martes, 23 de abril de 2019

Veamos qué economía el gobierno de Macri profundiza respecto a la gestionada por CFK.

Es la centrada en dar prevalencia a
la consolidación de los extractivismos.


Restrinjámonos al sistema de los agronegocios

 

La “sintonía fina” del modelo sojero
Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y
la nueva oligarquía agroindustrial
 15 de enero de 2013

 

Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza
Grupo de Reflexión Rural


Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.
En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.
Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.
Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.
La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.
Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado
En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].
Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  
Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.
En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.
Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio
El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.
Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  
Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.
Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].
Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11], también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.
Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.
Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].
A modo de conclusión
El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.
Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996, a través de Felipe Solá, de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.
El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).
La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.
Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.
Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.
La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.
Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.
Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  
"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].
Referencias:
[1] Datos extraídos del documento “Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010- 2020”, disponible en la web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: http://64.76.123.202/site/areas/PEA2/24-Argentina%20Lider%20Agroalimentario/index.php
[2] Un abordaje crítico de los “Objetivos del Milenio” (ODM) con el que coincidimos es el que expresó Eric Toussaint durante su ponencia del 20/09/2010 ante las Naciones Unidas: http://cadtm.org/Ponencia-de-Eric-Toussaint-ante
[3] Ver en página oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología: http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=856
[5] Ver Página 12, sección “Economía”, correspondiente a la edición del 29/02/2012:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-188569-2012-02-29.html
[6] El documento oficial se encuentra en la web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: http://www.agencia.gov.ar/IMG/pdf/PAE_financiados_web.pdf
[7] Los próximos lanzamientos comerciales de esta joint-venture pueden verse en http://www.verdeca.com/technologies
[8] Un parte de prensa oficial del Ministerio de Industria señala en dicha reunión participaron representantes de : “The Aes Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Barrick Gold Corporation, Bridas, Brightstar, CA Technologies, Cargill, Chevron, Citi, Conoco Philips, Corporación América, Credit Suisse, Directv, Dow Chemical, Eton Park, Exxon Mobil y Fintech. También hubo representantes de Ford, Fox, GE Latin America, General Motors, HSBC, IBM, Integra Investment, Intel, J.P.Morgan, JBS Friboi, Johnson & Johnson, Kroll, LAIG, Lazard Asset Management, Mattos Filho, Microsoft, Monsanto y NEC. Completan la nómina de participantes NYSE Euronext, Pfizer, Pluspetrol, Procter & Gamble, Riverwood Capital y Wal-Mart”. La información oficial se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Industria: http://www.industria.gob.ar/encuentro-de-la-presidenta-en-nueva-york-con-empresarios-confirma-planes-de-inversiones-en-la-argentina/ y en http://www.industria.gob.ar/giorgi-en-el-consejo-de-las-americas/
[9] El documento oficial de la resolución oficial por la que se otorga licencia comercial a la nueva soja de Monsanto, está disponible en la página oficial del Ministerio de Agricultura: http://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/55-OGM_COMERCIALES/_archivos/RES_446_2012.pdf
[10] En relación a los vínculos existentes entre el poder económico de David Rockefeller y el gobierno argentino, el periodista y ex diputado nacional Miguel Bonasso ha publicado recientemente un artículo denominado “El discreto encanto de Rockefeller”, en donde se devela la trama de negocios detrás de la “nacionalización” de YPF: http://bonasso-elmal.blogspot.com.ar/2012/12/el-discreto-encanto-de-rockefeller.html
[12] Información disponible en la web oficial del Consejo de las Américas: http://www.as-coa.org/about/chairmans-international-advisory-council
[13] Un informe detallado sobre la masacre de Curugaty fue elaborado por Javiera Rulli y Reto Sonderegger (GRR):http://www.pararelmundo.com/noticias/semana-tragica-paraguay/
[14] O’Donnell, Santiago (2011). “Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina , de la A a la Z ”. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
[15] Kusch, Rodolfo (1975) “La negación en el pensamiento popular”. Ed. Cimarrón, Buenos Aires, Argentina.

