Es poner en debate hasta cuándo continuaremos seducidos por
el crecimiento de ellos e ignorando cómo se vuelve viable
con incremento en la inseguridad tanto
laboral
como de la vida mayoritaria.
Sin embargo, en las actuales luchas por
justicia social y justicia ambiental hay un denominador común: el rechazo al
privilegio de los negocios arriba por sobre los derechos o la vida de los de
abajo. El asesinato de Mariano Ferreyra puso de manifiesto, gracias a la lucha y
organización abajo y a la izquierda, hasta dónde llega la Triple
Alianza Antiobrera para continuar su fraude laboral. El último también es
practicado por el Estado con sus empleados.
Reflexionemos sobre:
Campaña Nacional contra la Precarización Laboral
30 de
septiembre de 2014
Por
ACTA
- www.agenciacta.org
Retomando
una bandera histórica de la CTA, desde esta mañana y hasta el viernes,
trabajadores y trabajadoras de la Central y de otras organizaciones llevan
adelante una carpa en el Obelisco para decir basta a la precarización laboral
que afecta a millones de personas en todo el país. ACTA (www.agenciacta.org)
habló con Pablo Spataro, Secretario Adjunto de CTA Capital y Carolina Ocar,
Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA Nacional, quienes explicaron las
razones para la organización de esta campaña.
“La carpa es el inicio de una campaña por el trabajo digno y contra la
precarización laboral, precarización que vivimos los trabajadores tanto del
sector público como del privado, ya sea quienes trabajamos para el Estado
nacional, como para el Estado provincial y el municipal y es una bandera
histórica de la Central de Trabajadores de la Argentina desde que nos
constituimos como Central y que ahora encuentra eco en un grupo de compañeros de
la CTA Capital y que nosotros como CTA Nacional entendemos que tenemos que
replicar en todo el país porque la política de precarización nos afecta como
clase trabajadora en general”, explicó en diálogo con ACTA Carolina Ocar,
Secretaria de Comunicación de la CTA.
Ocar destacó además que como inicio de esta campaña por el trabajo digno se tomó
la decisión política de instalar una carpa desde esta mañana y hasta el viernes,
en el Obelisco, en la Plaza de la República que, con diferentes actividades y
acciones, va a concluir el viernes 3 con un festival artístico.
“Nosotros decimos que hay grandes responsables. Se habla mucho de si las últimas décadas fueron perdidas o ganadas, nosotros decimos que hace mucho tiempo, más de 20 años, que los trabajadores estamos en una situación de precariedad laboral donde hay muchos responsables como los grandes grupos económicos y las diferentes administraciones del Estado Nacional, provincial, municipal que llevan adelante políticas de precarización laboral”, detalló Pablo Spataro, Secretario Adjunto de la Central porteña.
En ese sentido, Spataro explicó:
“La precarización lleva a que los trabajadores no tengamos derechos básicos como
jubilación, aguinaldo, obra social, trabajo digno, buenas condiciones de
trabajo, derecho a poder organizarnos”.
También habló de quienes no tienen trabajo: “Son los más precarios, porque en
nuestras barriadas, las más pobres, hay una política muy intermitente de
trabajo”. El dirigente agregó: “El Estado en general baja políticas de
emergencia, no de trabajo estable. Nuestros viejos nos contaban que hace mucho
tiempo era normal tener un trabajo por 20, 30 años en un mismo lugar. Hoy la
situación en los barrios más pobres tanto de la ciudad de Buenos Aires como en
el resto del país no es así: Se oscila entre tener un plan y tener una changa y
cuando eso se corta en los momentos de recesión como los actuales se vuelve a no
tener trabajo con todo lo que eso significa para una familia”.
Ante esta situación, el Secretario Adjunto de CTA Capital señaló:
“Donde más golpea la precariedad es en los sectores más pobres y después por
supuesto golpea a los trabajadores del Estado donde en muchos municipios los
salarios no llegan ni siquiera a los 2 mil pesos, así como en el sector privado
que se ve muchas veces vulnerado en derechos históricos. Ante esto queremos
denunciar a los responsables y hacer visible que también hay experiencias que se
empiezan a organizar para revertir esta situación. La carpa tiene que ver con
todo esto”.
En relación a las actividades, Carolina Ocar invitó a participar de las charlas
debate, de los paneles, de las actividades artísticas y culturales y de los
espacios de encuentro entre trabajadores y trabajadoras: “Además de denunciar la
precariedad, uno de los principales objetivos también es plantear el desafío que
tenemos como Central de organizar a los trabajadores que hoy no están
organizados y esto es fundamental porque en el sector privado hay una mayoría
que necesita organizarse, poder elegir y ser elegido delegado”.
Ocar destacó que la CTA está impulsando una campaña por el derecho a organizarse
en los sectores de trabajo: “Eso tiene que ver con otra bandera histórica de
nuestra Central que es la libertad y la democracia sindical entonces todas las
actividades que va a haber durante estos cuatro días van a estar atravesadas por
esta cuestión. Queremos que sea visible que acá hay un proyecto y que tiene que
ver con la organización de la clase trabajadora: nosotros decimos siempre nadie
se salva solo y creemos en la organización y esa es la única manera”.
En esta misma línea Spataro concluyó: “No hay posibilidad de distribución de la
riqueza si no hay organización de los trabajadores y trabajadoras por eso el
tema de la libertad y la democracia sindical son claves. En función de eso
creemos que la carpa lo que tiene de interesante también es que somos las
propias organizaciones las que vamos a estar ahí para ver cuáles son las
estrategias para ir revirtiendo cada uno de estos temas”.
