Para ver qué país desertificado está
dejando el capitalismo serio,
cómo izquierdas políticas y sociales K
guardan silencio o complicidad frente a este genocidio y
cómo izquierdas políticas y sociales K
guardan silencio o complicidad frente a este genocidio y
por qué el desafío abajo de
asumir la soberanía alimentaria
exige independizarse del progresismo .
Reflexionemos sobre:
Argentina
profunda
20 de mayo de
2015
Por Darío
Aranda
(Biophilia)
Niños indígenas víctimas de desnutrición,
tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué
cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses
de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños
indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades
evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la
situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido:
la falta de territorio conlleva a la
pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en
Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses
de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom
Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis.
Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la
noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del
oficialismo, Diana Conti, argumentó una “cuestión cultural” responsabilizando a
la comunidad que, según su apreciación, no quiere dejarse ayudar. El certificado
de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por
enfermedad”. El ex-jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso
de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”,
denunció una “operación política” contra el Gobierno y aseguró que “Washington
tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina”.
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de
enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de
enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo
(Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses,
también murió por desnutrición, en Pichanal, Salta. El 6 de febrero murió otro
niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este.
Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño
aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el
hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa
Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y
septiembre de 2014. Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del
hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con
bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en
estado crítico”.
Estadísticas
El Ministerio de Salud de Salta, señaló que
1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios
Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó
otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por
ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no se hacen públicas las estadísticas
oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un
constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó
que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados.
Y alertó sobre
un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la
categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con
riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir
estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se
redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor
Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el
caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural.
Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando
asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha
cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio, Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial “Mortalidad infantil en Argentina” afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con
estadísticas focalizadas sobre población indígena, salvo en Salta, donde Unicef
afirma:
“En niños originarios la tasa de mortalidad no sólo no ha descendido,
sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al
monte ancestral, al monte nativo, como su farmacia y su supermercado. En las
últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares
ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su
espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron
sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas.
La cosecha de Argentina, más de
cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos
y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne
a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración
pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos
nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen
una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y
familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave
riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de
Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas
y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse
como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas
(entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una
acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y
Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos.
El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que
realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26
páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta:
“La degradación y desaparición
del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la
comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su
informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes”
para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la
mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince
años. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012.
Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de
Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro
extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1),
Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
La Provincia no hace públicas las
estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí,
pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación.
Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor
desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa
durante casi dos años.
“La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho
internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de
la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas
y secuestro de personas (…) El gobierno
provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a
reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las
comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da
cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la
provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía
lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la
comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho
al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar
políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y
reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno
de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía,
referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y
advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Comunidad qom Potae Napocna Navogoh
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la
Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas
y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La
Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber
Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas
qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por
justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y
9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa,
visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior,
Florencio Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social,
reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la
represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh
sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010).
Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz
Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de
Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban
Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó
“causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario.
“Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y
su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades
de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento de dividir a la comunidad y
obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna.
El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires,
en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro
pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo 2015 marcharon por el centro
porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y,
desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en
Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a
la responsabilidad del Poder Judicial por el incumplimiento de los derechos
indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta
muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la
alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la
tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en
pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de
Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que
respeten nuestros derechos”.
Fuente
original: http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199010
Advirtamos que:
La serie sobre el
costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano, ganó dos premios
“Es una tragedia
que lleva veinte años”
18 de mayo de
2015
Por Andrés Valenzuela
(Página 12)
Las imágenes captadas por el fotógrafo de
Página/12 representan un testimonio potente y conmovedor sobre el impacto de la
fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre
las comunidades del Litoral y el Norte argentino.
“Para mí este trabajo es, sobre todas las
cosas, un acuerdo con la tierra”, plantea el fotógrafo de Página/12 Pablo
Piovano. Su serie de fotos El costo humano de los agrotóxicos ganó esta semana
dos premios internacionales. En el de la agencia FID Prensa se impuso por sobre
más de 1300 participantes. Además, obtuvo el tercer lugar en el Premio Carolina
Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, una de las categorías de Pictures of the Year
Internacional, en la sección iberoamericana. La serie de doce fotos presenta un
testimonio conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos,
en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades de las provincias
del Litoral y el Norte argentino. “Me fui dos veces a recorrer más o menos 6000
kilómetros en cada viaje porque veía cifras que eran alarmantes y no había
ningún tipo de información seria, no se visibilizaba un asunto que es un
genocidio por goteo”, cuenta Piovano.
Los datos que aporta apabullan: un tercio de la población Argentina está
afectada directa o indirectamente por el glifosato. Son 13.400.000 personas que
viven en los alrededores de la zona tratada con estos agroquímicos. En 2012 se
utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas
sembradas con semillas transgénicas, es decir, sobre el 60 por ciento de la
superficie cultivada del país. En la última década se triplicaron los casos de
cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Aunque cuesta
zanjar la cuestión entre informes científicos de uno u otro bando, para el
fotoperiodista la causalidad es clara. Por eso, advierte que el glifosato y
otros agroquímicos están prohibidos en 74 países.
“Me resultaba increíble, por eso salí a constatarlo, a documentarlo
–continúa–; la primera vez me acompañó Arturo Avellaneda, un militante, y fue
simplemente para hacerme compañía, para bancarme.” Las escenas que presenciaban
eran tan duras que Avellaneda lloraba tres veces por día, revela Piovano. “El
tiene una conciencia biológica muy fuerte, es un tipo muy instruido, y se daba
cuenta de lo que estaba pasando, pero en Chaco me dijo que no daba más, y seguí
solo hasta Misiones.” Para Piovano su material es “muy fuerte”. Y no exagera
nada: se queda corto.
El segundo viaje también lo hizo de forma
independiente, como una suerte de misión personal. Para esta segunda experiencia
sumó al periodista Carlos Rodríguez –también de Página/12–, para que pudiera
plasmar un testimonio escrito de lo que comprobaban. “Para mí la causística que
hace que una persona tenga una enfermedad, una malformación, un cáncer, una
columna bífida o hidrocefalia, tiene que ver con que se haya fumigado durante
las primeras temporadas de embarazo, o que sus padres hayan trabajado toda su
vida ahí o los niños hayan nacido en ese contexto”, señala. Las fotografías de
la serie revelan ese impacto en la salud de las poblaciones rurales. “En un
pueblo de Chaco tienen un pozo común que abren dos horas al día, esa agua es
fumigada y lo doloroso es ver cómo ese agua de consumo familiar se carga en los
bidones recién vacíos de glifosato.”
“Este trabajo tiene la intención de ser un
trabajo documental de largo aliento –plantea Piovano–. Es distinto a mi tarea de
todos los días, al retrato de alguien del mundo de la cultura, quizás; aquí
enfrente hay víctimas, están el dolor y la enfermedad.” El fotógrafo se siente
también obligado hacia las 70 familias que le abrieron las puertas de sus casas
para que los retratara. “Esto es una tragedia que lleva 20 años, cuando ya en el
‘96, siendo (Carlos Saúl) Menem presidente, Felipe Solá como ministro de
Agricultura firmó un acuerdo con Monsanto, con folios en inglés y sin constatar
con científicos nacionales e independientes.
Este es el costo humano de este nuevo sistema agropecuario, que produce una
rentabilidad enorme, pero también un daño irreparable.” El trabajo continúa. Los premios
internacionales que ganó, confía, serán puertas para abrir al mundo un tema
crucial que los medios concentrados no abordan.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/21-35548-2015-05-17.html
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/21-35548-2015-05-17.html
Constatemos hasta dónde llegan las universidades públicas al
servicio de las corporaciones locales e imperialistas:
Debate por un
estudio ambiental
5 de mayo de 2015
5 de mayo de 2015
Por Darío Aranda
Rebelión/ Página 12
Rebelión/ Página 12
El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con
pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente
e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Ávila Vázquez. El pedido
obedece a que Ávila Vázquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad
de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos
espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una
clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no
hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado.
Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que
también participó en el relevamiento sanitario) e investigadores de 12 países
respaldaron al docente y médico cordobés.
En octubre de
2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz,
localidad de 8.000 habitantes a 300 kilómetros de Córdoba capital. A pedido de
organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para
la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo
sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio
nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la
mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones
triplican los registros de la capital cordobesa.El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Ávila Vázquez.
