martes, 23 de abril de 2019

Advirtamos qué país nos deja la profundización por Macri de la gestión de Cristina Fernández.

 

 Comprobaremos, 
a través del fracking en Vaca Muerta, 
que ambos imponen a sus pueblos: un vasto proyecto de desertificación, 
penurias y genocidios.
 
Comencemos por:

Sismos en Vaca Muerta,

las sospechas recaen en el fracking
23 de marzo de 2019


El temor por posibles derrumbes, la rotura de viviendas y mucha incertidumbre se han convertido en parte del cotidiano de quienes habitan Sauzal Bonito. El pueblo patagónico ubicado sobre la formación de shale Vaca Muerta no para de temblar desde que la explotación de gas no convencional comenzó en ese rincón de la provincia del Neuquén. Tanto las autoridades públicas como las empresas tratan de desvincular el incremento de la actividad sísmica de la extracción de hidrocarburos, sin embargo hay un pueblo que padece lo mismo que ocurrió en otras partes del globo en las que el controvertido paquete tecnológico del fracking llegó. Mientras investigaciones académicas demandan profundizar los estudios sobre las causas y el cuestionado negacionismo balbucea respuesta, la tierra no deja de temblar.
Por Martín Álvarez Mullally
Sauzal Bonito es una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia de Neuquén. Desde hace cuatros años allí se registran movimientos sísmicos  frecuentes. Debajo sus casas se encuentra Vaca Muerta, la formación de shale de la que se habla en el mundo y que hoy es frackeada por poderosas empresas petroleras. Su ejido quedó dentro de dos áreas, Fortín de Piedra y La Ribera operados por las compañías Tecpetrol e YPF respectivamente. La aventura de los hidrocarburos no convencionales es la gran apuesta que desarrollaron los últimos dos gobiernos nacionales, hoy incluso es la principal destino de inversiones extranjeras directas que llegan al país.
El subsuelo neuquino es poco conocido en términos del shale, la curva de aprendizaje se encuentra en plena marcha. “Vaca Muerta tiene un gran potencial” suele escucharseles decir con algarabía al desfile de CEOs y empresarios que cruzan el río Colorado para visitar la zona que está siendo explorada y explotada . La Cuenca Neuquina hoy es un laboratorio del fracking. Navegar a varios niveles, tener ramas laterales de más 3.000 metros, aumentar el número de procesos de fracturas, punzados más potentes, tubos más grandes, y nuevos químicos corrosivos, son algunas de las experimentaciones que las empresas están realizando. Si bien falta mucha infraestructura para que puedan desarrollarse masivamente varias áreas a la vez, los jugosos subsidios a la extracción entregados por Estado nacional a modo de incentivo han producido que se perfore tanto que en pocos años se encontró un cuello de botella: faltan más ductos. Construirlos es caro, fracasó la participación público privada y el gobierno nacional acaba de anunciar que se tomarán fondos del ANSES para garantizar su construcción. También falta consolidar un mercado de destino y en ese sentido las chances de competitividad son muy complicadas para los sueños exportadores de quienes comandan el megaproyecto.
Sauzal Bonito tiene 300 habitantes y sus pobladores viven de la  cría de animales y de la producción de frutas finas, nueces y hortalizas. Se encuentra justo a mitad de camino entre la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co -que supo ser referencia nacional de producción convencional- y la emergente Añelo, que oficia de base para el boom de los no convencionales. La presencia estatal es escasa, la escuela primaria 243, un pequeño centro de salud para atención primaria, un destacamento policial que cuenta con un móvil, un salón muy poco equipado que se utiliza como gimnasio y la Comisión de Fomento, que es como una intendencia pero de menor rango.
El 19 de noviembre de 2015 un sismo de 4.2 grados de escala Richter de magnitud fue detectado al sur oeste de Añelo, tras el evento se prendieron varias alarmas. La población se preocupó al sentir el movimiento, algunos medios cubrieron el acontecimiento y las miradas empezaron a volcarse sobre la reciente e intensa actividad petrolera. Tanto el gobierno de la provincia de Neuquén -quién posee el dominio del subsuelo-, como las empresas, habían tomado como cierto e incuestionable el discurso de “sismos cero” elaborado y propagandizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Incluso el entonces gobernador Jorge Sapag envió a imprimir 10.000 ejemplares del “ABC de los no convencionales”, un manual pro fracking que entre otras cosas rechazaba la posibilidad de sismos inducidos por la actividad. Los ejemplares se repartieron en escuelas de la provincia.
Con el tiempo, la intermitencia de los movimientos se profundizó de tal manera que entre diciembre 2018 y la primer quincena de marzo de 2019 los movimientos registrados y reportados por la ONG Sismología Chile suman 82, algunos de los cuales llegaron incluso a los 4.8 grados en escala Richter.
Las respuestas que faltan
La población de Sauzal Bonito se siente vulnerable, a pesar de la intensidad y repetición de los movimientos, aún no cuenta con un plan de contingencia. Hugo Acuña es el único bombero voluntario que hay en el pueblo, vive en la localidad desde 1975. “Yo trabajo con recursos propios y de mi viejo, los dos ponemos nuestros recursos; dependemos de bomberos Plaza Huincul y ellos no nos han enviado nada”. afirma. “Yo he llamado un montón de veces no solo por recursos, sino también por capacitación. Y bueno, estamos sin recursos y sin nada, pero si hay que salir, saldremos con lo que tenemos. Estamos dispuestos a laburar”.
El presidente de la Comisión de Fomento, Ariel Zapata, reconoce la falta de un plan de prevención. “Contamos con un centro de salud, las derivaciones son al hospital regional de Plaza Huincul y son 40 minutos que demora una ambulancia en llegar al lugar, no contamos con una ambulancia, contamos con un móvil policial y los vehículos de acá, de la Comisión de Fomento, que son pocos también”, sostiene. A pesar de la visita del director de Defensa Civil provincial, Martín Giusti, las capacitaciones no llegan. “He elevado un pedido a la Provincia para que mande gente especializada y capacitar a la gente, para saber qué hacer en caso de que sea mayor”, explica Zapata. “Hasta ahora es un temblor nada más y no de grado alto que llegue a pasar a mayores, es un temblor nomás”, sostiene con evidente nerviosismo, pero intentando dar un mensaje de tranquilidad.
Para tener más certezas sobre el origen de los movimientos, la población deberá esperar el tiempo prudente de estudios, mientras las acciones preventivas deberían  ser parte de un política de intervención del Estado. El bombero Acuña remarca la falta de mediciones de la zona: “En realidad no sé qué puede ser, porque no hay sismógrafo, lo único que podríamos saber si los geólogos saben detectar qué es un movimiento, qué es una explosión, qué es un procedimiento petrolero, ahí sabremos de qué se trata. Yo no puedo opinar desde mi lugar, porque no sé qué es”. También describe que los últimos movimientos fueron más potentes: “Algunos sismos han sido muy violentos, el último fue aproximadamente a las dos y media de la mañana y tuvo la particularidad de que fue más largo que los otros, duró más tiempo y eso generó que se cayeran más cosas”.
Rosa Sandoval vive en la entrada del pueblo, su casa está al lado de la ruta provincial 17 y vió la llegada de Vaca Muerta desde su ventana. Camiones con grandes equipos comenzaron a circular camino a Añelo en  2014. Las paredes de la vivienda tienen grandes fisuras. Defensa Civil puso unos parches de yeso que llaman “testigos” para certificar si las roturas son nuevas y consecuencia de los movimientos. La familia de Rosa no tiene dudas, son cicatrices de Vaca Muerta. “Vivo hace 19 años acá, en Sauzal Bonito, tengo mi casa de adobe y de bloque, hace más de un año estoy sufriendo sismos. Le llaman sismos pero los provoca el hombre. Se me está partiendo la casa, últimamente de noviembre a enero ha sido terrible, se me terminó de partir toda la casa”, asegura. La mayor preocupación de Rosa es su familia, sus seis hijos criados en ese hogar y sus diecisiete nietos, uno de ellos estaba cuando ocurrió uno de los movimientos más fuertes, que hizo que se caiga la alacena. Con foto en mano, asegura que ese día tuvo mucho miedo. Su hogar, como el del resto del pueblo, no tiene gas y la estufa con la que se calefaccionan se partió con los movimientos. Rosa espera poder arreglarla antes de que llegue el frío crudo del invierno.
“Los sismos, o supuestamente simos, que hay son movimientos que empezaron cuando llegó Vaca Muerta, cuando llegó Fortín de Piedra, y con eso empezaron acontecimientos de moverse las casas y empezó a ser más continuo”, sostiene Luciano Muñoz, quien vive en el pueblo desde hace unos años. En tanto su vecino, Adrián Sandoval indica: “Los temblores los vivimos día a día, tuvimos 38 temblores en un día y ya nuestros hijos demuestran su preocupación, donde empieza a temblar la casa te dicen: ‘¿papá que vamos a hacer? ¿se va a caer la casa?’”. Nacida y criada en Sauzal Bonito, Graciela Fuentes vive junto a sus tres hijas y un hijo en una de las viviendas más afectadas. Ella asegura que en cada movimiento no llega a sacarlas de la casa y a veces salen corriendo ellas mismas, incluso en plena madrugada. Por los movimientos, más de la mitad del revoque de las paredes se cayó, dejando a la vista los ladrillos de adobe. Un hueco en la pared muestra las heridas de un hogar que corre peligro de derrumbe. Según le dijeron, ella sería una de las primeras reubicadas en una vivienda nueva que la Provincia prometió construir para compensar los daños.
En la localidad también tienen problemas para acceder al agua potable -en febrero estuvieron dos semanas consecutivas sin el vital recurso- a pesar de estar sobre la margen sur del impetuoso río Neuquén. El río Neuquén es la fuente principal de alimentación de agua para el fracking, las tomas se encuentran sobre su margen norte. Enormes mangueras esparcidas por la meseta alimentan la demanda de los  distintos pozos -cada uno de ellos utiliza alrededor de 25 millones de litros durante el proceso de fractura. Pero ese no es único problema con el agua. Este año la escasez afectó la producción. “Nosotros, estando en las primeras chacras, no podemos regar, regar cuando se necesita, no cuando el agua viene, porque a veces, cuando al fin tenemos, agua las plantas ya se secaron”, explica Inés Fuentes.
Eppurse e muove -y sin embargo se mueve-
Los estudios sobre sismos inducidos por actividades antropogénicas como la petrolera son muchos, e incluso reconocidos por propios impulsores de la extracción del subsuelo. La provincia de Neuquén contó con diagnósticos sobre el tema, pero tomó escasas o nulas medidas preventivas. La ausencia de sismógrafos y la falta de estudios sobre la posible reactivación de fallas geológicas, previos al comienzo de un megaproyecto de la envergadura de Vaca Muerta, puede definirse, al menos, como imprudente.
El ingeniero y legislador provincial Luis Felipe Sapag, un estudioso de la materia y férreo defensor del fracking, en su libro Entender Vaca Muerta, fracking: ¿zona de sacrificio o tierra prometida?, rechaza la crítica de los sismos inducidos y utiliza casos de sismos principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sapag discute que un sismo no es un terremoto, y asegura que los sismos no los genera el fracking sino lo pozos sumideros. Toma la información provista por geófonos de las empresas durante los procesos de fractura y concluye que los movimientos son monitoreados e imperceptibles. “La sismicidad de los trabajos realizados por YPF equivalen a una millonésima del menor terremoto con intensidad suficiente para hacer daño”, y concluye: “si alguien no la cree, podría instalar su propio sismógrafo a cien kilómetros de las operaciones de fracking en la zona de Añelo. Si la aguja se moviera más allá de cuatro micrones, entonces el mencionado testimonio no sería cierto”, sentencia el legislador.
En noviembre del 2014 los geólogos e investigadores de la Universidad de San Juan, Sebastián Correa Otto y Silvina Nacif, instalaron once sismógrafos para realizar el estudio Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta, tomaron datos hasta julio del 2016. Ese estudio desmiente las afirmaciones de Sapag y evidencia que la aguja efectivamente se movió. El objetivo del trabajo fue evaluar la sismicidad base en la región de Añelo para determinar posible actividad neotectónica y también sismicidad asociada a la inyección de fluidos parte de la actividad hidrocarburífera. El 19 de noviembre de 2015 registraron el sismo de 4.2 grados, ocurrido al sur oeste de Añelo, y determinaron que sucedió sobre la Dorsal Huincul. La conclusión preliminar de estos autores es que “son reactivaciones tectónicas de la dorsal de Huincul debido a los esfuerzos compresivos del margen activo de subducción controlados por la estructura compleja de la dorsal; o posible reactivación de una falla antigua debido a la actividad de fracturamiento hidráulico y la inyección de fluidos en la zona”. Por lo que sugirieron que se realicen mayores estudios, pero nadie escuchó.
Joaquín Vásquez dirige el Departamento de Analistas de la ONG Sismología Chile, su organización viene siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la norpatagonia neuquina. Sauzal Bonito se mueve, los vecinos denuncian, pero nadie lo constataba. Desde el 2018 el trabajo de la ONG trasandina se tornó en la referencia que corrobora con sus reportes lo que en el territorio los/as vecinos/as sienten. En enero del 2019 Vásquez publicó el trabajo Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina, allí coincide con Correa Otto y Nacif: una falla geológica se reactivó y su principal sospecha apunta a la inducción antropogénica. En su conclusión afirma: “No se descarta que la actividad pueda estar influenciada con la extracción de petróleo, relacionadas con las técnicas de fracturamiento hidráulico, posterior inyección y eliminación de fluidos”. Agrega, además, que “un aumento de esta actividad podría generar un aumento en la tensión de las fallas y, por tanto, una mayor sismicidad, sin embargo, para eso se necesita un análisis más exhaustivo y una investigación local” (Vásquez, 2019). Nueva advertencia, sobre la necesidad de investigar a fondo lo que allí está ocurriendo.
No es sólo Sauzal Bonito, una recorrida por otros casos
Los temblores continúan y las repeticiones preocupan a la población de Sauzal Bonito que, ante la falta de respuestas, en febrero cortó la ruta provincial 17, arteria central de la explotación en el auge de Vaca Muerta. El gobierno prometió investigar el caso involucrando al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (InPreS), a los técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y también a las empresas mediante el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el mismo que aseguró “sismos cero”. Hubo dos movimientos reportados en noviembre, cuatro en diciembre, 56 en enero, 17 en febrero y tres en lo que va de marzo. Los últimos cuatro meses suman 82 movimientos. Entre estos, uno de 4.8 grados Richter, el más fuerte de los últimos sesenta años en la zona. En un acto de sinceridad, el director provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos, Alex Valdez, expresó al diario Río Negro: “Uno a eso lo veía venir por los antecedentes de Estados Unidos, pero nosotros queremos investigar y fundar antecedentes”.
Hay muchos casos de explotación en los que el fracking y los movimientos llegaron de la mano:
  • En Inglaterra, en 2011, cerca de la ciudad de Blackpool se produjo un sismo de 2.3 en la escala de Richter tras el trabajo con fracking de la empresa Cuadrilla. En 2018, luego de fuertes debates la empresa retomó las perforaciones y volvieron los sismos. En mayo del mismo año, se registró sismicidad de 1.5, la población se  movilizó, el fracking se suspendió y el tema continúa en debate.
  • En China suspendieron la actividad luego de que tres sismos de magnitudes que variaron entre 4.6 a 4.9 sacudieran la provincia de Sichuan el 24 y 25 de febrero de pasado. Según la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, como consecuencia de los temblores murieron dos personas y doce resultaron heridas. La actividad con fracking en la zona había comenzado en 2016.
  • El oeste de Canadá tiene una cuenca hidrocarburífera muy perforada con fracking, en 2014 sufrieron un sismo de 4.1 en la ciudad de Fort St. John. El yacimiento es operado por la empresa Progress Energy, subsidiaria de la malaya Petronas. En 2016, un sismo de 4.8 se sumó a los movimiento menores que llegaron junto con la actividad no convencional de la empresa Repsol en Alberta. Contrariamente a las inapelables afirmaciones del IAPG, reproducidas por los funcionarios argentinos, los científicos de la Universidad de Calgary que estudiaron los eventos de Alberta afirman que los terremotos fueron inducidos de dos maneras: por el aumento de la presión cuando ocurrió el fracking y, durante un tiempo después del proceso, por los cambios de presión provocados por la presencia persistente de líquido de fracking.
  • En Estados Unidos la situación es aún más grave. Allí, el país más perforado con fracking en el mundo, los sismos afectaron los estados de Texas, Kansas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Ohio. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) el aumento exponencial de los movimientos data del año 2009, cuando el fracking revolucionó el mapa energético mundial con la explotación a escala masiva.
Desde la localidad pueden verse las siluetas de los grandes equipos que van cambiando de lugar una vez concluidos los más de 4.000 metros verticales y los casi 3.000 metros horizontales de perforación de cada uno de los 81 pozos que la empresa ha declarado ante Secretaría de Energía. Entre ese proceso y la fractura, se hace con un punzado que consiste en una gran explosión que dispara un proyectil que traspasa el tubo de acero y navega hasta varios centenares de metros dentro de la roca. Posteriormente se realiza  el proceso de fractura hidráulica que inyecta con fuerte presión el cóctel compuesto de agua, químicos y arenas sicilias, que los obreros llaman “sopa”. Esto se repite decenas de veces en cada pozo.
Tecpetrol ha superado las 30 inyecciones en algunos pozos y en los meses de esplendor acumuló más de 280 procesos por mes. En un pozo se inyecta un promedio de 25 millones de litros y se recupera menos del 30%. Lo recuperado, en general, se inyecta al subsuelo mediante pozos sumideros.
Elaboración propia según datos de Cap IV de Secretaría de Energía de Nación
El caso de Fortín de Piedra es paradigmático, en julio de 2016 recibió la concesión del área por parte de la Provincia. A los pocos meses, en marzo de 2017, entró en el programa de estímulos a la producción, conocido como Resolución 46, impulsado por el entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell en Argentina, Juan José Aranguren. En enero de 2018 producía 1.32 Mmm3 de gas (millón de metro cúbico), para enero de 2019 la producción gasífera ascendía a 13.68 Mmm3, lo que representa más del 10% de gas que se extrae en todo país. Para fines de 2018 la compañía ya lideraba la producción gasífera en la formación Vaca Muerta. Desde que accedió al programa de estímulos, Tecpetrol se hizo del 57% de los recursos destinados por el Estado nacional a ese programa. Actualmente, y tras una modificación en la aplicación de la normativa para adecuarla a los requerimientos del FMI, se recortaron los subsidios y Tecpetrol reclama una deuda de 2018 que ascendería a 5.655 millones de pesos.
Fortín de Piedra, una de la productoras de gas más importantes del país. Perfora sobre territorios carentes de gas y empobrecidos. Mientras el Estado nacional inyecta millones de pesos en subsidios, el Estado provincial recolecta millones en regalías. Entre tanto, los temblores se agudizan y las políticas públicas están focalizadas en la renta.
¿Por qué tiembla Vaca Muerta? Puede que no se obtenga un respuesta rápidamente y por eso es urgente una moratoria, es decir, un freno a la explotación hasta que estudios certeros aseguren que los sismos no son producidos por la actividad hidrocarburífera, antes de que ocurra un evento con peores consecuencias.
Fotografias:  Martín Álvarez Mullally
Notas:
1. La explotación de hidrocarburos no convencionales se realiza con el cuestionado método de fractura hidráulica, más conocido como fracking, prohibido en varios países por su efecto contaminante sobre el ambiente.
2. Sismología Chile es una ONG que reporta en base a agencias oficiales, en este caso los sismógrafos del Centro Sismológico Nacional de Chile. La organización tiene una fuerte presencia en redes y trabaja en conexión permanente con los territorios.
3. El ingeniero Eduardo D´Elia y el Geógrafo Roberto Ochandio discuten mucho esta idea en el libro 20 mitos y realidades del fracking.
4. La Dorsal Huincul es un cinturón de deformación de intraplaca ortogonal al margen convergente Pacífico, desarrollada lo largo de la sutura entre la microplaca de Patagonia y el Gondwana Occidental. Se extiende por 800 km atravesando los límites de Cuenca Neuquina hasta Choele Choel, Río Negro (Mosquera, 2011).
5. Para ver un listado de estudios ver en Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, 2018, desde página 131.
6. Según lo declarado en el Capítulo IV .
7. “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”. Este consiste en garantizar a aquellas empresas que cuenten con concesiones de áreas de gas no convencional aprobadas para adherirse al programa, un precio estímulo definido en: 7,50 U$D/MMBTU para 2018, 7 U$D/MMBTU para 2019, 6,50 U$D/MMBTU para 2020 y 6 U$D/MMBTU para 2021. Tomado de Anuario 2018, informes económicos sobre los hidrocarburos no convencionales en Argentina.
Fuentes:
Correa-Otto, Sebastián y Nacif, Silvina. Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta. Congreso Binacional de Investigación Científica Argentina – Chile, 2017.
Luis Felipe Sapag. Entender Vaca Muerta. Fracking: ¿zona de sacrificios ambientales o tierra prometida?. CABA, Prometeo, 2015.
Joaquín Vázquez. Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina. 2019
AAVV. 20 mitos y realidades del fracking. CABA, El Colectivo, 2014.
Concerned Health Professionals of New York. Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking (Unconventional Gas and Oil Extraction). Marzo 2018

