viernes, 28 de septiembre de 2018

Alertémonos sobre qué economía, con graves consecuencias, viabiliza Vaca Muerta sólo para el lucro de petroleras.

Es involucrarnos en las luchas antiextractivistas para defender la vida y la dignidad humana.
En cambio, el progresismo las estigmatiza.

Situémonos en que el crecimiento económico (bajo gestión tanto progresista como neoliberal) genera ecocidios-genocidios y por ende es crucial descubrir que:

El racismo y el patriarcado son las raíces del capitalismo

17 de agosto de 2018
 
 
Por Rossana A. Cedeño
Pressenza

Hace pocos días atrás se cerraron las Jornadas “Autonomías: Camino de los Pueblos”que se llevaron a cabo en las ciudades de Quito, Esmeraldas, Riobamba y Cotacachi, las Jornadas fueron dirigidas por Raquel Gutiérrez (México) y Francisco Gómez (España) autor del libro Indios, Negros y otros indeseables.
Las Jornadas iniciaron en la ciudad de Quito con el lanzamiento del libro de Francisco Gómez, en el Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador-Mindalae y contó con la presencia de Blanca Chancoso, vice-presidenta del Ecuarunari; Alberto Acosta, Economista e Irma Bautista, representante del colectivo de “Mujeres Negras del Ecuador”, quien abrió la tarde con una intervención cultural, un poema de su autoría que habla de la herencia africana que hace grande a Ecuador.
Milagros Aguirre, Editora de Grupo Santillán, aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de la Fundación Rosa de Luxemburgo en la publicación de este libro que es oportuno y no coyuntural para el debate en el país.
“El grano del racismo está en las nalgas de Latinoamérica” fueron las palabras de inicio de Alberto Acosta; el racismo parece ausente porque no queremos reconocer que existe.
Se refirió a los recientes comentarios que surgieron a raíz de la propuesta de convertir el edificio sede de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, recalcando que, evitar la educación superior indígena es violar los principios de la Constitución.
Los indios y negros son grupos humanos indispensables pero indeseables, al punto de que, líderes políticos, han querido “blanquear” su historia; citó el ejemplo de Federico Páez, dictador desde 1935 a 1937, quien dijo: “Los indios son la rémora de nuestra sociedad” y veía en la migración europea la esperanza de un país mejor.
Cerró su intervención afirmando que el concepto de raza es un invento colonial, que despersonaliza y oculta al ser humano.
Paco Gomez fue claro al afirmar que la única independencia que debe celebrarse es la de Haití, porque el resto son “independencias”. La Constitución haitiana en su Art.14 dice: “A partir de este momento todos los ciudadanos son negros”, de esta forma quería terminar con la idea de que lo blanco es bueno; que ser negro también garantiza los derechos del ser humano.
El libro de Gómez es el resultado de un trabajo de periodismo investigativo en los pueblos indígenas y afrodescendientes; lo califica como un libro de actualidad basado en la historia y en el que afirma que es absurdo seguir discutiendo sobre la pobreza cuando el problema es más complejo ya que ésta se sostiene de la exclusión, un modelo que sigue vigente y que nació con las castas, mismas que determinaban la labor a desempeñar, la posición económica e intelecto de las personas.
Para Blanca Chancoso, el problema con el racismo es que, a través de él, los gobernantes quieren definir la identidad de las personas para así concesionar propiedades que no les pertenecen; además, cuando las organizaciones indígenas solicitaron que la lengua kichwa sea incluida en la educación escolar, les fue negado en principio y para lograr un resultado positivo debieron hacer una lucha “cuesta arriba”, con lo que se demostró que el racismo es institucional, no sólo social.
Como mujer líder, Blanca ve que la lucha se duplica, la gente no entiende aún que se debe vivir la unidad en la diversidad, con el derecho a ser diferentes; la lucha que llevan por los territorios y el agua, es una lucha por la vida.
“Si no nos ven es porque estamos caminando, al otro lado del río o cruzando la montaña”, dijo, al terminar su intervención.
Luego de las Jornadas en cada ciudad y de ver las realidades de la población indígena y afrodescendiente, Raquel Gutiérrez llega a la conclusión de que normalizamos la división de castas.
Hay un orden un orden material que mantiene la discriminación y que nace de un orden político y económico, atornillados de tal manera, que mantiene vigentes gobiernos coloniales. Al hablar de exclusión, no olvidemos pensar si queremos incluirnos en el desorden neoliberal –concluyó-.

 
 
Necesitamos, además, destapar que los extractivismos benefician en exclusivo al contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Nos hunden en devastaciones, extinciones de especies, enfermedades y muerte.
 
Pero el contubernio no sólo nos expropia bienes comunes y territorios sino que recibió-recibe subsidios multimillonarios en forma directa e indirecta. La democracia burguesa legaliza este orden de la injusticia social e impunidad de las clases opresoras.
 
Pensemos en el consumo descomunal de energía y agua casi gratis y en la fuga de capitales convertida en  deuda perpetua que significan los mega emprendimientos. Al mismo tiempo cuestionemos las diferencias entre política de subsidios de gobiernos K con apariencia de favorecer a los de abajo y la de Macri bien explícita en privilegiar rentabilidad de los grandes capitales.
 
Tengamos una idea de ese funcionamiento capitalista a través de la siguiente nota.
 
 
 
Subvencionamos a los grupos de poder y como en Ecuador,
se eliminan subsidios a los de abajo.
¿Quién subsidia a quién?
 17 de agosto de 2018
 
Por Jonathan Báez
ISIP
 
 
La anterior semana se aprobó la ley de fomento productivo, denominada Ley Trole 3, un auténtico subsidio a los grupos más poderosos del país. Este instrumento jurídico se centra en la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales no realizadas; además de una serie de exoneraciones al impuesto a la renta (uno de los principales impuestos progresivos que disminuye la desigualdad). En ese sentido, se estima que solo los 50 principales deudores se favorecerían del no pago de USD 1 344 millones, entre los que se encuentran grandes grupos económicos. A su vez, este subsidio recuerda a aquellos realizados históricamente a los grupos de poder en el país, tales como la sucretización y el feriado bancario.
En ese contexto, se está discutiendo la eliminación de los subsidios a combustibles, específicamente gasolina, diésel y gas doméstico. Sin embargo, dicha supresión al no plantearse como una estructura de incentivos que busque la eficiencia empresarial, debilitará la competitividad del país y el poder adquisitivo de las familias. De esa manera, en 2018 se presupuestó USD 3 470 millones para subsidios y aproximadamente USD 1 707 millones se destinarían para gasolinas, diésel y gas de uso doméstico. No obstante, parece ser que la “focalización” de la eliminación se centraría en la gasolina, que corresponden al 34% del monto total de subsidios. Específicamente se analiza la posibilidad de quitar el subsidio a la gasolina súper.
La decisión de enfocarse en la gasolina súper indica que no se desea afectar el subsidio realizado a la estructura de costos de las empresas que hacen uso de diésel y sí se desea afectar el subsidio al consumo, especialmente al transporte. Este proceso es un desperdicio de la competitividad sistémica generada a partir de la energía de bajo precio generada por la construcción de varias hidroeléctricas. En ese sentido, desde el 2015 el uso de diésel en las centrales térmicas disminuyó de 2,9 millones de barriles a 216 mil barriles en el año anterior.
Por lo tanto, la eliminación del subsidio no tiene una estructura de incentivos que procuren eficiencia empresarial sino que afecta la competitividad, dado que eliminación del subsidio de la gasolina súper aumentaría los costos de transporte (tanto de producción como de consumo), mismos que se trasladarían a los consumidores lo que genera un aumento de los precios relativos de la economía, disminuyendo el consumo de las familias. Esto estrangularía la economía y profundizaría los problemas de liquidez. Los mayores precios, a su vez, van a volver menos competitiva la producción nacional, misma que se destina tanto al mercado interno y como al externo.
Por otra parte, de concretarse el incremento en el precio de la gasolina súper seguramente habrá una migración de los consumidores a la gasolina extra, con lo cual paradójicamente aumentará el subsidio que hace el estado y generará un mayor crecimiento de los precios de los bienes y servicios.
La disminución de los subsidios a los combustibles se realiza en medio de generar un clima para acceder a financiamiento de organismos multilaterales, tales como el FMI. De hecho, dada la aprobación de la ley de fomento productivo como condición, el BID otorgará un préstamo por USD 600 millones. Financiamiento innecesario -que representa menos del 50% de la remisión de intereses y multas- si se hubiera realizado efectivo el cobro a los mayores 50 deudores. La cuestión es ¿Qué otras condiciones se van a realizar? Tales como disminución de empleados y salarios en el sector público, en el sector privado, etc.
Si bien es necesario realizar una revisión de los subsidios que son acaparados por personas de altos ingresos, es necesario establecer las condiciones para realizarlo y este no es el momento. Un ejemplo de ello es el subsidio al gas. Se plantea eliminar este subsidio y aumentar al bono de desarrollo humano el nivel de subsidio. En lugar de ello se debería pensar en una inversión pública que implemente gas por tubería, esto permitiría generar empleos y, al mismo tiempo, establecer un subsidio a las personas más vulnerables y eliminarlo a quién no lo necesite, de igual manera eliminaría el problema de contrabando. De igual manera, se puede aprovechar las potencialidades de la matriz energética para una sustitución progresiva de las cocinas de inducción.
En resumen, se observa que actualmente se subvenciona a los grupos de poder y se eliminan los subsidios a la población en general. Es pertinente potenciar las capacidades ya generadas y pensar en alternativas que permitan generar multiplicadores en la economía y no contracciones. De esa forma, no se subvenciona a quién se ha subvencionado históricamente y castiga a quién se ha castigado históricamente.
http://coyunturaisip.wordpress.com/2018/08/13/analisis-de-coyuntura-quien-subsidia-a-quien/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245386
 
 
Generalicemos el debate, abajo y a la izquierda, sobre cómo la democracia -desde fines de 1983- profundiza forzarnos a transferir nuestras riquezas e ingresos hacia el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Este yugo empobrecedor es la deuda perpetua, todos los gobiernos constitucionales la han legitimado como "honrar la deuda" y "desendeudamiento" aun cuando sigue creciendo quitándonos derechos básicos de la dignidad humana. Además, revisemos:
 
"En agosto se cumplieron cinco años del acuerdo entre YPF y Chevron que dio inicio a la era del fracking en Argentina. (...)Vaca Muerta llegó mediante una reedición del discurso desarrollista, con la impronta épica nacionalista que el kirchnerismo supo construir. El desarrollo no convencional se presentó asociado a la expropiación parcial de YPF que pasó a ser conducida por el Estado, aunque mantuvo su carácter privado.(...)
 
