La percepción generalizada del Estado en conflicto con los intereses populares es crucial.

Para que la mayoría de nosotros descubra su estar en 

antagonismo irreconciliable con el capitalismo.

Los gobiernos K lograron consolidar el fetichismo del Estado al punto de convencer que es el gran agente del cambio social. De ahí la impunidad de los acuerdos CFK con Barrick Gold, Monsanto, Chevron, Elsztain o la impunidad de De Vido en seguir con su Ministerio dedicado a los negocios en IIRSA pese a las gravísimas consecuencias en los ferrocarriles, en las inundaciones y en el suministro eléctrico. Tampoco la mayoría de nosotros cuestiona el mito del Estado distributivo, no obstante que el gobierno CFK hace ostentación de privilegiar a los estafadores oficializados como acreedores externos y a terminales automotrices, petroleras, agroindustrias. Claro que está sumida en naturalizar el deterioro de sus condiciones de vida y trabajo. Por añadidura, es objeto de desinformación sobre la desigualdad e injusticia social que se implanta hasta con condena a perpetua por huelga reclamando contra la tercerización laboral y el impuesto a las ganancias que tiene lugar en Las Heras (provincia de Santa Cruz).

“Caso: Lucha de los trabajadores petroleros en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Muerte del policía Jorge Sayago (Febrero de 2006)”, fragmento del artículo publicado por Red Eco Alternativo en el libro “Criminalización de la pobreza y de la protesta social”, coordinado por Claudia Korol y editado por El Colectivo, América Libre. Por Red Eco

Los trabajadores petroleros y de la construcción iniciaron a fines de enero de 2006, en las localidades santacruceñas de Las Heras, Pico Truncado y Koluel Kaike, en la Patagonia Argentina, un plan de lucha que incluyó el bloqueo a los accesos a los yacimientos petroleros y el corte de las rutas 16, 18 y 43, paralizando de este modo la producción petrolera de la zona norte de Santa Cruz. La conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado les negó el apoyo en las medidas que los trabajadores realizaron frente a las plantas de las multinacionales Repsol-YPF, Vintage Oil y Panamerican Energy.

El principal reclamo de los trabajadores petroleros es que se aumente el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias y el encuadramiento en el convenio de petroleros de los trabajadores de la construcción empleados en los yacimientos. El mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias oscila entre los 400 y los 1200 pesos según el sueldo y se cobra a los solteros que superan los 1800 pesos y a los casados con 2200. Estos topes no se modifican desde 1992 (cuando arrancaba la convertibilidad) y fueron prorrogados hasta el 2009.

"El más bestia: el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Los trabajadores petroleros pagan más impuesto a las ganancias que cualquier abogado o contador monotributista. Sin embargo las empresas firmaron un acuerdo en el que se compromete a explorar zonas petroleras, si las eximen de impuestos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Las empresas son eximidas y los obreros pagan ganancias?", denuncia Ramón Amaya, abogado defensor de Mario Navarro, vocero de los trabajadores petroleros durante el conflicto.

La comisión directiva del Sindicato del Petróleo y el Gas Privado de Santa Cruz prometió llevar adelante la lucha contra dicho impuesto y ya en 2005 habían realizado un paro con el mismo reclamo que fue levantado bajo la promesa de que se iba a aumentar los mínimos de ese impuesto.

Cuando comenzó el conflicto, fines de enero de 2006, los integrantes del sindicato desconocieron el reclamo, alegando que estaban haciendo gestiones y que no había que llevar la medida a ese extremo. Los trabajadores decidieron en asamblea iniciar el reclamo a partir del 23 de enero. “Se llegó a la determinación de que las comisiones internas se hagan cargo del conflicto porque el gremio, después de haber participado en la asamblea, le dio la espalda a los trabajadores por los negocios preexistentes que tenía con el poder político y las operadoras, digamos las generadoras de empleo”, subraya Navarro. En tanto, las empresas petroleras respondieron con denuncias penales por usurpación y amenazas.

La justicia ordenó la detención de Mario Navarro, vocero de los trabajadores petroleros, bajo la acusación de ser uno de los cabecillas y el desalojo del corte de ruta para que se garantice el libre tránsito y el libre acceso a los yacimientos. Navarro fue detenido el lunes 6 de febrero a la noche, a la salida de una entrevista en la radio FM Soberanía. La orden de detención fue firmada por el Juez Subrogante, Sergio Gagaglione, del Juzgado Provincial N°1 de Pico Truncado y Navarro fue trasladado a la comisaría de Las Heras. No bien los trabajadores petroleros y vecinos tomaron conocimiento de la detención de su compañero hicieron una asamblea y decidieron movilizarse para lograr la liberación de Navarro “Los compañeros, con gente del pueblo, se abalanzó sobre la Alcaldía, cantando el himno nacional. Los dos concejales, que en todo momento estuvieron con la gente del pueblo, hablaron con el Comisario (Gustavo Adolfo) Iñigo para pedir que lo pongan en libertad al compañero Mario Navarro. Pero el Comisario les dice que el diálogo terminó y que se retiren urgente porque los iban a ’sacudir’ a ellos también. Entonces mandaron bombas lacrimógenas”, recuerda Luis Guineo, delegado de los trabajadores petroleros .

Amaya señala que hubo disparos de calibre 22: "Parecieran ser de carabina, pero además las versiones que recogí en el lugar hablaban de armas largas con miras telescópicas utilizadas desde un vehículo que circulaba en la zona, y desapareció, disparando hacia la comisaría". Navarro y los trabajadores fueron acusados por la conducción del sindicato, los medios masivos y el gobierno Nacional de ser ellos los autores de la muerte de un policía, el oficial Jorge Sayago. Al día siguiente, también los acusaban de haber matado a otro trabajador, Alejandro Paisman Vera.

