martes, 23 de abril de 2019

Advirtamos qué Estado se ha constituido para garantizar la criminalidad de lesa humanidad e impunidad de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

Descubriremos cómo desde la creación
del Ministerio de Seguridad, por CFK en 2010, se fortificó el Estado para 
la defensa de la expoliación oligopólica.
Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner lo crea como única respuesta a la toma del Parque Indoamericano por los sin techo que deciden concretarla después de no haber conseguido solución estatal a su derecho de vivienda con origen en su expulsión o marginación social por el capitalismo.
También hizo al Estado y a la organización paraestatal que disciplinaran para el despliegue de:

Políticas laborales y

precariedad bajo el kirchnerismo

24 de junio de 2015

 

Desde el gobierno nacional se presenta la política laboral aplicada durante la última década como una reversión de la flexibilización y precarización. Sin embargo, el análisis a fondo desmiente este planteo.
Por Esteban Mercatante
@EMercatante
En el balance que el propio kirchnerismo hace de estos doce años de gobierno, las políticas laborales ocupan un lugar destacado. El aumento del salario mínimo, la revitalización de las negociaciones colectivas son piezas centrales. En este balance positivo el gobierno incluye también la sanción de más de 50 leyes laborales desde 2003 hasta acá, como informaba el ministro de Trabajo Carlos Tomada en una reciente entrevista.
Reformas laborales que reafirmaron la precariedad
En los balances de la década y pico del kirchnerismo, es muy común que se busque hacer pasar la parte por el todo. Así ocurre también con la manera en que se presentan las reformas laborales de la década, como una reversión de la avanzada contra los derechos de los trabajadores ocurrida durante la década del noventa.
Pero si bien la nueva normativa modificó los aspectos relativos al derecho colectivo del trabajo, tendió a convalidar los mecanismos previamente establecidos en lo referente a los principales aspectos que constituyen la flexibilización laboral.
En el número 20 de la revista Ideas de Izquierda de junio, con un dossier dedicado al movimiento obrero y las “novedades” del accionar empresario -con apoyo sindical y estatal- para minar conquistas y atacar a los sectores del sindicalismo combativo de los lugares de trabajo, Clara Marticorena realiza un análisis de los rasgos centrales de la legislación laboral durante el kirchnerismo. Allí demuestra que “el gobierno del Estado dejó de promover leyes flexibilizatorias pero no revirtió el legado de la reestructuración capitalista, a través de reformas parciales en la legislación sancionada en los ‘90 y de la homologación de convenios y acuerdos colectivos que incluyen distintas modalidades de flexibilización horaria, contractual y en la organización de funciones y tareas, las cuales han operado en muchos casos como ’moneda de cambio’ de los aumentos nominales de salario logrados por los trabajadores en paritarias”. La autora agrega que “los cambios legales se vincularon fundamentalmente con las condiciones salariales y de contratación sin avanzar centralmente sobre la organización del proceso de trabajo”.
La precariedad de la fuerza de trabajo fue así preservada en varias de sus formas, permitiendo que se expandiera sobre los nuevos sectores que recuperaron el empleo. Con precariedad laboral nos referimos no sólo a su expresión más saliente, el empleo no registrado o en “negro”, que hoy afecta a un 32 % de la fuerza de trabajo (por debajo del 50 % de 2002 pero con un piso muy alto), sino también a una amplia gradación de condiciones de deterioro que se encuentran entre este extremo de precariedad y el contrato de trabajo por tiempo indeterminado con plenos derechos.
La precariedad en el empleo registrado
Los contratos “basura”, establecidos por un plazo determinado, se multiplicaron en los últimos años en todos los sectores de la economía: comercio, gastronomía, servicios, agroindustria, construcción. Estas variantes de trabajo precario pero formal alcanzan incluso a algunos de los sectores de más vigoroso crecimiento, como es el caso de la industria automotriz. Cuando esta comenzó a recuperar sus niveles de ocupación tras la abrupta caída del período 1998-2002, estableció para los nuevos ingresos a planta formas de contratación que se caracterizan por tener un plazo temporalmente limitado e “implican para el trabajador una situación de alta inestabilidad en su ocupación” (Gentile y Vidosa, 2013).
Si tomamos por ejemplo el sector automotriz, allí sucesivos acuerdos del SMATA con las automotrices permitieron que “todas las innovaciones flexibilizadoras que introdujeron en los años ‘90 los convenios colectivos de las nuevas radicaciones empresariales, que, si bien no pudieron en este caso aplicarse al conjunto de los trabajadores, sí se establecieron para los nuevos trabajadores que se incorporasen a partir de ese momento” (Guevara, 2012). El resultado es que se avanzó aún más en la fragmentación “distinguiendo entre nuevos ingresos y viejos, sumándose a la diferencia entre contratados y efectivos” (Guevara, 2012).
El trabajo eventual, a través de las prestadoras como Adecco o Manpower, también siguió floreciendo durante esta década.
Junto con los contratos a término y otras variantes que florecieron en los noventa y siguieron creciendo, tenemos la tercerización o subcontratación, que “consiste en el encargo o la entrega de una determinada actividad periférica, eventual o secundaria, de una empresa principal para ser realizada de manera autónoma, por una empresa subcontratada” (Neffa, 2013). Aparte de que reduce costos e incrementa la flexibilidad para las empresas, la tercerización segmenta la fuerza de trabajo y contribuye así a favorecer la disciplina en el ámbito laboral. En algunos casos la tercerización permite incorporar trabajadores de otros gremios con sueldos de convenio más bajos, como ocurre en numerosas compañías petroleras, como PAE, que emplean trabajadores encuadrados en UOCRA. Como quedó destapado por la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010 a manos de la patota de la Unión Ferroviaria -comandada entonces por José Pedraza-, la burocracia sindical es activa participante en la tercerización, creando en todos los rubros numerosas empresas que lucran con la misma.
De esta forma, al mismo tiempo que durante los años del kirchnerismo se produjo las reformas de algunas leyes y el impulso de la negociación colectiva -en buena parte una respuesta a una presión “desde abajo” del movimiento obrero, que mostraba en 2004 una efervescencia que impuso la necesidad de dar respuestas para encauzarla-, se expandieron en el colectivo obrero las condiciones más degradabas de contratación, alcanzando a mayores porcentajes de los trabajadores registrados que en cualquier momento previo.
Política de Estado
No es extraño que la “lucha” contra el empleo precario arroje estos resultados al cabo de una década, cuando el propio Estado aplica a gran escala estas formas de contratación degradadas. En el caso del empleo público, la contratación a término (10% de la planta nacional) convive con un sector no registrado (12% de los empleados públicos de todo el país), y con formas tercerización, así como el ocultamiento de la relación de dependencia bajo la contratación por locación de servicios. A nivel nacional la inestabilidad laboral afecta al 26,4% de los trabajadores estatales.
Fuentes
   Gentile, Julia, y Vidosa, Regina (2013), “Transformaciones en el mercado de trabajo y la estructura productiva en Argentina durante la post-convertibilidad: el caso de la industria automotriz”, Congreso ASET, Buenos Aires.
   Guevara, Sebastián (2012), “Reactivación de la movilización obrera en la industria terminal automotriz (2004–2011). Recuperación parcial del salario con persistencia en la flexibilización laboral”, Trabajo y Sociedad 19, Buenos Aires.
   Neffa, Julio César (2013), “La tercerización y la subcontratación como características del nuevo modo de desarrollo”, Congreso ASET, Buenos Aires.
Contextualicemos esas políticas K en el actual sistema-mundo capitalista.
Regreso al futuro: la precariedad laboral
en la recuperación económica
2 de marzo de 2019
 
