Es asumir las externalidades y
violaciones de derechos
de la economía gran capitalista
que las encubre subsumiéndonos en la
sociedad de consumo.
Consideremos en qué consisten las
externalidades para la economía del capitalismo. A la alianza de los grandes
capitales y estados locales e imperialistas sólo le importa su incesante
crecimiento lucrativo que, desde los noventa, implica expansión del
extractivismo rural y urbano a costa de expropiarle territorios a
comunidades, de envenenarlas, de quitarles el agua y la energía, de destruirles
sus posibilidades de vida y trabajo, de criminalizarlas e incluso aplicarles la
ley antiterrorista por defender sus territorios.Es decir:
"En la oleada
más virulenta de la globalización neoliberal, asistimos a un proceso de
privatización, mercantilización y acaparamiento de ciertos bienes que, por su
naturaleza, son vitales para la protección de la dignidad y de la vida humana.
Nos referimos
al agua, a la tierra, a los alimentos, a los recursos energéticos, y a todos
aquellos bienes cuya limitación a su acceso, disfrute o garantía podría poner en
serio peligro el ejercicio de una amplia gama de derechos humanos (DDHH)
reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunos
de estos bienes, incluso han sido elevados a la categoría de derechos humanos,
como es el caso del agua, mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU
del año 2010.
En el marco de
la protección de los DDHH, el estado ha sido y es el principal responsable de su
respeto, protección y cumplimiento, y en el caso de las privatizaciones de
servicios, no puede renunciar a sus obligaciones respecto de los mismos. Sin
embargo, no podemos obviar que en estos procesos de privatización,
mercantilización o acaparamiento de bienes esenciales para la vida, las empresas
transnacionales (ETN) ocupan un papel fundamental, debiendo por lo tanto ser
responsables de los posibles impactos negativos que sus actividades pudieran
ocasionar sobre los derechos de las personas y de las comunidades afectadas por
las mismas".
En
"Negocios insaciables: Estados,
transnacionales, derechos humanos y agua"
(30 de abril de 2015)
Lluís
Basteiro Bertoli (Coord.), Lidia Serreno Tur (Coord.) y col.
continúan:
"De hecho, de las 150 mayores economías del planeta, 87 son ETN y sólo 63 estados, lo que permite a éstas imponer determinadas decisiones para operar en un país. Las grandes corporaciones han amasado un poder económico sin precedentes, que paulatinamente se ha ido traduciendo en un mayor poder político, a medida que avanza el proceso de globalización y se consolida el modelo capitalista imperante. Este nuevo poder de las ETN se encarama por encima de las estructuras estatales, y pasa a tomar la iniciativa para priorizar sus intereses, con unas prácticas alejadas de la democracia y donde los DDHH son recurrentemente vulnerados; en muchos casos, indudablemente, con la connivencia y sumisión de los estados.Por otra parte, si bien es cierto que en las últimas décadas ha habido un avance normativo significativo en el reconocimiento de los DDHH y se han adoptado tratados y protocolos vinculantes para los estados en la materia, también se ha producido una evolución sin precedentes del Derecho internacional mercantil y de inversiones, que ha generado una enorme asimetría entre la protección de los DDHH y la protección de las empresas en el desarrollo de sus operaciones comerciales o financieras, evitándose avanzar hacia un instrumento jurídico internacional vinculante en materia de DDHH. Ello significa que se ha priorizado la protección de las actividades de las empresas frente a la protección de los derechos de las personas y de los pueblos cuando ambos se han encontrado en conflicto.
En este
documento se ha trabajado sobre tres cuestiones que resultan claves para
entender la relación entre la privatización de bienes, los DDHH y el desarrollo
de las personas y de los pueblos.
-
La primera, establecer la necesidad de mejorar el enfoque en el tratamiento jurídico de bienes que son esenciales para garantizar la vida humana, reconociéndolos conjuntamente como bienes públicos o bienes globales y como DDHH protegidos por un régimen de Derecho. Para ello se ha abordado la cuestión del agua, por su importancia no sólo como elemento vital para la humanidad, sino para el desarrollo de actividades productivas y económicas, y su categorización como bien común y como derecho humano.
-
La segunda de ellas, fijar cómo la privatización, la mercantilización o el acaparamiento de un bien esencial o el de su suministro, puede determinar un patrón de violaciones de una gama amplia de DDHH reconocidos internacionalmente. Para ello, hemos analizado seis casos de intervenciones de empresas transnacionales a través de diferentes operaciones comerciales, industriales o de prestación de servicios, en sectores económicos estratégicos en países de América Latina, en los que la gestión del agua aparece comprometida, y cómo el impacto de estas actividades sobre el recurso hídrico ha provocado toda una serie de graves violaciones de DDHH en las comunidades afectadas.
-
La tercera cuestión, exponer que no sólo los Estados pueden violar los DDHH, sino que las empresas también lo hacen, y además en un contexto de gran impunidad. Si el Derecho internacional establece claras obligaciones para los Estados en materia de DDHH, no hace lo mismo para las empresas, para quienes se ha establecido una serie de códigos o directrices de carácter no vinculante, que no hacen sino reflejar la ausencia de voluntad política para reconocer el impacto negativo de las actividades de las empresas sobre los DDHH y el desprecio hacia el derecho de las víctimas de dichas violaciones a ser reparadas.
1.1.
El agua
como bien común
El agua como recurso ha
sido caracterizado desde diferentes perspectivas; como bien económico, como bien
público y como bien común. La consideración del agua como bien común, presupone
la inalienabilidad del recurso y el control sobre su uso y gestión.
De esta forma se garantizaría a todas las personas su acceso, teniendo como
objetivo la justicia distributiva en el reparto de los beneficios que emergen de
lo común, excluyendo así cualquier posibilidad de lucrarse con la gestión del
agua. En este sentido, la asunción del agua como un bien común conlleva
considerarla como un patrimonio universal, que debe ser gestionado a partir de
los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad,
control democrático y sostenibilidad, y que son, a todas luces,
incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su
propia naturaleza, imbuida de expectativas cortoplacistas de lucro privado y
beneficio personal.
El concepto de «bien común» está radicalmente enfrentado con las políticas neoliberales que dominan en el contexto de la globalización económica, basadas en el fundamentalismo del mercado, y que promueven y favorecen que las empresas transnacionales (ETN) accedan directamente tanto a los recursos naturales, como a la gestión de los servicios asociados a sus usos. Y es esta visión del agua como bien eminentemente económico la que en demasiadas ocasiones ha sido priorizada por encima de la del bien común, y la que cataliza las violaciones de derechos humanos (DDHH) por parte de las ETN. La consideración conjunta del agua como un bien común, y del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, constituye una de las principales reivindicaciones sociales frente a los procesos de privatización, que pretenden dejar en manos del mercado la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como la propia gestión del agua. Y es que sólo la titularidad colectiva del agua y el carácter público de los servicios de abastecimiento y saneamiento pueden asegurar el acceso universal a este recurso vital y a estos servicios esenciales, garantizando una gestión integral que resulte socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, políticamente democrática y culturalmente aceptable1. 1.2. El agua como derecho humano Sin duda alguna, los impactos generados por las ETN en el sector agua, y las reacciones generadas en determinados movimientos sociales e incluso estados, han resultado fundamentales para impulsar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (DHAS). No se puede olvidar como, por ejemplo, las vulneraciones del derecho al agua de las multinacionales Bechtel y Abengoa en Cochabamba, que desembocaron en la Guerra del Agua del 2000, o la gestión de Aguas de Barcelona e Iberdrola en Maldonado, que llevó en 2004 al referéndum contra la privatización del agua en Uruguay, han marcado profundamente el camino hacia el reconocimiento del DHAS.
1.2. El agua como derecho humano
Sin duda alguna, los
impactos generados por las ETN en el sector agua, y las reacciones generadas en
determinados movimientos sociales e incluso estados, han resultado
fundamentales para impulsar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (DHAS).
No se puede olvidar como, por ejemplo, las vulneraciones del derecho al agua de
las multinacionales Bechtel y Abengoa en Cochabamba, que desembocaron en la
Guerra del Agua del 2000, o la gestión de Aguas de Barcelona e Iberdrola en
Maldonado, que llevó en 2004 al referéndum contra la privatización del agua en
Uruguay, han marcado profundamente el camino hacia el reconocimiento del DHAS.
1.2.1.