El martes 7 de febrero a la mañana apareció muerto en Las Heras Alejandro Paisman Vera, víctima de una presunta golpiza. Era el cuñado del secretario general del Gremio de Petroleros Privados. “Paisman Vera estuvo en los hechos frente a la comisaría al lado de los concejales, estuvo en la primera línea de fuego. Era uno de los reclamantes. Fue uno de los primeros en llegar pidiendo la liberación de Navarro”, afirma Amaya.

Qué pasaba en los medios antes del lunes 6/2 (…) Leer

La nota aporta a la conceptualización de cómo opera la triple alianza antiobrera (el Estado, la patronal y el sindicalismo empresarial) y cómo funciona la unidad integral del estado provincial, la de éste con el nacional y la de los medios masivos con locales para el consenso de la gobernabilidad. A esta instauración del orden o seguridad jurídica de los llamados inversores se incorpora el otro partido de estado: la UCR.

 "(...) la oposición, con la UCR a la cabeza, a través de su diputada Elsa Alvarez, se ha lanzado a pedir una “condena ejemplar para dar paz a la familia”, sosteniendo que “nada más alejado de la democracia y de las instituciones que el enfrentamiento se imponga por sobre el diálogo y la negociación; por eso, cuando lamentablemente esas pautas mínimas de convivencia civilizada se rompen, tiene que caer todo el peso de la ley sobre quienes se ponen fuera de derecho” (...)". Leer

La "democracia y las instituciones,...el diálogo y la negociación" podemos comprobarlos en el Boletín Informativo nº 694 19-06-2013:

La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras.

A principios de 2006, una serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia de Santa Cruz, continuidad de una larga lucha protagonizada por los trabajadores hiper explotados por las multinacionales dedicadas al negocio de la extracción de petróleo. Los reclamos de ese inicio de año no eran nuevos: mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos, pase a planta de los tercerizados.

Entre las últimas semanas de enero y la primera de febrero, hubo piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. La madrugada del 7 de febrero, con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la detención de un referente de los trabajadores, desató la reacción masiva de un millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con la fuerza de su movilización liberaron a su preso y frenaron otras seis órdenes de captura.

En la pueblada murió un policía, Jorge Sayago, que quedó solo frente a la comisaría cuando sus camaradas retrocedieron ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.

El gobierno provincial rápidamente recibió el apoyo del nacional, y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en la ciudad de menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos y trabajadores fueron apaleados y torturados, y se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada.

Sobrevino entonces una parodia de “investigación judicial” cuyo único fin fue desactivar y condenar la lucha obrera y popular. Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego de casi tres años se logró que los últimos detenidos fueras liberados, pero la causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas en testimonios arrancados a golpe limpio.

El lunes 17 de junio comenzó el juicio a los 12 trabajadores que quedaron acusados por delitos que van desde el homicidio calificado del policía, ascendido a comisario post mortem, hasta la coacción agravada por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en querellante a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara que debía intervenir en el debate no le dio la cara para sostener las imprecisas y genéricas acusaciones, y, después de pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera instancia para que lo reemplazara.

La primera jornada del juicio mostró sin fisuras de qué se trata esta causa. Se leyeron las acusaciones, que dejaron a la vista la forma absurda en que se seleccionó arbitrariamente a estos 12 trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto. Un aleccionamiento que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de apuro instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen de vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.

Con la presencia de trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la línea 60 y otras organizaciones nucleadas en el Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, las rejas custodiadas por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron de afiches y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no público, ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y sus abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron un parlante en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros pudimos seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó abruptamente cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades de la amañada instrucción. Fueron cuestionadas la presencia del fisco provincial como querellante; se reiteró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio que violan el principio de congruencia; se denunció la nulidad de las indagatorias realizadas bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de desistir de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas de las declaraciones fabricadas en la instrucción. (...) Leer

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La lectura binaria de la realidad social y la construcción del enemigo público en la Mesa de Enlace que el gobierno CFK inculca, posibilita la impunidad, por ejemplo, de las petroleras transnacionales y transnacionalizadas para la superexplotación de los trabajadores y la naturaleza.

"En el Día Nacional del Petróleo condenan a

trabajadores petroleros a cadena perpetua"

Entrevista a Marcelo García del Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) por Mario Hernández (Rebelión)

-Mario Hernández (MH): ¿Por qué el 13 de diciembre se festeja el Día Nacional del Petróleo? -Marcelo García (MG): Fue en 1907 el día en que apareció el primer chorro de petróleo en Comodoro Rivadavia, cuando lo que justamente se estaba buscando era petróleo, desmitificando el blanqueo que se quiso hacer a la historia del descubrimiento, diciendo que en realidad se buscaba agua y de casualidad se encontró petróleo. Las perforaciones en aquella época tenían que ver con detectar petróleo más allá de la necesidad del agua. Había perforaciones a lo largo del país y en particular en esa zona buscando petróleo.

 

-MH: En julio tuvimos varias comunicaciones comentando el acuerdo YPF-Chevron, la técnica del fracking, energías alternativas, etc. Ha habido novedades en cuanto a la política petrolera y me gustaría saber dónde estamos parados en este momento. -MG: Estamos parados en medio de una terrible crisis energética que ya se está sintiendo pero que más tarde o más temprano va a causar un sacudón y un problema muy grande. Por un lado porque Argentina necesita importar cada vez más gas porque no le alcanza lo que se produce a nivel nacional y es cada vez menos. Es uno de los rubros en los que la producción decae en forma constante. 

-MH: Se habla poco de este tema. -MG: Es cierto. ¿Cuál es su impacto fundamental? Que para poder cubrir esa demanda para la industria, para las centrales que generan energía o para el consumo domiciliario, se tiene que comprar en el exterior lo que ha generado un desequilibrio muy importante en la balanza comercial y se prevé que va a continuar en aumento. Eso generará grandes problemas porque el país cada vez tiene menos reservas. Es un disparate que tengamos que importar gas o comprar petróleo o combustibles cuando nos autoabastecimos, fuimos un país autosuficiente. 