Examinemos
en qué consiste el crecimiento económico e impunidad de la alianza de
capitales y estados imperialistas con los locales:
De laberintos,
espejismos y relatos
14 de octubre de 2015
14 de octubre de 2015
Por
Esteban Mercante
(Ideas
de Izquierdas)
Se hace cada día más palpable que con la
conclusión del mandato de Cristina Fernández llega el final del ciclo político
iniciado en 2003 aunque el FPV retenga la presidencia. No sorprende entonces que
la producción editorial que ofrece balances del período para todos los gustos
esté funcionando a pleno, de lo que ya dimos cuenta en el número
21 de esta revista.
Con La
economía argentina en su laberinto sentamos
postura en el debate sobre lo que dejan los doce años de gobiernos kirchneristas.
Y lo hacemos tomando distancia de las posiciones que en su contrapunto pretenden
reducir a esta alternativa binaria toda evaluación: los defensores entusiastas
del autodenominado “modelo de crecimiento con inclusión social”, y los críticos
ultraliberales de la política del gobierno nacional. En esta nota presentamos
algunos de los puntos centrales del análisis que recorren el libro.
Inicio… caja negra
(...)
El boom internacional
en los precios de los commodities,
que se inició en 2003 y acompañó prácticamente todo el período kirchnerista,
alteró la ecuación económica del país de una forma sin precedentes en muchas
décadas. Gracias a los altos precios de los commodities,
y al aumento en la producción de granos que generó el desarrollo del agronegocio
en el país (gestado durante los noventa pero con una prosperidad formidable en
el nuevo contexto internacional), la economía argentina se llenó de dólares.
Hacía varias décadas que las ventas al exterior no superaban a las importaciones
tan holgada y sostenidamente como lo hicieron durante estos doce años. Por lo
general la economía argentina de los últimos cuarenta años solo alcanzaba un
superávit comercial cuando entraba en recesión, lo que reducía las compras al
extranjero. Los momentos de crecimiento y superávit existieron durante este
período, pero tuvieron duración efímera.
Esta inusitada posición externa fue algo que la Argentina compartió con buena
parte de América del Sur; y más en general con lo que ha dado en denominarse
como Sur global, que vio durante estos años aumentar el volumen de su comercio
exterior. Desde finales de 2013 esta situación se está transformando para todo
este conjunto de países, y el viento de cola empieza a transformarse en uno de
signo contrario.
Para los que sostienen que el desempeño de la economía argentina durante los
primeros años del período kirchnerista se explica de forma central y exclusiva
por este contexto internacional, no habría elementos de la política local que
sean de relevancia para analizar el desenvolvimiento de la economía. La
evaluación que hacen quienes sostienen esta postura se concentra por lo general
en criticar el efecto negativo que le asignan a las medidas “populistas” que
habría tomado el kirchnerismo, dedicado a usufructuar las condiciones
internacionales con medidas de corto aliento en vez de incentivar los animal
spirits de los empresarios.
Desde el kirchnerismo, se contrapone a estas lecturas la evaluación del rol
central que le habría cabido a las políticas redistributivas para estimular la
demanda, y con esta, la inversión y el crecimiento. Sus defensores destacan el
incremento del gasto público con énfasis en el gasto social y también subrayan
el aumento de los ingresos de los asalariados desde el bajo piso en que se
encontraban en 2003 como elemento que empujó el consumo (aunque esto tiene menos
que ver con una política oficial que con la recomposición del empleo que se
produjo desde 2003 y la disposición que mostraron amplios sectores de
trabajadores a la lucha y a presionar a las conducciones sindicales).
Desde ambos lados de la “grieta”, se presentan aspectos que fueron importantes, pero que oscurecen lo que fue la verdadera “caja negra” del crecimiento económico de esta década, como la definiera el hoy ministro de Economía Axel Kicillof cuando todavía no reportaba en las filas del kirchnerismo: el salto en la rentabilidad empresaria que ocurrió a partir de 2002, por los efectos que tuvo la devaluación del peso. Cómo se logró este salto en la rentabilidad no es ningún secreto: la megadevaluación de 2002 como resultado de la salida de la caótica convertibilidad, condujo a un desplome de los costos salariales para el conjunto de la clase capitalista. Con los precios moviéndose al calor de la desvalorización del peso en relación al dólar (de forma desigual en distintas ramas), los empresarios adecuaron sus ingresos a la nueva situación; pero en la abrumadora mayoría de los casos, un costo fundamental, el del salario, se mantuvo casi incambiado en términos nominales; es decir que perdió incidencia en la ecuación económica del capital, que pudo así incrementar su participación en el valor generado. La degradación de las condiciones de los trabajadores asalariados fue un elemento fundamental para abrir un nuevo panorama para la economía nacional. Bajo las condiciones de hiperdesocupación (llegó a 25 % durante 2002) y con el apoyo de prácticamente todas las alas de la burocracia sindical a la salida devaluatoria, los intentos de resistencia al mazazo que representó el salto de los precios (de 40 % en un año) sobre los salarios fueron imponentes. Este desplome en el valor de la fuerza de trabajo, unido al mercado que se abrió para un montón de sectores productivos gracias al sideral encarecimiento de productos importados que significó pasar del “1 a 1” al “3 a 1” en pocos meses, constituye la base de la reactivación económica. Por eso es este nuestro punto de partida para analizar el período. Se comprende que no sea grato para quienes hablan de “crecimiento con inclusión” reconocer que fue esta “desposesión” en gran escala lo que creó las condiciones para el mismo. Las etapas que recorrió la economía bajo el kirchnerismo, pueden entenderse a partir de este cambio que significó la salida de la convertibilidad, y las contradicciones que se fueron desarrollando a partir de él.
La transformación estructural falta a la cita
Si
algo caracteriza el período que siguió a la recuperación posconvertibilidad es
la pronunciada diferencia entre los recursos que tuvo a su disposición la clase
dominante y los que fueron puestos en juego en la inversión. Tanto la evolución
de los desembolsos de las grandes firmas, como los agregados macroeconómicos
muestran un ritmo de acumulación de capital que no se condice con los niveles de
rentabilidad alcanzados durante estos años. La clase capitalista destinó a la
ampliación y renovación de las capacidades productivas recursos menores de los
que tuvo disponibles. El correlato de esto fueron los giros de utilidades de las
firmas extranjeras, y la fuga de capitales, que juntos suman la friolera de 140
mil millones de dólares durante los gobiernos kirchneristas.