Si bien el kirchnerismo dio señales de ampliación de derechos en política energética no avanzó mucho en términos de soberanía e incluso reforzó la dependencia fósil apostando todo a Vaca Muerta bajo una estructura a merced del poder privado internacional".
 
Veamos cómo el capitalismo significa subsidiar a quienes acaparan riquezas e ingresos destruyendo nuestras posibilidades de vida del presente y futuro. También nos exige desfetichizar el Estado y las nacionalizaciones.
 
 

Investigación: Vaca Muerta, el saqueo

22 de septiembre de 2018

 

En agosto se cumplieron cinco años del acuerdo entre YPF y Chevron que dió inicio a la era del fracking en Argentina. Este septiembre comenzará la exportación de gas a Chile, para el crudo existen planes similares. Actores, incidencias e incertidumbres en la geopolítica no convencional.
Observatorio Petrolero Sur
Neuquén es la segunda provincia con mayor recepción de inversiones extranjeras directas del país. Si los horizontes esperados de exportación se realizan, se llevarán los hidrocarburos alojados en Vaca Muerta pese a las graves consecuencias socioambientales de los territorios donde se extraen. Mientras el exitismo del rentismo petrolero gubernamental se embriaga con anuncios de inversiones y nuevos acuerdos, hay distintos conflictos que emergen como resistencia a un saqueo en ciernes.
Tras cinco años de producción de hidrocarburos no convencionales (HNC) en la Cuenca Neuquina, sabemos que Vaca Muerta es un megaproyecto extractivo que puede requerir un ejercicio analítico complejo para abarcar su totalidad. En las siguientes líneas, resumo algunos puntos centrales: qué es Vaca Muerta, qué papel cumplen los estados involucrados y quiénes son los principales actores.
Muchas Vacas Muertas
Vaca Muerta es una formación geológica ubicada en la Cuenca Neuquina, según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) es el segundo reservorio mundial de gas y el cuarto de petróleo. Tiene una extensión de 30.000 km², equivalente a todo el territorio de Belga, y un espesor que la hace atractiva a los ojos frackers. Pero ésta no es la única Vaca Muerta.
El proyecto de extracción de no convencionales es posible gracias al uso del paquete tecnológico del fracking, que se aplica a un conjunto de formaciones geológicas que contienen petróleo y gas tanto en shale (roca madre) como en tight (arenas compactas). En nuestra región, estas formaciones no sólo se encuentran en la Cuenca Neuquina, también han quedado atrapadas -tras movimientos de la dorsal Huincul- en zonas de intercuencas, como las recientemente exploradas en la provincia de Río Negro (áreas Chelforo y Villa Regina). En términos de extracción, Vaca Muerta se expande.
Además, este megaproyecto implica directamente a las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, poseedoras de los recursos de subsuelo a partir de la Ley 26.197 del año 2006. Pero también implica a las provincias de Chubut y Entre Ríos como proveedoras de las arenas silíceas, insumo fundamental para la actividad. A esto se suma la infraestructura para el transporte como ductos, rutas, vías férreas, además de refinerías, polos petroquímicos y actualmente estudian realizar licuefacción para exportar gas vía el puerto de Bahía Blanca. Pero los límites de Vaca Muerta trascienden las fronteras nacionales, la mayoría de las empresas que operan en la cuenca tienen sus sedes en guaridas off-shore como Delaware, Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Uruguay, entre otros (EJES, 2017).
Finalmente, Vaca Muerta se presenta como una región que también requiere de una planificación estatal que logre contener el impacto del aumento exponencial de la demanda de todos los servicios en las ciudades involucradas. Los “Estudios estratégicos para el desarrollo territorial de Vaca Muerta” realizados por el estado nacional junto a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa dan cuenta de eso.
Gobernar Vaca Muerta
La otra dimensión tiene que ver con el rol del estado nacional y los estados provinciales en el desarrollo del megaproyecto. Vaca Muerta llegó mediante una reedición del discurso desarrollista, con la impronta épica nacionalista que el kirchnerismo supo construir. El desarrollo no convencional se presentó asociado a la expropiación parcial de YPF que pasó a ser conducida por el Estado, aunque mantuvo su carácter privado.
Políticas con objetivo de autosuficiencia energética intentaron revertir el déficit en la balanza energética, para ello se buscó frenar el declive de extracción sobre todo en gas -principal fuente para producir energía eléctrica-. Si bien el kirchnerismo dio señales de ampliación de derechos en política energética no avanzó mucho en términos de soberanía e incluso reforzó la dependencia fósil apostando todo a Vaca Muerta bajo una estructura a merced del poder privado internacional.
La soberanía de la mano de Chevron implicó acuerdos secretos que degradaron la democracia; tribunales internacionales como garantes -en medio de la pelea con los fondos buitres-; un entramado off-shore con el que operan la mayoría de las empresas y nuevos subsidios como garantías de una tasa de ganancias atractivas. Esta situación incluso se sostuvo en plena caída del precio del petróleo con la creación de un precio sostén, también llamado “barril criollo”.
Sobre esto se asentó el macrismo y dió un golpe de timón hacia el neoliberalismo. Quitó los subsidios y estableció impagables tarifazos. Logró imponer un nuevo modelo laboral para el sector petrolero. Impulsó la desregulación del mercado con miras a volver a los valores internacionales mediante la quita del precio sostén. Además, este año el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, resolvió dolarizar el valor de la energía. Focalizaron los subsidios a la extracción en algunos proyectos gasíferos no convencionales. Todas estas medidas dispararon los aumentos sistemáticos de las tarifas de energía y precio de los combustibles.
Vaca Muerta demanda un gran financiamiento estatal que se incorpora en toda la cadena de valor energética -producción, transporte y distribución- en subsidios, incentivos, exenciones, también en infraestructuras específicas para la actividad directa -como rutas, trenes, aduanas- e indirectas -como hospitales, escuelas, viviendas, cloacas-.
Al mismo tiempo, el proyecto extractivo demanda que las reglas del juego se adapten a otras necesidades específicas como las de insumos, mano de obra, proveedores y otros servicios, en todas esas también están presentes los estados.
En territorios de explotación se extraen millones y millones de litros de agua (11 millones usan los pozos verticales de Loma Campana por ejemplo y los pozos horizontales consumen más). Actualmente se abastecen con acueductos temporales y camiones, pero planean otros acueductos permanentes, aún cuando se trata de las mismas zonas en las que los productores rurales padecen estrés hídrico.
Las arenas silíceas conforman otro foco de conflicto. Cada pozo utiliza más de 1500 toneladas de arena que se compran como arena de construcción, por tanto, son pagadas a su lugar de origen a precios bajos. Para transportar las arenas utilizan las líneas férreas, incluso se usan de depósitos las viejas estaciones de la línea Roca que controla Ferrosur; además las transportan en camiones extremadamente pesados que dañan las rutas regionales y aumentan los riesgos de accidentes. El estado nacional y las empresas planifican traer las arenas por una nueva traza férrea entre el puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Añelo (Neuquén) -a pesar del rechazo de los intendentes de las localidades que atravesará- obra que se realizaría en el marco de los nuevos mecanismos de Participación Público Privada (PPP) mundialmente cuestionadas.
El megaproyecto requiere una gran cantidad de mano de obra, pero las nuevas reglas del juego someten esta demanda a tercerizaciones y altos niveles de precarización laboral. Mano de obra mal pagada y con regímenes laborales intensivos que vienen aumentando notablemente los ritmos y las condiciones de trabajo, factores que incrementan los riesgos de accidentes. En lo que va de 2018, fallecieron cuatro trabajadores en accidentes laborales.
Por otro lado, la demanda laboral de Vaca Muerta es especialmente volátil. Implica la construcción de obras inmensas pero de trabajo a término y al mismo tiempo las contrataciones dependen de las variaciones del precio internacional del crudo. Asimismo, la incidencia de estos puestos laborales sobre las economías locales es determinante. Se calcula que por cada puesto de trabajo en este sector se inducen tres puestos indirectos, también sometidos a la volatilidad no convencional.
Por último, la necesidad de servicios específicos generó la creación del mundo de empresas, muchas bajo la impronta de la burguesía patria contratista local que negocia con las operadoras beneficiando a las empresas de familiares, a amigos, a aportantes partidarios y hasta a funcionarios y sindicalistas. La corrupción de un esquema descentralizado, fragmentado y privado, también hace que las fuentes laborales queden cautivas de la correlación de fuerza coyuntural que tengan sus dueños. Así, por ejemplo, la pérdida de un contrato puede significar muchos despidos o directamente el cierre de la empresa.
La invasión del fracking
Durante estos cinco años el mapa no convencional crece. Si bien la actividad se concentra en la provincia de Neuquén, y, en menor medida, en Río Negro, ya arrancaron los trabajos pilotos en Mendoza.
Las concesiones más grandes fueron y son aquéllas en las que los estados tienen injerencia. YPF condujo la mayor parte del proceso durante la gestión kirchnerista, y tuvo a cargo la “curva de aprendizaje”. Además, creó YPF Tecnología (YTEC) una empresa científico técnica que asoció a YPF con el CONICET y que colaboró con la sustitución de importaciones de materias primas y maquinarias. La ciencia puesta al servicio de la maximización de las ganancias de las corporaciones petroleras. Además, YPF tuvo que idear reglas en el tenso mundo de proveedores habituados a la sobrefacturación. Incidió en la planificación del desarrollo de la infraestructura y se encargó de ampliar la frontera no convencional con nuevas exploraciones.
Mientras tanto, la empresa neuquina Gas y Petróleo -estatal a pesar de ser también una sociedad anónima- dedicó sus esfuerzos a la obtención de rentas extraordinarias más que a la producción. Tras su creación en 2008 se hizo de las áreas -en su momento marginales- que antes estaban en manos de la estatal Hidenesa. El sistema de carry fue el mecanismo por el cual la provincia de Neuquén quedó como socia financiera en varias Uniones Transitorias de Empresas (UTE), por poseer el área cedía a sus socias la mayor parte del paquete accionario y estas empresas se hicieron cargo de la operación. GyP mantuvo un 10 o 15% de las acciones, cuestión que generó muchas tensiones con el ejecutivo nacional, que acusaba al mecanismo de desalentar la llegada de inversiones.
YPF tiene 15 proyectos activos que representan unos 9.000 km2. Entre sus socios se encuentran la francesa Total Austral, la noruega Equinor -ex Statoil-, las norteamericanas Chevron, Dow Chemical y la gigante de servicios Schlumberger -que opera el área Bandurria-, también sostiene asociaciones con la angloholandesa Shell, la asiática Petronas, la alemana Wintershall y con PAEG compuesta por la inglesa BP, la china CNNOC y la familia Bulgheroni. Ya se anunció el ingreso de Gazprom (EJES, 2018).
GyP actualmente tiene 98 áreas que con frecuencia salen a subastar en Estados Unidos. Si bien las activas son 36 áreas, GyP mantiene acciones en cinco proyectos actualmente en etapa piloto, sólo en área Aguada del Chañar opera con un incipiente y lento desarrollo. Sus principales socios adquiridos por el mecanismo de carry son: Wintershall, la norteamericana Exxon, Shell, Total Austral, Petrogas. A su vez, tiene asociaciones en áreas concesionadas pero en vías de desarrollo con Pampa Energía -del empresario argentino Marcelo Mindlin-, Vista Oil -empresa de ex CEO de YPF Miguel Gallucio-, Tecpetrol -del italo argentino Paolo Rocca-, Shell y PAEG. El activo actual es de 1.575 km2.
Hay que destacar el reciente desarrollo del área Fortín de Piedra, cuya concesión pertenece a Tecpetrol, parte del grupo Techint. El economista Facundo López Crespo -miembro de EJES- sostiene que en la actualidad se extrae el 10% del gas nacional de dicha área y que, en su etapa de desarrollo masivo ya logró producir más por mes que la histórica Loma La Lata. Esto se debe en principio al impulso que de los subsidios otorgados por el gobierno nacional, que representaron en el último semestre alrededor de 250 millones de dólares, un 30% de la facturación. Toda la apuesta al fracking hace que en actualidad la extracción convencional haya retrocedido un 7%, mientras que la inyección no convencional aumentó un 39% en el periodo julio 2017-2018. La resolución ministerial 46 del 2017 generó un incentivo a la explotación de gas no convencional. Hoy hay seis áreas incluídas en ese programa y una docena permanecen en carpeta, aunque trascendió que se habría cerrado el ingreso. La tendencia muestra que las empresas van a donde los subsidios se aplican.
En el resto de las áreas se encuentran: Total Austral, Shell, Wintershall, Exxon, Wintershall, Chevron, Pampa Energía, Pluspetrol, Vista Oil, PAEG. Un reciente informe de Hernán Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur, ofrece una radiografía de las principales empresas europeas en Vaca Muerta, allí queda claro que esto recién está empezando.
Todo el mecanismo para el saqueo está en pleno desarrollo, pero para que pueda concretarse deberán apagar más de un foco de conflicto. A la decisión de militarizar la zona con la presencia de tropas de Gendarmería Nacional, se suma el interés de control internacional que representan tanto la ya instalada base militar china, como la norteamericana que intentan instalar.
Fuentes consultadas
Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional (2018) Mapa de la inversión 2015-2018
Álvaro, B. y Riffo, L. (2018), Extracción de hidrocarburos no convencionales y sociedad: abordajes socio-territoriales del extractivismo. Trabajo expuesto en el marco de la Comisión Interdisciplinaria para el discución sobre Hidrofractura del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue.
Aringoli, F. (2018), “Quiénes son los dueños de Vaca Muerta”, en Río Negro, 30 de junio de 2018.
Eco Journal (08/03/2018) “YPF lanzará en 2018 cinco nuevos proyectos en Vaca Muerta”.
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (2017), Informe Externalidades del megaproyecto Vaca muerta.
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (2017), Informe Económico. Ganadores y Perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales.
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (2018), “Las transferencias económicas a favor de Techint en Vaca Muerta”, en Boletín EJES Nº 20, julio de 2018.
Scandizzo, H. y Álvarez Mullally, M. (2018), “Compañías europeas a la conquista de Vaca Muerta”.
Silvia Peco (2018) “La devaluación pone en jaque la política tarifaria de Aranguren” en Ámbito Financiero, 18 de Mayo de 2018.
Información Oficial
Neuquén Informa (13/04/2009) Transfirieron áreas marginales a Gas y Petróleo del Neuquén S.A.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Investigacion-Vaca-Muerta-el-saqueo