El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Ética.
La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de 10 puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina disolvió el Comité de Ética de la UNC para que no participara en la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.
El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.
Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Ávila Vázquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.
Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma difundan engañosamente datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.
Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Ávila Vázquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Ávila Vázquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.
Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.
Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.
Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Ávila Vázquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.
Apoyos al docente
En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Ávila Vázquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado con la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de 12 países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Ávila Vázquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-271898-2015-05-04.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198422En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Ávila Vázquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado con la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de 12 países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Ávila Vázquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.
Apreciemos cómo el kirchnerismo apura dejar afianzado el dominio local del sistema global de agronegocios y por ende, la destrucción de la soberanía alimentaria:
♣
El gobierno nacional avanza en una reforma de la ley de semillas vía decreto
necesidad y urgencia.
19 de mayo
de 2015
Naturaleza de Derechos
De acuerdo a
lo informado por la misma oficina de prensa del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación, el Gobierno Nacional emitirá un Decreto de
Necesidad y Urgencia para que la biotecnología se cobre en la semilla
El ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y el Jefe de
Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se reunieron hoy con representantes de
toda la cadena productiva para anunciar importantes medidas para el sector.
Durante el
encuentro realizado en la sede de la cartera agropecuaria nacional, el Jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el gobierno nacional emitirá un Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará que todos los pagos por derecho de
propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso
propio" que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso
propio y qué porción corresponde al comercio de "bolsa blanca".
En este
sentido, el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará
un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro
de un canon tecnológico.
Carlos
Casamiquela destacó "el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos
actores", al resaltar que "la modernización del sistema de pago, que establece
que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien".
De la
reunión participaron representantes de acopios, exportadoras, cadenas,
semilleros y entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en
valorar la voluntad del gobierno por alcanzar el consenso necesario para
solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los
últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena.
Aníbal
Fernández ponderó la interacción lograda entre los sectores público y privado, y
subrayó la necesidad de que haya claridad en términos de registro para proteger
"a los más débiles y vulnerables y poner un fin a tantos años de discusión".
(sic)
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
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♣
No se atrevan a tocar nuestras semillas
queremos debate, no decreto de necesidad y urgencia
queremos debate, no decreto de necesidad y urgencia
19 de mayo
de 2015
Campaña contra
la Nueva Ley Monsanto de Semillas
Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
En otro acto
más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen
la situación económica, social, ambiental y alimentaria de nuestro país, el
Gobierno Nacional declaró en la voz de Aníbal Fernández la emisión de un Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) para fijar los pagos por derechos de propiedad en
la semilla y crear un registro de uso propio.
Este anunciado DNU, avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza. Porque estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios.
Los anuncios
realizados incluyen la creación de "un fideicomiso para el fomento de la
biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico” y “que
todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además
de crear un registro de uso propio". En primer lugar este proceso implica
modificaciones a la Ley de Semillas vigente a través de un DNU violando los
debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo. En segundo
transforma en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un
derecho.
Con la excusa
de combatir la “Bolsa Blanca” (la venta de las semillas de soja como grano por
parte de productores) se plantea haber llegado a un “consenso” para impulsar
este DNU. Lo que se olvidan los sectores involucrados es que la “Bolsa Blanca”
ya es ilegal con la actual Ley de Semillas y fue la herramienta con la que
ilegalmente se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El
“consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la
sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus
pretensiones.
En palabras de
A. Fernández, el DNU viene a “poner un fin a tantos años de discusión" (sic).
Con la sorpresa todavía de esta noticia, las organizaciones y referentes
sociales abajo firmantes, le decimos al Gobierno Nacional NO a cualquier decreto
y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros
bienes comunes.
- Exigimos la
apertura de un amplio debate público, como el que desde esta Campaña venimos
impulsando desde hace años, para que sean los intereses de nuestro pueblo los
que se privilegien y no los intereses de las corporaciones.
- NO a los
Derechos de Propiedad Intelectual y a la apropiación de las semillas por las
corporaciones.
- NO queremos
ningún registro de pequeños agricultores exceptuados. El uso propio es un
derecho y no un privilegio. LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS!!!
- No queremos una
industria nacional de semillas transgénicas.
FOMENTO A LAS SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS!!!! SI A LA SOBERANIA ALIMENTARIA!
FOMENTO A LAS SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS!!!! SI A LA SOBERANIA ALIMENTARIA!
- NO queremos los
recursos del ESTADO PARA CUIDARLE EL BOLSILLO A LAS SEMILLERAS
- NO A LA LEY O EL
DECRETO MONSANTO
- DEBATE PÚBLICO
YA!!!!
Convocan e
impulsan:
Tierra Para Vivir en COB La Brecha, Acción por la Biodiversidad, GRAIN,
Movimiento Popular Patria Grande, Unidad Popular, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía,
MULCS – Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, RENACE, Frente Popular Darío Santillán,
Colectivo Desde el Pie, Confluencia Movimiento Popular La Dignidad - Movimiento Tupaj Katari,
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA), Colectivo x la Igualdad en el Partido Social,
Visión Sostenible, Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis),
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del Comahue, Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires), Movimiento 138 Colectivo de resistencia cultural,
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la Universidad Nac. de Luján
Tierra Para Vivir en COB La Brecha, Acción por la Biodiversidad, GRAIN,
Movimiento Popular Patria Grande, Unidad Popular, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía,
MULCS – Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, RENACE, Frente Popular Darío Santillán,
Colectivo Desde el Pie, Confluencia Movimiento Popular La Dignidad - Movimiento Tupaj Katari,
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA), Colectivo x la Igualdad en el Partido Social,
Visión Sostenible, Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis),
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del Comahue, Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires), Movimiento 138 Colectivo de resistencia cultural,
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la Universidad Nac. de Luján
ADHIEREN (…).
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Un decreto
a la medida de Monsanto
Iniciamos el Enredando las Mañanas del miércoles 20 de mayo, enredadxs en la
denuncia por el intento del gobierno nacional de meter la ley
de semillas por la ventana de un decreto de necesidad y urgencia.
Para conversar sobre eso, nos comunicamos con Carlos
Vicente, coordinador de GRAIN Acción
por la biodiversidad.
Descargar AUDIO.
“Una
vez más de la manga del gobierno, sin ninguna información previa se extiende un
decreto con fuerte presión de sectores ligados al agro negocio y a la mesa de
enlace” comienza diciendo Vicente, haciendo referencia al
decreto que presentó Aníbal Fernández junto a Carlos Casamiquela, ministro de
Agricultura de la Nación.
La aparición
de este decreto se produce en el marco de la disputa protagonizada por Monsanto
y por sectores del campo en la que la empresa multinacional hace unos meses que
está reteniendo cargamentos de soja para cobrar sus regalías. Estos sectores
pidieron la intervención del gobierno, a lo que este último respondió a favor de
Monsanto.
Carlos
Vicente destacó tres ejes en lo que respecta al decreto: el primero de estos es
que las
regalías de las semillas se van a cobrar sobre las semillas y no sobre el
producto, que es justamente lo que pedía el campo, aclarando que
esto es una modificación de la ley actual que implica el reconocimiento de
cobrar regalías sobre las semillas.
“El segundo
punto que tiene el decreto, que no es público, lo sabemos porque lo dijo Aníbal
Fernández, consiste en que se
va a crear un registro de uso propio, para que sea obligatorio inscribirse y
hacer la declaración del uso propio, que va en contra de la ley de semillas que
tenemos actualmente” explicó Vicente. El uso propio es un
derecho de los agricultores que establece la libertad de disponer de las
semillas que adquirió para futuras siembras.
Finalmente,
el tercer punto referido por el entrevistado en el decreto, establece que
Monsanto va a cobrar un canon
tecnológico por el desarrollo de la biotecnología argentina.
Todo esto, sin el debate público que viene reclamándose desde la resistencia a la implementación de la nueva ley de semillas.Sobre el decreto, Vicente dijo que: “hay que aclarar que esto no es una nueva ley de semillas, la ley de semillas que se estaba negociando y que logramos parar los últimos 3 años es mucho más compleja y agresiva que lo que establece este decreto”.
El hecho básico por el cual afecta, e implica, una modificación en la ley de
semillas, es sobre la cuestión del uso propio, es el derecho básico de los
agricultores de poder guardar semillas para volver a sembrarlas.