Origen, desarrollo y reconocimiento internacional del DHAS
Tal y como plantea la Relatora Especial sobre el DHAS de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catarina de Albuquerque, los marcos jurídicos e institucionales son la expresión formal de las intenciones que alberga un gobierno. Mediante el desarrollo de las leyes, políticas e instituciones pertinentes, el Estado demuestra su compromiso con el logro de unos objetivos determinados. Leyes y políticas que constituyen el marco para garantizar el DHAS, brindando las herramientas y mecanismos para su cumplimiento. El agua es un elemento natural imprescindible para la vida, y de ahí la importancia de considerarlo como un derecho humano. Pese a ello, el DHAS no estaba reconocido en la Declaración Universal de DDHH (DUDH) de 1948 y no es hasta el año 2010 que, después de un largo y complejo proceso3, y a partir de una propuesta de Bolivia apoyada por 40 países, se reconoce de forma expresa el DHAS a través de una Resolución de la Asamblea General de la ONU4. Dicha Resolución, a pesar de sólo tener un valor declarativo, ha adquirido gran importancia en el marco del sistema de la ONU al ser aprobada por unanimidad. Sin embargo, en el sistema de la ONU ya se había tratado el tema del agua y el saneamiento desde otras perspectivas, más amplias, como la protección de la salud o del medio ambiente. En este sentido, en la Conferencia sobre el Agua de Mar del Plata (1977) se plantea por primera vez que toda persona debe tener el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes, pero no será hasta después de 25 años que se reconozca su vinculación con la protección de los DDHH. De hecho, será el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) quien defina y desarrolle por primera vez este derecho en la Observación General (OG) Nº 15 (2002), estableciendo que... el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud... Se debe tratar como un bien social y cultural, y no como un bien fundamentalmente económico... El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros DDHH. En esta resolución aún no se hacía referencia al saneamiento, cuestión que si sería incluida 8 años más tarde, por la resolución de julio de 2010 de la Asamblea General, aprobada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Posteriormente, en septiembre de 2010, el Consejo de DDHH de la ONU emitía una resolución6 reconociendo el DHAS e instando a los países a tomar medidas para su cumplimiento. (…)
Tal y como plantea la Relatora Especial sobre el DHAS de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catarina de Albuquerque, los marcos jurídicos e institucionales son la expresión formal de las intenciones que alberga un gobierno. Mediante el desarrollo de las leyes, políticas e instituciones pertinentes, el Estado demuestra su compromiso con el logro de unos objetivos determinados. Leyes y políticas que constituyen el marco para garantizar el DHAS, brindando las herramientas y mecanismos para su cumplimiento. El agua es un elemento natural imprescindible para la vida, y de ahí la importancia de considerarlo como un derecho humano. Pese a ello, el DHAS no estaba reconocido en la Declaración Universal de DDHH (DUDH) de 1948 y no es hasta el año 2010 que, después de un largo y complejo proceso3, y a partir de una propuesta de Bolivia apoyada por 40 países, se reconoce de forma expresa el DHAS a través de una Resolución de la Asamblea General de la ONU4. Dicha Resolución, a pesar de sólo tener un valor declarativo, ha adquirido gran importancia en el marco del sistema de la ONU al ser aprobada por unanimidad. Sin embargo, en el sistema de la ONU ya se había tratado el tema del agua y el saneamiento desde otras perspectivas, más amplias, como la protección de la salud o del medio ambiente. En este sentido, en la Conferencia sobre el Agua de Mar del Plata (1977) se plantea por primera vez que toda persona debe tener el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes, pero no será hasta después de 25 años que se reconozca su vinculación con la protección de los DDHH. De hecho, será el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) quien defina y desarrolle por primera vez este derecho en la Observación General (OG) Nº 15 (2002), estableciendo que... el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud... Se debe tratar como un bien social y cultural, y no como un bien fundamentalmente económico... El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros DDHH. En esta resolución aún no se hacía referencia al saneamiento, cuestión que si sería incluida 8 años más tarde, por la resolución de julio de 2010 de la Asamblea General, aprobada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Posteriormente, en septiembre de 2010, el Consejo de DDHH de la ONU emitía una resolución6 reconociendo el DHAS e instando a los países a tomar medidas para su cumplimiento. (…)
1.2.2 Conceptualización
del DHAS
La Declaración del Derecho
Humano al Agua de 2010 se basa en la OG 15 del Comité DESC de la ONU (2002), e
indica que el derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
el uso personal y doméstico, así como para una agricultura de subsistencia9.
Además, la OG también reconoce los usos asociados al mantenimiento de los
ecosistemas, fundamentales para garantizar la calidad del agua, tanto para usos
domésticos como para usos productivos de subsistencia, agricultura o pesca. Es
en éste último caso donde las violaciones a cargo de la ETN extractivistas, por
ejemplo, han sido más relevantes. (…)
1.3. El agua y el saneamiento en la
protección de otros DDHH y de otros colectivos
En este
apartado se valora la vinculación del acceso al agua y al saneamiento con la
protección de otros DDHH, pues como ya apunta la Conferencia de Viena de 1993,
todos los DDHH son interdependientes, indivisibles, universales y se refuerzan
mutuamente, por lo que la protección del DHAS supone también la protección de
otros DDHH, así como de su garantía depende la protección de determinados grupos
considerados vulnerables, como las mujeres, las niñas, las poblaciones más
pobres y los pueblos indígenas. Es de destacar cómo, antes del reconocimiento
expreso del DHAS en 2010, su afirmación había venido dada por su vinculación con
otros DDHH, como así lo prueba la OGNº 15 al vincularlo a los art. 11 y 12 del
PIDESC, es decir, al derecho al más alto nivel de vida adecuado y al derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
así como también ha sido vinculado a otros derechos como el derecho a una
vivienda digna o el derecho a la educación. Sin embargo,
no sólo la falta de un
acceso al agua implica la vulneración de otros derechos, sino que la realización
de un acceso abusivo al agua, como sucede por ejemplo con la construcción de
grandes presas, el acaparamiento de tierras para el agronegocio, o la minería
aurífera, lleva a impactar decisivamente en derechos, como el derecho a la
tierra o el derecho a la salud. En estos casos, los conflictos por los
diferentes usos del agua, y la priorización de los usos lucrativos o
industriales por encima de los asociados al DHAS, son constante fuente de
violación del DHAS. Y es que la relación entre agua, energía y alimentos, más
estrecha cuanto mayor es la escasez de agua, resulta fundamental para entender
de manera amplia los impactos de una inadecuada gestión en varios DDHH. Para las
corrientes de pensamiento dominantes, la mejor forma de gestionar la escasez es
asignar precio a los recursos naturales, y establecer la competencia entre los
usos. Pero los aspectos sociales quedan claramente relegados, y se sientan las
bases para la violación de los DDHH. En el capítulo siguiente se exponen algunos
ejemplos que ilustran estas situaciones.
1.3.1 El agua y el derecho
a una vivienda
Existe una relación directa
entre agua y el derecho a una vivienda.
Pero esta relación se debe visualizar desde una
perspectiva amplia de vivienda,
entendida como lugar donde vivir, incorporando en el ámbito rural el concepto de
derecho a la tierra; tierra donde se dan las actividades agroproductivas de las comunidades
campesinas para garantizar una agricultura de subsistencia. Sin embargo, esta
visión amplia no es simplemente un matiz, sino que resulta muy relevante, puesto
que este derecho a la tierra ha sido reiteradamente violado ante usos
abusivos del agua, que ha priorizado el uso productivo e industrial por encima
de los usos asociados al DHAS. Este sería el caso de los desplazamientos masivos
de población ante la construcción de presas, o los capítulos de acaparamientos
de tierras para grandes monocultivos. Pero pese a esta relación tan directa,
entre DHAS y derecho a la tierra, no existe una definición formal del derecho a
la tierra que recoja su interrelación con el agua. Donde sí que se explicita
dicha relación es con el derecho a una vivienda digna, que se introduce de en la
OG Nº 4 aprobada por el Comité DESC en 1991 al vincular el derecho a
una vivienda digna con el derecho a un estándar de vida adecuado (art.11.1
PIDESC), que comprenda el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, y a instalaciones sanitarias y de aseo, entre otros. Los costes
asociados a estos medios deben estar a un nivel que no comprometa ni amenaza el
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. También la vinculación
directa entre la plena realización del derecho a una vivienda adecuada con el
derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento fue introducida el
2002 y 2003 por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, MiloonKothari.
Es interesante destacar de sus informes la mención a los obstáculos que ponen en
riesgo la garantía de la disponibilidad de agua, como los efectos de la deuda
externa, los programas de ajuste estructural, la privatización de empresas
públicas y el coste del agua, especialmente para los pobres60. Así, buena parte
de la población que vive en la pobreza no puede asumir los costos de
proporcionar al inversor la recuperación de costes o la tasa de
rentabilidad exigida. A menos que se subvencionen algunos costos, lo más
probable es que los grupos más vulnerables queden excluidos de los
servicios.
Tal y como recuerda el Relator, los gobiernos no deberían olvidar su responsabilidad de velar por que sus políticas sean compatibles con sus obligaciones en relación a los DDHH. Por ejemplo, cuando participan en negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, u otro tipo de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre EU-EE.UU. que se está negociando, y que intensificarán el proceso de privatización de recursos y servicios relacionados con el derecho a la vivienda, como el agua y el saneamiento.Los gobiernos e instituciones internacionales deben primar la garantía de los DDHH, como la vivienda y el agua y el saneamiento, especialmente para la población pobre y vulnerable, por encima del lucro de actores privados, evitando que los DDHH puedan transformarse en meros activos económicos.
1.3.2. El agua y el derecho a la alimentación
Se puede entender que una parte del derecho al agua está integrado en el derecho a la alimentación, como así lo hizo notar el anterior Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, incluyen0do en sus informes el agua potable en el derecho a la alimentación, y como así lo han reconocido también algunos textos jurídicos, como por ejemplo la Carta Europea del Agua, actualizada por la nueva Carta Europea sobre Recursos Hídricos de octubre de 2001. En esta línea, el informe de 2002 del Relator señaló que el agua potable es imprescindible para una nutrición sana, de modo que habrá que considerarla un bien público... Incluir el agua potable en el derecho a la alimentación es una manera importante de velar por esa responsabilidad y justiciabilidad. Un año más tarde, recalcó que es imposible tratar la nutrición y la seguridad alimentaria sin hacer referencia al agua potable… Otro elemento del derecho a la alimentación es el agua utilizada para el riego, dado que ésta es esencial para la producción de alimentos y para garantizar la disponibilidad de los mismos, en particular en los países donde los pobres dependen principalmente de su propia producción.
