Los conflictos vitales a los de abajo son generados por la destrucción capitalista de la Naturaleza

Contra el criminal e impune poder económico imperialista 

se unen las disputas por territorios

Comprobamos en Argentina que el crecimiento económico del capitalismo es incompatible con la vida humana y la de los otros seres o sea con los derechos de la Naturaleza. Su avance extractivista e inmobiliario causa las sequías e inundaciones y sus graves consecuencias en la Pampa Húmeda donde se concentra la mayor parte de la población de Argentina. Leer Aún más está destruyendo la fertilidad de la  Pampa Húmeda (poco frecuente en el planeta) mediante la intensificación del modelo de soja transgénica y los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. Para peor ataca mortalmente a los pueblos de esta ecorregión con fumigaciones de venenos. Lleva a cabo la deforestación que significa ecocidios-etnocidios pero, afecta a todos en el país-continente, al ir contra las biodiversidades creadoras de los equilibrios ecológicos o de las condiciones básicas tanto para la vida como para el trabajo. Completa su criminalidad de lesa humanidad con la demolición de los sistemas cordillerano, patagónico y mesopotámico para el saqueo imperialista de minerales, hidrocarburos y celulosa de pinos-eucaliptos que, sobre todo, ponen en peligro a las fuentes de agua potable en toda la Argentina y Nuestra América.

Analicemos a través de la actual promoción del fracking (o devastación de todas las provincias para la energía exigida por el extractivismo y que es fuente energética de corta duración), cómo el gobierno CFK legitima el avance de este criminal crecimiento económico de la alianza de los grandes capitales financieros e industriales de los Estados imperialistas con los locales. Primero nos convenció de su viraje desde privatizadores de YPF en los noventa a afianzadores de la soberanía por recuperación parcial de YPF. Hoy nos entrampa con el paquete de leyes para la democratización de la justicia. Justo cuando las inundaciones demuestran como los poderes públicos no garantizan la atención de necesidades e intereses populares sino que están al servicio del acaparamiento económico territorial de los oligopolios locales e imperialistas.  Es decir, son funcionales a la consolidación de la derecha que significa la flagrante concentración y transnacionalización económico territorial. Esto causa profundización no sólo de la pobreza estructural y de la desigualdad y exclusión social sino también de las reformas de los marcos jurídicos que el neoliberalismo implantó para la seguridad jurídica de los oficializados como inversores cuando son los saqueadores. Leamos:

¿Hacia la soberanía hidrocarburífera de la mano de Chevron?

Por Observatorio Petrolero del Sur

Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron) firmaron en Houston (EE.UU.) un acuerdo multimillonario para explorar y explotar la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una superficie de 290km² -en las áreas Loma La Lata y Loma Campana- se construirá una planta piloto y se perforarán 100 pozos, con una inversión de mil millones de dólares; primera etapa que podría ampliarse al desarrollo de 600km² y un desembolso de US$ 15 mil millones.

El ambiente y la salud no son prioridad en política pública

El objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, deben ser intervenidas -generarle grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Inmensos esfuerzos para profundizar el proceso de calentamiento global.
La acumulación de daños ambientales y sanitarios (tanto en animales como humanos) registrados en EE.UU., derivados de la aplicación de esta técnica, ha generado movimientos de resistencia a nivel global. En EE.UU. se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas,  aumento de la actividad sísmica, impactos sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas, psíquicas y otras más graves aún, ocasionadas por la ingesta de metales pesados. La agencia norteamericana de Protección  Ambiental (EPA) ha confirmado la contaminación de acuíferos debido al fracking e incluso en declaraciones públicas funcionarios afirman que queda mucho por hacer para que esta técnica sea inocua. En definitiva, es un procedimiento experimental sin garantías ni certezas. 

Estas situaciones han llevado a las autoridades del Estado de Vermont a prohibir el empleo de esta técnica, mientras que los Estados de Nueva Jersey y Nueva York declararon moratorias suspendiéndola. También en Europa el fracking es fuertemente cuestionado, en Francia y Bulgaria dictaron la prohibición, mientras que se dictaron moratorias en Inglaterra y otros países.