Viendo estos números, difícilmente pueda sorprendernos comprobar que la estructura productiva haya mantenido los rasgos que arrastraba desde la década previa: una fuerte desarticulación, dependencia de insumos importados, y baja agregación de valor en todas las cadenas. Tampoco es una sorpresa que rápidamente se agudizaran las tensiones inflacionarias, como respuesta a las contradicciones que generó la devaluación, por la disputa de márgenes entre los sectores capitalistas y la respuesta de los trabajadores para defender sus ingresos, y también surgen de la brecha entre el aumento de la demanda agregada y lo que creció la oferta, a consecuencia del débil ritmo de la inversión.
Espejismos
La
necesidad de analizar la economía política kirchnerista tomando como referencia
el verano caliente de 2001 no se debe sólo a la magnitud del hundimiento previo
y la reestructuración salvaje que produjo la salida de la convertibilidad. El
rechazo a las políticas antiobreras y antipopulares con las que la clase
capitalista quería descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador,
que se venía manifestando de forma creciente en las acciones de protesta de
trabajadores ocupados y desocupados desde los últimos años de Menem, y en las
puebladas que recorrieron todo el país, culminó con la caída de De la Rúa como
resultado de movilizaciones de masas. Esto signó la política del período
posterior. De forma paradojal, la resistencia obrera y popular que actuó como
freno para las políticas de ajuste y austeridad en los marcos de la
convertibilidad, terminó favoreciendo las condiciones por las cuales la disputa
entre sectores burgueses se saldó con un ajuste devaluatorio. Pero al mismo
tiempo se produjo un cambio en la relación de fuerzas entre las clases. Cuando
asumió Néstor Kirchner en mayo de 2003, el régimen político continuaba
desprestigiado; reverberaba el “que se vayan todos” que cientos de miles habían
voceado en las calles un año y medio antes.
En estas circunstancias, Kirchner apostó desde el primer momento de su mandato a recomponer la hegemonía con políticas que fueron presentadas como de un signo distinto, presentando al Estado como “árbitro”. Estas pretensiones del estatalismo y las contradicciones que desarrolló, ocupan un lugar destacado en nuestro estudio. El objetivo profundamente conservador fue la reconciliación de los vastos sectores obreros y populares con el régimen que cuestionaban en las calles. La restauración que llevó a cabo el kirchnerismo fue ante todo la del poder de la burguesía.Durante algunos años se alimentó un espejismo: sin una ruptura en las relaciones con el imperialismo ni un ataque a sus posiciones en el país, sin una transformación de la estructura impositiva, y sobre la base de la estructura económica dependiente y desarticulada, se pretendió que podría haber crecimiento sostenido a tasas elevadas con “inclusión social”. Pretendida inclusión que desde el comienzo tuvo como límite infranqueable la preservación de las condiciones degradadas que afectan a franjas muy significativas del pueblo trabajador, como resultado de la fragmentación y precariedad laboral que siguieron sancionadas por las leyes y convenios impulsados durante estos últimos doce años. Si esta pretensión pareció sostenible casi una década, fue por la magnitud del ajuste de 2002, que permitió que las tensiones que empezaron a surgir se desarrollaran al principio paulatinamente, dando margen para los ensayos de contención. También, por el hecho de que el ciclo kirchnerista tuvo lugar en un momento internacional excepcionalmente favorable en términos de precios y demanda de los granos que exporta el país.
Pero el precio de la continuidad de la dependencia fue elevado, como suele
ocurrir. Durante el período 2002-2014, la Argentina acumuló un superávit
comercial de 184 mil millones de dólares, pero el mismo no tuvo como correlato
ninguna canalización de recursos que sentara las bases para la transformación
–siquiera mínima– de la estructura productiva.
En tiempos
de abundancia tanto el estado como la burguesía –la imperialista y la
“nacional”– transfirieron recursos al exterior a ritmo acelerado. El Estado lo
hizo en nombre del “desendeudamiento”. Los capitalistas extranjeros y la
burguesía colocaron en el exterior buena parte de las ganancias amasadas en el
país, bajo la forma de giros de utilidades los primeros, como lisa y llana fuga
(acompañada casi siempre de evasión) los segundos. El resultado de que los
recursos excedentes se concentraran en alimentar esta salida de dólares, fue la
vuelta del frenazo de la economía por escasez de divisas a partir de 2011.
En estas circunstancias, no hay pretensión de conciliación de clase que pueda perdurar. Desde que Cristina inició su segundo mandato que la economía se encuentra en situación de estancamiento. La administración de los varios frentes de tormenta, que el gobierno pretendió hacer sin cambiar en lo sustancial los mecanismos de política económica que viene profundizando desde 2003, llevaron a tensiones con sectores del empresariado, especialmente de los sectores más poderosos de la burguesía industria, que a través de AEA y del Foro de Convergencia Empresarial vienen pronunciándose por cambios drásticos en el ordenamiento de la economía. Las dificultades también llevaron al gobierno a entrar en conflicto con sectores de la clase trabajadora. Nada menos que con aquellos que fueron los más beneficiados por el “modelo”: los asalariados que más vieron recomponerse sus ingresos y están alcanzados por el impuesto a las Ganancias. La idea de que este sector de trabajadores sería “privilegiado” y debería ser solidario con los de menores ingresos como fundamento de una supuesta progresividad de cobrar este impuesto, se choca de bruces con la regresividad que caracteriza a todo el sistema impositivo, de la que damos cuenta en nuestro trabajo.Con el gobierno llevado a aplicar medidas de freno a la economía para cuidar los dólares y a entrar en conflicto con sectores de las clases que pretendía conciliar, empezó a hacerse humo el espejismo con el cual el kirchnerismo apuntó a recomponer el dominio de la burguesía.
