miércoles, 13 de abril de 2016

A 40 años, el Nunca Más al poder real exige analizar qué mundo impone.


   Es adquisición de lógica situacional por la unión entre 

las diversas luchas sociales-continentales 

que la expande abajo, 

así su programa en común se recrea según lugar y circunstancias.
Es crucial ,abajo y a la izquierda, multiplicar espacios de deliberación popular sobre:

Los límites del planeta y la crisis civilizatoria.
Ambitos y sujetos de las resistencias
Por Edgardo Lander
Existe un amplio consenso en torno al hecho de que estamos viviendo una crisis global. Pero, ¿de qué crisis estamos hablando? Evidentemente no nos encontramos ante una crisis sólo financiera, ni ante una más de las crisis cíclicas que han caracterizado históricamente a la economía capitalista. Como afirma Armando Bartra, se trata de una crisis sistémica, no coyuntural, cuya novedad “radica en la pluralidad de dimensiones que la conforman; emergencias globales mayores que devienen críticas precisamente por su origen común y convergencia”. Una crisis que es simultáneamente medioambiental, energética, alimentaria, migratoria, bélica, y económica. No se trataría así, de un nuevo ciclo recesivo del capitalismo, sino de un “quiebre histórico”. En este quiebre histórico el asunto fundamental que está en juego no es si el capitalismo podrá o no recuperarse (lo más probable es que lo hará en alguna medida), sino la interrogante mucho más crucial de si la vida humana en el planeta podrá sobrevivir al capitalismo y su modelo de crecimiento/destrucción sin fin. Se trata de una profunda crisis civilizatoria. El patrón del desarrollo y el progreso ha encontrado su límite. A pesar de que una elevada proporción de la población no tiene acceso a las condiciones básicas de la vida, la humanidad ya ha sobrepasado los límites de la capacidad de carga de la Tierra. Sin un freno a corto plazo de este patrón de crecimiento desbordado y una reorientación hacia el decrecimiento, la armonía con el resto de la vida y una radical redistribución del acceso a los bienes comunes del planeta, no está garantizada la continuidad de la vida humana a mediano plazo. (…)
I. Los límites del planeta y el cambio climático
El debate sobre el cambio climático, sobre si está o no aumentado la temperatura de la atmósfera terrestre, así como las controversias sobre el origen antropogénico de estas transformaciones ha, en lo fundamental, concluido. Hay un amplio consenso científico global sobre el hecho de que la temperatura de la atmósfera se está elevando peligrosamente y que esto es consecuencia principalmente de la actividad humana. Sólo algunas empresas y think tanks, defensores fundamentalistas del libre mercado -especialmente en los Estados Unidos argumentan o que no hay tal cosa como cambio climático, o que éste es producto de procesos naturales que nada tienen que ver con la actividad humana. Se continúan gastando millones de dólares en reuniones de expertos, conferencias, campañas publicitarias y cabildeo destinados a impedir políticas de regulación ambiental, por el daño que éstas harían a la economía. Ante la evidencia creciente de la existencia de alteraciones profundas en los patrones climáticos globales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) crearon, en el año 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Su mandato era el de analizar toda la información científica disponible sobre el cambio climático, las principales polémicas en torno a sus causas (naturales o antropogénicas), el análisis de sus impactos ambientales y socioeconómicos y la formulación de propuestas.
Desde su creación el IPCC ha producido cuatro informes globales sobre el cambio climático (1990, 1995, 2001, y 2007). En estas dos décadas, estos informes se han convertido en la referencia obligatoria de toda discusión sobre el cambio climático global. Estos sucesivos diagnósticos presentan caracterizaciones cada vez más alarmantes y con crecientes niveles de confianza respecto a la severidad de los cambios climáticos ocurridos y las tendencias a que estos se intensifiquen. A pesar de que estos informes tienen un fuerte sesgo conservador por la necesidad de pasar por sucesivos filtros| hasta llegar a un amplio consenso por parte de los representantes gubernamentales, el panorama que presentan es extraordinariamente alarmante. En 2005, las concentraciones de CO2 y CH4 en la atmósfera excedieron considerablemente del intervalo de valores naturales de los últimos 650.000 años. El aumento mundial de las concentraciones de CO2 se debe principalmente al uso de combustibles de origen fósil, con una aportación menor, aunque perceptible, de los cambios de uso de la tierra. Es muy probable que el aumento observado de la concentración de CH4 se deba predominantemente a la agricultura y al uso de combustibles fosílicos. El aumento de la concentración de N2O se debe principalmente a las actividades agrícolas. La concentración de CO2 en la atmósfera mundial aumentó, pasando de un valor preindustrial de aproximadamente 280 ppm a 379 ppm en 2005. En los diez últimos años, la tasa de crecimiento anual de las concentraciones de CO2 (promedio del período 1995-2005: 1,9 ppm anuales) ha sido mayor que desde el comienzo de las mediciones directas continuas de la atmósfera (promedio de 1960- 2005: 1,4 ppm anuales), aunque sujeta a variabilidad interanual. A pesar del reconocimiento creciente de su impacto climático durante las últimas décadas no sólo no se ha frenado la producción de gases con efecto invernadero sino que ésta se ha acelerado. El dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más importante. Sus emisiones anuales aumentaron en torno a un 80% entre 1970 y 2004. Como consecuencia de esta creciente concentración de gases de efecto invernadero (GEI), la temperatura de la atmósfera terrestre ha venido elevándose en forma sostenida. “De los doce últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los registros instrumentales de la temperatura de la superficie mundial (desde 1850)”.
Se han constatado severos impactos de esta alteración de temperatura en prácticamente todas las regiones y principales ecosistemas del planeta: elevación del nivel de los mares, aumento de los eventos climáticos catastróficos, alteración de los regímenes de lluvia (ciclos más severos de aguaceros torrenciales y sequías), avance de la desertificación, pérdida de humedales costeros, derretimiento de los glaciares que constituyen la fuente de agua de centenares de millones de personas, deshielo de los casquetes polares, debilitamiento de ecosistemas, reducción de la biodiversidad.
Estas profundas y peligrosas transformaciones en el clima terrestre son producto fundamentalmente de la actividad productiva y los patrones de consumo que se han dado en los países del Norte desde el inicio de la Revolución Industrial. Sus impactos no sólo son globales sino de incidencia extraordinariamente desigual. Las poblaciones del Sur, con menos responsabilidad histórica sobre estos procesos y una menor capacidad de responder a sus consecuencias, confrontan los impactos ambientales más severos.
De acuerdo al último informe del IPCC, en Africa, hasta el año “2020, entre 75 y 250 millones de personas estarían expuestas a un mayor estrés hídrico por efecto del cambio climático... la productividad de los cultivos pluviales podría reducirse en algunos países hasta en un 50%. La producción agrícola y el acceso a los alimentos en numerosos países africanos quedarían en una situación gravemente comprometida. Ello afectaría aun más negativamente a la seguridad alimentaria y exacerbaría la malnutrición.”
En Asia, “hacia el decenio de 2050, la disponibilidad de agua dulce en el centro, sur, este y suroeste de Asia disminuiría, particularmente en las grandes cuencas fluviales... Las áreas costeras, y especialmente las regiones de los grandes deltas superpoblados del sur, este y sudeste de Asia serían las más amenazadas, debido al incremento de las inundaciones marinas y, en algunos grandes deltas, de las crecidas fluviales.”10 En América Latina, “hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonia. (...) La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. (...) Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la extinción de especies en muchas áreas de la América Latina tropical. (...) La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella la productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por el hambre. (...)... los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico.”