 
Prosigamos verificando cómo el capitalismo (neodesarrollista o neoliberal) privilegia el lucro de las transnacionales y sus socios locales sin importar arrasar la vida, los derechos humanos de pueblos e individuos y los ecosistemas. Lo que implica descubrir la impostura de progresistas e izquierdas afines de su posicionamiento contra las corporaciones y a favor de la Patria Grande.
 
Después reparemos en las gravísimas consecuencias de la explotación de petróleo.
 

 

Gils Carbó, el Caso “Chevron”, Justicia Legítima y las “Corpo”

2 de julio de 2013

 
 
El fallo judicial a favor de la petrolera Chevrón: un paso a favor de las corporaciones multinacionales.
 
Carlos Alberto Kreimer.
 
En el torbellino de sentencias judiciales que arrasó la primera plana de los medios en los últimos días -“Consejo de la Magistratura”, “Libertad gremial y ley de asociaciones sindicales”, “Cepo Cambiario”, “Aumentos pretendidamente no remunerativos en convenciones colectivas”- pasó casi inadvertida la decisión de la Corte Suprema en el caso “Chevrón” que solo mereció alguna referencia tangencial de algún comentarista político. Para mejor ilustrar al lector es necesario no solo hacer un análisis del caso sino, además y al decir de los guionistas de cine, “sembrar información”.
 
El problema a energético
Después de diez años de década ganada, de haber los chicos K salido a la calle eufóricos y con los dedos en V por la apropiación (¿expropiación?) de parte de las acciones de YPF (las que estaban en poder de Repsol) y de casi un año y medio de tripulación de la petrolera estatal por el mago Miguel Galuccio, el panorama es desolador. De un país autoabastecido en el 2003, se pasó a otro que importa anualmente la friolera de entre 12 y 15 mil millones de dólares en energía, según la previsión para el 2013 (un destacado economista –insospechado de ortodoxo- señalo: “todo el modelo o relato se reduce a cambiar soja por energía”). Además YPF sigue disminuyendo su producción en casi todos sus rubros a pesar del significativo aumento de sus productos en surtidores (casi un 20% en lo que va del año).
 
Vaca muerta (o “viva” para nuestra creativa Cristina)
Este reservorio de energía no convencional (“shale-petróleo” y “shale-gas”) descubierto en el último lustro, constituye la nueva joya de la corona nacional. Según los especialistas estaría entre los cuatro yacimientos o cuencas con más reservas del planeta y nos convertiría casi en un país del privilegio árabe. Para la explotación de Vaca Muerta hace falta un inversión de unos 36.000 millones de dólares en cinco años para, dentro del mismo lustro, empezar a disfrutar de sus rindes. Esta suma no es excesiva si, por ejemplo, advertimos que significa el diez por ciento de cuanto va invirtiendo Brasil para extraer el petróleo “off shore”, sin haber sacado hasta ahora una gota. No debe dejar de señalarse que los ecologistas se oponen a la explotación de estos yacimientos con muy fuertes argumentos, por el tremendo daño ambiental que ocasionan, pero en este caso correremos del análisis esta, no menor, cuestión para cuyo abordaje el autor de esta nota no califica.
 
Chevrón y los litigios
La más avanzada multinacional –por capital y tecnología- para encarar Vaca Muerta es Chevrón y hacia ella se han dirigido los mayores esfuerzos de Galuccio, para intentar salir del pantano en el menor lapso posible. Pero la subsidiaria de ESSO enfrenta dos problemas. El primero es que Repsol ha promovido un juicio contra YPF por nada menos que 10.500 millones de dólares ante organismos internacionales por el pago de las acciones apropiadas, y amenaza a todo colega que intente una sociedad con la petrolera vernácula de hacerle pagar los perjuicios (si bien es cierto que las extractoras de petróleo están acostumbradas a hacer negocios en países y en situaciones complicadas, no lo es menos que “entre bomberos no se pisan la manguera”). Al segundo problema nos referiremos a continuación.
 