Por Luis Cárdenas del Rey
CTXT
La inestabilidad laboral se ha agravado notablemente desde 2006 al reducirse la duración media de los contratos y al aumentar los contratos de muy corta duración (menos de 7 días)
Tras más de cinco años de crecimiento económico, la situación del mercado laboral español parece seguir mostrando graves problemas: desempleo, subempleo (parcialidad involuntaria), temporalidad y rotación en el puesto de trabajo. Por ello, cabe preguntarse si la recuperación económica ha mejorado las condiciones laborales.
Con este objetivo es útil aplicar la teoría de la segmentación laboral, que sostiene que el mercado de trabajo está dividido en dos grandes segmentos. Por un lado, el mercado primario englobaría los puestos “de calidad” del mercado, definidos como aquellos con salarios elevados, estabilidad, derechos laborales reconocidos, oportunidades de carrera profesional, mayor cobertura sindical, etcétera. Por otro lado, el mercado secundario (tradicionalmente identificado como los puestos “precarios”) es aquel en el que se ofertan puestos de trabajo con salarios bajos, inestabilidad laboral, escasas oportunidades de ascenso, reducida protección legal y sindical, mayores riesgos laborales, entre otras características. Como es bien conocido estos puestos están ocupados principalmente por mujeres, jóvenes y migrantes, alcanzado cotas realmente alarmantes en la intersección de esas características.
De acuerdo a este marco, la dualidad no nace de la regulación laboral, pero tiene su reflejo en la contratación. En otras palabras, las características de los contratos son el síntoma que refleja los problemas estructurales. A efectos analíticos se pueden agrupar las distintas formas de contratación en dos grandes grupos:
- Empleo estándar: trabajadores con contrato indefinido ordinario a tiempo completo.
- Empleo atípico: abarca las formas de contratación temporal (incluyendo los contratos indefinidos fijo-discontinuos), el tiempo parcial y otras formas de contratación (como los contratos de formación y prácticas).
Aunque una definición más exhaustiva incluiría otros muchos elementos (por ejemplo, no todos los contratos indefinidos son necesariamente de calidad), esta sencilla clasificación permite ver de manera simple la evolución del empleo atípico utilizando los datos de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social.
Como se observa en el gráfico 1, existen dos dinámicas claramente diferenciadas. Desde el año 2006 comienza una caída del empleo atípico que se intensifica con el inicio de la crisis económica. Esto implica que la destrucción de empleo se concentra en los trabajadores del segmento secundario. Por el contrario, cuando se reinicia la creación de empleo este lo hace esencialmente en figuras atípicas, de tal manera que se recuperan rápidamente los niveles pre-crisis (las áreas sombreadas indican recesión). 
Por desgracia los datos de afiliación no permiten desagregar por género o nacionalidad, pero sí se puede obtener la evolución por grupo de edad. En este caso, si consideramos como jóvenes a los afiliados entre 16 y 29 años, vemos que la dinámica anterior es incluso más pronunciada al llegar a alcanzar los contratos atípicos el 75% del total de afiliados.
En definitiva, una primera conclusión es que el empleo atípico ha recuperado, e incluso superado los niveles precrisis, esto significa que el empleo creado durante la recuperación económica se ha centrado en empleo precario hasta el punto de que estos empleos suponen la mitad de los afiliados (y 3 de cada 4 en el caso de los jóvenes).
Sabiendo que los puestos del sector secundario suelen estar ocupados por trabajadores que sufren una elevada rotación e inestabilidad laboral, cabe preguntarse ahora cómo evoluciona la duración de contratos.
Utilizando los datos del SEPE, en 2018 se firmaron 22,3 millones de contratos de trabajo, de los cuales 20 millones son contratos temporales (9 de cada 10). Este claro predominio de la contratación temporal puede deberse a la menor duración de este tipo de contratos. En otras palabras, como estos contratos son mucho más cortos, se firman muchos más a lo largo del año.
Analizando el gráfico 2 es evidente que la duración media de los contratos se ha reducido dramáticamente desde el año 2006. Si bien es cierto que se ha incrementado muy ligeramente desde 2016, aún se mantiene muy lejos de los niveles precrisis. Otro hecho relevante es que las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido, pero la menor diferencia se debe a la mayor caída en la duración de los contratos de los hombres. Además, como cabía esperar, la duración tiene un importante componente estacional; y son los meses de agosto y diciembre los que tienden a presentar una duración más corta. En cualquier caso, la caída de la duración se produce en todos los meses del año.
No existe una única explicación sobre este fenómeno, pero una hipótesis plausible es que la caída en la duración media de los contratos se encuentra asociada al incremento del peso de los contratos de menos de 7 días sobre el total de contratos. El gráfico 3 muestra la correlación entre ambas variables, de tal forma que un aumento en un punto porcentual del peso de los contratos de muy corta duración supone una reducción de la duración media en 2.4 días.
Finalmente, aunque no es sencillo explicar por qué se ha producido este auge de los contratos de 7 días o menos, una posible explicación es su enorme uso en el sector de la hostelería (sobre el 40% del total) y en las pequeñas empresas (de 1 a 25 empleados), ya que ambos casos concentran un importantísimo volumen de contratos de duración muy corta, como muestra el gráfico 4. 
En conclusión, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el empleo atípico se ha incrementado durante la recuperación económica. Asimismo, la inestabilidad laboral, uno de los principales problemas del mercado de trabajo, se ha agravado notablemente al reducirse la duración media de los contratos y al aumentar los contratos de muy corta duración (menos de 7 días). Dicho aumento se concentra en el sector de la hostelería y en las pequeñas empresas, donde parece haberse producido un cambio en las formas de contratación (sin que a priori se haya producido ningún cambio técnico o productivo que lo justifique).
A la luz de estos datos es hora de preguntarse qué sentido tiene la existencia de contratos temporales cuando es evidente que sólo están generando inestabilidad y precariedad laboral. Parece evidente que, si se quiere abordar realmente un cambio en la cultura de la contratación, un primer paso ha de ser la eliminación de los contratos temporales y establecer límites a la proporción de trabajadores con contratos atípicos en las empresas. Sin ser la solución a todos los problemas del mercado de trabajo parece una condición necesaria para atajar la expansión de la precariedad. 
Luis Cárdenas del Rey es investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y miembro de La paradoja de Kaldor .

Examinemos cómo los gobiernos de turnos, sean neodesarrollistas sean neoliberales, se subordinan al FMI, BM,...y a las transnacionales.

Soñar con Keynes y
despertar con Lagarde:
acerca del nuevo libro de Axel Kicillof
19 de abril de 2019
Por Esteban Mercadante y Eduardo Castilla
La Izquierda Diario