A pesar de las alarmas mediáticas y de la proliferación de conferencias y acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto, las “conclusiones sólidas” a las cuales llega el IPCC dan pocos motivos de optimismo.
De subsistir las políticas actuales de mitigación del cambio climático y las correspondientes prácticas de desarrollo sostenible, las emisiones de GEI mundiales seguirán aumentando durante los próximos decenios. Durante los próximos dos decenios las proyecciones indican un calentamiento de aproximadamente 0,2°C por decenio para toda una franja de escenarios de emisiones. El mantenimiento de las emisiones de GEI en tasas actuales o superiores ocasionaría un mayor calentamiento e induciría numerosos cambios en el sistema climático mundial durante el siglo XXI, que muy probablemente serían mayores que los observados durante el siglo XX.
Estas tendencias pueden en realidad ser más severas que las contempladas hasta ahora en estos informes. Cada uno de los informes del IPCC ha quedado superado por los hechos en poco tiempo. Las alteraciones producidas por el incremento de temperatura pueden a su vez crear nuevos efectos de retroalimentación capaces de acelerar las alteraciones climáticas. Algunos de estos efectos de retroalimentación han sido identificados. El derretimiento de los casquetes polares, por ejemplo, deja al descubierto las aguas que son más oscuras que la nieve o el hielo, con lo cual se refleja menos energía solar, ocurre más absorción de calor, y con ello un incremento adicional de la velocidad del calentamiento. El deshielo de miles de kilómetros cuadrados de tundras permite la liberación de enormes cantidades de metano, un gas con efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Los cambios climáticos no ocurren en forma uniforme o lineal. Son posibles puntos difícilmente predecibles de inflexión a partir de los cuales se pase de alteraciones graduales a alteraciones de carácter catastrófico.
Con cualquiera de los cálculos [entre los rangos contemplados por el IPCC] que se utilice, es probable que al final del siglo la Tierra estará más caliente que en ningún otro momento en los últimos dos millones de años.
 La huella ecológica
Otra forma de aproximarse al diagnóstico de las transformaciones en las condiciones que hacen posible la vida en el planeta es mediante lo que se ha denominado la huella ecológica, índice mediante el cual se busca cuantificar el impacto humano sobre la biocapacidad del planeta. Esta mirada tiene varias ventajas. Permite analizar un espectro más amplio de asuntos más allá de las alteraciones de temperatura, a la vez que hace posible abordar en una forma más directa las relaciones entre los patrones de producción y consumo humano, y sus localizaciones en las alteraciones ambientales. Facilita igualmente la indagación de las relaciones de los seres humanos con el resto de la naturaleza como relaciones sociales, como relaciones de poder que están en la raíz de las profundas desigualdades existentes en el acceso a los bienes comunes de la vida, así como las responsabilidades radicalmente desiguales en su destrucción. Cuando la mirada está dirigida exclusivamente al tema (obviamente muy, muy medular) del cambio climático, se tiende a hacer abstracción del hecho de que la elevación de la temperatura media en la atmósfera, sin bien es la amenaza más severa y más inmediata que confronta la vida en el planeta, no constituye un asunto aislado. Es parte de un patrón integral de la relación de los humanos con la naturaleza y de los humanos entre sí. Acotando las amenazas exclusivamente al terreo del cambio climático, se pretende restringir el problema a una cuestión técnica. ¿Con qué tecnologías podemos disminuir la emanación de gases de efecto invernadero? ¿Qué precio le tendríamos que poner a estas emanaciones y qué tipo de regulaciones públicas serían necesarias para lograr que los mercados respondan a la necesidad de reducirlas? Con esta lógica se buscan respuestas que son extraordinariamente limitadas e insuficientes ante la severidad de los problemas que enfrentamos.
Por esa vía se busca obviar la necesidad de colocar en primer plano los dos asuntos medulares sin los cuales no es posible alteración alguna de las tendencias depredadoras hegemónicas:
  1. La necesidad de profundas transformaciones civilizatorias. Esto exige cambios en los patrones productivos, subjetividades, expectativas, y muy fundamentalmente concepciones de lo que es la riqueza y la buena vida.
  2. La exigencia a corto plazo de una radical redistribución del acceso a los bienes comunes del planeta. Cuando se apuesta a la posibilidad de respuestas tecnológicas (technological fix) o a las soluciones de mercado, en realidad lo que se está afirmando es que no se está dispuesto a cuestionar ni el patrón productivo/civilizatorio, ni las profundas desigualdades en la distribución del acceso a los bienes comunes del planeta.
A pesar de desacuerdos sobre diversos aspectos de los supuestos y metodologías de medición empleados, el concepto de huella ecológica se ha convertido en un instrumento muy fructífero para aproximarse a la medición y evaluación (diferencial) de los impactos humanos sobre la biocapacidad del planeta. Las sucesivas publicaciones de El Informe Planeta Vivo se han convertido en una fuente confiable y extraordinariamente útil para hacer un seguimiento de las presiones humanas sobre el planeta La conclusión de carácter más general a la que han llegado estos estudios es que se está sobre utilizando la capacidad de carga del planeta. De acuerdo a estos cálculos desde mediados de los años 1980, la humanidad está utilizando la biocapacidad del planeta más allá de lo que éste puede regenerar cada año. Esto quiere decir que este patrón civilizatorio hegemónico no es sostenible en el tiempo, y que como cada año se destruye más de lo que el planeta es capaz de reponer, cada año es menor la biocapacidad total del planeta. Sin embargo, nuestras demandas siguen en aumento, resultado del implacable crecimiento no sólo de la población humana sino también del consumo individual.
Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del Planeta de regenerarse. Si nuestras demandas al Planeta continúan a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida. La escala en la cual opera esta presión de la vida humana sobre la biocapacidad del planeta depende básicamente de tres dimensiones diferenciables: la magnitud de la población, los patrones de utilización de la biocapacidad que tiene dicha población, y la distribución entre las diferentes poblaciones del planeta al acceso a los bienes comunes que hacen posible la vida. Las respuestas a la crisis civilizatoria global que confrontamos como consecuencia de haber encontrado y sobrepasado los límites del planeta, tienen que considerar estos tres aspectos. El crecimiento sostenido de la población humana es un fenómeno histórico muy reciente. (...)
El acelerado crecimiento de la población del último medio siglo ha estado acompañado del extraordinario incremento de la presión per cápita sobre la capacidad de carga del planeta. Esto se ha producido como consecuencia de la expansión de los patrones de consumo, sobre todo por parte de las poblaciones del Norte. En el brevísimo tiempo transcurrido entre el año 1961 (primer año para el cual existe información suficientemente completa como para ser comparable), y el año 2005, la humanidad pasó de utilizar el 53% de la biocapacidad del planeta a un nivel de 131%. En este acelerado aumento de la presión sobre la biocapacidad del planeta fue determinante el peso del incremento de la huella ecológica per cápita. Durante ese lapso, la población total del planeta se multiplicó por un factor de un poco más de tres.
Sin embargo, lo que constituye la amenaza más severa a la biosfera, la huella de carbón, aumentó más de diez veces en ese mismo lapso. Esto quiere decir que la huella de carbón per cápita (a pesar de las enormes desigualdades en su distribución) se multiplicó por un factor de más de tres en ese período. El tercer aspecto que tiene que ser considerado para el estudio de las presiones que ejerce la humanidad sobre el planeta es el tema de la igualdad. Son tan extremas las desigualdades en la utilización de la biocapacidad del planeta entre las poblaciones de diversas regiones geográficas y de diferentes niveles de consumo, que en realidad los promedios globales son de muy poca utilidad. Como se afirmó anteriormente, a pesar de que se está destruyendo en forma sistemática la biocapacidad del planeta más allá de sus posibilidades de recuperación, una significativa proporción de la humanidad carece de acceso a las condiciones mínimas de la vida como el agua, la alimentación, o la vivienda.
