Situémonos en qué Estado viabilizaron los K: el que "ejerza impunidad, impermeabilidad, maraña legal y administrativa, fabricación de disposiciones adhoc, represión. Confusión, divisionismo, políticas públicas (la bala de azúcar), pero también el despojo directo, el acaparamiento, el totalitarismo fragmentario y feudal".

El horizonte de la deshabilitación
27 de julio de 2017

Por Ramón Vera Herrera

1. El primer paso, que sigue siendo crucial para la acumulación de capital es separar a los pueblos de sus fuentes de subsistencia, de su entorno de subsistencia, algo que tiene una larguísima historia: la invasión de los territorios, el confinamiento y privatización de los ámbitos comunes, el acaparamiento de la tierra a manos de los voraces terratenientes. Y ese despojo histórico ha ido asumiendo formas más sofisticadas conforme avanza.

Por ejemplo, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que ha sido difícil visibilizar porque gobiernos y corporaciones agrícolas ahora no necesariamente roban la tierra, sino que la rentan, la compran, o someten a las poblaciones rurales a la “agricultura por contrato”, en condiciones totalmente desiguales. Una forma del acaparamiento en la medida en que quien produce, muchas veces en su propia tierra, tiene que rendir su fruto para quienes detentan el contrato.

En el sentido contemporáneo, “acaparamiento” significa que los gobiernos y corporaciones controlan extensiones de tierra muy grandes, con todo y sus pueblos.

No obstante, en aquel primer momento (que da origen a la acumulación capitalista) quien detenta el poder arranca a la gente de sus fuentes (de su entorno) de subsistencia. Es despojo y el primer paso de una deshabilitación progresiva. Jean Robert, siguiendo pistas de Iván Illich, le llama la “enajenación originaria”, porque la gente ya no puede producir lo que le importa, sino que es forzada, sutilmente o con violencia extrema, a producir algo que no sólo no le importa sino que pudiera ser nocivo para el mundo o por lo menos para quienes directamente lo producen.

Ese producir para otros, “quién sabe qué”, eso que Jean Robert llama también “desvío de producción”, y que convierte la “labor creativa” en “trabajo abstracto”, es decir, sojuzgado en la explotación de servir a la reproducción del capital. No sólo está en el origen de éste sino que es la piedra de toque de la erosión general de la socialidad que sufrimos, de la normalización de la desesperanza.

El segundo paso de la deshabilitación, de lo que el Grupo ETC llama las “redes de subsistencia”, es menospreciar, erosionar, privatizar, prohibir, y hasta criminalizar los medios por los cuáles la gente resuelve eso que le es pertinente para el cuidado de los suyos, en un proceso de reproducción virtuosa de lo que nos puede fortalecer y hacer más nosotros mismos.

En realidad lo que está ocurriendo es que los poderes impiden que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa, por un lado, y por otro precariza, fragiliza a la gente para que se vea obligada a trabajar para los fines de otros. Servir a los intereses de otros a partir de quedar sumergido en el reino de la escasez, en el reino de la necesidad, en la plena orfandad. A eso, Iván Illich, le llamaba “desvalor”.

2. Cómo comprender que el despojo más brutal que nos perpetran es impedirnos resolver por nuestros propios medios nuestros asuntos más cruciales para nosotros, como producir nuestros propios alimentos, resolver nuestra salud, reivindicar y ejercer todos los cuidados y saberes que hacen posible lo cotidiano; nuestra reproducción en nuestros propios términos —y que va de las semillas al funcionamiento cotidiano pasando por el cuidado y regeneración del agua, los embarazos y los partos, el encauzamiento de la comunidad, el flujo de los saberes, el desciframiento de los tiempos, los vientos, los sueños, la justicia, la bondad, el equilibrio, todo siempre en relación con el territorio que le otorgaba sentido a lo que hacíamos.

Nos arrancan de la tierra y nos criminalizan nuestros saberes, y al expulsarnos, no es de la tierra y lo saberes de lo que nos expulsan sino de nuestra vida.

Repensando a Marx, podemos decir que la acumulación originaria es una condición de las relaciones impuestas por el capital. Es la relación de despojo de la que parten sojuzgamientos y acaparamientos. No se trata de un primer eslabón primitivo, sino del fundamento de la relación. Para poder ejercerla es claro, como dicen Iván Illich y Jean Robert, el poder requiere provocar dependencia, fragilidad y precariedad, romper la labor creativa y volverla trabajo “abstracto”, trabajo enajenado. Ya lo hemos dicho mucho, se trata de impedir que la gente resuelva por sus propios medios lo que es pertinente, lo que la hace libre y la devuelve a la comunidad. Es el momento de la muerte de la reproducción de cada quién para sus propios fines y con sus propios medios (lo que define una autonomía) para someterlo todo a los dictados de la producción y la sola y omnipresente reproducción del capital para sus fines y sus medios.

Así, nos roban la subsistencia, nuestro aprendizaje y crianza mutua, nuestra salud y bienestar, nuestro nacimiento y muerte, nuestra propia imaginación, nuestra búsqueda de una responsabilidad compartida, es decir una justicia y un equilibrio.

El poder nos ha robado todo lo anterior al punto de hacernos suponer que todo lo que nos ocurre es normal, que todo lo que sufrimos es normal, porque somos ineptos, incapaces, absurdos, redundantes, obtusos, fragmentarios, individualizantes, mezquinos, egoístas, racistas, machistas.

Al final de este proceso, la anulación de la autonomía de las comunidades las orilla a irse “porque ser campesino no funciona”.

Arrancar o escindir a la gente de sus fuentes y medios de subsistencia alcanza una brutalidad que tiene cifras (300 mil en sexenio y medio) migrantes más de 20 millones. Desplazados internos 1 millón 650 mil ÷ 2006 y 2011. Sólo en 2011 160 mil. Las cifras siguen creciendo.

3. En México las comunidades y organizaciones que reflexionan sobre ese punto dicen que los programas de gobierno o la certificación de explotaciones forestales, o los programas dirigidos a la total monetarización de la economía comunitaria o la certificación de productores, los nuevos censos de contribuyentes, la “facturación”, o los programas dirigidos a la institucionalización del cuidado, los apoyos financieros a viejitos, a madres solteras, a niñas de secundaria (para que no dejen de ir) están diseñados para cambiar la racionalidad de sus vidas, una verdadera andanada de proyectos de deshabilitación.

Es “la guerra como programa de desarrollo”. Con esa guerra la agricultura cambió. (Hoy les venden a las comunidades o a gente individual contratos para ligarse con grandes empresas en monocultivos industriales de invernadero supuestamente rentables según el mercado: hay brócoli, bayas, moras, jitomate, soya, agave, palma africana, que además de producirles ganancia a tales empresas reorganizan los territorios y también expulsan a las comunidades. Los expulsados devienen jornaleros esclavos de a 5 dólares al día.)

Todo eso comenzó de modo abierto con la Revolución Verde de los años sesenta, un embate perenne por erosionar, menospreciar, prohibir o de plano criminalizar las principales y más antiguas estrategias de la humanidad. (En realidad este embate existe desde que se exigió que la gente trabajara para quienes detentaban el poder, porque está en el fondo de la racionalidad y voracidad de los mandones, pero nunca había sido trabajado como política pública, y menos internacional.)