 
Hagamos al giro completo de nuestra atención desde los discursos de la casta política hasta los posicionamientos de los pueblos en resistencia al avasallamiento de derechos suyos que son los nuestros por la ausencia de fronteras en la Naturaleza. Y por compartir la necesidad de arraigo, territorialidades y justicias tanto social como ambiental.

 
 

Comunicado Urgente de

la Confederación Mapuche de Neuquén

9 de abril de 2019

A todos y todas:
Miembros de otras comunidades originarias de la Provincia, el país y el mundo
Dirigentes políticos, de organizaciones sociales y sindicales
Al movimiento de mujeres en sus diferentes expresiones
A los colectivos de las diversidades…
Este JUEVES 11 DE ABRIL a las 8.30 Hs comienza el Juicio Oral y Público contra la Comunidad Mapuche Lof Campo Maripe donde se persigue la condena infame por una presunta usurpación de su propio territorio.
Las tierras bajo posesión tradicional, comunitaria e indígena del Lof Campo Maripe se encuentran ubicadas a pocos kilómetros de la Localidad de Añelo, en el corazón del mega yacimiento de gas y petróleo No Convencional, que hoy todos conocemos como Vaca Muerta y que forma parte recurrente de la agenda política de los oficialismos que gobiernan el Estado Nacional y Provincial como una perla del desarrollo y el progreso en estos últimos 7 años.
La causa que se inició en el 2014 tiene como epicentro la firma del convenio entre YPF Y Chevron para el desarrollo de un proyecto piloto de no convencionales. Dicho acuerdo integraba las tierras comunitarias de Campo Maripe y se hizo sin su Consentimiento ni Consulta. Lo que lograron fue una autorización de la familia empresaria Vela. Los hermanos Vela adquirieron un título de propiedad durante la última dictadura militar y desde entonces, intentaron una y mil veces despojar de sus tierras ancestrales a las familias de la Comunidad, aunque nunca lograron su cometido final.
Sin embargo, el augurio de un negocio millonario dispuso a los Vela, con el respaldo del Gobierno Provincial a iniciar una causa por usurpación a la Comunidad con el objeto de asegurar su participación en el negocio petrolero, sin considerar el enorme daño que ello ha ocasionado a la vida comunitaria del Lof.
Es una causa muy importante para todo el pueblo Mapuce de Neuquén. La justicia evaluará si una Comunidad que ejerce posesión tradicional puede ser juzgada x exigir el reconocimiento de sus derechos territoriales.
El poder judicial evaluará si es posible juzgar a una Comunidad sin considerar los incumplimientos del Gobierno Provincial relativos a las demandas territoriales de las comunidades y dejar libre el camino a las petroleras extranjeras para que arrasen todo a su paso.
El Poder judicial deberá evaluar si es posible juzgar una Comunidad reconocida constitucionalmente en su persistencia étnica y cultural, y cuyos derechos territoriales han sido establecidos en el Convenio 169 de OIT, que obliga la Consulta Libre Previa e Informada frente a las actividades que puedan afectar el.desenvolvimiento de su vida comunitaria y subsistencia cultural.
Por ello es necesaria su acompañamiento, presencia y solidaridad en estas jornadas.
Necesitamos demostrarle al Poder Judicial, el Gobierno y las petroleras, que la solución de JUSTICIA se encuentra de nuestro lado, que es lado de los más débiles, los excluidos, los afectados directamente por el desarrollo petrolero; en suma, del lado del pueblo de Neuquén.
Les esperamos este JUEVES A LAS 08.00 Hs en la Ciudad Judicial de Neuquén para acompañar en el inicio del debate y mantener una permanencia con Radio Abierta, hasta el cierre del primer día.
Esperamos recibir con antelación las adhesiones y solidaridades, como así también confirmar presencia en cada una de las instancias del proceso que se realizará entre el Jueves 11 y el Miércoles 17 que es el momento en que se leerá la sentencia.
NEWENTULEAYMVN CAMPO MARIPE – MARICIWEU!!!
(Diez Veces en Defensa de Cultura y Territorio)
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A juicio “por usurpar”

el territorio donde vive desde 1927

16 de abril de 2019

El miércoles 10 de abril comenzó, en la Ciudad Judicial de Neuquén, un juicio contra la comunidad mapuche Campo Maripe, emblema de la lucha contra el avance hidrocarburífero no convencional. Si bien la causa no es impulsada por petroleras, sino por la  familia Vela, que acusa a la comunidad de usurpar el territorio que habita, Vaca Muerta se asoma sigilosa tras bambalinas. El móvil de la demanda es el cobro de servidumbres a las empresas que allí operan.
El área Loma Campana, el primer gran desarrollo de hidrocarburos no convencionales de Argentina, en la que YPF en acuerdo con Chevron perforó más de 500 pozos y aplicó el fracking, comprende el territorio de la comunidad. Otros desarrollos no convencionales también impactan en las 11 mil hectáreas reclamadas por la comunidad.
En 2010 el entonces gobernador de la provincia, Jorge Sapag, y el todavía intendente de Añelo, Darío Díaz, reconocieron a la familia Campo Maripe como primeros pobladores de la región. En tanto el relevamiento territorial realizado en 2015, en el marco de la Ley Nacional de Emergencia Territorial 26160, prueba mediante un informe histórico-antropológico que los Campo Maripe están en el lugar por lo menos de 1927. Sin embargo la Provincia, que costeó y brindó técnicos para la realización del informe, no lo reconoce como válido. No obstante el secretario de Coordinación del Interior, Jorge Lara, encargado del área, al desestimar el informe en una reunión de comisión en la Legislatura corroboró que la familia Campos y los Maripe se asentaron en la zona en 1927, luego de cruzar la cordillera desde Chile.
El funcionario precisó también que la familia Vela posee un permiso de uso y ocupación. Según denunció la Zonal Xavnko de la Confederación Mapuche, se trata de una familia de empresarios que se apropió del territorio en época de la dictadura.
La causa fue reactivada en 2017, en el contexto de una serie de avances represivos y de criminalización contra el pueblo mapuche en Argentina. Cabe señalar que las comunidades de la Zonal Xavnko de la Confederación Mapuche de Neuquén tienen en curso quince causas, de las cuales seis son por usurpación.
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El fracking es catastrófico e irreversible,
advierte un informe
8 de abril de 2019
 Por Nodal
Fracking, catastrófico e irreversible para Colombia: Contraloría
 Un hito en la historia del fracking sería este estudio que tiene el equipo económico de La W en primicia y que califica como catastrófica e irreversible esta técnica de yacimiento no convencional para el país.
Por quinta vez, la Contraloría General de la República, y esta vez con un estudio de más de 200 páginas, firmado por el excontralor general Edgardo Maya y por el contralor actual Carlos Felipe Córdoba, reitera que el fracking está insuficientemente estudiado, por lo que el Estado definitivamente no está preparado para él.
Este estudio revisa las terribles consecuencias que ha traído esta técnica en varios países del mundo, con casos específicos de derrames, incidentes con tuberías, altos niveles de contaminación, etc. Y al centrarse en Colombia, advierte fuertemente que resulta indispensable tomar precauciones adicionales, profundizar a un mayor nivel de conocimiento sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas y sobre los impactos de las nuevas técnicas así como la preparación adecuada de la institucionalidad responsable del control y vigilancia de las actividades para incrementar su capacidad de actuación. Todo esto, reitera, antes de desarrollar una política pública cuyos resultados pueden ser nefastos.
Miremos los detalles. Colombia, dice el ente de control, cuenta con unas particularidades geoambientales que deben ser estudiadas a fondo a fin de evitar riesgos ambientales ante un eventual desarrollo de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en sus cuencas sedimentarias de interés.
A lo que se suma que la gestión del recurso hídrico subterráneo en las zonas de interés de desarrollo de yacimientos no convencionales suscita gran expectativa, no sólo por lo que representa en términos de abastecimiento, sino por los riesgos ambientales a los cuales podrían verse expuestos los acuíferos en las etapas de exploración y explotación, debido al grado de desconocimiento que se tiene de los mismos.
El estudio cita fenómenos naturales o actividades que podrían darse teniendo en cuenta factores internos y externos. Por ejemplo: el manejo transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas (químicos, lodos, aceites, fluidos) empleados para fracturación hidráulica en superficie, y cuyos factores internos y externos pueden ser roturas de tanques, fallas en equipos, Rotura de geomembranas, sobrellenados accidentales… también la carencia de información con respecto a la frecuencia, cantidad y concentraciones de los productos químicos utilizados en el fracturamiento.
Y ahora hablemos de otro gran problema: la incertidumbre jurídica. Al día de hoy, resalta la Contraloría, se han generado 16 normas relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, de las cuales 14 tienen injerencia en el componente técnico-ambiental y 2 en el componente administrativo: En orden decreciente, el Ministerio de Minas y Energía ha proferido 5 normas, seguido de la ANH, con 4 normas; el Minambiente, con 3 normas, el Servicio Geológico Colombiano, 2 normas y el Departamento Administrativo de la Presidencia, 1 norma.
Y lanza una fuerte crítica a una entidad: dice el ente de control que la ANH adjudicó Bloques para la exploración y producción de Yacimientos No Convencionales en la Ronda 2014, sin tener un marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico que permitiera definir restricciones ambientales sobre la implementación del fracking para la explotación de dichos yacimientos, conllevando a riesgos ambientales o al establecimiento de escenarios futuros de reclamación o desistimiento por parte de los titulares de estos Bloques.
Como este hay muchísimos detalles más que ya pueden ser consultados en nuestra página web, y a los que les dedicaremos una serie de entregas. Lo cierto es que este estudio, conocido en primicia por La W, marcaría pauta en las autoridades jurídicas que evalúan el tema e incluso, en el mismo Gobierno.