Se puede entender que una parte del derecho al agua está integrado en el derecho a la alimentación, como así lo hizo notar el anterior Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, incluyen0do en sus informes el agua potable en el derecho a la alimentación, y como así lo han reconocido también algunos textos jurídicos, como por ejemplo la Carta Europea del Agua, actualizada por la nueva Carta Europea sobre Recursos Hídricos de octubre de 2001. En esta línea, el informe de 2002 del Relator señaló que el agua potable es imprescindible para una nutrición sana, de modo que habrá que considerarla un bien público... Incluir el agua potable en el derecho a la alimentación es una manera importante de velar por esa responsabilidad y justiciabilidad. Un año más tarde, recalcó que es imposible tratar la nutrición y la seguridad alimentaria sin hacer referencia al agua potable… Otro elemento del derecho a la alimentación es el agua utilizada para el riego, dado que ésta es esencial para la producción de alimentos y para garantizar la disponibilidad de los mismos, en particular en los países donde los pobres dependen principalmente de su propia producción.
En este sentido, vemos como la garantía del acceso al agua es necesaria para disponer de los medios esenciales para hacer efectivo el derecho a la alimentación. En este sentido el Comité DESC, en su OG Nº 12 (1997), señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse lo posible para asegurar que el campesinado desfavorecido y marginado, en particular las mujeres agricultoras, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del PIDESC, y reproducida en la OG Nº 15, que dispone que no podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, los estados deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas. De hecho, la OG Nº 15 reconoce la garantía de un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua.
1.3.3. El agua y el
derecho a la salud
El Comité DESC, en la
OGNº15, vincula el derecho al agua con el art.12 PIDESC, el derecho al más alto
nivel de salud, considerando que el mismo comporta
la adopción de medidas no
discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua
insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. Por ejemplo, los Estados Partes
deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la
contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos. Análogamente, los
Estados Partes deben supervisar y combatir las situaciones en que los
ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades que
puedan plantear un riesgo para el hábitat humano. De
hecho, en la OGNº14 del Comité DESC sobre el derecho al más alto nivel de
salud (2000) ya reconocía que debe darse una interpretación amplia al derecho a
la salud, en el que se incluye el DHAS. Reconoce que el derecho a la salud
abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que condicionan una vida
saludable, y hace ese derecho extensivo a factores determinantes básicos de la
salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, y un medio ambiente sano.
1.3.4. El agua y el
derecho a la educación
El derecho a la educación se ha vinculado de forma indirecta con la garantía del DHAS, a pesar de que, especialmente en las zonas rurales, mujeres y niñas realizan largos trayectos para tener acceso al agua, lo que en muchos casos, impide la asistencia a la escuela de las niñas. En este sentido, la posibilidad de ejercer el derecho a la educación se encuentra relacionada con el hecho de poder tener cubiertas las necesidades vinculadas al agua y al saneamiento, por ejemplo en las escuelas, ya que la insuficiencia de estructuras adecuadas que garanticen el acceso al agua potable y el saneamiento, constituye un freno para la eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la educación, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a todos los niveles63. Cuestión que además tiene un gran sesgo de género, pues a quien afecta más es a niñas y mujeres. De hecho, se ha vinculado el agua y el saneamiento y el derecho a la educación en la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, considerándose que el suministro de agua y saneamiento es un elemento clave de las estrategias a favor de la igualdad de género, y por ello se deberá capacitar a las mujeres para que puedan influir sobre las decisiones relativas al agua y el saneamiento en el hogar y a escala local y nacional.
El derecho a la educación se ha vinculado de forma indirecta con la garantía del DHAS, a pesar de que, especialmente en las zonas rurales, mujeres y niñas realizan largos trayectos para tener acceso al agua, lo que en muchos casos, impide la asistencia a la escuela de las niñas. En este sentido, la posibilidad de ejercer el derecho a la educación se encuentra relacionada con el hecho de poder tener cubiertas las necesidades vinculadas al agua y al saneamiento, por ejemplo en las escuelas, ya que la insuficiencia de estructuras adecuadas que garanticen el acceso al agua potable y el saneamiento, constituye un freno para la eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la educación, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a todos los niveles63. Cuestión que además tiene un gran sesgo de género, pues a quien afecta más es a niñas y mujeres. De hecho, se ha vinculado el agua y el saneamiento y el derecho a la educación en la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, considerándose que el suministro de agua y saneamiento es un elemento clave de las estrategias a favor de la igualdad de género, y por ello se deberá capacitar a las mujeres para que puedan influir sobre las decisiones relativas al agua y el saneamiento en el hogar y a escala local y nacional.
1.3.5 El agua y los grupos
vulnerables
Pueblos indígenas
Pueblos indígenas
Históricamente los pueblos
indígenas han reclamado la necesidad de reconocer su derecho sobre los recursos
naturales, entre los que se encuentra el agua, de forma conjunta al derecho a la
tierra, desde una concepción de titularidad colectiva y ligada a sus valores
y tradiciones ancestrales. De hecho, en el plano internacional, los pueblos
indígenas han tenido dificultades para ser reconocidos como titulares de
derechos. A pesar de ello, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes (1989), también conocido como el Convenio Nº169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los art. 2 y 3 reconoce que los
gobiernos deben asumir responsabilidades para proteger, sin discriminación, los
derechos de los pueblos, y promover la plena efectividad de los DESC respetando
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones.
En relación al agua, reconoce en el art. 15.1 que los derechos de los pueblos… a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho… a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En el caso de que pertenezca al estado la propiedad de los recursos del subsuelo, como las aguas subterráneas, minerales o hidrocarburos, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier… prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, reconociendo, además, el derecho de participación de los pueblos indígenas en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Este aspecto resulta
especialmente relevante, dado que en la práctica totalidad de las
intervenciones de ETN en el ámbito de las extractivas, con la colaboración
necesaria de los estados, se pasa impunemente por encima de los procesos de
consulta previa vinculante. Un paso más, aunque sin constituir un tratado
internacional vinculante sobre la materia, lo constituye la Declaración de la
ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, en la que se reconoce
que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia
relación con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las
responsabilidades que a ese respecto les incumben con las generaciones venideras
(art. 25). Igualmente, reconoce que los pueblos indígenas
tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han
poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Por ello, los estados asegurarán el
reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.
Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate
(art.26). Uno de
los retos en la garantía del DHAS y la preservación del agua como bien común
en relación a los pueblos indígenas, viene dado por el hecho de que para los
mismos la gestión de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua,
está relacionada directamente con la conservación de la tierra. Pero ambos
recursos, por lo general, no han sido parcelados dado que
las comunidades
indígenas-campesinas consideran el agua y la tierra como un bien común que debe
gestionarse de forma integrada y conjunta, más allá de un título de propiedad o
de posesión. En este sentido, no han sido otorgados títulos de propiedad privada
ni positivizada la regulación que atañe a su gestión, hecho que ha provocado,
en algunos casos, la apropiación de estos recursos por ETN o el propio estado,
especialmente en América Latina. Aun así, cabe recordar que en la OGNº15 se
reconoce la obligación de los estados de asegurar a los pueblos indígenas que el
acceso a los recursos hídricos en sus territorios está protegido de la invasión
o usurpación y de la contaminación ilegal. Para ello, los estados deben proveer
de recursos a los pueblos indígenas para diseñar, distribuir y controlar
el acceso al agua. (...)
Insistamos, sin agua es
imposible la vida. Todos los seres están estructurados y funcionan debido a
contenerla e incorporarla en forma constante. También regula el clima y
tanto la fertilidad como la constitución del suelo dependen de su presencia.
Contra esta habitabilidad planetaria se despliega el extractivismo. Tanto el
rural como el urbano se desarrollan a expensas del agua dulce que es
el 2,5% del total.
De este porcentaje un 0,78% son aguas subterráneas que no se pueden extraer
por la profundidad, un 1,71% están en forma de hielo en los casquetes
polares y glaciares . Si restamos además el agua atmosférica, la que forma
parte de los seres vivos y la de constitución de los suelos queda un exiguo
0,007% disponible para el hombre.
Los monocultivos de exportación
implican una enorme transferencia de nutrientes y de agua virtual a China,
Europa..
Desertifican además por requerir
fumigación con agrotóxicos y deforestación para expandirse. Rompen
equilibrios ecológicos generando sequías e inundaciones tan perjudiciales a
los de abajo. A su vez, los megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios,
con la soja, contribuyen a arrasar la Pampa Húmeda, una de las pocas
ecorregiones óptimas para la producción agropecuaria en la Tierra. Aún más
se apropian y degradan los humedales. Escuchemos a:
La Asamblea Ambientalista
de Escobar
que
nos
explica la importancia de su conservación:
(…)Los
humedales se encuentran entre los sistemas más productivos del planeta y brindan
importantes beneficios económicos y sociales esenciales para la humanidad.
1.-Mitigar
las inundaciones y regular sequías.
La gran
diversidad biológica que habita en los humedales debe desarrollar adaptaciones
para sobrevivir a cambios que pueden llegar a ser extremos, tales como
inundaciones y sequías.
Los
humedales contienen el exceso de agua provocado por la crecida de ríos y
períodos de abundantes lluvias evitando que zonas cercanas sufran inundaciones,
actuando como grandes esponjas naturales.
Las
características del suelo y la vegetación permiten mantener agua que podrá ser
administrada en épocas de pocas lluvias.
2.-Recarga
de acuíferos.
Esto ocurre
cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas
abasteciendo así de agua dulce, que podrá ser utilizada para fines domésticos,
agrícolas e industriales. La obtención de agua dulce se evidencia como uno de
los problemas ambientales más importantes de los próximos años.
3.-Retención
de contaminantes y sedimentos.
Las
características del suelo y su vegetación permiten la retención de
contaminantes( metales pesados, tóxicos) y sedimentos. Entonces un humedal
estaría actuando como una económica planta potabilizadora de agua. Mejorando así
la calidad de las aguas. Cabe mencionar que luego de varios estudios realizados
en un humedal de EE.UU. según Wetlands International se llegó a la conclusión
que la pérdida del humedal les implicaría sólo para obtener agua potable una
planta de no menos de 5.000.000 de dólares, además del posterior consumo de
energía para el funcionamiento de la misma y sin tener en cuenta la pérdida de
los demás beneficios que brinda un humedal.
