miércoles, 19 de julio de 2017

Las elecciones y nacionalizaciones en Nuestra América están subordinadas al capitalismo global.


   Lo percibimos en qué Estado restableció más de una deKada y fortifica el gobierno de Macri

derrotando a los trabajadores 

y pueblos de Argentina.
 
 
Indaguemos cómo se estructura en función de privilegiar los súper negocios del poder fáctico( o alianza de capitales y estados imperialistas con los locales) por sobre necesidades e intereses populares:
 
La biopolítica del agronegocio
Revista Intersticios de la política y la cultura…8: 99-114
Nicolas Forlani*
El hombre secularizado –animal instrumentificum- lanza finalmente la máquina contra la naturaleza, para conquistarla.
 Pero dialécticamente ella terminará dominando a su creador. (Sábato, 1996:32)
Introducción
En las últimas décadas, tras el avance sistemático de mega emprendimientos extractivistas en América Latina, varios intelectuales de la región advierten y cuestionan la matriz expoliadora y contaminante intrínseca a prácticas como los agronegocios, el fracking y la minería a cielo abierto. Autores como Svampa y Gudynas coinciden en denunciar estas prácticas en tanto exponentes de lo que David Harvey denominase oportunamente como fenómenos de “acumulación por desposesión”. Un modelo de acumulación que al decir de Svampa no presenta diferencias entre los países cuyos gobiernos se autodenominan como de izquierda y aquellos otros abiertamente considerados neoliberales. Así, “neodesarrollistas progresistas” o “neodesarrollistas neoliberales” -a pesar de las diferencias en términos de la retórica discusiva de sus clases dirigentes- coinciden en la profundización o fortalecimiento del Consenso de los commodities.
Fenómeno este último que conlleva la expansión de nuevas formas de dependencia y dominación en el orden geopolítico mundial en tanto algunos países (dependientes-periféricos) exportan sus bienes naturales, en su mayoría no renovables, y otros países (centrales) los emplean en la elaboración de manufacturas adicionándoles valor. Desde luego que el rol activo de los diferentes gobiernos y estructuras estatales de los distintos países de Latinoamérica contribuye decididamente en la expansión material de este modelo de acumulación por despojo y, aun más, en la reproducción simbólica del extractivismo como modelo de desarrollo. Pues coincidimos con Lander en que el extractivismo no solo es una práctica económica sino también una lógica que imprime huellas profundas en las subjetividades de los pueblos en tanto y en cuanto: (…) extractivismo rentista no solo produce petróleo (podríamos agregar: minerales, oleaginosas, recursos forestales, recursos pesqueros, etc.), conforma un modelo de organización de la sociedad, un tipo de Estado, un régimen político, unos patrones culturales y unas subjetividades e imaginarios colectivos. Éstos no pueden de modo alguno ser simplemente revertidos cuando en una etapa posterior de los procesos de cambio se decida que se ha llegado a las condiciones económicas que permitirían abandonar el extractivismo.
Nuevamente, sin desconocer ni minimizar la influencia decisiva de los lineamientos políticos -de las políticas públicas-, puestas en marcha por los gobiernos progresistas o conservadores en su búsqueda de acelerar las prácticas extractivas como ejes centrales en la dinámica del crecimiento económico; apuntamos en este ensayo a advertir empero otros dispositivos y/o discursos que no necesariamente emanan originariamente de los gobiernos pero que subyacen al extractivismo en América Latina. Previo a ello, realizamos una sintética presentación de lo que significa el agronegocio en tanto práctica extractiva, su despliegue en la región y, particularmente, la fuerza que el mismo ha adquirido en la Republica Argentina.
 
Agronegocio y extractivismo
Una de las prácticas económicas que con mayor profundidad se ha expandido en las últimas décadas en Latinoamérica en general, y en el cono sur en particular, es la del agronegocio. Efectivamente nuestra región es la parte del globo con mayor extensión cubierta por cultivos transgénicos6 ; sólo en Sudamérica hay una superficie con soja transgénica de más de 42 millones de hectáreas. El agronegocio constituye en este sentido una práctica extractiva que al igual que la minería a cielo abierto y los biocombustibles, implica la sobre-explotación de recursos naturales cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos .
Habiendo ya enmarcado el agronegocio dentro de un modelo marco-global que es el extractivismo es necesario dar cuenta de algunas de sus particularidades. Al respecto, una nota previa-distintiva de lo que esta lógica de producción agrícola constituye a nivel simbólico y con sus respectivas influencias en la materialidad de la existencia, tiene que ver con el sentido que adquiere este sustantivo común compuesto. En la noción “(…) agronegocio el acento está puesto en el último componente, lo cual abre de manera casi ilimitada el horizonte de la acción económica .”

En consecuencia, si lo que prima es el negocio, la tan mentada idea de provisión de alimentos (para alimentar un mundo con hambre) queda subordinada a lo que los mercados internacionales demanden. Así, desde esta lógica de elección racional no es un despropósito que las mayores tierras cultivables de, por ejemplo, los países del MERCOSUR sean destinadas una y otra vez a la producción de un mismo cultivo, esto es, el cultivo que a priori mayor rentabilidad económica genere. Resulta apropiado destacar que al hablar de agronegocio no nos estamos refiriendo a un tipo de actor o cultivo específico sino que hacemos referencia más bien a una lógica de producción que con variantes nacionales y locales puede ser abordado en función de los siguientes cinco elementos:
la transectorialidad;
la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local;
la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios;
la estandarización de las tecnologías utilizadas, con una intensificación en el uso de insumos de origen industrial, y la generación de tecnologías basadas en la transgénesis que apuntan a reducir las especificidades biológicas y climáticas del agro; y
el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala, proceso en el que tienen participación central grandes corporaciones financieras y que imprime a las disputas por la tierra el carácter de un fenómeno global.
Las lógicas de producción agrícolas basadas en los pilares del agronegocio se desenvuelven a partir de un conjunto de tecnologías definidas como “paquete” en tanto se basan en un conjunto de tecnologías concatenadas e implicadas las unas con las otras: la semilla transgénica con el agroquímico, un tipo de siembra (la siembra directa), de organización laboral, de gestión, etc. Estos paquetes sin embargo no son neutrales, pues sus puestas en funcionamiento conllevan diversos impactos políticos (pérdida de soberanía alimentaria), sociales (desplazamiento de campesinos y productores), económicos (dependencia frente a los vaivenes del mercado internacional) y ambientales (destrucción de los ecosistemas naturales) que van a ser motivo de fuertes resistencias de diversos colectivos sociales a lo largo de América Latina. Argentina y el boom de los transgénicos Las cifras oficiales evidencian el carácter cada vez más acentuado de dependencia de un solo cultivo.

El avance del monocultivo de la soja transgénica en los campos argentinos se viene manifestando, tal como lo demuestra el siguiente gráfico, desde por lo menos los últimos 20 años:
(…) un hito importante (que) es el decreto de desregulación de 1991, el cual eliminó de raíz todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria–la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras– que operaban en el país desde la década de 1930(…)13 . Por otra parte en 1996 se libera al mercado la semilla de la soja transgénica, a partir de allí: (…) Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos. Todo esto involucra un nuevo paquete tecnológico basado no sólo en la utilización de la semilla transgénica, sino también, en la siembra directa y el uso masivo del glifosato y otros agroquímicos (…) De este modo se abre paso la consolidación de un sistema de agronegocios en el país. Se trata de un sistema que propicia el control de sectores clave del sistema agroalimentario argentino por parte de grandes empresas transnacionales: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y el comercio de la producción, tanto para el mercado interno (súper e hipermercados) como para el externo. En definitiva podemos señalar, siguiendo a Gras y Hernández que: (…) la desregulación política a nivel local, la liberalización e innovación tecnológica junto con la emergencia de nuevas formas de regulación a nivel global, constituyen elementos centrales que posibilitaron la emergencia del actual modelo de producción en el agro, el cual no puede pensarse aisladamente de los procesos de globalización económica.
Tras este somero análisis en el que hemos intentado reflejar de la naturaleza extractivista y predatoria del modelo de producción agrícola hegemónico del agro argentino y latinoamericano; nos abocaremos a analizar las implicancias del entramado simbólico y material que da sustento al agronegocio.
 
Pillaje genético y biopolítica
En tiempos en los que la esencia predatoria del capital sobre la naturaleza se ha exacerbado16, América Latina constituye una región estratégica para las grandes multinacionales dado que el continente en su conjunto posee enormes riquezas naturales. Particularmente un patrimonio que posee la región es el que en esta oportunidad consideramos pertinente referirnos: la diversidad biológica existente en el subcontinente. Innumerables cantidad de especies vegetales y animales están siendo blanco, en la actualidad y desde hace algunos años, de complejos dispositivos expropiatorios.
 
Consideramos, siguiendo a Harvey, que la biodiversidad de especies de nuestro continente constituye un campo genético que las multinacionales aspiran controlar. En este sentido, el patentamiento de numerosas especies y, en términos más específicos aun, de estructuras de ADN, por parte de sectores privados abre numerosos interrogantes: ¿puede la vida caer bajo registros de propiedad intelectual?, ¿acaso no existe un límite en los procesos de mercantilización de la naturaleza?, ¿qué mecanismos discursivos jerarquizan porsobre todo el valor de cambio de los bienes naturales?, ¿qué riesgos socioambientales supone la privatización de lo genético? ¿Sobre quiénes recaen las externalidades?
 
Una primera reflexión sobre estos interrogantes es que el pillaje genético o la disputa por el control de las estructuras de ADN librada por las grandes compañías, constituye efectivamente un dispositivo de control político - biopolítico en términos foucaultianos-. Un biopoder en tanto y en cuanto se despliegan un conjunto de tecnologías tendientes a controlar la vida, sus formas de reproducción y los beneficios económicos que de ella se desprenden. Si entendemos por biopolítica el control de la población, la regulación de la misma, “la vida bajo el dominio del poder”, entonces el patentamiento de lo genético y las modificaciones a nivel molecular que las multinacionales están desarrollando constituyen verdaderas y sofisticadas tecnologías biopolíticas. Pues: "(…) con el patentado de especies diversas y las transgénesis no sólo se regulan los procesos de desenvolvimiento natural de vegetales y animales sino que, por añadidura, se incide en el control político de los procesos sociales.
Para el caso, el control de las semillas y los cultivos, repercute en términos de la dinámica de los ecosistemas naturales al tiempo que impacta en el devenir de los pueblos del mundo y de nuestra América en particular. El control de las semillas significa control, en consecuencia, de los alimentos, de las fuentes de alimentación de la humanidad. ”

En este sentido es que afirmamos que el despliegue de la maquinaria biopolítica del pillaje genético transforma a los campesinos del mundo en sujetos sujetados “por control y dependencia” de las multinacionales. Estas últimas al controlar las semillas controlan a campesinos y productores en función de sus propios intereses económicos.
Transgénesis y deriva tanatopolítica
El desarrollo de la ingeniería genética pareciera haber revolucionado no sólo el mundo de los cultivos sino las expectativas en un mundo con hambre. Es que los avances en genética en el ámbito de la agricultura moderna prometían una agricultura cada vez menos dependiente de los insumos químicos, una mayor productividad por superficie y una disminución de los costos de producción al tiempo que una reducción de los problemas ambientales. No obstante, habiendo ya transcurrido un período lo suficientemente extenso como para una evaluación acerca de estas promesas, lo cierto es que existe una amplia literatura científica que manifiesta la inverosimilitud de estos “logros”. Aun más, importantes investigaciones científicas dan cuenta de alarmantes resultados en relación a los impactos sociales, económicos y ambientales de los paquetes tecnológicos asociados al agronegocio. Invitamos en este sentido al lector a remitirse, entre otras sistematizaciones de los efectos de este modelo productivo, a la publicación de Giarracca y Teubal (2010) .