Por otra parte, la socia elegida por YPF no cuenta con las mejores cartas de presentación. Texaco (compañía contralada por Chevron) afrontó un proceso judicial en Ecuador por el cual se determinó su responsabilidad en daños socio-ambientales, registrados en la región Amazónica, y se la condenó al pago de US$ 9.500 millones en concepto de reparación y mitigación de impactos. En noviembre, la Justicia argentina hizo lugar a un embargo sobre los activos de Chevron en el país a fin de dar cumplimiento a esa sentencia que la empresa norteamericana se niega a acatar.

Asimismo, el pretendido proyecto piloto a realizarse por YPF y Chevron en Neuquén se asentará sobre territorio mapuche, el cual ya sufre la contaminación de más de tres décadas de extracción. En los años ’90, a través de diferentes estudios, se confirmaron los graves impactos en aire, agua y tierra; además de documentarse casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos, entre otras patologías; y la flagrante violación de derechos colectivos de este Pueblo.

Avanzada extractivista y pérdida de soberanía
Lejos de ser la herramienta de reconversión energética que se ansía y espera en estos nuevos tiempos, la empresa mixta YPF actúa como punta de lanza del conjunto del sector para la explotación masiva de no convencionales. Como lo explicita en su plan quinquenal, el objetivo de la conducción es no sólo apuntar al autoabastecimiento sino convertir al país en exportador neto de energía. A fin de cumplir esto, los primeros pasos han sido anunciados por la presidenta Cristina Fernández en la cena anual de la Unión Industrial Argentina (UIA): aumento en más de un 300% el precio del gas en boca de pozo.
 

Las provincias también avanzan en las reformas de los marcos jurídicos. En Chubut, el próximo 27 de diciembre, se trataría el nuevo marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera; tanto en la fundamentación como en el articulado, todas las expectativas están puestas en la explotación de yacimientos no convencionales. Por su parte, el gobierno de la Provincia del Neuquén ha sido el principal lobista para generar las condiciones económicas y jurídicas óptimas para el desarrollo de estos yacimientos. A tal punto llega esta convicción que la gestión de Jorge Sapag autorizó recientemente a la empresa francesa Total a perforar un pozo para la explotación de no convencionales en el área natural protegida Auca Mahuida, en el norte de la provincia.

Mientras no se detallan los impactos producidos durante años por Repsol, de acuerdo a lo expresado por el gobierno en el marco de la recuperación del control de YPF, se acepta como socia a una empresa claramente destructora de territorios y condenada por ello. Entonces, ¿a quién se beneficia con la explotación de no convencionales? Con un precio en boca de pozo mayor, ¿qué nuevas sorpresas veraniegas nos esperan? ¿Este acuerdo marca las reglas del juego para el resto de las empresas interesadas en los no convencionales? Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos.
El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro.

Fuente: http://www.opsur.org.ar /blog/2012/12/21/hacia-la-soberania-hidrocarburifera-de-la-mano-de-chevron/

Volvamos a la instalación de la democratización del poder judicial con dos fines fundamentales y cuyo carácter tramposo ha sido una constante de los 10 años de gobierno K. Uno consiste en procesos deliberados de destrucción de la memoria social, de naturalización de la tragedia política y de ninguneo de la responsabilidad de gobiernos y estados en las inundaciones, inasistencia a damnificados e implicancias. El segundo contiene un paquete de leyes que persigue instaurar la suma del poder público en el Ejecutivo unipersonal para afianzar la claudicación de soberanía nacional que rige en los 54 tratados bilaterales de inversión, en el sistema estafador de desendeudamiento-endeudamiento como medular para la gestión CFK y la vigencia de la Ley de Entidades Financieras. Aún más, desde el año pasado, está el proyecto de código civil y comercial que privatiza la justicia a favor del gran empresariado local e imperialista cuya seguridad jurídica, además, CFK reforzó con la promulgación de la Ley antiterrorista a aplicar contra las organizaciones populares que resisten al modelo extractivo (agronegocios, megaminería, superexplotación pesquera e hidrocarburíferas, IIRSA y megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios) y de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Reflexionemos sobre:

En la Justicia: acceso y democratización, son temas pendientes

Miércoles 6 de marzo de 2013, por Prensa Federación Judicial Argentina 

 

 "El discurso presidencial de apertura del año legislativo da un nuevo y mayor impulso a un antiguo reclamo popular que, desde hace años, brega por una profunda reforma judicial que salde el déficit democrático de la magistratura y del sistema mismo de justicia en nuestro país".