Para Vicente
el hecho de plantear que hay que pagar regalías y que haya un registro de
agricultores es un avance sobre la ley actual sin que se debata, que favorece a
Monsanto. “Ayer Monsanto, la Asociación de Semilleros Argentinos y la
organización de la mesa de enlace dijeron que estaban muy satisfechos con lo que
dijo Aníbal Fernández”, afirmó el integrante de Grain.
“Para
nosotros es una locura que se intente establecer una regulación de este tipo en
un año electoral, pensamos que no iba a pasar esto justo ahora” dijo Vicente,
sin embargo agregó que a pesar de haber una presión y un aval de actores
poderosos para que salga este decreto mantiene la esperanza de que no pueda
implementarse.
Esta
perspectiva se sostiene en dos iniciativas que se desarrollan en estos días: el
documento lanzado desde la campaña
No a la ley Monsanto de semillas, y las actividades previstas para el
día 23, por las acciones
mundiales en contra de Monsanto.
Si bien
Aníbal Fernández dijo que el decreto establece que van a estar excluidos los
pequeños productores y los agricultores familiares, Vicente explicó que es algo
que ya se había incluido en el segundo borrador de la ley que se estaba
negociando en la legislatura.
El
integrante de GRAIN aclaró también que este decreto implica “la desaparición de
los agricultores familiares e indígenas, que es lo que viene ocurriendo de
manera continua hace 20 años, esto es un paso más en esa dirección, por
supuesto que va a haber resistencia y
estamos a la espera de ver el texto del decreto para ver qué medidas legales
podemos tomar frente a eso”.
Descubrimos que frente a medidas del
gobierno CFK que los afecta directamente, reaccionan en contra pero lo
siguen apoyando por relativizar consecuencias del extractivismo. De ahí que
crean en la convivencia de la agricultura familiar con la agroindustria.
También como en el pasado, están quienes sostienen que el gobierno es
víctima de las corporaciones.“El
Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en
contra de este modelo... dura quince días”.
Leer
A este último razonamiento desconocedor
del poder de las luchas populares se suma la labor periodística que ningunea
e invisibiliza al DNU y centra la atención en:
La
presidenta encabezó el acto de inauguración del imponente Centro Cultural
Néstor Kirchner
“Una
obra que quedará como un emblema”
23
de mayo de 2015
Por
Laura
Vales
(Página/12)
Cristina Kirchner destacó el valor redistributivo del acceso a los bienes
culturales y resaltó la enorme inversión realizada por el Estado en esa
área, a la que ahora se suman las más de 50 salas para conciertos y
exposiciones del flamante Centro.
En el edificio del
antiguo Palacio de Correos, tras seis años de obras que lo rediseñaron, ayer
se inauguró el Centro Cultural Néstor Kirchner. De 115 mil metros cuadrados,
con más de 50 salas para conciertos y exposiciones, un museo de arte moderno
y áreas donde funcionarán restaurantes y cafés, el lugar será el mayor
complejo cultural de América latina. “Esto no lo puede hacer la inversión
privada. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie”, señaló la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en el acto de apertura. Todas las actividades
del Centro Cultural
serán
de entrada pública y gratuita. (…)
Leer
Sopesemos la gravedad del DNU:
Peligra la soberanía alimentaria argentina. Ahora estamos peor…
21 de mayo de
2015
Reflexiones
sobre la premura por un decreto que no tiene ni necesidad ni urgencia sobre que
la biotecnología se pague en la compra de la semilla.
Por Walter
A. Pengue
La semilla es
para el agricultor la base de todo su sistema productivo. Ha formado parte de
una necesidad y búsqueda de mejora, transmitida culturalmente por generaciones,
en un sistema de intercambio entre los pueblos que persiste hasta nuestros días.
La apropiación de parte de este conocimiento popular ha sido siempre un objetivo
comercial de muchos empresarios, que de la mano de ciertas técnicas
desarrolladas por ingeniería genética pueden poner en riesgo la seguridad
alimentaria de las naciones (Pengue, W.).
Históricamente,
el proceso de selección y mejora de variedades agrícolas estuvo en manos del
agricultor, quien recurrentemente guardaba e intercambiaba con otros productores
distintas semillas para las siguientes estaciones. Pero el proceso de manejo de
la propia semilla por parte del productor y los programas convencionales de
mejora comienzan a revertirse en muchas regiones, a comienzos de este siglo, con
la llegada de los nuevos conocimientos del "vigor híbrido".
Las semillas
híbridas son la primera generación descendiente de dos líneas parentales
distintas dentro de una misma especie. Su éxito estriba en que son muy pocos
–los breeders y sus empresas- los que conocen estas líneas parentales que tienen
en general un mayor rendimiento pero que, de querer reproducirse en generaciones
sucesivas, segregan y pueden dar una nueva generación con plantas y rendimientos
desuniformes.
El agricultor se
ve obligado entonces a comprar la semilla todos los años para asegurar su
cosecha, trasladando parte de su renta a las manos de las compañías dueñas del
manejo del material genético y sus cruzamientos.
Con esta
práctica, las empresas de semillas comienzan a acumular un creciente desarrollo
económico y manejo de la agricultura mundial. "Las corporaciones transnacionales
vinculadas a la producción agropecuaria y la salud, han concentrado un enorme
poder", y Argentina ha sido uno de los nichos mundiales donde este crecimiento
se ha hecho más notable.
El éxito en la
hibridación comercial se ha dado en cultivos como el maíz, el girasol y el
sorgo, pero aún no se ha podido ampliar al arroz, el trigo y la soja, especies
que a diferencia de las anteriores -que se utilizan como alimento para el
ganado- son la base alimentaria de una importante porción del mundo.
Más concentrado
aún, fue el proceso cuando llegan las semillas transgénicas (sojas RR,
resistentes al glifosato, maíces, algodón, etc., con características similares,
o a los insectos, o ahora a la sequía), cuyo principal objetivo no es justamente
ampliar y sostener los procesos de seguridad alimentaria global, regional y
local, sino cuyo principal objetivo es realmente, la ejecución estricta de una
patente y el pago, recurrente de un fee tecnológico, que dependiendo del país y
región, puede generar problemas serios, que deberían ser previamente analizados
en su total contexto.
La semilla
representa la fuente inicial y principal de la vida, el alimento, el abrigo, la
energía, de miles de millones de humanos en este planeta y la discusión sobre su
patentamiento y el pago del mismo, debe ser analizado en amplitud por todos los
miembros de una sociedad y no por unos pocos, directamente representantes de un
interés manifiesto.
En estas
variedades locales, por otro lado, los agricultores han pretendido continuar
guardando sus semillas, lo que según las compañías atenta contra sus intereses
comerciales, puesto que ven en esta ancestral práctica un riesgo y daño
económico y una de las fuentes del atraso en que se encuentran vastas regiones
de nuestro planeta. Una cuestión que debería ser analizada con la profundidad
del caso, luego de la crisis alimentaria recurrente a la que nos somete este
proceso único y visión. La crisis del 2008, puso sobre la mesa, el efecto que
estas cuestiones en pocas manos pueden llegar a generar.
La seguridad alimentaria mundial, o por lo menos de las regiones más pauperizadas del mundo, no puede dejarse al albedrío y juicio del interés privado o al interés, meramente coyuntural y pobremente analizada, del sector gubernamental. La participación profunda, seria, dedicada, comprometida e informada de todos los actores, incluidos especialmente los pequeños, medianos, campesinos y los consumidores, en estas decisiones, es una condición imposible de soslayar en una verdadera democracia.En el mundo desarrollado el sistema de protección de invenciones y patentes funciona por el propio flujo de la renta entre los distintos actores, pero en el subdesarrollado ejercer acciones no meditadas ni analizadas puede condenar a la inanición y al desamparo. La Argentina hasta ahora, sostuvo un espacio a través del cual, los pequeños, medianos agricultores, podrían reservar semilla para sí y utilizarla posteriormente, para su producción y consumo, teniendo en cuenta también, los posibles efectos derivados negativos que podrían llevar a los pequeños agricultores y campesinos a un callejón peligroso. El formar parte de UPOV 78, sin avanzar en demasía hacia acuerdos posteriores, de alguna forma sostuvo la posibilidad de no afectar a los poseedores de semillas propias, criollas y promover una diversidad productiva y socialización del conocimiento que hoy, por todos los medios, se lucha por otro lado, por privatizar y concentrar en cada vez menos manos. Un enorme riesgo, del que los decisores de políticas públicas, deberían considerar, si su deseo fuese reservar y promover un proceso fecundo de desarrollo rural y agricultura familiar.