Por otro lado las plantas
potabilizadoras que abastecen el agua de capital Federal sólo tratan nitritos,
nitratos y añaden cloro; no tratan metales pesados y otros tipos de
contaminantes.
A nivel
mundial se los conoce como “los riñones del planeta” así como a los bosques como
“los pulmones del planeta”.
4.-Establecer
microclima.
Los
humedales contribuyen al establecimiento de microclimas regulando la
temperatura. La evaporación y la transpiración de la vegetación mantienen
los niveles locales de humedad y precipitaciones.
5.-Reducir
la erosión costera.
El humedal
es un ecosistema que se encuentra entre el ecosistema terrestre y el acuático,
por lo tanto al no haber contacto directo de las aguas con el ecosistema
terrestre la erosión se reduce.
6.-Productores
de oxígeno.
Al tener
densa vegetación son generadores de gran cantidad de oxígeno reduciendo de este
modo el efecto nocivo de gases tóxicos como los provenientes del Basural de la
Isla.
Hace tiempo
se llamaba a Escobar “la pequeña Córdoba” por la calidad del aire y el
microclima que lo caracterizaban.
7.- La
pesca actividad importante.
Los
humedales fluviales y costeros son irremplazables como áreas de reproducción,
desove, cría y alimentación de peces de río y muchas especies
marinas. Por lo tanto los
humedales son criaderos naturales y gratuitos de pescado.
(…)
Leer
Por
tanto,
las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería aciertan en
embanderar su lucha con "el agua vale más que el oro".También
cuestionan a la sociedad de consumo que restringe la capacidad de satisfacer
necesidades (aun cuando sean las más elementales) a quienes tienen poder adquisitivo familiar
e individual y cuya máxima realización es ese patrón de riquezas que denuncian
en su criminalidad de obtención.
Constatemos:
Extracción de oro por minería a cielo abierto (MCA)
Rafael Bolívar
Grimaldos.
Ing.
Metalúrgico UIS. Magister Ciencia de Materiales UNC. Dr. Ing. Industrial UPV.
Generalidades
Minería. La minería a
cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto
ambiental, social y cultural. Una
actividad industrial insostenible, ya que la explotación del recurso supone su
agotamiento. La minería de vetas subterráneas con altos contenidos de oro ha
sido desplazada por la explotación, en minas a cielo abierto, de minerales de
menor contenido de oro, diseminados en grandes yacimientos. La minería a cielo
abierto remueve la capa superficial del terreno para hacer accesibles los
extensos yacimientos de mineral de bajo contenido de oro. Los modernos equipos
de excavación, las bandas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos
insumos y tuberías de distribución permiten
hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la
extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido. El desarrollo de
este proceso se
justifica cuando el yacimiento abarca grandes extensiones y se encuentra cerca
de la superficie.
Extracción. El
creciente interés por
la explotación de oro se origina por el aumento en el precio del
oro, un gramo se cotiza por encima de los 12 dólares. Este precio ofrece un alto
margen de utilidad,
para la extracción de oro de yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de
extracción de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro. Por este proceso
es económicamente viable extraer minerales con solamente 0.01 onzas de oro por
cada tonelada de mineral. La cianuración ha substituido a la recuperación de oro
por amalgamación con mercurio,
proceso ineficiente, pues solo permite recuperar un 60% de oro del mineral, en
comparación con más de un 97% en el caso de la extracción con cianuro. La
extracción de oro por lixiviación con cianuro aumentó de 468.284 onzas en 1979 a
9,4 millones de onzas en 1991. Para ello en 1991 se trataron más de 683 millones
de toneladas de mineral con cianuro.
Impactos ambientales. Existe
consenso en que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y
culturalmente como la minería a cielo abierto (MCA). La minería a cielo abierto
permite recuperar el oro del resto del material removido, de manera intensiva,
con grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica. Durante el proceso,
se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de
extensión y más de 500 metros de profundidad.
En
términos ambientales y sociales, ninguna actividad industrial es más devastadora
que la minería superficial a cielo abierto. Puede alterar cursos de aguas,
formar grandes lagunas y montañas del material desechado.
Permisos
Permiso de
exploración. La
empresa solicita al gobierno permiso
para explorar un territorio con el fin de investigar la cantidad de oro que hay
en ese territorio, se le llama "permiso de exploración". Para ello la empresa minera
saca pedazos de roca que está en la superficie y en el fondo de la
tierra para
analizarlos y detectar los lugares donde hay más oro.
Permiso de
explotación. Si
el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen
negocio, entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el
oro, a ese permiso se le llama "permiso de explotación". El gobierno pide a la
empresa un estudio de impacto ambiental, que es un documento donde la empresa
explica la forma en que va a sacar el oro y los compromisos que adquiere con el ambiente y
las comunidades cercanas al proyecto.
Operaciones mineras
Una vez
aprobado el estudio de impacto ambiental y cumplidos otros requisitos legales la
empresa inicia las operaciones mineras.
Las operaciones mineras de extracción por lixiviación con cianuro, en minas a
cielo abierto, involucran seis elementos principales: Fuente de mineral.
Plataforma y cúmulo. Solución de cianuro. Procesamiento y recolección. Embalses
de almacenamiento de
las soluciones.
Planta para recuperación de metales.
Limpieza
superficial. Para
iniciar la minería a cielo abierto cortan todos los arboles y
raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. (…)
Efectos de los
impactos ambientales de la minería a cielo abierto de oro.
Minería
Destrucción
irreversible en el área de explotación de ambientes nativos, y de su biota, o
sea, del conjunto de especies de plantas, animales y
otros organismos que ocupan esta área.
Interrupción
en los flujos de especies entre ambientes nativos.
Alteraciones
paisajísticas de envergadura.
Alteración
de cuencas hídricas superficiales y subterráneas.
Disminución
en los caudales de agua disponible.
Accidentes
durante el transporte y
uso de explosivos.
Generación
de depósitos de residuos mineros.
Lixiviación
Posibilidades de pérdida de cianuro y residuos contaminados con cianuro a través
de geomembranas o forros. Si las geomembranas no existen el impacto será muy
serio.
Contaminación del aire con vapores de las sustancias químicas utilizadas.
Contaminación del suelo y
de aguas superficiales y subterráneas con filtraciones y residuos peligrosos de
sistemas de conducción y de almacenamiento.
Accidentes
durante el transporte de sustancias peligrosas y derrames en el área de
lixiviación.
Alteraciones
severas del paisaje.
Afectación
de la biota y de las personas que trabajan en el área de lixiviación.
Recuperación
Posibilidades de contaminación
del suelo y de aguas
superficiales y subterráneas con residuos de metales pesados y otras sustancias
peligrosas.
Contaminación del aire con vapores de las sustancias químicas que se utilizan en
la recuperación.
Accidentes
durante el transporte de sustancias peligrosas y derrames en el área de
recuperación.
Alteraciones
severas del paisaje.
Afectación
de la biota y de las personas que trabajan en el área de recuperación.
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos89/extraccion-oro-mineria-cielo-abierto-mca/extraccion-oro-mineria-cielo-abierto-mca.shtml#efectosdea#ixzz3aImfc8Ur
Desde hace unos años
el extractivismo se ha reforzado con el fracking cuyo potencial destructivo
y oneroso se oculta detrás del valor simbólico de YPF e inducción de la
creencia en que es
la gran promesa económica de las próximas décadas.
Pero sopesemos:
Los diez impactos negativos de Vaca Muerta
El boom petrolero también tiene
su lado oscuro.
29 de diciembre de 2014
29 de diciembre de 2014
NEUQUÉN
(AN).- Desde que dejó de ser una promesa para pasar a ser una realidad, Vaca
Muerta trajo consigo un derroche de optimismo. Una lluvia de dólares, más
puestos de trabajo, más desarrollo y millonarias obras son algunos de los
augurios que provoca el desarrollo no convencional, la gran promesa económica de
las próximas décadas.
Sin embargo,
la fiebre petrolera ya empezó a mostrar su lado oscuro. Y no es que se trate de
algo nuevo, hay sobradas experiencias en la historia de los beneficios pero
también de los perjuicios que esta "marea negra" puede generar en las
sociedades. En cualquier caso, todos estos efectos no deseados pueden ser
evitados o al menos atenuados con políticas públicas activas. Pero el primer
paso es hacer visible el otro costado del boom, y en Neuquén y parte de Río
Negro hay al menos una decena de puntos para señalar.
1.
Economía de enclave. Contra
toda proclama, la economía regional sigue siendo cada vez más dependiente del
gas y el petróleo. Esto no sólo obtura otras actividades productivas, sino que
la deja invariablemente atada a la cotización del barril de crudo, que por estas
horas muestra otra vez cómo en pocos meses puede perder un 50% de su valor y
poner en vilo al mundo.
2.
Desigualdad. Neuquén
tiene los mejores indicadores en casi todas las estadísticas, menos en la que
mide la distribución del ingreso. Según la Encuesta de Hogares Urbanos del Indec,
para el segundo trimestre del 2013 (última fecha disponible) sólo cuatro
provincias (Catamarca, Corrientes, Río Negro y Salta) tenían un reparto más
desigual de la riqueza este distrito. El indicador que se utiliza para medir ese
impacto es el Coeficiente de Gini, que compara la "distancia" que hay entre los
más pobres y los más ricos. La señal es clara: Vaca Muerta genera una gran
riqueza, pero el esperado "derrame" no alcanza a todos los sectores de la
sociedad.
3.