 
Consideremos cómo, también, otro gobierno progresista -pero exitoso- no ejecutó la ruptura con el neoliberalismo por estar aportando al desarrollo del sistema mundo capitalista:
 

 

El modelo de economía plural corrupta, y de retorno al neoliberalismo

20 de febrero de 2019
Un modelo de economía sombrío. En los casi 14 años de duración de su régimen, Evo Morales y su equipo de cúpula han terminado imponiendo todo un modelo de economía plural corrupta de rasgos nítidos. Se trata de un modelo radical y crudamente rentista, extractivista y ambientalmente devastador que persiste en reproducir la dependencia de la economía boliviana, desde que ella empezó a configurarse históricamente, de las rentas producidas por el saqueo inclemente y depredador de los recursos naturales renovables y no renovables del país.
 
Por  Ricardo Calla Ortega* / opinión

Y es un modelo, a luces vistas y por demás comprobadas, crecientemente marcado por la metástasis vertiginosa del tráfico de cocaína,  contrabando, las coimas,  desvíos irregulares de dineros públicos a cuentas privadas y  contratos y contrataciones irregulares y malsanos de todo tipo. Esa metástasis se  expande peligrosamente a lo largo y ancho del territorio del país y en múltiples y diversos niveles y ámbitos de los sectores públicos y privados de la economía.
El modelo es radicalmente improductivo y antiproductivo por su crudo carácter rentista, y de nula agregación de valor y nula generación de empleo. El modelo, además, opera a través del encubrimiento sostenido tanto del desempleo como de la severa carencia de empleo productivo en el país a través de la incesante ampliación de la informalidad, del comercio de menudeo y de la masa ingente de transportistas que se agolpan en las urbes o se dedican al trasiego del transporte interprovincial.
Visto desde una perspectiva sistémica, se trata de un modelo estructuralmente asentado en la combinación, por un lado, de las inversiones y el despilfarro de recursos públicos de un sector capitalista de Estado extractivo -principalmente gasífero- ineficiente y al borde del estancamiento y, por el otro, de la inversión capitalista transnacional también extractiva y en infraestructura, principalmente china, coreana, japonesa y/o de financiamiento de banca multilateral.
Al modelo se suman el agrandamiento constante y sostenidamente expansivo -de funestos impactos de deforestación en la Amazonia, los llanos y los chacos- de la empresa capitalista agroindustrial y ganadera en las tierras bajas del país, la lubricación de un endeudamiento externo galopante orientado principalmente al tendido de infraestructuras de transporte, y la promoción desembozada por parte del régimen de un sector financiero bancario favorecido como pocas veces antes en la historia boliviana con ganancias superlativas y ventajas regulatorias inigualables.
Con su modelo, el MAS ha dado marcha a todo un proceso de retorno paulatino, evidente y sombrío -por sus implicaciones de futuro- al neoliberalismo puesto en jaque en 2003 por un país movilizado que pasó entre 2004 y 2005 a imponer, como es por demás recordado, una nacionalización de los ingresos del gas por la vía de la creación del Impuesto Directo de los Hidrocarburos.
Esa  medida, que sólo sirvió en rigor para ser aprovechada políticamente para su cartera de sobornos y clientelismo por el régimen del MAS tras su llegada al poder en 2006, pasó apenas se instaló el MAS en el gobierno a ser económicamente dañada y tan crudamente mal administrada que ahora la producción de gas en el país se muestra estancada y envuelta en un proceso ya evidente de pérdida de mercados y oportunidades tanto en Brasil como en  Argentina.
El estancamiento de la producción gasífera en el país ha llegado al punto de hacerse ya tan evidente que el MAS, para salir de la crítica situación que ha provocado en el sector, ha pasado a dar alas renovadas a las transnacionales petroleras y mineras afincadas -o interesadas en afincarse- en el país con nuevos favorecimientos regulatorios, de ingresos y contractuales.
Un extremo saliente del retorno paulatino al orden neoliberal iniciado por el MAS parece haberse alcanzado muy recientemente con la puesta en marcha de una gigante operación de  Inversión Extranjera Directa -de claro cuño transnacionalizador capitalista- principalmente desde  China para la explotación del litio en los salares de Uyuni y, ahora, de Pastos Grandes.
Así, cancelando toda idea y propósito de una producción del litio boliviano “100% estatal” como fue demagógica e ineficientemente postulado por el régimen del MAS durante su primera década de desgobierno e ineficacia -hasta hoy la producción masiva de litio en el sudoeste potosino sigue pareciendo una quimera que se posterga año tras año-, ahora, ante la gravedad de la crisis de producción gasífera que empieza a atenazar la economía del país, el régimen anuncia haber decidido hacer unos contratos con  China para el litio bajo la modalidad de un 51% de control mayoritario ficcional para Bolivia y  49% para las transnacionales chinas.
Se ha llegado así en Bolivia a una vuelta en círculo al pasado empeorado ya que las condiciones para la entrega del litio al capitalismo transnacional chino por parte del MAS son aún más onerosas que la entrega pretendida del litio a favor de la LITHCO a inicios de los 90 y que fue rechazada por el país. ¿Se necesita alguna otra prueba de que la gran revuelta antineoliberal de 2003 en Bolivia no ha quedado desfondada en la trama corrupta de un modelo de economía ya abiertamente entreguista? ¿Se necesita alguna otra constatación de que el MAS, como todo gobierno rentista previo, ha optado por la subasta de los principales recursos naturales no renovables del país a la rapacidad del capitalismo transnacional?
* sociólogo