 

"Sin perjuicio de un análisis específico de los proyectos de ley en los que plasmen ese ímpetu oficial, se puede coincidir con el planteo de que se impone una mayor participación ciudadana en el diseño y composición del Poder encargado de impartir justicia. Sin embargo no perdemos nunca de vista que el modelo judicial no es ajeno ni independiente del modelo de país, por el contrario se correlacionan y retroalimentan.

"Si esto es así, el problema del acceso y la democratización de la justicia no pueden analizarse sólo en el marco del sistema judicial existente, sino en el contexto social, económico, político y cultural en el que se inscriben las instituciones del poder judicial cuanto la gente, en su conjunto, que requiere resolución de conflictos con sentido de equidad y ajustado a la Constitución y las leyes, y en este contexto muchas de estas últimas promueven lo contrario como es el ejemplo del sistema impositivo en el que se exime de pagar impuestos a multinacionales y se grava el trabajo.

"De ahí, que las desigualdades que determinan las relaciones económicas y sociales (la inequitativa distribución de la riqueza, los diferentes poderes adquisitivos, etc.), las diferencias culturales, entre otras cuestiones inciden objetiva y subjetivamente en el modo en que se resuelve la efectivización judicial de los derechos y garantías.

"Son lamentablemente mayoritarios los juristas, doctrinarios y politólogos que desconocen esta relación y que analizan el problema desde un punto de vista intrínseco de la justicia que tenemos, como si los diseños ideales y las instituciones reales exclusivamente referidos al sistema judicial, puedan resolver la cuestión con autosuficiencia. Por el contrario, nosotros, sostenemos que no existe posibilidad de un sistema judicial inclusivo en una sociedad que margina, que excluye, que segmenta con sentido negativo.

"Por tanto, en lo que se refiere al acceso a la justicia comienza con un Estado que cumple plenamente con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales, especialmente aquellos que refieren a los derechos humanos. Porque en tanto exista pobreza, marginación, empobrecimiento, privilegios, nadie puede decir que hay acceso a la justicia porque existe excelencia judicial.

"¿Qué decir, entonces, cuando en lugar de eso, desde el Poder Ejecutivo Nacional se niega el cumplimiento de sentencias judiciales que, como en el caso de los jubilados y pensionados, constituye un abierto conflicto de poderes? ¿Qué decir de una Presidenta que habla de la industria del juicio y sin embargo toma decisiones automáticas que generan juicios automáticos por diferencias en las liquidaciones de los jubilados, atorando la capacidad de los tribunales y a despecho de lo que solicitara al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué decir de la mayoría de los jueces que rechazan el restablecimiento del sistema de porcentualidad salarial derogado en su momento por la dictadura genocida y posteriormente por Menem-Cavallo, consagrándose así la más inequitativa relación salarial entre jueces y trabajadores judiciales de todos los tiempos. ¿Qué decir de la Corte de Justicia de la Nación que fundamentó ante la OIT que a los trabajadores judiciales no les corresponde discutir sus derechos y remuneraciones salariales en paritarias?".

Lejos de la excelencia judicial

"La crisis del sistema judicial es muy antigua. O quizás debamos decir que a ciertas crisis le sucedieron otras y otras. O que ciertas crisis fueron resueltas en beneficio de los sectores del privilegio y eso supone más crisis para los sectores populares.

"Por ejemplo, al ya deteriorado sistema judicial del siglo veinte, que formó parte del Estado terrorista construido a mediados de los setenta, le sobrevino una etapa post dictadura plagada de contradicciones, en la que más del 90 por ciento de los jueces eran los mismos que en la época dictatorial, y de allí se pasó a un nuevo avance del neoliberalismo que, recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, terminó de empeorar las cosas. Quizás la máxima expresión de ese desastre haya sido la nefastamente famosa Corte Menemista, de la mayoría automática, que fue puesta en la picota por las enormes movilizaciones de masa del 2001 y 2002.