Ecuador y Chevrón
TEXACO, luego convertida en CHEVRON (ambos nombres del grupo ESSO), fue condenada en Ecuador, donde explotaba yacimientos convencionales, a pagar a un grupo de vecinos del lugar de extracción, por daños ecológicos o ambientales, la friolera de 19.000 millones de dólares. La multinacional alegó que “la sentencia fue obtenida en un proceso judicial viciado de fraude, extorsión y cohecho” (no nos consta, por no haber examinado el expediente extranjero, la veracidad de esta alegación, aunque se debe admitir que el monto excepcional de la condena alguna sospecha despierta). Sea como fuere la sentencia en un país amigo de los K, que forma parte de la selecta minoría con la que mantiene amables relaciones, está firme y debe ser cumplimentada. Para ello, un juez ecuatoriano remitió a este país un exhorto (formalidad de un requerimiento de un juez a otro), para que, nada más y nada menos, “embargue los bienes que pertenecen a Chevrón Argentina SRL sobre cuentas, créditos por venta de hidrocarburos, créditos litigiosos, cuotas sociales o participaciones accionarias” (estas medidas se amplían atrapando a otras contratantes o subsidiarias de ESSO). En buen romance: CHEVRON no puede hacer un negocio en la Argentina –donde ya tenía firmadas cartas de intención con YPF justamente para explorar y explotar “Vaca Muerta”- sin que cualquier activo, se llame como se llame, le sea chupado por los ecuatorianos; o sea al mago Galuccio le escupieron el asado. Presentado en Primera instancia el exhorto, se hizo lugar al mismo y se ordenaron las medidas; entendiendo el magistrado de primera instancia que el exhorto reunía todos los recaudos formales que los tratados de cooperación internac ional, firmados por ambos países, contemplan. Chevron apeló y a pesar de que con picardía eligió la Sala de la Cámara Civil y Comercial Federal y que, con muy prestigiosos abogados algunos “neoliberales” y otros “nacionales y populares” planteó el único argumento que cabía -o sea falencias formales-, igual la perdió.

Sentencia de la Corte Suprema
El expediente llegó a la Corte donde, por razones políticas más que jurídicas, hubo intención de admitir el recurso (y ello es explicable teniendo en cuenta que, si seguimos por el camino que eligió “el relato”, terminaremos calefaccionando los hogares con braceros). Una mayoría de seis miembros dio la razón a la apelante haciendo un análisis de las normas procesales y las similares del tratado internacional entre Argentina y Ecuador, por razones absolutamente formales y sin ingresar en las cuestiones políticas o de fondo las que –bueno es decirlo- tampoco fueron planteadas por los apelantes. En voto disidente el casi centenario socialista Fayt refutó impecablemente los argumentos de sus co-supremos, y rechazó las razones de la multinacional, analizando las mismas normas cuestionadas (como le mandó decir por su chofer a la Presidente: “Estos son los hechos. Los comentarios son libres”). Fue público –o al menos así lo destacaron los medios- que el mago Galuccio festejó con champaña el fallo y llamó inmediatamente a Chevrón para que venga al país el negociador. Pero parece que hasta que no se arregle con Repsol no se pone un dólar.

El dictamen de la Dra. Gils Carbó
La Procuradora General de la Nación, como manda la ley, dictaminó con carácter previo en el exhorto de Chevrón. Pudo haber hecho como la mayoría de la Corte y “de taquito” resolver el tema por meras razones procesales dándole la razón a ESSO. Pero, como Ecuménico (el Guapo del 900 de Samuel Eichelbaun) fue mas allá de lo que el político a quién reportaba (don Alejo ) le pedía, y agregó: “…El interés público de la actividad desarrollada por la recurrente (Chevrón Corporation) conforme el artículo 1 de la ley 26741 y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional…”. O sea que para la Dra. Gils Carbó entre los intereses de ecologistas del Ecuador y los de ESSO deben primar los de la petrolera multinacional por estar vinculados con la política económica y el desarrollo nacional. Solo le faltó agregar que la “corpo” a la que hay que derrotar es al Grupo Clarín y no la insignificante ESSO cuyos intereses son esenciales para desarrollar la política energética nacional.

Justicia Legítima y las “Corpo”
Cuando vemos en la realidad cómo se comporta la abanderada del espacio “Justicia Legítima” (que debería estar presidido por el prestigioso magistrado Oyarbide) no cabe duda que lo que se pretende no es el distanciamiento de la justicia de los importantes grupos económicos para garantizar su imparcialidad, sino el acercamiento obsecuente a los mandatos de la Presidente.
Carlos Alberto Kreimer es miembro del Club Político Argentino.
 Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/07/02/gils-carbo-el-caso-chevron-justicia-legitima-y-las-corpo/

---
 

Ecuador Decide rechaza Laudo Arbitral Chevron III que busca que el Estado ecuatoriano deniegue justicia a más de 30.000 personas afectadas por Chev...

21 de septiembre de 2018
Durante 26 años en Ecuador, la Texaco extrajo 1,5 mil millones de barriles de crudo, perforó 356 pozos, vertió en ríos y suelos toneladas de material y desechos tóxicos, arrojó más de 16 mil millones de galones de agua con desechos tóxicos cancerígenos. La vida, la salud, la paz, el bienestar de los pueblos son innegociables.
 
Si desea adherir a esta carta, escribir a presidencia@accionecologica.org
 
Texaco contra la vida
Desde 1964 y hasta 1992, el Estado ecuatoriano entregó, sin el consentimiento de sus habitantes, 500 mil hectáreas de selva, patrimonio biogenético y hogar de pueblos ancestrales, a la Corporación estadounidense Texaco.
Durante 26 años en Ecuador, la Texaco extrajo 1,5 mil millones de barriles de crudo, perforó 356 pozos, vertió en ríos y suelos toneladas de material y desechos tóxicos, arrojó más de 16 mil millones de galones de agua con desechos tóxicos cancerígenos.
Las actividades de la Texaco causaron graves daños en la población y en la naturaleza:
·Miles de casos de cáncer y otros problemas de salud degenerativos y discapacitantes.
·Contaminación de suelos y agua, lo que impide a las personas campesino-colonas y a comunidades Siona, Siekopai, Kofán, Shuar, Waorani y Kichwa, producir sus alimentos y les obliga a comprar a altos precios el agua que antes obtenían de los ríos y vertientes.
·Debido a las concesiones en su territorio y a la creciente contaminación, una parte de la población de los pueblos originarios fueron desplazados de sus hogares
·El contacto forzoso especialmente por la construcción de carreteras para ampliar la frontera petrolera causó la extinción de los pueblos indígenas Tetete y Sansahuari.
·Se ejerció violencia contra mujeres y personas obreras de la empresa
Por esto, en 1993, 30.000 personas afectadas en el norte de la Amazonía ecuatoriana concretaron una demanda en los juzgados de Estados Unidos contra la transnacional. Este caso en las cortes se conoce como Aguinda vs. Texaco y se presentó a la par que la demanda de comunidades afectadas en Perú a la misma empresa, caso conocido como Jota vs. Texaco.
 
Luego de diez años de procesos, la Corte estadounidense estipuló que la empresa se someta a las cortes ecuatoriana y peruana respectivamente. Entonces, las comunidades ecuatorianas agrupadas en la UDAPT Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, por trece años más lucharon por justicia en el caso llamado “Juicio del Siglo”.
En respuesta al juicio de las presonas afectadas la Texaco empresa que desde el 2001 es filial de la corporación Rockefeller Chevron, arremetió con varias acciones: 1. demandó al Estado equatoriano en Nueva York en 2004 ganando el Estado ecuatorian este caso conocido como Chevron I 2. En diciembre del 2006 caso Chevron II, y en septiembre del 2009 caso Chevron III, la empresa llevó al Estado ecuatoriano a un tribunal de arbitraje en La Haya en base al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1993 durante el gobierno neoliberal de Duran Ballen y vigente desde 1997-5 años después de que la petrolera terminara su contrato con el Estado ecuatoriano-; 3. Apeló la sentencia del 14 de febrero del 2011 dada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos que le ordena pagar 9.500 millones por reparación de daños ambientales. Esta sentencia se ratificó en última instancia en la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 10 de julio. 4. Inició un juicio en EE.UU contra las personas afectadas acusándolas de extorsión y de usar medios corruptos, y, 5. Planteó más de 20 demandas en EE.UU contra las personas afectadas, buscando indicios para atacar a quienes estimaron los daños.
Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y su función de protección de las corporaciones
Ecuador Decide, como plataforma de organizaciones sociales contra los Acuerdos Comerciales basados en el Libre Mercado, hemos alertado que los TBI son instrumentos de las transnacionales para acrecentar su monopolio, asegurar su impunidad frente a daños cometidos por su violencia y voracidad extractivista, y para que los gobiernos pongan a la estructura estatal a cargo de cuidar los intereses corporativos a cambio de favores económicos y políticos.
Los TBI fueron denunciados por la Asamblea ecuatoriana el 3 de mayo del 2017 en base a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional (CAITISA), pero sus efectos nefastos para el Ecuador siguen en varias demandas empresariales contra el Estado ecuatoriano debido a una clausula de vigencia de 10 años luego de la denuncia. Están vigentes 26 demandas: el 50% en el área petrolera, 19% en el área de electricidad y 12% en minería. El Estado ecuatoriano es demandado por 11.188´966.571 dólares. Hasta abril de 2017 el goibierno cuatoriano ha pagado a Oxy, a Chevron y a otras corporaciones 1.342´115.969 dólares y ha gastado 155´929.417 dólares en abogados internacionales.
El 10 de julio del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó el fallo a favor de los afectados de Chevron-Texaco en el Juicio del Siglo, pese a las presiones del vicepresidente Estadounidense quien, en visita histórica al Ecuador, ofreció un Tratado de Libre Comercio (TLC) si el Ecuador eliminaba temas que calificó de “irritantes”, como el juicio de las personas afectadas por Chevron-Texaco, las cláusulas que impiden el cultivo de transgénicos OGM y la negativa de reiniciar acciones militares de su país en Ecuador entre otras estipuladas en la Constitución y exigidas por la población ecuatoriana.
Las presiones políticas de Texaco hacia los gobiernos de turno del Ecuador no son nuevas. En el año 1995, el gobierno de Duran Ballen-Dahik firmó el contrato para la remediación ambiental, en el cual el Estado libera a Texaco de responsabilidad y se compromete a no demandarla. En 1998, luego que Texaco, supuestamente había remediado el área que le correspondía, el Gobierno de Mahuad, firma el acta de finiquito en la cual ratifica la liberación de responsabilidades de Texaco. Todo esto sin consultar a las personas afectadas. En el año 2008, Chevron-Texaco consiguió que EE.UU amenazara con no renovar las preferencias arancelarias al Estado ecuatoriano si este no obtenía que las comunidades desistieran de su denuncia. En 2016, para poder colocar bonos soberanos en el mercado financiero internacional, el gobierno ecuatoriano presionó a los afectados para que levantaran el embargo sobre los recursos que legalmente les correspondía. En julio del 2016, en el laudo arbitral conocido Chevron II, el Estado ecuatoriano pagó a la Chevron-Texaco 112 millones de dólares de indemnización por supuesta denegación de acceso a la justicia, pese a que en el discurso el gobierno de Correa llamaba a no transar con “la mano sucia” de Chevron.
Dos meses después de que la Corte Constitucional del Ecuador ratificara el fallo a favor de los afectados de la Chevron-Texaco, el 7 de septiembre del 2018, el Tribunal de la Haya, en el laudo arbitral Chevron III sentencia al Estado ecuatoriano a hacerse cargo de remediar los daños provocados por la empresa y reparar a la población.
 