Cuando por otro
lado, se pretende simplemente, discutir la renta y la captura del derecho de
patente y el cobro de la misma, este proceso debe ser discutido ampliamente
entre todos los actores del llamado campo, en especial, aquellos que pueden ser
seriamente afectados por estas decisiones.
Es un error,
grave, importante, no permitir que todas las organizaciones vinculadas a la
producción, a la sustentabilidad, al ambiente, al desarrollo rural sustentable,
al consumo e incluso a quienes promueven la instalación del sistema de patentes
con este énfasis, a analizar en profundidad y en los escenarios proyectados, lo
que ello implicará en el mediano y largo plazo, más allá de un decreto de
necesidad y urgencia, en preparación, para no participar democráticamente a una
discusión que el país se debe.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peligra_la_soberania_alimentaria_argentina._Ahora_estamos_peorDiscursos y objetivos ambivalentes y sin claro rumbo, solamente afectará y generará más impactos socioambientales en el campo. Justamente en un país que ya tiene el 90 % de su población en las ciudades con un “campo vaciándose”. En lugar de promover y ayudar a que el campo se pueble, se afinquen productores y campesinos, se sostenga un verdadero desarrollo rural, Argentina parece que pretende seguir continuando con un “Vaciamiento de las Pampas” (Pengue, W.), que no sólo ya se puede mirar como la proyección de la generación de un éxodo, que deje libre un recurso natural estratégico vital para el país, como su suelo.La cuestión de la semilla, nuevamente un tema vital para la vida, de esta generación, como de las generaciones futuras, no puede quedar en manos de los intereses de la coyuntura. La Argentina y quienes trabajan en su campo o se benefician de él, merece un análisis profunda y respuestas que también, contengan a todos los intereses, y no sólo a unos pocos. El cambio de patrón simplemente en el recurso, no es un buen camino…
Necesitamos de una toma generalizada de conciencia sobre que el capitalismo
no es presente ni futuro y está en crisis estructural, aún más:
civilizatoria.
Diez rostros de la crisis
civilizatoria del sistema capitalista mundial
Por
Humberto Márquez Covarrubias
Fecha de
recepción: 31 de agosto de 2009. Fecha de aceptación: 7 de octubre de 2009.
Problemas del
Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía,
Vol. 40,
núm. 159, julio-septiembre / 2009
Bajo el orden agroalimentario global, que antepone los
intereses de las empresas transnacionales, se desmantelan los sistemas de
producción de los países subdesarrollados y sus modos de vida rural, y aflora el
problema de la pérdida de soberanía alimentaria y la falta de sustentabilidad
social. La imagen más deprimente la ofrecen la destrucción de la sociedad
campesina y las hambrunas que afrontan amplios sectores de la población de todo
el mundo. Los precios de los alimentos básicos han sufrido fuertes embates
especulativos que colocan al grueso de la población pobre en una situación de
extrema vulnerabilidad y pobreza. Por ejemplo, entre marzo de 2007 y mayo de
2008, el precio de los productos lácteos se incrementó 80%; la soya, 87%, y el
trigo, 130%. La crisis alimentaria de 2008 provocó un aumento de 100 millones en
el número de pobres en el mundo (BM, 2008). Después de una aparente estabilidad,
los precios volvieron a repuntar en el segundo trimestre de 2009 (maíz, 10.8%;
soya, 35%, y trigo, 12.7%) debido a factores críticos como la especulación en
los mercados de futuros de granos y la demanda de empresas productoras de
biocombustible. Se estima la existencia de más de 1 000 millones de personas al
borde de la muerte por hambre (FAO, 2009). Un signo más del desprecio del
capital sobre la vida humana. El modelo de agricultura basada en las
corporaciones agroindustriales ha generado grandes excedentes ofertados
mundialmente a bajo costo. De manera que los pequeños productores locales del
mundo periférico resultan incapaces de competir. Los acuerdos de comercio
internacional, como el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, mercantilizan la
producción y limitan el acceso a los alimentos (Bello, 2008a). Para las grandes
corporaciones, la crisis alimentaria es fuente de enormes ganancias: en el rubro
de comercialización de granos se benefician Cargill y ADM; en semillas y
plaguicidas, Syngenta y Monsanto, y en fertilizantes, Potash Corp y Yara (GRAIN,
2009). La cadena agroalimentaria está controlada en todos y cada uno de sus
tramos por corporaciones transnacionales que acceden a grandes beneficios debido
al modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado. Las grandes
corporaciones comerciales absorben a las cadenas pequeñas de países
subdesarrollados. Este monopolio controla y determina los patrones de consumo y
comercialización. En 2006, la segunda empresa más grande del mundo por volumen
de ventas fue Wal-Mart, y en la lista de las 50 mayores empresas mundiales se
encontraban también, por orden de facturación, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal
Ahold y Costco (Vivas, 2008).
Crisis de subsistencia
El
aumento de los precios de alimentos básicos como arroz, maíz y trigo representa
una seria amenaza para la subsistencia de millones de personas en la periferia.
Para la ONU, dicha alza obedece a factores como malas cosechas, bajas reservas,
incremento del precio del petróleo, mayor demanda de biocombustibles, menor
apoyo a la agricultura y especulación financiera; sin embargo, omite las causas
estructurales, que amén de estar en el trasfondo de la crisis, abonan a la
destrucción de modos de vida, trabajo y subsistencia de amplios sectores
sociales que mantienen y protegen la biodiversidad, los cultivos, las semillas,
la autonomía alimentaria y formas de distribución no mercantilizadas (Mattié,
2008; Bartra, 2003). La crisis de subsistencia muestra distintos rostros del
peligro que afronta la vida humana, sobre todo en la periferia. Según cifras de
la FAO para 2007, dentro del rango de pobreza se ubicaban 4 750 millones de
personas en el mundo: casi la mitad de la población mundial. Más de 2 800
millones de personas en el mundo sobreviven con menos de dos dólares al día, y 1
200 millones de personas lo hacen con un dólar o menos al día (PNUD, 2003). Del
mismo modo, la ONU estima que al menos mueren unas 50 000 personas al día en el
mundo a causa de la pobreza extrema (El universal, 19/IX/07).
Pese a que los organismos
internacionales reconocen en sus informes sobre recursos hídricos que el mundo
dispone de una gran abundancia de agua dulce como para satisfacer las
necesidades humanas, también se admite que existe un reparto desigual del vital
líquido. Entre otros factores, se arguye la gestión deficiente, la escasez de
recursos y los cambios medioambientales, pero no se toman en cuenta factores
cruciales como la privatización del agua y su control geopolítico. En el
diagnóstico se admite que 1 100 millones de personas,
uno de cada cinco habitantes del planeta, no tiene acceso al agua potable y que
unos 2 600 millones (40%) no dispone de sistema de saneamiento básico
(UNESCO, 2006). La falta de acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias
higiénicas deriva en muertes, que se calculan en 1.6 millones de personas al
año. La baja calidad del agua es una de las principales causas de las
deplorables condiciones de vida y de severos problemas de salud. En 2002, las
enfermedades diarreicas y el paludismo acabaron con la vida de 3.1 millones de
seres humanos; 90% de los fallecidos eran niños menores de cinco años. Se ha
estimado que cada año se podría salvar la vida de 1.6 millones de personas si se
les ofreciera la posibilidad de acceder a abastecimientos de agua potable e
instalaciones sanitarias e higiénicas. Además de la falta de acceso, existen
problemas graves por la contaminación y privatización del agua, debido al
desmesurado afán del lucro de las grandes corporaciones multinacionales (Shiva,
2007).
Los niños del mundo
subdesarrollado representan el segmento de la población más vulnerable.