-MH: Estaba revisando algunos números de un artículo que escribiste a mitad de año y reparaba en algunas cifras, por ejemplo, las retenciones totales contabilizaron en 2012 $ 61.000 millones, de los cuales $ 15.500 millones corresponden a hidrocarburos. Esas cifras como consecuencia de lo que acabás de comentar ya no existen. No sólo tenemos que importar energía que en los primeros siete meses de este año fueron por U$S 4.300 millones. El perjuicio es doble, porque tampoco recaudamos por retenciones energéticas. Además, vos hablás de gas y tengo entendido que las reservas más importantes de Vaca Muerta no son gasíferas. 
-MG: Exactamente, de lo descubierto y explorado hasta ahora, son petroleras. 

-MH: ¿Cómo cierra?, porque hace falta gas y vamos a producir petróleo. -MG: La pregunta del millón. A priori, lo que uno supone y he escuchado decir a algunos referentes vinculados políticamente al gobierno, en el caso específico de Vaca Muerta con Chevron, es producir todo el petróleo no-convencional que se pueda, exportarlo y con esas divisas importar el gas que hace falta. Un verdadero despropósito. En los últimos 20 años, desde que se privatizó YPF, Argentina perdió algo así como 35 años de reservas de gas. Hasta los ’80 en el Gran Buenos Aires se seguía usando el gas de tubo, recordarás esos finos y largos, no había conexiones domiciliarias de gas natural. Inclusive en el sur se venteaba, se hacía un pozo, se sacaba el petróleo y el gas salía por otro caño y se quemaba, se prendía fuego en la punta del caño. Desde que se privatizó YPF en 1992 se despilfarraron las reservas de gas que había en Argentina con un esquema bastante macabro, muy destructor. Las empresas podían exportar libremente todo el gas que sobraba en el país y comercializarlo donde quisieran. Fuimos un gran abastecedor de gas para Chile y para la industria del sur de Brasil y eso lo estamos pagando con costo económico porque tenemos que salir a importar con un costo de extracción que no es el mismo que tiene en Argentina. Sale más caro comprarlo en el exterior que producirlo en el país.

Estamos frente a un problemón que en determinadas épocas del año hasta costará vidas porque hay gente que se muere de frío cuando hay desabastecimiento en el invierno. Hay todo un sector del país que sigue sin tener gas natural.
El otro gran problema es el desmanejo que hemos visto en torno a la política energética del país que lamentablemente no ha cambiado el rumbo. Cuando se expropió parcialmente YPF dijimos que había un rumbo abierto, pero se escogió el equivocado más allá que la nueva YPF, dirigida por Galuccio, recupera inversión, explora, recupera parte de la producción, que sus resultados sean completamente distintos en lo económico, pero con eso no alcanza para nada. Hace falta una política complementaria industrial, vinculada a la energía, completamente distinta que hoy no se está produciendo. 

La condena a cadena perpetua a los trabajadores de Las Heras busca ser ejemplificadora 

-MH: Estamos hablando de petróleo, de energía y ayer nos llegó desde Santa Cruz una muy mala noticia por el juicio llevado adelante por la muerte del policía Sayago en 2006 en medio de una pueblada, ya que se ha producido tal vez la condena más grave contra un grupo de trabajadores desde que recuperamos la democracia en 1983. Tres trabajadores han sido condenados a cadena perpetua y otros cuatro a cinco años de prisión por coacción agravada. Estos hechos son de una gravedad mayúscula. Después vamos a escuchar un audio que nos han hecho llegar colegas cuando se conocía la condena. 

-MG: Por parte de los operadores petroleros busca ser una condena ejemplificadora, tanto para los trabajadores del sur donde se encuentran las petroleras, como también para el conjunto de los obreros del país. El mensaje es ¡ojo con meterse con la propiedad privada!, con hacer demasiado despelote porque los vamos a meter presos de por vida. Tiene que ver un poco con eso que un conflicto tan importante como fue el del 2006 en Las Heras termine con una condena de estas características, más allá del lamentable fallecimiento del policía, pero son dos cosas completamente distintas. 

-MH: Además, sobre esto último, no se probó absolutamente nada. -MG: En esa época estaba viviendo en el sur y me tocó estar en Las Heras por esos días y era una ciudad militarizada por la Gendarmería. Estos mismos obreros que fueron condenados estaban refugiados en una iglesia, pidiendo asilo para no ser asesinados, de eso se hablaba. 

-MH: Incluso está probado que las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, pero el fiscal sostuvo que si te pegan dos cachetadas y te cubren la cabeza con una bolsa no tenés porqué mentir. -MG: Además, en ese momento había bandas armadas que recorrían las calles, se denunciaron violaciones y atropellos de todo tipo. 

-MH: Me parece que la población y los trabajadores se sobrepusieron a todo esto porque se ha logrado desarrollar una campaña muy fuerte por la libertad sacando el problema de Las Heras o Santa Cruz y nacionalizándola, incluso en el audio se habla de algo que no ha trascendido y es que en el mismo momento que se conocía la sentencia en solidaridad pararon 5000 obreros petroleros en Santa Cruz. Eso me parece alentador para encarar la resistencia que tendremos que darle para revertir esta condena. 

-MG: En su momento el conflicto fue ampliamente derrotado, lo que significó el descabezamiento de las conducciones sindicales de las empresas. Los obreros para entrar a trabajar tenían que pasar por retenes de Gendarmería, se descabezó y destruyó el sindicato petrolero que fue intervenido por la Federación durante varios años. Ahora se pudo recuperar en recientes elecciones.