“Cuando me desperté había niebla. Pero no una niebla cualquiera. Era como si una tela de lino hubiera caído sobre el mundo” 
(María Gainza, "El nervio óptico").
“Yo creo que lo que hay que hacer es prolija y elegantemente saltar la grieta”. Axel Kicillof habla. Despierta el aplauso entusiasta del auditorio, que lo escucha atento. Frente a él está Pedro Saborido, el primero de sus entrevistadores.
Así arranca Y ahora ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal, el libro de entrevistas que el exministro de Economía de Cristina Kirchner acaba de publicar [1].
El texto se presenta como una suerte de sedante político, destinado a calmar conciencias y aliviar tensiones. Como si actuara por pedido de Ravi Shankar, el actual diputado nacional busca tranquilizar a todos y todas. El mensaje de paz y reconciliación viaja en múltiples direcciones: votantes macristas; los llamados “traidores” dentro del peronismo; el gran empresariado y, por qué no, el FMI.
La publicación viene al mundo en momentos en que el tutelaje de Christine Lagarde se extiende por la geografía nacional. Esta semana se puso en evidencia, con el verdadero apriete que la titular del Fondo descargó sobre los candidatos que competirán en las próximas elecciones.
La búsqueda de desengrietar tiene clara funcionalidad política. El kirchnerismo vuelve a postularse como gestor eficiente de los negocios del gran capital. Trazado ese objetivo, Y ahora ¿qué? viene a presentar una reconstrucción mistificada del pasado, una justificación acrítica del presente y una edificación mentirosa acerca del futuro.
Un pasado reescrito: Kicillof vs. Kicillof
El exministro reescribe la historia, aunque en un sentido opuesto al apotegma benjaminiano. Si para el gran escritor alemán había que descubrir los hilos de la historia de los vencidos, para el eventual candidato se trata de cepillar para enredar todo y construir una especie de paraíso perdido, que encontró su abrupto ocaso en diciembre de 2015.
No es esto lo que pensaba en 2007. En aquellos años, cuando todavía era un economista independiente que pisaba en los márgenes del kirchnerismo, un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) –que Kicillof dirigía– describía la “caja negra” que explicaba el crecimiento de los años kirchneristas: “la devaluación del peso generó una fortísima recomposición tanto de la tasa de rentabilidad como de la masa de ganancias para el total de la economía” [2].
Aquellos salarios hiperdevaluados −que perdieron 30 % de su poder de compra en 2002− detonaron un aumento de la porción de riqueza que iba a parar a las arcas empresarias. El “secreto” del crecimiento posterior está indefectiblemente ligado a ese enorme zarpazo al bolsillo obrero y popular [3].
Doce años después, el Kicillof versión 2019 se enreda; quiere separar al gobierno de Néstor Kirchner de aquella génesis. Ahora el “modelo” no tiene nada que ver ni con Duhalde ni con el programa económico de Lavagna, del que Kicillof “estaba muy en contra”[106].
La afirmación hace ruido, máxime cuando Lavagna fue ministro de Economía de… Néstor Kirchner. El Kicillof reconvertido nos advierte que: “existe la idea de que cualquier devaluación grande, como por ejemplo la de 300 % que hizo el macrismo [o Duhalde; N. de R.], purifica el sistema y el país empieza a crecer solo. Pero no es cierto” [106].
Revisando la historia, el exministro redescubre el Santo Grial del “modelo” kirchnerista: “keynesianismo”, un “condimento del peronismo de Perón”, una “redistribución de la riqueza rápida”, que explicaría poco más que todo. No es el primero en decirlo; toda una troupe de economistas ha pretendido explicar el crecimiento con el que arrancó el período kirchnerista a partir de esas políticas de demanda [4].
Pero todos se topan con el mismo escollo. La recuperación comenzó antes, y no después, de estas políticas, donde los autores quieren encontrar la “génesis” del modelo. Aquella “redistribución” (de los asalariados hacia los empresarios) no era justamente progresiva, como sabía reconocer el economista en 2007.
A las contradicciones propias del autor, se suma la dureza de los hechos. Incluso en los años del crecimiento más “virtuoso” (2003-2007), el poder adquisitivo del salario siguió por debajo del período previo a la mega-devaluación de 2002. Habría que esperar la llegada de 2006 para que la capacidad de compra empezara a arañar los niveles pre-crisis.
Tal como señala Martín Schorr, en términos económicos, “el duhaldismo es el origen del kirchnerismo”. Callar aquella ascendencia también podría leerse como un intento de esconder el propio pasado. En su rol de ministro, a inicios de 2014, Kicillof ejecutó la devaluación más pronunciada desde 2002. En aquel entonces, los fantasmagóricos “mercados” fueron presentados como responsables. Los salarios reales, arrastrados por la medida, cayeron un 5,6 % en promedio.
Mudos de agotamiento
En esa reconstrucción del pasado, al relato kicillofista le falta profundidad a la hora de explicar la derrota electoral de 2015. Interrogado acerca de las razones de la caída, el exministro presenta un intrincado mecanismo psicológico de masas.
… en un país normal ¿qué riesgo existe desde la perspectiva de la conciencia de la comprensión? Que esa normalidad, por parecer natural y obvia, se la desvincule del Estado, que se piense que el Estado no tiene nada que ver con eso […] el hombre y la mujer comunes pensaron que podía venir otro gobierno que lograra lo mismo pero que, por ejemplo, no les cobrara impuestos o no se peleara con los buitres. Ahí es donde yo creo que fracasamos, en el sentido de que hay una buena parte de la sociedad que no entendió o entendió otra cosa [108-109].
La “normalidad” presentada por el exministro resulta discutible. La devaluación de 2014 vino a superponerse con el cobro compulsivo del Impuesto a las Ganancias a más de un millón de trabajadores. También con el llamado “cepo”, un mecanismo destinado a amarrocar dólares para entregárselos al gran capital financiero internacional. Aquel período mostró el retorno de la eterna restricción externa.
La escasez de dólares venía a desmentir el supuesto “cambio estructural” que se gestaba bajo el kirchnerismo. Al dominio del capital extranjero sobre núcleos claves de la economía −cuya consecuencia más visible era la persistente salida de divisas rumbo a sus casas matrices−, se sumaba el carácter desarticulado y dependiente de la estructura productiva nacional. En aquellos años, los “logros” industriales se ataron a rubros especializados en el ensamblaje de piezas importadas. Cada salto en la producción en ramas como la automotriz o la electrónica contribuía a agravar el déficit comercial. A ese conjunto habrá que sumar la pasión fugadora del gran capital argentino que, gracias al modelo, la “levantaba en pala”, solo para invertir en dosis homeopáticas con un gotero [5].
Los dólares ahorrados marcharon camino a los grandes centros de poder mundial, garantizando la continuidad de los “pagos seriales” de la deuda. Aquellos mecanismos, destinados a parchar los agujeros del modelo, socavaron la base política y social del kirchnerismo. El festejado 54 % obtenido en 2011 empezó a licuarse, empujando la grieta al interior del movimiento peronista.
Las operaciones duranbarbistas de marketing político no actuaron en el vacío. Las mentiras macristas encontraron eco entre jubilados descontentos por sus haberes de miseria; entre jóvenes trabajadores precarizados que rotaban constantemente entre trabajos miserables; entre asalariados que pagaban Ganancias, algo que la progresía kirchnerista defendía como virtuosa “redistribución” del ingreso (¡entre asalariados!), sin preocuparse que su destino fuera poner millones de dólares en los bolsillos de los dueños de las privatizadas. Las operaciones mediático-judiciales calaron también en ese enorme tercio de la población que, a pesar del “keynesianismo”, siguió viviendo en la pobreza. Pobreza que el exministro prefirió no computar para “no estigmatizar”.
Como señala Schorr, desde el punto de vista del gran capital el gobierno de Cristina Kirchner dejó “servido en bandeja” el ajuste. El macrismo arribó al poder con la firme intención de imponer ese “sinceramiento”. Tendría (y tiene) la invalorable colaboración del peronismo.
Un presente cargado de “traidores”
La autocrítica kicillofiana corre paralela a las construcciones electorales del presente. El ministro progresista se lanza a abrazar a barones feudales del peronismo y dirigentes sindicales burocráticos. Leemos:
Uno podría pensar a que algunos los compraron y a otros los apretaron […] lo cierto es que también hay un peronismo de inclinación neoliberal […] una parte del peronismo que en el fondo está bastante de acuerdo con el programa económico de Macri […] Por eso es que no sé si hoy se puede aspirar a una unidad de todo el peronismo. Debería ser una unidad de todo el peronismo antineoliberal [136-137].