 
Constatamos que el gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera, de origen y apariencia de izquierda, es tan macabro como el de CFK o el de Macri, al promover:
 

 

Circuitos coca-cocaína

Entrelazamientos de la economía política de la cocaína

19 de marzo de 2019
 

Raúl Prada Alcoreza

Se puede intentar mapear la economía de la cocaína; hay que tener en cuenta las distintas esferas de la producción, de la distribución, del consumo; además de los distintos mercados, el de la hoja de coca, el de la pasta y el del clorhidrato de cocaína. Así como hay que distinguir lo que se produce en Bolivia de lo que pasa como tránsito, sobre todo desde el Perú. Las distintas esferas tienen sus costos, los distintos mercados tienen sus precios. Se puede decir, siguiendo estimaciones, que no dejan de ser riesgosas, que el mercado de la hoja de coca llega a moverse por debajo de los 500 millones de dólares. En cambio, el mercado de la cocaína, que puede ser de pasta y, en su caso, de clorhidrato, puede llegar a moverse por debajo de los 200 millones, tratándose de la pasta, y por debajo de los 400 millones, tratándose del clorhidrato. Un referente que parece apropiado, hablando de estos mercados, es que la economía de la coca-cocaína mueve recursos que se encuentran por debajo de los 1000 millones de dólares. Pueden parecer todavía bajas estas estimaciones, cuando las comparamos con otras que estiman un movimiento superior a los 3000 millones de dólares. Sin embargo, no buscamos estimar la cifra exacta o aproximada en espacios de flujos donde no hay registros, por lo tanto, asistimos a unas dinámicas difíciles de cuantificar, sino requerimos de parámetros y coordenadas para orientarnos en las magnitudes probables de los flujos de la economía política de la cocaína.
El impacto de la economía de la coca-cocaína en la economía nacional también puede contar con parámetros y coordenadas que nos sirven como referencia para movernos en las inciertas cantidades de impacto del lado oscuro de la economía sobre el lado luminoso de la economía. Se puede estimar que el impacto puede deducirse al comparar las participaciones de las economías en determinados rubros; por ejemplo, cuando conjeturamos que el monto dinerario supuestamente movido por el circuito coca-cocaína corresponde como al 14% del monto de las exportaciones, en el caso de la estimación baja, o al 43% de las exportaciones, en el caso de la estimación alta. Teniendo en cuenta el PIB, suponiendo la estimación baja, la participación del circuito coca-cocaína corresponde al orden del 2%; suponiendo la estación alta, corresponde al 7% del PIB. Como se puede ver el 14% de flujo económico no es nada despreciable, aunque el 2% de participación comparativa respecto a la estructura de actividades económicas parece poco. Ciertamente el 43% del impacto en el flujo dinerario se presenta como exagerado, no presentándose así el 7% comparativo respecto a la estructura de actividades económicas del PIB. Por eso es aconsejable moverse en valores relativos próximos al 14% y lejos del 43%. Sin embargo, resulta inadecuado hablar de composición del producto de la economía coca-cocaína pues en cuanto actividades, éstas no están registradas, ni aportan institucionalmente a la economía nacional.
De todas maneras, a partir de estos datos e intervalos referenciales, podemos sugerir algunas conclusiones iniciales. Cuando hablamos de la economía política de la cocaína nos concentramos en la valorización de esta economía política, es decir, en la fetichización dineraria de la ilusión banal de la droga, también en la fetichización de la riqueza fácil. Empero, no se crea que esta economía regional ha desplazado a la economía nacional; su expansión es menor al tamaño y estructura de la economía nacional. La economía nacional no queda reducida a la economía de la coca-cocaína; conserva sus propias estructuras y dinámicas. Tampoco se puede decir que la economía coca-cocaína llega a competir con la economía nacional; mas bien, es colateral. Se incrusta al cuerpo de la economía nacional desde la exterioridad a la misma. Lo que no quiere decir que no la afecta. Ahora bien, regionalmente puede cobrar mayor importancia, debido al peso de la economía en cuestión de las zonas y de las localidades de alta intensidad de la economía política de la cocaína.
La participación promedio en el valor de la producción de la hoja de coca en el Chapare era desde 1980 hasta 1996 del orden del 78%, de acuerdo a la investigación Causas y efectos económicos de la coca en el chapare boliviano 1 ; a la fecha, en la segunda década del siglo XXI, se puede estimar que el valor de la producción de la coca y el circuito de la cocaína es mayor, por lo menos se puede suponer que llega a los niveles de participación del valor de la producción de coca del año 1987 (90%) o de 1993 (85%). Es así como podemos hablar de la preponderante economía política de la cocaína en el Chapare.
¿De qué manera se relaciona esta economía política de la cocaína con la economía nacional? No solamente se debe, por así decirlo, a su peso económico en la misma economía nacional, sino también a factores gravitantes de estructuras de poder. Ya el hecho de la alta rentabilidad del cultivo de la hoja de coca impacta en las actividades agrícolas de la región, más aún cuando los circuitos de la coca se conectan con los circuitos de la cocaína. La misma organización sindical de los cultivadores de coca se convierte en un factor de poder y de incidencia en las políticas. Era conocida la tolerancia de los gobiernos liberales a determinados límites de los cultivos de la hoja de coca excedentaria, así como también su tolerancia velada a la economía de la cocaína, sobre todo por los ingresos que redita. Empero, el gran salto se da con la asunción al gobierno de Evo Morales Ayma, presidente de la Federación del Trópico de Cochabamba. Cuando esto ocurre las Federaciones cocaleras se convierten en poder regional y en una estructura clave del  “gobierno progresista” 
La República del Chapare 2
La República del Chapare no es una república reconocida oficialmente, sino que se trata de una república subyacente, que se encuentra dentro de la República de Bolivia, que se denomina constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. La relación entre la república subyacente y la republica oficial, reconocida en el orden mundial, es de dominación; la República del Chapare domina a la República de Bolivia. El “gobierno progresista” del denominado constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”, que de Estado Plurinacional sólo tiene el nombre, pues se ha mantenido la estructura institucional del Estado-nación, está al servicio de la República del Chapare. Un numero significativos de proyectos se han concentrado en el Chapare, incluso sin justificación técnica, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo-Bulo, que se encuentra lejos de la fuente de energía, el gas, y lejos de los mercados, sobre todo el de Brasil.
Infraestructura de la ficción económica
Según la propaganda del gobierno la Planta de Amoniaco y Urea es “el proyecto más grande en la historia de Bolivia”; se construyó con una inversión de $us 953 millones, recursos que fueron otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un empréstito. Las obras de construcción del complejo petroquímico, a cargo de la coreana Samsung Engineering Co. Ltd., se iniciaron en noviembre de 2012. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. La planta de Bulo Bulo produciría 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada. El fertilizante tendrá como principal mercado al Estado de Mato Grosso de Brasil. Otros compradores de urea son Argentina, Paraguay y Perú. Entre el 85% y 90% de la producción se destinará al mercado externo y el restante 10% a 15% será comercializado en el país. Para la exportación del fertilizante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió 500 contenedores para trasladar el producto en camiones desde Bulo Bulo hasta Montero, en Santa Cruz. Desde esta ciudad, el fertilizante será transportado en 250 vagones de ferrocarril hasta la frontera con Argentina y Brasil 3.
A un mes después de la inauguración de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo, nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Medios de comunicación intentaron visitar la planta de urea, sin embargo, el personal restringió el ingreso, argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración, el 14 de septiembre de 2017, no observaron la salida de camiones con conteiner de la planta. Observadores que frecuentan el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, dicen que desde el 14 de septiembre no se vio salir camiones del lugar. Uno de ellos dice: “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con conteiner, a no ser que sea de noche”. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estuviese transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”. Según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción. En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa 4.
Tal parece, como en otros casos, que estamos ante un nuevo elefante blanco de magnitud. Costos altos, ubicación desubicada desde la lógica y la geografía económica, con incierta producción, cuyos costos pueden ser altos, de tal manera que no justifiquen su comercialización; esto debido a las improvisaciones, a los negociados y corrosión institucional, fuera de la corrupción que le acompaña, además de los costos del transporte, incrementados por establecer la planta donde no corresponde.
El ingeniero Saúl Escalera dice que, en todo caso, se entraría a la era de la “industrialización del gas natural”, no de la “industrialización en general”. El ingeniero anota que la venta del compuesto de amoniaco y urea es más para las grandes extensiones cultivadas de soya y caña; no así para la producción agrícola campesina, que, mas bien, requiere de compuestos aglutinados en el NPK. María Lohma dice que el campesino compra a U$1 una bolsa de NPK, con la producción compraría a U$0,36, lo que, obviamente, beneficia al campesino. Sin embargo, es esta producción la que falta y no producirá la Planta de Amoniaco y Urea. Para el consumo campesino, en realidad, se necesita otras plantas, otros compuestos derivados del amoniaco y combinados con el nitrógeno, además del potasio.
El contrato para la construcción de dicha planta se la adjudicó la Samsung Engineering Co. Ltd. Esta empresa hace subcontratos, lo que no garantiza la buena ejecución del proyecto ni su integridad solvente. Por otra parte, teniendo como antecedente las inconclusiones de sus tareas encomendadas anteriormente, no se ve en perspectiva un buen desenlace en la trama de los tejes y manejes alrededor de la contratación de la construcción de la planta. La intervención de esta empresa trasnacional ha hecho subir el precio de costo de la planta, de U$550 millones de dólares a $us 953 millones; como se puede ver la Planta tiene un sobre precio. Aquel precio de U$550 millones ya tenía un sobreprecio de U$150 millones. Una planta hecha sin estudio del mercado ni evaluación técnica de los costos de producción finales se mueve en caminos inciertos 5.
No hay todavía mercados asegurados para la producción de la planta. El ingeniero Saúl Escalera comenta sobre la problemática de la falta de mercado asegurado de la planta de urea de Bulo Bulo. En lo que respecta al mercado interno, la producción agrícola, sobre todo, campesina, plantea construir un complejo petroquímico de 8 plantas complementarias, que darían mayor valor agregado al proyecto. La concepción original del proyecto era, mas bien, producir derivados, 6 derivados del amoniaco y 2 derivados de la urea. Se pueden sacar 75 derivados del amoniaco y muchos más de la urea. Por lo tanto, la propuesta consistente es la de construcción, entonces, de 8 plantas. Una inversión de más de U$350 millones, implementando tecnologías limpias 6.
El economista Teófilo Caballero dice que es positivo tener como socio comercial al Brasil, para la producción de gas, pero también de amoniaco y urea. En su evaluación, Teófilo Caballero considera que la Planta de Amoniaco y Urea debió ser construida en la frontera ya que se piensa exportar al Brasil y cree que la distancia podría incidir en los precios 7.
En Chapare, ubicado en el centro de Cochabamba, con una superficie de 12.445 km2, el “gobierno progresista” destinó más de $us 1.100 millones, declarando la pretensión de convertir la región en un nuevo “polo industrial”; siendo, de este modo, una alternativa a la producción de coca, incursionando, mas bien, en la industrialización de frutas. Un recorrido periodístico, en noviembre del año 2014, por el trópico cochabambino evaluó a distintas empresas del Estado, ante el desafío de darle valor agregado a la producción local, a su vez, de generar puestos de trabajo para la Población en Edad de Trabajo de una demografía de 262.845 habitantes. De acuerdo con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), del 100% de los emprendimientos estatales que lleva adelante el Gobierno de Juan Evo Morales, más de la mitad se encuentran en el trópico cochabambino 8 .
A estas alturas, principios del año 2018, ya se culminó con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. La inversión ya supera los $us 34,4 millones; en la gestión del ministro Ramón Quintana llegaba a los U$36 millones. De acuerdo con los voceros oficiales, los exportadores de banana, palmito y piña serían los más beneficiados con el aeropuerto debido que podrán reducir el tiempo y los costos de transporte hacia el mercado argentino. La Cámara de Productores Bananeros (CABAN), destacó la obra, haciendo hincapié en la opción del transporte aéreo, que, según ellos, evitaría las contingencias del bloqueo de los caminos; en general, tendrán un mayor margen para abaratar los costos de transporte. Algo que coadyuva a ofrecer mejores precios a los mercados donde la oferta nacional tiene buena demanda. Sin embargo, el aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. La mayor parte del tiempo es una obra desolada como un monumento sin público; se asemeja a una instalación surrealista acogida por el vacío. El aeropuerto internacional de Chimoré, inaugurado en octubre de 2015, explota su capacidad a medias, ya que solo recibe tres frecuencias de pasajeros a la semana. La dirigencia sindical y las autoridades del lugar proyecta utilizar la terminal aérea para exportar sus productos, entre ellos, la coca industrializada. Solo los miércoles, viernes y domingo el aeródromo recibe vuelos de pasajeros, que provienen de Cochabamba. La única aerolínea que llega al lugar es Boliviana de Aviación (BoA) 9.
En la localidad de Ivirgarzama, se encuentra la primera planta de leche de la empresa estatal Lácteos Bolivia (LACTEOSBOL), que desde 2011 ya opera produciendo yogur y dos variedades de queso. Rocío Cacasaca, jefa de planta de Lacteosbol-Ivirgarzama, en una entrevista, sustentó que la capacidad de producción es de 7.000 litros de yogur al día (de un litro y de 160 ml) y de 500 kilos/día de queso (fresco y maduro); que, por el momento, todo va destinado al desayuno escolar. En cuanto a la recolección de la materia prima, hay ocho puntos de acopio, en los que 130 productores venden a Bs 3,35 el litro de leche. Uno de ellos es Lorenzo Rodríguez, un ganadero que tiene 50 vacas lecheras, expuso que desde que opera la planta, su producción aumentó en 30 litros, lo que le incentiva a realizar más inversiones ya que tiene asegurada la compra y puede proyectar su oferta.
Camino a Villa Tunari (Villa 14), se encuentra la procesadora de cítricos, construida en 2.000 m2, donde 21 personas trabajan para producir jugos de manzana, maracuyá y naranja. La potencia instalada le permite a la planta requerir entre 20.000 y 30.000 unidades de fruta para procesar entre 8.000 y 10.000 litros de jugo. Julio Puma, encargado de la planta, indicó que desde 2010 los productores de frutas cuentan con una alternativa para mejorar sus precios. Puma precisó que en el lugar se fabrican jugos y mermeladas, que los primeros están destinados al subsidio infantil y al desayuno escolar. Cada dos semanas se fabrican unas 160.000 unidades de jugo de 160 ml; en cuanto al subsidio infantil, a Santa Cruz se le hace llegar entre 3.000 y 4.000 unidades, a Cochabamba entre 1.000 y 2.000 y a Oruro unas 500. En Villa Sacta, Luis Eduardo Cruz, encargado en el control de las obras de la nueva planta procesadora de cítricos, destacó que se está invirtiendo unos $us 2,8 millones. La factoría tendrá una superficie cubierta de una hectárea, con una capacidad para procesar 10 toneladas de fruta por hora. En el lugar trabajan 38 personas de forma directa y se subcontratan a otras 20.
El economista Rafael Peña dice que para que una zona se constituya en un polo industrial, debe contar con energía; teniendo en cuenta este requisito, en 2010 el gobierno inauguró la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, que en la actualidad inyecta 104,2 megavatios (MW) adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), suficientes para cubrir la demanda actual de energía del país, que oscila entre 900 y 1.100 MW. La inversión realizada es de $us 86 millones. Para ENDE Andina, la planta es estratégica y de importancia nacional; garantiza el suministro de energía eléctrica en el SIN. Siguiendo con la línea de dotar de energía a los proyectos estatales, YPFB Chaco inauguró oficialmente la perforación del pozo San Miguel X-1 (SMG-X1), con el objetivo de que la reserva potencial de gas del nuevo campo de exploración garantice la demanda de la planta amoníaco y urea.
A unas tres horas de Bulo Bulo, se encuentra Villa Tunari; al ingreso del pueblo se levanta PAPELBOL, la fábrica de papeles. Lastimosamente esta empresa ha sido señalada como afectada por el circuito expansivo de las redes opacas de la corrupción, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de maquinaria por parte de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport; la empresa está en proceso de ser rematada. Con una inversión de $us 28,5 millones, la empresa estatal produce tres variedades de papel: de impresión y escritura, kraft y periódico, en base a celulosa virgen importada de Brasil y Argentina. La factoría genera 160 puestos de trabajo en forma directa y 5.000 de manera indirecta 10.
Realidad: La economía efectiva
Como se puede ver, este mapa descalabrado de inversiones que se evaporan, pues no terminan de consolidarse, precisamente debido a las improvisaciones y los desatinos compulsivos de los que deciden políticas económicas en beneficio de una región, circunscrita en la provincia de la producción de la coca excedentaria, no puede ser el sostén de la economía de lo que hemos denominado República del Chapare. La economía efectiva del Chapare, la que mueve las dinámicas de la región es, indudablemente, la economía de la coca. Mayarí Castillo Gallardo, en La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia escribe:
El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 12 445 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada a la producción de cocaína. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o exmineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca.
En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico. A pesar de ello y aun estando insertos –de manera directa o indirecta- en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente. Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “se estima que del valor económico financiero generado por la economía coca – cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69).
Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo. La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías extravertidas, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio 11.
Algunos apuntes sobre la investigación de Mayarí Castillo Gallardo sobre La economía de la coca, investigación cuyo resumen publica CLACSO. En primer lugar, que la economía del Chapare no es lo que presentamos a partir de las descripciones informativas de los medios de comunicación, mucho menos lo que transmite como propaganda y publicita el “gobierno progresista”; por lo tanto, tampoco esa infraestructura y logística descuajeringada, que se le antoja “base de la industrialización”. La economía del Chapare se estructura sobre la base de la economía de la coca, economía que participa de los circuitos de la economía política de la cocaína.
En segundo lugar, si bien la investigación describe la situación de los primeros periodos de la economía de la coca en el Chapare, no describe lo que ocurre después del lapso que toma en cuenta la investigación. Si bien el Chapare en los periodos que toma en cuenta la investigación, se basa en la producción familiar y es productora de materia prima, participando, según la investigadora, en la generación de desigualdades de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, estructurada en la distribución jerárquica de centros y periferias, ésta ya no es la situación actual. La producción de clorhidrato de cocaína es parte de la industrialización de la coca in situ. En consecuencia, los términos de intercambio se han modificado, quedando parte de las super-ganancias, que se transferían a los centros de consumo, en Bolivia. ¿En cuánto habría cambiado la relación, que establecía Lanza y recoge Mayarí Castillo, que era de entre 15% y 20% para la periferia y 85%-80% para el centro? Esto es difícil conmensurar, dada la falta de información adecuada. Aunque se puede sugerir como hipótesis prospectiva, basada en estimaciones provisorias, de que es probable que, en el caso de Bolivia, se retenga hasta un 40%, incluso más, de uno de los negocios más rentables del mundo. ¿A qué se debe el cambio de situación, respecto al reparto de los términos de intercambio? Primero, ciertamente, a la industrialización de la coca en el lugar o en las proximidades colaterales o un poco más lejanas del Chapare. Después, a la hegemonía de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, en lo que respecta al conglomerado de organizaciones sociales y sindicales afines al “gobierno progresista”. Hegemonía que le otorga incidencia preponderante en el gobierno, en sus políticas, en sus actividades y ejecuciones cruciales, tanto jurídicas, políticas y económicas. La preponderancia del Chapare ha ocasionado que el gobierno abrogue la ley que resguardaba al TIPNIS y obstaculizaba la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la hoja de coca. Así también, como hemos visto, ha logrado concentrar la mitad de los proyectos desplegados por el gobierno en el Chapare. Por otra parte, el gobierno ha promulgado una ley que amplía el cultivo de la coca excedentaria en el Chapare, en detrimento de la zona tradicional de cultivo de coca de los Yungas. Estamos ante un gobierno, como hemos dicho, al servicio de la República subyacente del Chapare.
Se puede decir, que lo que se ha descrito como inversiones, construcción de plantas industriales, que no dan pie con bola, es, mas bien, la máscara ficticia, que encubre el funcionamiento efectivo de otra economía. Como hemos hecho notar en otros ensayos, no nos colocamos en el papel de jueces, ni pretendemos juzgar nada, que es otro juego de poder; tampoco nos colocamos en la pose hipócrita de los organismos internacionales que dicen luchar contra el narcotráfico, cuando lo que hacen efectivamente es contener, controlar, participar en el gran negocio. El sistema financiero internacional es el dispositivo global del blanqueo. Lo que anotamos es que se trata del lado oscuro de la economía-mundo, el cual cada vez más tiene mayor incidencia en la economía-mundo en conjunto, arrinconando, atravesando, en algunos casos controlando el lado luminoso de la economía-mundo. Teniendo en cuenta que industrialización quiere decir transformación de la materia prima, producción de productos donde se da lugar la valorización del valor, entonces, la producción de cocaína es producción industrial. Solo la doble moral del sistema-mundo jurídico y policial denomina a esta producción “narcotráfico”, por lo tanto, circuito de cultivo-producción-distribución-consumo de droga, cuando lo que ocurre es análogo, simétricamente, a lo que acaece en el lado luminoso de la economía.
En consecuencia, durante los periodos de gestión del “gobierno progresista”, se ha dado lugar a un cambio estructural en los términos de intercambio, en lo que respecta a la economía de la coca-cocaína; lo que no ha ocurrido con las materias primas que concurren en el lado luminoso de la economía. Donde, la economía dirigida se ha estancado en el modelo primario-exportador. Esta es una paradoja insólita que se da en la composición integral de la economía-mundo, en la parte que corresponde al lado oscuro de la economía-mundo. El proyecto de “industrialización” del “gobierno progresista” se ha realizado en el ámbito de expansión de la economía de la coca-cocaína.
 Entramados económicos
La economía no es un espacio homogéneo, al contrario, incluso se puede llegar a decir que es un espaciamiento abigarrado de espacios entrelazados, tejidos enrevesados de distintas formas económicas o, mejor dicho, de formaciones económicas. Teniendo en cuenta el enfoque economicista, tanto clásico como marxista, incluso neoclásico y postmarxista, se suponen procesos de homogeneización que transforman las diferencias en un único modo de producción, que llama la crítica de la economía política modo de producción capitalista. En ensayos anteriores hemos tratado sobre estos entrelazamientos, yuxtaposiciones y abigarramientos 12; ahora nos interesa no tanto tocar la complejidad dinámica de la economía mundo, sino enfocar la relación entre la economía nacional y esta singular economía regional, donde domina la economía política de la cocaína.
Como primera hipótesis interpretativa diremos que la economía regional puede llegar a atravesar a la economía nacional cuando cobra peso gravitatorio, incidiendo en las dinámicas económicas nacionales; también puede convertirse en influyente cuando cuenta con el aval del gobierno y puede utilizar los dispositivos estatales en su beneficio. Como hemos podido ver, el caso boliviano parece ser el segundo. Si más de 1500 millones de dólares han sido invertidos en el Chapare, de acuerdo con las propias cifras oficiales; incluso, mejorando la ilustración panorámica, si alrededor de la mitad de la inversión productiva se ha destinado al Chapares; entonces se corrobora que la región del Chapare cuenta con el dispositivo estatal como para influir en el desenvolvimiento económico, sobre todo en los flujos de inversión.
En consecuencia, la economía nacional le sirve, en este caso, a la economía regional, como recurso para la inversión de su propia reproducción económico y social. Es decir, la transferencia de fondos de la economía nacional a la economía del Chapare implica que la finalidad económica del gobierno estriba en el crecimiento de la economía regional, en este caso de la economía política de la cocaína. El desarrollo del que habla la propaganda del gobierno, en definitiva, implica el desarrollo del Chapare. Ahora bien, se trata de un desarrollo peculiar, el desarrollo del fetichismo de una mercancía singular, que forma parte de los circuitos del lado oscuro de la economía. Se trata, por así decirlo, de un fetichismo reforzado, el fetichismo de la alta rentabilidad de la mercancía desmesuradamente cotizada por el consumo compulsivo de la droga. La riqueza que se genera es también ilusoria, pues se trata de economías pujantes de corto plazo, empero, altamente destructivas, depredaros, contaminantes y des-cohesionadoras de los tejidos sociales. Lo que se acumula como riqueza puede ser considerado como capital si se invierte en la “industrialización” de la hoja de coca, empero, lo que no se invierte “productivamente” no es capital, sino dinero a secas, que en parte puede ser destinado al consumo ostentoso y suntuario; que es lo que parece ocurrir en gran parte.
Por lo tanto, la economía regional termina absorbiendo los recursos de la economía nacional, mermando sus fuerzas, sus posibilidades, debilitando su crecimiento y hasta desarrollo económico. Esta interpretación parece corroborarse cuando se observa, no solamente la absorción de gran parte de la inversión productiva, sino afectando notoriamente al desenvolvimiento de la economía nacional: crecimiento inaudito de la deuda externa y de la deuda pública, merma de las reservas internacionales, transferencia indebida de fondos a la burguesía rentista. Lo que deja un panorama desolador: la extensión del cementerio de elefantes blancos.
No termina de aclararse el panorama económico del entrelazamiento de economías si no consideramos el modelo general de la economía del país, que comprende, obviamente a la economía nacional y a la economía regional; hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Este modelo económico no genera capital sino renta, sobre todo renta hidrocarburífera y renta minera. Entonces, el modelo mismo está destinado a reproducir la economía primario-exportadora, la renta y su consumo improductivo. Si a este panorama le añadimos lo que ocurre en el entrelazamiento entre la economía nacional y la economía regional de referencia, entonces se refuerzan las finalidades perversas de una economía dependiente, que se combina con una economía clandestina.
Notas
[1] El documento es una ponencia para el XXII Congreso Internacional de Latin American Estudies Association LASA, que lleva a cabo entre del 16 al 18 de marzo del 2000 en Miami. http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Coca.pdf.
[2] Este artículo se publicó el 27 de enero de 2018 en Oikologías.  Título sugerido en conversaciones con Ernesto Rocabado. https://pradaraul.wordpress.com/2018/01/27/la-republica-del-chapare/.
[3] Leer Bolivia salta a la petroquímica con la planta de urea.
[4] Leer La producción de urea en Bulo Bulo es incierta. 
[7] Escuchar Economista critica construcción de planta de urea en Bulo Bulo. 
[8] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 
[10] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 
[11] Leer de Mayarí Castillo Gallardo La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia. CLACSO. Págs. 329-330.