La expansión de los conocimientos sobre la transgénesis, para retomar las expectativas a las que anteriormente hacíamos alusión en materia de producción de alimentos, era/es alentada por grandes corporaciones beneficiarias directas de la privatización de lo genético y la comercialización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Corporaciones como Monsanto, Cargill, Bayer, Syngenta, Dow agrosciences, no casualmente disponen sus logísticas en pos de controlar el eslabón central/definitorio en la cadena de producción de alimentos: las semillas. A propósito de esto último es que consideramos necesario abordar las implicancias biopolíticas y tanatopolíticas subyacentes al control genético de las semillas. Una primera referencia marco para adentrarnos en tal perspectiva analítica lo constituye el profundo análisis que Pablo Dávalos (2010) ha realizado sobre el proceso de mercantilización de la naturaleza y su consecuente privatización. Particularmente la noción de “servicios ambientales” aportada por el autor ecuatoriano nos será de utilidad para reconocer las tecnologías dispuestas a controlar la vida.
Efectivamente, la privatización de la naturaleza acontece cuando los ecosistemas son reconocidos/procesados a partir de la noción de costo-beneficio y con ello adjudicados funciones o servicios ambientales. Al incorporar la naturaleza a la dinámica del mercado los servicios ambientales generados han de poseer un costo para los individuos y las comunidades. El propio autor da un ejemplo pertinente para advertir cómo la lógica de los servicios ambientales opera en materia de producción agropecuaria. Veamos: Este proceso de valorización del servicio ambiental es clave para las corporaciones que gracias a ello han podido desterritorializar su producción y separar la producción de su precio. Esto se ejemplifica con Monsanto y su producto transgénico Round-Up Ready. Lo que Monsanto cobra a los campesinos y a los productores agrícolas no es tanto la semilla transgénica sino el servicio que ella contiene y que se expresa en la adulteración de su código genético. Por ello, los campesinos y los productores agrícolas tienen que volver a comprar para cada siembra las semillas transgénicas, y por ello Monsanto puede perseguir a aquellos que utilizan sus semillas sin pagar el servicio ambiental, incluso cuando sea accidental como en el caso del contagio de transgénicos.

La noción de servicio ambiental es clave para entender la red de dispositivos que las distintas corporaciones del agribusiness ejercen para controlar las semillas y con ello el conjunto de la cadena de los alimentos. Es a partir de esta categoría de servicios que se extiende la dependencia frente a los intereses económicos de las grandes multinacionales: Si Monsanto pusiese un precio a las semillas transgénicas de acuerdo a los términos de un bien cualquiera, quien las compre puede usufructuar de ellas y puede volver a reutilizarlas, de la misma manera que se utiliza un bien una vez que haya sido comprado. Es decir, la compra de un bien cuando entra en el ámbito del consumo agota el derecho de propiedad de la empresa sobre ese bien. Se trata de un concepto de uso común en la economía clásica, pero que no es pertinente en el caso de los servicios ambientales, porque la noción de servicio es permanente y continua, vale decir, no se agota en el consumo de ese bien. Existe a su vez otro aspecto ligado a la transgénesis que tampoco se agota, que es permanente y continuo y que, en consecuencia, complementa esta lectura biopolítica de lo que acontece con el control de la semilla. Si por un lado el desarrollo de la genética avanzada ha permitido un control de la semilla al punto de realizar intervenciones en el material hereditario que posibilitaron el desarrollo de cultivos en condiciones desfavorables (escasez de agua, suelos salinos, etc.), es decir un control orientado a potenciar/maximizar los rindes; por el otro se han desencadenado prácticas que conllevan intrínsecamente fenómenos de muerte. Tal como lo refiere Ignacio Mendiola, la producción de muerte también es constitutiva de la biopolítica, pues ésta no es solo “hacer vivir” sino también “dejar morir”, y para dejar morir hay que hacer algo.

Para advertir las derivas tanatopolíticas o de producción de muerte indisociables de los “logros” en materia del conocimiento genético aplicado a la producción de cultivos transgénicos, consideramos necesario remitirnos previamente a la concepción filosófica que sustenta la libre manipulación de lo genético. Detrás de las producciones científicas aplicadas/dispuestas a controlar la naturaleza existe una mirada antropocéntrica de los fenómenos universales; antropocentrismo que sustenta no sólo la aspiración sino mas bien la creencia de que el saber científico es capaz de controlar todos y cada unos de las variables ocurrentes en los procesos naturales. Bajo esta premisa propia de la modernidad la ingeniera genética va a resignificar el valor/sentido cultural que los campesinos del mundo adjudican a la semilla, restringiéndolo a un mero conjunto de fenotipos y genotipos. Así, una vez disociada la semilla a partir del binomio referido es que se abre juego a la libre experimentación de los entrecruzamientos genéticos. Pero con esta aislación (de tipologías genéticas), no solo opera una política del hacer vivir sino también de dejar morir.
El modelo del agronegocio basado en el paquete tecnológico de los transgénicos y los agrotóxicos conlleva en su despliegue dispositivos de muerte, tanto a nivel genético como del propio cuerpo social. Tal vez el más visible y polémico producto biotecnológico en materia de producción de semillas sea el de la incorporación de las Tecnologías de Restricción en el Uso Genético (TRUGs), cuyo resultado es el comúnmente denominado gen terminator (tecnología para la restricción del uso de vegetales genéticamente modificados, por medio de obtener que la segunda generación de semillas devenga estéril.). Aquí cobra verdadera transparencia la deriva tanatopolítica de este tipo de tecnologías, pues si por un lado estas semillas prometen grandes rindes (asociados a la tan mentada y deseable idea de lograr alimentar a los miles de millones que mueren por desnutrición); por el otro la propia semilla garantiza su no reproducción (no producción de servicio ambiental) en la próxima campaña. El jaque en este sentido a la soberanía alimentaria de los pueblos no amerita mayores ilustraciones.
Pero la deriva o política de muerte no culmina como es de esperar con la infertilidad de un cultivo sino que se extiende al cuerpo social en por lo menos dos grandes instancias. A priori las promesas de un mundo sin hambre se transforman en el espacio rural en la brutal represión, prosecución y hostigamiento de las comunidades campesinas del mundo… son desplazados por su “falta de eficiencia” en la producción de commodities; clara disposición de muerte para quienes ancestralmente producen alimentos, pues les depara emigrar hacia los grandes conglomerados urbanos para engrosar las capas subalternas y periféricas de estos territorios. Pero los centros urbanos tampoco están exentos de los vientos de tánatos; es que además de consumir los alimentos con niveles superlativos de agrotóxicos las poblaciones urbanas, mayoritariamente las periféricas, se hayan expuestas a las derivas de agrotóxicos aplicados en las producciones agropecuarias lindantes a las ciudades o pueblos.

Según estudios: Los pueblos fumigados (en Argentina) también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%32 . Tras estas estadísticas sanitarias, cuanto menos alarmantes, damos lugar al penúltimo apartado de este escrito:

El pensamiento médico como heurística del agronegocio.
En él nos remitiremos a la noción de pensamiento médico expuesta por Michel Foucault en la entrevista del año 1977 con Manuel Osorio, pues creemos que dicha conceptualización brinda claves hermenéuticas para continuar explorando la discursividad inherente a las lógicas del agronegocio. El pensamiento médico como heurística del agronegocio El modelo de producción agrícola hegemónico en nuestros tiempos y máxima expresión del extractivismo en materia de producción agrícola, es decir el agronegocios, se desenvuelve (avizoramos) bajo un conjunto de dispositivos y discursos que nos llevan a pensar en la posibilidad de extrapolar lo que Michel Foucault refiere con la idea de “pensamiento médico” de nuestras sociedades occidentales. Recordemos que Foucault entiende al “(…) pensamiento médico como una manera de percibir las cosas que se organiza alrededor de la norma, esto es, que presupone deslindar lo que es normal de lo que es anormal (…)33 ”. Se trata de un pensamiento que instaurado en la sociedad ha conllevado a una “(…) medicalización general de la existencia (…)”.

Consideramos que en la agricultura moderna impera también una lógica de medicalización permanente, que implica la utilización a lo largo del ciclo de vida de los cultivos remedios (expresión comúnmente utilizada por productores rurales), con el fin de maximizar el rendimiento de los cultivos transgénicos. Así cuantiosos y diversos agrotóxicos son aplicados no sólo para corregir cultivos enfermos (atacados por plagas u hongos) sino fundamentalmente para evitar sus decaimientos. Estas prácticas, responden a saberes y discursos que no solo tienen a las grandes compañías de insumos químicos (en analogía grandes empresas farmacéuticas) como interesadas sino que se construyen a partir de aquellos que por ser portadores de conocimientos científicos están legitimados para recetarlos: así como los médicos recetan medicamentos a sus pacientes, los ingenieros agrónomos son quienes se encargan de elaborar las recetas fitosanitarias.
Pero los postulados de la medicalización general de la existencia no se agotan en los dispositivos asociados a la producción agropecuaria sino que se extienden al entramado social. Pues las derivas tanatopolíticas a las que anteriormente aludíamos al plantear los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, conlleva a una extensión del control sanitario. Otros dispositivos biopolíticos se enfocan entonces sobre las patologías derivadas de este modelo productivo, nuevos regímenes de medicalización puestos al servicio de atacar los síntomas de pacientes/poblaciones expuestos/as a plaguicidas. Empero advertimos que la lógica de la medicalización ortodoxa (hegemónica) apunta, no a denunciar las raíces de las enfermedades (impactos de las tecnologías contaminantes), sino a solapar los efectos sanitarios de las pulverizaciones con agrotóxicos. Dicho de otro modo, la medicina tradicional al in-advertir las causas profundas (que tienen su origen en los modelos productivos) y tratar aisladamente las patologías emergentes, se transforma en dispositivo de poder al servicio de la reproducción de las redes que colocan a la vida en los ojos del biopoder.