 
Subrayemos "La década extractiva" Leer de los gobiernos K-PJ se fundamentaron en lo establecido por los dos de Menem-PJ y se consolida con el de Macri. Son los que garantizaron la construcción de un Estado acorde con esas políticas criminales de las transnacionales y sus socios locales. Verifiquemos porqué "criminales":
 


Los costos silenciados del agronegocio

 
15 abril 2019
Por Darío Aranda    
El agua que consume la población de Pergamino contiene 18 agrotóxicos. Los estudios se desprenden de una causa ante la justicia federal. El juez prohibió fumigar a menos de 600 metros de las casas.
El agua que consume parte de la población de Pergamino está contaminada con 18 agrotóxicos y dos niños, hijos de la denunciante, contienen el herbicida glifosato en sangre. Son estudios que se desprenden de la causa judicial de tribunales federales, que prohibió fumigar a menos de 600 metros de las viviendas e investiga la responsabilidad penal de los empresarios del agro y de funcionarios municipales. La decisión judicial se da en el marco de los dichos del presidente Macri, que acusó de "irresponsable" a un fallo judicial que protegió a los niños de escuelas rurales de Entre Ríos. Madres de Pueblos Fumigados y la Asamblea de Vecinos afirman que el problema no es un químico sino "un modelo que enferma y mata".
Pergamino está ubicada en plena Pampa Húmeda, de la zonas más codiciadas del agronegocio. Allí están presentes todas las empresas del modelo transgénico, incluida Monsanto-Bayer. Desde hace más de una década que los vecinos denuncian el efecto de las fumigaciones con agrotóxicos, pero ningún gobierno municipal atendió los reclamos.
Sabrina Ortiz es mamá de Ciro y Fiama. Ambos tienen glifosato en el cuerpo. Junto con su esposo Sergio construyeron su casa en el barrio Villa Alicia, en el margen urbano de Pergamino. Allí conocieron de fumigaciones aéreas y terrestres del campo vecino. Desde 2011 denuncian el impacto de los agrotóxicos. Primero desde la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente y luego desde la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino.
Mientras los vecinos pedían alejar las fumigaciones a más de 1000 metros de las viviendas, el Municipio desoyó los reclamos y, en sintonía con los empresarios del agro, fijó sólo 100 metros de protección.
Sabrina también está afectada por los químicos. Tiene en su cuerpo glifosato y el insecticida lambdacialotrina (producido por la empresa Syngenta, entre otras). Se recibió de abogada en 2018, carrera que comenzó a partir de las injusticias que padecía del poder político y del mismo Poder Judicial. En octubre pasado, la médica de sus hijos le recomendó mudarse, alejarse de las fumigaciones. Sabrina y Sergio decidieron dejar su hogar e iniciaron una demanda judicial, junto con la ONG Naturaleza de Derechos.
La causa recayó en el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, que el 3 de abril prohibió que se fumigue a menos de 600 metros de las viviendas. Entre las medidas de prueba que destacó un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce). Con la firma de la investigadora Virginia Aparicio, el INTA confirmó que el agua que se utiliza para consumo domiciliario contiene hasta 18 agrotóxicos: glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros. Los barrios afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.
"Se pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran estar", denunció Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, y recordó que empresas del agronegocio y medios de comunicación publicitan esos productos como "biodegradables". El estudio del INTA también determinó la presencia de 19 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.