Diferencia de salarios. Los
ingresos de los petroleros explican una buena parte del problema anterior. Según
el Indec, un asalariado promedio del sector cobra 43.191 pesos, mientras que uno
de comercio recibe 9.000 y uno de la administración pública nacional 13.000. Esa
enorme diferencia genera una economía a dos tiempos: todo se mide con la "vara
petrolera" y el resto de los sectores debe aguantar esas expectativas afrontando
precios muy por encima de su poder adquisitivo.
4.
Competencia laboral. Ese
abismo entre el salario petrolero y el promedio del sector público y privado
atenta contra otras actividades que no pueden seguir ese ritmo. Así lo advirtió
-para citar un ejemplo- el empresario frutícola Jorge Cervi a "Río Negro" días
atrás, cuando contó que los trabajadores más calificados dejan las chacras, los
galpones y los frigoríficos para irse a los yacimientos, donde cobran mucho más.
5.
Burbuja inmobiliaria. La
presión que el desarrollo petrolero ejerce sobre el valor de la tierra es
enorme. En Añelo se llegan a pedir entre 3 y 5 millones de pesos por un lote
pequeño. Los alquileres en la capital de Vaca Muerta pueden superar los 15 mil
pesos. Sus habitantes deben mudarse a localidades aledañas en busca de precios
más bajos. La vivienda propia es un sueño muy lejano: con la excepción del
Procrear, no existe crédito inmobiliario accesible. Los alquileres se llevan una
parte cada vez mayor de los salarios. La mayor parte de la construcción en
Neuquén es para buscar renta, alimentando una burbuja que en cualquier momento
podría estallar.
6. Falta
de infraestructura. Si,
como dicen algunos estudios, Neuquén tendrá en 2018 100 ó 200.000 habitantes
más, habrá que repensar las estructuras sanitarias y educativas. Y Añelo oficia
por estas horas de globo de ensayo. Su único centro sanitario ya no da abasto
para la demanda local y el nuevo hospital avanza a paso lento. Mientras tanto,
localidades como Centenario -con uno de los crecimientos de población más
dinámicos- padecen la falta de bancos en las escuelas. Ya no hay edificio que
alcance.
7. Rutas saturadas. Unir
Neuquén capital con Añelo es una odisea. Al tránsito infernal deben agregarse
los innumerables pozos y tramos con banquinas destruidas. Según datos de
Vialidad Nacional y Provincial, unos 3.000 camiones circulan por día en las
rutas petroleras. Y eso tan sólo con un sólo yacimiento en marcha sobre Vaca
Muerta: cuando sean cinco o seis, los caminos provinciales definitivamente no
darán abasto para el movimiento.
8.
Impacto ambiental. Sólo
en Loma Campana YPF perforó casi 300 pozos en tres años. El nivel de actividad
del shale es enorme y con él, son mucho mayores los riesgos ambientales de la
actividad. Además, la técnica del fracking obliga a utilizar millones de litros
de agua, algunos de los cuales vuelven contaminados a la superficie y deben ser
tratados. Existen a su vez miles de kilómetros de cañerías de yacimientos viejos
que
deben ser cambiados, así como infraestructura cercana a zonas urbanas que deberá
ser relocalizada.
9.
Impacto social. Los
mayores ingresos y la propia dinámica del sector petrolero hacen a sus
trabajadores más vulnerables a las adicciones y al juego. Algunas empresas
llegaron inclusive a aplicar controles en el campo. En localidades como Añelo,
Rincón o Buta Ranquil florecen las salas de juego. El desarraigo y la mayor
exposición a accidentes de tránsito es otro impacto que debe ser considerado.
10. Trata
de personas. La
economista de la UNC Adriana Giuliani advirtió en reiteradas oportunidades desde
sus columnas en este medio sobre el florecimiento de redes de trata en la región
a partir de la actividad petrolera. En el último tiempo hubo varios
procedimientos en Añelo e inclusive hace algunos años se rescató a dos mujeres
obligadas a prostituirse.
Como
en toda Nuestra América es abajo donde se construye la erradicación de este
criminal modo
capitalista de producción y desarrollo.
El
Fracking, Vaca Muerta, Chevron y la Resistencia Mapuche
17 de julio de 2013
Tras la expropiación de la
española Repsol, la empresa YPF, controlada ahora por el Estado, asumió el
control de las operaciones extractivas, desde la certeza de que sería necesaria
la llegada de otra transnacional que contase con la tecnología necesaria para
acceder a los recursos del subsuelo. Es entonces cuando entra en el juego
Chevron, que el pasado 15 de junio alcanzó un preacuerdo con YPF, auspiciado por
los gobiernos nacional y provincial, para reactivar la explotación.
(…)
Un pueblo en proceso de resistencia y reconstrucción
“Se viene la
destrucción para todos, pero nosotros
vamos a defender el Wallmapu [territorio ancestral] por miles de años”. Con
esta determinación, Elías Maripán,
lonko -”autoridad”- de la
Confederación Mapuche del
Neuquén expresa la postura de un pueblo demasiado acostumbrado a resistir. Y es
que los mapuches, a diferencia de otros pueblos del continente, nunca fueron
conquistados por los invasores castellanos. Incluso firmaron un tratado
internacional con la Corona Española (Tratado de Killen, 1641) que respetaba
parcialmente su integridad territorial en el Sur de lo que hoy se conoce como
Chile y Argentina.
Tras la
independencia, los nuevos Estados trataron de someter al pueblo mapuche
por medio de diferentes vías, que fueron desde las políticas de asimilación al
intento de exterminio físico, hasta que -ya a finales del siglo XIX- se ocupó
militarmente el territorio. Desde entonces, muchas comunidades mapuches se
vieron obligadas a abandonar sus tierras y sus formas de vida, hasta quedar
dramáticamente diezmadas.
Hoy en día, y en
el marco de un admirable proceso
de reconstrucción histórica, lingüística y cultural,
los pueblos mapuches del Puel Mapu -”tierra
del oeste”, es decir, los que habitan en la actual Argentina- reivindican no
sólo su identidad, sino también su autonomía política y territorial. Y en este
marco, se
enfrentan al despojo de sus riquezas naturales -principalmente
recursos hídricos, gas y
petróleo-, proponen nuevos modos de
relacionarse con el resto de la sociedad y plantean a las instituciones un
desafío democrático de cuya resolución depende, muy probablemente, la
posibilidad de construir sociedades verdaderamente respetuosas con la
diversidad.
Si hay un ejemplo que da cuenta de la vitalidad de este proceso de reconstrucción es el que protagonizan los jóvenes componentes del grupo musical Puel Kona -”puel”: oeste; “kona”: joven, guerrero- los cuales, además de participar activamente en las estructuras propias de su pueblo y usar fluidamente el idiomamapuzungún, han sido capaces de adaptar los instrumentos tradicionales a los nuevos sonidos -rock, ska, reagge, ...-, concretando todo ello en un puñado de canciones que pasean orgullosamente por escenarios de todo el país.
En
este camino de reconstrucción, el pueblo mapuche no está solo, ya que sus
luchas se entrelazan con la de otros movimientos sociales con quienes comparten
demandas, reivindicaciones y apoyo mutuo.
Por ejemplo, la ruka -”casa”-
colectiva de la comunidad Newen Mapu, en las afueras de la ciudad, se levantó
con el apoyo de la familia de Leticia Veraldi para dar continuidad al compromiso
con la causa mapuche que había asumido esta joven de 17 años,
detenida-desaparecida por la dictadura en 1977.
Y hacia el
exterior, no sólo se fortalecen los hilos con los hermanos del otro lado de la
cordillera, sino que su presencia en foros regionales y continentales es
creciente.
La maldición del petróleo
"La naturaleza
nos invita a un ciclo de vida nuevo: se recicla. Y nosotros queremos que en este
momento tan particular se dé un compromiso
con toda esa vida amenazada por la industria extractiva",
resumió Jorge Nahuel, lonko de
la comunidad de Newen Mapu,
durante la celebración del Wiñoy
Xipantv -el cambio de ciclo que
se produce con el solsticio austral-.
Y esa amenaza
tiene tal magnitud, que asusta. En la provincia de Neuquén se encuentran dos de
los yacimientos petrogasíferos más grandes de la Argentina: el de Loma
de la Lata, y el de Vaca Muerta. El primero de ellos, venía siendo explotado por
Repsol-YPF hasta la expropiación de la empresa española por parte del Estado
argentino, fecha en la que las operaciones quedaron suspendidas. Aquí, la
extracción ha dado lugar a enormes impactos medioambientales -contaminación de
las tierras, el agua y la atmósfera-, ha desembocado en la intoxicación crónica
de decenas de personas por metales pesados, y ha aumentado la conflictividad
social y la represión hacia las autoridades mapuches.
Por su parte,
para iniciar las operaciones en el yacimiento de Vaca Muerta, YPF estaba
obligada a encontrar un socio empresarial que aportase la complicada tecnología
que ha de usarse para aprovechar las riquezas fósiles del subsuelo. Complicada y
dañina, ya que estos
hidrocarburos no tradicionales exigen el uso de la técnica del fracking o
ruptura hidráulica,
la cual está siendo cada vez más cuestionada por los impactos que causa en el
medio ambiente.
Y esta socia
empresarial no es otra que Chevron,
que acaba de firmar un
preacuerdo con YPF y cuyos operarios ya están presentes en las
comunidades mapuche,
según constata el lonko de
la comunidad Maripe Purran, quien denuncia la entrada en sus territorios de
camiones de la compañía y también el aumento de las agresiones contra activistas
locales. De hecho, no es difícil encontrarse personal de la empresa por las
calles de la ciudad, o en el aeropuerto. Su uniforme los delata.
