoja de coca. Los estudios desarrollados por Carlos Hoffman
en el polígono 7 nos muestran que el 95% del ingreso de las familias proviene de
la hoja de coca (1994). Estamos entonces ante una región mono productora de hoja
de coca y que tempranamente fue identificada como Zona Roja por sus vínculos con
el narcotráfico.
El modelo de desarrollo impulsado por los productores de hoja de coca de la zona sur del TIPNIS supone una dinámica muy fuerte de apertura de la frontera agrícola que implica deforestación, áreas de bosque tropical que son rápidamente convertibles a parcelas de producción de hoja de coca. En aproximadamente 25 años de avance de la colonización dentro del TIPNIS, el Pie de Monte que se ubica entre el alto Isiboro y el alto Ichoa ha sido ocupado y transformado en áreas agrícolas y centros poblados muy dinámicos que se caracterizan por tener los servicios básicos (agua, luz, sistema de alcantarillado), colegios con bachillerato, antenas repetidoras, terminal de buses y un mundo social conectado a dinámicas globales. Poblados como Aroma, Icoya, Minera A, Villa San Gabriel se han convertido en áreas que tienen un formato más urbano que rural.
El centro de la
transformación y de la diferencia como modelo de desarrollo debe identificarse
en la característica productiva de las familias de colonizadores andinos y las
motivaciones de su migración. José Blanes y Gonzalo Flores (1984) puntualizan en
sus investigaciones sobre el Chapare que el campesino andino, quechua o aymara,
busca en las nacientes colonias que va ocupar, un desplazamiento económico y
social. De campesino se proyecta a desplazarse hacia productor agrícola; ello
implica monetarizar, mercantilizar su economía, diversificarla de tal forma que
su producción tenga como destino el mercado regional de las ciudades bolivianas,
además de una circulación ampliada de la mano de obra campesina. En ese sentido,
el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque se desenvuelve en
forma individual y se prioriza un bien específico, la tierra. Por eso es que
cuando el INRA entro a sanear la propiedad de la tierra dentro el TIPNIS, en la
región de los productores de hoja de coca otorgó títulos individuales a
solicitud de la decisión que habían tomado las centrales sindicales de
productores de hoja de coca que se encuentran dentro del área, demarcando,
además, los límites de la línea roja que se constituyen en la frontera a no ser
rebasada por la colonización, la frontera entre la colonización y la TCO.
Las dos variables
de comportamiento económico: característica de la tenencia de los bienes del
bosque y destino de la producción agrícola, hacen que en la zona sur del TIPNIS
el modelo de desarrollo impulsado por los colonizadores-productores de hoja de
coca, sea muy diferente del modelo que compromete a las comunidades indígenas y
su formato de economía étnica. Vista en esa dimensión las diferentes dinámicas,
es claro que el proyecto de carretera para el modelo de desarrollo que impulsan
los productores de hoja de coca, se convierte en un proyecto altamente funcional
para sus despegues económicos. La carretera potenciaría las dinámicas
mercantiles que manejan las familias cocaleras, pero además la carretera supone
también articular, vertebrar todo el eje de Pie de Monte que se encuentra
seguidamente a la cordillera oriental de los Andes. Yungas tropicales de los
Andes orientales bolivianos que están siendo ocupados por los colonizadores en
sus distintas regiones[11] y
que de abrirse la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidaría
una proyección de control político sobre el territorio por parte de los
colonizadores andinos; colonizadores quechuas y aymaras que a diferencia de un
pasado donde portaban el registro de control vertical de nichos ecológicos como
estrategia andina territorial, hoy día han vinculado la estrategia de ocupar
distintos pisos ecológicos como una estrategia de manejar distintos nichos
económicos, distintos circuitos mercantiles. El resultado económico es por
supuesto sustancialmente distinto a lo que acontecía con el control vertical de
nichos ecológicos por parte de los ayllus andinos.
Podría y debería pensarse que los productores de hoja de coca han encontrado en la colonización al Chapare una respuesta, una salida a la pobreza estructural de la economía campesina en los Andes que el Estado boliviano no supo dar. Esto es muy cierto y debe sopesarse a la hora del análisis. No obstante lo mencionado, los resultados de una dinámica económica iniciada hace más de 30 años en Bolivia tiene distintos finales que también deben evaluarse. Los productores de hoja de coca del TIPNIS ya no pueden ser leídos como hace 30 años porque las transformaciones económicas de las que forman parte han cambiado su lugar de desventaja en la estructura social boliviana. Son campesinos productores que forman parte de un enclave económico global, la economía del narcotráfico. El haberse convertido en monoproductores de la hoja de coca en los años 80, los ha puesto en un circuito económico de comercialización que está más allá de las fronteras nacionales. Ya en los primeros años de la década del 90 la zona colonizada del TIPNIS fue declarada por la fuerza de lucha contra el narcotráfico como Zona Roja debido a que su monoproducto tenía un destino de comercialización ligado a las rutas del narcotráfico.