Un extenso informe, titulado "el agua sin agrotóxicos es un derecho humano", de las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y Naturaleza de Derechos alertó que el 44 por ciento de los químicos encontrados son considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento son disruptores endocrinos (alteran el equilibrio hormonal). También denunciaron un hecho insólito: la legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1000 mayor que la legislación de Europa. Mientras que en Alemania, Suiza o Italia el límite máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se "permite" hasta 100 microgramos. "Para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua", afirmaron las organizaciones en la causa judicial.
El intendente Javier Martínez (alianza Cambiemos) y su jefe de gabinete, Carlos Pérez, hablaron con los medios locales y dijeron que el agua de Pergamino es "apta para consumo humano" y que están "tranquilos" porque no hay glifosato en agua. Citaron supuestos estudios científicos, pero no los entregaron a la prensa ni a los vecinos. Incluso Martínez retrucó a la víctimas de las fumigaciones al afirmar que él toma agua de la canilla.
El Municipio intentó ser querellante en la causa (forma de introducirse en la causa y reclamar medidas), pero el juez Villafuerte Ruzo lo rechazó. Es que el tribunal aún debe resolver la cuestión de fondo de la denuncia: determinar la responsabilidad penal de los propietarios del campo y de los funcionarios municipales. Las Madres de Pueblos Fumigados explicaron que tanto el actual intendente, Javier Martínez, como los anteriores (Omar Pacini y Héctor "Cachi" Gutiérrez --UCR--) nunca tomaron medidas para proteger a las víctimas de los agrotóxicos.
"Las madres nunca fuimos recibidas por el intendente Martínez, ni siquiera cuando hicimos públicos los análisis de mis hijos, que tienen cien veces más agrotóxicos de lo que toleran sus cuerpos. El Intendente nos cerró la puerta en la cara. Tiene desprecio por la gente y sobre todo por los chicos, que sufren, que se les desprenden sus pieles por los químicos, que se les dificulta respirar", denunció Sabrina Ortiz. Detalló que la secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, tampoco las recibió ni atendió los reclamos de los vecinos.
En las ciudades de la Pampa Húmeda, donde el agronegocio impone funcionarios y políticas públicas, es muy difícil expresar críticas a los agrotóxicos. Y el hacerlo tiene sus costos. A Sabrina Ortiz y su familia la amenazaron, le mataron el perro, le arrojaron bidones de glifosato en el patio de su casa (en señal de intimidación) y la llamaron "loca".
La Asamblea para la protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente fue uno de los espacios pioneros, dentro de la Pampa Húmeda bonaerense, en denunciar los efectos de las fumigaciones. Ante el reciente falló, la Asamblea emitió un comunicado titulado "El Estado es responsable, reclamamos medidas urgentes" . Exigieron que se declare la emergencia sanitaria en todo el partido de Pergamino en cuanto al consumo de agua de red y de pozo, y se garantice a toda la población el acceso al agua potable y de calidad.
Tanto desde la Asamblea, como desde Madres de Pueblos Fumigados y Naturaleza de Derechos, destacan que no se trata de un agrotóxico ni del "mal uso" (como argumentan los empresarios del agronegocio) sino de un modelo de producción en base a transgénicos y uso masivo de venenos. "La presencia de agrotóxicos no se limita al agua, al suelo, al aire y a los alimentos. Un alto porcentaje de personas que habitan el partido de Pergamino llevan agroquímicos en su sangre", afirmaron.
 
Cuestionemos la democracia burguesa, su legislación y su modelación de un amplio consenso. E involucrémonos en los despertares de los pueblos de las "zonas de sacrificio" y de la adolescencia, juventud:
 

“El agronegocio no contempla ningún derecho social ni bienestar ambiental y aún así es una actividad lícita”

 