[12] Ver Nudos y tejidos socioterritoriales. También La inscripción de la deuda

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/nudos_y_tejidos_socioterritoriales_.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/la_inscripci__n_de_la_deuda_2
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/03/19/circuitos-coca-cocaina/


 
Pensemos en los millones de hambrientos, envenenados y expulsados por los  grandes capitales y los Estados al procurar en exclusivo  la acumulación, sin límites, de riqueza y poder del bloque dominante. Este sistema mundo capitalista es silenciado e invisibilizado por la casta política para mantener a las mayorías en la creencia de estar representadas en la democracia burguesa y en la ilusión de otro capitalismo posible. Pero:
 


La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera

18 de abril de 2019

 

 Ya se unieron todos los ingredientes de una nueva e importante crisis financiera internacional. Los dirigentes de los bancos centrales lo saben y también los dirigentes de instituciones como el FMI, la OCDE Y el Banco de Pagos Internacional (BPI). Por consiguiente, la prensa especializada le está dedicando numerosos artículos. Uno de los factores que dirigen la economía hacia una nueva crisis internacional de gran envergadura, es la enorme acumulación de deudas de las grandes empresas privadas y la utilización que se hace de las mismas.
Sin embargo, los gobiernos de las principales economías del planeta habían prometido restablecer una disciplina financiera que respetara el interés general y evitara nuevas crisis de efectos dolorosos para la población.
 
A fin de defender este sistema capitalista que asqueaba a una mayoría de la opinión pública, multiplicaron la palabrería sobre medidas fuertes destinadas a reformar el sistema para darle un «rostro humano», pero por supuesto sin que esto cambiara nada en absoluto en la práctica.
En realidad, la política que los gobiernos y los dirigentes de los bancos centrales han llevado a cabo ha cuidado y favorecido a los intereses del gran capital, en particular los de las grandes sociedades financieras. Ninguna medida estricta ha obligado seriamente a los capitalistas a poner freno a la toma de riesgos, a reducir la especulación, a invertir en la producción.
 
Las crisis forman parte del metabolismo del sistema capitalista pero todas no son iguales. En el presente artículo, no se trata de recordar las causas generales de las crisis capitalistas. Se trata aquí de diagnosticar factores que conducen ciertamente a una nueva crisis de gran amplitud.
Cuando estalle, los gobiernos, los dirigentes de los bancos centrales y la prensa dominante aparentarán sorpresa, como cada vez que ocurre.
Para la gente que se opone al sistema, es fundamental señalar con el dedo las responsabilidades y mostrar cómo funciona el capitalismo a fin de ser capaces de imponer una lógica diferente y de romper radicalmente con este sistema.
Desde 2010, aprovechándose de la política de bajas tasas de interés adoptada por los bancos centrales de los países más industrializados (Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco de Suiza….), las grandes empresas privadas han aumentado masivamente su endeudamiento. En los Estados Unidos, por ejemplo, la deuda de las empresas privadas no financieras ha aumentado en 7 800 millardos de dólares entre 2010 y mediados de 2017.
 