Planeta viviente presenta información en la cual los países son clasificados en tres niveles de ingreso: altos, medios y bajos. En el año 1961 los países de ingresos altos, en promedio, tenían una huella ecológica per cápita que correspondía a 68% de la biocapacidad disponible en sus territorios. Las cifras correspondientes para los países de ingreso medio y de ingreso bajo para ese mismo años era 44% y 54% respectivamente. Esas relaciones se alteraron profundamente en las décadas siguientes. Para el año 2005, en términos per cápita, los países de ingreso alto tenían una huella ecológica que correspondía a 173% de la biocapacidad disponible en sus territorios, los países de ingresos medios un 100% y los países de ingresos bajos, un 111%. Mientras que en el año 1961 la relación entre la huella ecológica per cápita de los países de ingresos altos con relación a los de ingresos bajos era de 2,77 a 1, en el año 2005, esa relación se había elevado a 6,4 a 1.24 Estas cifras sólo son posibles como consecuencia de dos hechos.
En primer lugar, como ya se ha afirmado, se está utilizando la biocapacidad del planeta más aceleradamente que su capacidad de reposición. Pero, adicionalmente, los patrones de consumo (tal como se expresan en la huella ecológica per cápita) de los países con altos ingresos, sólo son posibles mediante la apropiación/expropiación profundamente desigual de la biocapacidad del planeta. El acelerado crecimiento del comercio internacional de las últimas décadas ha hecho que una proporción creciente de la utilización de la biocapacidad del planeta que se expresa como huella ecológica ocurra en lugares diferentes a los territorios o países en los cuales se da el consumo correspondiente. Un seguimiento de la Huella Ecológica del flujo del comercio internacional revela tanto la magnitud de la demanda sobre la biocapacidad extranjera como la ubicación de los recursos ecológicos de los cuales dependen los productos y servicios. Sirve para conectar el consumo local con amenazas a la biodiversidad en lugares distantes. En 1961, el primer año para el que se obtuvieron series completas de datos, la huella de todos los bienes y servicios comercializados entre los países era igual a 8% de la Huella Ecológica total de la humanidad. Para el año 2005 había subido a más de 40%.
El grado en que los países satisfacen su demanda de recursos a través de las importaciones varía de acuerdo con su nivel de riqueza. En 2005, la huella de las importaciones de los países de ingresos altos fue igual al 61% de su huella total de consumo, bien por encima de 12% en 1961. La huella de las importaciones en los países de ingresos medianos representó 30% de su huella total en 2005, comparada con 4% en 1961. La huella de las importaciones en los países de ingresos bajos fue equivalente a 13% de su huella de consumo en 2005, habiendo sido sólo 2% en 1961. La creciente demanda sobre la biosfera de los países de ingresos altos ha sido generada principalmente por un aumento en la huella por persona, la cual creció 76% entre 1961 y 2005. La mayor parte de este aumento se debió a un crecimiento de nueve veces en el componente de carbono. Aunque el crecimiento de la población en los países de ingresos altos ha sido más lento que el de las otras categorías, este crecimiento rápido de la huella por persona sitúa a los países de ingresos altos con una participación de 36% de la huella total de la humanidad en 2005, a pesar de tener sólo 15% de la población mundial. Esto es 2,6 veces mayor que la huella total de los países de ingresos bajos.
Una vez que globalmente se está sobreexplotando la biocapacidad del planeta, estas profundas y creciente desigualdades en el acceso a los bienes comunes del planeta expresan una situación suma-cero en la cual los crecientes niveles de consumo en los países de altos ingresos (así como los sectores de ingresos más elevados en el resto del mundo), necesariamente implican que los países de bajos ingresos (y en general las poblaciones de menores ingresos y de menor poder político), tendrán menos acceso a esos bienes comunes. Mientras mayor sea la abundancia de unos, necesariamente, mayores serán las carencias de los otros. La abundancia de los países centrales depende crecientemente de la apropiación desigual de la capacidad de carga de la atmósfera, de la exportación de su huella ecológica y de la utilización de la biocapacidad de los territorios donde viven otros. Estas condiciones definen un modelo global de acumulación de capital por desposesión. Como veremos más adelante, son los conflictos en torno a estos procesos de desposesión los que definen las luchas políticas, sociales y culturales nodales de nuestros tiempos.
La preservación e incremento de los patrones de consumo de los países más ricos (y de los centenares de millones de personas de las clases medias en acelerada expansión en países como China e India) crecientemente requiere del acceso a los bienes comunes que se encuentran en territorios de pueblos campesinos e indígenas hasta en las regiones más “remotas” del planeta. Detener las tendencias a la expropiación/devastación de los territorios y bienes comunes de los pueblos originarios y campesinos del Sur pasa necesariamente por un retroceso en las dinámicas de globalización y una drástica reducción de los volúmenes del comercio internacional. No estamos simplemente en presencia de un nuevo patrón de división internacional del trabajo, sino de un nuevo patrón de apropiación desigual de las condiciones que hacen posible la vida.
La atmósfera (su capacidad de captación de carbono) es reconocida como un bien común escaso precisamente en la medida en que esta capacidad está siendo sobre utilizada en formas extraordinariamente desiguales. Entre 1959 y 1986, los Estados Unidos, con menos de 5 por ciento de la población mundial, fue responsable de 30 por ciento de la emisión los gases de efecto invernadero acumulado. La India con 17% de la población mundial, fue responsable de 2 por ciento. En el año 2000 los Estados Unidos estaba emitiendo 20,6 toneladas de dióxido de carbono por persona, Suecia 6,1, Uruguay 1,6 y Mozambique 0,1.
II. Los límites del patrón corporativo de producción de alimentos La crisis global de la producción de alimentos está estrechamente asociada a la crisis ambiental planetaria.
Las transformaciones climáticas están alterando significativamente las condiciones (y posibilidades) de producción de alimentos en muchas regiones del mundo. A su vez, los patrones corporativos de producción de alimentos se han convertido en uno de los factores de mayor incidencia en la sobre utilización y devastación de la biocapacidad del planeta y hacen una importante contribución a la generación de gases de efecto invernadero. De esta manera, la crisis ambiental y la crisis alimentaria se retroalimentan. El control empresarial de la producción de alimentos ha avanzado en las últimas décadas fundamentalmente en la producción de cereales, de carnes y huevos y alimentos de origen marino. El análisis de los modelos de producción de alimentos que se ha venido imponiendo en estos tres renglones ilustra con claridad que, sin una pronta reversión de estas tendencias, nos aproximamos a una crisis alimentaria global aún mucho más severa que la que se confronta en la actualidad. La producción de alimentos por parte de campesinos y pueblos originarios en todo el planeta representó, durante la mayor parte de la historia del capitalismo, un límite u obstáculo a su lógica global de mercantilización y de incorporación de cada vez más territorios, “recursos”, trabajadores y consumidores.
Después de siglos de capitalismo, todavía hoy, una elevada proporción de los alimentos que consume la humanidad la producen campesinos y pueblos aborígenes. Desempeñando la mujer en esta actividad un papel central. La pequeña escala; diversidad y variedad de sus productos; la extraordinaria multiplicidad de sus prácticas agrícolas; la inmensa diversidad genética de las semillas utilizadas; la conservación e intercambio de semillas; la extrema heterogeneidad de los ecosistemas; y la prioridad que tienen el autoconsumo y los mercados locales y regionales, son algunas de las características de estos patrones de producción de alimentos que han dificultado el control corporativo y la centralización. En consecuencia: “Se estima que un 85% de los alimentos mundiales sigue produciéndose relativamente cerca de donde se consumen.”
Los transgénicos y el control corporativo de las cadenas alimentarias (…)
III. Los gobiernos de izquierda y/o “progresistas” de América Latina ante los retos planteados por la crisis civilizatoria