La situación de
enclave económico que responde a los ritmos de mercado global, a corredores de
comercialización de estupefacientes, no ha cambiado con los años. En el mes de
noviembre del 2011 la fuerza de lucha contra el narcotráfico ha encontrado una
megafabrica de producción de cocaína en el río Isiboro –localidad de Santa Rosa–
que establece vínculos comerciales de la zona con los carteles colombianos. La
comercialización de hoja de coca que es derivada a circuitos de consumo no
tradicional –acullico y uso medicinal–, significa una presión sobre nuevas áreas
agrícolas, avance de la frontera agrícola en desmedro del bosque.
En la cadena
de eslabonamiento de los enclaves económicos del narcotráfico, los productores
de hoja de coca son abastecedores de la materia prima, el meganegocio no está en
sus manos pero al formar parte de su dinámica económica se convierten en actores
locales que presionan y luchan por obtener tierra para parcelas agrícolas. En
los primeros años de la década del 90, los productores de hoja de coca del
TIPNIS manejaban entre 10 y 20 hectáreas de hoja de coca. El centro de acopio de
hoja de coca de Isinuta era el más importante de todo el Chapare. Hoy día
manejan una cantidad mucho menor y se ha establecido una estructura de control
social por parte del sindicato cocalero que regula el acelerado crecimiento de
las parcelas agrícolas en la región.
La estructura de control social es una respuesta política de los sindicatos cocaleros a un contexto nacional. Las centrales sindicales de productores de hoja de coca del TIPNIS forman parte de las bases de origen del presidente Evo Morales. El control social tiene que ver con un mensaje a la sociedad boliviana: es el intento de desprender al gobierno de Evo Morales del significante que le persigue como gobierno cocalero. Aún así, los procesos de avasallamiento y de crecimiento de la frontera agrícola para producir hoja de coca siguen siendo parte de la dinámica sur del TIPNIS. En 2009 surgió un nuevo conflicto en la frontera de la línea roja, familias de productores de hoja de coca no sindicalizadas, rebasaron los mojones fronterizos del polígono 7 a la altura del río Lojojouta e ingresaron a la TCO para habilitar nuevas parcelas de hoja de coca. Hoy día si visitamos la zona, al frente de la comunidad indígena de Mercedes del Lojojouta, encontraremos un letrero que dice “Coca o Muerte”. Además, el crecimiento de la dinámica agrícola de la hoja de coca ha alcanzado a las comunidades indígenas que se encuentran en la frontera, conviviendo con la colonización. Aproximadamente 10 comunidades indígenas se encuentran dentro del polígono 7 y otras 9 comunidades indígenas reciben la influencia de la economía de hoja de coca, ya sea porque producen hoja de coca o porque cosechan hoja de coca para los colonizadores, siendo un total de 19 comunidades indígenas que han quedado influenciadas por la producción de hoja de coca. En total son 64 comunidades indígenas en el TIPNIS. Las familias indígenas que han empezado a desplazarse a la producción de hoja de coca, se encuentran sindicalizadas, son miembros de los sindicatos cocaleros[12]. Esas comunidades hoy día marchan para que se abrogue la Ley de Protección al TIPNIS (180) y se construya la carretera.
El desarrollo
visto desde la gestión de gobierno de Evo Morales.-
¿Cómo se vinculan
los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la
política de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales? Si bien el
gobierno de Evo Morales se desenvolvió en el contexto de la agenda de octubre[13] marcada
por los movimientos sociales, lo cual implicaba, además de una convocatoria a la
Asamblea Constituyente, el desarrollo de un modelo económico que suponga la
industrialización de los hidrocarburos; en los hechos
el desencadenamiento del
modelo económico que terminó empujando el gobierno boliviano fue más bien de
profundizar la tendencia secular y hegemónica del Estado; esto es, incentivar y
apostar por salidas económicas que se basan en un modelo extractivista primario
exportador. Tal condición en la esfera de la economía tiene varias implicancias.
No es que se nieguen otras formas de desarrollo, de hecho el plan de gobierno
presentado el 2006 asume una visión plural en cuanto a las formas económicas que
el Estado debe apoyar, sin embargo, priorizar como fuente central de producción
de riqueza la explotación de los recursos naturales y comercializarlos en su
condición de materia prima, implica centralizar la política de Estado alrededor
de las iniciativas extractivas. Éstas se vuelven prioritarias y, en muchos
casos, razones de Estado. Ciertamente, una estructuración de la política
económica en los términos mencionados supone la subordinación de otros modelos
de desarrollo, los cuales pueden desenvolverse y hasta recibir incentivo de la
política pública, siempre y cuando no afecten los planes centrales de la
política económica extractiva. El conflicto del TIPNIS expresa exactamente un
hecho de tal naturaleza: poblaciones indígenas que no están de acuerdo con los
planes centrales de la política económica extractiva.