El país de los senderos que se bifurcan
La
parábola recorrida por la economía política kirchnerista muestra el techo que
pueden encontrar las aspiraciones obreras y populares en la Argentina del siglo
XXI gobernada por los capitalistas. Un techo ubicado por debajo del de otras
experiencias de conciliación de clase que recorrieron la historia nacional. Al
cabo del período, se muestra que continúa la degradación en las condiciones de
trabajo, mientras que el nivel de remuneraciones y la participación de la fuerza
de trabajo en el ingreso generado apenas recuperaron el nivel medio de los años
noventa, muy lejos del de los años setenta. Esto se explica por el sencillo
hecho de que en un mundo signado por las consecuencias de la restauración
burguesa neoliberal y en medio de una crisis iniciada en 2008 que sigue
produciendo nuevos episodios, como analizan Paula
Bach y Eduardo
Molina en esta revista,
las pretensiones de conciliación del proyecto kirchnerista se dieron sobre la
base de asegurar todos los “derechos” del capital trasnacional, como son los
regímenes laborales flexibles y los estímulos impositivos para la radicación de
inversiones, así como los tratados bilaterales que comprometen al Estado
nacional en la reproducción del capital global. El “capitalismo en serio” que el
kirchnerismo se propuso cubrir con un nuevo manto de legitimidad, mostró
“serios” límites para las aspiraciones de los sectores populares.
Lo que deja el kirchnerismo vuelve a evidenciar que es utópico abrigar expectativas en lo que puede deparar un proyecto burgués “nacional y popular” para los sectores populares. La idea de que a la Argentina le falta más desarrollo capitalista o que puede aspirar a otro tipo de capitalismo es una falacia. El capitalismo argentino está ya desarrollado; lo está como una formación atrasada y dependiente. Nada bueno puede surgir de su perpetuación para los trabajadores y sectores populares.
El
próximo período estará signado por la implementación de una agenda que a grandes
rasgos es compartida por los principales candidatos a la sucesión, incluso los
que se proponen la continuación del proyecto kirchnerista, convergiendo todos en
la “gran
moderación” que signa la
conclusión de este ciclo. Es la que vienen reclamando los principales exponentes
de la burguesía argentina y extranjera con presencia en el país.
Nuestra crítica de la economía política de los años kirchneristas apunta a poner
en evidencia que ante las opciones en las que se debaten el kirchnerismo y la
oposición patronal se abren otros posibles cursos de acción, a condición de
cuestionar las reglas del juego de la economía capitalista semicolonial que unos
y otros coinciden en mantener. Es falso que no hay alternativas al ajuste que, con
más shock o gradualismo,
todos los aspirantes a la sucesión
presidencial se preparan para profundizar. Ellos tienen una hoja de ruta,
nosotros debemos contraponer la nuestra; para ello el desafío es poner en
movimiento las energías que puedan abrir paso a las alternativas de otra
clase. Este libro es una apuesta a contribuir al desarrollo de esta
perspectiva, que solo puede surgir si cobra fuerza material en millones de
trabajadores la idea de que es necesario fortalecer una alternativa política
independiente para luchar por transformar de raíz este orden social basado en la
ganancia, desatando los nudos de la dependencia y el atraso que una burguesía
unida por mil lazos al imperialismo no hace más que perpetuar.
http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/de-laberintos-espejismos-y-relatos/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204461
Sigamos
insistiendo en el crecimiento económico e impunidad de la alianza de
capitales y estados imperialistas con los locales.
Precarización laboral: La
tercerización mata
3 de octubre de 2013
3 de octubre de 2013
Por Gustavo Val (ACTA)
Se llamaba Antonio Molina, tenía 55 años y se cayó desde 12 metros de un poste en el cual trabajaba tendiendo cables para Telecom. Estaba subcontratado por otra empresa (Valltelina SPA). Trabajaba más horas que los compañeros de planta de Telecom, hacia los trabajos más riesgosos y cobraba la mitad que sus compañeros por estar tercerizado. Es el segundo trabajador telefónico que muere este año.
La tercerización mata. Así es que la vida y la muerte de Molina es el ejemplo de la cruda realidad en la que viven día a día miles de trabajadores tercerizados que actualmente sufren la desidia y el abandono del Gobierno.
Como declara Jorge Castro, Secretario General de la Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones (UETTEL-CTA): “Las multinacionales ganan a costa de la sangre de los trabajadores. Nosotros venimos denunciando desde hace años toda la precarización a la que estamos sometidos los trabajadores de este sector. Hemos hecho miles de denuncias y la realidad es que estas denuncias no llegan a nada. Las empresas cuentan con la complicidad de este gobierno que vota leyes que son favorables a la parte empresarial y acá pareciera que la vida de los trabajadores es cuestión de números, no se toma la parte humana”.
Se llamaba Antonio Molina, tenía 55 años y se cayó desde 12 metros de un poste en el cual trabajaba tendiendo cables para Telecom. Estaba subcontratado por otra empresa (Valltelina SPA). Trabajaba más horas que los compañeros de planta de Telecom, hacia los trabajos más riesgosos y cobraba la mitad que sus compañeros por estar tercerizado. Es el segundo trabajador telefónico que muere este año.
La tercerización mata. Así es que la vida y la muerte de Molina es el ejemplo de la cruda realidad en la que viven día a día miles de trabajadores tercerizados que actualmente sufren la desidia y el abandono del Gobierno.