Unos 75
millones de niños no cursan la educación primaria porque comienzan a trabajar a
una edad temprana: 218 millones de niños de entre cuatro y 15 años trabajan en
el mundo; más de 50% lo hacen en las peores condiciones, como esclavos o en
actividades ilícitas (OIT, 2009). Asimismo, 12 millones de niños mueren todos
los años a causa de enfermedades curables como malaria, diarrea, sarampión o
neumonía. Hay 115 millones de niños sin acceso a la educación y hacen falta 18
millones de profesores en todo el mundo. Y no sólo los niños, uno de cada cinco
adultos —es decir, unos 774 millones de personas— es analfabeto. (...)
Deterioro ambiental
El
consumo de recursos naturales en el sistema capitalista mundial es desigual: el
20% de la población mundial, concentrada en los países centrales del norte,
consume 80% de los recursos naturales (Dierckxsens, 2009b). La transferencia
permanente de recursos de la periferia al centro constituye otra muestra de la
subvención a la acumulación centralizada. La dinámica de saqueo ecológico por
parte de corporaciones transnacionales aflora como consecuencia nefasta de la
sobreexplotación de recursos naturales bajo el espectro del intercambio
ecológico desigual, derivado de la exportación de recursos naturales baratos
—por ejemplo, madera, minerales, petró- leo y especies exóticas— sin que se tome
en cuenta su agotamiento y perennidad, además del deterioro del agua, aire y
tierra, y de la misma población, es decir, el saldo se advierte como
contaminación, envenenamiento y muerte (Vega, 2006). La situación se agrava si
consideramos efectos ambientales degradantes como el cambio climático global,
que supone el posible aumento de la temperatura en un rango de 1.5° y 4.5° C,
derivado de la concentración de gases invernadero, como el dióxido de carbono,
metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Entre los efectos inmediatos se
señala la modificación de lluvias y del nivel del mar.
Pero más allá de su análisis
como un problema técnico derivado de los desorbitados patrones de consumo de la
sociedad industrial, conviene tener presente que, en el fondo, el capitalismo
representa una fuerza que destruye en un santiamén aquello que la naturaleza ha
demorado millones de años en construir, y la situación empeora si tomamos en
cuenta que la mayor reserva de recursos naturales se encuentra en el mundo
subdesarrollado y es belicosamente disputada por los países dominantes. La
pérdida de biodiversidad representa uno de los grandes problemas del deterioro
ambiental.
En
sus causales se destaca: 1) la destrucción de hábitats naturales, como bosques
tropicales; 2) la fragmentación del hábitat de numerosas especies terrestres por
el trazado de campos de cultivo, urbanización, carreteras y autopistas; y 3)
campos con pobre vida silvestre, el “desierto verde”, debido a la agricultura
industrial basada en fertilizantes y pesticidas (Frers, 2008). Entre 1990 y
2005, los bosques disminuyeron en un 3%, con una media anual de 0.2%.
La
pérdida neta de bosques, que actualmente ocupan 4 000 millones de hectáreas —30%
de la superficie terrestre—, es de 20 000 hectáreas al día (FAO, 2007).
Considerando el número de especies por área y la pérdida de bosques tropicales
(un tercio en las últimas cuatro décadas), se calcula que se extinguen 50 000
especies por año, lo cual representa 10 000 veces la tasa natural de extinción.
De persistir esta tendencia, podrían desaparecer dos tercios de las especies
para finales del presente siglo (Frers, 2008). La extinción masiva de especies
es un problema severo: más de 16 306 especies de animales y plantas están en
peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos. Son ya 869
las especies que están extintas o extintas en estado silvestre; la cifra
asciende a 1 159 si se suman las 290 especies en peligro crítico de extinción
clasificadas como posiblemente extintas. En total, por lo menos 16 928 especies
están amenazadas de extinción (Vié, Milton y Stuart, 2009).
La destrucción de vidas también alcanza a la humanidad,
según la Organización Mundial de la Salud, el deterioro del medio ambiente
produce cada año la muerte de 13 millones de personas, unas 200 000 de ellas a
causa del cambio climático. Además de que las enfermedades infecciosas tienen
una incidencia 15 veces mayor en los países subdesarrollados que en los
desarrollados, esta proporción sube hasta 100 veces en las enfermedades
diarreicas. Se estima que 25% de la carga global de enfermedades sobreviene de
la degradación paulatina del medio ambiente. Los organismos internacionales
suelen hacer estimaciones sobre los diversos efectos del desastre ambiental y
descansan la explicación de sus causas en problemas de orden técnico, desechando
las relaciones sociales de producción capitalista.
La devastación del medio
ambiente proviene de la incesante y descontrolada competencia por maximizar las
ganancias capitalistas, que conduce a la destrucción de la base natural del
metabolismo social, el medio ambiente y a la insustentabilidad social expresada
como desempleo, subempleo y migración (Foladori, 2007). Los recursos naturales
que se extraen de la litosfera y crecientemente de la biosfera se explotan como
elementos aislados y no como componentes de un ecosistema; además, los costos de
producción de los recursos naturales se consideran sólo como costos de
extracción, lo cual desprecia la reproducción a largo plazo de la naturaleza
(Mora, 2009). En suma, se registra un preocupante proceso de deterioro
ambiental, pérdida de biodiversidad y fenómenos alarmantes como el calentamiento
global, todos como expresiones directas e indirectas de la deificación del
mercado como agente del desarrollo y la privatización de los recursos como
cemento de la sociedad capitalista. (...)
Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/118/11820103010.pdf
Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/118/11820103010.pdf
Solidaricémonos
con nuestros pueblos hermanos de países con predominio del Estado terrorista
y del narcoestado que anticipan nuestro futuro:
♣
Capitalismo, desplazamiento poblacional y
malformaciones congénitas
18 de mayo de
2015
Por Cecilia Zamudio
(Rebelión)
En el sistema capitalista el Terrorismo de
Estado es un hecho recurrente, es empleado para producir parálisis de las
reivindicaciones sociales y para provocar masivos desplazamientos poblacionales
para beneficio del gran capital.
En Colombia el Terrorismo de Estado está estrechamente ligado a la acumulación capitalista: 40% del territorio colombiano está tramitado en concesiones a multinacionales mineras. La estrategia del desplazamiento forzado de poblaciones intenta quebrar la resistencia popular frente a la depredación de los recursos naturales, y vacía de su población las zonas codiciadas por las multinacionales. Esta estrategia se ejerce también según las directrices estadounidenses de despoblar el campo, en una tentativa de exterminar la base social de la guerrilla. Lo que los marines llamaron en Vietnam “quitarle el agua al pez”, al implementar su macabro accionar de las aldeas arrasadas.
El instrumento paramilitar es cofinanciado por
las multinacionales y latifundistas, y coordinado desde el mismo Estado para
sembrar el terror en la población mediante masacres y torturas. Este instrumento
paramilitar se consolidó por instrucción estadounidense: la misión Yarbourough
de 1962 preconizó la creación de grupos paramilitares, promovidos por el Estado,
cuyo objetivo ha sido asesinar a los comunistas y a todos aquellos que
reivindiquen por justicia social. La doctrina contrainsurgente y el concepto del “enemigo
interno” que rigen el accionar
del ejército colombiano, toman su inspiración en los manuales franceses y
estadounidenses que preconizan la tortura de forma sistemática, así como el
empleo del desplazamiento masivo de poblaciones. Los manuales de la CIA, como el
KUBARK, instruyen en torturas físicas y sicológicas (1).
El Terror de Estado en Colombia ha causado
decenas de miles de desapariciones forzadas (2), más de 9.500 presos políticos,
el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia
por agentes estatales o la herramienta paramilitar. El Estado colombiano ha
eliminado físicamente un partido político: La Unión Patriótica, con más de 5.000
militantes asesinados (3). La mayor fosa común de Latinoamérica, fue hallada
detrás del Batallón Militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos
por la Fuerza Omega del Plan
Colombia, Fuerza que tiene
asesoría estadounidense (4).
-Desplazamiento poblacional: un crimen
planificado al servicio de la acumulación capitalista
Colombia es el segundo país del mundo a nivel
de desplazamiento forzado de poblaciones, tras Siria (5). Más de 6,3 millones de
personas han sido desplazadas en Colombia por una planificación del terror al
servicio de la acumulación capitalista: han tenido que abandonar sus tierras
tras sobrevivir a masacres dirigidas intencionalmente contra la población,
ejecutadas por el ejército y la herramienta paramilitar. Hay responsables de
esta planificación del terror, y esos responsables son aquellos que explotan la
tierra para capitalizar mediante la agro-industria y la mega-minería. Las
personas obligadas a desplazarse no son desplazadas por la “bala
perdida”, ese comodín que usan los medios del capital, para impedir la
comprensión de la realidad.