A partir del reconocimiento de la profunda crisis civilizatoria actual y de los límites del planeta, cualquier proyecto de transformación social democrática, profunda y viable tiene necesariamente que plantearse con radicalidad alternativas a la lógica depredadora de esta sociedad del progreso y de sometimiento/explotación de la llamada “naturaleza”. Esto exige, en primer lugar, una opción anticapitalista, en la medida en que la lógica de la acumulación del capital implica una dinámica de permanente expansión, de incorporación de cada vez más territorios, recursos, energías, mercados y fuerza de trabajo, un patrón de crecimiento sin fin que ha dejado de ser compatible con la vida humana en el planeta.
El capitalismo o crece, o entra en crisis. No es concebible un capitalismo con crecimiento cero, menos aún un capitalismo de decrecimiento. Pero el anti capitalismo ya no es suficiente. Si bien el capitalismo ha sido la expresión más plena de la sociedad de crecimiento sin fin y guerra contra las condiciones que hacen posible la vida, no agota este modelo civilizatorio. Como lo demostró la experiencia soviética el siglo pasado, una sociedad sin propiedad privada puede ser tan desarrollista, productivista y depredadora como el capitalismo. En este nuevo tiempo histórico, ni los retos que confrontamos son los mismos del siglo pasado, ni las herramientas teórico-conceptuales pueden ser las mismas. El reconocimiento de los límites del planeta nos impone nuevas exigencias epistemológicas: no podemos pensar a la “sociedad” como algo separado de la “naturaleza”, ni aceptar las pretensiones de la economía de hacer caso omiso de las dimensiones necesaria e inevitablemente materiales de la producción. Como afirma Enrique Leff, se trata en primer lugar de una crisis de conocimiento, de un patrón de conocimiento “a través de los cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de universalidad, generalidad y totalidad; por su objetivación y cosificación del mundo.” Igualmente, las confrontaciones entre modelos de sociedades alternativas en pugna no pueden ser pensadas -como lo hizo el imaginario lineal eurocentrado europeo del siglo XIX- en un eje maestro de izquierda a derecha capaz de aglutinar en su torno a la mayor parte de los asuntos más significativos de la vida social. Son posibles, por ejemplo, proyectos políticos nacionales radicalmente antiimperialistas que sean a la vez socialmente conservadores, poco democráticos y profundamente patriarcales, como lo demuestra el caso de Irán. Son posibles procesos político/sociales que, desde el punto de vista económico y geopolítico contribuyan a socavar al orden global unipolar, y que sean simultáneamente expresión de la expansión de las relaciones de producción/explotación/depredación capitalistas en sus formas más crudas, como ocurre en la actualidad en China. Son igualmente posibles procesos de democratización de la sociedad, con mayor equidad y la ampliación de la organización y participación popular, sin cuestionar los patrones civilizatorios hegemónicos ni las relaciones dicotómicas sociedad/naturaleza.
En los actuales procesos de cambio en América Latina se articulan en forma compleja luchas y confrontaciones a propósito de muy diversos asuntos: democracia; equidad; participación; antiimperialismo y autonomía nacional y/o regional; integración; conflictos entre modelos societales monoculturales y alternativas pluriculturales y plurinacionales; tensiones entre estatismo y autonomía de las organizaciones de base; entre desarrollismo (sea a nombre del capitalismo o del socialismo del siglo XXI) y comunidades y pueblos originarios y campesinos que pugnan por otros modos de vida, etc., etc. Entre estas diferentes dimensiones o planos en torno a los cuales se dan estos conflictos existen relaciones tanto de complementariedad como de tensión. Algunos aspectos de estos procesos de cambio serán abordados a continuación a la luz de las caracterizaciones formuladas sobre la crisis civilizatoria y límites del planeta.
¿Hasta qué punto los gobiernos denominados de izquierda o “progresistas” en América Latina, aun los más radicales, están dando pasos en la dirección de la construcción de alternativas efectivas a ese modelo civilizatorio y sus relaciones entre la actividad humana y el resto de la llamada “naturaleza”? El modelo de inserción de América Latina en el mercado mundial, desde la colonia, se ha caracterizado por una división del trabajo en que a estos países les ha correspondido suministrar productos primarios, esto es, un patrón productivo basado en la explotación de los denominados “recursos naturales”. En términos globales son pocas las alteraciones de este modelo productivo que se ha dado como resultado de los cambios políticos de la última década. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, es posible constatar que no ha habido mayor diferencia entre los gobiernos de derecha y los de izquierda o “progresistas” en este respecto. En la mayoría de los países suramericanos, en los últimos años, el peso del valor de las exportaciones primarias en el total de sus exportaciones o permaneció más o menos igual o se incrementó, en algunos casos, en forma significativa.
Lo que está en juego aquí no se refiere sólo a los debates de décadas anteriores sobre el deterioro de los términos de intercambio cuando se exportan bienes primarios e importan productos industriales, o la conveniencia de la sustitución de importaciones. Se trata del papel de América Latina en el patrón global de la acumulación por desposesión. La mercantilización avanzó extraordinariamente durante las décadas de la globalización neoliberal. Los obstáculos políticos, culturales, económicos, tecnológicos y jurídicos que enfrentó el capital fueron apartados en forma sistemática durante estos años. Se consolidó y profundizó la participación del continente en este modelo de acumulación. Nuevas innovaciones tecnológicas han hecho rentable la explotación de fuentes de minerales e hidrocarburos en regiones y/o a profundidades que hasta hace pocos años no lo eran. Como se señaló anteriormente, innovaciones en el campo de la biología e ingeniería genética han permitido conocer y manipular los códigos de la vida. Los nuevos regímenes de patentes y de propiedad intelectual han permitido la propiedad privada de ésta. Son estas las nuevas fronteras del capital. Se trata de procesos globales que hoy tienen sus escenarios principalmente en territorios del Sur. Tal como ocurrió durante la Revolución Industrial en el Reino Unido, se trata de procesos de apropiación/expropiación y privatización de los bienes comunes de la vida en el planeta: aguas, bosques, minerales, tierras, conocimientos.
Esta lógica depredadora de la acumulación por desposesión está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida y devastando los territorios en los cuales viven pueblos y comunidades originarios y campesinos en todo el mundo, muy especialmente en América Latina. Con este patrón productivo lo que está en juego no es sólo la opción “económica” entre un modelo primario exportador y el desarrollo industrial, sino lo que podría propiamente ser caracterizado como el asalto final del capital a los bienes comunes que hacen posible la vida. Los profundos cambios en la división internacional del trabajo que se han dado con el desplazamiento de la actividad industrial y de los centros más dinámicos de la acumulación capitalista hacia Asia, especialmente China y la India, ocurridos en las últimas décadas, no han alterado los patrones de inserción de América Latina en el mercado mundial.
Como consecuencia de los extraordinarios ritmos de crecimiento de las economías asiáticas, ha aumentado tanto la demanda como los precios de la mayor parte de los productos primarios que exporta América Latina, y se ha producido una mayor diversificación en los destinos de las exportaciones, más no de los productos exportados. Los principales países suramericanos, gracias a la reversión de las tendencias históricas al deterioro de los términos de intercambio de estos años, pagaron buena parte de sus deudas con los organismos financieros internacionales, acumularon reservas y con ello mayores niveles de autonomía para definir sus políticas económicas. En estas condiciones, se abría la posibilidad de reorientaciones en los patrones productivos tendientes a revertir la especialización primario-exportadora (o primario/depredadora). El amplio rechazo social al neoliberalismo que ha acompañado al desplazamiento “progresista” en la mayor parte de los países de América del Sur parecía crear condiciones propicias para darle prioridad a otros patrones productivos. Esto no ha ocurrido.
Con miradas a muy corto plazo, y como resultado del creciente peso político y económico de los sectores empresariales (nacionales e internacionales) activos en estas ramas de actividad, en la mayor parte de los países estos excedentes han sido re-invertidos en estos sectores primario exportadores. Los gobiernos que han buscado reorientaciones en este modelo han confrontado la firme resistencia de la oposición de derecha y de los empresarios. La composición del comercio latinoamericano, con su socio comercial de crecimiento más dinámico, China, ilustran como la diversificación geográfica del destino de las exportaciones no tiene porque conducirse a la diversificación productiva. Ha ocurrido exactamente lo contrario. El intercambio comercial de América Latina con China tiene una dependencia aún mayor en los productos primarios que en el comercio con los Estados Unidos y Europa: Las exportaciones de América Latina hacia China se basan casi exclusivamente en la extracción y uso intensivo de recursos naturales. Estos se exportan con escaso o nulo procesamiento, como es el caso de la soya, la harina de pescado, las uvas, el azúcar y el cobre.
Esta tendencia implica una fuerte presión sobre los ecosistemas, un vaciamiento de los recursos naturales del territorio latinoamericano (suelos agrícolas, biodiversidad, recursos hídricos, recursos pesqueros, y recursos energéticos); un detrimento de la soberanía de las comunidades locales sobre sus recursos naturales y sus territorios, y los servicios que estos proveen (comida, agua, etc.). Esto es particularmente irreversible en el caso de la minería. Las crecientes inversiones directas chinas en América Latina están igualmente dirigidas hacia bienes primarios, especialmente en la minería y energía, buscando asegurar mediante la propiedad un suministro seguro de estos “recursos”. Más allá de las cifras globales en la mayoría de estos países con gobiernos “progresistas” o de izquierda, es posible identificar políticas que no sólo no ponen en cuestión este modelo depredador, sino que por el contrario lo fomentan y consolidan. La minería, especialmente la minería a cielo abierto, es una de las actividades económicas que ha generado mayores conflictos con los pueblos y comunidades afectadas en la medida en que produce severos e irreversibles impactos ambientales que destruyen sus territorios, deforestación y la contaminación de suelos y aguas. Es una de las actividades de más acelerado crecimiento en el continente, y más atractivas para la inversión internacional.(…)