Dialogando con el
debate de modelos económicos extractivos desarrollado en los últimos años en
América del Sur, hoy como en un pasado, las bases y criterios de definición del
modelo extractivo no se han modificado demasiado. Se trata de una forma de
desarrollo económico que basa la producción de riqueza en la apropiación de la
naturaleza, bajo un formato productivo escasamente diversificado, recursos
naturales que no son procesados o lo son limitadamente y que de su venta depende
la inserción del país productor de materias primas al mercado internacional. La
similitud con el pasado nos muestra, sin embargo, algunos elementos nuevos que
es necesario destacarlos. El más importante es que en el nuevo contexto el
Estado juega un rol más protagónico, de intervención y definición de unas reglas
de juego que permite una mejor redistribución de la riqueza. Como detallan los
trabajos de Gudynas (2009) y Acosta (2011), la redistribución de la riqueza
producida por las iniciativas extractivas en los gobierno progresistas como
Bolivia y Ecuador, se desenvuelve mediante programas sociales de atención a
poblaciones vulnerables, en muchos casos de gran pobreza y que se convierten en
el mayor dispositivo de legitimación de los modelos económicos extractivos y de
los gobiernos que los impulsan.
Los datos
elocuentes de la CEPAL para el 2009 sobre exportación de bienes primarios en las
economías extractivas sudamericanas, muestran la tendencia en países como
Bolivia. En Sudamérica, sin ser la mejor situación, Colombia y Brasil muestran
una tendencia de menor dependencia de las exportaciones de bienes primarios,
en
cambio, Venezuela, Bolivia y Ecuador muestran una casi total dependencia de la
exportación de bienes primarios respecto de las exportaciones totales de estos
países.
La exportación de bienes primarios como hidrocarburos y minerales en
Venezuela alcanzan al 92.7% de las exportaciones que se dan en dicho país. En el
caso de Bolivia la cifra asciende a 91.9% y en el caso de Ecuador el porcentaje
es de 91.3% (Gudynas, 2009 con base a los datos de la CEPAL). Según el estudio
de Christian Ferreyra, en Bolivia entre el 2004 y el 2007 se ha desarrollado un
incremento sostenido de la minería pero entre el 2007 y el 2009 podemos detectar
un gran salto en las exportaciones mineras de 1222984 millones de bolivianos a
2100161 millones de bolivianos. El mismo estudio nos muestra que en el caso del
gas la producción entre los años 2000 y 2005 pasó de 8.8 MMmcd. a 33.3 MMmcd. y
entre el 2006 y el 2008 la producción de gas natural aumentó a 38.7 MMmcd (2011:
11-12)[14].
Podríamos alegar que el crecimiento en las exportaciones de materia prima demuestra no sólo la profundización del modelo extractivo y la ineludible importancia del extractivismo minero e hidrocarburífero en la estructura económica boliviana, sino también las nuevas oportunidades del Estado boliviano para obtener mayores ganancias y lograr inversiones en posibles procesos de industrialización, como plantearon los movimientos sociales en la agenda de octubre. No obstante ello, la tendencia muestra que no hay esfuerzos concretos que caminen en un nuevo tipo de desarrollo, la dependencia del gasto público que proviene de la renta hidrocarburífera se ha ahondado en los últimos años, así como, se han generado condiciones más favorables para la intervención de la Inversión Extranjera Directa en el sector extractivo (Fundación Milenio, 2010). También la base y fundamento de la nacionalización en hidrocarburos muestra sus límites. Si con el Decreto de Nacionalización de mayo del 2006 se aplicó al criterio de renta petrolera que alcanzaba a 50%, un 32% más aplicable a los megacampos de producción de gas, para con ello crear un fondo de capital que permita el desarrollo de la industria petrolera nacional, el 2007, al protocolizar los nuevos contratos con las empresas petroleras, se quitó este 32% volviendo a la situación inicial de antes de la nacionalización (Fernández 2011: 131).
Las políticas del
gobierno de Evo Morales muestran mayor interés por abrir nuevas áreas de
exploración y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) antes que generar
políticas que permitan el desarrollo de una industria energética en Bolivia.