"Ese sistema judicial se correspondió, como anillo al dedo, al modelo de sociedad capitalista vigente en nuestro país. Quien quiera definir a la justicia desconociendo pues esa inscripción más general en el sistema social, político, económico y cultural, se coloca en una tesitura absolutamente abstracta y a la vez estéril. Porque ambas desigualdades se potencian: la desigualdad social se potencia con la desigualdad del sistema judicial.

"Con eso no queremos decir que primero hay que transformar toda la sociedad y, luego, recién, pensar en el sistema judicial. Hay una dialéctica en el proceso transformador que tiene que apuntar a desarrollar acciones en ambos niveles, que coadyuvarán a conseguir el objetivo que perseguimos.

"Sin ir más lejos, hoy estamos empeñados en evitar la destrucción del fuero laboral. El concepto inicial de la creación del fuero laboral fue el de instituir un espacio protectorio de los trabajadores, que resuelva sus conflictos de derechos con las patronales, de manera que atienda especialmente a la desigual relación de fuerzas que se establece entre las clases sociales que concurren a la justicia. Así se atendía precisamente a ese derecho de acceso a la justicia para una masa enorme de población, que hoy sigue siendo la mayoritaria desde el punto de vista numérico, que son los trabajadores.

"Con idas y venidas, con avances y retrocesos, durante los últimos cuarenta años, asistimos a un progresivo deterioro del fuero que no es resultado meramente de un abandono, de un dejar de hacer, sino de una política expresa de eliminar la idea y el hecho de ese fuero específico.

 

"El último golpe en contra del fuero laboral le ha sido asestado recientemente con la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, en virtud de la cual se le resta competencia a favor del fuero civil. Un fuero que no tiene aquellas compensaciones a la desigual relación que existe entre patrón y trabajador".

¿Qué se está afectando en ese caso? El acceso a la justicia

"Porque no se resuelve el acceso a la justicia con solo lograr que un trabajador pise el suelo de los tribunales, sino que se resuelve cuando ingresa a un espacio en el que sus derechos puedan ser garantizados, conforme a lo que disponen las leyes y la Constitución.

"A partir de la sanción de la nueva ley de riesgos, el acceso a la justicia para los trabajadores se ha tornado difícil, mucho más que antes. Así mismo, por citar otros temas dentro de una lista enorme de ellos, los fenómenos de tercerización y privatización de la justicia, impulsados sobremanera durante la embestida neoliberal de los ‘90, fueron otros agravantes de la ya devaluada justicia argentina.

"Quizá, el ejemplo paradigmático es el de la mediación. Instituir instancias privadas y onerosas, previas a la llegada a los tribunales, solo podía beneficiar a los sectores pudientes en perjuicio de aquellos que ya les resultaba difícil llegar y pagarle a un abogado.

"A espaldas de esta realidad, la mediación privada se extendió por todo el país y no solo persiste hasta la actualidad sino que aún se pretende extenderla. El Estado debe abandonar la búsqueda de la verdad aras de un proceso judicial económico. En el fuero penal las reformas de los códigos procesales en el sentido de garantizar los derechos de las víctimas y procesados en acuerdo con los tratados internacionales de los DD.HH. fueron bienvenidas, pero detrás de esos nobles objetivos se introdujo el pensamiento neoliberal de limitar del Estado y concebir como “antieconómica“ la obligación de los Jueces, Fiscales y Defensores de averiguar la “verdad real“, eximiéndolos de semejante objetivo, desnaturalizando el proceso donde el juez se limita a ser un árbitro entre las habilidades de fiscales y defensores-tornando ilusorio en muchos casos la posibilidad de satisfacción alguna. También se introduce el concepto Justicia como mercancía y así se consideran penas tasadas en dinero para quienes cometen delitos aberrantes.

"En realidad el problema de garantizar acceso a una justicia democrática, es el problema de los sectores más vulnerables, o diríamos mejor si dijésemos vulnerados.

"No es el problema de las multinacionales, ni de las grandes corporaciones, ni de las clases sociales que concentran la mayor riqueza. Ellos no sólo tienen garantizados sus derechos, sino que son dueños de los derechos de los demás. Y si alguien pone en riesgo sus posesiones, tienen dónde recurrir, desde los tribunales internacionales corporativos, como el CIADI, hasta los jueces locales elegidos con listas escritas sobre servilletas.