IV. Los sujetos y los ámbitos de las resistencias

La crisis y/o agotamiento del modelo civilizatorio basado en la guerra contra la “naturaleza” y el crecimiento sin fin, ha redefinido en términos fundamentales el carácter de las luchas y resistencias de nuestro tiempo, sus contenidos y sus sujetos sociales colectivos. Las contradicciones, tensiones fundamentales que confronta hoy el capitalismo no están en sus relaciones internas de explotación (relación capital-trabajo), sino en la incompatibilidad entre la lógica de expansión sin fin de la producción/destrucción que caracteriza a esta sociedad, y los límites del planeta. La lógica de la acumulación por desposesión se ha expandido en las últimas décadas hacia muchos territorios que hasta hacia poco tiempo habían sido relativamente marginales en los procesos globales de sometimiento mercantil a las necesidades del capital, especialmente territorios ocupados por comunidades campesinas y pueblos indígenas. Las resistencias de estos pueblos y comunidades campesinos e indígenas al avance de esta lógica depredadora constituye hoy tanto una lucha en defensa de sus territorios (y con ello de sus comunidades, de sus culturas, de sus vidas), como en un punto nodal, crítico, de los conflictos civilizatorios de nuestro tiempo. Globalmente están en juego tanto el capitalismo, como la posibilidad de futuro para la vida humana en el planeta. Para el capitalismo, la expansión más allá de sus fronteras, hacia su exterior, como lo argumentó Rosa Luxemburgo, es hoy más que nunca una condición necesaria para su sobrevivencia.
Frenar la acumulación por desposesión es detener al capital. Es notorio el contraste ente el contenido propiamente civilizatorio, profundamente radical de muchas de las luchas campesinas e indígenas, y el carácter predominante de las luchas obreras y sindicales actuales. La mayor parte de las luchas obreras y sindicales son, hoy en día, defensivas, orientadas a preservar y/o recuperar derechos que han sido sistemáticamente socavados por las décadas de neoliberalismo. No es frecuente encontrar en los programas sindicales contenidos que puedan entenderse como búsquedas de rupturas radicales con el patrón civilizatorio imperante. El caso de los trabajadores de la industria automotriz es ilustrativo en este sentido. Ha sido ésta una de las ramas de la actividad económica que globalmente ha sido más afectada por la crisis económica que se profundizó a partir del año 2008, entre otras cosas por la extraordinaria sobre capacidad de producción de automóviles existente a nivel global, así como el sostenido incremento que han tenido los precios de la gasolina en los últimos años. Es igualmente una industria directamente identificada con el patrón de consumo de hidrocarburos que está en el centro de los debates sobre el cambio climático. La quiebra o amenaza de quiebra de algunas de las más grandes empresas automotrices, y la disposición de muchos gobiernos a gastar miles de millones de dólares para auxiliarlas, constituyó una coyuntura extraordinariamente favorable en la cual hubiese sido posible no sólo reconocer la inviabilidad de continuar con el modelo de transporte del auto individual, sino actuar en consecuencia. Algunas de estas empresas fueron reestructuradas y/o redimensionadas radicalmente. En algunas -es este el caso de la General Motors- los trabajadores pasaron a ser dueños de una elevada proporción de las acciones de la empresa. Sin embargo en estas negociaciones no se aborda el tema de la relación entre lo que producen estas plantas y la crisis global. No se considera la posibilidad de aprovechar la crisis, las reestructuraciones, las masivas inversiones públicas, para reorientar dichas instalaciones para la producción de otros bienes, como por ejemplo, sistemas de transporte colectivo.
Este papel de los trabajadores fabriles y de las organizaciones sindicales no ha sido en este sentido muy diferente desde que, en las confrontaciones civilizatorias básicas de las décadas críticas de la Revolución Industrial Inglesa, fueron derrotadas las opciones de resistencia al régimen fabril. Los proyectos socialistas identificados con las luchas del proletariado en los siglos XIX y XX, compartieron en lo fundamental la ideología del progreso, las visiones lineales de la historia y la confianza en que el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo haría posible el paso de una sociedad de escasez a una de abundancia, lo que permitiría pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Ni el carácter de estas fuerzas productivas, la dirección de su desarrollo, ni los patrones de conocimiento y supuestos sobre las relaciones sociedad-“naturaleza” de este modelo tecnológico, han estado en el centro de las luchas obreras por una sociedad alternativa.
Hoy se trata de asuntos sin los cuales, simplemente, no es posible siquiera imaginar otro mundo posible. Parece una ironía de la historia que campesinos, pueblos y comunidades indígenas ocupen un lugar tan medular en las confrontaciones globales sobre el presente y el futuro del planeta. El pensamiento moderno, en la medida en que los había caracterizado como tradicionales y destinados a ir desapareciendo o integrándose ante el avance inexorable de las fuerzas del progreso, los había colocado en el pasado y en consecuencia asumido, en lo fundamental como no-sujetos. Las diversas y muy heterogéneas luchas campesinas y de pueblos indígenas tienen frecuentemente una radicalidad (en cuanto alternativa civilizatoria) que son menos comunes en otros sectores sociales.