Seguramente, de manera similar razonan las transnacionales petroleras que operan
en Bolivia. Desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 en mayo del
2005[15],
el gobierno de Evo Morales ha ampliado el número de áreas de interés
hidrocarburífero destinadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB). Lo que interesa resaltar en dicha política no es, por
supuesto, que YPFB tenga más áreas de aprovechamiento hidrocarburífero, sino que
dichas áreas tradicionales y no tradicionales han empezado a implicar a las
áreas protegidas y territorios indígenas; además que dichas áreas que empiezan a
ser destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, están siendo
concesionadas a YPFB pero bajo la figura de sociedad mixta con empresas
transnacionales. Por tanto, no son áreas de operación exclusiva de la empresa
petrolera boliviana.
Basándose en el
artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada el año 2005, el gobierno
de Evo Morales mediante Decreto Supremo Nº 29130 de mayo del 2007, propone
reservar 21 áreas tradicionales y no tradicionales de interés hidrocarburífero a
favor de YPFB y, en el mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 29226 promulgado
en el mes de agosto, el gobierno de Morales modifica las áreas de interés
hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 33 Bloques que son
susceptibles de ser aprovechados bajo la figura de sociedad mixta. Tres años
después, en octubre del 2010, el gobierno de Evo Morales promulga el Decreto
Supremo Nº 676 donde no solo se amplían las áreas de interés hidrocarburíferas a
favor de YPFB en un número de 56 sino que se propone de manera directa permitir
excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, postulando
en el parágrafo II del art. 2 del mencionado Decreto que las áreas reservadas a
favor de YPFB, si se encuentran en áreas protegidas, se deberá garantizar el
cumplimiento de emplear adecuadas tecnologías que permitan mitigar los daños
socioambientales y culturales. En el Decreto Supremo Nº 29130 de mayo 2007
encontramos el Bloque Sécure 19 y 20 como área no tradicional de interés
hidrocarburífero reservado para YPFB.
En razón de lo
mencionado, el gobierno de Evo Morales tiene una política de desarrollo
económico que prioriza los modelos extractivos energéticos, convirtiéndolos en
política de Estado, en el eje económico de la política pública.
Para el caso
concreto del TIPNIS el gobierno de Evo Morales ha otorgado dos concesiones
petroleras para exploración y explotación, desconociendo la normativa ambiental
que hay en áreas protegidas y violando la decisión construida por miembros del
SERNAP y las organizaciones indígenas el año 2001 cuando se re categoriza el
TIPNIS y se menciona que no podrá haber actividad petrolera en el territorio
indígena y área protegida
(Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).
Dos concesiones han sido otorgadas: la primera mediante la Ley Nº 3672 de abril
del 2007 que aprueba el Contrato de Operaciones entre Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) con PETROBRAS BOLIVIA S. A. y la TOTAL E&P BOLIVIE en
el área de Río Hondo (bloque Ichoa) y la segunda mediante Ley Nº 3911 de abril
del 2008 con su
adendum
en julio del
mismo año que aprueba el contrato de exploración y explotación entre Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y YPFB PETROANDINA S.A.M. (Evaluación
Ambiental Estratégica-SERNAP 2011)[16].
Roberto Fernández (2011) nos hace ver en su estudio sobre los hidrocarburos en
Bolivia que la gestión de gobierno de Evo Morales se está acercando a la máxima
de “exportar o morir” y por ello está urgido de abrir nuevos bloques a la
explotación hidrocarburífera. Es claro que el tramo carretero Villa Tunari San
Ignacio de Moxos brindará condiciones para las operaciones petroleras de ambas
concesiones. En la comprensión del negocio de hidrocarburos que manejan las
transnacionales, las carreteras son ítems de inversión del Estado.
Construir infraestructura para que los modelos extractivo exportadores operen con costos relativamente razonables, forma parte de la lógica de gobiernos y Estados ampliamente comprometidos con los modelos primario exportadores. Y cuando se piensa en los modelos extractivos, no solo debemos referirnos a los que extraen materias primas sino también forman parte de ello, según la propuesta de Gudynas (2009), los modelos agroexportadores que funcionan en base al mono cultivo y la expoliación extrema de la tierra. Proyectando el razonamiento a una dinámica más regional, los circuitos comerciales que garantizan la circulación de bienes primarios entre los que se suman los producidos por la agroindustria, deben ser consolidados en función al mercado global. Los retos no son menores, la década que iniciamos supone una relación muy dinámica de los productos que ofrece América del Sur hacia los mercados de la China. La creciente demanda de productos mineralógicos que tiene dicho país, hace que América del Sur se convierta en un lugar de presiones estratégicas y que el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) cobre más sentido en función a la comunicación interoceánica que producirá.