Esta ilegalización o criminalización de la lógica de subsistencia campesina y sus medios o saberes que fue la Revolución Verde, decreta la imposibilidad de mantener el flujo de la vida y la agricultura:

1. se someten a registro, certificación y privatización con patentes y derechos de obtentor las semillas que son “legado de los pueblos al servicio de la humanidad” y comienza a criminalizarse mediante leyes y normativas internacionales incluidos los tratados de libre comercio, la custodia y el libre intercambio de semillas nativas.
2. se hace onerosa la actividad campesina al incluir paquetes tecnológicos como los insumos agroquímicos (sumamente tóxicos) más semillas certificadas que deben comprarse.
3. Semillas de laboratorio y agrotóxicos comprometen aún más la actividad de producción (sin reproducción propia) desplomando la rentabilidad de la actividad campesina al tiempo que se contaminan las semillas con transgénicos, se intoxican los terrenos y se los agota, con lo que la actividad es tan cargosa que la gente se vuelve redundante.
4. Como puntilla se imponen previsiones, normativas, estándares y criterios, registros y normas de calidad y sanidad más condiciones de compra-venta que vuelven imposible la actividad, sobre todo a partir de los tratados de libre comercio y su apertura a normas sanitarias que las grandes corporaciones, en complicidad con los gobiernos, imponen con el fin de dejar fuera de la jugada a los pequeños productores. Jugarretas más o menos, la gente termina pensando que su actividad productiva no funciona.
5. Ha ocurrido la deshabilitación extrema. La gente, enfrentada con una exterioridad impuesta que alimenta su propia percepción, les hace pensar que es normal lo que les ocurre y que ellos son los que fallan, los incompetentes, los ignorantes ineptos e incapaces.
   Su única opción para recuperar su propio sentido, es abandonar la actividad y salir.

Las poblaciones deshabilitadas se van, “expulsadas”. No fue necesario un desalojo sangriento. Pesa la minería, los proyectos del petróleo, las hidroeléctricas, la servidumbre energética, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, los basureros tóxicos, la ocupación de un espacio que ha quedado vacío, pero además el extremamiento de la lógica industrial para todo. Nada que no sea industrial es permitido.

Cuando hace falta, la represión directa sigue siendo una útil herramienta del sistema.

4. ¿Cómo identificar y responder a lo que provoca en el cuerpo el capitalismo, la vida totalmente industrializada? La reproducción de la vida en los términos propios, que incluye los aspectos más cotidianos, más sutiles de la relación con el cuerpo queda, en esa lógica, necesariamente anulada. Esto implica un gozne que expresa las contradicciones y complementariedades entre campo y ciudad.

La industrialización tan brutal de la producción agrícola y la eliminación de la producción campesina tienen su batalla en los cuerpos de las personas, tanto en la ciudad como en el campo.

En el extremo las corporaciones van más allá e imponen esa lógica industrial a su propia lógica de producción agrícola y a todo el sistema agroalimentario. La gran industria deja de producir comida (alimentos frescos) que la meten a múltiples y disímiles consideraciones de cuidado y conservación, sustituyendo su tendencia productiva hacia cultivar casi en exclusivo materias primas, para que a su vez la industria fabrique alimentos procesados.

Esta lógica tiene su extremo en la producción industrial de componentes de esos alimentos procesados (uniformados), mejor descritos en la idea de “productos comestibles”. Y la otra es promover los grandes monocultivos de soya, maíz, canola y palma africana para elaborar “piensos o croquetas” para humanos.

Así, en esa misma lógica, las corporaciones logran imponer la disponibilidad de ciertos alimentos (dónde están y cuáles alimentos). Logran controlar lo que la gente come, mediante el control absoluto de los puntos de venta.1

El negocio de la alimentación es tal vez el más lucrativo del momento. Los ingresos netos de supermercados y procesadores de alimentos son cada vez mayores. Tan sólo en México, los alimentos procesados le brindan a las grandes compañías como Nestlé o Pepsico, más de 24 mil millones de dólares anuales de ganancias y convierten a México en uno de los 10 principales productores de procesados en el mundo.

Las reformas energéticas son un ejemplo extremo de cómo pretenden someter todas la tierras a un destino de productoras de petróleo, gas, minerales, agua, impidiéndoles producir alimentos, impidiéndole a los custodios y dueños de esas tierras alimentar a la gente, devastándolo todo.

Se pretende destruir la relación de la gente con su tierra y su labor creativa, además de destruir la propiedad social que hoy es 50% del territorio nacional.

Ramón Vera Herrera continúa proponiendo el qué hacer de nosotros y aclarándonos cuál ha sido la función nefasta de los gobiernos K en perfeccionar el Estado en función del extractivismo exportador:

5. Para revertir la deshabilitación, para reconstituirnos como gente que encarna desde sí los procesos que más nos importan, tenemos que entender, aun, la lógica que hace posible la deshabilitación.

El meollo del asunto es el sentido que podemos construir. Eso que le llamamos percepción popular no es sino el sentido que construimos en común, que nos potencia o nos niega la posibilidad de la transformación y nuestro impulso de metamorfosis. Por supuesto tiene que ver con el “nosotros” porque el saber se construye en colectivo. Y en eso, el poder ha buscado fragmentarnos. El “nosotros” es el enemigo principal del dinero. El dinero, decía Marx, es el contrario exacto de la comunidad; el principio de las mediaciones para evadir la socialidad, el inicio de la erosión de la mutualidad.

Entonces también entender la guerra como programa de desarrollo.

Entender el desvío de poder que es poner candados, fijar o convertir en norma mecanismos obturadores que abran margen de maniobra a las empresas y obstruyan la justicia.

Para hacer posible el desvío de poder (hablando en términos sistémicos) es indispensable que el Estado, con su aparato jurídico, ejerza impunidad, impermeabilidad, maraña legal y administrativa, fabricación de disposiciones adhoc, represión. Confusión, divisionismo, políticas públicas (la bala de azúcar), pero también el despojo directo, el acaparamiento, el totalitarismo fragmentario y feudal donde todo mundo tiene a alguien que le agarra el pescuezo. Ese Estado delincuente imbricado totalmente. Listo a reprimir y desaparecer, asesinar y encarcelar.

Entre los empeños de las corporaciones uno de las principales es criminalizar las estrategias más antiguas de la humanidad, criminalizar la custodia de las semillas nativas y su intercambio, menospreciar los métodos de la agricultura campesina con todos sus saberes. El paso ulterior es la privatización generalizada, los regímenes de propiedad intelectual, que mantengan un control de las semillas, pero también de los saberes. Impedir que los saberes fluyan libremente. Que las semillas fluyan libremente en el intercambio y el cuidado de milenios.

Si a eso le agregamos todo lo que las corporaciones perpetran en su descuido o en su afán de evadir las responsabilidades de otras acciones, nos enfrentamos con la devastación ambiental: envenenamiento, basura, represas, privatización y acaparamiento de agua, deforestación, urbanización salvaje, acaparamiento del fondo de semillas, criaderos industriales, monocultivos agroquímicos, minería.

6. Esa reconstitución entonces comienza con diálogo, reivindicando nuestra palabra.

Si el saber se construye en colectivo y debemos reconstituir a los sujetos, eso significa, ni más ni menos, reconstituir el colectivo, lo común, comenzando con la palabra, con el diálogo, la conversación; poniendo la responsabilidad en el centro mismo de nuestras acciones.

Eso implica abrir espacios de diálogo y reflexión libres.