Charla con Damián Marino, investigador del Conicet y la UNLP, autor del estudio que reveló que Urdinarrain es la localidad con mayor concentración de glifosato en el mundo
En cada inicio de clases, mientras dicta las materias Química Ambiental e Introducción a las Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Damián Marino suele interpelar a sus alumnos con la misma pregunta: “¿Qué es calidad de vida para ustedes?”.
“Nos han impuesto que un determinado auto, casa, televisor o demás cuestiones materiales determinan una buena la calidad de vida. En este mundo todo es ya, todo es ahora, todo es efímero”, responde desde una de las oficinas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), su búnker dentro de la universidad platense.
Desde hace más de 10 años, Marino expone estudios sobre los efectos secundarios de los agroquímicos. No cree en las llamadas “buenas prácticas agrícolas” ni en “el progreso” que -a través de éstas- suelen prometer las multinacionales. Según él, son conceptos para justificar la explotación intensiva sobre la naturaleza y el uso de productos tóxicos que ponen en riesgo la salud. En otras palabras, el llamado agronegocio, “una estructura comercial que no contempla ningún derecho social ni bienestar del medio ambiente y aún así es una actividad lícita”.
Además de la docencia, Damián también integra las filas del CONICET y es referente del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA). Todos los años, su agenda cuenta con viajes a distintas ciudades y pueblos del interior, donde impulsa investigaciones ambientales y brinda conferencias sobre el tema para concienciar.
“Hablamos de un negocio de la más baja calaña impulsado por las más grandes multinacionales, que recaudan millones y millones de dólares, y son capaces de presionar al gobierno de cualquier país”.
Producto de una de esas excursiones, junto a su equipo logró poner en evidencia el monstruoso impacto que el negocio agrícola dominante tiene en el país, donde se vierten unas 240.000 toneladas de glifosato al año. A través de un monitoreo llevado a cabo en Entre Ríos, revelaron que Urdinarrain es la localidad del mundo con mayor acumulación de este herbicida, declarado “probablemente cancerígeno” en 2015 por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CICR, en francés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Sabiendo que era un punto estratégico del modelo agricultor, comparamos los resultados de las muestras y, luego de compararlas con informes internacionales, detectamos que los niveles de herbicida de Urdinarrain eran los más altos de todos”, cuenta Marino, que supo compartir investigaciones con Andrés Carrasco (1946-2014), el célebre médico argentino que desafió a la comunidad científica y al establishment político-empresarial al denunciar los efectos nocivos del uso de glifosato en cultivos transgénicos cuando nadie lo hacía.
Pero la gravedad del hallazgo es mucho más compleja de lo que parece. Urdinarrain no se trata de un caso aislado, sino el mayor exponente de lo que pasa en otras partes del país. “Si el trabajo se hacía en cualquier otro pueblo fumigado, el resultado hubiera sido muy parecido, porque no se trata del lugar sino del modelo de producción”, dice Marino.
En total, se constató el estado de quince campos de la localidad para evaluar el nivel de impacto de las fumigaciones. Fue así que, ni bien los resultados indicaron que había restos químicos de hacía por lo menos seis años atrás, comprobaron lo que sospechaban: las moléculas del herbicida no eran biodegradables como juraban desde la industria química, sino pseudo-persistentes.
“Esto quiere decir que las concentraciones en los suelos no son recientes sino históricas. No provienen del último mes sino de los últimos años”.
En la actualidad, ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Así lo afirmó una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata que también lideró Marino. Se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”.
A nivel nacional la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares. En los pueblos rurales en cambio, un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50% más que en el resto del país.
Retrospectiva personal
Oriundo de San Nicolás, Damián Marino creció en una casa donde la política se respiraba de manera intensa. En su formación, mucho tuvo que ver su padre, quien fue un referente gremial muy importante de la ciudad bonaerense allá por la década de los ochenta.
“Yo de chico jugaba en la CGT, y acompañaba a mi papá a realizar pintadas por la calle. Él tuvo que dejar el sindicalismo luego de que amenazaran de muerte a la familia. Aunque eso no era luchar contra los plaguicidas, me enseñó a vivir en un contexto de lucha permanente”, recuerda.
 