Según Mónica
Bruckmann desde 1990 la China se ha convertido en un país que produce y demanda
gran cantidad de minerales. En la última década la China se ha convertido en el
principal productor de un número importante de minerales, aún así, no logra
cubrir su demanda interna, registrando cifras muy altas de importación en cobre,
hierro y otros minerales. La información organizada por la investigación de
Bruckmann nos muestra que en la China el horizonte intensivo de consumo de
mineral para consolidar su industria ligera, se proyecta 20 años más y que desde
el 2000 la manufactura pesada de dicho país crece sistemáticamente. El primer
destino de las exportaciones mineras de Chile y Brasil va hacia la China, el
segundo destino de las exportaciones mineras de Perú y Argentina va hacia la
China y el primer producto de exportación de Bolivia hacia la China es estaño
(2011). En ese contexto,
¿cuál será el destino de productos agroindustriales que
se están desenvolviendo en América del Sur?. El circuito comercial a
consolidarse muestra desplazamientos de materia prima como mineral y agroproductos como la soya hacia los mercados de la China y el Asia[17].
En otro sentido, la industria manufacturada de estas regiones observa con buenos
ojos conquistar plenamente el mercado de Sudamérica. Este es el contexto donde
la comunicación interoceánica potenciada por el plan de iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), alza vuelo y
despliega sus raíces en función de procesos productivos basados en modelos
extractivos.
El reto fundamental de la comunicación interoceánica es justamente atravesar la cordillera de los Andes y para países como Brasil que se ubican plenamente en el Atlántico, resulta hasta estratégico la consolidación de infraestructura caminera que atraviese los Andes. Atravesar los Andes desde el Atlántico, es para un país como el Brasil, atravesar los Andes desde la Amazonía, para lo cual las regiones de selva alta o las regiones de selvas tropicales tienen una doble importancia: 1º geográficamente se rompen fronteras naturales poco asequibles hace 30 años, 2º son regiones que contienen energía fósil. Atravesar con caminos la región de los yungas orientales implica no sólo comunicación interoceánica sino también la posibilidad de obtener energía fósil de la formación Subandina. Este es un proyecto apetecido por Petrobras y, en el horizonte inmediato, países como Perú y Bolivia, adquieren su importancia específica puesto que ambos poseen dos patas en el modelo extractivo primario exportador, minería e hidrocarburos, siendo el rubro petróleo el que puede adquirir un mayor desarrollo en la faja Subandina de estos países, a diferencia de Ecuador que posee iniciativas petroleras ampliamente desarrolladas en la faja Subandina.
La carretera Villa Tunari
San Ignacio de Moxos y su importancia estratégica en la región debe entenderse
en el contexto arriba mencionado, forma parte de la iniciativa de romper con las
fronteras naturales de la selva alta que nos dan acceso a los Andes y luego al
Pacífico, pero también forma parte de la faja Subandina donde podemos obtener
energía fósil. No por nada las concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras.
Para el Brasil y sus proyectos energéticos hasta el 2020 donde corre el riesgo
de tener un déficit de energía, nuevos campos de exploración petrolera resultan
atractivos, mucho más si éstos poseen la infraestructura necesaria para
operaciones de exploración y explotación. La comunicación interoceánica sirve
también para el creciente desarrollo de la agroindustria que se está
desencadenando en estados como Acre, Rondonia o Mato Grosso do Norte, estados
frontera con Bolivia y Perú que ven en la vinculación caminera que atraviesa los
yungas orientales una oportunidad para bajar costos de operación llegando hacia
el Pacífico con sus productos. Ciertamente, en el escenario de los modelos
extractivos primario exportadores, no todos los países estamos en las mismas
condiciones. Aunque como lo demuestran los estudios de Gudynas (2009), Acosta
(2011), Svampa (2009), Verdum (2010), América del Sur está consolidando su
condición secular de seguir siendo abastecedora de materias primas al mercado
global, internamente hay países como Bolivia que tienen una pequeña estructura
industrial respecto de países como Brasil que combinan su estructura primario
exportadora con una considerable estructura industrial que favorece a un
posicionamiento geopolítico en el flujo de relaciones de modelos extractivos
primario exportadores[18].
La condición geopolítica del Brasil permite entender porque BNDES que es un
consorcio público/privado que actúa en infraestructura y extracción, es la
entidad que otorga el crédito para la carretera y OAS una empresa brasilera que
se adjudica la construcción.