El Tribunal Permanente de los Pueblos que ejerció en México entre 2011 y 2014 fue una muestra mínima de lo que se puede lograr: en ese proceso se abrieron entre 350-500 talleres en 22 estados, 40 preaudiencias, 12 audiencias y la convocatoria a 270 jurados de todo el mundo junto con la participación de 1500 organizaciones.

Esto quiere decir que se puede revertir la deshabilitación y la cosificación al sistematizar lo que nos ocurre, al lograr un pleno entendimiento de las condiciones que pesan sobre nosotros; al recuperar nuestra historia y saberes situados, localizados, incrustados, pertinentes. Al decidir la defensa contra el despojo, expulsar invasores, defender nuestros territorios.

Al ejercer los cuidados en la reproducción de nuestras propias premisas (nuestros cuidados, nuestras visiones, nuestra autonomía), al articular procesos autogestionarios: los que nos fortalecen como sujetos, nos potencian y promueven creatividad mutua, creatividad social.

Al resolver por nuestros propios medios lo que más nos importa.

Así se logra volver al “nosotros”. El “nosotros” es el principal territorio: el tejido y retejido constante de nuestras relaciones significativas. El lugar donde habitas, tu hábitat, como espacio geográfico pero también tu propio cuerpo.

Debemos insistir en que por comunidad entendemos la insistencia mutua, histórica en una relación. Es una construcción colectiva entre los procesos vivos que establecen un tramado infinito en que te reconoces y te vuelves a reconocer.

Es crucial entonces recuperar el sentido, revindicar nuestro sentido en común a partir de los relatos y las historias, fruto del impulso narrativo que sólo se puede tejer en colectivo. Dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen.

7. Pensar que cada rincón es un centro, implica reconocer y reivindicar nuestra propia constelación de circunstancias, y nuestro ser centro únicos de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro camino.

Somos puntos en una línea compleja, compuesta por un tramado de líneas que confluyen y que desde la valoración instantánea parece literalmente cercenada de la historia. Pero somos centro de un círculo entreverado e imbricado conformado por todas las memorias, los legados, las historias, las herramientas con que nos cubrieron quienes nos predecedieron, nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales.

Nuestra voluntad de re-conocimiento mutuo, de responsabilidad compartida, de búsqueda de una percepción común, es nuestro talismán más vital. No se trata de una “percepción popular”, sino de la visión propia común, tejida entre el abajo y la documentación sistemática, al servicio de la misma gente.

Revertir la deshabilitación es romper la cosificación.

Es no pedirle a nadie nada para ser. Es defendernos del deterioro, defender el sentido en común, es abrir espacios de conversación y reflexión compartida.

Cuando ante la deshabilitación emprendemos una resistencia, ésta tiene dos modalidades: una es como el mantenimiento y la pervivencia ante el cúmulo de cambios; la otra es la transformación de lo inmutable que nos tiene sometidos.

El punto central entonces es intentar entender juntos, promoviendo herramientas-procesos conviviales. Todo aquello que no sólo no te desliga del cuerpo social (con su enajenación, dislocación y arrancamiento) sino que fomenta la creatividad, la autonomía y permite resolver por medios propios nuestro horizonte de justicia.

Notas

1 Ver http://www.foodispower.org y https://www.grain.org

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_horizonte_de_la_deshabilitacion

Es hora de advertir qué economía es la del capitalismo e imperialismo de EE.UU. o de China: en el planeta hay más de 4500 zonas especiales de desarrollo y son campos de concentración laboral, donde no existe ningún respeto a los derechos básicos de los trabajadores.

Honduras

La muerte de las Ciudades Modelo (ZEDE) y su improbable resurrección

23 de septiembre de 2017

Por Organización Fraternal Negra Hondureña (Rebelión)

En medio del espectáculo circense de la celebración de la “independencia” de Honduras, el actual mandatario Juan Orlando Hernández (JOH) se dio una vez más a la tarea de efectuar un nuevo lanzamiento de las controvertidas “ciudades modelo” o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), nombre con el cual se le conoce su última versión, después de haber sido declaradas como inconstitucionales en octubre del año 2012 y resucitadas tras el golpe al poder judicial acontecido en diciembre del mismo año. 

Las ZEDES en comparación con las zonas especiales de desarrollo (ZED) ofrece la tercerización de la aplicación de justicia y seguridad. En el planeta existen actualmente más de 4500 ZED, las que en la mayoría de los casos no son más que campos de concentración laboral, donde no existe ningún respeto a los derechos básicos de los trabajadores. Las ZEDES a diferencia de las ZED otorga la oportunidad de la creación de constituciones propias y manejo de la seguridad. El origen de las ZED se remonta a mediados de los años 50 con el aeropuerto Shanon en Irlanda. Para 1979 se creó la zona de Shenzhen en China promovida por Deng Xiaoping. A partir de ese experimento se replicaron en el resto de la China continental, India y África. En la actualidad existen en todos los confines del planeta. La versión de las ciudades modelo que intenta de forma desesperada imponer JOH en Honduras, fue planteada por Paul Romer en el 2009 al presidente de Madagascar Marc Ravalomana, el que fue depuesto por el pueblo Malgash, cuando intento ceder 1,3 millones de hectáreas de forma gratuita a la empresa coreana Daewoo, filial de POSCO. 

Para el año 2010 aprovechando la crisis surgida en Honduras como consecuencia del golpe de estado de 2009, Romer vendió su idea a Pepe Lobo y los libertarios de derecha incrustados en su gobierno. En el 2011, un siglo después de la invasión de Sam Zemurray a Honduras y la creación de los infames enclaves bananeros, Honduras reforma su constitución para permitir la creación de las “ciudades modelo” con la posibilidad a -diferencia de las ZED- de crear sus propias leyes. Para el año 2012, Paul Romer aparentemente ‘descubrió” la capacidad de distorsión de la administración Lobo, la que ya para aquel entonces poseía una reputación internacional de convivir con el crimen organizado. Romer se retiró del experimento en gobernanza promovido por Lobo. 

Posteriormente en una entrevista con iMoney señaló: “Por ejemplo, dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca un tipo de aristocracia que nunca estará sujeta al control electoral local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de un consejo de gobierno que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares, como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de una veintena de personas, que van a designar sus propios reemplazos, y que siempre estarán a cargo¨. 

Con la sentencia dictada por la Corte Constitucional en contra de las “ciudades modelo” y el posterior golpe a la Corte promovido desde el poder legislativo, el cual era presidido en aquel entonces por JOH, se acabó de consolidar el golpe de estado del 2009, además de consolidar las condiciones para una dictadura permanente en Honduras de fachada civil. 

El pasado 12 de agosto el icono del neoliberalismo “The Economist” publicó un artículo que podemos denominar como el ataúd de las “ciudades modelo’, en el cual efectúan un análisis exhaustivo de las enormes falencias del proyecto económico que casi a los cinco de haber sido defenestrada la corte constitucional y a cuatro años de haber sido maquillada y aprobada de nuevo, nunca alcanzó a tomar vuelo. 

La violencia imperante en Honduras en la última década muestra cifras espeluznantes. Desde el 2008 a 2015 se dieron más de 40.000 asesinatos, siendo las masacres parte de los hechos cotidianos. El colapso de la policía y su contubernio con el crimen organizado han servido de caldo de cultivo de la implacable violencia, la que según versión oficial viene descendiendo de forma vertiginosa. No obstante la percepción del pueblo es que la violencia continúa siendo imparable. Sin embargo la violencia y sus estragos no es precisamente el motivo por el cual la inversión directa se mantiene alejada. La delirante corrupción enraizada tanto en la burocracia estatal como entre la élite empresarial, que se ha prestado al saqueo y destrucción de las instituciones, como sucedió con el Seguro Social y otras instituciones estatales. 