Pronunciamiento de Ecuador Decide
Las organizaciones sociales que somos parte de Ecuador Decide y otras organizaciones que firmamos esta alerta pública, preocupadas por las acciones que las instituciones gubernamentales implementarán tras la decision de la Haya en el segundo Laudo Arbitral de Chevron contra Ecuador caso conocido como Chevron III, manifestamos que:
·Respaldamos la lucha histórica de la UDAPT la organizacion de las comunidades del norte de la Amazonía afectadas por la contaminación petrolera dejada por Chevron Texaco, que nos muestra los impactos del sistema económico depredador que debemos superar con iniciativas de relacionamiento, producción y consumo soberanas, conscientes, comunitarias y ecosistémicas. Mirar los impactos de las actividades extractivistas nos recuerda también la importancia de auditar los impactos de la explotación petrolera y la urgencia de articularnos para impedir que esta lógica se expanda hacia la Amazonía Centro Sur con la nueva ronda de licitaciones Sur-Oriente; así como detener las concesiones mineras que afectarían al 15% del territorio ecuatoriano.
·Saludamos el comunicado de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y llamamos a las Defensorías del Pueblo de América Latina a respaldar a los pueblos originarios y comunidades campesinas y urbanas en sus acciones en busca de protección ante los embates extractivistas y la demanda de reparación frente a abusos ya sufridos.
·Pedimos a la ONU y en especial al grupo de trabajo que prepara el Convenio contra la Impunidad Corporativa, vigilen que los convenios internacionales de Derechos Humanos se cumplan y sean vinculantes para que prevalezcan frente a tratados comerciales.
·Llamamos a la población y organizaciones sociales del Ecuador y el mundo a no comprar productos y servicios de Chevron en rechazo a su pretensión de impunidad frente a los daños dejados en la Amazonía ecuatoriana. Nos corresponde ejercer los espacios ciudadanos de participación para impedir que los intereses transnacionales se impongan sobre los derechos humanos y de la naturaleza.
·Demandamos a los jueces ecuatorianos cumplir su rol de garantes de justicia de forma soberana sin presiones políticas. Las acciones de la empresa Chevron contra el Estado ecuatoriano no deben relacionarse con las demandas de reparación y justicia que exigen las comunidades afectadas.
·Exigimos a los y las asambleístas a desistir de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la EFTA ahora que aun todos los otros estados contrapartes no los han ratificado; y a impedir que se negocien otros TBIs y TLCs.
.Exigimos al Gobierno Nacional no permitir injerencia ni presión alguna del lobby transnacional, lo que incluye depurar funcionarios(as) de las instancias cuya función es defender al Ecuador y que tienen vinculación con la empresa. Todos los esfuerzos gubernamentales deben centrarse en impedir esta injusticia a las comunidades afectadas por la voracidad extractivista. Este laudo arbitral no procede porque el contrato con la empresa terminó en 1992 cuando no se habia firmado el TBI.
·Recordamos a los decisores gubernamentales que el Art. 422 de la Constitución señala que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Los Pueblos y la biodiversidad amazónica no pueden seguir siendo sacrificadas por poderes políticos y económicos que se afirman y consolidan mediante los TBI y los TLC porque estos instrumentos promueven el monopolio de las áreas esenciales para la reproducción material y simbólica de la vida y legitiman los abusos de las transnacionales. Los TBI y los TLC son nefastos para las iniciativas económicas y sociales de nuestros países. Es momento de escuchar las alertas sobre los impactos del TLC con la Unión Europea, y del recién negociado TLC con la EFTA. Urge detener las negociaciones de un TLC con Estados Unidos, un país que ha demostrado históricamente su interés en explotar territorios y pueblos a la par que defender los intereses de sus corporaciones, como Chevron-Texaco.
 
La vida, la salud, la paz, el bienestar de los pueblos son innegociables. 
Septiembre, 2018 
Adhieren: 
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”  (CSMM)
ALAMES Ec Asociación Latinoamericana de Medicina Social núcleo Ecuador
Acción Ecológica
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento
Natalia Sierra
Cdes
Yasunidos Cuenca
Chile mejor si TLC
Red AGROECOLÓGICA del Cañar
Colectivo de Género Acción y Política
Comité Derechos Humanos de Shushufindi
Surkuna
Ecuador Today
Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai
__________________________
Si desea adherir a esta carta, escribir a presidencia@accionecologica.org  Leer

 
Nos convocan a luchar contra la pobreza porque encubren al capitalismo como sistema de acaparamiento de riquezas y poder de oligopolios a costa de empobrecer o desposesionar de todo a una creciente mayoría de la humanidad.
 
 
 
Desnudar al extractivismo:
repensar el origen y destino de la riqueza.
14 de noviembre de 2014
Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)
 