El reciente acuerdo tácito con Juan Schiaretti en Córdoba pone sobre la mesa lo ambiguo de esos límites. El espacio que integra Kicillof reitera cada semana el llamado a figuras como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y hasta el mismo Miguel Ángel Pichetto. En el llamamiento figuran también los mandatarios provinciales, quienes no han dudado a la hora de aplicar el ajuste en su terruño. En ese pelotón también marcha Alicia Kirchner.
¿Dónde empiezan los neoliberales y dónde los antineoliberales? Nadie lo sabe con certeza. Menos aún el presidente Macri, que ha recibido colaboración de todos ellos en la aplicación de sus planes de ajuste. El mismo entrevistado lo ratifica al dialogar con Ángela Lerena:
El Congreso es una rueda de auxilio, un engranaje del gobierno de Macri. Se han votado todas leyes de ajuste […] una parte de lo que era nuestra fuerza política, de los nombres que aparecieron en nuestra boleta cuando fuimos a las elecciones de 2015, que eran parte del movimiento político que gobernó con nosotros, está votando a favor de estas leyes de ajuste. El macrismo tiene minoría, pero gana en todas [230].
Resulta innecesario ilustrar más.
¿Un futuro luminoso?
En la Argentina tutelada por el Fondo Monetario Internacional, el exministro intenta presentar una imagen tranquilizadora hacia el futuro. Es en relación a los meses y años por venir donde Y ahora ¿qué? busca ejercer el mayor efecto sedante. En ese horizonte, las apelaciones al menú keynesiano van de la mano con la búsqueda de entendimiento con el gran capital imperialista y local.
Sin embargo, a pesar de ese objetivo, el economista se ve impelido a hablar de la realidad. En la entrevista con Alejandro Bercovich afirmará que
El FMI se creó después de la Segunda Guerra Mundial […] para que, ante una situación de corrida especulativa, el país no tuviera un desastre cambiario y financiero que afectara profundamente su vida económica. Estaba para ayudar a que los países no tuvieran crisis externas. Pero se convirtió en una cosa muy distinta […] en una especie de auditor de los acreedores privados […] en lugar de trabajar con los países para defenderlos de los movimientos especulativos o de los acreedores privados, ahora defiende a los acreedores privados [155].
Entonces... ¿rompemos el acuerdo y dejamos de lidiar con el matón de los acreedores? Nada de eso. Para el exministro, lo que hay que hacer es construir una “relación madura” [156] [6]. Esa sería, en la descripción de Kicillof, la que habría alcanzando... Grecia. ¡Sí, Grecia!, leyó Ud. bien. El exministro aclara, inmediatamente, que se refiere al momento actual. Sin embargo, el estrangulamiento que ejercen la Comisión Europea, el BCE y el FMI sobre aquel país no ha cesado.
Así presentadas las cosas, la “madurez” sería el resultado alcanzable tras desangrar a la Argentina en aras de cumplir con los grandes acreedores internacionales y lograr una deuda “sustentable”. ¿El costo? una hecatombe social, que se descargará sobre las mayorías populares.
Otro ejemplo de esa madurez para relacionarse con el FMI sería el representado por Portugal. Sin embargo, allí también los gobiernos ajustadores impusieron el trago amargo de los recortes, las privatizaciones, la baja de salarios y una retahíla de reformas antiobreras. Solo después de haber cumplido las exigencias del organismo internacional, obteniendo el certificado de “mejor alumno” del ajuste, el gobierno de Antonio Costa pudo hacer uso de credenciales “antiausteridad” y devolver una fracción del saqueo previo en cómodas cuotas.
En el nuevo discurso de Kicillof, la “razón populista” laclausiana queda enterrada en el pasado. Como si se siguieran los consejos de Jürgen Habermas y su teoría de acción comunicativa, toda interacción debe estar orientada al consenso.
En esa nueva sensibilidad hay que buscar las claves que permitirían llegar a acuerdos con el gran empresariado de los Rocca, los Pagani, o las grandes multinacionales. A partir de ese diálogo consensual sería posible que clausuraran décadas de parasitismo y devinieran grandes inversores dentro del país. Ilustrando esta nueva dimensión, Kicillof recordará cómo “convenció” a Paolo Rocca de desembolsar unos 200 millones de dólares [7], cifra irrisoria en comparación con la “fuga serial” protagonizada por ese y el conjunto de los grupos capitalistas durante la “década ganada”.
Pretender apelar a la “buena voluntad” del gran empresariado solo puede resultar en el desastre para las mayorías trabajadoras. Todo su “interés” en el país se ha demostrado en las últimas décadas: desde hace 45 años son actores protagónicos de la destrucción nacional, bajo el guion del gran capital imperialista y los organismos internacionales de crédito que actúan en su nombre.
El tono habermasiano de Y ahora ¿qué? choca con los intereses materiales de los actores económicos reales que intervienen en la Argentina actual. Los intentos consensualistas están destinados a estrellarse contra la pared. Las recetas keynesianas pueden verse bien en el papel, pero la realidad muestra una dinámica muy distinta.
Soñar con Keynes, despertar con Milton Friedman
Por años, la usina de contenidos de la gran corporación mediática se esforzó en presentar a Kicillof como marxista. Las 250 páginas de Y ahora, ¿qué? vienen a despejar toda confusión al respecto. El exministro se enrolará dentro del peronismo, al tiempo que se define como keynesiano. En diálogo con Carlos Pagni afirmará:
Uno de los autores a los que más recurro para eso es a Marx, pero después me encontré con Keynes y también me fascinó. Mi tesis doctoral no fue sobre Marx, fue sobre Keynes, y creo que eso me ayudó a entender el peronismo y la Argentina en el plano económico [69-70].
La Argentina de las “soluciones keynesianas” que, en palabras de Kicillof, habría implementado el kirchnerismo, está enterrada en el pasado. Pertenece a los tiempos en que la economía internacional le regalaba al país el superciclo de los commodities, y en que la herencia (hoy repudiada) de Duhalde y Lavagna daba margen para devolver en comodísimas cuotas parte del saqueo. El mundo ha cambiado. Bastante.
Los años cambiemitas tampoco han pasado en vano. La “herencia recibida” pesará como un enorme lastre sobre el gobierno que suceda al actual. En esa herencia, el acuerdo con el FMI determinará poco más que todo. El exministro de Cristina Kirchner hace tiempo anuncia que respetará el tutelaje de Lagarde [8].
El relato descafeinado que propone consensos y desengrietar tiene fecha de vencimiento. Más allá de los relatos y de las promesas, cualquier nuevo gobierno que se mantenga dentro de los cánones impuestos por el Fondo Monetario Internacional asumirá una fisonomía cercana al que encarnó Fernando de la Rúa. El exministro de Economía podrá proponernos soñar con Keynes, pero en el despertar del 11 de diciembre, muy posiblemente nos encontraremos con recetas más cercanas a las ideas de Milton Friedman.
A esa pesadilla hay que enfrentarla y derrotarla.
Notas:
[1] Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2019. El libro compila entrevistas realizadas por Pedro Saborido, Carlos Pagni, Alejandro Bercovich, Noelia Barral Grigera e Ingrid Beck, y Ángela Lerena. Las referencias a los números de página de esta edición se harán entre corchetes al final de la cita
[2] CENDA, “La trayectoria de las ganancias después de la devaluación: la ‘caja negra’ del crecimiento argentino”,Notas de economía 4, diciembre 2007.
[3] En nombre de la “producción” y el “trabajo”, la burocracia sindical acompañó aquel ajuste devaluatorio. El masivo desempleo, que orillaba el 22 %, funcionó como dispositivo de control, limitando fuertemente la respuesta obrera al ataque. 
[4] Ver por ejemplo Claudio Scaletta, La recaída neoliberal. La insustentabilidad de la economía macrista, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2017.
[5] La fuga de capitales había embolsado U$S 100.000 millones al momento en que Cristina Kirchner arribó a la conclusión de que eran urgentes medidas para frenar la pérdida. 
[6] En otro pasaje de la entrevista, Kicillof señalará que el FMI “es una organización internacional de la que Argentina es miembro. Nunca en la historia argentina, ni siquiera en el default de 2001, con los cinco presidentes que pasaron, y tampoco luego con Néstor Kirchner, se dejaron de pagar los vencimientos” [154]. 
[7] “La historia terminó bien. Techint finalmente hizo la obra, la inauguró estando nosotros en el gobierno, y ahora la debe tener parada, como debe tener parada parte de la producción, porque al gobierno de Macri no le importa que el acero se produzca en la Argentina” [182-183]. 
[8] “Sí, creo que va a haber que renegociar el acuerdo. La deuda, no sé. Pero este paquete de compromisos que pactó Macri, sin duda”, afirmará durante la entrevista con Alejandro Bercovich [154].