El Carniege Endowment for Peace presentó un informe intitulado “Cuando la Corrupción es el Sistema Imperativo: el caso de Honduras”. El análisis señala como la cleptocracia existente en el país ha carcomido la institucionalidad además de replicarse entre la población en general los hábitos de la elite de poder. Actualmente no existe mayor diferencia entre los grupos de poder y las maras (bandas juveniles) que controlan los barrios periféricos de las urbes. 

Con el Honduras 2020 de la consultora Mckinsey, JOH pretende resucitar las difuntas Ciudades Modelo y para ello ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarollo (BID), el cual aparentemente invertirá en las ZEDE y en la cartera de proyectos del Honduras 2020. A pesar de la terrible reputación que padece el país, como resultado de los juicios entablados contra la élite política Hondureña por su participación en un apoyo irrestricto al crimen organizado. Falta ver quienes son los que vienen a supuestamente invertir en lo que algunos definen como un narco estado. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231855

Es hora de comprobar qué economía los gobiernos progresistas establecen y cómo hay perspectivas distintas en las disputas socioterritoriales desde abajo

Las nuevas fronteras de 

las commodities en Venezuela
10 de marzo de 2016

Por Emiliano Terán Mantovani

“El capitalismo está definido por el movimiento de frontera […] La apropiación de la tierra y el trabajo de frontera ha sido la condición indispensable para las grandes olas de acumulación de capital, desde la era de los Holandeses en el siglo XVII hasta el ascenso del neoliberalismo en los años 70 y 80 del siglo XX […] Las fronteras [son] la vía decisiva para que otros, fuera del circuito del capital, [paguen] la factura de la acumulación interminable de capital”.

Jason Moore

“La Faja [del Orinoco] es territorio virgen, no hay resistencias”

Ricardo Menéndez, Ministro de Planificación, 2015

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Berta Cáceres

La significativa reorganización geoeconómica del territorio venezolano que se está impulsando actualmente alrededor del extractivismo no es cualquier cosa. Si hay algo que ha unido a todos los grandes proyectos político-partidistas en disputa en el país –Plan de la Patria, Programa de la MUD, “Petróleo en La Mejor Venezuela” de Leopoldo López– es su horizonte hacia un extractivismo repotenciado (y en numerosos sentidos salvaje). Sólo que ahora en este contexto de capitalismo del desastre y de crisis histórica, se han creado las condiciones para evitar cualquier resistencia por parte de políticas nacionalistas: ahora la pelota parece estar del lado del capital transnacional.

Así pues, el capital reorganiza coaliciones con las élites políticas nacionales, redefine las funciones históricas de Venezuela en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y acelera la expansión tanto en extensión como en intensidad, a las nuevas fronteras de las commodities, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, para abrir paso a un nuevo proceso de acumulación originaria. Esto no es cualquier cosa porque no se trata sólo de la conformación de un nuevo pacto político, o la asunción de nuevas estructuras de poder, sino de cómo se va a moldear el territorio nacional, como se va a desarrollar el capitalismo-en-la-naturaleza (J. Moore), orientado a las funciones del mercado mundial, tal y como ocurrió en las primeras décadas de la Venezuela petrolera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza en el país. (…)

(…)Modalidades del extractivismo en las nuevas fronteras de las commodities

Las nuevas fronteras de las commodities no solo suponen un avance cuantitativo de la mercantilización y apropiación de la naturaleza y la vida (más hectáreas ocupadas, más cuotas extractivas, más sectores de la actividad extractiva). En estos tiempos en los que se hace cada vez más borrosa la distinción entre “progresismo” y neoliberalismo en América Latina, es importante evaluar también qué modalidades y operaciones le dan forma a estos proyectos y formas de gestión y gobernanza de los “recursos naturales” y los territorios. Mencionaremos 4 modalidades:

• Pagar con commodities: apropiación directa del “recurso”

Este formato ya se ha venido desarrollando desde hace unos años con los préstamos por petróleo que ha venido adquiriendo el gobierno venezolano con China. El “modelo exitoso de la Faja del Orinoco” (E. Del Pino) parece que se aplicará en los demás convenios extractivos. Por ejemplo, en enero de este año el Ministro Del Pino ofrecía estímulos a inversores para levantar la extracción de carbón de Carbozulia, proponiendo pagar con carbón de alta calidad parte del financiamiento adquirido con éstos.

• Las Fajas y las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional: extractivismo como desterritorialización salvaje

En noviembre de 2014 se hizo oficial la "Ley de Regionalización Integral" (LRI), que plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED). En ellas se plantean políticas tales como: estímulos fiscales y aduanales, incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; liberación de restricciones arancelarias, suspensión de impuestos a empresas; definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla; y orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente).

El reordenamiento geográfico de este formato extractivista propone una territorialización que no se centra únicamente en el enclave extractivo, planteando en cambio todo un eje integral desarrollista, una nueva forma del capitalismo-en-la-naturaleza: las fajas (faja minera, faja petrolífera, faja pesquera). Junto a Paraguaná, el eje Morón-Puerto Cabello, y en el eje Ureña-San Antonio, estos enclaves de las nuevas fronteras de las commodities han sido decretados oficialmente como ZEDN, para potenciar la acumulación originaria que allí se proyecta.

Aunque la LRI no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial sea un cheque en blanco para la devastación de la naturaleza, y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.

• La naturaleza como reserva monetaria: hipotecar la vida

La expansión del extractivismo de oro en Venezuela tiene relación no sólo con el negocio en sí, sino también con las posibilidades de reforzar directamente las reservas internacionales del país. Adicionalmente, tras una reforma de la Ley del Banco Central realizada por el presidente Maduro en diciembre de 2014, el diamante y demás piedras o metales preciosos forman parte de las reservas internacionales.

Así que, incluso lo que no se ha extraído entra a la valoración del casino del mercado mundial –de ahí el afán por la certificación de las reservas mineras–. La Vida ecológica pasa a ser reserva monetaria, forma de cumplimiento de pago de deuda, y garantía de la hipoteca. Con esta neoliberalización de la naturaleza, esta entra de lleno en los términos del ajuste y la reestructuración económica. De ahí que la relación de la minera canadiense Gold Reserve Inc. con el gobierno nacional pasara, de ser expropiada en 2009, seguido de un arbitraje del CIADI por este caso que falló contra Venezuela por 760 millones US$ en 2014, a firmar en febrero de este año (2016) un acuerdo con dicho gobierno para operar en la mayor mina de oro del país –el CEO de Gold Reserve ha dicho también que aspira contar con la conformación de una ZEE–, al tiempo que Venezuela se comprometió a pagar el monto del arbitraje en 60 días. Hemos pasado del extractivismo por desarrollismo al extractivismo por endeudamiento. En esencia, la trampa de la deuda se cobra con taladros, excavadoras y cianuro.

• Gobernanza sobre los “recursos naturales”: la amenaza de una oligarquía autoritaria

Una expansión territorial de este tipo supone necesariamente un tipo gobernanza sobre los llamados “recursos naturales” y el territorio que se amolde a ella. Una coalición corporativa aparece como la garante del “desarrollo” y la seguridad nacional. Conviene pues preguntarse, cuál será el papel tanto del sector militar, como el de las compañías transnacionales en estos procesos.