Como declara Jorge Castro, Secretario General de la Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones (UETTEL-CTA): “Las multinacionales ganan a costa de la sangre de los trabajadores. Nosotros venimos denunciando desde hace años toda la precarización a la que estamos sometidos los trabajadores de este sector. Hemos hecho miles de denuncias y la realidad es que estas denuncias no llegan a nada. Las empresas cuentan con la complicidad de este gobierno que vota leyes que son favorables a la parte empresarial y acá pareciera que la vida de los trabajadores es cuestión de números, no se toma la parte humana”.
A partir de la dictadura cívico-militar en 1976 y alcanzando un mayor implementación y perfeccionamiento en las década del noventa, la Argentina se embarcó en un proceso de reformas estructurales de la economía, entre las cuales se destaca un conjunto de cambios regulatorios en el mercado laboral que se inscriben dentro de la lógica de utilización flexible de la mano de obra. Estas modificaciones sirvieron para legalizar las transformaciones que en la organización del trabajo exigían los capitales concentrados.
Para Eduardo Ahamendaburu, Presidente del Instituto de Salud
Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) de Córdoba,
“con el objeto de garantizar el “abaratamiento de los costos laborales”; es
decir, bajar los salarios, e introducir una brutal regresión en la distribución
del ingreso nacional, la tercerización fue una de las formas que asumió la
flexibilización laboral. Transformaron al trabajo humano en un insumo más y
descartable de los procesos de producción y servicios. Desde el inicio de los
noventa se crearon por lo menos diez formas distintas de los llamados contratos
basura y rompieron con la indeterminación del plazo del contrato de trabajo.
Otra de las formas de abaratamiento, fue la tercerización de parte de los
procesos productivos, creando de hecho dos clases de trabajadores, para eludir
fraudulentamente los legítimos encuadramientos convencionales. Con quienes ya
venían con contratos por tiempo indeterminado, la forma de abaratamiento fue el
invento de los conceptos “no remunerativos”, tirando por la borda el concepto de
salario establecido por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo”.
“El compañero que perdió la vida tenía 50 años y estuvo toda su vida trabajando en esta actividad. Para nosotros el trabajador tiene que estar seguro que puede volver a su casa porque tenemos un trabajo de mucho riesgo porque es en altura. Hay muchos trabajadores que tienen los estribos a partir de los 5 metros cincuenta y hacia abajo hay que poner una escalera. Tiene un cinto de seguridad pero la realidad es que es muy complicado porque también se cruzan los cables de media tensión, el video cable y entre todos esos cables el compañero tiene que subir y trepar. Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores y de esa manera se resguardaría la vida de los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente y el compañero tercerizado está obligado desde que se levanta a la mañana y los 30 días del mes en esa maldita producción que termina en la muerte. Si a esto no le damos un giro vamos a seguir enterrando compañeros”, subraya Castro de UETTEL.
Trama de complicidades
La reestructuración de la economía significó profundos cambios en la organización del trabajo, entre los que se destacan la flexibilización y la precariedad laboral. Una de las herencias persistentes de las modificaciones en el mercado de trabajo introducidas por el neoliberalismo, es la llamada tercerización laboral, hija dilecta de la flexibilidad aprobada con la tristemente célebre Ley Banelco. La tercerización está vigente y es estimulada desde el Gobierno como quedó demostrado en el asesinato de Mariano Ferreyra. Las conversaciones grabadas entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y José Pedraza de la Unión Ferroviaria dan una muestra palpable y categórica de esta convivencia. La tercerización es una "política de Estado", que cuenta con el consenso del Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales corruptos.
“El compañero que perdió la vida tenía 50 años y estuvo toda su vida trabajando en esta actividad. Para nosotros el trabajador tiene que estar seguro que puede volver a su casa porque tenemos un trabajo de mucho riesgo porque es en altura. Hay muchos trabajadores que tienen los estribos a partir de los 5 metros cincuenta y hacia abajo hay que poner una escalera. Tiene un cinto de seguridad pero la realidad es que es muy complicado porque también se cruzan los cables de media tensión, el video cable y entre todos esos cables el compañero tiene que subir y trepar. Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores y de esa manera se resguardaría la vida de los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente y el compañero tercerizado está obligado desde que se levanta a la mañana y los 30 días del mes en esa maldita producción que termina en la muerte. Si a esto no le damos un giro vamos a seguir enterrando compañeros”, subraya Castro de UETTEL.
Trama de complicidades
La reestructuración de la economía significó profundos cambios en la organización del trabajo, entre los que se destacan la flexibilización y la precariedad laboral. Una de las herencias persistentes de las modificaciones en el mercado de trabajo introducidas por el neoliberalismo, es la llamada tercerización laboral, hija dilecta de la flexibilidad aprobada con la tristemente célebre Ley Banelco. La tercerización está vigente y es estimulada desde el Gobierno como quedó demostrado en el asesinato de Mariano Ferreyra. Las conversaciones grabadas entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y José Pedraza de la Unión Ferroviaria dan una muestra palpable y categórica de esta convivencia. La tercerización es una "política de Estado", que cuenta con el consenso del Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales corruptos.
En palabras de Ahamendaburu: “Las luchas de resistencia de los trabajadores en todos estos años comienzan a dar sus frutos. No podemos hacer otra lectura, por ejemplo, de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), sobre libertad sindical y sobre que los mal llamados conceptos “no remunerativos” forman parte del salario del trabajador, volviendo a la letra original de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, una forma más silenciada y ominosa de reducción de costos laborales fue la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, cuya piedra angular son las ART, hundida por sus inconstitucionalidades por la CSJN. Una demostración de la continuidad del sistema de los noventa, fue su presuroso salvataje por parte del Gobierno Nacional en las postrimerías del 2012, a través de la Ley 26773, que no ha hecho otra cosa que prolongar la agonía de un sistema perverso”.