Palabras finales
Deseamos aprovechar estas últimas palabras para parafrasear el deseo de buen vivir inscripto aun en el discurso de las corporaciones de la manipulación y privatización genética: (…) estamos ante el inicio de un nuevo milenio, y todos soñamos con un mañana sin hambre. Para alcanzar este sueño, es necesario recibir a la ciencia que trae esperanzas. La biotecnología es la herramienta del futuro. Detener su aceptación es un lujo que el mundo con hambre no puede permitirse. Estamos ya en un nuevo siglo, y las mayorías desposeídas sueñan con un presente sin hambre, miseria ni explotación. Para alcanzar este sueño, es necesario abrazar la ecología de saberes. El conocimiento acumulado de las comunidades campesinas y su diálogo con las ciencias, son las herramientas del futuro. Invisivilizar saberes y prácticas ancestrales, profundizar emprendimientos extractivos y mercantilizar todo lo que esté al alcance es un absurdo que un mundo con hambre no puede soportar. Para finalizar nos referiremos una vez más a Michel Foucault; para quien el “poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean libres”. Creemos que esta es la libertad que ha de practicarse, individual y colectivamente, para reconocer y con ello resistir los discursos, prácticas y tecnologías dispuestas a reproducir las redes de control y manipulación de la propia existencia.
Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
 
 
 
Destapemos cómo la llamada clase política, las burocracias sindicales y los gobiernos de turno entregan Argentina y a nosotros mismos a la voracidad insaciable del capitalismo mundial integrado que planifica hasta nuestras subjetividades desde nuestros primeros años de vida. Nos urge desmitificar al proyecto nacional, popular y de derechos humanos. Reflexionemos sobre:
 
 
El Banco Mundial en el país de la desigualdad
Políticas y discursos neoliberales sobre diversidad cultural y educación en América Latina
Año 2007

Por Eduardo Domenech*

Introducción
Al cabo de un cuarto de siglo de experiencia neoliberal en América Latina y el Caribe, el neoliberalismo muestra, a pesar de cierta consolidación en el terreno de la economía, claros signos de debilitamiento, especialmente en los ámbitos de la cultura y la política, y de declinación de su ascenso ideológico (Boron, 2003). Sin embargo, frente a la ausencia de un modelo sociopolítico que lo reemplace, las instituciones que responden a la ortodoxia neoliberal están lejos de haber emprendido la retirada1 . En el campo de la educación, el Banco Mundial2 muestra una renovada voluntad por continuar con las reformas iniciadas durante los noventa, impulsando la implementación de una nueva agenda política para la década en curso3. Este hecho amerita y justifica un análisis pormenorizado del papel de este organismo internacional de crédito en la formulación de políticas y discursos neoliberales globales. Durante la última década ha surgido un importante número de producciones académicas ocupadas en el análisis de las políticas educativas del BM. Sin embargo, no es frecuente que atiendan específicamente la cuestión de la diversidad cultural en el examen de las posiciones, prioridades y recomendaciones del Banco. El presente trabajo examina el discurso y políticas del BM sobre la diversidad cultural y su relación con la desigualdad social, especialmente en materia de educación, y señala algunas implicancias para los distintos sectores y grupos socioculturales involucrados, sin ánimos de agotar en esta oportunidad la temática abordada.
 
Consideramos particularmente la visión institucional predominante del BM, lo que no supone que sus políticas y discursos no contengan fisuras y contradicciones o que no existan tensiones y conflictos hacia dentro de la institución. Así lo demuestra, por ejemplo, la elaboración de los documentos oficiales del Banco (Torres, 1997) o la formación de asociaciones en su interior dedicadas a promover y defender los intereses de los funcionarios según su adscripción étnica o nacional (Ribeiro, 2002). Nuestro análisis sugiere que el discurso y las políticas del BM referidas a la relación diversidad/desigualdad se apoyan en una lógica tecnocrática y pragmática y se fundamentan en una visión conservadora de la realidad social, a la vez que adhieren a postulados liberales4 , combinación que suele conocerse como modernización conservadora.
Este estudio también muestra que en el sector educativo, los principios y estrategias básicos del programa neoliberal articulados por el BM no han sido ni abandonados ni desplazados, a pesar de la nueva retórica del Banco constituida a fines de los noventa a partir del llamado Consenso post-Washington5 . Para ello, examinamos diversos documentos del BM, especialmente aquellos relacionados con la educación y la cultura. Una referencia ineludible sobre la política del BM durante los noventa la constituye el texto Prioridades y estrategias para la educación (editado en castellano en 1996), ya que se trata del primer análisis a nivel mundial sobre educación que publica el BM donde se sintetizan las conclusiones de otros estudios parciales después de 1980. Por su actualidad y el alcance para la región latinoamericana y caribeña, este trabajo se centra en el último documento estratégico del BM titulado La educación en América Latina y el Caribe6 . En ocasiones, para completar el análisis también acudimos a otros documentos de trabajo del BM referidos a la etnicidad, comunidades indígenas o migraciones. El BM resulta de particular interés debido, entre otras cosas, a que es uno de los principales promotores del pensamiento único, uno de los actores centrales que participa en la instauración de la ideología neoliberal y la construcción de su agenda7 .

Como tal, procura construir una ideología cerrada, “una ideología que no remite exclusivamente a la economía sino a la representación global de una realidad que afirma, en sustancia, que el mercado es el que gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado” (Estefanía, 1998: 26; énfasis original). Por otra parte, ha demostrado que es uno de los organismos neoliberales con mayor poder de influencia e imposición en el terreno de las políticas públicas –la educación, en particular–, poderes reservados con anterioridad exclusivamente a los estados nacionales.
Como señala Bonal (2002: 4), el uso de los préstamos condicionados como mecanismo de financiamiento de la educación supone la introducción de una forma de gobernabilidad que supera el espacio del Estado-nación y otorga a una institución supranacional capacidad de gobierno sin gobierno. Es por estas razones que, sin desconocer la importancia de las medidas económicas del programa neoliberal en América Latina, este trabajo se concentra especialmente en el proyecto político del neoliberalismo.

La ofensiva neoliberal: el Consenso de Washington y después
En respuesta a la crisis de los países latinoamericanos iniciada a mediados de los setenta, los organismos internacionales de crédito elaboran un conjunto de propuestas y medidas que se conocerán a inicios de los noventa como el Consenso de Washington, expresión personificada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este recetario neoliberal, consistente en diez lineamientos que conforman un programa de ajuste y estabilización, fue visto como la única solución para enfrentar los problemas económicos de la región, siendo adoptado consecuentemente por los gobiernos nacionales latinoamericanos. Las modalidades y ritmos de implementación varían según el país, en función de la particular conformación de los sectores dominantes locales y las vinculaciones que estos entablan con el aparato estatal y los sectores sociales subalternos (Castellani, 2002: 91). Basado en una fuerte crítica al Estado de Bienestar, al que se le atribuye un alto nivel de ineficiencia, burocratización y centralismo, este nuevo proyecto económico y político supone básicamente la reducción del sector estatal y la ampliación de la esfera del mercado. Visto que, desde la perspectiva neoliberal, los sistemas educativos latinoamericanos atraviesan una crisis de eficacia, eficiencia y productividad (Gentili, 1998a) y que, como dijéramos, el Estado es considerado sinónimo de ineficacia, ineficiencia, burocratización y centralismo, el Consenso de Washington aplicado en el campo de la educación también asume la premisa de que más mercado y menos Estado será la salida a los problemas educativos. Así, se proponen como medidas fundamentales la descentralización y la privatización.

A fines de la década del noventa, con el Consenso post-Washington, se introducen algunas modificaciones significativas en relación al papel y la organización del Estado. Después de sustentar el Estado mínimo, el BM propone un Estado complementario al mercado. En esta línea, Stiglitz sostiene: El gobierno debería servir como complemento de los mercados, emprendiendo acciones que hagan que éstos funcionen mejor y corrigiendo las fallas de mercado. En algunos casos el gobierno se ha mostrado como un catalizador efectivo [...] Pero una vez que ha desempeñado su rol catalítico, el Estado debe retirarse (1998: 713).
Es decir que, si bien a partir del Consenso post-Washington el papel del Estado es reacomodado, sus responsabilidades continúan siendo acotadas a ámbitos y modalidades específicas, mientras que al sector privado y el tercer sector se les confiere un papel estratégico en la toma de decisiones. Es por ello que Stiglitz sugiere discutir el modo en que el Estado debe implicarse, sus actividades y métodos, en lugar de ocuparse del tamaño del gobierno o de si el Estado debe o no involucrarse (Stiglitz, 1998: 712). Castellani recoge las recomendaciones centrales de este nuevo consenso neoliberal cuando afirma: los estados deben respetar, fomentar y aprovechar la iniciativa privada y la formación de mercados competitivos; los estados que no cuenten con altos niveles de capacidad institucional deben dedicarse, antes que nada, a proporcionar los bienes y servicios públicos que ni los mercados ni las asociaciones civiles voluntarias estén en condiciones de proveer satisfactoriamente; los estados deben garantizar que las instituciones estatales no actuarán en forma arbitraria; los estados sólo podrán emprender programas de intervención más complejos cuando hayan aumentado considerablemente su capacidad institucional; para reforzar su capacidad, los estados necesitan aplicar normas y limitaciones dentro de la sociedad y del propio aparato estatal, promover una mayor competencia en los órdenes público y privado, facilitar la expresión de las opiniones y las asociaciones tanto fuera como dentro del Estado, contar con un sistema judicial independiente, promover las asociaciones con agentes externos (como las empresas y organizaciones de la sociedad civil) y fomentar las asociaciones internas (Castellani, 2002). Para el BM, este renovado Estado neoliberal tendría las siguientes funciones: Aumentar la eficiencia de las finanzas públicas y los servicios esenciales prestados por el gobierno; limitar la participación del gobierno a aquellas actividades que el sector privado no puede llevar a cabo eficazmente; hacer que los proveedores de servicios sean más sensibles a las necesidades de sus clientes; y promover la equidad y la participación de las partes comprometidas en todos los aspectos de la gestión de los servicios sociales (Banco Mundial, 2004: 32)8 .
En suma, como indica Castellani, ahora el BM afirma que un crecimiento sostenible de amplio alcance requiere, en primer lugar, acomodar el papel del Estado a su capacidad; y en segundo lugar, mejorar sustantivamente esa capacidad para lograr intervenciones cada vez más eficaces (Castellani, 2002: 94). En correspondencia con los postulados del Consenso postWashington, en el terreno educativo el Estado debe impulsar o profundizar procesos de descentralización económica y administrativa, fomentar el crecimiento del sector privado en el financiamiento y prestación de la educación, asegurar la mejora de la calidad y eficiencia de la educación y gestionar procesos de evaluación. El BM pretende que el Estado –para el BM se trata del gobierno central– no sea “el único responsable de impartir la educación”. Según su perspectiva actual, la educación debe estar también en manos de los gobiernos locales, la comunidad, las familias, los individuos y el sector privado (Banco Mundial, 2004: 32). Más precisamente, y en aras de la equidad, el Estado debe ocuparse en forma prioritaria de brindar educación a aquellos sectores sociales que no pueden adquirirla en el mercado educativo. En función de ello, el BM se propone “elevar la calidad pedagógica y revitalizar las escuelas públicas para alumnos pobres al apoyar mejoras en la enseñanza y el aprendizaje” (Banco Mundial, 2004: 88; énfasis propio). En este sentido, el Estado vendría a corregir las llamadas imperfecciones del mercado. A pesar de las reticencias o el rechazo que, según las distintas posiciones al interior de la corriente neoliberal, le genera el Estado a los neoliberales, lo cierto es que el BM necesita de los organismos estatales para asegurar la implementación (además de la función de legitimación que deben cumplir) y la continuidad de sus programas y políticas: “La administración de la continuidad de la reforma educativa en sí misma es una función esencial del nuevo ministerio de educación” (Banco Mundial, 2004: 100). La institución defiende “una dirección fuerte y continua dentro del ministerio”, a la vez que busca redefinir y acotar sus responsabilidades. “Esto implica la necesidad de que un ministerio de educación sea una organización de aprendizaje que continuamente identifique problemas, formule soluciones y evalúe los resultados” (Banco Mundial, 2004: 100). Para el BM, “los ministerios de educación tienen que tener la capacidad para formular, comunicar y poner en práctica sus políticas, evaluar las escuelas y programas, y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, escuelas y maestros” (Banco Mundial, 2004: 100).
 