Respecto al primero, además de evaluar su rol histórico en la composición del Petro-estado venezolano y su papel en el devenir de la Revolución Bolivariana, el decreto del 10/02/2016 de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG - Gaceta Oficial N° 40.845) parece indicar las formas de este nuevo rol: no solo apunta a una completa “securitización” de los recursos naturales del país –ya se contemplan despliegues de las Fuerzas Armadas y labores de inteligencia logística en las ZEDN–, sino también a una gestión directa del sector militar en el proceso extractivo, siendo que la Camimpeg estará facultada para realizar una larguísima lista de operaciones que lo abarca prácticamente todo (art. 3): “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”. La sociedad mercantil tendrá una duración de al menos 50 años y otorga atribuciones directas al Ministro de la Defensa.

Esto se combina con un mucho mayor nivel de incidencia territorial por parte de las compañías transnacionales por medio de las flexibilizaciones y liberalizaciones de las ZEDN y los acuerdos económicos realizados con el gobierno nacional, en el marco de un Decreto de Emergencia Económica (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214) y la declaración de estado de excepción en varios municipios de estados fronterizos desde fines del año pasado. En comparación con la forma de la alianza política en los primeros años de la Revolución Bolivariana (Petro-Estado y base popular organizada), donde se plantearon Comunas, NUDES o demarcación de tierras indígenas, la crisis y la nueva correlación de fuerzas podrían apuntar a una modalidad de autoridad y gobernanza oligárquica sobre el territorio y los recursos naturales.

Consecuencias

Los cambios en curso, en el marco de la reproducción del extractivismo, un modelo de acumulación capitalista que genera profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, tendrían consecuencias que podrían ser muy significativas. Mencionaremos algunas de ellas:

a) Renta extractiva, déficit ecológico y pobreza estructural: uno de los argumentos principales es que esta colonización salvaje de las nuevas fronteras se hace para obtener más divisas, “impactar positivamente en el PIB” y garantizar la continuidad de las políticas sociales. Lo que en realidad terminará ocurriendo es la liquidación masiva de riqueza de la vida natural, de los medios de reproducción de la vida social, para transformarlos en dinero el cual serviría para el consumo de productos importados en las ciudades o para pagar la deuda externa.

Hay por tanto una riqueza que emerge (renta extractiva) sobre la destrucción de otra (vida natural) –esta imagen promocional del gobierno nacional representa muy bien esta disputa de valoraciones–. Un ejemplo de esto está en la altísima huella de agua y materiales que supone la minería de oro a cielo abierto (que será aplicada en el proyecto Brisas-Las Cristinas). Si partimos de la estimación del Ministro Del Pino, de las 7.000 toneladas de las reservas potenciales de oro en el Arco Minero se obtendrían unos 200.000 millones US$ (esto dependería de los flujos y condiciones del mercado mundial y de las pautas de los convenios). Pero al mismo tiempo, obtener esta suma de dinero supondría, por ejemplo, una pérdida abismal de riqueza de agua (la que sería utilizada específicamente para el proyecto) de entre 3,1 a 7,4 billones de litros de agua –basado en estimaciones en diversas investigaciones de minería de oro a cielo abierto en Colombia–.

Desde un criterio de sostenibilidad, el cotejo MMM US$/billones lts de agua es absurdo en semejantes cantidades, sencillamente porque la gente no puede ni comer ni beber dinero. Además, la transformación de la naturaleza en dinero hace que dicha riqueza circule bajo las lógicas del capital mundial (flujos financieros), favoreciendo a las clases propietarias y los países del Norte Global. Las consecuencias de esto son un aumento del déficit ecológico y el potenciamiento de las bases estructurales de la pobreza.

b) Patrón primarizado, dependencia y crecimiento del metabolismo social: aunque se esté anunciando que ahora sí vamos a salir del modelo rentista, este reordenamiento del territorio supone un fortalecimiento del patrón primarizado, produciéndose un conflicto entre usos del suelo, a favor del extractivismo. Como ejemplo, podríamos preguntarnos ¿qué va a pasar con la agricultura en estados como Guárico, Anzoátegui y Monagas, donde se va desarrollando la Faja del Orinoco?; ¿qué va a pasar con la pesca en Sucre si se sigue impulsando megaproyectos gasíferos y de infraestructuras en sus costas?

Adicionalmente, la expansión de los impactos ambientales va mermando la disponibilidad de bienes comunes naturales para la vida, al tiempo que podría crecer el metabolismo social producto de la modernización y urbanización de nuevas zonas. Por ejemplo, la gravísima crisis eléctrica en Venezuela –el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha advertido de un colapso eléctrico en abril, si no se toman medidas urgentes– es también producto del enorme sesgo urbano nacional (casi 90% de la población) y la incapacidad doméstica para sostener el crecimiento del metabolismo social del país. Un mayor déficit ecológico acentúa la insostenibilidad económica del capitalismo rentístico venezolano.

c) Una devastación ambiental de grandes proporciones: la vida en Venezuela es posible gracias a sus fuentes de agua, al papel que cumplen sus sistemas ecológicos no urbanos, inclusive posibilitando la existencia de las grandes ciudades del país, que dependen de la importación de naturaleza para sobrevivir. La enorme devastación ambiental que conlleva la expansión de estos megaproyectos extractivos tendría un impacto en la vida integral del país. Recordemos, por ejemplo, que la zona FPO/Arco Minero se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela –la más poblada del país–, que se ven agravados por fenómenos de intensas sequías (2010, o la actual). A su vez, podríamos asistir a una mayor depredación de zonas de reserva como la Reserva Forestal del Imataca, Parques Nacionales como Canaima o el Aguaro-Guariquito, o el Delta del Orinoco. Antes que una reivindicación paisajista, se trata de un llamado a la preservación de las posibilidades de vida armoniosa en el país.

d) Extraordinaria amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas del país: los pueblos indígenas se encuentran ubicados, fundamentalmente, en las nuevas fronteras de las commodities. Los varios yukpa asesinados en los últimos años, la contaminación por mercurio de la mayor parte de los pueblos Yekwana y Sanema en la cuenca del río Caura, o los desplazamientos por contaminación y las infecciones de VIH en el pueblo Warao, son ejemplos de efectos directos o indirectos que las actividades extractivas dejan en sus territorios, y que se verían extraordinariamente potenciados por esta expansión extractivista, que se realiza sin ninguna consulta previa a estos. Una alerta debe propagarse para evitar que este proceso colonizador arrase con lo que queda de nuestros pobladores originarios.

Alternativas al tren del extractivismo: ¿se pueden ‘ambientalizar’ las luchas en un país tan urbano como Venezuela?

Existen alternativas a esta nueva oleada de acumulación por desposesión, que estarían vinculadas, por ejemplo, al impulso de la agricultura en diversas escalas; la recuperación de pozos petroleros convencionales no explotados, en vez de insistir en la FPO y la megaminería depredadora (moratorias), lo que serviría para financiar una recuperación y la transición hacia otro modelo, como lo ha propuesto el analista petrolero Carlos Mendoza Pottellá; usos diferentes de estas reservas naturales, como el turismo sustentable; o bien una nueva arquitectura de distribución de las rentas que tenga un sentido de justicia social (abolir impuestos a los más necesitados y pechar, por ejemplo, a la banca nacional) de transición ecológica (estímulos a actividades productivas comunitarias sostenibles y desincentivos a actividades que generen devastaciones ambientales), y de estrategia geopolítica (¿existe deuda odiosa en Venezuela?).