Con este marco jurídico la generalización de vínculos laborales inestables y sin protección en el caso de la Argentina, puede pensarse y llegar a argumentarse como algo estructural. El grupo de asalariados precarios, cada vez más numeroso, se enfrenta a una situación caracterizada por la inestabilidad y la flexibilidad. Por un lado, no tiene garantizada su permanencia en el mercado laboral y por otro, los ingresos que percibe son muy variables y sensiblemente inferiores a los de los trabajadores protegidos, brecha que se amplía con el correr de los años.
“Continúa vigente el modelo de flexibilización laboral de los noventa. Estas formas de bajar los costos de producción no sólo siguen teniendo vigencia; sino que son absolutamente funcionales a un sistema económico reprimarizado y extractivista. No podemos dejar de mencionar que todas estas formas se complementan con el trabajo “no registrado” o “en negro” y con todas las formas subempleo y desempleo que son sutiles herramientas para el disciplinamiento social”, sostiene el “Vasco” Ahamendaburu.
En esta situación de transformaciones regresivas del mercado de trabajo bajo la invocación del "aumento en la productividad" y en rigor, del crecimiento de la tasa de ganancia empresaria, deben ser interpretadas los datos que nos hablan del exponencial aumento de los accidentes en el trabajo, las enfermedades laborales y las muertes de los trabajadores.
Para Jorge Castro, “el tema de la productividad es lo que también lleva a este tipo de accidentes fatales porque el compañero está obligado a hacer cierta cantidad de instalaciones por día para poder llevar el mango a su casa”. (J.C)
Mientras que en opinión de Ahamendaburu, “en Argentina, el sistema
de riesgos del trabajo contiene sólo la mitad de la Población Económicamente
Activa (PEA) del país. Está avalado por trabajos estadísticos internacionales
que los índices de accidentes, enfermedades profesionales y enfermedades
accidentes se disparan en la franja de trabajadores que no integran plantas
permanentes y el incremento se torna exponencial cuando se trata de trabajadores
no registrados. La estimación estadística de los Premios Nobel Doll y Peto
establece en un mínimo del 4% la proporción de muertes debidas a cánceres de
origen profesional nos lleva a una cifra de aproximadamente 2200 muertes por
tumores malignos de origen profesional en nuestro país. Y estamos hablando tan
sólo de una causa o agente. Una simple extrapolación de los valores estadísticos
a toda la PEA y consideráramos la estimación de muertes por enfermedades
profesionales y enfermedades por accidentes, y le sumáramos las muertes
ocasionadas por accidentes de trabajo, afrontaríamos cifras de catástrofe,
superior a las 7500 muertes anuales, que empalidecerían las producidas por otras
causas. Esta situación colisiona con las cifras suministradas por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T), que en su anuario estadístico
2010, tan sólo reconoce 830 muertes”.
Existe una estrecha
vinculación entre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida y tienen
su expresión específica en el proceso salud-trabajo y desarrollo social. El
modelo de desarrollo económico que ha venido imperando en el mundo globalizado,
ha generado concentración del capital, mayor pobreza, desempleo, flexibilización
y precarización del trabajo, impactando de forma muy negativa el medio ambiente
y la salud de los trabajadores.
Por otra parte, Jorge Duarte (periodista especializado en temas gremiales) enfatiza que: “La precarización es un fenómeno que se presenta en el mercado laboral pero que se extiende a todos los niveles de la vida de los trabajadores que se encuentran imposibilitados de cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, precarizar el trabajo, es precarizar el acceso a la salud, precarizar el acceso a la educación, precarizar el acceso a la vivienda y termina imposibilitando la realización de los trabajadores como individuo. La precarización muta en tercerización o en trabajo no registrado, en definitiva son diferentes formas fraude laboral”.
Los números que reflejan la situación del mercado laboral expresan que el total de trabajadores asalariados es de 12.236.181, de los cuales 8.003.394 son trabajadores registrados y 4.211.409 son trabajadores no registrados. Esto enuncia que entre los asalariados 1 de cada 3 (34,4%) se encuentra en situación vulnerable a causa de la precarización. Además, se registran un total de 3.109.914 trabajadores tercerizados. Entre ellos también se extienden figuras de distintos contratos laborales que son mutaciones de la precarización o situaciones de fraude laboral.
Como vemos, el problema tiene una dimensión tan extensa que marca gran parte de la dinámica laboral. En este sentido es importante remarcar que, de acuerdo a la correlación de fuerzas, los empresarios imponen las peores condiciones a los trabajadores con menos capacidad (o nula) de negociar con la patronal, que son, por supuesto, los trabajadores tercerizados. Esta situación hace que se ensanche la brecha que existe entre los dos sectores y pauperiza, todavía más, la situación de aquellos que se encuentran tercerizados.
La tercerización se convierte así en una fuerza disciplinadora muy importante para los trabajadores e impone condiciones que regulan la correlación de fuerzas en el mercado laboral, tanto en lo concerniente a la puja distributiva, como a las condiciones de empleo.
Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 97 correspondiente a los meses agosto-septiembre de 2013.
Veamos
cómo se profundizará el crecimiento económico e impunidad de la alianza de
capitales y estados imperialistas con los locales.
Susan George
presenta en la Universitat de València “Los usurpadores. Cómo las empresas
transnacionales toman el poder” (Icaria)
“El TTIP
es como un vampiro,
no puede soportar la luz del día”
14 de octubre de 2015
14 de octubre de 2015
Por
Enric Llopis (Rebelión)
“The New York Times” ha informado recientemente de que 158
familias han aportado la mitad del dinero recaudado para financiar la campaña
presidencial en Estados Unidos. La mayoría de estas familias obtuvieron sus
patrimonios en los sectores financiero y energético. Según cifras de la Comisión
Europea, entre 2008 y 2010 los bancos de los países de la UE recibieron 1,6
billones de euros en ayudas públicas. Con ejemplos de estas características, la
politóloga, activista y presidenta de honor de ATTAC-Francia, Susan George, teje
su último libro, “Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el
poder” (Icaria), presentado ayer en la Universitat de València. El texto trata
del poder, en concreto, el de las transnacionales, “que se basa en una ideología
llamada neoliberalismo, que es profundamente ilegítima y antidemocrática”.