Esto podría explicarse por varias razones. El avance acelerado de los procesos de mercantilización o desposesión hacia sus territorios, suele colocarlos ante opciones que son propiamente de vida o muerte. La pérdida y/o destrucción de sus territorios significaría la pérdida de las condiciones que hacen posible sus comunidades, sus culturas, sus vidas. No hay nuevas fronteras territoriales hacia las cuales escapar de este avance del capital. Otro aspecto fundamental condicionante del carácter de sus resistencias reside en el hecho de que estos pueblos, en sus comunidades, en sus culturas, en sus historias, cuentan con la vivencia de que el mundo de la plena mercantilización que los amenaza no es el único posible. A diferencia de poblaciones urbanas socializadas durante generaciones al interior de los sentidos comunes de la sociedad industrial moderna, la idea de que otro mundo es posible, de que otra forma de vivir es posible, no es un constructo teórico. Forma parte de otros saberes, de la propia experiencia y/o de la memoria individual y colectiva. Esta memoria de que es posible vivir de otra manera, de que pueden ser otras las relaciones entre los seres humanos, de que la tierra, la madre naturaleza o la pachamama es condición de la vida, no un “recurso” a ser explotado a voluntad, puede constituirse en un vigoroso recurso cultural. Puede ser fuente de una extraordinaria radicalidad capaz de poner en duda fundamentos y supuestos esenciales de los patrones civilizatorios hegemónicos. En los últimos años, entre otras cosas gracias a Internet y los múltiples diálogos e intercambios que ha favorecido la dinámica plural de los Foros Sociales, se han dado pasos extraordinarios en la capacidad de articulaciones y coordinaciones, de organizaciones y movimientos campesinos e indígenas en todo el mundo, con particular vigor en América Latina. Se han conectado luchas locales y regionales con luchas de carácter global. El mejor ejemplo de esto lo constituye el movimiento campesino internacional Vía Campesina, que articula movimientos campesinos en diferentes partes del mundo, entre ellos el MST.132 En América Latina en los últimos años han ido creciendo las articulaciones y capacidades de lucha más allá de las fronteras nacionales. La IV Cumbre de Pueblos de Abya Yala realizada en Puno a finales de mayo 2009 ilustra el vigor de estos procesos. Esta cumbre congregó a más de 6000 de representantes de pueblos y organizaciones indígenas de 22 países de toda América, además de delegados de organizaciones de otras partes del mundo. En forma conjunta se realizó la Primera Cumbre Continental de Mujeres Indígenas y el II Segundo Encuentro de la Juventud Originaria del Abya Yala.133 En la declaración final de la cumbre, las organizaciones indígenas y campesinas del Perú acordaron “Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”.134 Efectivamente, este levantamiento se llevó a cabo impulsado por organizaciones de pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía peruana y fue ferozmente reprimido por el gobierno de Alán García. Sin embargo, fue tal la fuerza del movimiento y su repercusión nacional e internacional, que el gobierno a se vio obligado a ceder y el Congreso peruano finalmente derogó los decretos que autorizaban a las transnacionales la explotación de las tierras de la Amazonía. Para Alán García las vastas extensiones de la Amazonía son ...“tierras ociosas”, ...recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo que no lo haga nadie’. Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica.
Las luchas y resistencias, la búsqueda por la preservación de la integridad de los propios territorios no se limita, no puede limitarse hoy, a ámbitos locales y/o regionales. Tanto las causas como los impactos de las transformaciones ambientales y apropiaciones territoriales son de carácter global. Ya no son posibles proyectos de vida alternos si no dan cuenta de estas dinámicas globales. Aún los pueblos amazónicos que viven en aislamiento voluntario están siendo amenazados por la lógica expansiva y depredadora de este patrón civilizatorio. Por otra parte, las dinámicas de devastación están avanzando a pasos tan acelerados que sin un freno a muy corto plazo de sus tendencias principales los efectos serán directamente catastróficos, devastadores para todos. No resultan realistas, ni son históricamente viables, proyectos de construcción de modos alternativos de vida que se planteen la acumulación de fuerzas a largo plazo, a partir de experiencias locales y/o regionales, si simultáneamente no forman parte de las luchas y resistencias globales a las dinámicas que están destruyendo la vida.
Las principales luchas y resistencias de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, y los documentos, declaraciones y plataformas de lucha de sus principales organizaciones y movimientos en todo el mundo abordan centralmente los temas más críticos que hoy confronta la humanidad, entre ellos pero no sólo, el ambiente y la producción de alimentos. Por ello, tienden a convertirse en referentes globales de las resistencias en este mundo en crisis.
El buen vivir (sumak kawsay) quechua y el vivir bien (suma qamaña) aymara en los actuales procesos políticos suramericanos, no son concebidos como proyectos para los pueblos indígenas, sino para el conjunto de la sociedad. Muchos sectores de la población han dejado de ver estas luchas indígenas y campesinas como expresión de intereses particulares de algunas comunidades (con las cuales es posible la solidaridad), para entenderlas como confrontaciones en las cuales, de alguna manera, se resiste a nombre de todos(as). Es ésta la razón por la cual con frecuencia las luchas y resistencias campesinas e indígenas, más allá del logro o no de sus objetivos inmediatos, tienen una extraordinaria eficacia simbólica, fortaleciendo de esa manera a los imaginarios alternativos. Un ejemplo notable de esto fue la reacción tanto en México como internacional al levantamiento zapatista.