Pero no se puede dejar de reconocer que la correlación de fuerzas ha cambiado negativamente respecto a años atrás y el estado de corrupción que reina en las élites políticas, gobernantes, partidos políticos y grandes sectores económicos del país es enorme, lo que achica notablemente el margen de maniobra para una política de izquierda.

Esto supone que una alternativa ante esta ola de mercantilización de la naturaleza y depredación de la vida debe ser construida necesariamente desde abajo. Diversos conflictos eco-territoriales están en desarrollo en el país, generalmente vinculados a pueblos indígenas, que defienden sus territorios y sus modos de vida ante el avance desarrollista. Pero la población de las ciudades suele estar bastante desvinculada de estos conflictos, o apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita.

La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su desenfreno, es necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. ¿Podría la crisis del capitalismo rentístico, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las ciudades, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Creemos que sí.

Esto en ningún sentido es una tarea fácil. La histórica “cultura del petróleo” (Rodolfo Quintero) que en buena medida ha configurado nuestros imaginarios, cuerpos y prácticas, se ha proyectado como un ideal urbano, anti-agrícola y colonial con la naturaleza. Si hay algo que podría ser culturalmente revolucionario en Venezuela es promover la agricultura urbana y la ambientalización de las luchas populares. No porque esto vaya a resolver todos los problemas del país, sino que puede constituir la base orgánica de una transformación profunda y necesaria, que tenga como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.

• Emiliano Terán Mantovani es sociólogo es investigador

Fuentes consultadas: (…)

Notas: (…)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Las_nuevas_fronteras_de_las_commodities_en_Venezuela

Fuente: 

II. Es hora de percibir qué mundo el capitalismo impone y las razones de las disputas territoriales desde abajo

La nueva cara del colonialismo:

los acuerdos de asociación económica entre 

la Unión Europea y África.

14 de septiembre de 2017

 

Un nuevo informe de GRAIN capta voces de diferentes ámbitos del continente africano que nos hablan de los devastadores efectos de los Acuerdos de Asociación Económica (AEE) impulsados por la Unión Europea (UE), en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala.

Desde 2002 los países de África, El Caribe y Pacífico (ACP) negocian un acuerdo recíproco de libre comercio conocido por el nombre de Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE). Si bien se publicitó como la solución mágica que impulsaría la industrialización y el desarrollo de los países del ACP es, en realidad, un acuerdo injusto que está inserto en un ámbito colonial. Aunque no ha sido muy divulgado, el AAE ha enfrentado una oposición permanente en todos los países ACP, sobre todo por su efecto devastador sobre los pequeños agricultores. Los casos de algunos países africanos presentados aquí son ilustrativos de la forma en que las comunidades están luchando para retomar el control sobre sus recursos y proteger sus mercados de la avalancha de alimentos procesados a bajo precio procedentes de la UE, junto con pesticidas y organismos genéticamente modificados.

“Una tonelada de cacao tiene un valor aproximado de mil 300 dólares, mientras que un vehículo 4x4 vale actualmente unos 120 mil dólares. De manera que se necesitan unas 92 toneladas de cacao para intercambiarlo por un 4x4. Pero para obtener una tonelada se necesitan no menos de 8 hectáreas de tierra. El agricultor de cacao promedio de Gana posee solamente unos 2-3 acres, lo que significa que le tomaría a él o ella más de 500 años producir el suficiente cacao para comprar un 4x4.” John Opoku, abogado y activista de derechos humanos, Gana. E sta afirmación muestra con claridad las horribles condiciones comerciales que deben enfrentar a diario los africanos y otras personas del Sur global. Desde tiempos inmemoriales, los países del Sur Global han firmado acuerdos comerciales injustos con el resto del mundo —lo que los mantiene en una pobreza permanente! El tipo de comercio y los beneficios que se derivan de estos acuerdos siempre han sido a favor de un solo lado. Los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC) continúan apareciendo por diversos rincones. Uno de estos TLC es el Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Desde septiembre de 2002, los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) negocian AAEs como acuerdos comerciales recíprocos con la Unión Europea (UE), Desde 2002 los países de África, El Caribe y Pacífico (ACP) negocian un acuerdo recíproco de libre comercio conocido por el nombre de Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE).

Si bien se publicitó como la solución mágica que impulsaría la industrialización y el desarrollo de los países del ACP es, en realidad, un acuerdo injusto que está inserto en un ámbito colonial. Aunque no ha sido muy divulgado, el AAE ha enfrentado una oposición permanente en todos los países ACP, sobre todo por su efecto devastador sobre los pequeños agricultores. Los casos de algunos países africanos presentados aquí son ilustrativos de la forma en que las comunidades están luchando para retomar el control sobre sus recursos y proteger sus mercados de la avalancha de alimentos procesados a bajo precio procedentes de la UE, junto con pesticidas y organismos genéticamente modificados, dentro del acuerdo de Cotonou.

Estos AAEs tienen como objetivo liberalizar aún más las economías de las ex colonias europeas, una jugada que podría tener consecuencias de gran alcance para los agricultores, pescadores, mineros, trabajadores y consumidores a lo largo de las regiones involucradas. Antes de los AAEs, los países ACP tenían acuerdos comerciales preferenciales con la UE. Unos de estos acuerdos fue la iniciativa “Todo Menos Armas” (EBA en inglés) que ofrecía un acceso unilateral no recíproco a los mercados de la UE para los países menos desarrollados (LDC en inglés), garantizando a los LDC una excepción de aranceles y cuotas para acceder a los mercados de la UE. A pesar de esta apertura, los países ACP raramente lograban completar las cuotas de exportación permitidas hacia la UE bajo el acuerdo EBA. Uganda, por ejemplo, tiene una cuota de 5 mil toneladas métricas para el azúcar, pero sus exportaciones a la UE nunca alcanzaron esta cantidad, debido en parte a las estrictas normas de origen europeas y a las restricciones en la capacidad de oferta.

El principio invocado por la UE para cambiar del EBA al AAE con los países ACP, fue que el comercio preferencial no estaba en regla con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto fue una artimaña, ya que las excepciones a las reglas de la OMC siempre son posibles. En realidad, la idea fue promover aún más la liberalización en las tres regiones para el beneficio del capital europeo (en primer lugar los exportadores, y los nversionistas en el largo plazo), creando un mercado global con las mismas reglas en todas partes. Los paí- ses ACP obtendrían como resultado, supuestamente, un mayor crecimiento, más puestos de trabajo y transferencia tecnológica.[1]

En realidad, las promesas del AAE no son en nada diferentes de las que vimos y oímos cuando anunciaron las grandes cosas que se ofrecían en los ahora fallidos Programas de Ajuste Estructural (SAP en inglés) —¡cuyos efectos aún se sienten! Ambos están insertos en un marco de colonialismo que permite a las corporaciones transnacionales de la UE y del Norte Global extraer materias primas desde estos países, estableciendo sus propias condiciones. Como con todos los TLCs, el AAE debe ser analizado y entendido como una serie de eventos interrelacionados que son negociados uno tras otro con el único propósito de paralizar las economías emergentes.