Creo que todo esto permite que esta condena tenga estas características. Hay elementos que podrían llegar a revertir esa situación pero hay un proceso en la Patagonia, específicamente en la cuenca del golfo de San Jorge, que es el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, en donde las petroleras buscan marcar terreno y amedrentar con todo.
A los petroleros de Las Heras en Santa Cruz y a Los Dragones en Comodoro Rivadavia, que son los otros que van en camino no a una cadena perpetua porque no hubo muertos en el medio, pero sí a ser condenados con un fallo ejemplar. En un lugar donde hace diez años hay conflictos permanentes y donde el movimiento obrero venía a la ofensiva consiguiendo logros muy importantes que para las empresas significan pérdidas. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178346

Sobre todo, la mayoría de nosotros se desentiende de que el crecimiento económico o la "década ganada" maximizó la concentración y transnacionalización económico territorial y ha ido multiplicando lo que denomina "zonas de sacrificio". Frente a la violencia de despojo, de expulsión y de contaminación que implica la ocupación territorial por las corporaciones, hay resistencias que el gobierno-estado judicializa, reprime y hasta les aplica las leyes antiterroristas. Pero, al mismo tiempo, la alianza de los grandes capitales y estados imperialistas con los locales consagran recursos, medios de difusión masiva e instituciones universitarias para inculcar las racionalizaciones que originen las licencias sociales.

Situémonos en qué consiste este progreso y crecimiento económico. El Colectivo por la Autonomía, el Grupo ETC y GRAIN nos esclarecen: "Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y de nuestra vida comunitaria —y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen". Sobre la gravedad de esta ocupación integral del país-continente por grandes capitales locales e imperialistas y el papel protagónico de todo el Estado para que parezca democracia, nos hablan las siguientes notas.

Chevrón: La Corte Suprema Argentina sentó jurisprudencia contra los pueblos latinoamericanos.

Por Adolfo Pérez Esquivel

Buenos Aires (10/06/2013) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo, basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para levantarle un embargo por US$ 19.000 millones a la Chevrón Corporation, otorgándole impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Luego de 20 años de luchas, el hermano pueblo de Ecuador le ganó un juicio a la Corporación Chevrónpor desvastar intencionalmente 500 mil hectáreas de selva del Amazonas durante 30 años,  provocando muerte, destrucción y desplazamiento de miles de indígenas y colonos que habitan en esa región.

Más allá de los daños irreparables, este juicio permitió que la justicia civil argentina embargase a la filial local de Chevrón con la ratificación unánime de la Cámara de Apelaciones. Surgía de esta manera, la primera oportunidad para que la Corporación Chevrón se viese obligada a respetar la condena que desconoce y se niega a cumplir.

Pero no sólo se impidió esto sino que, gracias al fallo de la Corte Suprema, también se permitió al Gobierno celebrar, a través de YPF, un contrato con Chevrón muy desfavorable para los argentinos, por un monto de U$S 1.500 millones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Tanto es así, que miembros del  directorio de YPF han renunciado para no ser cómplices de esta estafa.

Me pregunto si Ricardo Lorenzetti, quien preside un Consejo Internacional de Jueces para proteger el ambiente en el marco del “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente” sabía, cuando firmó, que Texaco-Chevrón arrojó alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la Amazonia, que vertió intencionalmente 650 mil barriles de crudo y que construyó 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos.

Me pregunto si saben Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Helena Highton de Nolasco que con su firma le han abierto la posibilidad a Chevrón para que destruya nuestro país al igual que lo hizo en Ecuador.

Me pregunto que entiende Gils Carbó por democratizar el acceso a la justicia, si mientras se penalizan las protestas sociales de los Pueblos Originarios se absuelve a corporaciones que violan nuestros derechos como humanos.

¿Se han preguntado qué va a pasar cuando pueblos damnificados en Argentina se vean obligados a demandar a una transnacional para lograr justicia y dignidad?

Nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos, que han resistido permanentemente y han actuado para preservar su identidad, su honor, sus recursos y su vida.

Por esto la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a los argentinos y argentinas que queremos soberanía y dignidad para nuestro pueblo frente a las multinacionales, rechazamos este fallo y solicitamos su urgente revisión.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia

Para ver el sitio de la campaña Chevrón Tóxico: http://chevrontoxico.com/
Fuente: http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3168

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 Entrevista a Robinson Yumbo, ex presidente de la Nación indígena Cofán y representante de los afectados por Chevron-Texaco en el Amazonas, quien afirma: "Creo que el ejemplo que hemos dado en Ecuador es bastante importante, simbólico, porque son 20 años de lucha en los tribunales, 20 años que hemos seguido luchando contra Texaco, hoy Chevron, a pesar de que todo el mundo conoce el poderío económico y político que tienen. Entonces, cuando existe la unidad, cualquier cosa que venga de por medio no va a ser fácil dividir". 

Por Observatorio Petrolero Sur.

En marzo de 1967 del pozo Lago Agrio No. 1 brotó petróleo por primera vez en la Amazonía ecuatoriana, luego de tres años de exploración de las petroleras norteamericanas Texaco y Gulf Oil, fusionadas con Chevron Corp. en 2001 y 1984 respectivamente. Robinson Yumbo nació en Lago Agrio seis años después del descubrimiento. Miembro del Pueblo Cofán, su familia y las de Dureno, su comunidad, fueron algunas de las que recibieron la masiva invasión de técnicos y operarios petroleros que llegaron a la zona. “Texaco está operando en el territorio ancestral de la Nación Cofán desde que yo tengo uso de razón y en un lapso bastante rápido pudimos darnos cuenta de que la pesca y la cacería, que eran parte de nuestra vida cotidiana de adolescentes, fueron desapareciendo”, cuenta.