Esa crianza fue una semilla, el primer paso que ayudó a formar su espíritu combativo. El segundo, y más trascendental, se produjo en su querida Universidad de La Plata. Fue una tarde, hace muchos años, que una mujer de un barrio periférico se le acercó y le pidió que la ayudara porque el terreno donde sus hijos jugaban al fútbol, de la noche a la mañana, había sido fumigado para destinarlo a una siembra de soja.
“En ese momento mi respuesta fue la más estúpida. Es decir, la ortodoxa. Como la mujer tenía una botella de agua con la que había logrado tomar una muestra de la sustancia de la fumigación, le dije que necesitaba mandar un correo al laboratorio y que de ahí le iban a dar un presupuesto para hacer los análisis”.
Entonces, mientras la señora, que cargaba un bebé en sus manos, lo escuchaba perdida ante los pasos burocráticos, llegó el clic en Damián: “Me dije internamente ‘soy un estúpido’. Ahí fue que le pedí la botella e hice el análisis en el laboratorio. A los 10 minutos volví y le conté que era una mezcla de glifosato y clorimuron. Me lo voy acordar por el resto de mi vida. Ahí entendí la importancia de la voluntad, la decisión y el rol que uno tiene que cumplir en el marco de una universidad pública”.
Ese caso, tiempo después, sería utilizado como prueba para la conformación de una ordenanza sobre la regulación de las fumigaciones en las afueras de La Plata.
 
Cambio de paradigma
 
“Vos hoy tenés tres grandes negocios internacionales: agricultura, minería y farmacéuticas. Eso domina el mundo y son las bases de los grandes volúmenes comerciales. Mantienen un discurso en el que se venden como mejora necesaria para la calidad de vida de la población, pero en realidad es para sostener guerras, economías subdesarrolladas y mercados cautivos”, manifiesta Marino.
 
La fumigación de los pueblos agrícolas es una modalidad que se fue insertando a gran escala en Argentina hace ya más de dos décadas. Precisamente en 1996, año en el que Felipe Solá, como secretario de Agricultura durante la segunda presidencia de Cárlos Menem, firmó la autorización de la soja transgénica resistente al glifosato, impulsada por la multinacional norteamericana Monsanto, con la idea de “revolucionar el campo”. Bajo el manto de ese discurso, junto a las promesas de mejorar las economías regionales, fue que los grandes terratenientes y las principales agroquímicas dieron inicio a un salvajismo ambiental en todas las regiones rurales como Urdinarrain.
 
De acuerdo a La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en los pueblos donde se practica la agroindustria una de cada tres personas muere de cáncer, mientras que en el resto del país es una cada cinco. Es decir, entre un 40 y 50 por ciento más de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Urdinarrain no es la excepción. De hecho, a principios de 2017 se constataron la presencia de unos 200 casos de tumores diagnosticados. Sus habitantes, sin embargo, ahora no parecen dispuestos a callar.
 
Lejos de aumentar los problemas, el estudio sobre el glifosato logró que esta localidad entrerriana de 12 mil habitantes rompa con sus propias cadenas. Además de convocar a grandes protestas contra las fumigaciones, hizo que la protección del medio ambiente calara hondo en una parte importante de los vecinos.
 
“Enfrente hay todo un negocio fenomenal que recaudan millones y millones de dólares por año, que es capaz de presionar a cualquier gobierno y que acude al marketing para maquillar las salvajadas que comete, pero en Urdinarrain hubo un antes y un después porque se destapó una olla a presión. Se produjo un revuelo social altísimo que llevó a la gente a organizarse y capacitarse, realizar charlas y exigirle mejoras al Municipio”, subraya.
Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la cuestión ambiental ya no ocupa un espacio secundario en las luchas sociales y para el biólogo, este “despertar” responde a un denominador común: los jóvenes. A diferencia de los de su generación, dice, los actuales cuentan con una libertad de expresión que antes no se contemplaba y no dudan en cuestionar mandatos preestablecidos.
“Estamos un contexto en donde las universidades ya no se ven  sólo como un lugar para ‘convertirte en alguien’, sino que son un espacio de transformación con luchas muy presentes”.
Un paradigma de esta transformación, hoy también se manifiesta en el crecimiento de la agroecología, la alternativa más firme a la agricultura industrial e intensiva. “Es una práctica sustentable que genera ganancias respetando los ciclos de los bienes naturales”.
La rotación de cultivos, el nulo uso de sustancias fitosanitarias y la producción de alimentos naturales son sus principales características. Además, a diferencia del de las grandes multinacionales o productores rurales, la agroecología prioriza las huertas comunitarias y familiares, así como también el trato directo con los consumidores. Para Marino, el mensaje es claro: “El cambio debe producirse de abajo hacia arriba. Caso contrario, todo seguirá igual o peor”.
foroambiental.net

  
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