Volviendo a nuestra pregunta inicial ¿cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo del gobierno de Evo Morales y la dinámica económica regional que plantea varios retos geopolíticos en cuanto al desarrollo económico para América del Sur? Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19]. La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento. Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores. En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente. Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas.Con sustancial diferencia, el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca engrana con las dinámicas extractivas primario exportadoras. De hecho como enclave productor de materia prima para el negocio regional de cocaína, reproduce una buena parte de las características que tiene el negocio de la agroindustria que ha sido tipificado como parte de los modelos extractivos. Primero, es monoproductor del bien a exportarse (hoja de coca-pasta base), segundo, usa intensivamente la tierra en desmedro del bosque, causando daños irreversibles para la composición biovegetativa de la zona sur del TIPNIS, tercero, produce el bien agrícola (hoja de coca) en función exclusiva a las necesidades del mercado global. La única gran diferencia con los modelos extractivos agroindustriales es que la mono producción no está en manos de empresarios que controlan la tierra y el proceso productivo sino más bien en manos de campesinos que buscan optimizar la producción de hoja de coca abriendo cada año nuevas fronteras agrícolas. Para ello, un tramo carretero resulta estratégico en la ampliación de nuevas fronteras agrícolas y, por el comportamiento de los poblados de colonos en la zona, la saturación de las áreas agrícolas con cultivo de hoja de coca está empezando a pronunciarse. En ese contexto, el avasallamiento a nuevas áreas agrícolas sobre el bosque de la TCO del TIPNIS se muestra como una estrategia útil y necesaria para la dinámica de producción y comercialización de la materia prima de la cocaína. Un esquema productivo de tal naturaleza puede convivir con relativa sintonía con la exploración y explotación petrolera.
Lanzando algunas
conclusiones.-
Las situaciones
de contradicción/constatación que nos muestra el conflicto del TIPNIS nos debe
llevar a analizar algunos elementos críticos que está viviendo el proceso
boliviano. El primer elemento a considerarse es que los pueblos indígenas en
Bolivia no necesariamente comparten la misma visión de desarrollo, la misma
comprensión acerca de lo que significa “vivir bien” y, además, no necesariamente
los indígenas se distancian social y económicamente de un modelo extractivo
primario exportador. El caso del TIPNIS en Bolivia muestra con mucha claridad
que los pueblos indígenas portan miradas de desarrollo que son producto de sus
procesos histórico estructurales y no así, como lecturas primordialistas lo
quieren ver, producto de comprensiones esenciales en el ser indígena. Los
pueblos amazónicos en Bolivia han vivido procesos económicos muy distintos de
los pueblos quechuas y aymaras, y si bien ambos comparten la experiencia
estructural de haber sido colonizados y subalternizados en la dinámica del
Estado colonial republicano, lo cierto es que las distintas iniciativas de
desarrollo que están empujando dentro del TIPNIS obedece a sus distintos nexos
con los circuitos de capital global. Básicamente, la proyección de la política
étnica en Bolivia ha encontrado su límite en la proyección de la política
económica estructural. Para entender la problemática, por tanto, necesitamos
integrar en el análisis las dos variables.
En ese contexto,
el Estado vuelve a una condición inicial en el análisis estructural; esto es, no
es una institución que está por encima de las clases y los sectores sociales,
más bien expresa las luchas internas de las clases y los sectores sociales. En
el conflicto del TIPNIS el Estado, mediado por el gobierno de Evo Morales,
expresa un posicionamiento que refleja la composición de poder dentro de las
nuevas lógicas del Estado boliviano. No es casualidad que los productores de
hoja de coca hayan logrado un presidente, es más bien una estrategia de poder
construida a lo largo de varios años y que refleja los cambios sociales y
económicos que se han venido gestando hace más de 30 años en el conglomerado
quechua y aymara que colonizó el TIPNIS. Los sujetos andinos colonizadores de
los años 1960, 1970, 1980, hoy en día se ubican en un espacio distinto en la
estructura social boliviana. En otras palabras, detrás del conflicto del TIPNIS
hay procesos orgánicos de recomposición de clases en Bolivia y los modelos
extractivos primario exportadores que se desenvuelven con características
seculares en su matriz económica, están intentando reacomodarse en la sísmica
social que se viene produciendo en Bolivia.
Esa sísmica
social en Bolivia nos muestra que, entre los programas estatales orientados por
modelos extractivistas primario exportadores y sectores sociales no
tradicionales de la estructura económica boliviana, pueden desarrollarse
complicidades que permiten el despegue de ambos, necesarios para el desarrollo
del capital, y muy necesarios en sociedades donde la estructura social y
económica estuvo profundamente anclada en élites y oligarquías que portan
visiones pasadas de la economía y la sociedad. Es muy probable que situaciones
similares se estén desarrollando en un país como Brasil donde sectores
convencionales de fazendeiros
en estados como Rondonia o Acre, se convierten en una traba al flujo de
circuitos sociales y económicos que permiten una circulación más ampliada del
capital. Visto desde otra perspectiva, los modelos extractivos primario
exportadores se están desarrollando, en países como Bolivia, en un contexto de
procesos de movimiento y democratización de la estructura social boliviana que
terminará cambiando la composición de clases sociales y su relación con el
movimiento de capital global. En ese sentido, las características del
extractivismo y/o el neo extractivismo de América del Sur tienen que analizarse
más allá de la política de redistribución de riquezas que caracteriza a los
gobiernos progresistas, porque pueden estar produciendo una estructuración
social distinta a la conocida y manejada por la matriz inicial.