En el antetítulo del libro, la autora de
“Informe Lugano”, “El pensamiento secuestrado” o “Sus crisis, nuestras
soluciones”, entre otros textos, advierte de que el Acuerdo Trasatlántico de
Libre Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos es
actualmente “la amenaza que se cierne sobre Europa”. De hecho, el 7 de octubre
la iniciativa ciudadana “Stop TTIP”, que agrupa a cerca de 500 organizaciones,
entregó a la Comisión Europea 3,3 millones de firmas de 23 estados de la UE,
para pedir la suspensión de las negociaciones sobre el Tratado. “Se trata de
acuerdos confeccionados a la medida de las grandes corporaciones”, apunta Susan
George.
En julio de 2013 comenzaron en Bruselas las negociaciones en torno al TTIP. Sin embargo, “su meticulosa preparación es una tarea de décadas”, afirma la activista y presidenta del Consejo del Transnational Institute de Amsterdam. “Tan pronto se secó la tinta que creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, las corporaciones comenzaron ya a prepararse para conquistas aún mayores”. A los pocos meses, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión Europea convocaron el Diálogo Comercial Trasatlántico (TABD), foro en el que participaban líderes de 70 empresas a ambos lados del “charco”, los secretarios de gabinetes ministeriales estadounidenses y los comisarios de la UE.
Detrás de instituciones como el TABD, que agrupa a gigantes farmacéuticos, químicos, petroleras y tabacaleras; la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), que agrupa a los presidentes de 50 grandes empresas, el Consejo Empresarial Europeo-Americano (EABC) o la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), la mayor organización de lobby del mundo, se esconde lo que Susan George denomina la “corporatocracia”: grandes corporaciones que actúan “entre bambalinas”, de modo gradual y a menudo poco perceptible. La prueba es que, según el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO), en 119 de las 127 reuniones previas al lanzamiento del TTIP, entre enero de 2012 y abril de 2013, participaron grandes corporaciones y grupos de presión.
La autora de “Los usurpadores” pone el énfasis
en la cláusula ISDS (Acuerdos sobre Disputas de Inversor a Estado), que permite
a las corporaciones demandar a los estados si ven peligrar sus beneficios. Las
grandes empresas pueden, en virtud del ISDS, llevar los casos en los que se
consideren perjudicadas a tribunales de arbitraje, de carácter privado. Susan
George pone el ejemplo de la aseguradora holandesa Achmea, que ganó 22 millones
de euros al estado de Eslovaquia después que los médicos de este país
paralizaran en 2011 la privatización de los hospitales. La transnacional Lone
Paint también interpuso una demanda al gobierno de Quebec por 250 millones de
dólares, después que el ejecutivo estableciera una moratoria al “fracking” en el
río San Lorenzo.
Uno de los casos más notorios fue la demanda interpuesta en un tribunal de arbitraje por Occidental Petroleum contra el Estado de Ecuador. El tribunal estableció en 2012 que este país debía abonar una indemnización de 1.770 millones de dólares a la compañía, a la que había impedido realizar perforaciones en una reserva ecológica. En el año 2013 se registraron 560 casos en distintos tribunales de arbitraje, de los que 224 fueron dirimidos.
Susan George plantea los hechos en términos de urgencia histórica para los países agrupados en la denominación “Occidente”. “Deben escoger entre la herencia de la Ilustración, desarrollada a partir del siglo XVIII, y la Gran Regresión Neoliberal”. La politóloga se declara optimista: “Cuando a finales de los años 60 nos manifestábamos para que Estados Unidos abandonara Vietnam, todo el mundo nos entendía, no hacía falta grandes discursos”. ¿Cómo explicar a la gente común el TTIP? “Si coges a un vampiro y lo expones a luz del día, se muere; el Tratado de Libre Comercio no puede soportar la luz del día”.
El mundo del poder y del los grupos de presión se halla estrechamente vinculado a la gran recesión. Estimulados por la expansión del neoliberalismo, desde mediados de los 80 las multinacionales estadounidenses de la banca y los seguros, entre otras, emplearon a cerca de 3.000 personas e invirtieron unos 5.000 millones de dólares. El objetivo, liquidar la legislación aprobada por Roosevelt en los años 30, que protegía en cierto modo a los Estados Unidos frente a los cataclismos financieros. Así pues, recuerda Susan George en el libro “Los usurpadores”, “desde la caída de Lehman Brothers no se ha hecho prácticamente nada para volver a regular las finanzas”. De hecho, el comercio de derivados financieros ha alcanzado los 2.300.000.000.000 de dólares diarios, cantidad un tercio superior a la de 2007. El comercio de divisas se ha triplicado desde el inicio de la crisis, y ha alcanzado los cinco billones de dólares diarios.
En la Unión Europea la situación no es muy diferente, ya que estimaciones informales apuntan que entre 10.000 y 15.000 lobbistas se codean diariamente con europarlamentarios y funcionarios de Bruselas. En ocasiones aparecen personajes icónicos en el mundo de los grupos de presión, como el estadounidense Richard Berman, quien, detalla Susan George, “ha defendido a las destilerías de bebidas alcohólicas y a las elaboradoras de comida basura, además de preparar campañas de las grandes corporaciones contra los sindicatos”. Los notables despachos de abogados, como los de Estados Unidos con delegación en Bruselas, también celebran las nuevas oportunidades de negocio. El libro “Los usurpadores” da cuenta de las piruletas de “foei gras” bañadas de chocolate fundido con las que se discutía sobre los potenciales beneficios del TTIP.