El Banco Mundial detrás de escena
En los documentos del BM se trasluce su vocación hegemónica y su interés estratégico por llevar adelante su proyecto político, contando para su construcción con el poder de influencia e imposición que le otorga la prestación de créditos, la producción y sistematización de
conocimiento y experiencias mundiales, y su extensa red de vínculos con organismos de gobierno, instituciones académicas y centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y medios de comunicación masivos. En este sentido, la constitución de relaciones y redes transnacionales (Mato, 2001; 2004), en correspondencia con la misión institucional que tienen los actores transnacionales y globales, sirve a los intereses de difusión de las representaciones de las ideas clave que dan sentido a sus prácticas (Mato, 2004: 72). Es por ello que sus propuestas y recomendaciones no se reducen ni deben ser vistas únicamente como recetas económicas. En palabras del propio Banco, “además de proporcionar recursos financieros para servir a sus clientes, el Banco Mundial reúne conocimientos y experiencia a escala mundial” y “facilita la comunicación entre las figuras clave dentro y entre los países” (Banco Mundial, 2004: 114).
La sistematización y, por consiguiente, la selección de conocimiento es una tarea que recibe una creciente atención de su parte con la intención de erigirse como una autoridad del saber legítimo en materia de desarrollo a partir de su larga experiencia en la elaboración e implementación de programas de desarrollo, para lo cual cuenta con su propio plantel de expertos y con asesores externos. El Banco se dedica cada vez más a sistematizar el conocimiento global en torno a ciertos temas y problemas que atañen a los países en vías de desarrollo […] actúa como conducto para la transmisión a sus clientes de experiencias y conocimientos mundiales sobre buenas prácticas de desarrollo que los equipen para diseñar e implantar políticas sociales eficaces y sostenibles (Banco Mundial, 2004: 115; énfasis propio). Esta combinación de capacidades, base diversa de conocimientos y extensa experiencia geográfica, contribuye al rigor analítico de la investigación, diseño de proyectos y asesoría en formulación de políticas del Banco. Estos atributos ayudarán al Banco a llevar neutralidad y objetividad a los estudios, asesoría en formulación de políticas, y supervisión y evaluación del trabajo en el desarrollo del sector de educación en ALC (Banco Mundial, 2004: 114).
Por otra parte, la relación del BM con otros organismos internacionales, o mal llamados “organismos multilaterales” (como diría Atilio Boron), explica su posición dominante en el nuevo orden internacional. El FMI, la OMC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros, son sus socios naturales, pero sus alianzas estratégicas con organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO y UNICEF, por ejemplo, y otros a nivel regional, como el BID, resultan vitales para comprender su avance en el terreno de la educación y la cultura. Sin desconocer diferencias importantes entre estos organismos –ya que en la propuesta de los pertenecientes a las Naciones Unidas se suele atribuir al Estado un papel activo con metas propias y una determinada concepción de ciudadanía (Rivero, 1999)–, la crítica generalmente coincide en que estas instituciones aceptan como inevitable el nuevo orden neoliberal y tratan de construir un rostro humano para sostener el modelo propuesto.
 
En el ámbito nacional, por su parte, el BM encuentra aliados entre los grupos y sectores dominantes locales, se trate de organismos de gobierno, organizaciones empresariales privadas u organizaciones no gubernamentales. Resulta elocuente que el BM considere a los funcionarios de los ministerios de educación como “los socios del Banco en la educación” y a los de los ministerios de economía como “los principales interlocutores del Banco” (Banco Mundial, 2004: 114). Con el objetivo de revisar sus estrategias o formular nuevas políticas, así como de asegurar el consenso y conseguir el apoyo político necesario para las reformas económicas y sociales, el BM organiza y financia eventos de distinta índole junto a organismos internacionales y gobiernos nacionales, o convoca y reúne a funcionarios políticos, intelectuales del ámbito académico, figuras de la sociedad civil y el gobierno, beneficiarios y diseñadores de programas del tercer sector en congresos, conferencias y talleres, actividades de investigación y consultoría, etc. En efecto, la elaboración del último documento del BM dedicado al sector educación para América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2004), donde se definen las estrategias para la región a lo largo de la próxima década, es producto de este tipo de acciones. Comenzó con un taller al que asistieron expertos en educación de la región y fue paralelo a la preparación del documento mundial para el sector educación, aprobado por la junta directiva del BM en 1999 (Banco Mundial, 1999).
 
En 1998, a los pocos meses de realizarse en Santiago de Chile la Cumbre de las Américas II, el presidente del BM, James Wolfensohn, convocó a ministros de educación y líderes del sector privado de América Latina y el Caribe a una reunión en la sede del Banco en Washington DC, donde se confirmaron los compromisos asumidos en aquel encuentro. No debe sorprender, entonces, que el BM suscriba las metas establecidas para el año 2010 y los compromisos tomados en la Cumbre de las Américas II, ya que en ella se mantienen y refuerzan los principios y estrategias defendidas por el mismo Banco y que se plasmarán en sus posteriores documentos: focalización, evaluación de la calidad de la educación, profesionalización docente, descentralización y capacitación para el mundo laboral, entre otros. Además de la construcción de la agenda política, es necesario tener presente que el BM promueve el trabajo entre el sector público y/o el privado o el tercer sector debido a que, en sus últimas formulaciones, dichas instituciones son vistas en cierta forma como complementarias para mejorar la eficacia de los programas y reducir los gastos gubernamentales, lo que no es un dato menor. También es importante considerar que la relación entre el BM y los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales no es ni lineal ni unilateral. Además del innegable y reconocido poder de influencia y prescripción de EE.UU. sobre el BM, otros estados nacionales centrales han mostrado cierto ascendente para participar en la reorientación del pensamiento y la práctica del desarrollo, quizás precisamente en aquellas áreas donde el BM posee menos experiencia, como en el campo de la cultura (ello no significa que la propuesta no se ajuste a los lineamientos del propio BM). A manera de ejemplo, en el año 2000 y en el marco del Programa de Aprendizaje e Investigación sobre Cultura y Pobreza del BM, el Cultural Assets for Poverty Reduction Group percibió del gobierno holandés un subsidio destinado a la investigación sobre cultura y pobreza, con el objetivo de generar conocimiento en el campo del desarrollo e influir en la agenda de la pobreza y el modus operandi del BM y otros organismos de la comunidad internacional dedicados al tema del desarrollo.
A partir de las críticas recibidas por el BM y de la oposición que se generó desde los nuevos movimientos sociales durante la década del noventa, este se vio en la necesidad de modificar su discurso, aunque minimice los ataques aduciendo que el Banco no ha logrado informar adecuadamente sus objetivos y actividades. Ahora el BM pretende mostrarse como una institución abierta, transparente, tolerante, colaborativa, participativa y democrática. También busca otorgar credibilidad, además de legitimidad, a sus argumentos y recomendaciones, amparándose en su experiencia y conocimiento, relacionándolos con casos exitosos y atribuyéndoles un pretendido rango de cientificidad mediante sofisticados (y no tanto) análisis estadísticos o abundantes (pero endebles) referencias teóricas y empíricas. Además, créase o no, el BM dice reunir objetividad y neutralidad (Banco Mundial, 2004). Esta institución pretende persuadir a su nuevo público (ahora sostiene que no sólo se dirige a los técnicos y expertos, sino también a todos aquellos interesados en los asuntos sociales) exponiendo sus ideas y propósitos con una extraña mezcla de descontextualización, generalización, distorsión y omisión. Por ejemplo, oculta los efectos reales de las políticas de estabilización y liberalización económica implementadas en la región, deposita la iniciativa y la entera responsabilidad en los gobiernos, a pesar de que el propio BM, como agencia de préstamos reguladora y proactiva (Torres, 2002), impulsa las reformas y establece condiciones para el otorgamiento de los créditos, omitiendo su intervención –de la misma manera en que los gobiernos nacionales no asumen su cuota de responsabilidad en las consecuencias que traen las negociaciones con el BM– y atribuyéndoselas a la mano invisible de nuestro tiempo, la globalización económica, como si el BM no fuera uno de los actores centrales en la configuración del nuevo orden internacional. Por otra parte, en sus informes del sector educación, el lenguaje y los términos utilizados por el BM son muchas veces ambiguos.  (…)
Consideraciones finales: una respuesta a las políticas educativas neoliberales y neoconservadoras
Hemos visto que en el campo de la educación, el BM impulsa estrategias y políticas amparadas en una visión pragmática, tecnocrática y conservadora de la realidad social y educativa, adhiriendo a la vez a determinados postulados liberales conforme la corriente dominante internacional. Quizás sea por tal motivo que movimientos que reúnen diversos sectores e instituciones del progresismo y la izquierda, como el Foro Mundial de Educación (FME) de Porto Alegre, cuya primera edición tuvo lugar en el año 2001 a partir de su articulación con el Foro Social Mundial, son vistos como una alternativa y una respuesta legítima a las políticas neoliberales y neoconservadoras en el campo de la educación y la cultura frente a otras instituciones que no hacen más que aspirar a otorgarles un rostro humano.
El FME se configura como un nuevo espacio para combatir la hegemonía neoliberal, especialmente en el campo de la educación, con una propuesta que se dirige a la búsqueda de la universalidad de la educación pública, laica, gratuita, de calidad y socialmente referenciada. Como se expresa en sus declaraciones, propone la construcción de un movimiento colectivo a partir de la movilización de educadores, estudiantes, entidades sindicales, movimientos sociales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, universidades, escuelas, para avanzar en la discusión sobre las dificultades y victorias de una educación liberadora e inclusiva, capaz de incentivar la ciudadanía activa, inter/multicultural y planetaria. Unidos en oposición al neoliberalismo, el consenso entre los diversos actores sociales involucrados parece haberse alcanzado a través del compromiso común con la educación pública como derecho social exclusivo.
No casualmente, el FME surge en un momento histórico en el que las agencias de las Naciones Unidas y organismos internacionales como el BM, la OMC y el FMI son fuertemente cuestionados y necesitan legitimación. Experiencias internacionales como la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990) y el Foro Mundial de la Educación (Dakar, Senegal, 2000) llevaron a desconfiar de la capacidad de cambio de estos grandes eventos para favorecer el desarrollo de políticas y estrategias dirigidas a superar los llamados grandes problemas de la educación. El Foro Mundial de Educación de Porto Alegre viene a afirmar la importancia de la educación pública, a renovar las expectativas en torno a la educación emancipatoria, a sugerir alternativas de carácter crítico para demostrar que –como sostiene el lema del FSM– otro mundo es posible, y construirlo alejándose de concepciones y propuestas de corte tecnocrático, imperantes en encuentros internacionales como los citados. Las intenciones políticas del FME se cristalizan en una organización democrática y participativa. Su estructura organizativa busca democratizar el proceso de toma de decisiones, implementando mecanismos de elaboración colectiva. A diferencia de otros encuentros organizados por las agencias internacionales (Jomtien y Dakar constituye un buen ejemplo), en el FME se busca evitar el establecimiento de una estructura centralizada de poder alejada de criterios democráticos. Se pretende articular las luchas internacionales e internas por una educación pública, gratuita, democrática y de calidad como un derecho de todos los ciudadanos y un deber del Estado, a partir de referencias construidas democráticamente por el conjunto organizado de la sociedad. Frente a los grandes eventos que sólo convocan a representantes de gobiernos nacionales, ONGs y agencias internacionales, un elemento que distingue al FME es la multitudinaria participación de diversos actores sociales, desde educadores/as e investigadores/as individuales hasta movimientos sociales y organizaciones sindicales.
También cabe destacar la ausencia de organismos internacionales de desarrollo en el FME, dado que su participación en el ámbito de la educación es creciente y cada vez más frecuente. Como hemos visto, el BM figura entre las agencias auspiciantes de las reuniones mundiales dedicadas a la educación realizadas en Jomtien en 1990 y Dakar en 2000. Por otra parte, el FME apuesta también a la universalización de la educación y a la reducción y eliminación del analfabetismo como otros llamados mundiales, pero defiende explícitamente el carácter público, laico y gratuito, emancipador y popular de la educación, sustentada por el Estado y garantizada en todos sus niveles, bajo todas sus formas y para todos los sectores sociales. En cambio, el papel de la educación avalado y defendido en Jomtien, y especialmente en Dakar, deja entrever una perspectiva técnica basada en un reduccionismo eficientista y una focalización sostenida. En suma, sin intenciones simplificadoras ni maniqueas, la diferencia fundamental entre las reuniones mundiales de Jomtien y Dakar y organizadas por la UNESCO (entre otras agencias de Naciones Unidas) junto con el BM por un lado, y el Foro Mundial de Educación de Porto Alegre articulado con el Foro Social Mundial por el otro, radica en la formulación de dos proyectos de sociedad mundial opuestos. Hasta ahora, las fortalezas del FME son más evidentes que sus debilidades. Quizás sea demasiado temprano para abordarlas y sea necesario esperar la concreción de las acciones planificadas que pretenden superar declamaciones bienintencionadas, pero resulta innegable el protagonismo que ha asumido el FME como movimiento social en la historia universal al otorgar un lugar en el mundo a las voces silenciadas. De todas maneras, para convertirse en un interlocutor con capacidad de intervención en los asuntos públicos nacionales e internacionales, un interlocutor con poder para desalojar a los organismos financieros de crédito como el BM del lugar que ocupan, el FME deberá trascender su lugar de reunión y expresión de las voces oprimidas, explotadas y excluidas para constituirse en un espacio desde el cual se articulen propuestas y acciones de cambio social y educativo críticas y emancipatorias.
Bibliografía: (…)
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* Docente-investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde co-coordina el programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina.