Entre 1972 y 1992, Texaco afectó 450 mil hectáreas, reconoció haber arrojado más de 60 mil millones de litros de agua tóxica a ríos y esteros y construyó cerca de 900 piletas en las que arrojó desechos tóxicos que luego fueron tapados con tierra, afectando a más de 30 mil personas. “Todo cambió, empezaron a desaparecer los peces, el río cambió de color y se inició un proceso de contaminación que nos afectó a todos”, sostiene Yumbo.

Mientras, el Pueblo Cofán vivió un largo proceso de destrucción, éxodo y muerte de sus miembros, para luego pasar a un período de reconstrucción comunitaria, que lo llevó, en conjunto con otros pueblos indígenas y campesinos del lugar, a iniciar una gran demanda judicial contra la petrolera, que ya acumula más de 20 años. En el período, Robinson se convirtió en Presidente de la Federación de su pueblo y en representante de los afectados por Chevron-Texaco, lo que lo ha llevado a visitar distintos países del mundo. En diciembre estuvo en Argentina, se reunió con organizaciones sociales para compartir su experiencia, recorrió medios de comunicación y visitó la comunidad mapuche Campo Maripe, en cuyo territorio se intenta materializar el acuerdo de Chevron e YPF para la explotación de gas y petróleo de lutitas. En ese marco lo entrevistamos, intentando conocer de manera más cercana los impactos de uno de los desastres ambientales más grandes del continente, en el corazón de la Amazonía, y cuyas ramas judiciales rozan a Argentina.

-Robinson, ¿cuál es la situación de tu territorio, cómo ha sido la relación histórica de tu pueblo con la industria petrolera?

Yo vengo desde la amazonía ecuatoriana, al norte del país, justamente de la provincia de Sucumbíos, que nosotros hemos considerado como territorio de la nacionalidad cofán, en mi caso, y que compartimos con los Pueblos Siona y Siekopai. Nuestra nacionalidad tiene una población de 1.200 habitantes, por supuesto que fraccionados en pequeños territorios, que llamamos comunas. Lastimosamente nuestro pueblo está dividido por la frontera entre Ecuador y Colombia, lo que nos ha llevado prácticamente a la destrucción cultural y a tener un proceso organizativo distinto en uno y otro país.

-Te hemos escuchado decir que los cofán eran una Nación de 15 mil personas y actualmente se ha visto reducida a 1.200, ¿qué pasó en este período?

Según los datos, que no son tan lejanos, desde la llegada de Texaco al Territorio Cofán se dan algunos cambios en la cultura, nosotros decimos cambios sociales. El último gran jefe cofán, que gobernaba todo el pueblo, muere por una sobredosis de alcohol el año 76. Los cofán no bebíamos alcohol, tomábamos la bebida tradicional, la chicha, y el alcohol fue traído por gente que trabajaba para Texaco en su tiempo. Acompañado de eso vienen otras enfermedades, que para los cofanes, según cuentan mis padres, eran bastante duras; una gripe podía acabar con una familia porque no estaban acostumbradas a esas enfermedades. Cuando se dan estos cambios, las familias empiezan a huir del sitio donde ancestralmente vivían, se internaban en la selva y desaparecían por años. En algunos casos esas familias nunca volvieron o no pudieron reproducirse, la enfermedad les atacaba y simplemente desaparecían. Por ahí estamos viendo todo el proceso de desaparición forzosa de los que formaban parte de la nacionalidad cofán.

¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que es la explotación petrolera efectivamente la que estaba produciendo la contaminación?

Junto con el proceso de explotación petrolera, empiezan a entrar las carreteras. Seguido de ello viene la colonización. Entonces nos encontramos en el gran problema de ver que donde nosotros cazábamos había otras personas, extrañas a nosotros, que también estaban cazando; ahí comenzamos a pelear por los mismos recursos. Junto con la explotación petrolera también llegó la explotación maderera. Y claro, cuando empezamos a ver que todas las aguas de formación de los pozos empezaron a caer a los ríos, nos dimos cuenta de que a consecuencia de eso los peces empezaron a desaparecer.

Pasaron algunos años, en los que siguió operando Texaco, y existía un desconocimiento y un desinterés de parte de las personas de encontrar a un nuevo líder que los guíe. Por la necesidad, por el arrinconamiento forzoso de nuestra nacionalidad y la pérdida de los territorios, se ven obligados a formar unos directorios, una nueva forma de gobierno con un presidente, un vicepresidente y un síndico, que los represente. Pero no era por iniciativa de la misma gente, sino que es lo que decían los mestizos, que si no se organizaban iban a perder sus territorios porque la colonización era bastante fuerte. Entonces ahí recién se empiezan a formar las comunidades, con linderos físicos, incluso, y decir: “este es mi territorio de la nacionalidad cofán”. En otras comunidades empezaron a hacer lo mismo, cosa que realmente nos dolió mucho, porque perdimos la totalidad del territorio ancestral que teníamos en la Amazonía.

¿Cómo fue el proceso de reconstrucción comunitaria, de qué manera llegaron a formar las organizaciones que actualmente existen?

Tuvieron que pasar años para que esto suceda. En el año ’85, más o menos, se forma un nuevo grupo de personas que se organizan no como comunidades sino como nacionalidad. Ahí se forma la organización Canungo, se transforma luego en la Organización Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (OINCE) y posteriormente, ya más conocedores de los procesos organizativos, reconstruimos y nos transformamos en la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador, en la que nosotros tuvimos la iniciativa, pero también fuimos dominados, diría yo, por cierta influencia externa, porque luego nos dimos cuenta de que una federación en Ecuador se conforma con la unión de asociaciones y nosotros no tenemos asociaciones, tenemos comunidades cofanes. Entonces nosotros seguimos luchando para que bajo las leyes en Ecuador seamos reconocidos como Nacionalidad Cofán originaria de Ecuador.