¿Qué han hecho con el dinero prestado? ¿Lo han invertido en investigación-desarrollo, en inversiones productivas, en la transición ecológica, en la creación de empleos decentes, en la lucha contra el cambio climático? En absoluto.
El dinero tomado prestado ha servido en particular para realizar las actividades siguientes:
 
I. Las empresas piden prestado para recomprar sus acciones en bolsa. Esto produce dos ventajas para los capitalistas: 1) hace subir el precio de las acciones; 2) permite «remunerar» a las y los accionistas sin consecuencias en el pago de impuestos sobre los beneficios. Además, en numerosos países, las plusvalías sobre las acciones no están gravadas con impuestos o lo están a tasas muy bajas (en comparación con el impuesto sobre la renta o el IVA). Ya en 2014, las recompras de acciones en los Estados Unidos habían alcanzado un montante mensual de entre 40 y 50 millardos de dólares [1]. El fenómeno ha proseguido posteriormente. Subrayemos que ya se había asistido, antes de la precedente crisis, a un aumento muy fuerte de las recompras de acciones a partir de 2003, que había alcanzado un máximo en septiembre de 2007 en plena crisis de las «subprimes». Entre 2010 y 2016, las empresas norteamericanas han comprado sus propias acciones en Bolsa por un montante aproximado de 3 000 millardos de dólares [2]. Como titulaba el diario financiero Les Echos, «las recompras récord de acciones son el motor de Wall Street». Una gran parte de la buena salud de las bolsas, no sólo la de los Estados Unidos, es debida a las recompras masivas de acciones. Es pues completamente artificial.
 
 Evolución de las recompras de acciones («buybacks») por 500 grandes empresas privadas de los Estados Unidos de 1999 a 2019 en millardos de dólares (índice S&P 500). Fuente: https://www.yardeni.com/pub/buybackdiv.pdf
Evolución de los dividendos pagados a los accionistas de 1999 a 2019 en millardos de dólares. Fuente: https://www.yardeni.com/pub/buybackdiv.pdf
Evolución de las recompras de acciones (en azul) y de los dividendos (en verde) de 1999 a 2019 en millardos de dólares. La curva roja indica la evolución del S&P 500, un índice bursátil basado en 500 grandes sociedades que cotizan en las bolsas americanas. El índice es propiedad y está gestionado por Standard&Poor´s, una de las tres principales sociedades de calificación de crédito.
 
En el mundo real, las empresas capitalistas piden prestado capital en los mercados para recomprar sus acciones en la Bolsa a fin de aumentar la riqueza de sus accionistas
·        En el mundo imaginario del sistema capitalista enseñado en los manuales de economía, las empresas emiten acciones en Bolsa para recaudar capital a fin de invertirlo en la producción.
·        En el mundo real, las empresas capitalistas piden prestado capital en los mercados financieros o a los bancos centrales para recomprar sus acciones en Bolsa a fin de aumentar la riqueza de sus accionistas y dar la impresión de que la salud de la empresa es excelente.
Los dirigentes de empresa que son en parte remunerados en stock options, es decir en acciones que pueden revender, tienen un interés enorme en animar a su empresa a que recompre sus acciones. Quien parte y bien reparte….
Hay igualmente que subrayar que los dirigentes de empresa han sido muy generosos en materia de distribución de dividendos. Entre 2010 y 2016, los dividendos entregados a los accionistas en los Estados Unidos han alcanzado los 2 000 millardos de dólares. En total, si se suman las recompras de acciones y los dividendos distribuidos, los accionistas de las firmas estadounidenses han percibido 5 000 millardos de dólares entre 2010 y 2016.
En la cuenta de balance de las empresas, del lado del pasivo, la parte que se refiere a las deudas de la empresa crece mientras disminuye la parte que corresponde a las acciones de la empresa. Si llega a ocurrir que las tasas de interés sobre la deuda de la empresa aumentan, el pago de los intereses corre el riesgo de volverse insostenible y llevar a la quiebra. Además, si el curso de las acciones -que ha sido artificialmente inflado por el efecto combinado de las recompras y de la burbuja bursátil- baja con fuerza, la quiebra esta también a la vuelta de la esquina.
 
Hay que señalar que la recompra masiva de sus propias acciones, que ha sido muy practicada por grandes empresas norteamericanas como Hewlett Packard (HP), IBM, Motoroloa, Xenox, Symantec o JC Penney, no ha bastado para mejorar su salud.

 II. Las empresas piden prestado para comprar créditos. Compran productos estructurados compuestos de créditos concedidos a otras empresas o a particulares. Compran sobre todo obligaciones emitidas por otras empresas privadas así como títulos públicos. La firma Apple tenía ella sola en 2017 créditos sobre otras empresas por un montante de 156 millardos de dólares, lo que representa el 60% del total de sus activos [3]. Ford, General Motors y General Electric compran igualmente deudas de otras empresas. El 80% de los activos de Ebay y el 75% de los activos de Oracle son créditos sobre otras empresas.
Las treinta principales empresas no financieras de los Estados Unidos activas en el mercado de las deudas poseen juntas 423 millardos de dólares de deudas de empresas privadas (Corporate debt and comercial paper securities), 369 millardos de dólares de deudas públicas y 40 millardos de dólares de productos estructurados (Asset Backed Securities y Mortgage Backed Securities).
 
En la medida en que las empresas intentan maximizar los rendimientos que sacan de los créditos que poseen sobre otras empresas, están empujadas a comprar deudas emitidas por las empresas menos sólidas dispuestas a remunerar a los prestamistas más que otras. El mercado de las deudas con riesgo se amplifica.
Si las empresas deudoras llegan a entrar en dificultades de pago, las empresas acreedoras se encontrarán en dificultades. En 2016, Apple ha hecho saber a las autoridades americanas que un aumento del 1% de las tasas de interés podría provocar una pérdida de 4,9 millardos de dólares [4]. Tanto más en la medida que para financiar estas compras de deudas, Apple, igual que las demás empresas, ha tomado prestado. Por ejemplo, en 2017, Apple ha tomado prestados 28 millardos de dólares. Su deuda financiera total se elevaba a alrededor de 75 millardos de dólares. Por efecto dominó, en los Estados Unidos podría producirse una crisis de una amplitud tan importante como la de 2007-2008.
Hay que saber igualmente que cuando las tasas de interés suben, el valor de los títulos de deuda de las empresas baja. Cuanto más esos créditos (es decir los títulos de deudas emitida bajo forma de obligaciones por las empresas privadas) representan una parte importante de los activos de las empresas, más puede tener un impacto negativo sobre la salud de los acreedores la caída del valor. Estos acreedores corren el riesgo entonces de carecer de fondos propios para compensar la devaluación o la desvalorización de los créditos que poseen.
 
La situación descrita corresponde a una nueva progresión de la financiarización del capital: las grandes empresas no financieras siguen desarrollando sus inversiones financieras. Apple, Oracle, General Electric, Pfizer, Ford o General Motors refuerzan sus departamentos financieros y asumen de nuevo cada vez más riesgos para aumentar sus beneficios. Si antes prestaban el 60% de sus liquideces a intermediarios, en particular los money market funds, para maximizar su rendimiento, ya no les confían sino el 50% y asumen ellas mismas directamente el riesgo a fin de maximizar sus rendimientos.
Además, una gran parte de los créditos poseídos sobre otras empresas pasan por paraísos fiscales, lo que aumenta la opacidad de las operaciones realizadas y puede aumentar el riesgo. Las islas Bermudas e Irlanda están entre los principales paraísos fiscales utilizados por las grandes empresas de los Estados Unidos que apuestan a fondo por la optimización fiscal.
Lo que acaba de ser descrito concierne al conjunto del mundo capitalista aunque los datos presentados se refieran a la economía de los Estados Unidos.
La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera. Pero crisis o no, los comportamientos descritos justifican ampliamente la acción de todas las personas que luchan para acabar con el capitalismo y el sistema de la deuda.

Traducido por Alberto Nadal
 cadtm.org
 
 
Valoremos la autoorganización de los pueblos desde su diversidad de abajo sin fronteras pero mirando a emanciparse del capitalismo, el patriarcado, el razismo y la verticalidad o paternalismo de los líderes. Según estos objetivos es fundamental confrontar con la contrarreforma agraria del capitalismo que realiza mediante los extractivismos y aprender de experiencias revolucionarias como:
 