“La tierra y las mujeres no somos territorios de conquista”. “Nosotras somos ricas, tenemos lo que quieras del territorio: cazamos y pescamos, y hay toda clase de hortalizas. ¿Qué pobres vamos a ser? No tener naturaleza es ser pobre”
Testimonios recogidos en “La vida en el centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave feminista” [1]
La defensa de la política extractivista se desenvuelve en un discurso que mezcla una serie de desafíos realmente existentes, con todo un juego retórico plagado de omisiones, desactivaciones simbólicas de campos de poder y valor, y mitificaciones históricas ―en la cuales el “desarrollo” es pilar fundamental―, que en su conjunto ofrecen una conclusión profundamente conservadora, pero que en ningún modo es cierta: no hay alternativas más allá del extractivismo.
El circuito de acumulación en los capitalismos extractivos se desarrolla como un proceso metabólico, que intenta capturar, dominar, destruir y/o cooptar todas las formas territoriales de reproducción de la vida para subsumirlas al patrón macro-energético hegemónico. En este sentido, a lo largo de los procesos que constituyen este circuito de acumulación, se van construyendo justificaciones que puedan legitimar cada fase de este modo de explotación capitalista sobre las subjetividades y la naturaleza. Es necesario atender a estas fases para intentar evidenciar cuáles son estas omisiones, desactivaciones y mitificaciones contenidas en el discurso extractivista.
En Teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista, uno de los clásicos de la literatura petrolera venezolana, el autor destaca que la especificidad del capitalismo rentístico radica en el hecho de que su estructura abarca desde el inicio un doble ámbito espacial, un doble ámbito territorial [2] . En esta dualidad geográfica, el origen de la renta petrolera es de escala internacional ―determinada por la lógica de la División Internacional del Trabajo―, y el destino de ésta, estaría enmarcado en una escala nacional, teniendo entonces al Estado como la interfaz de estos dos procesos.
La propuesta de Baptista nos sirve como referente para analizar en estos dos ámbitos, los diferentes argumentos y epistemes que se proponen para justificar la expansión del extractivismo: un primer momento, la captación de una renta internacional de la tierra - RIT (origen); y un segundo momento, la distribución de la misma (destino). Sin embargo, es necesario hacer previamente un par de salvedades al respecto:
a) La separación que propone Baptista sobre una escala “internacional” y una escala “nacional” es insuficiente para comprender las diversas dinámicas transterritoriales que constituyen el proceso capitalista de acumulación en el extractivismo. El elemento sobre el que se enfoca Baptista, el origen de la RIT, otorga centralidad a los flujos de esta forma de valor monetaria, haciendo pasar a un segundo plano el hecho de que el origen de la riqueza es territorial. Esto nos lleva a que, antes que atender únicamente a la captación de la RIT, nos enfoquemos primordialmente en el proceso capitalista de extracción que se realiza en el territorio, en la desterritorialización colonial que genera el capital, en la reconfiguración y reordenamiento político que se produce en dicho espacio geográfico a raíz de este proceso extractivo.
b) En este mismo sentido, respecto al proceso de distribución de la RIT, el carácter “nacional” de la misma se ha desdibujado muchísimo en la globalización neoliberal, generándose en numerosas ocasiones procesos de regionalización del capital que trascienden las fronteras de los Estados-nación, y mecanismos “informales” que desbordan los canales tradicionales de estos procesos, como el caso de la economía extractiva de frontera en Venezuela (contrabando) [3] . Esto, por supuesto, sin contar con los mecanismos globales de redistribución del excedente (regulares y fraudulentos) hacia los núcleos hegemónicos de la economía-mundo capitalista.
Primer momento: el proceso capitalista de extracción y el origen de la RIT
En nombre del “desarrollo”, el “progreso”, el fin de la dependencia y la lucha para salir de la pobreza, los diversos discursos extractivistas nos proponen que debemos sacar más y más de la naturaleza, ampliar cada vez más los proyectos extractivos en número e intensidades, para así obtener mayores dividendos monetarios y posteriormente alcanzar tales grandes objetivos.
Por citar algunos ejemplos, en México el presidente Enrique Peña Nieto afirmaba que la promulgación de los reglamentos de la Reforma Energética de fines de 2013 marca el inicio de una nueva era de desarrollo y crecimiento económico en el país [4] ; en el marco de la extraordinaria expansión del extractivismo sojero en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraba a fines de abril la planta de procesamiento de soja más grande del mundo, alegando que se trata del desarrollo de "una industria de punta para agregar valor a la materia prima (…) y podamos seguir agregando valor al producto del sector agropecuario" [5] ; y en Perú, Ollanta Humala ha defendido el Proyecto minero Conga (Cajamarca), pues “la población necesita ver que los proyectos económicos que se desarrollan en sus territorios los benefician directa y concretamente”, incluyendo la supuesta posibilidad de garantizar “ más agua y de mejor calidad ” [6] ; argumentos éstos muy similares a los planteados por los gobiernos “progresistas” de Rafael Correa respecto al petróleo en el Yasuní [7] , o Evo Morales en relación al TIPNIS [8] .
En todos estos casos, el consenso extractivista está determinado por un fetiche constitutivo de la racionalidad desarrollista, basado en una idea obsesiva de que el supremo objetivo social es “crear valor”, o bien captarlo como renta, reproducirlo y expandirlo. En realidad esto significa que lo que el mercado mundial capitalista considera como útil, válido y valioso, debe reproducirse de manera acumulativa, exponencial e indefinida, siendo que esta dinámica crecentista y reproductiva del capital fluye fundamentalmente en la forma dinero. Esta concepción particular del valor se sostiene sobre varios pilares:
Ø Su sentido se reproduce desde una pretensión de universalidad, de objetividad (en la medida en la que aspira a ser equivalencia absoluta de una serie de “materialidades”) y de un perfil profundamente economicista, por lo cual hablamos de un patrón colonial del valor, que coloniza a otros valores existentes, que invisibiliza, subsume o marginaliza toda una red de procesos de interacción e intercambio metabólicos de escala molecular, de sentidos simbólicos y afectivos, que en este caso deben ceñirse a este patrón hegemónico para tener validez.
Ø Desde esta perspectiva, la naturaleza en sí no representa ni reproduce valor. Por esto, la existencia de un territorio no intervenido por la modernización capitalista, tal y como está, obstaculizaría la reproducción de capital, es improductivo, parasitario, incivilizado; es « espacio vacío » – vacío de valor – . Esto tiene dos implicaciones políticas importantes: una, es que si la producción del valor se centra en el trabajo, la tierra (naturaleza) está por tanto condenada a ser objeto de renta (rentístico); la otra implicación es que la creciente devastación ambiental producto del desarrollo capitalista, no es contabilizada en ninguna medida como pérdida valor – más bien este proceso destructivo es la base material para este tipo de “creación de valor” – .
Ø Los procesos permanentes de « acumulación originaria », que se han desplegado y continúan haciéndolo por múltiples territorios en todo el planeta, encarrilan, someten, o destruyen también un enorme y muy diverso mosaico de cosmovisiones y culturas ancestrales o endógenas, y sus diferentes metabolismos y universos de valor, a favor de la estructura universalizante de este patrón colonial de poder.
De esta forma, ante este discurso extractivista que propone que debemos captar más valor (como renta, a partir de la expansión de los proyectos extractivos), y crearlo sostenidamente (sustitución de importaciones, « sembrar el petróleo » para el caso venezolano, o la « industrialización de la naturaleza » como lo proponen los teóricos de la UNASUR), es necesario preguntarse: ¿cuál es el saldo socioambiental final que deja este proceso, que va desde la desterritorialización que produce el proyecto extractivo, hasta la transformación de la naturaleza en mercancía, y luego en renta?
Si se hacen emerger las omisiones y desactivaciones simbólicas de otros campos de valor, ocultos por estos discursos desarrollistas y extractivistas, reformulando las cuentas que nos ofrecen como “evidencia” de su verdad, toma más claridad lo profundamente pernicioso que es intensificar este modelo de desarrollo capitalista.
En este sentido, planteamos que hay un valor ontológico en la naturaleza, no sólo en la medida en la que se considere, desde una visión antropocéntrica, a la misma como un activo (bienes comunes accesibles a todos los humanos) que debe ser contabilizado como pérdida cuando se destruye ― como lo propusiera el experimento chino del «PIB verde», abortado rápidamente en 2006 [9] ―, sino también en el propio sentido de ser de la vida y la reproducción misma de sus ciclos. Este valor ontológico de la propia vida (el bios), constituye todos los procesos de reproducción socio-metabólicos y sus formaciones de valor. De ahí que propongamos el concepto de « valor-vida » .
Si lleváramos pues, el «valor-vida» al metalenguaje económico, y consideramos los bienes comunes naturales como un activo, el balance ecológico después de cada proceso extractivo capitalista, e incluso, desde una perspectiva transterritorial, después del “desarrollo” y la modernización territoriales (como las expansiones urbanas o modernizaciones agrícolas), sería sumamente negativo en términos de “pérdidas y ganancias”, siendo importante también resaltar que la reconfiguración metabólica de los territorios por parte del capital implica una síntesis indivisible entre la devastación ambiental que deja, y la desigualdad social que produce, en beneficio primordialmente de sus administradores [10] .
Si asumiéramos esta nueva eco-contabilidad, sería sumamente problemático hablar de un proceso puro de creación de riqueza. Es verdaderamente absurdo convertir el «valor-vida» en un commodity, afectando masivamente fuentes de agua potable, para luego vanagloriarnos de una alta captación de RIT y de un gran crecimiento del PIB, que nos permitirá poder comprar muchas unidades de agua embotellada. Lo que tenemos como saldo final de estos ciclos extractivos es un notable incremento de la pobreza del «valor-vida»; una expansión de la cantidad de sujetos dependientes desvinculados de su relación directa con los bienes comunes, pero que ahora vivirán en ciudades y se tomarán tazas de café que requieren en todo su proceso de producción usar hasta unos 140 litros de agua para cada taza [11] ; y un ciclo de acumulación de dinero-renta para comprar productos importados, que tarde o temprano va a entrar en una fase contractiva.
De esta forma, más que asumir que este es un proceso de “creación de riqueza”, la transfiguración de la naturaleza en dinero conlleva en cambio a una alienación de la riqueza. De ahí que esta transformación material, metabólico/territorial, y de las sociabilidades que produce el extractivismo, arroje los nefastos resultados ya conocidos, que se intentan atenuar con la incumplible promesa de un futuro “desarrollo” para todos. El discurso pro-extractivista omite toda esta reconfiguración metabólica sobre la base de una política monetaristocéntrica.
Los cuestionamientos aquí planteados, hacen parte de una disputa político-cultural, y tienen varias implicaciones programáticas en los términos de construir alternativas a los capitalismos extractivos rentísticos y el “desarrollo”:
Ø En todas las escalas espaciales sobre las que se debe operar para impulsar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas, es fundamental una política no monetaristocéntrica, o no centrada principalmente en la forma dinero. Hablamos entonces de ampliar la reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos [12] , que persiga vencer la intermediación que se instituye en el proceso de alienación de la riqueza anteriormente descrito, y que se puede proyectar tanto a las políticas públicas, como a las estrategias de los movimientos sociales y organizaciones populares, en pro de construir tejido autogestionario.
Ø En este sentido, la reivindicación y defensa del «valor-vida» nos lleva a las peticiones y exigencias de moratorias de numerosos proyectos extractivos y desarrollistas en toda América Latina ― el Yasuní en Ecuador es tal vez el más emblemático en la región ― , que no responden a las necesidades de la población, sino primordialmente del mercado capitalista mundial y las élites nacionales que se enriquecen de éstas. En el caso de Venezuela, el llamado «Arco Minero de Guayana» es un proyecto de este tipo ― siendo que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia y el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi han solicitado su moratoria ― , al igual que los planes de expansión de la explotación carbonífera en la Sierra de Perijá (Estado Zulia), e inclusive zonas ecológicamente más sensibles en la Faja Petrolífera del Orinoco, que la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, con Francisco Mieres entre sus integrantes, propusiera en 2004 que no se explotaran [13] .
Ø El impulso de un proceso de reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos supone entonces la expansión del sector común, respecto a los sectores público y privado, lo que debe ir imperiosamente de la mano del reconocimiento de formas de autogobierno territorial y la mixtificación de las formas de propiedad, en pro y defensa de la reproducción de esos valores-vida existentes, que van más allá de la hegemonía de la riqueza monetarizada.
Ø La promoción de nuevos eco-indicadores para la transición en varias escalas, que logren descentralizar los procesos de reproducción del valor, y que al mismo tiempo puedan servir para modificar radicalmente la lógica colonial que constituye las relaciones socio-metabólicas reinantes en el sistema capitalista.
Ø Si el origen de la riqueza está en el territorio, y si reconocemos que un proceso de transformación profunda no va a ser impulsado por el Estado ― y en cambio éste podría tratar de frenarlo ― , surge la pregunta: ¿deben los movimientos sociales disputarse principalmente la renta con los administradores del capitalismo rentístico, o en cambio dirigir su mirada fundamentalmente hacia los territorios y los bienes comunes? La globalización de la lógica popular del occupy, practicada tanto por los movimientos urbanos en todo el mundo (indignados, OWS), como por pueblos campesinos (MST-Brasil) e indígenas (recordemos al cacique Sabino Romero y los yukpa ocupando haciendas en la Sierra de Perijá en Venezuela) evidencian disputas territoriales en el campo del «valor-vida», donde se origina la mercantilización de la naturaleza, la RIT y donde se ejerce directamente el poder neocolonial.
Segundo momento: el destino de la RIT y el proceso capitalista de su distribución
El discurso defensor del extractivismo nos propone que, ante los flagelos de la pobreza, de la dependencia y el llamado “subdesarrollo” debemos profundizar este modelo, sin atender al hecho de que, antes que expandir los proyectos extractivos y ampliar la renta captada, es necesario revisar cómo se distribuye la misma. Y no sólo se hace referencia a tener balances positivos y cuentas saneadas, o bien distribuir la renta de manera más equitativa, sino también a reconocer que los diversos mecanismos de distribución de la RIT generan territorialidades, espacialidad, institucionalidades, procesos metabólicos determinados, relaciones de poder y formas de producción de subjetividad e interacción social, acordes a los requerimientos biopolíticos de este modelo de acumulación de capital.
Esto por supuesto implica que, dependiendo de los sentidos y lógicas que atraviesan estos procesos de distribución, podrían disputarse y reconfigurarse nuevas producciones de la política y la territorialidad, que apunten claramente hacia formas de transición post-extractivistas. Surgen entonces varias preguntas: ¿qué formas de producción están estimulando y desestimulan estos mecanismos existentes en nuestros países? ¿Qué estilos de vida promueven? ¿Qué formas de valor prevalecen? ¿Qué tipo de ordenamiento territorial dispone, qué tipo de patrones energéticos? ¿Beneficia a una descentralización o a una concentración del poder? ¿Impulsa una mercantilización de la naturaleza, o bien abre caminos a la gestión popular de los bienes comunes? ¿Qué horizontes emancipatorios se podrían trazar desde otras lógicas distributivas?
A modo ilustrativo, existen algunos ejemplos que se podrían revisar: los investigadores Pablo Iturralde y Eduardo Pichilingue del Centro de Derecho Económico y Social (CDES), muestran que si se aumentara la carga tributaria 1,5% más de lo actualmente registrado, sobre las ventas de los 110 grupos económicos más poderosos en Ecuador, se obtendrían alrededor de 20 mil millones de dólares en un período similar a la de la explotación petrolera de 25 años en el Yasuní-ITT [14] , lo cual da aún más sentido a la moratoria exigida para ese territorio, ahora con un argumento que se propone desde el campo de la redistribución de la renta. Otro ejemplo es el del precio de la gasolina en Venezuela, la más barata del mundo, que no sólo le genera pérdidas al Estado venezolano, sino que promueve estilos de vida y patrones de consumo que para el caso del país caribeño son notablemente intensivos respecto al resto de países de la región (¿a quiénes beneficia ese subsidio en el país?), y que desestimula otras posibles alternativas [15] .
Aunque el discurso y la política oficial, y en general la retórica de los partidos políticos insiste en que no hay alternativas al extractivismo, nada más falso que esto. Numerosas experiencias populares que muestran que sí es posible la vida sin extractivismo, junto con la urgencia tanto de la crisis ambiental global, como de la propia crisis del sistema capitalista, y sus consecuencias para una América Latina que se encuentra en una encrucijada, ponen de manifiesto el doble ámbito de esta disputa política-cultural para los movimientos sociales: el territorio y la institucionalidad.
Caracas, noviembre de 2014
*Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG
Fuentes consultadas
- BAPTISTA, Asdrúbal. Teoría económica del capitalismo rentístico. Banco Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 2010.
- COLOMINE, Feijoo. Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas. Aporrea. 25/08/2014. Disponible en: http://www.aporrea.org/contraloria/a193849.html . Consultado: [27/08/2014].
- DECLARACIÓN del encuentro de mujeres frente al extractivismo y al cambio climático. Quito, 14 de octubre de 2014. Disponible en: http://territorioyfeminismos.org/2014/10/15/encuentro-de-mujeres-frente-al-extractivismo-y-al-cambio-climatico/ . Consultado: [15/10/2014].
- EFE. Peña Nieto: reglamentos de reforma energética abren paso a era de crecimiento. 3 de Noviembre de 2014. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/pena-nieto-reglamentos-de-reforma-energetica-abren-paso-a-era-de-crecimiento/20141103/nota/2491067.aspx . Consultado: [9/11/2014].
- EL TELÉGRAFO. Correa se compromete con waoranis a extracción responsable del Yasuní . 17 SEP 2013. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/correa-se-compromete-con-waoranis-a-extraccion-responsable-del-yasuni.html . Consultado: [9/11/2014].
- HERNÁNDEZ, Rafael A. La economía se desangra por la frontera . Últimas Noticias. 21/09/2014. Disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/infografia--la-economia-se-desangra-por-la-fronter.aspx . Consultado: [24/09/2014].
- HUMALA Tasso, Ollanta. Pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre el proyecto minero Conga . Presidencia de la República del Perú. Sin fecha. Disponible en: http://www.presidencia.gob.pe/pronunciamiento-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-tasso-sobre-el-proyecto-minero-conga . Consultado: [9/11/2014].
- LA HORA. Presentan alternativas a la explotación del Yasuní-ITT. 19 de Septiembre de 2013. Disponible en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101565476/-1/Presentan_alternativas_a_la_explotaci%C3%B3n_del_Yasun%C3%AD-ITT.html#.VGFGXnDZU0R . Consultado: [9/11/2014].
- PÁGINA Siete. Evo promete mayor desarrollo en TIPNIS . D omingo, 27 de abril de 2014. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/4/27/promete-mayor-desarrollo-tipnis-20006.html . Consultado: [9/11/2014].
- RED Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. El conflicto petrolero venezolano y sus implicaciones ambientales. Ecoportal. 15/01/04. Disponible en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/El_conflicto_petrolero_venezolano_y_sus_implicaciones_ambientales. Consultado: [9/11/2014].
- TELAM. Cristina inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo .  21.04.2014. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201404/60230-cristina-inauguro-la-planta-de-procesamiento-de-soja-mas-grande-del-mundo.html . Consultado: [09/11/2014].
- TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].
- TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013) . Rebelión. 21/10/2013. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/175965.pdf . Consultado: [21/10/2013].
- TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista. ALAI, América Latina en Movimiento. 19 de diciembre de 2013. Disponible en: http://alainet.org/active/69954 . Consultado: [19/12/2013].
- WATER Footprint Network. Product Water Footprints. 2014. Disponible en:http://www.waterfootprint.org/index.php?page=files/CoffeeTea . Consultado: [09/09/2014].
- WIKIPEDIA. PIB verde. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_verde . Consul tado: [09/11/2014].
 