Una vez ya reconstituidos como Nación, comienzan a organizarse con otros pueblos y campesinos afectados para iniciar la demanda colectiva, ¿cómo se dio ese proceso?

Fue un trabajo bastante duro el poder formalizar esta organización para enfrentar los impactos que causaba y estaba dejando Texaco en su tiempo. No era fácil poder dialogar con los campesinos, no era fácil dialogar con las otras nacionalidades, pero el interés y los impactos causados en nuestros territorios eran los mismos. Nos esforzarnos muchísimo para conformar el grupo que inició el proceso legal contra Texaco.

Creo que el ejemplo que hemos dado en Ecuador es bastante importante, simbólico diría yo, porque son 20 años de lucha en los tribunales, 20 años que hemos seguido luchando contra Texaco, hoy Chevron, a pesar de que todo el mundo conoce el poderío económico y político que tienen. Entonces, cuando existe la unidad, cualquier cosa que venga de por medio no va a ser fácil dividir, han intentado hacer de todo en Ecuador, pero no han podido, y creo que ese es el mensaje para nuestros hermanos aquí en Argentina. No necesariamente que los indios se junten con los indios y enfrenten un proceso de lucha contra otro grupo, no. Acá la idea es que la unidad debe estar respaldada por un interés que es general, si sabemos que nos va a afectar a todos, tenemos que esta unidos todos.

Pudiste compartir con la comunidad mapuche Campo Maripe, estuviste en su territorio, que fue concesionado a Chevron- YPF, ¿qué sensación te deja la situación por la que están pasando?

Francamente es bastante duro para mí poder ver lo que está sucediendo, entiendo que este proceso acá se está iniciando. Y ver procesos extractivos que se dan o se van a dar en territorios indígenas, a nosotros nos da la sensación de que esto ya lo estamos viendo y que va a ser fiel copia de lo que ha pasado en Ecuador. Es difícil pensar que Chevron no va a hacer en la Patagonia lo que hizo con nosotros en la Amazonía. Esperamos que no, y ojalá pues, pero creemos que nuestros hermanos deben estar a la expectativa, unidos y exigiendo sus derechos.

¿Qué sentido tiene para ustedes venir a difundir su lucha acá en Argentina?

Bueno, venimos porque Argentina es un país muy importante para cobrar la sentencia de un juicio que nosotros ya ganamos pero que no podemos cobrar. Creemos que el respaldo social que se le puede dar desde Argentina a la lucha que llevamos en Ecuador es clave. Lo que queremos acá es que los grupos sociales conozcan lo que estamos viviendo, lo difundan, nos ayuden a decir: “esto pasa en Ecuador”, y no que la pelea sea sólo entre Ecuador y una transnacional. Nosotros estamos conscientes de que la defensa del medio ambiente y la naturaleza es algo que realmente favorece a todo el mundo y estamos peleando por eso.

Creo que es digno de felicitar la conformación de la Red Argentina de Solidaridad con nosotros, integrada por muchas organizaciones. Quiero agradecer a Adolfo Pérez Esquivel y a todo quienes la conforman, en este gran proceso que se ha impulsado. Creemos, y estamos seguros, de que esta Red de Solidaridad va a aportar mucho a nuestro caso y por supuesto aportar a un proceso para que cosas como las que han pasado en Ecuador no se vayan a repetir en otras partes del mundo.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7165

Sobre la pregunta de si las corporaciones pueden invadir e imponer modelos de producción-distribución por simple ejercicio de su gigantesco poderío, hemos contestado que requieren de la licencia social pero ésta les es sumamente insuficiente. Su seguridad jurídica o sus ámbitos privilegiados de acumulación de riquezas y poder se deben al Estado local en todas sus jurisdicciones que ante todo nos conduce a subsidiarlas con montos multimillonarios y de modo directo e indirecto.

Podríamos inclinarnos a pensar que, por ejemplo, la realización del Rally Dakar muestra la irracionalidad del 'Mercado' de despilfarro energético cuando en nombre del abastecimiento petrolero se expande el fracking destructor de los ecosistemas y las comunidades locales, además de afectar a todo el país-mundo por arruinar los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, la verdad es otra y la explica el Pueblo Kolla.

Dakar: las comunidades cuentan cómo fue la golpiza en Rumi Cruz.

Contundente comunicado

Las comunidades e integrantes del Pueblo Kolla, repudiamos el accionar violento e intencionado de las siguientes instituciones del Gobierno: policía de la provincia de Jujuy, cuerpo de infantería, fiscal de turno Carlos Farfán, por la represión ejercida el día 12 de enero del 2014 en contra de la manifestación de las comunidades del Pueblo Kolla en territorio de la comunidad de Rumi Cruz. De la misma manera, repudiamos a los organismos del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos y Gobiernos locales por la inoperancia, la falta de interés por el bienestar de nuestros hermanos, la desatención hacia nuestros reclamos, y el no cumplimiento del respeto de nuestros derechos como Pueblos originarios y derechos humanos en general.

El día 12 de enero de 2014, debido a la realización del evento deportivo y turístico Rally Dakar 2014, realizamos un corte de ruta en el camino que pasa por Rumi Cruz para hacer respetar los derechos colectivos y de preexistencia de los pueblos indígenas y naciones originarias, tales como el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, el Consejo Departamental de Comunidades Kollas presentó una denuncia – el día jueves 9 de enero de 2014- ante el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy para que, ante esta grave vulneración de derechos, realice un recurso de amparo.

La policía local cortó el camino en inmediaciones de la entrada a la comunidad de Tabladitas y prohibió el paso. El argumento de la policía fue, que no iba a pasar el Dakar por allí porque había un corte de ruta y se había reprogramado el circuito. Es decir, la policía ya tenía la información sobre el desvío de camino del Rally, por lo que creemos firmemente que el Gobierno Provincial tuvo intenciones directas de reprimirnos mandando al lugar del corte a la Infantería de la Provincia de Jujuy.