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100919074222/4Domenech.pdf
 
 
 
Nos  fundamentan que la soberanía popular no proviene de ganar las elecciones  como la casta política nos quiere convencer para la permanencia de nuestra subsunción en el sistema de expoliación y explotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza.
 
 

El capitalismo no marcha hacia atrás: la ofensiva conservadora en América Latina
14 de julio de 2017
 
Por Santiago Mayor (Rebelión)
 
Desde hace varios años que partidos y movimientos políticos de derecha han avanzado en la región, ya sea haciéndose con el gobierno o logrando imponer agenda. Lejos de querer retroceder en el tiempo, esta dinámica se inscribe en una nueva etapa del capitalismo mundial.
 
La excepción latinoamericana
Quizás la perspectiva nos hace perder el cuadro global, pero la oleada progresista y revolucionaria que vivió América Latina a comienzos del siglo XXI fue una excepción a nivel mundial. El neoliberalismo (fase superior del capitalismo de posguerra) siguió su expansión en todo el planeta.
En ese marco la impugnación política que sufrió ese modelo en varios países de la región, como se vio en el “no al ALCA” de 2005 y en diversas políticas redistributivas internas, supuso en la mayoría de los casos una continuidad respecto a la inserción de esas economías en el mercado mundial (como en los modelos neodesarrollistas de Argentina y Brasil). Pero aún incluso en los procesos más radicalizados como los de Venezuela y Bolivia, no se logró ir más allá de una confrontación parcial que nunca dejó de depender en gran medida del rol asignado a Latinoamérica en la división internacional del trabajo.
 
Los límites propios de los procesos latinoamericanos que no lograron avanzar y consolidar iniciativas soberanas conjuntas (como el Banco del Sur o el ALBA) que permitieran generar resortes contra las crisis económica mundial, terminaron siendo el campo fértil sobre el que se dio la ofensiva conservadora.
 
Ganamos las elecciones, pero igual perdimos
El mismo fin de semana que Mauricio Macri ganaba el ballotage, Joao Pedro Stédile -dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil- afirmaba en una charla en la Escuela Florestán Fernandes de Sao Paulo que en su país se habían ganado las elecciones, pero el pueblo había perdido igual. La referencia era al triunfo de Dilma Rousseff sobre Aecio Neves en 2014, que no impidió que por presión de sectores conservadores (dentro y fuera del gobierno) a mediados de 2015 se aplicara un ajuste brutal.
 
Es que el modelo económico, asentado sobre la lógica extractivista y de producción de materias primas, se mostró corto de horizonte en cuanto el mercado mundial comenzó a crujir luego de la crisis iniciada en 2007. Los capitales volvieron al centro y la restricción externa, acompañada de una devaluación de la moneda (tanto en Argentina como en Brasil) planteó un límite a la posibilidad de distribución del ingreso con una consecuente caída en el nivel de vida.
 
Como señalamos en noviembre de 2015, “esta crisis de los modelos neodesarrollistas también plantea que la alianza entre las burguesías locales y los sectores populares fracasó. Pero esta derrota del ‘capitalismo serio’ no fue una decisión de la clase trabajadora, sino de las propias burguesías”.
Fueron estas últimas las que, ante los primeros signos de retroceso de sus ganancias extraordinarias, le “soltaron la mano” a esas alianzas y los gobiernos que las impulsaban. En parte por eso las salidas a esos procesos fueron por derecha y no implicaron una profundización de los aspectos más progresivos de aquellos modelos.
 
La reforma laboral brasileña y el avance del capitalismo dependiente
La promesa de Mauricio Macri de que las inversiones iban a llover una vez que él fuera electo presidente tuvo el error de cálculo de no considerar los movimientos geopolíticos y económicos mundiales. Acertado en la política local -que le permitió ganar las elecciones-, pretendió aplicar un modelo económico que no tiene cabida ante la incertidumbre global.
 
Por eso el espejo de Brasil y su reforma laboral se muestra como un camino a seguir. Es que cuando se toma distancia de la primera impresión, esta no supone una vuelta al pasado. Por el contrario, la ley brasileña avanza en el sentido lógico de una economía capitalista dependiente.
La dificultades, producto del intercambio desigual entre los países industrializados y aquellos que son productores de materias primas, llevan a estos últimos -ante la imposibilidad de revertir la ecuación internacional- a compensar esa transferencia de valor de la periferia al centro dentro de sus propios territorios.
 
En los años ‘70, el teórico de la dependencia Ruy Mauro Marini, un sociólogo marxista brasileño, definió este mecanismo de compensación como “superexplotación del trabajo”.
En su texto Dialéctica de la dependencia (1973), Marini explicó que este modo específico de explotación se puede dar por tres factores: “El aumento de la intensidad del trabajo (…) logrado a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento de su capacidad de trabajo”; “la prolongación de la jornada de trabajo, es decir, del aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica”; y la posibilidad de reducir “el consumo del obrero más allá de su límite normal (…) implicando así un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente”.
 
El teórico brasileño también señaló que “esto es congruente con el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la economía latinoamericana, pero también con los tipos de actividades que allí se realizan”. Es que en la industria fabril “un aumento de trabajo implica por lo menos un mayor gasto de materias primas”, mientras que en la industria extractiva y en la agricultura “el efecto del aumento el trabajo sobre los elementos del capital constante son mucho menos sensibles, siendo posible, por la simple acción del hombre sobre la naturaleza, incrementar la riqueza producida sin un capital adicional”.
 
Si bien estos postulados no necesariamente se presentan “puros” en la realidad, las similitudes con la ampliación de la jornada laboral, reducción de derechos y aumento de la edad jubilatoria impulsadas por el gobierno de Michel Temer, resultan sorprendentes.
Para el capitalismo dependiente latinoamericano las condiciones de posibilidad de su existencia están dadas por reforzar esos mecanismos que buscan remunerar la fuerza de trabajo “por debajo de su valor”.
 
No vamos a volver
Ese es entonces el camino “viable” para la derecha latinoamericana que busca tomar la iniciativa. Pero también es una advertencia para quienes desde la vereda opuesta buscan plantear alternativas que -en palabras de Álvaro García Linera- abran una nueva “oleada revolucionaria”.
Retrotraer la situación a lo sucedido durante los últimos 15 años, no es una opción. Excede la voluntad: las condiciones económicas extraordinarias que generaron esas coyunturales alianzas de clases, ya no existen.
@SantiMayor
 
 
Percibamos cómo los gobiernos progresistas usando el poder estatal han combatido a los pueblos originarios y a todas las fuerzas autónomas de abajo y a la izquierda para imponer la expansión del extractivismo exportador. También consideremos nuestro imperativo de juzgarlos y condenarlos por su condición de partícipes imprescindibles del ecocidio-genocidio.
 
 
Entrevista a Fernanda Vallejo
La década del gobierno Rafael Correa y
la situación de las comunidades indígenas en Ecuador
24 de junio de 2017
 
Por Eleuterio Gabón (Rebelión)
Poco después de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, entrevistamos a Fernanda Vallejo para que nos haga un repaso sobre la etapa del último gobierno en su país. En su análisis destacan las perspectivas indígena y campesina, mundos en los que desempeña su labor como antropóloga.