   

lunes, 28 de marzo de 2016

V. Analicemos porqué el hoy nos desafía a desentramparnos de la unidad con el kirchnerismo y a crear la unión programática de las diversas luchas abajo.

e. El ver porqué el Nunca Más a la deKada ganada por el poder real es ver la conciliación de clases de la democracia desde 1983 y de los colaboracionistas de Carta Abierta.
28 de marzo de 2016

Jorge Halperín caracterizó, en radio Rebelde, a más de una deKada como estado de bienestar. Consideremos qué ocultan quienes hablan de resistencia al apagón informativo del gobierno de Macri y aclarando que la imposición del crecimiento gran capitalista fue a los pueblos de Argentina de modo tanto 'democrático' mediante el gobierno CFK como 'nacional' por liderazgo de Gustavo Grobocopatel Leer y de Eduardo Elsztain Leer:
La República Unida de la Soja recargada
GRAIN | 12 junio 2013 | A contrapelo
En el año 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja -Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.
Durante el año 2012 se produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.
Sin embargo, en términos de modelo agrícola y producción de alimentos no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo ni una autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con alto altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “medialuna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida de la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el Gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la medialuna que claramente han planteado su intención separatista).
Ya en otros A Contrapelo 1 2 3 hemos ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En este A Contrapelo intentaremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.
Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.
Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc.
En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil hectáreas por año.
Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos de manera más profunda. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la región.
Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.

El agronegocio mata
Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.
Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco.4 La CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.5
En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6
En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).
Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.

El agronegocio contamina
Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.
Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.
Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total.10 Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.
Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11
En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12
En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para el consumo.
El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.
El glifosato, ampliamente promocionado como de “baja toxicidad” por Monsanto, está siendo cuestionado por múltiples motivos entre los cuales debemos destacar:
- El impacto en las comunidades ya es imposible de ocultar y son miles las personas que desde los “pueblos fumigados” denuncian los problemas de salud que sufren por su aplicación: nacimientos con malformaciones en aumento, intoxicaciones agudas fatales, problemas respiratorios, enfermedades neurológicas, aumento de los casos de cáncer, abortos, enfermedades de la piel, etc.
- Las investigaciones científicas independientes confirman esta grave problemática y los estudios que vinculan al glifosato con desarrollo de tumores y malformaciones en el desarrollo de embriones han sido publicadas en los últimos años en las más prestigiosas revistas científicas.
- Los efectos sobre la salud de los “coadyuvantes” usados en la preparación del Roundup, principalmente el surfactante Poea (polioxietilamina), también están demostrados y se lo asocia con daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
- Los daños ambientales del glifosato también se encuentran ampliamente confirmados en la realidad de los territorios y en las investigaciones realizadas: su vínculo con la destrucción de biodiversidad es innegable al mismo tiempo que su efecto tóxico sobre anfibios está demostrado y publicado.
Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14
Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.

El agronegocio impone los transgénicos
La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.
El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.
Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.
Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15
En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.
En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad".18
El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.
El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas
La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.
El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.20
La movilización de diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.
Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.
El agronegocio destruye los bosques
La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia de lo anterior).
Un vez más, Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.
Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23
En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas deforestadas durante 2010.25
Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.
Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.

El agronegocio concentra la tierra en pocas manos
La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.
Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil, pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.
Veamos algunas de las cifras en cada uno de los países 27 :
- En Paraguay, en el 2005, el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo.
- En Brasil, en el 2006, el 5% de los productores de soja manejaron el 59% del total del área dedicada a ese cultivo.
- En Argentina, en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas.
- En Uruguay, en 2010, el 26% de productores controló el 85% del total de tierras con soja. En ese mismo año, el 1% del total de los productores tuvieron a su cargo el 35% de la superficie cultivada con soja.
El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.
Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este modelo.
Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 28como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río Grande do Sul.29

El agronegocio busca consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja
El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.
En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.
Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.
La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.
Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.
La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.
Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.
Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.
El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país
Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.
Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31
Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.
El agronegocio es una forma más de extractivismo que está saqueando los territorios
La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.
Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.
Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32
Veamos algunas de las cifras concretas solamente para Argentina (los valores no están disponibles para los otros países):
El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
La soja produjo durante la temporada 2006/2007 (con una producción de 47.380.222 toneladas) una extracción neta de:
- 1.148.970,39 toneladas de nitrógeno,
- 255.853,20 toneladas de fósforo,
- 795.987,73 toneladas de potasio,
- 123.188,58 toneladas de calcio,
- 132.664,62 toneladas de azufre y
- 331,66 toneladas de boro.
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva 42 mil quinientos millones de metros cúbicos de agua por año (datos de la temporada 2004/2005).

El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación
Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).
Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:
- La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.
- La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.
- La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.
- La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.
Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33
Y por si esto fuera poco: el agronegocio cambia el clima
El vínculo entre la Crisis Climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.
Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.
Consideraciones finales
Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.
Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.
Esperamos que este A Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur están germinando.