Chevron, prófuga de la justicia
“Llega a nuestro
territorio una de las empresas más
contaminantes del continente. Que huyó de Ecuador luego de devastar el
territorio de los pueblos kofán y
siona”. Esta frase, tomada del manifiesto firmado por la Confederación Mapuche
del Neuquén, es rigurosamente cierta. Se refiere al que se conoció como el juicio
del siglo, en el que la compañía Texaco -hoy parte del conglomerado Chevron-
fue condenada a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares a las 30.000
familias que se vieron afectadas por sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana.
Operaciones que se centraron en la extracción petrolera empleando para ello
técnicas obsoletas y contaminantes.
El año pasado, en
cumplimiento de esta sentencia, la
justicia argentina inició los trámites para el embargo de
los bienes con los que cuenta la compañía en el país.
Este
proceso fue adelante hasta que la Corte Suprema le puso fin, precisamente en el
momento en el que avanzaban las negociaciones entre Chevron e YPF para explotar
los yacimientos de Neuquén. Una
más, entre las decenas de improbables casualidades que se dan en los negocios de
altos vuelos.
Dirigentes
comunitarios afectados por Chevron-Texaco en Ecuador, y abogados del caso,
estuvieron presentes en Neuquén. Junio de 2013
Entre los
damnificados por Chevron en Ecuador, se encuentran varios pueblos
indígenas, cuyos
representantes
estuvieron recientemente visitando Neuquén para denunciar el levantamiento del
embargo, y para alertar a sus hermanos del sur de los peligros que entraña la
llegada de la compañía a
los territorios indígenas.
Los daños
causados por la explotación petrolera en las selvas del oriente ecuatoriano se
cuantificaron en una millonaria indemnización, pero en realidad, son
incalculables: 103 millones de litros de crudo derramado, 63.000 millones de
litros de agua tóxica arrojada a ríos y dos millones de hectáreas, donde vivían
y trabajaban pueblos
indígenas y campesinos,
contaminadas.
Retos ante un futuro complejo
El futuro que se
cierne sobre el pueblo mapuche de Neuquén no es esperanzador. Tampoco
resulta sencillo apuntar salidas frente a la política de hechos consumados, y a
la histórica invisibilización de las reivindicaciones indígenas que practican
las instituciones públicas argentinas.
En la práctica, Chevron está ya en el territorio, y se imponen medidas urgentes
para afrontar una realidad que enfrenta a un gigante empresarial global contra
unas comunidades de medios muy escasos, pero con una sólida determinación y una
historia ancestral de resistencias.
En este
escenario, ni siquiera la constatación de que los derechos indígenas recogidos
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -de
obligado cumplimiento por parte del Estado argentino- están siendo conculcados
tanto por las instituciones como por la compañía parece que pueda detener la
maquinaria extractivista. Y es que la
vía jurídica, aún contando con el precedente ecuatoriano, parece estar sujeta a
una serie de obstáculos difícilmente salvables:
un sólido apoyo oficialista y empresarial, unas instituciones que no han asumido
los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos
originarios, etc.
Es en el terreno social donde parecen surgir más opciones. Las organizaciones mapuche forman parte preeminente de un movimiento de resistencia frente a los megaproyectos extractivos y a las nocivas técnicas que aplican, especialmente el fracking, que parece cobrar mayor fuerza a medida que pasan los meses. Igualmente, la implantación de megaproyectos mineros en el norte -a cargo de la tristemente célebre compañía canadiense Barrick Gold- parece estar asentando una nueva consciencia ecológica en la población argentina, y un mayor conocimiento de los estragos que causa el extractivismo a gran escala sobre las comunidades locales.Pero en este camino resulta especialmente importante la cohesión a nivel local, y aquí aparecen nuevas dificultades, sobre todo por la táctica de división y enfrentamiento empleada por las empresas. Además, Neuquén es una ciudad de nuevo cuño, levantada en torno a los beneficios que produce el petróleo: una buena parte de su población vive y trabaja a la sombra de la actividad extractiva y los negocios paralelos o subsidiarios.
Una frase de un
joven activista mapuche - Aukán-,
trabajador de FaSinPat (Fábrica Sin Patrones, antigua Zanón, bajo control obrero
desde 2002), evidencia lo complejo de la situación: “hasta ahora, los compañeros
de la fábrica han apoyado la causa mapuche y se han solidarizado con nuestras
reivindicaciones, pero ¿qué pasará el día en que les digamos que vamos a cortar
el grifo que nos surte del gas que necesitamos para producir?”.
Un
dilema que los pueblos originarios de Neuquén tratan de afrontar orientados por
una experiencia de siglos de resistencia.
EcoPortal.net
Enfoquemos que el cuestionamiento mayoritario contra "el agua
vale más que el petróleo" del movimiento social constructor de territorios
libres de fracking
Leer
es "cómo viviremos y trabajaremos sin petróleo". Se trata, entonces, de
construir consenso sobre
que esa metodología
criminal sólo prolonga por corto plazo la civilización petrolera pero sirve
a súper negocios de grandes capitales y estados que profundizan la
injusticia social como:
Habrá
subsidios a petroleras.
Publicado el 28 diciembre 2014
Ante la
caída del precio internacional del crudo y para que no se vean afectadas la
producción nacional de combustibles y las inversiones, el gobierno auxiliará a
las compañías del sector que sostengan o incrementen sus exportaciones.
El gobierno
nacional otorgará subsidios a las empresas petroleras para evitar que caigan sus
producciones frente a la caída en el precio internacional del crudo.
La iniciativa
abarca a la estatal YPF y a la norteamericana Chevron, la francesa Total y la
brasileña Petrobras, entre otras, según informó ayer el matutino porteño La
Nación.
Según trascendió,
esta determinación la transmitió el ministro de Economía Axel Kicillof a las
empresas, las provincias y los sindicatos en el mismo momento en que se acordaba
bajar un 5 por ciento los combustibles y el precio del petróleo en el mercado
interno a partir del 1º de enero.
El objetivo es
que las petroleras sostengan o aumenten la producción hasta 3 dólares por barril
de petróleo que produzcan, ya que ante la caída en el precio internacional del
crudo podría empezar a registrarse una parálisis en las inversiones.
Asimismo, serán
subsidiadas aquellas firmas que sostengan o incrementen las exportaciones, una
de las pocas vías por las que entran dólares a la Argentina.
Más allá de estar
de acuerdo con la iniciativa del gobierno, hay muy pocas empresas que están
capacitadas para cumplir con ese requisito: sólo YPF y Pan American Energy (PAE),
de los hermanos Bulgheroni, la china Cnooc y la británica BP.
Todas ellas
registraron una suba importante hasta octubre en las exportaciones, según un
informe del Instituto General Mosconi, que agregó que “el resto de los
operadores mantiene una pronunciada tendencia decreciente”.
En ese sentido,
la producción de petróleo cayó 1,6 por ciento en octubre pasado en relación al
mismo período del año anterior, mientras que en los últimos 12 meses acumula una
baja de 1,1 por ciento.
Es por eso que el
gobierno nacional dispuso esta medida con el fin de cambiar esa situación, en
una especie de golpe de timón para evitar una caída pronunciada en la producción
de crudo.
De Vido aclaró: “La actividad petrolera está en crecimiento”
El ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó ayer que “la actividad petrolera se
encuentra en niveles de crecimiento e inversión notables, fundamentalmente desde
la estratégica recuperación de YPF”, y destacó que el gobierno continuará con
los estímulos a la inversión de hidrocarburos, “defendiendo el empleo, la
actividad del sector y que la energía siga a costos competitivos”. De esta
manera, el ministro salió al cruce de un artículo publicado en el diario La
Nación. Según consigna un
comunicado oficial, el ministro remarcó que “los planes de estímulos a la
inversión en hidrocarburos y el plan energético de obras siguen creciendo con
resultados contundentes, lo que demuestra el éxito de las políticas energéticas
implementadas desde el año 2003, ya que de otra manera sería imposible abastecer
una demanda que se duplicó en 10 años”. “Basta con observar que la tasa anual de
crecimiento global de pozos y metros perforados es del 10 por ciento, con un
desempeño histórico y exponencial de parte de YPF”, explicó.
A fin de terminar con
este sacrificio del presente y futuro en Argentina-Nuestra América por
destruir las bases ineludibles para la vida o la biosfera constituida por la
simbiosis de la naturaleza con la diversidad de culturas planetarias,
analicemos:
Geopolítica crítica de la civilización
petrolera. Una mirada desde América Latina
Por Efraín León y Octavio Rosas Landa Centro de Análisis Social, Información y
Formación Popular, AC. Ciudad de México
Introducción
Pensar
la geopolítica de la civilización petrolera va más allá del horizonte marcado
por las estrategias diseñadas para definir, difundir y sustituir el uso
energético de los hidrocarburos. Es considerar, además, el papel que el petróleo
tiene en nuestras sociedades como fibra que teje el conjunto de la reproducción
social y su grado de correspondencia con la hegemonía estadounidense. Es
necesario comprender el conjunto de intereses petroleros nacionales o
corporativos que luchan por emerger, mantenerse o reacomodarse en la estructura
productiva que indiscutiblemente comanda el mercado mundial, al menos desde sus
dos usos esenciales: el energético y el no energético. Pero también, juntas y
por separado, hay que considerar las diversas dimensiones de las estrategias
(tecnológica, productiva, militar, política y financiera) y sus temporalidades
(corto, mediano y largo plazo). Esto se hace necesario para evidenciar los
mecanismos íntimos que fundamentan el poder de los capitales petroleros y las
contradicciones profundas contenidas en esta lógica de acumulación de riqueza.
En última instancia es entender el uso productivo y reproductivo que la sociedad
petrolera hace del territorio y los amargos límites que ésta acarrea.