En lugar de intentar acuerdos TLC bilaterales con los 79 países ACP, Europa dividió a los países ACP en 7 bloques —África Occidental, África Central, África Oriental y del Sur (ESA en inglés), la Comunidad de África Oriental (East African Community o EAC), Southern African Development Community (SADC), el Caribe y el Pacífico. El proceso fue presentado como una forma de promover la integración regional. Sin embargo, desde que se inició en septiembre de 2002, se ha generado una gran división y frustración, los plazos no se han respetado y la situación actual, como se ilustra en el mapa, es muy confusa, especialmente en el continente africano.

Efectos del AAE en la alimentación y los agricultores de África

Desde el inicio, el AAE ha estado envuelto en controversias. Esto es debido a ciertas cláusulas que se incluyeron en el acuerdo y que implican una seria amenaza a los derechos humanos y obliga a la privatización de sectores críticos de las economías nacionales.

Esto es especialmente cierto en la mayoría de los países africanos. Además de socavar la soberanía nacional, los AAE desestabilizaron los procesos de integración regional, ahogaron a las industrias locales y redujeron el espacio político de la sociedad civil. Son de particular interés los efectos del AAE sobre la agricultura de África, en especial la agricultura e pequeña escala, la columna vertebral de la mayoría de las economías de África.[2] Los pequeños agricultores de África corresponden al 90 por ciento de todas las propiedades agrícolas, pero tienen acceso solamente al 15 por ciento de las tierras agrícolas del continente; además, los pequeños agricultores proveen el 90 por ciento de la semilla que se usa en el continente africano. Los pequeños agricultores producen 80 por ciento del abasto de alimentos en estas regiones. Cerca de 43 por ciento de la mano de obra agrícola en el África Sub-Sahariano son mujeres. Se estima que el sector de la pesca y la acuicultura dan empleo a cerca de 13 millones de personas en el África Sub-Sahariano.

El pastoralismo es un medio de subsistencia para 50 millones de personas, de los cuales, entre 12 y 22 millones se hallan en el Cuerno de África. En paralelo a este sector esencial, el sector de las plantaciones dominado por los grandes capitales, produce cultivos de exportación como bananas, caña de azúcar, cacao, piña, té y café.[3] Los pequeños agricultores producen para alimentar a sus propias comunidades y mercados locales y no tienen la capacidad ni el interés real de producir para Europa. Gracias a las desequilibradas normas del libre comercio, la UE tiene un lucrativo acceso a los mercados africanos, a través de la exportación de alimentos procesados. Al contrario, los países de África están amarrados al negocio menos lucrativo y menos sustentable de la exportación de materias primas agrícolas, como el café y el algodón, hacia los mercados de la UE.

La liberalización del mercado de la EAC significa que los productos baratos y subsidiados provenientes de la UE pueden circular libremente por la región y, finalmente, paralizar al sector industrial. Por lo tanto, tienen mucho que perder en un TLC con Europa, el cual permitiría que los productos alimenticios europeos desplacen a sus propios productos y esto abriría la puerta a las compañías europeas para establecer más plantaciones, granjas pesqueras y otras operaciones de exportación agrícola que afectaría su acceso a la tierra, agua, semillas y mercados.[4] La experiencia ya muestra que los acuerdos con Europa no existen para beneficiar a los países africanos, sino para abrir sus fronteras a las compañías europeas para que vengan y produzcan para sus propios mercados. Consideremos el caso de África Oriental donde este acuerdo ya está afectando la seguridad alimentaria de muchos y destruyendo el ambiente natural. África Oriental es el territorio del Lago Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. El lago tiene una variedad de peces que es la fuente de sustento de muchas personas en toda la región. Sin embargo, las personas comunes de África Oriental ya no pueden pagar estos pescados. Como resultado, sólo tienen acceso a comprar, al alcance de sus bolsillos, los mgongo wazi (esqueleto de pescados).

Los mgongo wazi son restos de pescado provenientes de las empresas de pescado que procesan la pesca del Nilo para exportarla. Esto, junto con la producción de flores, cacao, algodón, habichuelas y café, confirman que la producción en África está, fundamentalmente, orientada a la exportación hacia la UE.

El ofrecimiento de acceso al mercado de la Comunidad de África Oriental en el AAE

El objetivo de las negociaciones del AAE era promover la liberalización de las economías africanas así como aumentar el acceso de las compañías europeas a los mercados africanos. De este modo, los países africanos, como muchos de los países de la ACP, fueron obligados a abrir sus mercados progresivamente a los productos europeos como se ilustra en la secuencia de liberalización de más abajo. A primera vista, el programa garantiza la protección a las nuevas industrias y los productos “sensibles”. Al revisar con cuidado, aparecen en el programa contradicciones increíbles que no pueden ser pasadas por alto. Por ejemplo, por un lado, la EAC ha protegido la harina de maíz (Código HS, 6 dígitos 110220) con un arancel de 50%. Sin embargo, por otro lado, el almidón de maíz (Código HS, 6 dígitos 110812), que es un subproducto de la harina de maíz, fue liberalizado. Estas contradicciones se producen igualmente en otros productos como las papas. Con este tipo de programa de liberalización, la posibilidad de agregar valor a través del procesamiento de los productos agrícolas estará limitada y también comprometerá la seguridad alimentaria, dados los vínculos de apoyo entre la agricultura y la industria alimentaria.

La colonización de los mercados agrícolas en África

Algunos países de la UE también son parte de la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G7 (NASAN), la cual está apoyando en forma directa la expansión de las principales compañías de agronegocios como Bayer y Unilever en África. Para ello, estos países participan en el programa de apertura de los mercados africanos a las empresas de la UE, de manera que puedan vender sus pesticidas, semillas transgénicas y alimentos procesados baratos. Además, las compañías semilleras se enfrentan a mercados saturados en Norteamérica, Europa y Japón. Cada vez es mayor la presión sobre África para abrir mercados a sus productos. Por ejemplo, el presidente de Syngenta, Ren Jianxin, aspira a duplicar el tamaño de Syngenta en los próximos 5 a 10 años. Jianxin ya ha señalado que esta expansión ocurrirá principalmente en India y los países de África.[5]

Una vez que el gobierno de Kenia advirtió que el sustento de cerca de 60 mil productores lecheros se vería afectado negativamente por la importación de leche en polvo y productos lácteos desde la UE, optó por poner los productos lácteos en la lista de productos sensibles. En África Occidental, los lácteos están excluidos, a excepción de la leche en polvo, de la que Nigeria es el importador más grande. En el caso de Sudáfrica, algunas carnes y lácteos han sido excluidos, pero no todos.[9] La pesca es otro sector amenazado por el AAE en los países africanos. Los aranceles para el comercio de pescado están diseñadas, claramente, para proteger a los procesadores de pescado de la UE y asegurarles el máximo de flexibilidad posible para abastecerse de pescados, a los precios más bajos, en los mercados africanos. Como resultado de la enorme diferencia de aranceles entre los productos de pescado procesado y no procesados para entrar a los mercados de la UE, las pesquerías de África se ven forzadas a exportar productos de pescado no procesado, a bajos precios, mientras que los productos de pescado enlatado provenientes de la UE invaden los mercados locales. La liberalización del sector de pesquería no tiene beneficio alguno para los pueblos de pequeños pescadores. En cambio, lo que se observa es un aumento de casos de personas que no tienen para pagar por el pescado, que hay pesca de arrastre ilegal en las áreas costeras y que disminuyen las reservas debido a la sobrepesca.[10]