Reforma Agraria para
alimentar Extremadura
19 de abril de 2019
 
 
Por Eugenio Romero Borrallo y Manuel Cañada Porras (Rebelión)
Una luz cegadora, un disparo de nieve, una fecha que apunta a la dignidad y a la transformación de esta tierra. Eso es el 25 de marzo. Un faro que ilumina otra Extremadura posible, liberada de la maldición histórica del paro, la emigración y el clientelismo. Un aldabonazo que llama a enfrentar la resignación y el miedo.
El 25 de marzo, como nos recuerda Víctor Chamorro, constituye el hecho diferencial extremeño. Aquel asombroso acontecimiento traía de la mano y trenzaba tres conceptos fundamentales: tierra, pueblo e identidad. Por primera vez en siglos Extremadura constituía la vanguardia de la emancipación social. Y era el pueblo, la gente menuda, los campesinos, la clase obrera y los artesanos, quien levantaba el nosotros decisivo. ¡Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos!
Como cantara Miguel Hernández, el pueblo tomaba las riendas de su destino. Y en aquel sereno impulso revolucionario se alzaba la identidad de Extremadura, asentada en la solidaridad entre los más pobres, en la tenacidad de los yunteros.
La reforma agraria fue el enunciado primordial de aquel seísmo. “Un acontecimiento es la perturbación del orden del mundo”, escribe Alain Badiou. El 25 de marzo ha tenido siglos de rumia y ensayo. Y, con él, aflora una verdad escondida, elemental: la tierra no es una mercancía, no es una pieza más del dispositivo pretenciosamente perfecto del capitalismo, sino sustrato y sustancia misma de la vida. 
Karl Polanyi, el antropólogo austríaco, explicaba cómo el capitalismo se fundamenta en la mercantilización ficticia de la tierra y el trabajo. El sueño campesino de la reforma agraria desmontaba esa quimera, el propósito de presentar como natural la usurpación privada de un bien común como es la tierra.
Francisca Rosique Navarro detalla en su obra La reforma agraria en Badajoz durante la II República el poder de movilización que ha tenido siempre la cuestión agraria, sobre todo en la provincia de Badajoz, en torno a la mala distribución de la propiedad, la usura y la falta de tierras.
El latifundismo está en la raíz del subdesarrollo y la dependencia de Extremadura. Tiene un vínculo muy estrecho con paro y emigración. El latifundio es el peso muerto de la dominación de siglos que inmoviliza el presente de Extremadura y bloquea cualquier transformación posible. Pero el latifundismo no es una maldición bíblica e intocable que le ha tocado a territorios como Extremadura. Es el resultado de un largo proceso de expropiación y explotación del campesinado y las clases trabajadoras. Una cuestión que se adentra en las profundidades mismas de la historia extremeña, como aseguraba Víctor Chamorro hace tan sólo unos días, desde la propia “reconquista” en el siglo XIII con la adjudicación de grandes extensiones de tierra a Órdenes Militares y maestrazgos que nunca fueron repartidas. La posterior desamortización de Mendizábal (1836) supuso una transacción de tierras de la Iglesia a la nobleza y la burguesía mientras que la inmensa riqueza colectiva que atesoraban la mayoría de pueblos extremeños en forma de dehesa boyales, comunales, etc fueron la diana en la desamortización de Madoz (1855). Esta última supuso un dramático proceso que privatizó -o expropió, en palabras de Víctor Chamorro- 694.492 hectáreas en la provincia de Cáceres y 482.800 hectáreas en la provincia de Badajoz. Un total de 1.177.292 hectáreas en Extremadura, como señalaban en el año 2013 J.A. Ruíz Rodríguez y otros autores para la Revista de Estudios Extremeños.
Para intentar revertir esta situación, durante la Segunda República se aprobaron en las Cortes, entre abril y julio de 1931, una serie de decretos que intentaban paliar la delicada situación de la población jornalera del sur peninsular: decreto de términos municipales, decreto sobre laboreo forzoso, decreto sobre creación de jurados mixtos y decreto sobre la jornada de ocho horas. La Ley de Reforma Agraria en España, por su parte, fue promulgada el 9 de septiembre de 1932. La demora en su aplicación fue la chispa que desencadenó las ocupaciones masivas y pacíficas ocurridas en Extremadura el 25 de marzo de 1936 que centraron los focos de la prensa a nivel internacional. El historiador extremeño, Francisco Espinosa, afirmaba recientemente que, a pesar de haberse eliminado de muchos libros de historia, los cinco meses transcurridos entre las elecciones del 16 de febrero y la sublevación del 18 de julio fue el momento en que tuvo lugar el despegue de la verdadera reforma agraria de la II República que de haber tenido continuidad hubiera producido en pocos años cambios importantes y positivos en la sociedad española.
¿Qué es una reforma agraria?
Antes de plantearnos la pregunta sobre la necesidad de una reforma agraria en Extremadura haremos un repaso a las diferentes modalidades ocurridas a lo largo de la historia. El coordinador del Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral, Javier García Fernández, enumera cinco tipos de reforma agraria. En primer lugar agrupa las relacionadas con la construcción del estado-nación en parte de la Europa de principios del siglo XIX como Inglaterra, Francia o Alemania mientras se mantenían los latifundios en el sur. Por otra parte tenemos en la primera mitad del siglo XX reformas agrarias de carácter socialista como las ocurridas en Rusia, China, Cuba o Vietnam. Define un tercer tipo, como el ocurrido durante la II República española o durante el gobierno de Allende en Chile, en el que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada sucumbe ante la función social de la tierra. En cuarto lugar describe la Reforma Agraria a través de co­lectivizaciones de tierra desde abajo en un contexto de crisis institucional, política y económica como las ocurridas en Extremadura el 25 de marzo de 1936 o las colectivizaciones agrarias en el Perú en 1962. Existen experiencias que se pueden encuadrar en los grupos cuarto y quinto como es el caso de Brasil. Para Bernardo Mançano la reforma agraria brasileña se hace cada día desde hace más de cuarenta años con cada nuevo asentamiento del MST (Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra) y de otros colectivos campesinos. El quinto y último grupo, según García Fernández, es el que ocurre en el contexto de la “revolución verde” y modernización capitalista en el último tercio del siglo XX como es el caso de la Reforma Agraria de Andalucía que sin embargo comenzó “desde abajo”.
Ciertamente la Ley de Reforma Agraria andaluza en la única existente en nuestro país y data de 1984. Esta ley incluye, entre otras cosas, un impuesto de infrautilización de tierras para terrenos mal utilizados que, curiosamente, nunca se ha aplicado a pesar de que la sentencia 37/1987, de 26 de marzo del TC lo declara totalmente constitucional. Es decir, la reforma agraria en Andalucía sólo está en los papeles por lo que para algunas destacadas militantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as), como María Montávez, “ si se cumpliese nos daríamos con un canto en los dientes. Por culpa de no cumplirse el Cerro Libertad, no está en manos de quien tiene que estar ” (sus más de 7.500 olivos han pasado del BBVA al fondo de inversión Cerberus, cuyo principal socio es el hijo de José María Aznar). La élite dominante en el campo extremeño se ha “modernizado”. El señorito Iván se ha pasado del cortijo a los fondos buitre.
En este sentido, la cacereña Elena Manzano Silva, experta en Derecho Financiero y Tributario, muestra su sorpresa por la pasividad tanto del gobierno andaluz en la aplicación del impuesto mencionado como del extremeño en la aplicación del impuesto a Dehesas Calificadas en Deficiente Aprovechamiento que tampoco llegó a aplicarse jamás y que a día de hoy está derogado. Afirma, Manzano Silva, que son figuras impositivas que gravan no aprovechar adecuadamente la tierra y lo hacen al amparo del artículo 33.2 de la Constitución según el cual la función social de la propiedad delimitará su contenido. Son esenciales para la adecuada redistribución de la renta y la riqueza . Los propietarios, añade, no pueden infrautilizar bienes tan relevantes para el desarrollo económico y social como la tierra. Deben promoverse medidas que incentiven su aprovechamiento y penalicen conductas insolidarias que repercuten negativamente en la colectividad. En la actualidad, concluye, las adquisiciones de estos bienes mortis causa disfrutan además de incentivos fiscales que prácticamente anulan su tributación con la vulneración del principio de redistribución de renta y riqueza.
Toda reforma agraria debe ser, por tanto, un proceso de transformación social de las estructuras de producción y de las relaciones de poder. Sin embargo la mención a la reforma agraria tanto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Extremadura -como en el de Andalucía- es de una ambigüedad calculada. Se corresponde con las correlaciones de fuerza durante la transición. Por un lado, no se podía dejar fuera una sentida reivindicación histórica del movimiento obrero y por ello se vinculaba la transformación de Extremadura a la reforma agraria. Pero por otro lado, se definía la reforma agraria con tres palabras: “transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias” que nos han llevado a un modelo agrario ineficiente, agotado por su dependencia del petróleo y que no nos alimenta. La alusión a la reforma agraria en el Estatuto de Autonomía se quedó en mera retórica y las “expropiaciones” de fincas de Ibarra durante sus primeros años de gobierno fueron una estafa en toda regla.
Además de todas estas referencias legislativas el propio artículo 128.1 de la Constitución española dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Otro artículo más despreciado por los que se autodenominan “constitucionalistas”.
Reforma agraria en Extremadura.
Llegando a este punto cabe plantearnos ¿es necesaria la reforma agraria para alimentar Extremadura? Para ello deberíamos preguntarnos quién alimenta el mundo. Según el estudio de ECT Group (2017) la red campesina mundial alimenta a más del 70% de la población empleando menos del 25% de las tierras agrícolas. Utilizando solamente el 10% de la energía fósil y no más del 20% del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola sin producir devastación de suelos y bosques.
La cadena agroindustrial, sin embargo, utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo y en el proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7,5 millones de hectáreas de bosque. Además, la cadena agroindustrial es responsable del consumo de al menos el 90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura (y sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero), así como al menos 80% del agua dulce.
En Extremadura las dos provincias más extensas del país ocupan a su vez los primeros puestos en riesgo de pobreza y desigualdad social. ¿Cómo se explica que en Extremadura casi 90.000 personas tengan que recurrir a los bancos de alimentos del FEGA? Según el informe AROPE de 2018 el 44,3% de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el dato más elevado del país, y el 38,8% de nuestra población tiene una renta inferior al umbral de la pobreza. ¿Cómo es posible que una tierra rica mantenga en la miseria a miles de familias? El latifundio y la canalla política a su servicio son los responsables de ese atropello a la dignidad humana. 
Queda claro que el modelo agrario extremeño no nos alimenta. Su mecanización e intensificación, además, prescinde del trabajo humano dejándonos en el paro y obligándonos a emigrar mientras empobrece y envenena nuestra tierra y nuestra gente -la semana pasada un segundo juzgado federal de EE.UU. demostraba los efectos cancerígenos del glifosato (Roundup) que supuso el desplome en Bolsa del gigante Bayer/Monsanto-. A ello se le suma que somos la región con una distribución de la propiedad de la tierra más desigual de Europa como demuestran Fernando Fernández y Carles Soler en el Estudio Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración y acaparamiento del año 2015. Un proceso que continúa a día de hoy con el acaparamiento de tierras que se está produciendo en las Vegas del Guadiana por parte de los emporios de la fruta para exportación. Integración latifundio-grandes empresas de transformación que se produce bajo la mirada atenta y patrocinio de los bancos, del capital financiero y con la complicidad y subvención de la Junta de Extremadura.
Sin ir más lejos la mayor finca de España se encuentra en Extremadura, en el término municipal de Alía, Cáceres. Se trata de la finca Valdepuercas, de 18.000 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética, propiedad del magnate vasco del acero José María Aristraín, una de las mayores fortunas del país que se encuentra en proceso judicial acusado por la Abogacía del Estado de defraudar a Hacienda 210 millones de euros. Otra de las mayores fincas del país ocupa 8.000 hectáreas en el término municipal de Valencia de la Torres (Badajoz), es la finca Quintos de San Martín, popularmente conocida como La Rusal, propiedad del jeque de Abhu Dabi, Mansour binZayed Al Nahyan , dueño, además, del Manchester City Football Club. Por otra parte la finca Azagala, propiedad de Alonso Álvarez de Toledo, Marqués de Valdueza, cuenta con 7.000 hectáreas en el término municipal de Alburquerque (Badajoz). La finca Valero con 4.850 hectáreas (1.350 has en pleno Parque Nacional de Monfragüe) es propiedad de Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas, heredero del Duque de Montellano. Situada en el término municipal de Torrejón el Rubio (Cáceres) es una de las mejores reservas de caza de ciervo de Europa. Tenemos por otro lado la finca Pascualete, de 4.000 hectáreas en el término municipal de Trujillo (Cáceres), propiedad de la recientemente fallecida Condesa de Romanones, Aline Griffith , destinada para ganadería y queso del mismo nombre y un gran coto de caza visitada desde estrellas internacionales de la música y el cine hasta el dictador Francisco Franco . Actualmente es gestionada por el segundo hijo de Aline Griffith y actual conde de Quintanilla, Luis de Figueroa, y su hijo Juan de Figueroa Sayn-Wittgenstein-Sayn.
Casi cuarenta y dos mil hectáreas en manos de cinco personas -además de una cifra con muchos ceros en subvenciones públicas de la PAC-. Así hasta 163 propiedades en Extremadura de más de mil hectáreas. En un segundo escalón tenemos en nuestra tierra 711 latifundios de entre 500 y 1.000 hectáreas como el caso de la finca Los Quintos, de 650 hectáreas en el término municipal de Llerena (Badajoz) propiedad de Micaela Domecq y Solís-Beaumont, esposa del exministro Arias Cañete. Mientras esto ocurre el 92% de la población extremeña mayor de edad no tiene ni un pedazo de tierra donde hundir su azada. El acceso a la tierra se ha convertido, por tanto, en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proyecto de vida agroganadero en las dos provincias más extensas del país.
Con estos datos encima de la mesa la respuesta es rotunda. Sí, es necesaria una reforma agraria para alimentar Extremadura. La propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se comprometió en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2006 a apoyar las iniciativas de alianzas a nivel internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural.
La reforma agraria en Extremadura es urgente y la propuesta concreta debe pasar por asegurar el acceso a la tierra a la población extremeña o de cualquier procedencia para poder instalarse en una región desangrada por la emigración.
Las experiencias en otros países muestran que la mejor opción es apostar por la cesión de la tierra en usufructo a las personas que quieran instalarse. Se podrían enumerar casos exitosos de esta modalidad en diferentes países por todo el mundo. Los criterios de cesión pueden ser múltiples y depender de muchas variables. Con 2,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil, Extremadura podría proporcionar 3 hectáreas a toda su población actual mayor de edad. Situación que supondría un cambio más importante para unas comarcas que otras ya que afectaría menos a comarcas con mayor presencia de la pequeña propiedad como el caso de la comarca La Vera o el Valle del Jerte donde, además, ya podemos visitar casos de fincas de 3 hectáreas -y menos- con una diversidad de cultivos asombrosa que alimenta a la familia y permite dedicar una parte a la comercialización en pueblos cercanos al presentar una productividad mayor que las colindantes debido a la implantación de policultivos en diferentes estratos acompañado de la reducción drástica del uso de químicos.
Sin duda alguna esta situación haría enfrentar el futuro de una forma más sólida aunque no es suficiente. Un horizonte de escasez y encarecimiento del petróleo como el que se plantea para el año 2050 obliga a establecer estrategias de abandono progresivo del modelo agrario dependiente de agroquímicos y combustibles fósiles. La fertilización y el control de plagas de origen biológico (o biofertilizantes y bioplaguicidas) así como la recuperación de los saberes tradicionales y la implantación de policultivos se van imponiendo cada vez más en Extremadura unas veces por necesidad y otras por conciencia del futuro que se nos avecina. Es lo que se ha venido a llamar agroecología, atrayendo a perfiles jóvenes y femeninos, la forma más inteligente y responsable de trabajar la tierra después de sesenta años de “revolución verde” que ha supuesto la estafa y endeudamiento del 70% de la renta de los agricultores y agricultoras de nuestro país.
Diferentes estudios demuestran que una hectárea bajo principios menos intensivos en la utilización químicos y agua (principios agroecológicos) puede alimentar hasta a cinco personas. De esta forma Extremadura, con 2,5 millones de hectáreas, podría alimentar a doce veces su población actual pudiéndose convertir en un polo de atracción de población que permita revitalizar nuestros pueblos y la vuelta a casa de nuestras familias emigradas al mismo tiempo que contribuye a desatascar la insostenibilidad de las ciudades. Una forma de trabajar la tierra que además agrupa el 74% del empleo agrario en todo el mundo, entre otras cosas, por reducir la utilización de maquinaria. Sin duda un nicho de empleo que acerca la producción de alimentos saludables a nuestro territorio haciéndonos menos dependientes tanto de importaciones como de exportaciones y contribuyendo a la soberanía alimentaria de nuestras familias. El impulso a la industria de transformación de los productos agropecuarios es sin duda otro puntal para complementar la dieta de las familias y la viabilidad económica de nuestro medio rural.
Hemos dejado claro en este texto que la Reforma Agraria no es sólo cuestionamiento de la propiedad privada, está claro, pero no hay reforma agraria que merezca tal nombre si no se cuestiona la estructura de la propiedad de la tierra.
Víctor Chamorro recogió en 1989 en el libro colectivo Extremadura. Año IV. El estado de sitio que los especialistas Salvador Marín Aranavia y Rosa Mª de la Parra ya escribieron en Extremadura Saqueada, que estableciendo como tope de reserva quinientas hectáreas, pasarían un millón de ellas objeto de expropiación y opinaron que la Reforma Agraria podría financiarse con gran facilidad en un lapso de veinte años reinvirtiendo en Extremadura la riqueza que ella genera. Actualizando esos datos a fecha de 2015 tenemos que las 1957 fincas de más de 300 hectáreas (3% del total) sumarían 1.155.051,24 hectáreas, el 45% de la superficie agraria útil de Extremadura.
Otra cuestión a tener en cuenta es la necesidad de expropiación o confiscación de las propiedades expoliadas durante cuarenta años de dictadura franquista. En esa línea, el gobierno de Sudáfrica aprobó recientemente la inclusión en la Constitución de la confiscación de las tierras adquiridas durante el apartheid ya que, después de medio siglo, la minoría blanca, 10% de la población, aún posee el 72% de la tierra en el país adquirida tras todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos por cuestión racial y étnica. En Extremadura, por su parte, se debe apostar por la recomunalización de las dehesas y fincas de gestión y/o propiedad comunal que fueron fuente de bienes y alimentos en nuestros pueblos y que fueron expoliadas en circunstancias inconcebibles como ha ocurrido recientemente en el caso de Oliva de Plasencia, entre otras.
El sujeto social de la Reforma Agraria son hoy los jornaleros y jornaleras así como las pequeñas y medianas experiencias de agricultura y ganadería que atraen especialmente a mujeres y jóvenes. Las primeras interesadas son las miles de familias extremeñas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, las diferentes organizaciones que están reclamando trabajar terrenos urbanos o periurbanos por toda Extremadura para alimentar sus barrios, son las desempleadas o las cientos de personas que se movilizaron hace unas semanas en Haciendas BIO o Sol de Badajoz por el impago de sus salarios con arreglo a la ley, son las trabajadoras del ajo en Aceuchal que hicieron huelga hace unos meses reivindicando condiciones de trabajo dignas, son nuestros familiares que han tenido que emigrar ante la falta de oportunidades y en general todas las personas conscientes de consumir alimentos saludables, conscientes de la necesidad de retornar al campo y de poner freno al colapso ecológico.
Porque la reforma agraria sólo es posible construyendo contrapoderes sociales, comunidades de base que incardinan proyectos concretos en el objetivo general. Ocupaciones de fincas, economatos sociales, bancos de tierras y semillas, cooperativas de producción, transformación, distribución y consumo… Alianza que sólo se puede conseguir vinculando el discurso general a luchas y victorias concretas como las fincas que ocupa y pone en producción el SAT, los asentamientos del MST o la Vía Campesina que agrupa a 200 millones de campesinos y campesinas con o sin tierra en torno a 182 organizaciones de 81 países que tienen la reforma agraria como uno de sus pilares fundamentales.
Han pasado cuatro años desde que un grupo de activistas vinculados a los movimientos sociales contra el paro y la precariedad comenzaran a reivindicar la trascendencia para Extremadura del 25 de marzo. Desde entonces la fecha se ha extendido como un reguero por los pueblos y ciudades de la región e incluso ha llegado a Cataluña o Madrid, a los extremeños y extremeñas de la diáspora. Un grupo de teatro, dirigido por Pedro Rodríguez, ha puesto en pie la obra de Víctor Chamorro sobre aquel acontecimiento y un Encuentro sobre Emigración ha reunido a más de cien personas para debatir sobre la vieja y la nueva diáspora extremeña.
El 25 de marzo, manantial y cauce. Simiente de una Reforma Agraria necesaria, convocatoria al empoderamiento de los más humildes, promesa de la Extremadura digna y solidaria por venir.
Sirvan estas palabras para iniciar el debate y el camino que habremos de transitar mucho más temprano que tarde hacia un gran encuentro que reúna toda la sabiduría acumulada en nuestros pueblos, que diseñe, construya y pelee una reforma agraria para alimentar Extremadura.

Reparemos en cómo Eugenio Romero Borrallo y Manuel Cañada Porras definen a la «reforma agraria» por:

 

  • Confrontación (no respecto a la Mesa de Enlace como los K nos embaucaron) con la "integración latifundio-grandes empresas de transformación que se produce bajo la mirada atenta y patrocinio de los bancos, del capital financiero y con la complicidad y subvención de la Junta de Extremadura".

 
  • Autoorganización de diversidades de los de abajo como "contrapoderes sociales, comunidades de base que incardinan proyectos concretos en el objetivo general. Ocupaciones de fincas, economatos sociales, bancos de tierras y semillas, cooperativas de producción, transformación, distribución y consumo… Alianza que sólo se puede conseguir vinculando el discurso general a luchas y victorias concretas".
 
 Consideremos la reforma agraria como creación de
otras relaciones sociales e interpersonales por ser
anticapitalista, antipatriarcal, antirracista...
 
Sobre todo apreciemos dos conceptos-principios como medulares a esa reestructuración radical del país-mundo. Los aportan los pueblos originarios desde sus resistencias de siglos: «territorio» y «buen vivir». Pero, entonces, situémonos en el sistema mundo capitalista instaurador de: "un proceso que se denomina «ofensiva extractivista», con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras".


Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016

 Neoextractivismo y

conflictos ambientales en América Latina

Marco Antonio Merchand Rojas*
 Profesor-Investigador del Departamento de Sociedad y Economía del Centro Universitario del Sur (CUSUR), Universidad de Guadalajara, merchandrojas@yahoo.com.mx
Introducción
El capitalismo globalizado territorial, a través de los sucesos de la historia (fordismo y posfordismo), ha construido una división internacional del trabajo y una división territorial de la producción mundial que determinan un rol fundamental para América Latina como proveedora de recursos naturales (agua, suelos, yacimientos minerales e hidrocarburos -recursos estratégicos-).
La apropiación de dichos recursos naturales (materias primas) se caracteriza por un coloniaje formal e informal que impone una lógica de acumulación a través los mecanismos de la compra, el alquiler o la concesión; estos mecanismos logran ser utilizados para dominar los recursos naturales (RN) gracias a dos protagonistas claves: el Estado-nación y el capital, que configuran espacios y lugares para la explotación de los RN.
Este nuevo paradigma de la actual geografía económica propicia una disputa global por los recursos naturales, siendo este suceso uno de los elementos más importantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo para reproducir una lógica de acumulación sobre América Latina. Por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee América Latina, y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas (commodities),1 esta región tiene un alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones, no sólo de los Estados Unidos, sino, ahora, de la creciente demanda de China, que cobra auge como la mayor potencia comercializadora de commodities. Algunos analistas de la geopolítica ven en China una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito mundial, especialmente en el contexto de la crisis económica más reciente en Estados Unidos y Europa.
En la esfera económica, la reprimarización de las economías latinoamericanas está vinculada al incremento en la demanda de materias primas por el robusto crecimiento económico chino y su peso demográfico. Las empresas chinas han comenzado a invertir fuertemente en las industrias extractivas de América del Sur, y sus bienes manufacturados baratos compiten con los producidos en México y América Central.
En general, las economías latinoamericanas han ampliado su frontera extractiva, donde participan activamente las transnacionales. La ocupación de estos espacios locales o regionales por parte de estas empresas ha afectado profundamente los derechos y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Así lo demuestran el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL, 2015) a través de su mapa interactivo, y los informes asociados a cada caso que ha elaborado la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista
El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista se corresponden con las propias estrategias macroeconómicas desplegadas por el Gobierno neoliberal que no sólo han sacrificado la economía real de los mexicanos, sino que también estas estrategias de estabilización, auspiciadas por el consenso de Washington, han sido la causa de la explotación de los recursos naturales y de la degradación ambiental de los países en desarrollo, como el caso de México, con un Estado-nación más que nunca dedicado a crear un clima de negocios benigno para la inversión extranjera que explota en forma indiscriminada los recursos naturales sólo con el fin de producir un excedente exportable, y que internaliza las externalidades negativas a cargo de los recursos naturales que sobreexplota.
Esta necesidad de los países en desarrollo de exportar bienes que socaban su patrimonio natural ahonda la deuda ecológica, que no es más que las exportaciones mal pagadas que realizan los países en desarrollo a los países desarrollados. Es claro que los precios de estas materias primas exportadas no incluyen diversos costos sociales y ambientales, propios de la explotación irracional que realizan las transnacionales de los países desarrollados.2
Como bien lo explican Martínez-Alier y Jusmet (2001), se propicia un comercio ecológicamente desigual que proviene de dos causas: en primer lugar, falta frecuentemente en el sur la fuerza necesaria para lograr incorporar las externalidades negativas locales en los precios de exportación; y, en segundo lugar, el tiempo natural necesario para producir los bienes exportados desde el sur es frecuentemente más largo que el tiempo necesario para producir los bienes y servicios importados, lo que provoca que en las economías del sur, o economías latinoamericanas, su crecimiento económico, con sus modalidades de la globalización de mercados bajo el esquema neoliberal, representa una seria amenaza para el medio ambiente e imposibilita su desarrollo sustentable.
Aquí se sostiene, al igual que lo hace Veltmeyer (2013), que se registra un impacto negativo del desarrollo de los recursos naturales en la tasa de intercambio en otros sectores -la llamada enfermedad holandesa, por ejemplo-, la volatilidad de los precios de las mercancías en el mercado mundial, la propensión hacia un ciclo de rápidos incrementos y rápida decadencia (boom-bust cycle), la susceptibilidad a la corrupción, la excesiva confianza en la inversión extranjera directa, la estructura de producción de enclave con escasas vinculaciones hacia adelante o hacia atrás con otros sectores de la economía, y una estructura social que inhibe el desarrollo más amplio de las fuerzas productivas de la sociedad y deriva en formas desiguales y exclusivas de crecimiento y en conflictos y guerras por los recursos.
De este modo, desde el estructuralismo latinoamericano y la escuela marxista de la dependencia hasta en los economistas neoclásicos y neoliberales, hay acuerdo en que la extracción de recursos ofrece una vía bastante difícil hacia el desarrollo. Sin embargo, los cambios en la economía mundial en años recientes han dado origen a la noción de que esta vez será diferente, que las modificadas condiciones del mercado mundial permitirían ahora que los países ricos en recursos exploten su ventaja comparativa en recursos naturales y se convierta en una bendición lo que alguna vez fue una maldición.
Los exponentes de esta perspectiva incluyen a varios economistas del Banco Mundial, quienes han publicado una serie de estudios que sugieren que el aumento reciente en la inversión extranjera a gran escala en tierra y en la extracción y explotación de los recursos naturales bajo las actuales condiciones tiene implicaciones positivas para muchos países en desarrollo, permitiéndoles aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece una fuerte demanda de estos recursos en el mercado mundial (Banco Mundial, 2010 y 2011).
Por lo que respecta a las especificidades que cobra el neoextractivismo3 en los países emergentes, estas se refieren a aquellas actividades económicas que remueven grandes cantidades de recursos que no son procesados (o que lo son limitadamente) y que se destinan a la exportación. Sin embargo, esto no se limita a los minerales, gas o petróleo, sino que engloba materias primas agrarias, forestales e incluso productos pesqueros. Por ello, en la actualidad se plantea que los países de América Latina son exportadores de naturaleza.
La definición que le otorga una especificidad al neoextractivismo es la de la consolidación de un estilo de desarrollo definido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana (Gudynas, 2009).
El llamado "modelo extractivista" fue interrumpido por algunos pocos países latinoamericanos a partir de la crisis mundial de 1929 (Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay), y estos iniciaron el camino hacia la industrialización dirigida por el Estado, o industrialización por sustitución de importación (ISI). Los países restantes no lograron superar las estructuras de exportaciones primarias. Sin embargo, se debe aclarar que las exportaciones primarias, si bien perdieron dinamismo, continuaron como principales fuentes de divisas, ya que los productos manufacturados se dirigían al mercado interno y eventualmente al regional. La participación de empresas transnacionales en el mercado local se benefició también del proteccionismo imperante en el mercado local.
Para la década de los años setenta del siglo pasado, la ISI ya no se sostenía, abatida por sus límites estructurales para poder llegar a otras etapas de industrialización más sofisticadas, con lo cual se puso fin al ciclo desarrollista y la regulación del Estado. Durante los años ochenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) recomendaron a los países en desarrollo la aplicación de políticas de estabilización, primero, y ajuste estructural después.
Los programas de ajuste estructural (PAE) son la condición impuesta por el FMI y el BM a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Los PAE surgieron a comienzos de los años ochenta como respuesta a la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo. Obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington.
En efecto, desde los años setenta, y hasta el día de hoy, las economías de los países en desarrollo han estado dominadas por el enfoque neoclásico impuesto por los neoliberales, donde los operadores mundiales de tal modelo son los dos organismos financieros (FMI y BM) que sustentan el liderazgo de los Estados Unidos.
De igual manera, la teoría neoliberal se sustenta primordialmente en dos bases: primero, la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública en las actividades económicas en tanto generadora de distorsiones; segundo, la insistencia en las ventajas de una participación plena en el comercio internacional, junto con la crítica al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual muestra un claro sesgo antiexportador (Merchand, 2012).
A partir de las reformas impuestas por el consenso de Washington, se postuló que tendríamos que reaprovechar nuestras ventajas comparativas cifradas en productos cuya producción interna costara menos, así que se reivindicó por los neoliberales apostar de nuevo al modelo extractivista que nos ofrecía una mejor inserción al mercado mundial, sobre todo aprovechando un mercado más diversificado a partir de otros demandantes, como son los países asiáticos, fundamentalmente China, ávidos de invertir y comprar nuestras cotizadas materias primas.4
El Cuadro 1 refleja la importancia que tienen, sobre todo para los países sudamericanos, sus exportaciones de materias primas en el total de su producto interno bruto (PIB).
Como se ha sostenido, en las décadas de 1980 y 1990 se reafirmaron los programas de ajuste y estabilización, consistentes, entre otras cosas, en el acotamiento del papel del Estado (Merchand, 2012). Esto hizo que las empresas mineras o petroleras disfrutaran de un contexto de liberación de flujos de capital, acompañado de flexibilización o reducción de las regulaciones (laborales y ambientales, y de concesión de permisos para explotar nuestros recursos sin ninguna restricción).
En el contexto señalado aquí, el Estado mínimo concede licencias o títulos para acceder a un recurso natural que corresponde a parte de la renta que se genera a través de una red de favores políticos-empresariales, renta que incluye regalías y tributos bajos a los capitales nacionales y extranjeros que apuesten por explotar los recursos mineros, energéticos y agrícolas (Gudynas, 2009, pp. 187-225). Aquí, las empresas transnacionales tienen un rol determinante; el Estado es funcional a esa transnacionalización que dinamiza sectores con ganancias extraordinarias.
Este neoextractivismo se caracteriza por mantener e incluso profundizar la extracción minera y petrolera, sea por un aumento de los rubros clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería, como Uruguay, o países mineros que buscan nuevos rubros, como el litio en el caso de Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se expande a otros sectores, en particular el de los monocultivos de exportación, como la soja en Argentina, Brasil y Paraguay.
El Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como la petrolera venezolana PDVSA, o por medios indirectos: asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc. El empresario transnacional reaparece o cobra importancia bajo otros modos de asociación, tales como la migración o los contratos por servicios en el sector petrolero (joint-ventures) para la comercialización, como sucede en Bolivia.
Con el neoextractivismo, el Estado capta, o al menos intenta captar, mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas apelando a medidas como regalías o tributos más altos. A su vez, estos Gobiernos que apoyan y defienden estas prácticas sostienen que se permite recaudar más fondos, y que estos son utilizados en programas de lucha contra la pobreza. El hecho sustancial es que todos los Gobiernos progresistas5 defienden ese estilo, y uno de sus argumentos predilectos consiste en ligarlos a los planes contra la pobreza u otros tipos de programas en el campo de la justicia social; de esta manera ganan una legitimación social y política sustantiva.
Sin embargo, se genera un círculo vicioso, donde los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales que requerirán de futuras compensaciones. De este modo, el Estado busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales y ambientales.
El Cuadro 2 muestra la expansión del extractivismo en América del Sur.
Cuadro 2 Expansión del extractivismo en América del Sur desde inicios de los años 2000 
Este cuadro refleja ejemplos y tendencias de las inversiones llevadas a cabo por los Estados de América del Sur y, como bien lo explica Eduardo Gudynas Gudynas (2012), la minería, hidrocarburos y monocultivos han recibido grandes inversiones y se han iniciado nuevos emprendimientos en casi todos los países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y países que no eran extractivistas ahora están comenzando a serlo.
Este extractivismo también es adjetivado por Maristella Svampa Svampa (2013), quien retoma las ideas planteadas en el libro compilado por Gabriela Massuh Massuh (2012). La etiqueta empleada para este extractivismo es la de consenso de los commodities, que se define y caracteriza como el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes.
Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.
El concepto de commodities, en un sentido amplio, se entiende como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o como "productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacionales y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento" (Svampa, 2013, p. 32). Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros).
Cabe destacar que a partir de datos extraídos de Horacio Machado Machado (2012) es interesante observar cómo, a escala mundial, la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo. Por ejemplo, América Latina produce 26.2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume 2.9%; en cuanto al cobre, produce 45.1% y consume 6.1%; respecto al oro, produce 15.2% del total mundial y consume 3%.
Esta demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China,6 país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región.
Si a este consenso de los commodities se le enfoca desde el punto de vista de la lógica de acumulación, conlleva la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva (Merchand, 2013).
Estas caracterizaciones generales sobre el neoextractivismo operan con la escala de los emprendimientos, que nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales). En razón de ello, y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional.
Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional, o shale gas, con la tan cuestionada metodología del fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), en fin, constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.
Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en discurso único, el consenso de los commodities7 aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista.
Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del consenso de los commodities son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido arreglando nuevos conceptos-horizontes como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza.
Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el buen vivir), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo, y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista. Incluso, como lo menciona Gabriela Massuh  Massuh (2012) en su libro Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo, el llamado giro a la izquierda acontecido en la última década en América Latina, si por un lado incorpora un discurso marcadamente antineoliberal, por otro continúa haciendo valer un modelo primario, extractivo y exportador, al servicio del interés capitalista, y con consecuencias nefastas para la región en términos ambientales, sociales y culturales, sobre las cuales resulta urgente actuar.
La siguiente cita textual, ilustra con claridad el párrafo anterior:
Este nuevo ciclo de "mineralización" de la América Latina se extiende ya a lo largo de la vasta diversidad biológica y climática de sus territorios, y abarca también los más diversos paisajes ideológicos de los Gobiernos vigentes. Hoy por hoy, el "consenso minero" unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes: desde los Gobiernos de "derecha" (de la "moderada" y de la extrema), a los autoproclamados "progresistas" y hasta "revolucionarios"; desde aquellos que abren las puertas a la expansión del militarismo norteamericano, permiten la instalación de nuevas "bases" e impulsan los TLC con las potencias dominantes, a los que adoptan una retórica "antineoliberal", e incluso, a aquellos que modificaron sus constituciones y consagraron los "derechos de la naturaleza" y el "buen vivir". Al unísono con las grandes corporaciones del sector, los Gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla "la minería". El oficialismo prominero se ejerce instalando, día a día, a través de diferentes canales y lenguajes, el mensaje de que "sin minería no se puede vivir" (Machado, 2014, p. 12).
El común denominador de casi todos los Gobiernos latinoamericanos en términos de política económica, sean estos Estados progresistas o conservadores, es que todos se sometieron, como fue en su tiempo, al recetario hegemónico del neoliberalismo más voraz. El consenso de Washington, hoy en día, sigue persistiendo en América Latina, (re)articulado en lo que, en su ensayo, Svampa (2013) denomina consenso de los commodities, el cual responde, conforme a lo anterior, a un modelo que, igualmente integrado dentro del neoliberalismo, se sirve de la lógica extractiva sobre bienes naturales sin valor agregado, su alta rentabilidad para los actores económicos -que no para las comunidades locales-, su abundancia y su tendencia alcista tanto en los precios como en el consumo del mercado internacional.
Este llamado consenso de los commodities, también denominado por Eduardo Gudynas (2012)capitalismo benévolo, se erigiría, pues, desde un extractivismo transversal que afectaría igualmente a los recursos fósiles, a la producción de biocombustibles o al agronegocio de la soja y el maíz, llevando consigo consecuencias más que perjudiciales para la región. Algunas de ellas, aparte de una reprimarización de las economías latinoamericanas -por encima incluso de los niveles de la década de los ochenta-, serían la precarización del empleo rural, la conformación de una pérdida de soberanía alimentaria, la proliferación de prácticas de desposesión de tierra, además de elevadísimas dosis de fragmentación social y regional que, ahondando en las dinámicas socioproductivas del mercado internacional, habrían terminado por generar un escenario sumamente pernicioso para el medioambiente y los derechos humanos.