Sin embargo, pensar la civilización petrolera desde una
geopolítica crítica requiere además que la confrontación entre capitales
petroleros sea vista desde la propia sociedad y desde los movimientos y
organizaciones sociales que enfrentan el poder petrolero. Se trata de una
perspectiva fuera de la lógica de este poder que pretende construir argumentos
útiles para la construcción de formas justas de reproducción de nuestra
sociedad, pero que no deja de contemplar las características íntimas del poder
que la somete. Punto de partida que propone construir luchas y resistencias
conjuntas ante la lógica hegemónica de la civilización material petrolera,
identifica conexiones reales a partir de sus contradicciones, muestra sus
límites materiales en cada una de ellas y reconoce la necesidad de pensar una
geopolítica crítica desde la reproducción social común y colectiva. Es decir, de
una lucha social y territorial que recupere colectivamente el conjunto de la
reproducción social, una gestión social que no haga culto a la ganancia sino que
sea de seres y para seres humanos.
I.
Capitalismo y civilización material petrolera
Los usos
del petróleo y el poder general del capital petrolero Hasta antes del uso masivo
del petróleo en la producción de las más diversas mercancías, nunca antes en la
historia de la humanidad se había conocido una materia prima tan versátil y de
utilidad tan grande, al grado de constituirse como la responsable de definir,
dirigir y erigir avasalladoramente el comportamiento y desarrollo de toda una
civilización. La importancia del petróleo —y en general de los hidrocarburos— en
nuestra sociedad no está dada sólo por la multiplicidad de los productos para
consumo final que se obtienen directa o indirectamente de su procesamiento
petroquímico (Barreda, Espinosa y Rosas Landa, 1998), sino además por su
presencia en prácticamente todos los sectores y ramos industriales
(farmacéutico, alimentos, transporte, cosméticos, vestido, entretenimiento,
etc.), por su indispensable uso en varios momentos al interior del proceso
productivo (lubricantes, empaques, bandas elásticas de producción,
anticorrosivos, etc.), como responsable de revolucionar las comunicaciones y el
transporte (recubrimientos impermeables para tendidos submarinos de diversa
índole, uso masivo del automóvil o el desarrollo del asfalto), pero, sobre todo,
como base energética que permite el movimiento completo de la producción y la
reproducción en nuestra sociedad (gasolinas, diesel, turbosina, etcétera).
El grado tan profundo y diverso en que el petróleo se
entreteje materialmente en nuestra sociedad le confiere rasgos tan distintivos
—e imposibles de imaginar sin su presencia— que exige pensar la época
comprendida desde 1860 hasta la fecha como una auténtica civilización material
petrolera (Casifop-Oilwatch, 2004; 2006). La mayor capacidad y eficiencia
energética de los hidrocarburos posibilitaron su constitución como la fuerza
motriz abrumadoramente dominante del último siglo —destino final del 93% de su
uso— pero además, dada la multiplicidad de los valores de uso derivados de la
petroquímica y dirigidos al hilado productivo y al consumo final han convertido
también al petróleo en la fibra material del tejido total de la reproducción
social. Por si esto fuera poco, en torno del petróleo se han conformado poderes
económicos y políticos tan grandes que son capaces de dirigir, entre otros
procesos, el desarrollo de la ciencia, la forma en que la sociedad gestiona su
alimentación, salud y entretenimiento, la invención o promoción de movimientos
sociales, el derrocamiento de gobiernos e, incluso, la creación y control total
de Estados nacionales. Este poder, personificado en las grandes corporaciones
petroleras mundiales, no sería posible sin su capacidad material de satisfacer
—bajo el imperativo de la ganancia— el cúmulo de necesidades reales de nuestra
civilización.
Muchos
desarrollos técnicos, estrategias políticas, militares y comerciales y todas las
artimañas necesarias para difundir los usos del petróleo, serían innecesarios si
la materialidad social petrolera no estuviera presente. La dependencia material
que nuestra sociedad ha construido respecto de los hidrocarburos se constituye
como la medida real del poder del capital petrolero y muestra el grado de
fragilidad que frente a él tienen los Estados, el resto de los sectores
económicos y la sociedad en su conjunto. Este colosal poder se explica,
fundamentalmente, en el control del abasto de esta materia prima estratégica y
de los instrumentos técnicos necesarios para su manejo y procesamiento.
Límites en la reproducción de la civilización petrolera
Más allá
de cualquier uso particular, central o marginal, o de los rasgos específicos que
la civilización material ha adquirido, pensar el petróleo en nuestra sociedad es
pensarlo como rasgo fundante y como directriz de nuestra civilización, pero
además, y es quizás su mayor contradicción, la importancia del petróleo en
nuestra sociedad es del mismo grado que la vulnerabilidad que genera. En varios
sentidos, el límite de nuestra civilización se encuentra contenido en los
propios límites materiales petroleros. Nunca antes en la
historia de la humanidad, en la misma medida de la utilidad de un recurso, éste
se había convertido en factor de su destrucción. De forma lenta y
paulatina o rápida y explosiva, la ambición capitalista por el petróleo, al
tiempo que destruye a la sociedad sumergiéndola en sus propias contradicciones,
con el acelerado agotamiento de las reservas petroleras amenaza con destruirla
desde su propio tejido interno.
Contradicciones y crisis
El
capitalismo magnifica hasta un punto casi insostenible las contradicciones que
su proyecto civilizatorio conlleva. No sólo en la relación metabólica entre el
sujeto y el objeto, sino por todas y cada una de las relaciones sociales que
median y determinan esta relación primordial: las relaciones entre el capital y
el trabajo, las relaciones políticas entre los Estados nacionales, las
relaciones entre el campo y la ciudad, o entre clases. Cada una de estas
contradicciones se manifiesta bajo la figura de una crisis singular, pero que,
en el fondo, se corresponde con las demás en un complejo entramado de crisis
múltiples. En primer lugar, el apetito canino de ganancia del capital petrolero
generó, en el último siglo, una crisis laboral que se corresponde con la
diversificación progresiva de la división del trabajo al interior del sector y
que se acentúa a medida que las ganancias de las empresas petroleras
trasnacionales y estatales se acumulan. Además, si las condiciones extremas de
la producción global de hidrocarburos amenazan la reproducción adecuada de la
fuerza de trabajo que emplea (y, en mayor o menor medida, replicadas en el resto
de los sectores productivos ligados directa e indirectamente al petrolero), su
correlato consuntivo se extiende al conjunto de la sociedad, sin importar si
habita en el espacio rural o urbano. Podría decirse que
el siglo XX es el periodo en que el capitalismo redondeó su control sobre el
mundo a partir de la masificación de una humanidad desligada de lazos
familiares, comunitarios, de clase y nacionales (Veraza, 2004).
Esta
masificación creciente se encuentra en la base de la hiperconcentración
demográfica planetaria en ciudades medianas y grandes.1 Con la consolidación de
las redes y corredores interurbanos que densifican el tejido productivo, la
movilidad forzosa de la fuerza de trabajo y los intercambios comerciales
planetarios, el capitalismo impuso un modelo de urbanización salvaje cuyo saldo
es devastador en la población urbana y rural. El capitalismo petrolero del siglo
XX produjo, además de lo anterior, un gigantesco simulacro de “desarrollo
nacional” que hoy también está en crisis, especialmente en la periferia.
Durante los últimos cien años, cada una de las naciones
“bendecidas por la naturaleza” con este don ha apostado su historia, así como la
vida presente y futura de sus pueblos, al espejismo del desarrollo fundado en
petróleo como “motor del crecimiento y el progreso”. El resultado está a la
vista: de un modo u otro, cada una de las naciones petroleras subdesarrolladas
se ha visto envuelta en innumerables conflictos internos y externos vinculados
con la disputa por la riqueza petrolera del subsuelo y el mar. En un momento u
otro, de manera individual o conjunta, las naciones exportadoras de petróleo y
gas son sumidas en el torbellino de las catástrofes económicas que someten su
integridad territorial y soberanía política y económica, mediante mecanismos de
deuda (como los países de América Latina a inicios de los ochenta), de
sobreacumulación y especulación con los precios (como la Unión Soviética, a
finales de esa misma década), o bien, por la rapiña balcanizadora del imperio
(caso de la misma Unión Soviética, o Afganistán e Irak más recientemente). Sin
embargo, la mayor encrucijada a la que se enfrenta la civilización petrolera es
el agotamiento del petróleo y la devastación ambiental planetaria, anuncio del
límite tecnológico del patrón civilizatorio petrolero.
Un límite que pone al capitalismo al borde de la ruina histórica. La crisis por
agotamiento de los hidrocarburos (como energéticos universales) pone hoy de
manifiesto el carácter cínicamente dilapidador del capitalismo a lo largo de su
historia reciente (Kozlik, 1968); no sólo porque la mitad del petróleo y gas
existentes en el mundo han sido ya consumidos o porque las reservas actuales se
consumirán a un ritmo (por lo menos) cuatro veces mayor —Chevron dixit— sino
además porque su exploración, extracción, transporte, refinación y
transformación han implicado el desperdicio de una gran parte de la riqueza
material no petrolera, incluyendo la vida y salud de la población.