[1] Tomado de: Declaración del encuentro de mujeres frente al extractivismo y al cambio climático. Quito, 14 de octubre de 2014.
[2] BAPTISTA, Asdrúbal. Teoría económica del capitalismo rentístico. p.20
[3] Este tipo de flujos extractivos, en muy buena medida de carácter delincuencial, evidencian las complejas dinámicas de los sistemas extractivistas, sobre todo en el marco de un conflicto de disputa geopolítica territorial y por los llamados “recursos naturales”. La incidencia negativa que ha tenido este fenómeno en la estructura del capitalismo rentístico venezolano ha sido de tal magnitud, que intensifica la sed de divisas y productos importados propia del modelo, presionando aún más a un redimensionamiento del sistema, por lo que sin duda creemos que este fenómeno hace parte también de los análisis sobre extractivismo. Son también, operaciones de extracción. Sobre los fenómenos de economía extractiva en la frontera colombo-venezolana, véase: HERNÁNDEZ, Rafael A. La economía se desangra por la frontera . COLOMINE, Feijoo. Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas.
[4] Cfr. EFE. Peña Nieto: reglamentos de reforma energética abren paso a era de crecimiento.
[5] Cfr. TELAM. Cristina inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo.
[6] HUMALA Tasso, Ollanta. Pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre el proyecto minero Conga.
[7] Cfr. EL TELÉGRAFO. Correa se compromete con waoranis a extracción responsable del Yasuní.
[8] Cfr. PÁGINA Siete. Evo promete mayor desarrollo en TIPNIS.
[10] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.
[11] Cfr. WATER Footprint Network. Product Water Footprints. El país referencia para esta medida es Holanda. La medida es buena referencia para los territorios estructurados en torno a los «modos de vida imperial», que pueden estar también en las grandes ciudad de los países del Sur Global.
[12] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).
[13] Cfr. RED Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. El conflicto petrolero venezolano y sus implicaciones ambientales.
[14] Cfr. LA HORA. Presentan alternativas a la explotación del Yasuní-ITT.
[15] Sobre esto, véase: TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979

 
 
Valoremos las luchas antiextractivistas y comprendamos porqué los poderes constituidos para saquearnos, las estigmatizan y criminalizan.
 