"Cabe aclarar que nuestro saber no sólo se construye y construyó desde nuestra condición de pertenecer a la clase trabajadora, condición asociada también a nuestra capacidad de relacionarnos con la comunidad y sus organizaciones por lo que conocemos los padecimientos de nuestro pueblo en los tribunales, donde la mayoría de los jueces terminan siendo el reaseguro de un sistema de dominación que favorece a los poderosos y que en muchos casos hacen prevalecer el derecho de propiedad a los derechos humanos.

 

"Los que suscribimos este documento somos militantes de la CTA, en muchos casos, desde su fundación en los ‘90, desde su primer Congreso en el Luna Park encontraremos valiosas conclusiones en sus resoluciones asumidas por miles de compañeros que en plurales debates, acompañaron a la Federación Judicial Argentina y a numerosos organismos de Derechos Humanos, construyendo, propuestas para democratizar la justicia, al mismo tiempo que se promovían iniciativas para terminar con las desigualdades que, cómo decíamos, determinan las relaciones económicas y sociales. Fue así que, se lograron avances en la selección de los magistrados en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y también en diciembre del 2001 junto a los Abogados Laboralistas, las Madres Línea Fundadora, la Asamblea de vecinos de Plaza Lavalle y numerosas organizaciones sociales y personalidades, instalamos el ’que se vayan todos’ contra la Corte menemista. Durante más de dos años semanalmente nos movilizamos hasta que se logró la remoción, la renuncia de los que garantizaban la mayoría automática, modificándose sustancialmente el perfil de la Corte de la Nación.

"El problema es la democracia en todos los sentidos. Democracia social, económica, política. Democratización de la justicia en ese marco.

"A partir de ese enfoque global, puede establecerse un extenso menú de alternativas específicas que pasan tanto por desmantelar los avances del neoliberalismo, depurar el pasado terrorista de nuestro sistema judicial, establecer formas participativas y democráticas en la determinación del diseño del sistema judicial tanto como de los que deben integrar sus tribunales.

"Así, el tema de la democratización es en realidad el tema de una justicia para todos, en el marco de una sociedad para, de y por todos".

Víctor Mendibil, Hugo Blasco, Carlos Ordoñez, Matías Fachal, José Luis Ronconi, José Rigane, Julio Gambina, Elia Espen, Carlos Chile, Guillermo Diaz, Gabriel Martinez, Carla Rodriguez, Néstor Jeifetz, Manuel Gutiérrez, Julio Bertomeu, Marcos Wolman, Julio Acosta, GustavoTeres, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Eduardo Smith, Leandro del Greco, Mariano Randazzo, María Teresa Núñez, siguen las firmas... Leer

Agreguemos que la Presidenta descalificó a los docentes para deslegitimar sus reivindicaciones y dar mayor efectividad a la descentralización tanto del Estado como de la CTERA para quitar poder de reclamo a los trabajadores de la educación pública. Tengamos presente a la lucha de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén - ATEN

Jorge Sapag, después de ir a EE.UU. para tocar todas las puertas posibles al despliegue de súper negocios de las gigantescas petroleras y garantizarles plena seguridad jurídica, festejó el acuerdo de YPF con Chevron para explotar Vaca Muerta. Pero:"El gobierno provincial de Jorge Sapag (MPN- Movimiento Popular Neuquino, gobierno desde hace más de 50 años en Nqn) no dio lugar a la negociación en términos de paritarias. Los espacios de reunión que habilitó partían desde la base de que se “tratarían todas las cuestiones que reclamaban los docentes en cuanto a las condiciones edilicias y demás” pero que “no se trataría de ninguna manera el tema salarial”". Leer

ATEN fue el único gremio que no logró acordar con el gobierno de Neuquén durante el 2012 . A fines de enero de este año el gobernador Jorge Sapag dio por terminada la discusión y otorgó por decreto un aumento -que ya había sido rechazado por los docentes- de $480 no remunerativos y bonificables, más una suma fija por única vez no remunerativa y no bonificable de 960 pesos. Lo pedido por ATEN es un incremento del 35% para este año, más la recomposición de la segunda mitad de 2012. Leer