La
escasez terminal de petróleo en el mundo (que significaría el fin de su uso
energético, pero no necesariamente el de su aprovechamiento petroquímico, origen
de la casi inconmensurable variedad de mercancías de consumo productivo o
reproductivo), actualiza en el presente y proyecta hacia el futuro la ominosa
crisis ambiental global que amenaza la permanencia del sistema capitalista, pero
también la del planeta. Este límite objetivo se desdobla en dos ámbitos críticos
para la reproducción social y que se corresponden mutuamente como crisis
ambiental metabólica interna y externa. De un lado, la riqueza de la
civilización petrolera capitalista se desdobla como crisis ambiental interna con
la creciente miseria de la salud humana. En las ciudades, el desmedido consumo
energético de la industria, el transporte y los hogares vuelve el aire
prácticamente irrespirable, causa de distintos tipos de cáncer, infecciones
respiratorias, de la piel, de los ojos, así como de la crónica depresión del
sistema inmunológico de sus habitantes. Qué decir además del hacinamiento
demográfico en urbes y megaurbes y su correspondiente aglomeración del parque
vehicular, que favorecen el aumento del estrés, depresiones y todo tipo de
patologías nerviosas que, a su vez, son tratadas con fármacos que provienen, en
muchos casos, de la síntesis química del petróleo. En el campo, merced a la
revolución técnica de la agricultura, se insume todo tipo de productos
petroquímicos tóxicos en sus actividades (que a través de la tierra contaminan
agua y alimentos producidos), que se transfieren al organismo de quien los
produce y consume. Aunado a esto, es indispensable mencionar que todas y cada
una de las actividades petroleras, desde la exploración hasta su transformación
petroquímica, e incluso su venta directa (como el de gasolinas, solventes, etc.)
y consumo, tienen efectos nocivos sobre la salud de la población que vive en sus
proximidades. La crisis ambiental externa —la otra cara de esta moneda— acentúa
la irracionalidad con la que el capitalismo petrolero gestiona la reproducción
social global y local: calentamiento atmosférico, adelgazamiento de la capa de
ozono, contaminación de suelos, acuíferos y aire, deforestación, destrucción de
ambientes marinos, desaparición de especies y ecosistemas enteros, contaminación
transgénica, así como la degradación de la calidad de todos y cada uno de los
valores de uso necesarios para la vida. Sin embargo, cada una de estas
contradicciones que, en lo individual o de conjunto, arriban a graves límites,
el capitalismo las enfrenta como únicamente sabe hacerlo: profundizándolas,
posponiéndolas en el tiempo y desplazándolas en el espacio (Barreda, 1995). (…)
III.
Margen de la geopolítica de la civilización petrolera capitalista
El
recorrido puntual de cada una de las contradicciones y crisis ocasionadas por la
lógica de acumulación de capital al interior de la civilización petrolera nos
obliga a cuestionar su capacidad para reproducir la sociedad en el largo plazo,
y en las múltiples agresiones a las que nos somete. Sean de orden laboral,
social, de soberanía nacional o de índole ambiental (externas e internas), estas
contradicciones generan límites que exigen pensar una geopolítica no subordinada
a los intereses del capital petrolero, que la critique desde dentro y fuera,
pero que se instale desde una reflexión crítica para la reproducción social
global comunitaria y colectiva. Límites de la geopolítica al interior de la
civilización petrolera capitalista En los albores del presente siglo, la
civilización petrolera ha puesto de manifiesto, no sólo su contradictoriedad,
sino además, el limitado alcance de las estrategias que urden las potencias del
Norte global (empezando por Estados Unidos, pero incluyendo a Europa, Japón,
Rusia y China) para garantizar nuestra reproducción, aunque mediante el
afianzamiento de su poder —incluso si se las piensa desde una perspectiva que no
impugne la dinámica pasada y presente de acumulación de capital. Cada uno de los
límites de la civilización petrolera capitalista confluye en una crisis global
de la reproducción social que se extiende ya, a todo lo largo y ancho del
planeta y que no se va a resolver, en el futuro próximo, sólo sustituyendo el
petróleo, como energético, por gas, hidrógeno, hidroelectricidad o energía
nuclear, o los polímeros y demás petroquímicos por materiales nano o
biotecnológicos, de los que se conocen ya muchos de sus efectos nocivos sobre el
ambiente, la salud y la seguridad de la población (Grupo ETC, 2002), a pesar de
que son promovidos como “la solución” a todos los males del planeta. Así,
el problema de fondo no es únicamente quién y cómo
detenta hoy o en el futuro la hegemonía capitalista, sino también qué implica
para la población mundial que esta hegemonía se sostenga y, si para hacerlo, es
necesario que todos paguemos el altísimo costo que ello representa: la
posibilidad de que el capitalismo se colapse ambientalmente y con él, la vida.
El
discurso geopolítico tradicional parece ser ámbito exclusivo de quienes actúan
dentro de las esferas empresarial, académica, estatal o militar y, en el mejor
de los casos, los movimientos sociales y las comunidades locales sólo podemos
recoger e interpretar las formulaciones o aportes de los “verdaderos teóricos
geopolíticos” y criticarlos o adoptar sus ideas (según convenga) o, en el peor,
descartar este tipo de enfoques por su evidente carga ideológica, porque no nos
representa y, en última instancia, porque nuestros objetivos no son imperiales.
En todo caso, se han puesto a debate cuestiones que no son menores: ¿Cómo
entender que el discurso geopolítico tradicional hace abstracción de los pueblos
que construyen el espacio que cada nuevo proyecto imperialista sueña con
dominar? ¿Es útil la geopolítica para pensar procesos que no implican la
construcción y mantenimiento de hegemonía económica, política y militar? ¿En que
medida puede plantearse una geopolítica de los movimientos y organizaciones
sociales y de la sociedad en general, es decir, una geopolítica desde abajo?
El
margen de la civilización petrolera: la geopolítica desde fuera
Resulta
evidente que para una geopolítica desde abajo sí tiene sentido pensar los
procesos de expansión territorial de los poderes económicos y políticos. En
principio, desde la perspectiva de las propuestas nacionales de acumulación
petrolera en la periferia, los movimientos geopolíticos implican la posibilidad
de garantizar condiciones suficientes para mantener la reproducción social y un
intercambio más equitativo entre el norte y el sur (es el caso de la reciente
nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia que posibilita el reparto, hacia
la población, de los excedentes por su exportación). Por su parte, los
movimientos ambientalistas que enfrentan la depredación territorial y humana de
los capitales petroleros en el planeta (por medio de luchas jurídicas, denuncias
de desastres ecológicos, campañas que difunden la búsqueda de nuevas culturas de
consumo, etc.), contribuyen a mantener y restaurar condiciones materiales
mínimas de existencia, en otro momento a cargo de los Estados. Tanto los
movimientos nacionalistas y ambientales, como muchos otros que se realizan en
contra de las contradicciones de la civilización petrolera (luchas salariales,
por mejores condiciones de trabajo y derechos económicos, sociales y
culturales), en lo particular y de conjunto, son expresiones no sólo de la
competencia de los Estados, sino también de movimientos y organizaciones
sociales de base.
Pese a la utilidad histórica de cada una de estas luchas,
mientras no se vinculen desde una propuesta que considere la crítica profunda a
la civilización petrolera, serán insuficientes para gestionar la reproducción
social y ambiental global en el largo plazo. Para pensar desde abajo no basta
saber cómo se proyecta e instrumenta la gestión capitalista petrolera, es
necesario identificar y aprovechar las resquicios y vacíos resultantes de su
confrontación, para que la aplicación de las alternativas sea factible. Esto se
traduce en la necesidad de formas alternativas para la elaboración de
diagnósticos geopolíticos y su correspondiente vinculación práctica con procesos
en marcha (desde, de y para los de) abajo, sin ignorar la estrategia petrolera.
Las movilizaciones globales de millones de personas en 2003 contra la invasión
estadounidense en Irak, al grito unificado de no blood for oil, exhibe
claramente este límite, pero también abre la vía a la construcción de
alternativas sociales planetarias en la reproducción social futura.
En este
sentido, los saberes locales y tradicionales que las comunidades de todo el
mundo han generado históricamente son, por definición, espaciales, y pueden
servir a otros propósitos, a otra finalidad. Estos saberes implican, en todo
caso, una noción distinta de la territorialidad, una que posibilita vincular
orgánicamente al sujeto social con el medio natural, porque el territorio es la
comunidad y la comunidad el espacio que produce (ocupa, nombra, fracciona,
trabaja, habita, etc.). Asimismo, constituyen un instrumento indispensable para
la reconstrucción del tejido social que la civilización petrolera ha rasgado
desde sus inicios, así como para dotar a sus habitantes de una autonomía
productiva, técnica (e incluso política) que el capitalismo petrolero ha minado
sistemáticamente y hasta abolido militarmente.
Lo que las comunidades locales defienden en la Amazonia, el
delta del Níger, el sur de México o Irak contra las trasnacionales (incluidas
las petroleras) no es un retorno atávico a un pasado idílico, sino el derecho a
existir y reproducir su vida sin tener que pedir permiso al capital petrolero.
En el campo y la ciudad, por medio de luchas territoriales, ambientales,
laborales, por la salud, en contra de la guerra, etc., lo que se defiende es el
derecho de todos a decidir sobre los usos posibles de los recursos, la gestión
de la salud y la alimentación y, en general, sobre su vida; es decir, se trata
de la lucha por el derecho a la autodeterminación colectiva y directa de nuestra
reproducción, que el capital petrolero nos ha robado. En suma, los desafíos para
la sociedad actual (y su reproducción futura y posible) incluyen, entre otros,
el de dar respuesta a la necesidad social de comprender los procesos y las
estrategias que el capital hegemónico (estadounidense) y sus adversarios/aliados
geopolíticos (Europa, Japón, China o Rusia) despliegan para mejor dominar cada
momento de nuestra reproducción. Pero comprenderlos no supone justificarlos (ni
mucho menos legitimarlos), sino reconocerlos para poder captar el alcance y
límite de cada una de sus dimensiones (por separado o de conjunto) y su
insoslayable impacto sobre nuestra vida, así como para dar paso a la
articulación de las luchas locales, nacionales y globales sobre la base de una
geopolítica crítica desde y para la reproducción social. En esta tarea, la
academia comprometida tiene hoy mucho por decir.
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