El país, su ecosistema y la agresión de las mineras
Hablamos de un país pequeño, con 14 millones de ecuatorianos, mega diverso en términos de biodiversidad pero también en cuanto a cultura. “Hay veinte nacionalidades y se hablan 17 lenguas distintas. La mayor parte de la población del país se define como mestiza y casi todos tienen una vinculación directa con el mundo rural de una u otra manera.” Se trata fundamentalmente de un país agrícola, aunque la mayor parte de la población es urbana por la presión del sistema, todavía el 40% de los habitantes del país viven en el medio rural. “Es en el mundo rural donde se mantiene la base cultural del país a pesar de la presión mundial que existe en favor del urbanismo. Una parte importante de la población es indígena originaria quechua, se concentran en la Amazonía principalmente y también en la costa. Entre el litoral, la región andina y la Amazonía hay muchas formas culturales, diferentes visiones y modos de entender la vida. Como país, nuestro modelo de desarrollo está dedicado a la agro-explotación primaria, monocultivos, a pesar de lo cual mucha población indígena se dedica al cultivo del alimento que comemos, algo que en estos momentos de la historia es un lujo.”
 
El país es conocido por exportar bananas, cacao y café. “El monocultivo de cacao ha pertenecido durante décadas a los oligopolios, actualmente al igual que el café son productos campesinos, no precisamente por una inversión pública, sino por la capacidad que tienen los campesinos para deshacerse de las maneras de producción que no les benefician.”
A día de hoy el país vive de las exportaciones de petróleo y en los últimos tiempos se está recurriendo a la explotación minera sobretodo en territorios de la Amazonía y en lugares de gran impacto medioambiental como son los páramos de las zonas altas. “En estos lugares, encargados de mantener la regulación hídrica y la captura de carbono, es donde encontramos las fuentes de agua dulce más importantes, no sólo del país sino de toda la cuenca amazónica.” Hablamos de una de las principales reservas de agua dulce de todo el planeta. La minería a cielo abierto es la gran amenaza para este ecosistema. Lo mismo ocurre en Perú y Colombia.
Las explotaciones mineras utilizan ingentes cantidades de agua, agua dulce y limpia que desechan contaminada y sucia. Se requieren millones de litros para la explotación y los desechos acaban yendo a los ríos. A pesar de que existen las llamadas piscinas de oxidación donde se intenta limpiar el agua y evitar la contaminación, la propia orografía del terreno lo hace muy difícil. La selva tropical presenta una configuración geológica muy frágil. “Allí llueve permanentemente, hay continuos desbordes de cauces y derrumbamientos de laderas y montes. Esto supone que las piscinas de oxidación no van a poder contener el agua sucia que acabará por contaminar los ríos. Además, aquí el suelo funciona a modo de esponja, permitiendo absorber y dosificar el filtrado del agua en la tierra; la minería quita esta cubierta vegetal produciendo, tanto grandes sequías, como inundaciones.”
 
Tanto en la selva húmeda tropical como en los páramos vive la gente. Gente que ha conservado este ecosistema y lo ha mantenido con sabiduría ya que depende de él para sobrevivir. “Lo han hecho tan bien que su presencia allí no se nota, apenas dejan huella en el paisaje. Desde los centros urbanos se dice que es selva virgen pero la población indígena ha vivido allí durante milenios, utilizando la naturaleza con una lógica y un respeto que permite que ella misma se regenere. Este es el modelo opuesto al del desarrollo capitalista y no se va a poder mantener de aquí en adelante.”
Como decimos, el imaginario nacional tiene la idea de que son tierras desocupadas. “La población de montaña realiza una agricultura itinerante sin permanecer mucho tiempo en un lugar y por ello se dice que allí no hay gente. Deciden que no hay pueblos y que se pueden explotar sus territorios; se dice que están vacíos o que son muy pocos y que el país necesita combustibles. Se trata de un imaginario creado que justifica la invasión y la explotación de la tierra.”
Durante los 50 y 70 se llamaron tierras baldías promoviendo una apertura a su colonización. “Ya hace décadas hubo conflictos interétnicos aunque con el tiempo se fueron encontrando mecanismos de coexistencia entre campesinos e indígenas. Entonces la población mestiza pobre fue a ocupar territorios de pueblos originarios con lo que ahora es difícil saber quién es indígena y quién no y qué pueblos son los originarios.” De esto se aprovechó el Estado. Desde entonces ha habido una guerra interna contra los shuars, con dirigentes presos, también muertos y muchos desplazados.
La explotación intensiva del petróleo comienza en los años 70, en la Amazonía. “Llevamos 40 años exportando petróleo, es nuestra principal fuente de ingresos sin embargo nuestras reservas no son muy grandes. El petróleo que se saca del Yasuní está vendido de antemano, se pre vendió todo principalmente a China. Todo lo que se saca ahora es para pagar la deuda de los últimos cinco años. Ahora la economía empieza a basarse en la minería, es la lógica del capital.” Para promover su implantación, ya ha habido ocupaciones militares y desplazamientos de indígenas Shuar en la Amazonía.
 
También se han construidos muchas presas para hidroeléctricas aprovechando la riqueza hídrica del país.” Venden esto como energía limpia produciendo energía que incluso se ha puesto a vender a los vecinos, sin embargo, a mi entender no está dando mucho resultado. Se podría plantear una economía de pequeños productores, lo que no generaría grandes capitales sino la posibilidad de llevar una vida austera en términos de dinero pero siendo autosuficientes y teniendo calidad de vida.”
 
En esta lógica de la implantación de modelos de desarrollo capitalistas, no se negocia con pueblos originarios. En ocasiones se argumenta directamente que no se trata de pueblos originarios, que no son territorios shuar, para así poder saltarse la consulta previa e informada a la que obliga el convenio 169 de la OIT, ratificado por Ecuador en 1998 [1] . Por lo general se habla de socializar las tierras y por tanto se les echa si no se adaptan al modelo y los empleos que les dan. “El Estado declara de utilidad pública las tierras y luego deposita un dinero en cuentas bancarias, es asunto de los propietarios si toma el dinero o no. Si no lo hacen interviene la fuerza pública. Ha ocurrido en comunidades enteras a las que se les ha invadido y destruido sus parques, iglesias… desalojadas por la llegada de las mineras. Tenemos una constitución que consagra los derechos de la Madre Tierra pero Correa explicó que también ella tiene deberes que cumplir, como generar ingresos y dar de comer a la gente pobre.”

Correa y el gobierno de Alianza País
Antes de empezar a analizar la última década de gobierno en su país, Fernanda avisa: “No me gusta personalizar en Correa ni en figuras carismáticas como ocurre en otras partes de Latinoamérica. Hay que superar este tipo de análisis. Prefiero hablar en este caso del gobierno de Alianza País.”
Tras el final de la dictadura en los 70, toca pagar las deudas contraídas en este periodo. De este modo se suceden gobiernos sin una capacidad real de funcionar. “Desde entonces no se ha tenido la oportunidad de tener un Estado capaz de administrar recursos y generar derechos reales, ni condiciones para la educación y la salud pública. La situación era de escuelas sin pupitres y hospitales sin gasas, donde la gente se tenía que comprar sus propios utensilios para ir a escuela o ser atendido en un hospital, ese era el nivel.”
En los primeros años del siglo XXI la presión neoliberal acabó dolarizando [2] el país, lo que supuso una crisis económica con el consecuente éxodo de dos millones de ecuatorianos que marcharon principalmente a España y Estados Unidos. A comienzos de 2000 el neoliberalismo se hizo insostenible con 5 presidentes en 5 años. “En 2000 llegó la dolarización que es similar al corralito argentino, la diferencia es que en Ecuador hay una economía más informal y muy poca gente con cuentas bancarias.”
Por entonces comenzaron las políticas públicas con fondos del Banco Mundial para el bilingüismo y proyectos sociales de salud. “Esto permitió también el reconocimiento de otras lenguas. Poco después surgió el movimiento urbano de los Forajidos que logró la caída del presidente Lucio Gutiérrez, lo que supuso la muerte política de la izquierda. La clase media quería una renovación política total.” Es entonces cuando surge Alianza País como una renovación de la izquierda.
Correa llega para por primera vez construir un Estado. “Una nueva constitución que se aprueba en un proceso colectivo, refunda el país. La idea es la de repartir la riqueza. Se reconocen los derechos de la naturaleza, el derecho al buen vivir y finalmente el estado plurinacional, una lucha del movimiento indígena.” Los precios del petróleo son en ese momento los mejores de la historia moderna y el gobierno aboga por poner caducidad a los contratos abusivos de las grandes empresas petroleras europeas y norteamericanas. “Se realizó una auditoría de la deuda externa que detectó evidencias de ilegitimidad e ilegalidad por lo que la mayor parte podía lícitamente no pagarse. Teníamos al FMI ahogándonos con políticas de ajuste estructural y en ese momento si Ecuador decidía no pagar supondría un precedente histórico a nivel global. Países como Argentina, Brasil o la India estaban a la espera de lo que se decidía en nuestro país.” Esta situación provocó la caída de los bonos de deuda lo que se consideró como una oportunidad para comprar esos bonos a bajo precio. “En definitiva, se echó marcha atrás y se aceptó pagar la deuda conseguida a precio menor, considerando este resultado como un buen negocio. Se reconoció la deuda que se había demostrado que no merecía ser pagada rebajando a una tercera parte el precio.”
Con los recursos de la explotación petrolera que el Estado se había apropiado, se incrementaron los bonos de subsidio de la gente con cero recursos. “Se duplicó de 15 a 30 dólares lo que fue para mucha gente absolutamente salvador.” Alrededor de esto se generaron políticas conductivistas para recibir las ayudas, la gente tenía que demostrar que escolarizaba a los niños y se adscribía a los centros médicos. Se realizaron inversiones en escuelas, hospitales y carreteras. El salario básico se incrementó y hubo ayudas para la vivienda. “Teníamos dinero y se redistribuía la riqueza.” Por otro lado, se promovió el llevar a cabo una revolución agraria que luego fue reforma y finalmente acabó en nada. Se dieron algunos subsidios al campo muy focalizados a modo de paquetes de agroquímicos, semillas híbridas y pequeños tractores. “Correa acabó por reconocer que la mayor deuda de su gobierno fue con los campesinos. Hubo necesidad de demostrar que se hacía una inversión enorme y modernizadora. El problema es que al mismo tiempo existe mucha corrupción y sobreprecios de estas inversiones y construcciones que es muy difícil de demostrar a día de hoy.”
Durante una década en la que el gobierno tuvo el apoyo popular se reestructuró el Estado. En esta etapa hubo una borrachera de consumo que a la gente le gustó, la clase media estaba encantada. Sin embargo, todo lo que había funcionado comunitariamente y de forma autogestionada desde hacía mucho, como en la administración del agua, la tenencia de la tierra, las radios comunitarias… se reconoció pero a cambio tuvo que pasar el filtro de la supervisión del Estado y adecuarse a sus normativas y leyes. En este proceso se limitó la capacidad autónoma de gestión en las comunidades. “En mi país el tendido eléctrico, el agua que llega a las casas, los caminos, han sido levantados por la autogestión de la gente en muchos lugares y comunidades.