Alrededor de las 8.30 hs del 12 de enero llegaron los policías de Infantería, se dirigieron hacia nosotros y no dijeron que teníamos 10 minutos para desalojar el camino, si no nos detenían a todos. Ante este hecho los hermanos y hermanas comenzaron a explicar por qué nos estábamos manifestando con esta medida. Lamentablemente, no nos escuchaban. El jefe de infantería dio la orden de detención y los policías comenzaron a agarrar de a cuatro a cada uno de los hermanos, tirándolos al piso, golpeándolos, pisándolos, les ponían las esposas y los seguían golpeando. Así comenzaron a llevar a los hermanos hacia la camioneta de la policía. Hermanas y hermanos fuimos intimidados, golpeados, maltratados. Les pedíamos por favor que soltaran y no golpearan a los hermanos, que nos íbamos a retirar, pero los policías estaban empecinados a violentarnos con palos y balas de goma.

Resaltamos que las autoridades policiales no se identificaron ni presentaron orden judicial a pesar de que se les solicito la misma, la respuesta del jefe de infantería fue que “no hace falta la orden judicial de desalojo porque tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas”.

Nos hemos defendido como pudimos de las agresiones verbales, golpes, disparos y burlas de los policías hombres y mujeres que nos reprimían. Luego de detener a los hermanos y a dos hermanas, el jefe de infantería dio la orden de detener al resto cuando llegaron desde Potrero de la Puna más policías, por lo que el resto de los hermanos y hermanas comenzamos a subir los cerros.

Las hermanas y hermanos detenidos fueron: Silvana Ontiveros de la comunidad de Rumi Cruz; Delfín Quipildor, delegado de la comunidad de Rinconadillas; David Torres de la comunidad de Lagunillas de Pozuelos, Armando Quispe, Vice comunero de la comunidad Queta; Elvio Cabrera de La Quiaca; Enrique González, sacerdote; Sotero flores, comunero de la comunidad de Ugchara; Sergio Laguna, Intendente de El Aguilar, Zulma Condori y Sergio González, de radio Luna Azul y comunicador indígena.

Los hermanos detenidos fuimos trasladados en pésimas condiciones, hacinados y sin ventilación, lo cual provoco que las hermanas vomitaran y una de ellas se desmayara en el trayecto Rumi Cruz a Abra Pampa, y cuando se solicitó llevarla de urgencia al hospital, la infantería hizo caso omiso del pedido; asimismo, cuando se llegó a la seccional 16 de Abra Pampa seguimos siendo maltratados y humillados. Como así también denunciamos la violencia de género, abandono de persona al dejar a una mujer sin asistencia a tiempo.

Queremos resaltar que a pesar de todo lo gravemente sucedido, hemos logrado que el Rally Dakar no pase por nuestras comunidades, avasallando nuestra vida en comunidad, nuestra flora y fauna, nuestros sitios arqueológicos y sobre todo, poniendo en práctica y ejerciendo nuestros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en el convenio 169, ratificado en Argentina por la ley 24.071.

Responsabilizamos y denunciamos a los gobiernos, local, provincial y nacional por la brutal represión, persecución y judicialización de los hermanos que defendemos nuestros derechos; y a los organizadores del famoso Rally Dakar y a los empresarios que financian esta actividad, sólo con el fin de garantizar un negocio millonario y permitir que nuestras comunidades y paisajes sean una mercancía turística para unos pocos.

El Estado, de forma sistemática, sigue atropellando a los pueblos originarios, violando los derechos humanos y colectivos, negándose a entregar los títulos comunitarios de los territorios que ocupamos ancestralmente pero realizando acciones concretas dentro de los mismos, como ser los atropellos de la megaminería, la fibra óptica, el gasoducto, etc., en vez de responder a las necesidades básicas de las comunidades en salud, educación, seguridad y comunicación para las comunidades de los Pueblos Originarios.

Exigimos a la justicia que se retiren todos los cargos por los cuales los hermanos fueron imputados como también el cumplimiento por parte del Estado sobre la consulta y consentimiento de las comunidades.

Asimismo, agradecemos a las organizaciones, instituciones y sociedad que se han pronunciado a favor de la KAWSA ante esta lamentable situación.

14 de Enero de 2014. Consejo Departamental de Comunidades Cochinoca – Pueblo Kolla

Sobre la base de considerar que las disputas por territorios en toda la Argentina y Nuestra América responden al modelo que es, esencialmente, extractivo exportador o de apoderamiento y mercantilización de los bienes comunes naturales, conviene que aclaremos cuáles son nuestros desafíos emancipadores.

En las encrucijadas del extractivismo: gobiernos progresistas vs.

movimientos del Buen Vivir y el (eco)socialismo del siglo XXI

Por Horacio Machado Aráoz

(...) Los movimientos del Buen Vivir y las alternativas descoloniales de futuro

No se trata de “ambientalistas”, si por ello –desde la ignorancia o desde la mala fe– se pretende asimilarlos a los conservacionismos elitistas de diverso tipo acuñados desde el Norte. Tampoco se trata de “minorías étnicas” o de “romanticismos indigenistas”, como desde el poder se busca acotar o ya deslegitimar el proyecto político del Buen Vivir. Se trata, por el contrario, de colectivos diversos, altamente heterogéneos, pero sin embargo políticamente aunados y organizados en torno a la “prosaica” lucha por la sobrevivencia. Colectivos afincados en territorios amenazados; movilizados, en principio, por la resistencia a las agresiones de esta última ola de modernización colonial: que han visto amenazadas sus fuentes de agua; sus bases alimentarias; la salud de sus entornos, la de sus hijos, y la de sus propios cuerpos.