Tengamos en cuenta cómo el sistema de la libertad y la democracia devino en tiranía de:

Las empresas que deciden qué se produce y qué come la población mundial
Los dueños del agro y la alimentación
5 de marzo de 2019
 
Por Darío Aranda
Página 12
Un informe de organizaciones alemanas muestra cómo unas pocas corporaciones manejan el sistema alimentario del planeta. El agronegocio y la complicidad de los gobiernos. El caso argentino: los pueblos fumigados y la expulsión de Monsanto de una localidad cordobesa.

Un puñado de empresas de Estados Unidos, Europa y China decide qué produce el agro mundial, cómo se alimenta la población y, al mismo tiempo, cómo se enferma y empobrece. Son algunas de las definiciones del “Altas del agronegocio”, una investigación de fundaciones alemanas que denuncia con nombres propios el accionar de las compañías y la complicidad de los gobiernos. El trabajo también derriba el mito de las multinacionales agrícolas: “El agronegocio (de transgénicos y agrotóxicos) no puede conservar al medio ambiente ni la subsistencia de productores, y tampoco puede alimentar al mundo”.  
La investigación denuncian el accionar de las empresas del agro, cerealeras, multinacionales de la alimentación y supermercados. De Alemania apuntan al accionar de Bayer y Basf; de Estados Unidos a Bunge, Cargill, Coca Cola, Dow, DuPont, Kraft y Monsanto. De Gran Bretaña a la multinacional Unilever; de Franca a Danone y Carrefour; de China a ChemChina y Cofco; de Suiza a Glencore, Nestlé y Syngenta; de Países Bajos a Louis Dreyfus y Nidera. De Argentina aparecen las empresas Los Grobo, Don Mario, Biosidus y Cencosud (Vea, Jumbo y Disco), entre otras.
El trabajo fue realizado por las fundaciones Heinrich Böll, Rosa Luxemburgo, Amigos de la Tierra Alemania (BUND), Oxfam Alemania, Germanwatch y Le Monde Diplomatique. Sindica como “el moderno latifundio” al modelo de agronegocio, que desde finales del siglo XX avanzaron con la llamada agricultura industrial, de monocutltivos (principalmente palma aceitera, maíz y soja).
Apunta a cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer (que en 2018 cerró la compra de Monsanto), ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.
Cuestiona que las empresas del sector hayan asumido poca responsabilidad por las consecuencias de su accionar, que repercutió en el “el hambre, el cambio climático, la sostenibilidad, la enfermedad y la injusticia”.
La investigación cuenta con un capítulo titulado “La república unida de la soja” (en base a una publicidad de la multinacional Syngenta, que así llamó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil). “El papel de Argentina en la promoción del modelo agrícola industrial transgénico fue crucial. Representó la cabecera de playa de esta expansión para la industria semillera y agroquímica mundial”, afirma.
Explica que jugó un rol clave el eje gubernamental. Denuncia la complicidad de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A más de 20 años aprobar la primera soja transgénica, los mismos organismos aún bendicen los transgénicos y agrotóxicos en base a estudios de las mismas empresas que los producen y venden.
El trabajo también denuncia el rol de “pseudo-organizaciones técnicas” que publicitan las bondades del modelo pero ocultan las consecuencias. Señala a la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y las fundaciones Fertilizar y Producir Conservando. Afirma que el modelo agropecuario actual es una “agricultura minera” que extrae nutrientes de los países sudamericanos y genera enormes impactos ambientales.
Precisa el rol de empresas que suelen pasar desapercibidas en el debate del agro mundial: las exportadoras o, como llamó el periodista Dan Morgan, “traficantes de granos”. Cuatro transnacionales dominan el sector: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Juntas son conocidas como el “Grupo ABCD”. Su participación en el mercado mundial es del 70 por ciento. En los últimos años se sumó al grupo la china Cofco.
El mercado de alimentos también está en muy pocas manos: 50 grupos empresariales facturan la mitad de las ventas mundiales. Las diez principales (sin incluir el sector bebidas) son Nestlé (Suiza), JBS (primer proveedor de carne mundial, de Brasil). Del tercero al sexto lugar son empresas de Estados Unidos: Tyson Foods, Mars, Kraft Heinz, Mondelez. Le siguen Danone (Francia), Unilever (Gran bretaña) y las estadounidenses General Mills y Smithfield.
“Con la expansión de los consorcios multinacionales se modifican los hábitos alimenticios. Los alimentos poco procesados son sustituidos por los ultraprocesados. El sobrepeso, la diabetes y las enfermedades crónicas son sólo algunas de las consecuencias”, alerta la investigación, que se presentó en Europa, Brasil y Argentina, y contó con la participación local del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (Gepama) de la UBA.
También destaca la urgente necesidad de fortalecer mediante políticas públicas la agroecología (un modelo sin transgénicos ni agrotóxicos, con rol protagónico de campesinos, indígenas y pequeños productores) y resalta dos acciones históricos contra las multinacionales: el boicot mundial contra Nestlé (entre 1977 y 1984) por su engañosa publicidad de leche en polvo para bebés y la lucha de los pueblos fumigados de Argentina, que son la prueba viva de los impactos de los agrotóxicos en la salud y al mismo tiempo impulsan modelos de producción sin venenos. Recuerda la epopeya de la localidad de Malvinas Argentinas (Córdoba), que luego de cuatro años de resistencia echó a Monsanto de su territorio.

Generalicemos la toma de conciencia sobre consecuencias de esta dictadura oligopólica que la casta política disfraza de democracia.

En Argentina, consumimos frutas y

verduras envenenadas

                                                                               marzo de 2019
Publicado por Barómetro Internacional
Por Norma Estela Ferreyra: 
El Consejo Nacional de Investigaciones del Conicet y la Universidad de La Plata coincidieron, con un Informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre la presencia de plaguicidas, pesticidas, insecticidas, en frutas, hortalizas y verduras de consumo masivo.
Un recurso de amparo motivó que Senasa rompiera el silencio oficial y afloraran algunas informaciones preocupantes. Los principales controles se establecieron sobre el Mercado Central que abastece el consumo de estos alimentos a la mayor parte de los 16 millones de pobladores del área de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Entre 2011 y 2013, se verificó, que el 63% de los alimentos controlados tenían unos 80 agroquímicos, cuatro de ellos, estaban expresamente prohibidos. Más recientemente (2013/2016), según información oficial, tal envenenamiento se sigue incrementando, en los alimentos, para el consumo humano. El tope aceptable de tales residuos y el hecho que Senasa no considera los efectos de esa acumulación en el organismo. Tenemos la evidencia de que hoy, estamos consumiendo alimentos con residuos venenosos en proporciones indebidas y estos temas, tienen muy escasa difusión en los grandes medios y en el debate político. ¿Serán cómplices y recibirán prebendas? A esta atura de lo hechos nos preguntamos las razones por las cuales estos temas no forman parte de la agenda de funcionarios y gobernantes.
En la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet se verificó en un estudio, que en seis de cada 10 frutas, que se venden en verdulerías de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, hay presencia de plaguicidas. Las zanahorias, naranjas y lechugas aparecían como los alimentos más fumigados. En consecuencia, nos enfrentamos con problemas de contaminación, por fumigación, que afecta a toda la sociedad. Ciertamente que un lavado intenso de estos alimentos reduce los riesgos para la salud por contaminación.
El periodista Patricio Eleisegui afirma, en su libro “Envenenados” que “Estamos frente a una bomba química que nos extermina en silencio”.
El proceso que nos llevó a esto, es de larga data, pero se intensificó a partir de 1996. Fue cuando Felipe Solá, como Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en el gobierno de Carlos Menem, autorizó el uso de semillas transgénicas.
En aquel momento fue la soja, luego se amplió a maíz y algodón y ahora se está discutiendo respecto del trigo. La semilla transgénica viene acompañada de un paquete tecnológico que es vital para los intereses de ese coloso trasnacional Monsanto-Bayer.
El incremento de alimentos envenenados va de la mano con el crecimiento en el uso de los agroquímicos. En los 90´ se fumigaban nuestros cultivos con unos cinco millones de litros de agroquímicos. Cifra que creció y creció bajo diferentes gobiernos y llegó en el 2017 a los 380 millones de litros. Sus efectos se hacen sentir en la extinción de especies animales; y otros fenómenos como ne las inundaciones, porque el modo que dichos cultivos y esos  químicos afectan los drenajes del suelo. Además de otras nefastas consecuencias, como la forzada migración de poblaciones a las villas miserias; la destrucción de ecosistemas y los graves problemas sanitarios. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato, abordó el tema, señalando los riesgos del uso de los transgénicos.
Esa matriz de cultivos transgénicos se ha hecho bajo el manto de conceptos como “Crecimiento sin límites”, “Hambre cero”, “Progreso indefinido” que alimentan esta tragedia de la humanidad. Ella se popularizó como una “revolución verde” que le daría de comer a pobres y hambrientos. Se nos convenció que ésa era la “economía posible”. El país, más o menos, “funciona”; los grandes monopolios llenan sus arcas y el pueblo lentamente se va envenenando.
El negocio de los alimentos químicamente modificados o envenenados con tóxicos, que se fumigan  por áreas cercanas a las agrarias, y por la atmósfera a zonas más alejadas, favorece el incremento de enfermedades que van en aumento, como el cáncer, las alergias y un sin número de ellas , que hacen crecer a la Industria Farmacéutica y a la industria Médica, ya que ponen a funcionar las operatorias médicas, como la quimioterapia y radioterapias, que son mínimamente efectivas en la oncología, pero que hace prosperar a las clínicas a costa de las mutuales y hacen crecer la cuenta bancaria de los médicos. Aunque para ser justos, no todos pertenecen a este círculo vicioso, ni son conscientes de lo que sucede con el protocolo que le obligan a seguir. Vale decir, que no todos son cómplices de este sistema perverso.
Mientras tanto vemos morir a nuestros amigos cada vez más de cáncer, una enfermedad que parece promocionada para disminuir a la población mundial.
¿Tendremos que volver a tener gallinero y a la huerta en los patios? ..... Pensémoslo
normaef10@hotmail.com