Frente al hecho que el capitalismo privilegia el extractivismo por sobre la vida, la salud y el porvenir de las grandes mayorías, está la necesidad de una alternativa postextractivista. Consideremos: 

Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo

Por Eduardo Gudynas

(...)Por este tipo de razones, la consideración de transiciones postextractivistas debe defender la validez y necesidad de las alternativas. No basta con elaborar planes alternos, sino que es necesario defender y promover la validez de buscar futuros distintos. Esto requiere mantener la crítica al extractivismo actual, así como apuntar las vías de salida a éste; las dos tareas son necesarias y deben ser simultáneas. Establecido este punto, es necesario identificar la orientación de esas alternativas. Aquí se defiende que deben estar encaminadas a las llamadas “alternativas al desarrollo”, en el sentido de abandonar las ideas convencionales del desarrollo para pasar a otras concepciones. Esto implica entender que las “alternativas” que se mantienen por las posturas contemporáneas del desarrollo son insuficientes en general, y en particular frente al extractivismo. Como resultado de un cuestionamiento posdesarrollista, es necesario adentrarse en alternativas a la propia idea del desarrollo. Por lo tanto, se apunta a “alternativas al desarrollo”. En general han prevalecido los llamados “desarrollos alternativos”, entendidos como ajustes instrumentales y parciales dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Algunos de ellos pueden jugar un papel importante, en tanto son cambios y ajustes necesarios para reducir y minimizar los costos sociales y ambientales del desarrollismo, mejorar su contribución económica, y abrir posibilidades para cambios más profundos. También pueden tener un papel al enfrentar situaciones urgentes de redistribución de riqueza, en especial en algunos sectores populares, y a su vez, pueden generar mejores condiciones para moverse hacia transformaciones más sustanciales. Pero siempre son incompletos y no ofrecen salidas sustanciales a la problemática actual.

Las «alternativas al desarrollo», en cambio, pasan a desafiar toda la base conceptual del desarrollo, sus modos de entender la Naturaleza y la sociedad, sus instituciones, y sus defensas discursivas.

Este segundo campo −las «alternativas al desarrollo» − apunta a romper el cerco de su racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no sólo en su instrumentación sino también en sus bases ideológicas. Siguiendo esta postura, estas alternativas pueden cobijarse dentro del campo de ideas que actualmente se agrupan bajo el rótulo del «buen vivir». Por lo tanto, las metas de las transiciones postextractivistas que aquí se describen apuntan en ese sentido.

El «buen vivir» puede ser caracterizado, en forma muy breve y esquemática, por su postura crítica a la ideología del progreso y su expresión en el desarrollo contemporáneo como crecimiento económico, intensa apropiación de la Naturaleza y sus mediaciones materiales.

A su vez, el «buen vivir» defiende asegurar la calidad de vida de las personas, en un sentido ampliado más allá de lo material (incorporando el bienestar espiritual) y más allá de lo individual (en un sentido comunitario), y también del antropocentrismo (extendiéndose a la Naturaleza).

Bajo el «buen vivir» se reconocen los valores propios en la Naturaleza, y por lo tanto el deber de mantener su integridad, tanto a nivel local como global. Esto hace que esta perspectiva esté orientada a trascender el dualismo que separa sociedad de Naturaleza, y también romper con la concepción de una historia lineal, donde nuestros países deben repetir los estilos y la cultura de las naciones industrializadas.

Las ideas del «buen vivir» se nutren de aportes determinantes de las culturas indígenas, y por lo tanto se desenvuelven en un campo intercultural. Están en tensión con la postura dominante de la Modernidad eurocéntrica, pero no son un regreso hacia el pasado, ni un conjunto de comportamientos estancos, sino que discurren por interacciones y articulaciones entre múltiples saberes. Finalmente, la idea del «buen vivir» es no-esencialista; no existe una receta, y debe ser construida para cada contexto histórico, social y ambiental. Bajo el «buen vivir» no es posible mantener un “extractivismo depredador” ya que destruye la posibilidad de una buena vida tanto individual como comunitaria, y también destruye la Naturaleza con la que se convive (...)". Leer