Para seguir con la tónica de Gudynas, el Estado sudamericano se ajusta al estilo de desarrollo de talante extractivista y a la vez lo reproduce. El éxito actual de los Gobiernos, y en particular sus posturas optimistas frente a la crisis, sólo son posibles en la medida en que se mantenga el flujo de exportaciones de materias primas, sus altos precios y la atracción de inversiones. La caracterización que realiza Gudynas sobre el Estado es el rasgo común de los actuales Estados latinoamericanos, sean estos conservadores o progresistas.
El Estado libera y apoya dinámicas propias de una economía capitalista, permitiendo una intensa apropiación de la naturaleza, pero, por otro lado, intenta regular e intervenir esos ámbitos mercantiles. En efecto, todos los Gobiernos proclaman que su objetivo en el área económica es lograr crecimiento, lo que sería indispensable para generar empleo, captar renta para poder financiarse, etc. Por lo tanto, este Estado liberaliza y protege dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, y se abstiene de intervenir cuando se ponen en riesgo esos procesos de acumulación. La promoción se hace con diferentes grados de apoyo y participación, que van desde cobertura jurídica hasta subsidios de diverso tipo, el aliento y protección al ingreso de inversiones, y hasta, en algunos casos, directamente el desarrollo de la actividad por medio de empresas nacionales.
Sin embargo, independiente de qué tipo de Estado se tiene (sesgo ideológico), este es un actor indispensable para asegurar las altas rentabilidades de una economía extractivista, como la minera, petrolera, forestal y de agronegocios, que tienen múltiples aspectos en común, como lo explican Norma Giarracca y Miguel Teubal:
Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial; se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan; se remiten a escalas de producción mucho mayores a las tradicionales y desplazan multiplicidad de actividades preexistentes; utilizan tecnologías de punta; se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales; desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales como al campesinado, a la agroindustria en general y a pobladores cordilleranos circundantes; significan actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad; se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas; son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales); no son esenciales para la vida de las comunidades -o del mundo en general-. Estas actividades también son generadoras de grandes deseconomías externas, no consideradas por sus promotores (Giarracca y Teubal, 2011, p. 9).
La especificidad de estas actividades extractivistas es que son impulsadas con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en estos procesos. Como bien lo señala el OMAL, los Estados han ejercido un poder fáctico que ha impulsado, tanto como ha impuesto, la adopción de normas subordinadas a los principios neoliberales: las privatizaciones, las desregulaciones y el adelgazamiento del Estado de bienestar son reglas que preparan la pista de aterrizaje de las transnacionales para que estas exploten indiscriminadamente los recursos naturales.
Explosión de conflictos socioambientales
Necesariamente, hay que citar de nuevo a Svampa (2012) porque refleja muy bien lo acontecido con la instauración del modelo neoextractivista. Como más arriba se ha sostenido, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo consenso de los commodities conlleva la ampliación de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación.
Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica, y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, que son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como áreas de sacrificio, en aras del progreso selectivo (Merchand, 2013).
En otras palabras, el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, así como violentando procesos de decisión ciudadana.
Respecto a lo que se debe de entender por conflictos socioambientales, y estando al tono con lo explicado por Svampa (2008), los conflictos socioambientales son aquellos que están sujetados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, lo que supone, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. En la prevención en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan de este modo fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias.
Sin embargo, es necesario encuadrar estos conflictos por la disputa de los recursos naturales en un marco conceptual que permita explicar las causas de dichos conflictos. Gian Carlo Delgado Gian Carlo Delgado (2013), en la parte introductoria del libro Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental, presenta una semblanza de cómo dio origen al enfoque teórico de la ecología política, y sus aportes para estudiar el objeto de estudio.
Gian Carlo Delgado Delgado (2013) comenta que la ecología política, como campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas, ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos y que da cuenta de la importancia que tienen en los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sistemas de poder, la influencia y la subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas, en todas las escalas temporales y espaciales.
Gian Carlo Delgado agrega que el concepto como tal, de acuerdo a Robbins,8 fue probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Wolf en su trabajo "Ownership and Political Ecology", en el que se introdujeron una serie de trabajos propios de la antropología y la ecología cultural para la zona andina, y en los que para Wolf se discuten transversalmente dos elementos clave: por un lado, el tema del acceso de cara a la propiedad de los recursos; y, por el otro lado, el de las dinámicas de la gestión de los territorios con visión de largo plazo, y de innegable naturaleza colectiva de frente a la propiedad privada de acciones individuales y a la gestión cortoplacista.
Después, se tienen estudios más contemporáneos y acotados sobre el desarrollo extractivista y sus consecuencias sociales, económicas, y ecológicas. Destacan los trabajos de Martínez-Alier (1991 y 2003), Martínez-Alier y Jusmet (2001), Escobar (2010 y 2011), Toledo (1980, 1990, 1996 y 2003), Leff (1986 y 2006), y, por supuesto, los trabajos de Alimonda (2002 y 2006) y Quijano (1992, 2004 y 2007). Hay otros estudios más, pero estos son los que aportaron originariamente al debate ecológico-político, como sostiene Delgado (2013). Si bien estos textos no necesariamente son típicos de la diversidad y complejidad de la ecología política de los recursos naturales del continente, son, sin lugar a dudas, contribuyentes apreciables al debate actual.
El Cuadro 3 indica algunos casos que registran los conflictos ambientales en América Latina. Por la cantidad de estos conflictos no hay espacio para hablar de su problemática específica; simplemente se enumeran por subsector.
Por supuesto que este cuadro es una aproximación de los casos de explotación de recursos naturales y los conflictos que se provocan. Por ejemplo, se reporta en 2016 que "el Gobierno boliviano acaba de conceder a la empresa china Sinosteel la construcción de una planta para procesar el hierro del Mutún, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica, cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Con ello, Bolivia comenzará su propia industria siderúrgica, una constante aspiración del presidente Evo Morales. La operación costará algo menos de USD 400 000 000 y confirma el predominio de Bolivia de los proveedores y socios de China" (Molina, 2016).
Este cuadro refleja los conflictos socioambientales y cómo estos se han convertido, de manera creciente, en denominador común de planes y políticas de desarrollo y conservación en América Latina.9 Las tendencias y proyecciones para el corto y mediano plazo indican que estos conflictos irán en sostenido aumento, tomando en consideración el uso exponencial al cual están sometidos los recursos naturales en la región, así como a escala planetaria. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran a una gran diversidad de actores en disputa por el uso de los mencionados recursos, donde se ven confrontados actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Si bien los conflictos socioambientales pueden potencialmente causar un deterioro irreparable de los recursos naturales, así como sobre las relaciones entre instituciones, empresas y grupos sociales, pueden también potenciar procesos de transformación.
La intensificación de la extracción de los recursos naturales en las últimas décadas ha ampliado las fronteras donde las empresas transnacionales explotan minerales, hidrocarburos, bosques, ríos, etc., ocasionando crecientes conflictos socioambientales. Un caso representativo de los conflictos entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad y el uso del territorio es lo ocurrido en la provincia de Condorcanqui, en la cordillera del Cóndor, cerca la frontera de Perú con Ecuador. En esta zona, Minera Afrodita, subsidiaria de la compañía canadiense Dorato Resources, obtuvo unas 5 100 ha de concesión para la exploración minera con miras a extraer oro, cobre y uranio. Los pueblos awajum y wampis, ancestralmente asentados en esta zona, se han opuesto sistemáticamente y por diversas vías a las actividades mineras, pues consideran que contaminarán con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón y alterarán el ecosistema en su conjunto. El malestar provocado por el avance de la minería, pese a las reiteradas solicitudes de las organizaciones indígenas sustentando su oposición, llevó a que los nativos awajum retuvieran a cinco trabajadores de la empresa para exigir al Estado que intervenga y regule las actividades contaminantes en una zona que ya había sido considerada reserva ecológica (Durand, 2011).
Sin embargo, acorde con la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)10 y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL), se registraban -hasta 2013- un total de doscientos cuatro conflictos en diecinueve países de la región (seis de ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectaban a doscientas noventa y siete comunidades. En el mapa de la base de datos señalada se observa el número de conflictos mineros (ver, también: Hazin -2013-). La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el OCMAL. Entre los grandes países de la región, los mencionados son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.
Cabe aquí hacerse los planteamientos de Massuh (2012), quien dice que violencia, despojo y capitalismo contienen aquí, con toda su crudeza, su referencia primigenia. Ahora bien, ¿todo proceso de desarrollo supone esta tríada? ¿La modernidad es apenas esto? ¿Nos referimos a fenómenos semejantes cuando describimos el capital, la modernidad y el desarrollo?
Lo cierto es que, en el caso de conflictos provocados por el extractivismo, se genera una perspectiva que plantea la importancia de los dirigentes comunitarios para la resistencia. Por ello, se han descrito casos de muertes y asesinatos a líderes locales y de movimientos por la defensa de los territorios y los recursos naturales. En otras palabras, el escenario descrito da cuenta del avance de un modelo neoliberal de mercado que en Latinoamérica significó la instalación de un neoextractivismo actual, sustentado en un colonialismo interno y transnacionalizado que ha propiciado la emergencia de conflictos.
Como sostienen Correa y Rodríguez (2005), hoy más que nunca los conflictos socioambientales son una parte central de los procesos de desarrollo y de rearticulación de América Latina en las agendas globales, así como de la práctica de políticas públicas y de la gestión y administración del territorio y los recursos naturales. Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes, destacan los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y ordenación de zonas urbano-rurales, el acceso a la tierra, la posesión de territorios tradicionales, y el manejo de recursos pesqueros. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. La raíz común de la mayor parte de estos conflictos es el incremento de la competencia por el acceso y uso de los recursos naturales en nuestra región y en el mundo en general.
Regresando de nuevo al argumento central del trabajo, según lo explicado por Composto y Navarro (2011), desde su génesis, la historia del capitalismo ha estado atravesada por el ejercicio permanente del despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida. Efectivamente, el capitalismo es un sistema global que responde a una dinámica de expansión constante, tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único principio rector: la acumulación incesante (Wallerstein, 2008). Para ello, necesita separar a los hombres de sus medios de producción y reproducción de la vida, a fin de convertirlos en fuerza de trabajo "libre" -desposeída- y susceptible de ser explotada.
En otras palabras, necesita transformar a la naturaleza en un mero medio de producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada). La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen neoextractivista.
De modo que la violencia y el despojo son los pilares fundacionales del andamiaje capitalista, pero de ninguna manera pueden reducirse a un conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital hasta nuestros días. En definitiva, los procesos de desposesión son constitutivos e intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital, o en otras palabras, representan la contracara necesaria de la reproducción ampliada. Si esta última se presenta como un proceso principalmente económico, que cobra preeminencia durante los periodos de estabilidad y crecimiento sostenido, el despojo se expresa generalmente en procesos extraeconómicos de tipo predatorio y toma las riendas en momentos de crisis, a modo de solución espacio-temporal o huida hacia adelante.
También habría que agregar otra forma de análisis, la que expone Machado (2009, 2010 y 2012): los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que lo que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales.
Conclusiones
Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.
Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y extranjera. Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas", no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.
Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan por que se les restituya lo que les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socavan y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.
Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla.
Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina, África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales.
También es a través del comercio internacional de materias primas que existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México, que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como gasolina o gas.
El sistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las poblaciones locales (a menudo indígenas).
La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha consistido el imperialismo extractivo.
La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.
Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.
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1Los commodities son un grupo específico de bienes que se comercializa mayoritariamente en el mercado internacional y que posee la característica particular de que los productos comerciados no se encuentran diferenciados entre sí (se los denomina, vulgarmente, "genéricos"). Por tal motivo, los precios pueden fijarse de forma transparente y ex ante en mercados específicos de alcance global.
2Se puede definir a la deuda ecológica como "aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados hacia las naciones del tercer mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados" (Schatan, 1998, p. 18).
3El neoextractivismo está asociado a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los Gobiernos al poder de empresas multinacionales. Es un callejón del que es difícil escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa, pero la crisis de la deuda de los años ochenta permitió imponer el régimen neoliberal, y el extractivismo regresó con ánimos de venganza.
4Países asiáticos, y en especial China, se han convertido en compradores voraces de recursos naturales. Por ejemplo, el consumo chino de cobre fue de menos de 1 000 000 t en 1990, saltando a más de 6 000 000 en 2007, para lo cual debió importar más de 4 500 000 t. Cabe señalar que la extraordinaria expansión económica de China desde la década de 1990 se vio reforzada a partir de 2000 por los procesos de crecimiento de la India y otras economías emergentes. La demanda de hierro, cobre y aluminio, entre otros minerales de exportación, está asociada al crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la manufactura (que requieren acero, conductores eléctricos y metales industriales, entre otros); estos sectores presentaron una rápida expansión en el marco del proceso de aceleración del desarrollo económico que han experimentado las grandes economías asiáticas. La rapidez del crecimiento económico de estas economías también ha contribuido a impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros bienes primarios (UNASUR, 2013; Guydnas, 2012).
5A partir de la década de los 2000, gobiernos progresistas y de la llamada nueva izquierda accedieron al Gobierno en países de América como: Argentina (Néstor y Cristina Kirchner); Bolivia (Evo Morales); Brasil (Lula da Silva y Dilma Rouseff); Ecuador (Rafael Correa); Venezuela (Hugo Chávez, y hoy Nicolás Maduro); Chile (durante la etapa de Michelle Bachelet, y que puede repetirse con el nuevo mandato); Paraguay (Lugo); Perú (Ollanta Humala); y Uruguay (Tabaré Vázquez y José Mujica).
6En la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. "Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55.7% de las exportaciones totales de la región al país oriental" (Merchand, 2013, p. 12).
7"Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los recursos, a partir de la constitución de naciones latinoamericanas independientes fue, y sigue siendo, la contradicción principal entre capital y trabajo y el comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación de los recursos. Es así que las naciones latinoamericanas se configuraron a lo largo de su historia como uno de los principales dadores de commodities al mundo industrializado. Recursos energéticos, biodiversidad y minería constituyen entonces los componentes fundamentales en la historia del desarrollo latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities" (Galafassi, 2012, s/p).
8Citado por Delgado (2013).
9Sólo en Perú, los conflictos socioambientales habían aumentado de veintitrés, en 2007, a ciento cuarenta y nueve, en septiembre de 2012; es decir, representaban más del 60% del total (Sanborn y Dammert, 2013).
10Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN). Para más información, ver: http://www.avina.net/esp/10427/incontext-32/#sthash.rQiTI0fa.dpufhttp://ocrn.info/
Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016

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