 
Hagamos a la percepción mayoritaria sobre que (durante gobiernos progresistas y neoliberales):“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos".

 

El estado de excepción como

paradigma político del extractivismo

14 de abril de 2019

Por Raúl Zibechi

El colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello.
 Frantz Fanon

 En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien.
Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).

En paralelo, se comienza a considerar el extractivismo como una actualización del hecho colonial, en particular en el área de la minería, colocando el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí (donde fueron sacrificados 8 millones de indios), en 1545, como el comienzo de la modernidad, del capitalismo y de la relación centro-periferia en la que se asientan (Machado, 2014).

Tomando estos análisis como referencias ineludibles, pretendo explorar someramente las formas de acción que están llevando adelante los movimientos para neutralizar/desbordar el modelo extractivo, bloquear la acumulación por despojo, revertir la militarización de los territorios, poner fin a la persistente degradación ambiental y la destrucción de los seres humanos. Considero que no se limitan, ni pueden hacerlo, a repetir los repertorios tradicionales del movimiento sindical, ya que se mueven en espacios donde las reglas del juego son diferentes.

El punto de partida de mi argumentación es que hoy los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Harvey sostiene que el “principal instrumento” de la acumulación por desposesión son las privatizaciones de empresas públicas y que el poder estatal es su agente más destacado (Harvey 2004). En su argumentación coloca el ejemplo de Argentina en la década de 1990, que hoy podría aplicarse a buena parte de América Latina y a unos cuantos países europeos como Grecia y España, entre otros.

A mi modo de ver, el argumento de Harvey es enteramente válido para la porción de la humanidad que se encuentra en la “zona del ser”, pero para aquella otra parte que vive en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012), el principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos ya que comparten los mismos objetivos. Esa es la situación que viven en nuestro continente las poblaciones cercanas a las minas y los monocultivos. “Prácticamente no existe poblador vecino de un proyecto minero que no tenga algún proceso judicial abierto” (Machado, 2014: 224).

La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Las privatizaciones afectaron básicamente a las clases medias urbanas y a las franjas de trabajadores vinculadas al Estado del Bienestar, sobre todo en el caso argentino. Para los sectores sociales donde nunca operó la inclusión ni se beneficiaron con el “bienestar”, las privatizaciones operaron apenas como la primera etapa del despojo. Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

La novedad de esta nueva guerra es que los enemigos no son los ejércitos de otros estados, ni siquiera otros estados, sino la propia población, en particular aquella parte de la humanidad que vive en la zona del no-ser. En suma: acabar con los pueblos que sobran, desertizar territorios y luego re-conectarlos al mercado mundial. Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque ésta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Estamos ante dos genealogías diferentes. La que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de “acumulación originaria”, delineada por Marx en El Capital, para reflexionar sobre la experiencia europea. La expropiación violenta de los productores, lo que denomina como el “proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción”, es el acta de nacimiento del capital pero también de los “proletarios totalmente libres” que serán empleados por la nueva industria (Marx, 1975: 893). Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social, capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias.

En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados a la fuerza de su continente. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. Nació un capitalismo sin proletarios, en el sentido europeo que le da Marx, cuando señala que la expropiación de los productores fue “la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio” (Marx, 1075: 951). Los indios no tenían un concepto de propiedad privada como los campesinos ingleses, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común sagrado. La acumulación “originaria” no fue el “pecado original” del modo de producción capitalista, sino la forma constante de acumulación durante cinco siglos en base a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal y la pequeña producción familiar/mercantil que, hasta el día hoy, son las formas dominantes de trabajo, siendo el empleo asalariado uno más entre los muchos modos de trabajo existentes (Quijano, 2000a).

En segundo lugar, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill, sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres (“ametrallaron a los rotos”), a razón de una cada tres años en promedio, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014).

En tercer lugar, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea, como nos recuerda Aníbal Quijano. Aquí no se registró “la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes”, ni la democratización de una sociedad que pueda expresarse en un Estado democrático; las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza, convertida en el factor básico de la construcción del Estado-nación. “La estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2000b: 237).

Los tres ejes anteriores explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías, inferiorizadas racialmente, con independencia del régimen político y de las fuerzas que administren un Estado colonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce además la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/04/14/el-estado-de-excepcion-como-paradigma-politico-del-extractivismo-2/

Los primeros en sufrir la Cuarta Guerra Mundial y en rebelarse son los pueblos originarios. Resisten a la expropiación territorial tanto durante gobiernos progresistas como durante los neoliberales. En efecto:
Extractivismo y pueblos indígenas:
El fondo de la cuestión
25 de marzo de 2019
 
Por Vladimir Aguilar Castro
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas


La enfermedad extractivista
El contexto de lo que ocurre en la actualidad en Venezuela es el de un modelo económico que, traducido en sistema político, da cuenta de una enorme ausencia de proyecto democrático. En efecto, la crisis de carácter estructural y cultural que secuestra a la nación evidencia la falta de condiciones para avanzar, no solo en la búsqueda de soluciones para trascender el momento presente sino, sobre todo, para profundizar en los aspectos que como país nos aguarda el futuro.
Cien años de extractivismo es el enorme fardo que debe soportar la sociedad venezolana el cual ha hecho mella en estos últimos veinte años. La posibilidad de sembrar el petróleo una vez más se difuminó haciendo de este recurso un instrumento para el conflicto por su control doméstico (Golpe de Estado 2001; paro petrolero 2002, guarimbas 2014 y 2017), o una opción (ahora 2019) para el conflicto por su control externo.
Los pueblos indígenas venezolanos han tenido que lidiar con esta diatriba petrolera, pero también con un contrato social interpretado al antojo de los principales actores políticos de turno.