Un acuerdo para negociar derechos para la industria de semillas

Como se señaló, los AAE entre la UE y África sólo implican, por ahora, comercio en bienes. Pero éstos contienen una cláusula que señala que en un periodo de 5 años, las partes negociarán capítulos adicionales bajo la cláusula Rendezvous. Esta Cláusula estipula que, dentro de un plazo de cinco años, una vez que el acuerdo entre en vigencia, las partes deben comprometerse a concluir negociaciones en otros asuntos. Esto incluye negociaciones en áreas de servicio, inversión, adquisiciones de gobierno, comercio y desarrollo sustentable, derechos de propiedad intelectual y políticas de competencia.[13]

Respecto a la propiedad intelectual, si tomamos el AAE del Caribe como ejemplo, los Estados africanos pueden esperar que la UE presente nuevas reglas que van más allá del estándar internacional actual, como fue establecido por la OMC. Se les pedirá que adopten las reglas de la UPOV, las cuales conceden derechos a los fitomejoradores equivalentes a patentes, para aumentar las ganancias de las compañías multinacionales de semillas y, posiblemente, que se integren a la UPOV.[14]

Un acuerdo para entregar más derechos a los inversionistas extranjeros

No está claro cuán lejos llegará la UE para exigir la liberalización de las reglas de inversión que las compañías de la UE gozan bajo otros acuerdos similares en otras regiones, incluyendo el poderoso sistema de Arbitraje de Disputas Inversionista-Estado (ADIE o ISDS en inglés). Este sistema es un mecanismo de procedimientos que es incluido en acuerdos internacionales de inversión. Permite a los inversionistas extranjeros llevar un caso, directamente en contra del estado donde invirtieron, ante un tribunal de arbitraje, si sienten que el Estado ha roto las reglas establecidas en el acuerdo. Si las últimas negociaciones se toman como modelos, la UE podría presionar por una liberalización lo más amplia posible, junto con una versión modificada del ISDS que la UE incluyó en un reciente acuerdo comercial con Canadá.

Una preocupación importante se relaciona con la tierra. Los TLCs tienden a promover el concepto de “tratamiento nacional”, lo cual significa que los inversionistas extranjeros deben recibir el mismo trato que los inversionistas nacionales. A menos que los Estados de África tomen una posición sobre esto, el AAE podría convertir en ilegal la restricción de acceso a tierras agrícolas por parte de extranjeros. Además de la tierra, liberalizar las reglas sobre inversión asegurará a los agronegocios europeos y las principales cadenas de menudeo —de Nestlé y Danone a Carrefour—obtener amplios beneficios al desarrollar su presencia en África. Los efectos devastadores sobre el sector agrícola se extienden hacia otros sectores. Debido a los injustos acuerdos comerciales, la industria local de alimentos procesados está en decadencia o luchando por mantenerse en la mayoría de los países africanos. Junto con esto, la capacidad de los agricultores para producir alimentos para sus propias comunidades y mercados locales está comprometida y, con esto, la soberanía alimentaria. La predominancia de cultivos comerciales orientados a la exportación en África es uno de los signos de que la explotación colonial está viva y goza de buena salud, 50 o 60 años después de la independencia de muchos países de África. Producción y transformación “Si alguien está tratando de planificar con ustedes según dónde estén ustedes ahora, cuando ustedes tienen planificado mudarse a otro sitio, será sabio anticiparse y asegurarse que el acuerdo prevea donde estarán ustedes. El problema con los AAE es que no anticipa qué tipo de economía industrial queremos ser.”[15] La participación de la manufactura de África es, sin lugar a dudas, tan pequeña que llevó a la Unión Africana (UA) a implementar una iniciativa llamada Plan de Acción para el Desarrollo Industrial Acelerado (AIDA en inglés). AIDA se adoptó en 2007.

Si la manufactura ya está luchando para sobrevivir, un AAE no será la poción mágica que necesita África para desarrollar su sector manufacturero. Cuando se trata de los productos manufacturados, la firma de un AAE significa que la industria y los productos se tienen que adherir de manera estricta al estándar europeo, antes de que puedan ser aceptados para exportarlos a la UE. Como lo señala John Opoku, adherir a los estándares, lo que realmente significa es priorizar el sector manufacturero de Europa a expensas del de África. Él argumenta que “aun el aceite común de palma tiene que alcanzar los estándares antes de que le permitan exportar. El pescado tiene que cumplir ciertos estándares, de otra manera no podemos exportar pescado. De manera que uno encuentra que llega a ser un medio para restringir nuestra matriz productiva y permitirles a ellos que continúen trayendo sus mercaderías.”[16] Esto es cierto para casi todas las economías de África, las cuales siguen exportando productos sin procesar que, eventualmente, volverán al mismo país, procesados y más costosos. Kenia es uno de los principales productores de café, pero un keniano común no puede pagar por un café instantáneo. Precisamente, es por estas razones que Tanzania y Nigeria se han encaminado a no firmar el AAE.[17]

Lo que sigue

Otra importante preocupación en relación al AAE es el Brexit y su aparente impacto sobre el AAE. No es desconocido que Gran Bretaña es el principal consumidor de la mayoría de los productos de estos países. Solamente para la EAC, Gran Bretaña representó un 35.5% del total de las exportaciones de la EAC hacia la UE en 2015. El Brexit debiera llamar a una inmediata suspensión de las negociaciones porque las partes en negociación han cambiado. África Kiiza, de SEATINI, explica que “Primero necesitamos determinar las consecuencias del Brexit. […] Porque es posible que no nos beneficiemos, pero la UE [sin Gran Bretaña] se beneficia de muchas maneras”.[20] A pesar del obvio desorden que existe, la UE continúa presionando fuertemente a los bloques más reticentes, como África Oriental y Occidental, para que firmen el AAE. Todo esto ocurre en el contexto de las inminentes negociaciones por la sucesión del Acuerdo de Cotonou, que expira en 2020. Los Estados de la ACP ya han anunciado que quieren cambiar su acuerdo de relaciones de inversión con la UE, desde el libre comercio a uno de régimen preferencial bajo un nuevo acuerdo. Además está el Área de Libre Comercio Continental (CFTA en inglés) la que fue establecida durante la Cumbre de la Unión Africana como un intento de llevar por una vía rápida la integración comercial a nivel continental considerada en el Tratado de Abuja de 1991. El CFTA es un intento de la Unión Africana para crear la Comunidad Económica Africana. Entre otros aspectos, debe negociar asuntos relacionados con la eliminación de aranceles, reglas de origen, barreras no arancelarias, estándares sanitarios y fitosanitarios, facilitación del comercio y comercio de servicios. Se espera que se complete a fines de 2017. El AAE se ha encontrado con todo tipo de obstáculos como el Brexit, con un creciente aumento de las tendencias nacionalistas y con la xenofobia, así como con otros procesos internos nacionales que están dificultando los acuerdos regionales e internacionales. Hay una oposición creciente contra los TLCs en África y otros países. Aun dentro de la UE, existen movimientos que se oponen al AAE. Como consecuencia, los gobiernos difícilmente son capaces de aprobar estos acuerdos. Estos contratiempos representan una oportunidad perfecta para renovar la oposición al AAE y otros TLCs futuros, como el acuerdo post Cotonou que está siendo desarrollado actualmente. Éste es el momento para que todo el programa de los TLCs en África deba ser cuestionado y los grupos se junten para presionar por un nuevo acuerdo. Ahora es el tiempo para que los países de África prioricen a sus ciudadanos y a sus necesidades, antes de negociar y firmar los TLCs.

Referencias: (…)

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