Los bombardeos del ejército sobre las
comunidades campesinas y las fumigaciones son también instrumentos para el
desplazamiento poblacional. Las fumigaciones se hacen bajo el pretexto de “la
lucha contra el narcotráfico”; pero son fumigados sembradíos alimentarios
con Glifosato, envenenando la vida y el agua.
-Varias generaciones de niños nacidos con
malformaciones congénitas; pero el Estado colombiano no « veía » el peligro
La OMS declaró recientemente ser cierto lo que
los científicos y las comunidades denuncian hace décadas: el Glifosato es un
peligro mortal. La OMS lo clasifica ahora como un agente cancerígeno de
categoría 2A. Le hizo falta mucho tiempo a la OMS para esta clasificación: ¿Será
cierto que las presiones de los fabricantes de ese veneno ritman su calendario y
sus clasificaciones? El Estado colombiano impuso al pueblo colombiano más de 25
años de fumigaciones, bajo las directrices estadounidenses, comprándole el
veneno a Monsanto. Jamás las denuncias de las comunidades campesinas
colombianas, ni los documentos científicos, ni los niños nacidos con
malformaciones, sin brazos, sin piernas, o ciegos, significaron para el gobierno
colombiano una “evidencia” del carácter genocida de las fumigaciones. Es
solamente cuando la OMS se pronuncia, que el gobierno se plantea cesar las
fumigaciones con Glifosato. Para el gobierno de Santos todo radica en la
apariencia: se trata de preservar la máscara en el juego diplomático
internacional. Colombia es el único país del mundo que ha permitido, durante
décadas, la fumigación aérea con Glifosato: desde 1994 la Resolución 001 del
Consejo Nacional de Estupefacientes la preconizó, pero fue mucho antes que las
fumigaciones de esos venenos comenzó (6).
Ahora queda por ver si la decisión tomada en mayo 2015 de suspender las aspersiones aéreas con Glifosato se traduce en hechos, y sobretodo queda por ver si el Glifosato no va a ser reemplazado por otro veneno, no incluido en las clasificaciones de la OMS. Queda por ver si todas las personas enfermas van a recibir un tratamiento, si es que existe. Y queda por ver cómo tratar los sufrimientos de los miles de niños nacidos con malformaciones, al menos en curas paliativas antes de su muerte. Conociendo el carácter capitalista del sistema de salud colombiano, y sabiendo cómo deja morir a las personas en las puertas de los hospitales, poca esperanza hay de que tome en mano la responsabilidad de estos sufrimientos. La cuestión de las tierras y de las aguas envenenadas también queda en suspenso, así como la cuestión de los millones de personas desplazadas para huir estas aspersiones genocidas. Lo que el Estado colombiano perpetró durante años contra el pueblo colombiano y contra los ecosistemas de la región es un crimen de Lesa Humanidad; habrá que ver ahora si va a imponer otro veneno. La cuestión sobre la lentitud de la OMS en sus clasificaciones queda igualmente latente; así como la cuestión de las dañinas políticas de la supuesta “lucha contra el narcotráfico”, y lo que realmente se esconde detrás de esa rotulación.
Las fumigaciones aéreas empaparon al país con
venenos como el Glifosato y con otros todavía más potentes como el Round Up
Ultra, Imazapyr, Tebuthiuron, y hasta con el Fusarium Oxysporum: esta política
fue muy útil en la estrategia estatal de desplazamiento de poblaciones, y muy
poco eficaz contra los “cultivos ilícitos”.
Los intentos de las comunidades campesinas de substitución manual de cultivos ilícitos por cultivos de pan coger, fueron perseguidos por el Estado. En cuanto a las propuestas de la guerrilla, nacidas de la participación campesina a las Audiencias del Cagúan, y que promueven también la substitución manual de los cultivos, para beneficio de la soberanía alimentaria y del campesinado, también fueron totalmente ignoradas por el Estado colombiano y por los medios de difusión masiva. Medios que no hacen sino martillear la mentira lanzada por el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs (7), creador del término “narcoguerrilla”; siendo que el narcotráfico en Colombia se beneficia de las estructuras del Estado colombiano, entre ellas las aduanas aéreas y portuarias, y que los narcotraficantes son aliados históricos del Terrorismo de Estado en Colombia (sus asesinos han cooperado del exterminio de comunistas y demás opositores políticos).
Hasta hoy las propuestas agrarias de la
guerrilla son ignoradas por los medios, que pasan bajo silencio los documentos
(8) y el contenido de lo que se dialoga en La Habana. Ya, en los diálogos del
Cagúan, las FARC habían presentado un proyecto piloto de substitución manual de
cultivos en Cartagena del Chairá (9), cuyo costo económico estimado a gran
escala era miles de veces inferior al costo del Plan
Colombia, ni qué decir del coste medioambiental. Pero los diálogos fueron
truncados por el Estado colombiano, que se apuró en firmar el Plan
Colombia, un plan de guerra confeccionado en Estados Unidos.
El pretexto de la “lucha
contra el narcotráfico” se ve
desmentido en la práctica: el narcotráfico está imbricado con el mismo Estado
colombiano, y hasta con la misma DEA. Sin hablar de las multinacionales químicas
que fabrican no solamente los precursores necesarios a la cocaína, pero también
todo tipo de drogas legales.
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A tres años del
golpe de estado
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El neoliberalismo y la
narcopolítica estremecen al Paraguay
23 de mayo
de 2015
Por Gervasio Apipé
(Rebelión)
En medio
de la profundización de las recetas neoliberales, la guerra entre los cárteles
de la droga en Paraguay ha cobrado nuevamente virulencia y está afectando
severamente al gobierno de Horacio Cartes. Hay veladas amenazas de juicio
político y hasta un golpe de Estado para disolver el Congreso. En el marco de
este caos, aumenta la pobreza extrema rural y la militarización del país.
El asesinato del periodista Pablo Medina, del
diario Abc Color, ejecutado por sicarios al servicio de la narcopolítica el 16
de octubre de 2014, pudo haber sido la chispa que está provocando un incendio de
proporciones gigantescas en el seno del gobierno de Horacio Cartes. En la
ocasión también murió baleada Antonia Almada, una colaboradora del periodista.
Había quedado en evidencia que el ex ministro
de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, amparaba a uno de los principales
sospechosos del asesinato del comunicador, el ex intendente de Ype Hu, Vilmar
Acosta, actualmente preso en Brasil, con pedido de extradición. Acosta, a la
vez, estaba protegido por la diputada Cristina Villalba, estrecha colaboradora
del presidente Cartes. http://www.abc.com.py/nacionales/cercano-a-los-lideres-colorados-1297468.html
El periodista venía denunciando tanto al ex
intendente, a la diputada y a otros políticos de la región de estar involucrados
en el tráfico de drogas y el contrabando de mercaderías, así como crímenes por
encargo y otros delitos.
Para expiar rápidamente el pecado, algunos
congresistas prepararon el juicio político a Núñez para ser destituido como
ministro de la Corte. El mismo ejercía el cargo de superintendente de justicia
en Canindeyú, departamento fronterizo con el Brasil - donde había ocurrido la
ejecución del periodista. Núñez, en tal carácter, ya había prohijado la
impunidad de Acosta por otro crimen.
Al percatarse de la posibilidad de instalar a
gente de su confianza en la Corte Suprema, Horacio Cartes empujó al Partido
Colorado a impulsar el juicio político a otros tres miembros de la máxima
instancia judicial: Sindulfo Blanco, Oscar Bajac (del Partido Liberal Radical
Auténtico, PLRA) y Cesar Garay Zuccolillo (colorado). Nuñez renunció antes de
ser llevado al banquillo de los acusados ante el Congreso; los otros tres
esperaron.
Invariablemente, casi todos los miembros de la
Corte fueron acusados en algún momento de recibir sobornos de los
narcotraficantes o de políticos que dan amparo al crimen organizado, al igual
que los parlamentarios, denunciados por los propios políticos. http://www.ultimahora.com/bacchetta-manda-al-frente-al-presidente-n895648.html
Pacto
resquebrajado
Los planes -a tambor batiente- para la
destitución de los otros tres miembros de la Corte fueron abortados súbitamente.