Ahora el Estado, sobre esta organización ya hecha, se pone a normativizar y de algún modo, se la apropia mediante sus leyes sin merecerlo. Lo público está sirviendo para agredir a lo comunitario.” El tema de la alimentación está siendo sujeto también a esta normativización. “El queso y la carne procesada hechos artesanalmente como se han hecho toda la vida, son ahora normativizados con criterios similares a las normativas de salubridad de la UE. La gente no puede vender sus alimentos porque no tiene permisos y para obtenerlos necesita hacer una inversión.” Esta situación convierte al campesino en un potencial infractor, si no está registrado su actividad comercial es ilegal.“El Estado ha asumido su rol controlando la autogestión de las clases populares y generando muchas posibilidades de acumular capital.”
El pasado mes de abril Alianza País, el partido de Correa, volvió a ganar las elecciones con Lenín Moreno como nuevo presidente. Al respecto de las elecciones Fernanda afirma que a su parecer se encontraban ante dos opciones políticas que no daban ninguna opción. “Por un lado, el capitalismo estatista que persigue las iniciativas de autonomía popular, del otro los neoliberales, herederos de los responsables de la dolarización del país a principios de siglo, que subirían tarifas y eliminarían los subsidios. La democracia se está desmoronado, el voto es obligatorio y no votar supone una multa. Hay una batalla de lo privado y de la implantación de lo público contra lo comunitario. En un país en que se ha funcionado mucho con lo comunitario para salir de la crisis.” En esta situación, el movimiento indígena, en pie de lucha desde hace 15 años, continúa firme a día de hoy. Recién se ha empezado a reconocer la existencia de pueblos indígenas y sus derechos. “Ha sido un movimiento muy criticado por la intelectualidad de izquierda latinoamericana por oponerse a los modelos de desarrollo capitalista que la izquierda ha implementado como remedio para superar la pobreza y la crisis económica en muchas partes del continente. En los últimos 10 años se les ha tratado como minoría, con un discurso minorizante, tratando de incluirlos y convertirlos en sujetos de tutela.”
 
Las mujeres del medio rural
A pesar de todo este panorama hay unas protagonistas que Fernanda destaca, las mujeres rurales campesinas. Fernanda trabaja con ellas en la zona interandina. La implantación del mercado neoliberal con el negocio del cultivo de flores en la zona, hizo que Fernanda fuera a preguntar cómo estaba la situación. Su trabajo como antropóloga consiste en investigar y realizar un análisis sobre el impacto social que tiene la llegada de esta nueva industria en las comunidades, especialmente en lo referente a la situación de las mujeres. La expulsión de los hombres del campo para buscarse la vida principalmente en las ciudades, hace que las mujeres se hagan cargo del campo y de la economía doméstica. Las mujeres son las que se emplean en los monocultivos de flores. Las abuelas se ponen a la crianza de los niños. Estas mujeres están socialmente señaladas por abandonar su hogar, hay celos y violencia contra ellas.
Pero además de su trabajo en la industria de las flores, estas mujeres se están afianzando en la agricultura tradicional y produciendo un retorno al campo como forma de subsistencia con su propio trabajo. “Esto produce un orgullo y una afirmación de identidad de género, cultivan, comercian, dan de comer a sus familias y mantienen el saber de sus antepasados. En su espacio domestico se fortalece su autonomía y su respeto.”
En este sentido, otro proceso interesante que está sucediendo en el mundo rural indígena es el de la escolarización femenina, llegando casi a la paridad con los niños. Esto supone que nuevas generaciones de jovencitas con conocimientos y habilidades técnicas que tienen muy claro, al contrario que los varones, que su prioridad es quedarse en el campo para renovar y resignificar la agricultura tradicional. Su sueño no es ir a la ciudad ni trabajar en las empresas de monocultivos para ganar dinero, ni llegar a ser encargadas. Su trabajo es tener autonomía para ser dueñas de su tiempo. A pesar que el marco jurídico es muy adverso, ellas se mantienen y venden sus productos de temporada o sus comidas preparadas en las ferias y mercados.”
“Nuestro trabajo allí, consiste en ir introduciendo un análisis más de género sobre su situación. Ellas no tienen esta lectura en su mayoría. Conocerla enriquece su estrategia para seguir afrontando el futuro en el mundo de sus comunidades. A las muchachas jóvenes que han estudiado hay que ayudarlas porque en sus comunidades la última palabra la tienen los mayores y hacerse oír resulta difícil en ocasiones.”
Otro desafío es tratar de que no les coarten desde el Estado, teniendo que pedir permisos y siendo ultra reguladas en sus actividades. “Soberanía alimentaria, saberes culinarios, medicinales, identidad indígena, vida campesina, mantenimiento de la lengua... Tenemos la responsabilidad de apoyar sus procesos y de encontrar canales para fortalecerlos. En esta circunstancia que se avecina de más capitalismo si hay posibilidades de mantener todo lo anterior es en torno a estas mujeres.”
Notas:
 
[1] El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales , es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989 . Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas .
[2] La dolarización es el proceso por el cual un país adopta de manera oficial el uso de la moneda estadounidense, de allí el origen del término, para su uso en transacciones económicas domésticas. 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228336
 
 
Apreciemos dónde ubicarnos en la defensa del proceso revolucionario de los venezolanos y por qué.
 
 
Por una solución democrática y constitucional a la crisis en Venezuela
Aporrea.org/23 de junio de 2017
 
Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco

Tomando en cuenta la grave situación que atraviesa el país, desde la Plataforma contra el Arco Minero hemos decidido pronunciarnos y tomar postura ante hechos importantes de la realidad:

1. El impacto de la crisis económica, política y social que atraviesa la nación, la profunda ingobernabilidad e inestabilidad, el desprestigio de la institucionalidad estatal, el irrespeto de las leyes por parte de los sectores de poder y la escasa voluntad de los grandes polos (cúpulas: gobierno-MUD) han generado un peligroso escenario de violencia.

2. La crisis es producto del colapso del modelo rentista y presidencialista que se mantiene en Venezuela, lo que requiere de un profundo debate público, transparente, respetuoso y sincero entre todos los sectores y actores sociales que hacen vida en el país por la construcción de otro dialogo distinto. Si no se plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo la crisis continuará profundizándose, independientemente de que exista un cambio de gobierno o no.

3. Consideramos que la única salida para enfrentar esta crisis pasa por profundizar la democracia, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocada, elaborada y aprobada por la vía de la participación popular. Cualquier propuesta política por fuera del marco constitucional sólo puede aumentar las tensiones y acrecentar la violencia, empeorando el escenario de crisis que padece el pueblo venezolano y pudiendo deparar en un derramamiento de sangre mayor al que ya ha ocurrido.

4. Rechazamos contundentemente la violencia generada por grupos extremistas afines a los sectores políticos de la polarización, grupos armados irregulares directamente relacionados a sectores del gobierno, y guarimberos-mercenarios relacionados a sectores de la MUD. Sus acciones han ocasionado la muerte de más de 60 venezolanos/as y cientos de heridos, además de acciones de vandalismo y daños al patrimonio público y privado desarrolladas por estos últimos, que no tienen nada que ver con las manifestaciones pacíficas y legítimas que desarrollan otros sectores de la población. Las direcciones políticas de la MUD ni del PSUV se han desmarcado categóricamente de estos sectores, lo que expresa su complicidad con la violencia y su vago interés en buscar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis.

5. Rechazamos la represión ejecutada por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado (PNB, GNB) y el uso de armas letales contra manifestaciones pacíficas, así como los operativos de allanamientos y detenciones sin orden judicial y el juzgamiento de civiles en tribunales militares

6. Ante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada por el presidente de la república, con bases comiciales que presentan vicios de participación, hay diversas posturas políticas, entre los integrantes de la plataforma, con respecto a la misma. Sin embargo, vemos como determinante que ante dicha iniciativa se lleven a cabo mecanismos de consulta directa al pueblo venezolano mediante la realización de: 1) un Referéndum Consultivo para la ejecución o no de la ANC, 2) Referéndum Aprobatorio o Abrogatorio de la propuesta elaborada por los constituyentistas, en caso de que la población haya aprobado hacer una ANC.

7. A partir del colapso del modelo rentista que atraviesa el país y de la discusión nacional que implicaría un proceso constituyente, que es distinto a una Asamblea Nacional constituyente en cuanto a los mecanismos de participación popular, como plataforma ciudadana, preocupada por la grave situación que estamos atravesando, planteamos una serie de problemas estructurales y propuestas mínimas para abordarlos:

a) Arco Minero del Orinoco: contempla un mega-proyecto minero con 150 empresas transnacionales en una zona que abarca el 12% del territorio nacional. Una zona económica especial, que implica una cesión de la soberanía, en la que se restringen derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución, y que pone en riesgo poblaciones indígenas, la fuente hídrica más importante del país, el suministro del 70% de la electricidad a nivel nacional y toda la biodiversidad que contempla la región de Guayana, debido a la amplia destrucción social, cultural y natural que implican las dinámicas extractivistas de las empresas mineras en el Mundo. Proponemos: la derogación del decreto 2248, la protección de Zonas Vírgenes del Sur, un diagnóstico de las empresas metalúrgicas y mineras del estado, y una discusión nacional para debatir planes económicos productivos.

b) Minería Ilegal: flagelo que actualmente involucra, directa e indirectamente, a cientos de miles de personas. Los habitantes de las zonas mineras y personas que migran en búsqueda de un mayor ingreso, están sometidos a un régimen para-estatal administrado por bandas criminales que controlan el desarrollo de la actividad minera a pequeña escala. Esta dinámica ha deparado en síntomas graves de descomposición social (masacres, fosas comunes), en una devastación criminal y contaminación acelerada de los principales ríos del Sur, epidemias nacionales de paludismo y difteria, y condiciones de trabajo esclavo para las decenas de miles de personas que trabajan en las minas a pequeña escala. Proponemos: un debate nacional entre todos los sectores sociales del país y principalmente de la región de Guayana sobre esta realidad y las posibles soluciones, la presencia de las instituciones del estado para controlar los índices de violencia, un plan de reordenamiento territorial y de desmantelamiento de estas bandas garantizando mecanismos de contraloría ciudadana para impedir violaciones de derechos humanos.

c) Contaminación Ambiental: el gobierno mantiene una política de silencio criminal ante desastres ambientales que ocurren continuamente en el país, tanto para aquellos casos en los que el estado es directamente responsable así como otros en los que estaría indirectamente implicado. Las gigantescas montañas de coque en el criogénico Jose Antonio Anzoátegui, los desmanes de la minería ilegal, el caso de la laguna de lodos rojos de Bauxilum y el derrame petrolero en Trinidad y Tobago que actualmente contamina playas de Anzoátegui, Nueva Esparta y Los Roques, son algunos de los cientos de casos que vienen denunciando expertos en el área ambiental. Proponemos: tomar medidas de emergencia inmediatas para detener la contaminación acentuada que se viene desarrollando en el país, considerando las opiniones y propuestas de ambientalistas que vienen luchando; así como acatar lo establecido en la constitución y demás leyes de la república relacionados al tema ambiental.

d) Pago sostenido de la Deuda Externa: en los últimos 3 años se han pagado más 60.000 millones de dólares ($) en Deuda Externa, implicando una reducción de más del 60% de las importaciones (incluye alimentos y medicinas), con respecto al año 2012. Sumado a esto, PDVSA vendió Bonos a Goldman Sachs con un 69% de descuento, recibiendo 865 millones de $ y teniendo que pagar la suma 3556 millones de $ en el año 2022. En otras palabras, el gobierno viene endeudando fraudulentamente al país a costa de que los venezolanos tengan menos alimentos y medicinas. Proponemos: el cese del pago de deuda durante un lapso determinado, y realizar una auditoría pública y ciudadana para certificar que parte de la deuda es real y que parte es ilegítima e ilegal.