El desafío más
grande que nos ha puesto el conflicto del TIPNIS en Bolivia es, sin embargo, el
referido a la posibilidad de que la forma política del Estado Plurinacional
pueda albergar modos y procedimientos del modelo extractivo primario exportador,
sin caer en una agotadora contradicción que la puede destinar a su propio
destierro. El modus operandis
de las iniciativas extractivas requiere no solo de un Estado fuerte sino de un
Estado mono nacionalista, o por lo menos, así han operado dichas iniciativas por
varios siglos. La condición de plurinacionalidad puede convertirse en su talón
de Aquiles puesto que implica discutir decisiones que desde el mono nacionalismo
son tratadas como: “asuntos de bien común”, “asuntos de Estado”.
Advirtamos una
característica común de los líderes progresistas que es su doble discurso y
su ataque frontal a los colectivos e individuos que se mantienen consecuentes
con los cambios a favor de los pueblos y no del capitalismo.
El
conflicto que cambió Bolivia
9 de marzo de 2015
9 de marzo de 2015
Por Diego Andreucci
Un nuevo documental sobre la disputa por el TIPNIS explora la contradicción
entre extractivismo y territorialidad indígena.
“Asfaltar
Bolivia”—el último documental del activista catalán Marc Gavaldá, del colectivo Alerta
Amazónica—es una historia sobre las contradicciones del desarrollo.
“Asfaltar Bolivia” muestra las dificultades para escapar de imaginarios
capitalistas y coloniales de modernización y progreso—y la importancia de seguir
intentándolo, a pesar de todo.
En las últimas dos décadas, los pueblos indígenas de Bolivia han planteado la necesidad de repensar de manera radical la organización política del país y las relaciones entre sociedad y naturaleza. Fueron las luchas sociales indígenas las que permitieron derrotar el neoliberalismo, ayudaron a Evo Morales a tomar el poder en 2006 y las que más activamente propusieron el paradigma del “estado plurinacional”, que llegó a incluirse en la Constitución en 2009.
El
paradigma plurinacional apunta al reconocimiento de la multiplicidad de formas
sociales, económicas, políticas, jurídicas y culturales que existen en el
país—aunque con varios grados de articulación con el modelo capitalista, liberal
y colonial vigente. Es una propuesta política extremadamente innovadora de
autonomía indígena y pluralismo radical, dentro
y alrededor del mismo
estado. Es decir, para repensar el
mismo estado como “un
mundo donde quepan muchos mundos”, como dirían los zapatistas.
Pero
Bolivia es también ejemplo de la gran capacidad del capitalismo y su episteme
colonial para defenderse y reproducirse. En estos últimos diez años, desde la derrota
del neoliberalismo en 2005,
las propuestas para un estado plurinacional con autogobierno indígena no sólo
han llegado a convertirse en un discurso hegemónico; también han sido
progresivamente vaciadas de su potencial transformador y emancipador, mientras
los movimientos que los defendían han sido aislados, marginalizados y
reprimidos.
Este excelente documental se enfoca en el conflicto alrededor del TIPNIS(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), que se desarrolla a partir del 2011. La disputa por el TIPNIS fue un momento clave en Bolivia, en que la contradicción entre desarrollo extractivista y territorialidad indígena—ya latente en los primeros años de Evo—explota y se hace manifiesta e irreversible. A partir este conflicto, el discurso ambientalista, pachamamista y pro-indígena con que Evo Morales se presentaba al mundo se revela como una farsa.La historia que nos cuenta el documental es aparentemente simple. El gobierno se plantea la construcción de una carretera para unir Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, con la región del Beni, en la Amazonía. La ruta de la carretera pasa por el corazón del TIPNIS, una reserva natural de altísima biodiversidad donde viven también más de 60 comunidades indígenas de los pueblos mojeño, chimaney yuracaré. Los indígenas se oponen a la construcción de la carretera por su posible impacto socio-ambiental y cultural. Pero la preocupación va más allá del impacto directo: abrir un camino en el corazón de la selva implicaría el aumento de las presiones existentes por parte de madereros y cocaleros y a la expansión de frontera petrolífera. Todo esto supondría la desaparición de las comunidades indígenas del TIPNIS y su lógica territorial.Detrás de esta defensa del TIPNIS no está, pues, un conservacionismo estetizante de la naturaleza y la biodiversidad. Tampoco se puede reducir el conflicto a una mera defensa del acceso de comunidades a sus a medios de subsistencias—aunque esta sea una razón central. Lo que aparece como un clásico conflicto ambiental se convierte, en la coyuntura Boliviana, en un conflicto mucho más amplio entre el extractivismo y el plurinacionalismo como visiones opuestas e incompatibles.