Algo empezó a resquebrajarse, cuando un grupo de 15 senadores del Partido
Colorado pretendió canjear con Cartes la candidatura del senador Mario Abdo,
como presidente de dicho partido, a cambio de la destitución de los miembros de
la Corte.
Estos senadores colorados, aliados a los
opositores encabezados por el expresidente y actual senador Fernando Lugo, se
opusieron finalmente a “barrer” con la Corte. Desde entonces la confrontación
interna dentro del coloradismo se va incrementando vigorosamente, día a día.
Cartes, quien tenía tímidas intenciones de
modificar la Constitución Nacional para lograr la reelección en el cargo,
debería contar con el apoyo de la Corte Suprema para ese efecto. Con la
continuidad de los actuales ministros, dicha posibilidad se aleja de forma
exponencial.
En el marco de la disputa interna colorada,
Cartes impuso su candidato –el diputado Pedro Alliana- a presidente del partido
para las elecciones de julio venidero y profundizó la brecha con los 15
senadores.
De tener controlado ambas cámaras del Congreso,
el Poder Judicial y haber sometido a un vasto sector del PLRA luego del golpe de
Estado parlamentario de 2012, Cartes quedó solo con el apoyo de la Cámara de
Diputados. Perdió el Senado y la Corte Suprema de Justicia. Y el apoyo del
“opositor” PLRA empezó a tambalear.
La confrontación sigue subiendo de tono a
diario. Los senadores colorados, con sus aliados circunstanciales de la
oposición, trabaron importantes proyectos de leyes de orden económico del Poder
Ejecutivo, de clara tendencia neoliberal.
En ese marco de disputas, de nuevo la mafia
ligada al narcotráfico dio otro golpe, esta vez asesinando al exdiputado
colorado, Magdaleno Silva, a su hijo de 21 años y a un empresario y su hijo que
estaban negociando con el ex parlamentario. Fue una masacre de cuatro personas
en una plaza pública, a plena luz del día y ante la vista de toda la humilde
población de la pequeña ciudad de Yby Yaú, distante a unos 50 kilómetros del
Brasil, en el norteño departamento de Concepción. Este hecho ocurrió el 4 de
mayo pasado.
Silva fue diputado por dos periodos (2003 a
2013) y fue acusado por sus detractores y la prensa de involucrarse en el
tráfico de drogas, razón de su increíble fortuna que le posibilitó financiar su
acceso a la Cámara de Diputados.
Pero fue también quien denunció de cómo se
compran votos y leyes en la Cámara de Diputados, revelando que ese método es el
utilizado por Horacio Cartes para su ascenso político con el apoyo del senador
Galaverna, en aquel entonces ya como precandidato a presidente de la Republica
por el Partido Colorado (Diario
Ultima Hora, 21 de agosto de 2012)
El mismo día de la matanza en Yby Yaú, el
presidente de la República vetó al nominado por el Senado, Lineo Insfrán, para
integrar la Corte Suprema de Justicia en reemplazo del renunciante Nuñez. Cartes
se atrincheró en Mburubichá Roga, (residencia presidencial) donde convocó a
todos los diputados colorados - que son mayoría en esa cámara - a los
gobernadores, quienes le dieron el respaldo al Presidente.
A esta altura, ya se empezaba a hablar de un
juicio político a Cartes para ser destituido como presidente de la República del
Paraguay. Sus aliados, como el diputado Walter Harns, desafiaron a los senadores
colorados - sus correligionarios - a no intentar aventura de este tipo y en
contraste se deslizaba la posibilidad del cierre del Congreso por parte del
presidente, en un contragolpe fulminante al estilo Fujimori, tal como dejó
entrever el concejal municipal de Asunción, Jamil Esgaib.
Antecedentes
Cartes llegó a presidente de la República
gracias el golpe de Estado parlamentario de 2012 que terminó con el gobierno de
Fernando Lugo. Este golpe ocurrió cuando el principal aliado de Lugo, el PLRA,
dirigido por el senador Blas Llano (actual presidente del Senado y amigo
personal de Cartes) apoyó al Partido Colorado para un juicio político.
Se usó como excusa la masacre de Curuguaty,
cuando murieron baleados 11 campesinos y seis policías, en un complot claramente
planificado por los poderes fácticos para el cambio de gobierno.
Tras este golpe, asumió como presidente
Federico Franco - un eunuco político entregado a los intereses oligárquicos, a
las transnacionales y al narcotráfico – quien tendió una alfombra roja para el
regreso del Partido Colorado al poder, partido que fue derrotado por una alianza
de partidos y movimientos sociales en 2008, después de más de 60 años en el
poder.
Cartes no era colorado. Quien lo convenció a
afiliarse al partido fue el senador Juan Carlos Galaverna – actualmente opositor
a Cartes - unos años antes de las elecciones generales de 2013. El estatuto del
partido exigía como mínimo 10 años de afiliación para poder postularse al cargo
de presidente de la República. Entonces fraguaron una convención partidaria y
con la compra de votos de los convencionales modificaron las reglas partidarias.
La alianza entre Cartes y Galaverna se habría
roto hace un año, aproximadamente, cuando circuló profusamente por las redes
sociales una grabación fílmica en que el poderoso senador se veía enzarzado con
una señorita de vida fácil. Este material fue extraído de su propio teléfono
celular, furtivamente, por agentes de inteligencia ligados al entorno
presidencial.
El escándalo público llegó a proporciones
gigantescas y los memes contra Galaverna fue el hazmerreír de toda la población
que gozaba ante la calamidad del todo poderoso senador, cuando la señorita
admitió públicamente que sí tuvo un encuentro con el político, pero que no hubo
“penetración” por la impotencia del ocasional amante.
Cartes había representado, antes de las
elecciones de 2013, la garantía de volver al poder a la oligarquía
terrateniente, a funcionarios corruptos y otros sectores que soñaban seguir
saqueando al país a costa de la pauperización de la inmensa mayoría.
Pero por sobre todas las cosas, representa la
garantía a las transnacionales del sector financiero y del agronegocio a
aumentar sus ganancias exorbitantes mediante el extractivismo, la elusión y
evasión fiscal y el saqueo permanente de los recursos naturales, amén del
floreciente negocio del tráfico de drogas, la falsificación y el contrabando de
cigarrillos, entre otros negocios ilícitos.
El presidente actual de Paraguay tiene un negro
pasado. Fue convicto y estuvo preso en el penal de Tacumbú en la década de 1980,
cuando fue acusado por la dictadura de Stroeesner de apropiarse de dólares
preferenciales públicos para negocios particulares.
Tras la caída de Stroessner en 1989, las
inversiones de Cartes tuvieron una expansión extraordinaria. Asociado con el
capomafioso brasileño residente en Ponta Porá, Fadh Yamil, Cartes fue acusado de
lavar dólares provenientes del crimen organizado a través de su Banco Amambay,
en asociación con transnacionales del sector financiero, ligados al lavado de
dinero en Nueva York.
El diario La Nación de Paraguay publicó sus
estrechos lazos con el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de
cigarrillos falsificados a inicios de la década del 2000. Según publicaciones
del matutino, por ejemplo, en abril de 2001 la justicia del Brasil embargó una
cuenta del chofer de Cartes, Juan Carlos Villanueva, por un monto de 459
millones de dólares en el banco Prosper de Foz de Yguazú.
Los periodistas de La Nación publicaron
centenares de artículos que comprometían a Cartes con el lavado de dinero
proveniente del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos. Para ese efecto,
filtraron datos de la Secretaría Nacional Antidrogas y de la propia agencia
antidroga de los Estados Unidos, la DEA.
Como ironía del destino, semanas atrás, el
grupo Cartes adquirió todo el grupo La Nación de la familia Domínguez Dibb.
Pero las denuncias más graves aún fueron
publicadas por el diario ABC Color, dirigido por Aldo Zuccolillo, cuando Cartes
asomaba como candidato a presidente de la República. Una de esas publicaciones,
del 28 de octubre de 2011, señalaba: “EE.UU. investigó a Cartes por lavado
dinero proveniente de drogas, según WikiLeaks”. Tal
el título de uno de los artículos del matutino, que se hacía eco de varios
cables de dicho medio periodístico alternativo, dirigido por el australiano
Julian Assange, quien puso al descubierto miles de cables diplomáticos del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos posee una
amplia información sobre los movimientos financieros de dudoso origen, de
blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas de Horacio Cartes y su grupo
familiar, de acuerdo a variadas publicaciones periodísticas, nunca desmentidas
por el Departamento de Estado.