Es urgente abordar estos asuntos para detener la crisis y buscar salidas viables al atolladero en que se encuentra el país. Resulta imprescindible que estos y demás puntos de importancia nacional se debatan de manera abierta, pública y respetuosa con todos los sectores de la población venezolana, más allá de las dirigencias de la polarización, lo cual es clave para avanzar en salidas democráticas y pacíficas a la crisis.
Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n310455.html
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Leopoldo, Constituyente y Plebiscito: Pacto,
guerra civil o vuelta a la Constitución del ’99
11 de julio de 2017
 
Por Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista (Aporrea)
La brutal crisis instalada en el país en los últimos meses, está tomando velocidad de choque de trenes. La decisión de aplicar los frenos se reduce a segmentos de tiempo cada vez más cortos, de no hacerse entraremos, más temprano que tarde, en un escalamiento de la confrontación violenta con signos altamente peligrosos. Si no se detiene esta locura, la política saldrá del escenario del discurso, de los argumentos, las propuestas y las demostraciones civiles, para entrar en otro donde hablarán casi exclusivamente las armas. La cúpula del PSUV/Gobierno con su “Constituyente” fraudulenta refuerza este camino y la MUD, con su estafa “Plebiscitaria” enmendada en “consulta popular”, contribuye para lo mismo.
El demencial asalto al edificio de la Asamblea Nacional por un grupo de choque madurista en complicidad con la GN que presta la seguridad de ese recinto y la provocación con una creciente actividad por parte de grupos foquistas de la MUD[1], son síntomas inequívocos de que entramos de lleno en una coyuntura en la que las acciones violentas y el fanatismo ciego ocuparán cada día más el centro de la escena.
En este contexto la medida de casa por cárcel a Leopoldo López puesta bajo una mirada trivial podría parecer y así quiere hacerlo creer el gobierno, el inicio de un camino para reabrir el diálogo. Sin embargo eso sólo existe en la superficie. Con esta medida sustitutiva a López, o las que puedan venir, buscan comprar ese valioso tiempo, bajar el nivel de las protestas o continuar justificando la brutal represión, pero sobre todo que disminuya la presión internacional, para lograr que el objetivo de la Constituyente fraudulenta se cumpla. Sin embargo, aunque imposible de descartar, es todavía incierto que desde este punto se avance a un dialogo sincero entre esas cúpulas.
En realidad la principal preocupación del madurismo radica en el tiempo que le queda y el manejo de su velocidad. El tiempo se ha convertido en el bien más buscado por una nomenclatura corrupta, irresponsable e incompetente que ha apostado gran parte de su futuro a la maniobra de la falsa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como último recurso político.
Pero ¿qué busca la MUD con su plebiscito? Debemos detenernos, aunque sea brevemente, en el objetivo real de esta iniciativa de carácter dudoso. La clave para comprenderla está en las preguntas que deberán contestar los que acudan a ese llamado[2] y sobre todo en la segunda y tercera de ellas que abren la puerta a profundizar la división de las FANB, a una renovación de poderes de manera ilegítima y a la instalación de un denominando “gobierno de unidad nacional”.
Más allá de la validez constitucional o no del plebiscito, es necesario decir que las preguntas que en él se colocan, develan el objetivo de fondo de la consulta que la MUD planea para el 16 de julio: La articulación de ellas representan un llamado a una división mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando que un sector de ellas sostenga a un gobierno de falsa “unidad nacional” y a los poderes “renovados” que serían autorizados en ese plebiscito.
Por medio de una minoría y con la misma lógica de la ANC de Maduro se buscará legitimar, en la Asamblea Nacional controlada por la MUD, el gobierno necesario para conducir el bando de esta fracción de las cúpulas corruptas, bajo la lógica de la instalación de un doble poder como primer paso para conducir al país irresponsablemente hacia una guerra civil.
De nada serviría como piden algunos comentaristas interesados que se cambien las preguntas, porque el objetivo se mantendría intacto, solo que más enmascarado y cínico.
De esta manera tanto la ANC como el plebiscito, rebautizado con el nombre de “Consulta”, para facilitar el engaño, son en realidad el intento de llevar la polarización política minoritaria que hoy se desarrolla entre MUD y PSUV, a una confrontación armada. Confrontación en la que las primeras víctimas privilegiadas, como está quedando a la vista hace tiempo son: la Constitución del 99, la democracia que ella postula y la verdadera participación popular.
Cuando hace ya un año, desde Marea Socialista, el espacio de la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, sectores de la lucha contra el Arco Minero y otros movimientos y grupos y personalidades provenientes del ámbito civil y militar nos dimos a la tarea de construir la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, preveíamos el escenario actual como uno de los probables. Llegados a él y con muy pocas alternativas distintas a la guerra civil o a un pacto espurio entre sectores de esas cúpulas, excepto la de la vuelta a la Constitución del ‘99 y un diálogo que incluya a todos los sectores políticos y sociales, alertamos que el tiempo para una solución no catastrófica para el país y el pueblo venezolano se agota velozmente.
Pero ¿por qué tiene fuerza la irracionalidad hacia la que nos deslizamos? ¿Cuál es la razón de fondo que explica que pareciera que no hay alternativas a esta locura? Arriesgaremos una hipótesis frente a tanta incertidumbre: en nuestra opinión, lo decisivo son las fuerzas externas, es decir el papel de las grandes corporaciones, el capital financiero y los gobiernos imperiales y mafiosos. Este papel implica la disputa por el control sobre Venezuela y sus recursos naturales en los próximos 100 años, definiendo cuál de estas dos cúpulas conducirán el Estado y administrarán la renta para beneficio propio y sobre todo de sus mandantes externos. Ambos, a pesar de sus diferencias, son funcionales al capital financiero internacional y las grandes corporaciones extractivistas del mundo.
Aquéllos que sostienen la fábula de que el gobierno de Maduro es sólo una víctima del imperialismo, no entienden la historia política de la Venezuela petrolera ni la ruptura operada entre el gobierno de Chávez y el de Maduro y mucho menos el contexto actual de crisis mundial del sistema del capital. Y si viven en el exterior no se molestan en estudiarla. Las zonas económicas especiales, el Arco Minero del Orinoco, el pago puntual de una deuda externa ilegítima, los nuevos contratos en la Faja Petrolífera y todo lo que tiene que ver con los llamados 15 motores de la economía productiva, están diseñados para satisfacer la voracidad de esas corporaciones y su plan de saqueo. Mientras que los planes de la MUD apuntan en sentido similar: Para constatarlo se pueden revisar las propuestas económicas que presentan los voceros oficiales u oficiosos de esta oposición. Son dos bandas que se enfrentan por el control de la administración de los negocios, de la misma manera mafiosa y dependiente. Dos bandas a las que le son ajenas todas las necesidades populares.
Pero el hecho clave es determinar si es posible detener este rumbo demencial y recuperar un camino democrático. Desde nuestra perspectiva, la ruta de frenar la deriva de guerra civil o un pacto de entrega del país y miseria para nuestro pueblo, se basa en los siguientes puntos: a) Suspensión de la ANC y del Plebiscito. b) restablecimiento de la Constitución del ’99. c) cumplimiento estricto de las elecciones regionales. d) Publicación inmediata de un Cronograma de elecciones presidenciales. e) Construcción de un plan de emergencia económica y social que garantice la atención de los sectores populares más vulnerables con los recursos provenientes de la suspensión de los pagos de la deuda externa y otros.
El motivo para impulsar este camino es que sólo se puede detener la escalada que estamos presenciando con más democracia y participación y no con más represión y violencia. En este sentido, junto a la Plataforma en Defensa de la Constitución insistimos en nuestro reclamo al CNE para activar un referendo abrogatorio de las bases comiciales de la ANC. Lo mismo que llamamos a acompañar la campaña de Luto Consciente para decir: ¡ya basta de muertes![3]
Los próximos 20 días viviremos momentos de tensión, violencia creciente, confusión. La irresponsabilidad criminal de las cúpulas del PSUV/Gobierno y la MUD, hacen que este pronóstico lamentablemente sea el más probable. Mientras ellos siguen bailando irresponsablemente al borde de una guerra civil, cuyo costo en muertes, padecimientos y calamidades sufrirá nuestro pueblo, nosotros continuaremos intentando por todos los medios a nuestro alcance detener esta locura.
[1] Simbolizados en la juramentación el jueves próximo del Comando de la Resistencia, Según informa en su cuenta de Tuiter la diputada Delsa Solórzano perteneciente a Un Nuevo Tiempo UNT.
[3] Exigen al CNE respuesta urgente para revertir la iniciativa presidencial de ANC https://www.aporrea.org/actualidad/n311187.html
 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229019
 
 
Podemos concluir que los gobiernos progresistas prefirieron servir al capitalismo global y no les importó el avance destructivo de las condiciones tanto de vida como de trabajo. Hoy debemos unirnos los pueblos planetarios contra la opresión y represión totalitaria como en:
 
 
[UAC] Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires contra la Organización Mundial de Comercio
10 y 13 de diciembre de 2017
 
Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de

la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

en Buenos Aires
 
Las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, campesinas y anti-extractivistas reunidas el 24 de junio en Buenos Aires en el Encuentro Nacional contra la Organización Mundial de Comercio, llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI° Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017.
 
Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el “libre comercio”, y que también avance en discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial que sólo expolia a nuestros pueblos.
Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, basadas en la comprensión de esta institución representa los intereses de las corporaciones transnacionales y no las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EEUU. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital trasnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, recuperando así nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas del libre comercio que fue adquiriendo el capital a lo largo de los últimos veinte años. La lucha contra el ALCA fue un momento destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas y movilizarnos contra el “libre” comercio y la protección de las inversiones en la región, poniendo nuevamente sobre la mesa de discusión la cuestión de las alternativas populares.
 
Comprendemos que veinte años de TLC en la región nos muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los derechos corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de poner en marcha las alternativas económicas y políticas que frenen el avance del poder corporativo, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente. Por eso rechazamos la agenda de “libre” comercio y protección de inversiones en todas sus formas, sea mediante acuerdos bilaterales o por medio del ámbito multilateral como la OMC.
 
Proponemos que hoy volvamos a re-articular las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas en la región y a nivel global. Es por esto que, desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento a todas las organizaciones y pueblos del mundo, a participar activamente de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Es necesario que volvamos a pensar y discutir alternativas al capitalismo expoliador de nuestros pueblos y del medioambiente. Juntos, podemos construir esos otros mundos posibles.
 
¡La lucha es global!
¡Abajo el libre comercio en todas sus formas!
En 2017, ¡hagamos un nuevo Seattle en Buenos Aires!
 
Enviar adhesiones a: argentinamejorsintlc@gmail.com
 

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
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1 comentario:

  1. Unknown10 de agosto de 2017, 23:20

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