Los
intereses extractivistas para que se construya la carretera son muy evidentes.
Por un lado, están los colonizadores, concentrados en el llamado “Polígono 7”,
en el margen sur del TIPNIS. En su búsqueda de tierra para expandir la frontera
agrícola, sobre todo para el cultivo de coca, los colonizadores defienden la
propiedad individual de la tierra y tienen visión extractivista de la relación
con la naturaleza—muy diferente de la territorialidad indígena.
Por otro
lado, parte del TIPNIS también está concesionado para exploración petrolera.
Según un estudio
del CEDIB, la frontera de hidrocarburos en Bolivia creció siete veces
entre 2007 y 2012, siendo las exportaciones de gas la principal fuente de
ingresos del estado boliviano. Por el momento, la explotación en parte de la
zona amazónica está parada por “estado de fuerza mayor”, por el alto riesgo de
conflictos con comunidades. Sin embargo, hay mucha presión para que la frontera
petrolífera se expanda en en esta zona. Además de la presión
de inversores transnacionales, se teme que las reservas tradicionales de gas del
Chaco, en el sureste del país, puedan agotarse en unos pocos años.
La
construcción de la carretera facilitaría mucho la explotación de gas y la
integración de los recursos de esta parte de la selva boliviana en el mercado
mundial. No es casualidad que el proyecto fuera financiado inicialmente por
el Banco de Desarrollo de Brasil, un país con creciente presencia política y
económica en la región y con mucha influencia en Bolivia.
De la articulación a la represión
“Asfaltar
Bolivia” narra otro importante aspecto del conflicto: las estrategias
discursivas y de represión adoptadas por el gobierno Morales en contra de los
indígenas del TIPNIS.
Por un lado, se
identifica un discurso racista y colonial que representa a los indígenas de la
selva como en estado de “pobreza extrema”, por no tener acceso a bienes
materiales. Así, la carretera se presenta como una apertura de posibilidades de
integración al “desarrollo” y al “progreso”.
Esta lógica
colonialista se basa en promover lo que Marx llamaba “acumulación
originaria”; es decir, separar las comunidades de sus medios de
subsistencia y al mismo tiempo crear para ellas la necesidad de acceder a bienes
de consumo que solo se pueden adquirir por medio del dinero. Así, los indígenas
son forzados a convertirse en trabajadores asalariados o pequeños capitalistas.
Por otro lado, se
destaca la represión legal y policial de las organizaciones y marchas indígenas.
La “VIII Marcha por el Territorio y la Dignidad” en defensa del TIPNIS, en 2011,
fue intervenida
violentamente por la policía en
la localidad de Chaparina. Fue el más duro enfrentamiento del estado en contra
de pueblos indígenas, que sufrieron golpes, maltratos y detención ilegal.
Tras la
intervención policial se crea, paradójicamente, un efecto de unión entre los
pueblos y organizaciones indígenas del país. La marcha se convierte en un
momento fundamental de reacción ciudadana frente a la agresión estatal al
territorio del TIPNIS y sus defensores, atrayendo la solidaridad de otras
organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.
Sin embargo, por desgracia, la represión no terminó ahí. Después de la exitosa marcha, el gobierno empieza a ver las organizaciones indígenas como una amenaza política y organiza su desmantelamiento. Se montan campañas difamatorias que definen a los dirigentes indígenas como agentes de la derecha y de Estados Unidos, y se invita a las organizaciones sociales que apoyan al gobierno a enfrentarse a ellas. Además, empieza un proceso de cooptación de parte del liderazgo de las organizaciones indígenas, que culmina con la expulsión de sus sedes y la creación por parte del gobierno de organizaciones paralelas a las dos principales centrales indígenas de Bolivia—la CIDOB y la Conamaq.
Esto marca
el fin de las ambiciones plurinacionales del estado boliviano y el abandono de
hecho del llamado “proceso de cambio”.
Este
documental es, por tanto, una contribución muy importante y necesaria que nos
ayuda a pensar el proceso boliviano y sus contradicciones. Nos cuenta de cómo la
hegemonía capitalista, desarrollista y extractivista en Bolivia se ha
reproducido a costa de los movimientos sociales emancipadores que trataban de
desafiarlas; y de cómo los protagonistas de una articulación hegemónica de
fuerzas anti-imperialistas y anti-neoliberales se han convertido en agentes de
desarticulación y represión política y social en defensa del desarrollo y del
mito del “progreso”.
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