El ataque del poder real -gestionado por CFK- se profundiza con el fracking sólo gran negocio de corto plazo de las petroleras y de buitres financieros como George Soros. Es hora de atender a las organizaciones en resistencia al extractivismo. Escuchemos qué nos explica:




Documento de la 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua
Sábado 11 de octubre Día Mundial en Contra del Fracking.
Movilización nacional simultánea en contra de la nueva ley nacional de hidrocarburos
En un escenario mundial donde la carrera a los recursos hidrocarburíferos esta desencadenando guerras, Argentina cumple con los objetivos geopolíticos que le imponen las potencias del mundo: extracción de hidrocarburos NO convencionales, producción de monocultivos transgénicos y extracción tóxica de metales, fundamentales para la industria bélica de las potencias, que hacen la guerra para enriquecerse ilícitamente al costo del derramamiento de la sangre de los inocentes. 
Según las palabras de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner: “El modelo argentino no ha sido un mal negocio para Washington…” 
Es por esto que nos paramos frente a la nueva LEY DE HIDROCARBUROS que LEGALIZA el FRACKING en este País y que sólo apunta a favorecer la acumulación de capitales financieros alrededor de la explotación de los yacimientos no convencionales. 
El argumento del autoabastecimiento energético y del desarrollo que nos venden las industrias extractivas se cae frente al argumento de la vida sostenible, salubre y plena que demandan las voces de las comunidades del mundo. 
El fracking atenta contra la vida toda y pone principalmente en riesgo las reservas de AGUA DULCE, EL SUELO Y EL AIRE, indispensables para el desarrollo de la vida y la obtención de alimentos saludables. Este gobierno será responsable frente al pueblo argentino y frente a la población mundial de la salud y la vida de esta y de las próximas generaciones. 
Las asambleas socioambientales de Argentina, formamos parte de un movimiento que viene resistiendo a la POLITICA (NEO) EXTRACTIVISTA a la que este gobierno ha dado vía libre, convirtiéndola además en su política de Estado. 
Esta resistencia a los agronegocios y a la megaminería, hoy levanta la voz para decir una vez más ¡NO a la HIDROFRACTURA!! 
En Argentina, como en el resto del mundo, la sociedad conoce los daños irreversibles que ocasiona la extracción de los NO CONVENCIONALES, un proyecto ecocida diseñado por las multinacionales del petróleo que gobiernan y tiene como títeres a los funcionarios de esta PSEUDO – DEMOCRACIA, en la que han sabido poner a sus emisarios, como Galuccio, que administra desde y para empresas como SCHLUMBERGER. 
En Argentina la RESISTENCIA POPULAR es un hecho consumado, que los gobiernos se niegan a aceptar.
– Más de 40 CIUDADES y DEPARTAMENTOS ya han declarado a sus JURISDICCIONES LIBRES de FRACKING. 
– Se ha detenido el avance de proyectos hidrocarburíferos como “EL TRÉBOL”, en la provincia de Chubut y están cuestionadas las explotaciones en la Reserva Natural Protegida Auca Mahuida en la provincia de Neuquén. 
– Se ha obligado en Allen, en la Provincia de Rio Negro, a empresas como APACHE e YPF, a paralizar la producción (ocasionándoles perdidas por miles de dólares) a causa de los incidentes debido a las maniobras irresponsables ignorados los organismos de fiscalización del gobierno provincial gracias a la FALTA de CONTRALOR. 
– Se ha difundido y profundizado las noticias referidas a incidentes por FRACKING, como las PÉRDIDAS de las PASTILLAS RADIACTIVAS en Neuquén por parte de HALLIBURTON.
– Se ha apoyado a las comunidades mapuche afectadas directamente por derrames, explosiones de pozos y de destilerías y a la vez criminalizada por defender su territorio ancestral. Estas mismas han aportado conciencia en las poblaciones locales, acerca de los peligros para la vida que representa el fracking. 
-Se han organizado manifestaciones públicas de las comunidades afectadas y las que lo serán. 
Esto ha obligado tanto al GOBIERNO NACIONAL (& POPULAR) como al GOBIERNO PROVINCIAL DE NEUQUÉN a hacer uso de la REPRESIÓN como herramienta para defender y lograr sus propósitos, tal lo ocurrido en la legislatura neuquina, el 28 de agosto de 2013 durante el acuerdo YPF-CHEVRON, hecho que visibilizó lo que viene ocurriendo con las comunidades mapuces de la Patagonia (Gelay- Ko y Winkul Newen), y la CRIMINALIZACIÓN y JUDICIALIZACIÓN de las luchas en ENTRE RÍOS donde hay asambleas perseguidas y violentadas por la “justicia” y la obediencia “debida” de la Gendarmería Nacional, ambos organismos abusadores de poder. 
Saqueo y represión son las dos caras de la moneda nacional que se alinean al plan de militarización en todos aquellos lugares donde se hallan bienes naturales como metales, hidrocarburos, agua y extensiones territoriales y que trabaja para bifurcar normativas y darle garantía jurídica y blindaje a las corporaciones. 
La reciente reforma del Código Civil y Comercial es un claro ejemplo de esto. Elimina el art.241 concerniente al agua potable como derecho humano. Con esto el Estado ya no es responsable de garantizar este elemento vital a la población, y el agua deja de ser un bien común, para ser entregada a los proyectos extractivistas. 

El fracking es esencialmente violento y destructor, vulnera no sólo los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Afecta a la salud humana por contaminación que genera, y van a ser muchos los casos parecidos a aquel de CRISTINA LINKOPAN, longko de la comunidad Gelay-ko, fallecida por hipertensión pulmonar. Así mismo se generará el desplazamiento de las comunidades originarias de los territorios ancestrales, y la persecución y la muerte de los líderes comunales que no están dispuestos a negociar la vida a cambio de pocos beneficios. 

En el mes del Octubre Azul, y en el DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL FRACKING llamamos a hacer consciente la necesidad del CUIDADO y la DEFENSA del AMBIENTE que HABITAMOS y del que SOMOS PARTE. 

La conexión e interdependencia entre TIERRA -AGUA -AIRE y VIDA,
es el fundamento inalienable para protegerlos. 
La lucha en contra del fracking no puede pasar por las negociaciones entre sectores. 
¡¡La vida y el agua de los pueblos no se negocian!!
¡¡Las asambleas decimos no es no!!
¡Las negociaciones y “regulaciones” quieren decir SI!
¡¡Bajo ningún argumento ni beneficio se puede negociar la vida!!


Las asambleas convocamos a manifestarnos en alerta y movilización permanente ante los riesgos que implica la aprobación del proyecto de ley de hidrocarburos que se tratará en el Congreso de la Nación la próxima semana. Llamamos a estar alerta ante esta negociación para salir juntos a las calles 
Sábado 11 de octubre Día Mundial en Contra del Fracking. Desde las 15 horas en los territorios en resistencia y exigir: 
¡¡Que se reincorpore ya el ex art. 241 en el nuevo Código Civil y que el agua vuelva a ser un derecho humano fundamental!!
¡¡Que se apruebe la moratoria al fracking! y ante todos los proyectos extractivos que atentan contra la vida presente y futura!!
¡¡Que se anule el decreto inconstitucional, genocida n° 929/13 del poder ejecutivo nacional!!
¡¡Que se haga público el contenido del acuerdo Chevron-YPF!!
¡¡Que la genocida Chevron y todas las multinacionales asesinas se vayan de nuestros territorios. ¡¡Que YPF deje de hacer fracking!!
¡¡Que sean removidos de la justicia todos los que resuelven a favor de la muerte y la avaricia!!