Los movimientos del Buen Vivir nacen y están surgiendo literalmente de la lucha por la sobrevivencia; de la lucha contra el hambre, contra la expropiación y la intoxicación. Como todas, son identidades en tránsito; involucradas sí, distintivamente, en un arduo ejercicio de convivencia horizontal y diálogo de saberes. Vienen migrando desde antiguas rotulaciones (“pueblos originarios”, “campesina/o”, “trabajadora/es”, “urbanos”, etc.) porque sus modos de vida se han tornado prácticamente insostenibles, compelidos por las circunstancias a re-existir en y desde la resistencia.

Su irrupción supone un crucial desplazamiento en el eje ideológico-político de la cuestión ecológica global. Sus planteos conectan la crítica a la lógica insustentable de la modernización de la naturaleza con la crítica a la organización colonial del sistema-mundo moderno. Dicho en otros términos, lo que estos movimientos introducen como novedad es la inscripción de la crisis ecológica en el campo más amplio de la historia política de la expansión imperialista del capital; ponen sobre el tapete una visión en la que el colapso de la naturaleza se concibe como un problema indisociable y derivado del capitalismo y el colonialismo modernos.

Asimismo, estos movimientos ven en el extractivismo una profunda reorganización del imperialismo ecológico del capital; es decir, la implementación de nuevas modalidades de apropiación-mercantilización y subalternización de poblaciones, territorios y recursos, como dispositivo clave para el reaseguramiento de la dinámica de la acumulación en el nuevo escenario de la crisis ecológica global. Así, la conflictividad socioambiental y los movimientos del ecologismo popular emergentes irrumpen en la escena política como expresión de resistencia frente a los nuevos embates de mercantilización de la vida (Machado Aráoz, 2012). En particular, se constituyen como fuerzas antagónicas que impugnan las nuevas funciones que la geopolítica del capital le ha asignado al ámbito socioterritorial de América Latina, tras la drástica reconversión neoliberal.

De tal modo, estos movimientos del Buen Vivir traen una verdad realmente incómoda; vienen a afirmar que no hay salida a la crisis ecológica dentro de los límites civilizatorios del capital. Si el Buen Vivir está llamado a significar políticamente algo, sólo puede serlo en el sentido de enunciar un horizonte auténticamente poscapitalista; una idea-fuerza que impulse y oriente una transformación y superación radical del capitalismo. Esto suena utópico en el peor sentido de la expresión; pero –aclarémoslo– suena así para los oídos que han sido educados en una racionalidad para la cual le es más “sensato” pensar en el fin mismo de la vida que imaginar la posibilidad de acabar con el capitalismo.

En la actual coyuntura regional, los movimientos del Buen Vivir vienen a plantear, además, otra cuestión tanto más inconveniente. Vienen a recordar que el progresismo es colonialismo. Siempre lo fue. Desde los orígenes. Desde que fue “descubierta” (inventada), NuestrAmérica nació bajo el estigma de lo salvaje y lo incivilizado. El progresismo asumió, con distintas retóricas, estilos y suertes, la carga del hombre blanco. Nuestras “clases dirigentes” y la gran mayoría de gobernantes han gobernado persiguiendo el desarrollo; han construido y destruido en nombre del desarrollo; han prosperado (ellos) y han empobrecido (a las mayorías); han dictado leyes y han matado en nombre del desarrollo. Casi como una obsesión, cuanto más esfuerzos y recursos se invierten en pos de él, tanto más subdesarrollados nos hacemos.

Los movimientos del Buen Vivir no necesitan recordarlo. Llevan marcadas las huellas del progreso en sus cuerpos-territorios. Saben bien que el desarrollo es el nombre de la colonialidad, ese estado mental, afectivo y político en el que la dominación y la depredación de nuestras energías vitales, de nuestras riquezas y de nuestros sueños no precisa ya de fuerzas de ocupación extranjeras, ni de virreinatos; se administra más “económicamente” (como quería Jeremy Bentham en su Manual de Economía Política), con colonos pre-dispuestos a la “obra del progreso”.

No es pachamamismo, ni ningún idealismo romántico. Se trata del más estricto realismo. La gestión extractivista de los territorios está significando un gravoso desastre colectivo para la región; en lo ecológico, en lo económico, en lo social y en lo político. Además de los onerosos pasivos ambientales que se hacen sentir ya sobre la salud de las poblaciones, hay que sumar la impresionante apropiación de excedentes financieros usufructuada por los grandes conglomerados transnacionales; la profundización de las desigualdades estructurales, apenas disimuladas por políticas asistenciales de consumo básico para las mayorías populares. En lo político, el saldo es el de una profunda degradación de las bases materiales de la soberanía, expresadas en la pérdida efectiva del control territorial, el deterioro de la capacidad de autoabastecimiento de las dietas populares, la intensificación de un patrón de desigualdades hídricas que deja a vastos segmentos poblacionales en situación de vulnerabilidad y /o estrés hídrico, y el deterioro estructural de la matriz energética de nuestros países (intensificación de uso de energías fósiles, reducción de reservas energéticas propias e intensificación de las tasas de transferencia indirecta de energía, vía la exportación de bienes energo-intensivos).

Frente a este gravoso saldo, Buen Vivir significa soberanía alimentaria, soberanía hídrica, soberanía energética; desmercantilización de los bienes comunes; socialización de medios de producción y redistribución de las oportunidades de vida. Toda una agenda que, si bien aún en gestación, no deberíamos desdeñar ni menospreciar. No todas son sólo consignas. Muchas de estas propuestas están ya en obra. Los nuevos sujetos que están re(ex)sistiendo en las fronteras del extractivismo, no tienen –por supuesto– respuestas acabadas ni todas las soluciones. Pero se están planteando, al menos, las preguntas y los problemas que indican los caminos que pueden abrigar semillas de esperanza.

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-53/en-las-encrucijadas-del-extractivismo-gobiernos-progresistas-vs-movimientos