Los gobernantes del Brasil tampoco desconocen
las actividades ilícitas de Cartes, al punto que existen demandas judiciales en
contra de las empresas tabacaleras del presidente paraguayo en el vecino país.
A pesar de las profusas publicaciones de sus
antecedentes, Cartes fue electo presidente del Paraguay.
Profundización del neoliberalismo
Cuando asumió en junio de 2012, una de las primeras medidas del gobierno de Federico Franco fue favorecer a las transnacionales del agronegocio, liberalizando aún más el comercio de las semillas transgénicas y consolidando la baja o nula presión tributaria sobre el sector. Pactó con la banca transnacional y emitió el primer grupo de bonos soberanos al mercado internacional por 500 millones de dólares. Paraguay ingresaba a la era del endeudamiento masivo tras el golpe de Estado de aquel año.
Esta política neoliberal, de entrega de los
recursos naturales, financieros y riquezas nacionales a los extranjeros iniciado
por Franco, fue profundizado por Cartes.
En efecto, Paraguay duplicó su endeudamiento en
los últimos tres años, que corresponden a los gobiernos de Franco y Cartes.
Actualmente la deuda total del país se halla en el orden de los 5.409 millones
de dólares y el gobierno planea endeudar al país hasta alcanzar el 25 por ciento
de su PIB, en torno a los 8.000 millones de dólares. (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-saldo-de-la-deuda-publica-se-duplico-en-tres-anos-y-suma-us-5409-millones-1351569.html).
Tal la recomendación del Fondo Monetario Internacional y de los banqueros, aun cuando esos fondos que, en teoría deben ser destinados a la inversión para el desarrollo, son utilizados para sostener a gobernantes corruptos que alimentan la voracidad de las transnacionales y la oligarquía nativa.
Unas de las primeras leyes sancionadas y
promulgadas bajo el gobierno Cartes fue la ley conocida como de Alianza Pública
Privada, que consiste básicamente en que el Estado paraguayo asume todos los
riegos relativos a la inversión, con amplias ventajas para el inversor
extranjero, como por ejemplo la anulación de la jurisdiccionalidad de la
justicia paraguaya ante eventuales litigios.
Esta ley había aprobado el Congreso apenas un
mes después de haber asumido el nuevo gobierno, en agosto de 2013. Con esta Ley
el presidente tiene las manos libres para rematar el país, sin costo para los
inversores, incluyendo las inversiones especulativas o fondos buitres.
Simultáneamente al tratamiento de dicha ley,
Cartes mantenía conversaciones en Wall Street con los principales bancos de
inversión de Estados Unidos, como Goldman Sachs y el Citibank. Rafael Borja,
director de Desarrollo del Goldman Sachs, aseguró a Cartes que le gustaría
“ayudar” a Paraguay y en el auditorio de una reunión preguntaron cuando se
estará aprobando la ley de Alianza Pública Privada.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/mandatario-se-reunio-con-inversores-de-elite-621817.html
Pero los bancos norteamericanos no sólo están interesados en la especulación con los derivados financieros, en el negocio del endeudamiento de las naciones y en la inversión de capitales en el marco de la expansión de las transnacionales para el control y explotación de los recursos naturales.
Están involucrados desde hace demasiado tiempo en el lavado de dinero
proveniente del tráfico de drogas y para el efecto tienen la cobertura de la
Central de Inteligencia Americana, CIA, entre otras agencias de Estados Unidos.
Detrás de las drogas llega el caos en las
naciones donde operan los criminales con sus bancos, viabilizando la expansión
militar de los Estados Unidos en diversas partes del mundo, bajo el pretexto del
combate al narcotráfico, al terrorismo. http://rebelion.org/noticia.php?id=129689.
Precisamente, Cartes logró promulgar - a tan
solo una semana de haber iniciado sus gestiones como gobernante - la ley que
modifica la Defensa y la Seguridad Interna de la Nación, que lo habilitó a
disponer de forma inmediata de los militares para el combate de la insurgencia,
el narcotráfico, el terrorismo, convulsiones internas, entre otros, en
consonancia con la política guerrerista de los Estados Unidos, cuya presencia
militar aumenta cada vez más en el país.
Entre tanto y en el mismo orden de medidas neoliberales, se liberaron varias semillas transgénicas (eventos transgénicos, un oxímoron del agronegocio) a partir del gobierno de Federico Franco y en especial bajo el gobierno de Cartes. En total van 20 semillas transgénicas liberadas en Paraguay, 14 de maíz, 3 de soja y 3 de algodón. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-mag-autoriza-seis-nuevos-transgenicos-1363233.html .Con el algodón transgénico, la última zafra algodonera tuvo la peor cosecha desde 1960. El neoliberalismo liquidó la producción del textil, otrora primer producto de exportación, apenas 20 años atrás.Esta política de expansión del agronegocio se desarrolla a expensas del campesinado, provocando un continuo desplazamiento de la población rural hacía los cinturones de pobreza de las ciudades.Después de años de descenso continuo, la pobreza extrema rural nuevamente aumentó en el presente año, según las mismas cifras oficiales siempre manipuladas, situándose en torno al 11º, aun cuando el año pasado funcionarios del gobierno alteraron el sistema de medición, con lo cual “redujeron” sustancialmente los índices de pauperización.
Conclusión
Es evidente que Estados Unidos blanqueó o
archivó, momentáneamente, los antecedentes de Cartes y lo utiliza como un
instrumento geopolítico en Sudamérica. Con Cartes mejoraron el negocio del
lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros ilícitos a través de los
grandes bancos de USA, utilizando sus filiales locales y alianzas bancarias en
la región. Y, finalmente, se profundiza el neoliberalismo en sus diferentes
aristas, especialmente en el sector financiero y el agronegocio.
De hecho hubo un pacto entre los poderes
fácticos, nacionales y transnacionales, con la aprobación de Estados Unidos,
para que Cartes llegue al poder, a pesar de todos sus antecedentes. Este pacto
se habría roto con el asesinato del periodista Pablo Medina.
El narcotráfico, entro otros intereses
económicos y geopolíticos, tumbó más de un gobierno en el Paraguay. Solo basta
recordar la disputa entre el ex ministro del Interior del dictador Stroessner,
Sabino Montanaro, con el general Andrés Rodríguez, por el control del tráfico de
cocaína. Rodríguez, apoyado por Estados Unidos, derrocó en 1989 a su consuegro y
empezó a gobernar el país, dando apertura al neoliberalismo.
En 1994 fue asesinado el ministro antidrogas
del presidente Wasmosy, quien llevaba unas tensas relaciones con su comandante
del Ejército, el general Lino Oviedo, protector del ministro asesinado, el
general Rosa Rodríguez.
Esta tragedia terminó con el golpe de Estado en
1999, que derrocó al presidente Raúl Cubas, el lugarteniente de Oviedo, previo
al asesinato en un atentado callejero del vicepresidente Luis María Argaña. Como
condimento se produjo una cruenta rebelión ciudadana – acicateada por la prensa
corporativa - denominada “marzo paraguayo”, aprovechada por los mismos
exponentes de la oligarquía y las transnacionales para instalar un nuevo
gobierno.
El presidente Fernando Lugo también fue
derrocado por los mismos intereses - hace apenas tres años - incluyendo el
agronegocio, la oligarquía latifundista, el narcotráfico y la patria financiera.
Hoy, a la luz de la reciente historia
paraguaya, es probable que Cartes termine como sus antecesores. Se había
asesinado a un honrado periodista rural de un medio dirigido por Zuccolillo, uno
de los oligarcas más influyentes del país, delegado de la Sociedad
Interamericana de Prensa, con muy buen lobby ante las transnacionales y los
Estados Unidos. Y Zuccolillo sabe decodificar los mensajes, que le llegó esta
vez con el crimen de Medina hasta sus barbas, que ahora están en remojo.
Paraguay, una vez más sufre el imperio del
caos, montado en ancas del narcotráfico criminal amparado por el capitalismo
neoliberal e imperialista. La gente está expectante y preocupada y la comunidad
internacional no debe pasar en alto este nuevo sombrío escenario.
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