El fondo de la cuestión
Existe en el país un desacompasamiento entre extractivismo y derechos humanos en general e indígenas en particular. En otras palabras, mientras el modelo en Venezuela sea extractivista difícilmente se puedan materializar al menos los derechos indígenas. Ello porque los pueblos indígenas del país están asentados de manera ancestral en espacios ricos en fuentes de vida (agua, oxigeno y biodversidad), que con el tiempo han sido sustituidos por la noción de recursos (hidrocarburos, oro, hierro, coltán, etc.).
Este cambio de paradigma ha conllevado a que las principales víctimas del Estado-nación sean los pueblos indígenas del mundo. Para el primero, el enemigo a vencer siempre será el segundo pues la relación ha sido incómoda desde que el Estado se pretendió erigir como actor único y principal del sistema internacional, obviando que los pueblos y sus derechos son preexistentes a la entidad que nacería en Westafalia en 1648.
En otros espacios hemos dicho que éstas y otras cuestiones deberán ser dilucidadas en los tiempos por venir ya que forman parte de una razón histórica: el fin del modelo. Si la interculturalidad riñe con el extractivismo es porque cada vez más está en tensión con la democracia, si partimos del hecho cierto que la construcción democrática en Venezuela es posterior al petróleo y a la dictadura. Y esto ultimo no es cualquier cosa. En la historia de nuestra nación la democracia ha estado sujeta al petróleo y la dictadura, por ello la deriva autoritaria siempre es una constante en el ejercicio del poder político.
Los pueblos indígenas de Venezuela y la crisis actual
La realidad de los derechos indígenas es que han sido el resultado de largas batallas de resistencia de los pueblos indígenas del país desde los años sesenta (60), con la creación de las primeras organizaciones indígenas y, sobre todo, con la participación de indígenas venezolanos en los principales foros internacionales desde los años ochenta (80), donde la presencia de ellos se haría sentir con fuerza en la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo del sistema institucional de las Naciones Unidas que cumple cien años de existencia, siendo el instrumento jurídico junto con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), más importante que en la actualidad tienen los pueblos indígenas del mundo.
Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 2000, se abriría un compás de oportunidades para el movimiento indígena venezolano. Contrario a lo que muchos pensaban, en cuanto a que la inserción de los derechos indígenas en el nuevo contrato social vendría a ser una concesión de la voluntad política del momento, los pueblos indígenas de Venezuela ya habían transitado lo suficiente en el ámbito internacional como para hacer exigibles sus derechos a nivel nacional.
Llegaríamos así al capitulo VIII de la Constitución. El mismo que se inicia con el artículo 119 el cual reconoce los derechos territoriales indígenas, sus hábitats y tierras como condición para garantizar y desarrollar sus formas de vida, ha sido letra muerta hasta hoy en día. El Estado que debería ser el garante de este derecho ha vacilado en construir institucionalidad para su materialización y ejercicio.
Esto constituye el sustrato de la rebeldía y de la rabia indígena en Kumaracapay. Este es el fondo del problema. Primero fue la decepción del Tendido Eléctrico y ahora de la demarcación ausente. Es la reiterada mentira de un orden estatal que se niega a abrirse a la demanda indígena por la tierra. Como si esto fuera poco, cual estocada final, el Estado los convierte en las víctimas mayores de ese horrible plan de destrucción masivo conocido como Arco Minero del Orinoco (AMO).
No hubo demarcación pero si hubo minería ilegal convertida en un proyecto de Estado y militar. Frente a la estafa de la revolución luego de haber sido los indígenas sus principales aliados, la opción que les queda es resistir no importa cómo ni cuándo. El AMO es el último embate a una lealtad traicionada.
Las mismas comunidades Pemon que se alzaron ayer contra el Tendido Eléctrico y que exigirían el inicio de la demarcación son las que resisten hoy el atropello del Estado en sus territorios. Tanto la cuarta como la quinta República han tenido una visión mononacional y homogénea de los derechos indígenas quedando esto evidenciado en los debates constituyentes y parlamentarios de ayer y de hoy.
Resistencias indígenas y disidencias jurídicas
La única constante en la historia del proceso de conquista y posterior creación de Venezuela como Estado-nación hasta hoy en día, es la resistencia indígena. Esta última es la expresión de la única herramienta (política) con la que cuentan los pueblos indígenas.
Con la evolución de los derechos indígenas en el derecho internacional, precisamente en el seno de la OIT, y su posterior inserción en el derecho interno, la resistencia indígena se ha convertido en disidencia jurídica.
En la actualidad, los indígenas venezolanos frente a la resnulización (res nullius) de sus territorios han tenido que apelar a sus tradiciones, instituciones propias, usos y costumbres para confrontar al otro derecho no indígena pero, sobre todo, para contener el proceso de fragmentación territorial al cual están siendo sometidos.
En Venezuela urge construir democracia. Pero no cualquier democracia. En nuestra opinión, la interculturalidad es una herramienta para profundizar y trascender el actual caos en el que nos encontramos. A la deriva autoritaria hay que oponerle democracia intercultural. Es necesario buscar en los sistemas jurídicos indígenas sus propias formas de resolución de conflictos. Lo que hoy ocurre en el país no es más complicado que lo ocurrido en Sudáfrica en tiempos del Apartheid.
No olvidemos que en Sudáfrica el Ubuntu del pueblo indígena zulú Xhosa permitió trascender al oprobioso sistema de segregación racial. En Venezuela Ubuntu es Nohimayou (Yanomami); Tujuma Weiña (Yekuana); Unuma (Jivi); Ukuo (Uwottuja); Wabiya (Bare); Wamarubaca Iywa (Piapoco) y Suma Yuyay Kauqsancamalla (Inga).
Todavía tenemos 44 sistemas jurídicos más de resolución de conflictos en nuestro país que nos ofrece su enorme diversidad cultural. Estamos a tiempo…
El autor es politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. 
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Proclama mapuche del Puelmapu
Honorable Senado de la Nación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
26 de noviembre del 2018
 “Llegamos a este territorio buscando vida”, dijo el lonkoyem Pedro Pichiñan cuando fue obligado a dejar con su tribu lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires; hicieron dos mil kilómetros y se instalaron en la comunidad Pichiñan en la actual provincia de Chubut.

Así fue el éxodo de todo el pueblo mapuche tehuelche en la Puelmapu, cuando finalmente se consuma la ocupación militar y civil de lo que llaman Estado argentino. Hasta el día de hoy resuenan en nuestra memoria esos relatos que hablan de resistencia, de muerte, de campos de concentración, de crematorios, de familias desmembradas, de exposición en los museos. Y además resuena como eco el grito de la no resignación y de una perpetua desobediencia.
Desobedecemos cuando condenan a la tierra con infinitos alambrados, desobedecemos cuando quieren represar un río, desobedecemos cuando mutilan el bosque, desobedecemos cuando la mapu se transforma en negocios inmobiliarios, desobedecemos cuando contaminan las aguas con la podredumbre de la minería, desobedecemos cuando esa nube tóxica de los pesticidas se cierne sobre todas las vidas… Desobedecieron nuestros antiguos cuando se negaron a morir. A este sistema que todo asesina, que siembra la muerte, le expresamos nuestra profunda y nunca tan clara desobediencia.

Hace apenas 130 años atrás algunas lofche todavía transitaban el territorio de la Puelmapu luchando por la libertad y la soberanía de sus territorios. Finalmente, confinados en los campos de concentración, por la necesidad de sostener una filosofía de vida basada en la tierra, muchos lograron escapar. Quienes sobrevivieron retornaron e intentaron reconstruir una vida comunitaria. Esa reconstrucción se logró en pocos años, a pesar del escenario adverso y de haber sido expulsados a vivir entre las piedras. El Estado instrumentó y aplicó una herramienta nociva y eficaz denominada “propiedad”; el arma “legal” con la que consumó un nuevo despojo que benefició a los colonos y confinó a nuestras familias a las periferias de las incipientes ciudades patagónicas.