 

Entre Ríos libre de fracking: ganamos una batalla

26 de abril de 2017


La Cámara de Diputados acaba de sancionar la ley que prohíbe el fracking en todo el territorio provincial. Luego de un trámite complicado, que se inició el año pasado con la aprobación de un texto contradictorio en esa misma cámara, y después de ser corregido por el Senado y devuelto a la cámara de origen, fue aprobado por unanimidad y será ley la prohibición de una actividad depredadora y altamente contaminante que el ex gobernador Urribarri (hoy presidente de la cámara aprobante) quiso impulsar de manera irresponsable en nuestra provincia.

Luis Laferriere*.-  

Desde mediados del año 2012, cuando se difundió la intención del entonces gobernador de traer el fracking a Entre Ríos para explotar nuestro subsuelo y extraer gas no convencional, venimos luchando desde el Movimiento por ER Libre de Fracking para que se disponga esta prohibición. Se sumaron muchas organizaciones, movimientos y fuerzas políticas a este legítimo reclamo en defensa del agua, del ambiente y de la vida, y entre todos fuimos difundiendo los peligros que implicaba, alertando a la población, realizando múltiples eventos, recolección y presentación de miles de firmas, marchas, reclamos, charlas, talleres, y hasta una cumbre nacional e internacional que organizamos conjuntamente en la ciudad de Paraná el año 2015 (en el auditorio de nuestra Facultad), donde ocho precandidatos a gobernadores firmaron un compromiso público de que no permitirían el fracking en el territorio provincial.
   En este camino de luchas tuvimos muchos éxitos parciales, ya que casi cuarenta localidades entrerrianas sancionaron ordenanzas disponiendo la prohibición de la actividad en sus respectivas jurisdicciones. Pero faltaba la coronación de esta lucha con la aprobación de una ley provincial. El primer proyecto en ese sentido fue presentado por la entonces diputada Emma Bargagna, integrante del movimiento por ER Libre de Fracking en el 2012, y reiterado al perder estado parlamentario en el 2015.
   Desde el movimiento por ER Libre de Fracking, que integramos (y convocamos originariamente) desde nuestro Programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, donde confluyeron más de 35 entidades políticas, sociales, gremiales, ambientales, estudiantiles y hasta religiosas, consideramos al inicio de las actividades parlamentarias de este año que era altamente probable que alcanzáramos el logro de nuestro principal objetivo.
   No obstante ello, acordamos continuar con nuestra lucha aun con la eventual sanción de la ley, ya que como cualquier otra norma, en el futuro puede llegar a ser derogada, ante nuevos embates de las corporaciones ecocidas que no tienen límite en sus mezquinos intereses.
   Hemos ganado una batalla, importantísima. Festejamos y nos alegramos. La sociedad entrerriana ha apoyado nuestros reclamos y los legisladores han acompañado finalmente nuestro pedido. Pero la lucha continúa. No bajamos los brazos. Hasta que un día podamos ver que la depredación ambiental que implica esta actividad haya cesado no sólo en la provincia y en todo el país, sino en el mundo entero.
    Mientras tanto seguimos adelante. Acordamos continuar con las actividades de difusión y comunicación en los medios, de reuniones con diversas organizaciones, de sensibilización e información en el sistema educativo, de manera que toda la sociedad tome conciencia de que la energía es vital para la vida, pero que debemos desarrollar formas de producción y de consumo racionales, que no dilapiden las fuentes de energía, que deben tender a ser limpias, renovables y accesibles para todos.
   Cada vez hay más conciencia de que es urgente la necesidad de cesar con la quema de los combustibles fósiles, principal causa generadora de gases de efecto invernadero, cuya acumulación desenfrenada está provocando el calentamiento global y conduce a la humanidad al peligro de su desaparición. Pero hay otros peligros, como la contaminación masiva de los acuíferos y la destrucción de los ecosistemas que son indispensables para la vida, y el fracking constituye una actividad que ocasiona múltiples impactos negativos que deben evitarse.
   Desde nuestro Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” celebramos este importante logro, una batalla clave en la lucha en defensa del ambiente.
¡El agua es vida! ¡El fracking es la muerte!
Paraná, 26 de abril de 2017.-
*Miembro del Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la UNER
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/04/26/entre-rios-libre-de-fracking-ganamos-una-batalla-2/
---

Organizaciones rechazan la extracción de arena para fracking en Vaca Muerta.

27 de agosto de 2018

 

Organizaciones ambientalistas y sociales de Entre Ríos y de otras provincias argentinas dieron a conocer este lunes un documento que denuncia el avance de actividades extractivistas en la región. Concretamente, señalan el proyecto de construcción de un puerto, en Diamante, para extraer arenas silíceas con destino a Vaca Muerta. Texto completo del documento:
 
Las organizaciones que trabajamos en defensa de nuestro río en toda su rica extensión, como una vena natural que alimenta la esperanza de un futuro sustentable, nos vemos hoy en la obligación de llevar al debate público una situación que pone en contradicción el decir y el hacer de los Gobiernos, en este caso de la provincia de Entre Ríos.
 
Con creciente preocupación observamos el avance de las actividades extractivas en nuestra región con la imprescindible anuencia de las autoridades provinciales y municipales.
Hace pocos días se dio a conocer a través de los medios de comunicación un nuevo emprendimiento que hace foco en la ambición extractiva sobre el río Paraná.
La Empresa ‘Arenas Argentinas del Paraná’, como miembro de Jan De NulGroup-líder mundial en actividades de dragado- anunció su desembarco en la ciudad de Diamante, donde prevén la construcción de un puerto para extraer arenas silíceas, que luego serán tamizadas y despachadas directamente a Vaca Muerta. Así lo afirmó el vocero de la Empresa.
Con una inversión de 5 millones de dólares y la promesa de generar 60 puestos de trabajo, el proyecto esconde facetas que necesariamente deben ponerse a consideración en el debate público.
La primera refiere al lugar de extracción. Se trata del Río Paraná en el área de amortiguación del Parque Nacional Pre Delta -hoy Sitio RAMSAR- protegido especialmente en función de sus humedales, de un incalculable valor natural ya no sólo para nuestra región, sino para todo el planeta, en virtud de una premisa incontrastable: defender el agua es defender la vida.
En ese sentido, además, hay una fuerte contradicción del Gobierno Provincial: mientras Entre Ríos fue la primer provincia en prohibir la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en abril de 2017, se presenta como una rica proveedora de arenas con destino a una práctica de consecuencias fatales que aquí fue celebradamente vedada.
El destino de la arena en este caso, lo dijo la empresa, es Vaca Muerta, la principal formación geológica de Argentina, tanto de shale oil o petróleo de esquisito y shale gas o gas de lutita.
Las arenas silíceas resultan un insumo esencial para las actividades extractivas hidrocarburíferas y se han convertido en el ‘nuevo oro’. Haber prohibido el fracking -una actividad altamente contaminante y depredadora- en todo el territorio provincial no representa impedimento para las empresas y para las autoridades que legitiman estas extracciones en la región. Más aún, los impactos ambientales, sociales y en la salud que conlleva esta actividad no son abordados de manera integral.
Pieter Jan De Nul, representante del grupo belga, manifestó la importancia de los puestos de trabajo para la población de la zona. De lo que no hay referencias es de los riegos que asume un trabajador de la especialidad. Silicosis se llamala enfermedad pulmonar irreversible producida por el contacto continuo al inhalar un polvo que contiene pequeñas partículas de un material duro que se denomina sílice –presente en altos porcentajes en este tipo de arenas-.
Como organizaciones que trabajamos día a día en función de construir e imaginar una transición democrática hacia sociedades sustentable, es que necesitamos compartir esta preocupación frente a un proyecto del cual sólo se conoce su finalidad extractivista, pero se carece de la debida información pública respecto a sus alcances y contenido de los estudios de impactos ambientales. Tampoco existe, en este proceso, ninguna iniciativa tendiente a la participación ciudadana, por lo que en definitiva no respeta las normas y los sentidos más valiosos establecidos en nuestra Carta Magna para el cuidado del patrimonio común de todos los entrerrianos.
Por esa razón, las organizaciones aquí firmantes exigimos respuestas a nuestras oportunas solicitudes de información y nos declaramos en estado de alerta para defender el valor más preciado que tenemos en nuestra región: la fuerza de la naturaleza y la verdad del agua.

Fundación CAUCE Cultura Ambiental Causa Ecológica; Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Buenos Aires; Taller Ecologista, Rosario; Foro Ecologista de Paraná; Observatorio Petrolero Sur; Casa Río, La Plata; Red Delta; Taller de Comunicación ambiental, Rosario; El Paraná No se Toca, Rosario; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social de la UNER; Proyecto Tierra, Paraná; La Tribu del Salto, Paraná; Foro Ambiental Waj Mapu, Chajarí; Asamblea Paraná sin Agrotóxicos; Colectivo de Trabajadores por la Ventana.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/08/27/rechazan-la-extraccion-de-arena-entrerriana-para-fracking-en-vaca-muerta/
---

América Latina le dice No al Fracking en el Magdalena Medio

12 de septiembre de 2018

 
Por Agencia Prensa Rural
Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se realizó la jornada internacional de territorios frente al fracking en América Latina, el Magdalena Medio fue uno de los receptores de dicho evento, delegados de Argentina, Bolivia y México compartieron sus experiencias con las comunidades; en clave de apoyo y solidaridad para afrontar esta problemática.
La alianza Colombia libre de fracking, que reúne a más de 100 organizaciones del país, también radicó un proyecto de ley que prohíbe la explotación y exploración en yacimientos no convencionales.
El modelo extractivista siempre ha planteado imponerse a los procesos territoriales y comunitarios, es importante recoger las experiencias latinoamericanas y trabajar de la mano en defensa del agua y la vida; la visita de los delegados internacionales, confirma el interés y la disponibilidad que reside en las comunidades por preservar el territorio y la biodiversidad.
Artículos relacionados
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/09/12/america-latina-le-dice-no-al-fracking-en-el-magdalena-medio


Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)