Entre aquellos que crecimos en los márgenes de las grandes ciudades renació el eco de nuestros antepasados. Este legado nos llamaba a reconstruir nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestra ideología… a reconstruir nuestro ser. Sin territorio no es posible la existencia del mapuche, y a ese territorio le debemos una fiel alianza, por eso nos comprometemos a resguardarlo y a defender la perpetuidad de todas las fuerzas que habitan en él.
Nos pensamos como un pueblo cuyos principios y valores son antagónicos a los de un sistema mundial que ha desarrollado una ideología de devastación y muerte. El capitalismo extractivista, gestionado por los Estados, expande su control sobre el planeta. Entendemos que somos cientos o miles de pueblos, de naciones, que estamos controlados por un puñado de Estados. Sofisticaron las herramientas de represión que nos judicializan, encarcelan y asesinan; hoy esa herramienta es acusarnos de terroristas.
 Llegamos a este sitio, un lugar que implicó la fundación de un orden estatal hegemónico y monocultural; pero para nosotros, la profundización de nuestra periferia legal… Sigue siendo negado nuestro estatus de pueblo nación originario. Desde este lugar proclamamos nuestra irrenunciable voluntad de seguir siendo mapuche.
Los integrantes del Canal Wallkintun TV, de Bariloche, expresamos nuestra preocupación ante el incumplimiento de los derechos que nos corresponden por la ley de medios y que garantizan nuestra autonomía. Se otorgaron 62 licencias para medios de comunicación indígena en todo el país, uno solo de ellos fue para un canal de televisión: el nuestro. Todos tenemos dificultades para seguir adelante con nuestros proyectos; muchos han dejado de transmitir. Esta situación pone en riesgo la pluralidad de voces, la posibilidad de llevar a cabo una reparación histórica y de expresarnos en primera persona. Los medios indígenas somos un puente para que la sociedad nos conozca, sin estigmas ni prejuicios. Nadie respeta lo que no conoce, y si no hay respeto, la sociedad se deshumaniza.

La Lof mapuche Paicil Antreao se encuentra en la zona denominada Villa La Angostura, provincia de Neuquén. En el mes de junio de este año, un grupo de parapoliciales pretendió desalojarnos, pero hubo una respuesta inmediata de la comunidad. Demandamos que dejen de habilitar proyectos inmobiliarios y hoteleros en lo que nos queda de nuestro territorio, y que el Estado deje de estigmatizarnos como violentos y usurpadores ante la sociedad general, porque nuestra comunidad es una comunidad de puertas abiertas. Cuidamos la biodiversidad y lo poco que queda de bosque nativo, que está siendo amenazado. También denunciamos la persecución judicial. Son siete los integrantes de la comunidad que están imputados por defender nuestro territorio. Rechazamos, además, la construcción de la ruta de circunvalación que pasa frente a nuestras rukas, antesala del desmonte y del loteo del cerro. Esta ruta, al hacerse sin consulta, puso de manifiesto una vez más que el Estado nos sigue negando.  


La Comunidad mapuche tehuelche Vuelta del Río ha enfrentado históricamente distintos atropellos y amenazas de desalojo. El 15 de marzo del 2003, una familia vivió un violento intento de desalojo que terminó con la demolición de su vivienda. En el 2017, tras la búsqueda de Santiago Maldonado, se hicieron distintos allanamientos con maltrato y violencia. En esa ocasión, nos vimos obligados a hacer pública esta situación y decidimos ocupar, de forma pacífica, el Juzgado Federal de Esquel. A nuestro regreso nos avisan que estarían incendiando una vivienda; hecho que constatamos: solo quedaban cenizas. Unos días después, nos enteramos que varias personas de la comunidad habían sido judicializadas. Solo queremos que nos dejen vivir tranquilos donde nuestras familias han vivido por generaciones.

Los integrantes de la Comunidad mapuche tehuelche Cerro Cóndor, ubicada en las cercanías de Paso de Indios, Chubut, estamos cansados de la discriminación, ya que a pesar de estar viviendo en la tierra de nuestros ancestros, nunca tuvimos tranquilidad en nuestro lugar. El Estado quiere sacarnos y alejarnos de nuestro territorio para que quede en manos de terceros. En el 2011 exigimos el reconocimiento de nuestras tierras, que hasta entonces el Estado había mensurado para el usufructo de los terratenientes. Este reconocimiento fue solo sobre una parte. Exigimos que se reconozca el territorio completo de la comunidad de los Pichiñan, que siempre ha sido de nuestros ancestros. Los terratenientes que hoy siguen usurpando tierras se valieron de la complicidad de la policía y del Instituto Autárquico de Colonización, que operaban solo para ellos. Nuestros antepasados, los Pichiñan, venían de lo que hoy es provincia de Buenos Aires y llegaron a fines del siglo XIX a este territorio buscando vida, salvando a todas las familias que venían con ellos. Hasta el día de hoy sobrevivimos en nuestra tierra y peleamos por ella.

Los integrantes de la Comunidad autónoma mapuche Cañío venimos resistiendo ancestralmente a este Estado que nos mantuvo invisibilizados durante cientos de años. Recién en el 2010 nos reconocen como mapuche y lo hacen estigmatizándonos. Esto ocurre cuando sale a la luz que queríamos impedir que los Estado nacional y provincial lleven a cabo un megaproyecto turístico en el territorio en el que hemos vivido ancestralmente; un proyecto que inició talando bosque nativo y construyendo un hotel, sin tenernos en cuenta ni consultarnos. Esto prueba que para el Estado no existimos. Desde ese momento empieza la estigmatización y la persecución. La justicia, junto con la policía, inventó una causa para adjudicarle la responsabilidad de la quema de un puesto de la Compañía Benetton a un miembro de la comunidad que es muy activo en la defensa y la solidaridad de su pueblo. Este montaje, pergeñado fundamentalmente por el grupo empresarial Benetton, respondió solo a la pura especulación y al uso político de la criminalización. Denunciamos la violencia que sufrimos en las instituciones de El Maitén; en la escuela y en el hospital público que se niega a atender a nuestros niños.

Hace veinte años que los integrantes de la Comunidad mapuche Pillan Mawiza, actual provincia de Chubut, vivimos de manera ininterrumpida en el territorio. Hoy volvemos a manifestar nuestra firme y perpetua decisión de no permitir la represión del río Carreleufu (Corcovado). La construcción de la represa denominada La Helena condenaría a este ngen, a esta fuerza de la naturaleza. Ayer eran capitales extranjeros, hoy son capitales argentinos los que amenazan la vida. Denunciamos a las instituciones que violentan la paz de la comunidad y no respetan nuestra autonomía. Algunos miembros de la comunidad continúan siendo perseguidos judicialmente simplemente por ser luchadores y luchadoras que molestan al poder.

Los miembros de la Comunidad mapuche tehuelche Sacamata Liempichun, ubicada en el paraje Payaniyeo, a pocos kilómetros de la localidad de Río Senguer, en la actual provincia de Chubut, queremos comunicar el inminente desalojo; lanzamiento que fue emanado por la justicia provincial en el mes de octubre de 2018. Más de quince integrantes fueron notificados con esta medida. Estamos resistiendo en el lugar, a pesar de la constante presencia policial. Necesitamos la inmediata solidaridad para con nosotros, que hemos decidido no abandonar nuestro territorio. Esta medida dictada por un juez beneficia claramente a los usurpadores.

Dirigimos esta proclama colectiva a la sociedad civil sosteniendo este camino de diálogo, ya que quienes gobiernan, quienes aplican sentencias y quienes dictan las órdenes responden con violencia y muerte. Creemos que son ustedes quienes nos pueden corresponder. Nuestra presencia, nuestra voz, nuestros relatos, nuestra palabra dejará expuesta esa verdad corrupta construida por la vieja ciencia, por los grandes medios de comunicación, por quienes se turnan en gobernar, por ese puñado de familias ricas que se beneficiaron constantemente con el empobrecimiento de toda una sociedad. Coexistimos en este territorio por miles de años, algo tenemos para decirles: la lucha mapuche no es una lucha egoísta; la defensa del territorio nos sirve a todos porque es una lucha por la vida, para las próximas generaciones. De nosotros y de ustedes depende que los asesinatos de jóvenes, mapuches y no mapuches, no queden impunes y no vuelvan a ocurrir. Cuando la sociedad argentina lloró sus muertos producto del terrorismo de estado, nosotros no sospechamos “algo habrán hecho” y dijimos “nunca más” con ustedes. Hoy decimos “nunca más” por Rafael Nahuel, “nunca más” por Santiago Maldonado, “nunca más” por Camilo Catrillanca, “nunca más” un muerto por defender la vida y la libertad.
Por justicia, territorio y libertad.
¡Marici Weu!
¡Marici Weu!

 Fuente: https://argentina.indymedia.org/2018/11/27/proclama-mapuche-del-puelmapu/
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