Además de acuñar neologismos como “corporatocracia”, la politóloga y activista innova calificativos como “teo-liberales”, quienes a pesar de lo que apuntan las estadísticas (la gente común vive cada vez peor), continúan “diseminando con éxito sus ideas”. “Los sumos sacerdotes de esta doctrina se encuentran en Bruselas, los misioneros itinerantes en Davos, sus practicantes en la sala de juntas de las grandes empresas…”. Esta religión del dinero, este culto a lo privado y esta deificación del individualismo puede expresarse en términos macroeconómicos: en los años 70, en Europa, el Trabajo representaba en forma de salarios en torno al 70% del PIB, mientras que el 30% restante correspondía al Capital. Actualmente el Capital acumula al menos el 40% del PIB y el Trabajo cerca de un 60%. A esa diferencia del 10% (1,3 billones de euros) en la correlación capital-trabajo es a lo que Susan George denomina “regresión neoliberal”.
El poder de las empresas transnacionales no se topa con límites ni regulaciones en la aldea global. Penetran en cualquier “nicho” susceptible de cerrar un lucrativo negocio. Y lo hacen de manera sutil, sigilosa, como afirma Susan George, difícilmente la “Corporatocracia” tiene su origen en decisiones oficiales explícitas. En septiembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas organizó un encuentro para abordar las enfermedades mortales más significativas. Entre los invitados figuraban grupos de presión como la Asociación Internacional de Alimentos y Bebidas o la Federación Internacional de Asociaciones de Industrias Farmacéuticas. El influjo de las transnacionales no entiende de regulaciones ni barreras. “Se han asegurado un papel prácticamente oficial en las negociaciones de la ONU sobre el clima; han enmarcado los debates de tal modo que su concepción de una Economía Verde es la que prevalece”.
Nota:
Susan George es presidenta honorífica de ATTAC Francia y del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público).
Necesitamos,
abajo y a la izquierda, considerar qué cambios postcapitalistas en la
producción y el trabajo se dan de modo concreto.
Colombia: Territorios agroalimentarios. Espacios para la vida digna
16 de
octubre de 2015
En los adelantos de los resultados del censo agrario (cuyas cifras específicas
se conocerán a final de año) se confirmaron las denuncias hechas por los
movimientos sociales y populares en el país, sin embargo, como es costumbre, se
ocultan las razones y dimensiones mayores que producen estos problemas. La
propuesta agraria estatal y gubernamental ha actuado en beneficio de la
concentración de la tierra ya sea para latifundistas colombianos, empresas
mineras, petroleras, procesos de extranjerización-agronegocio o pagos por
servicios ambientales, sumiendo a comunidades campesinas indígenas y afro en
abandono y pobreza.
Este modelo depredador ha llevado a niveles escalofriantes de carencias en el
campo que, junto a la desposesión y la violencia armada, han hecho de la vida
campesina una constante lucha por la supervivencia; veamos algunas cifras y
consecuencias de la expoliación capitalista:
–
A 2005, el 0,5% de los propietarios monopolizaba el 57,1% de total de predios,
mientras un 66% es dueño de parcelas de menos de 5 hectáreas (minifundio),
apenas poseían el 3,3% del total.
– El 60% del empleo rural es informal.
– El 60% del empleo rural es informal.
–
-En 2009 el ingreso promedio de un campesino ascendía a $220.000, mientras en la
ciudad el ingreso promedio estaba en $668.000.
–
El 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud.
–
El 55% de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica.
–
El 11% del campesinado no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado.
–
El 85% de la población carece de alcantarillado.
–
El analfabetismo rural es del 18,5%.
–
Un 60% del campesinado no tiene agua potable.
–
En la última década el índice Gini rural, indicador que mide la desigualdad de
la propiedad de la tierra, pasó de 0,74 a 0,88.*
–
El 77% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios.
– Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo las cifras son mayores, los pobres son el 65% y los indigentes el 33% .**
– En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas baldíos o títulos colectivos. Por reforma agraria, apenas se ha titulado el 5,6% de ellas.
– Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo las cifras son mayores, los pobres son el 65% y los indigentes el 33% .**
– En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas baldíos o títulos colectivos. Por reforma agraria, apenas se ha titulado el 5,6% de ellas.
–
-El 80% de los pequeños campesinos son microfundistas, tienen menos de una
Unidad Agrícola Familiar (UAF).
–
-El 68% de los predios registrados en catastro son pequeña propiedad, pero
apenas cubren el 3,6% de la superficie productiva.
–
-A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se
producen en el país vienen de pequeños campesinos.
–
-De 39,2 millones de hectáreas que hoy se usan en ganadería, sólo
21 millones son aptas para ello. En contraste, de 21,5 millones de hectáreas con
capacidad agrícola solo se usan 4,9 millones.
–
Envenenamiento de la tierra, las aguas y las personas por el uso de agrotóxicos,
como estrategia para aumentar el consumo y dependencia campesina de insumos
externos.
–
Extranjerización de la tierra y del territorio: venta y concesión de grandes
áreas del país a extranjeros, las que se destinan a productos para la
exportación.
–
Quiebra en la economía campesina producto de los tratados de libre comercio, la
monopolización de la producción, la competencia desigual y la bancarización
privada.
–
El gobierno nacional ha creado leyes y resoluciones que criminalizan la
tenencia, comercialización y uso de semillas nativas y criollas en beneficio de
los monopolios internacionales y los transgénicos.
–
Acumulación de tierras por medio del desplazamiento forzado de campesinos (más
de 6`000.000 has.), apropiación de baldíos, uso del paramilitarismo como fuerza
de expulsión de comunidades y para evitar los pocos casos de restitución.
–
Las corporaciones departamentales se hacen los de la vista gorda con los
problemas ambientales causados por la industria y el latifundio, pero persiguen
al campesinado, llegando incluso a demandar comunidades por captación de aguas
superficiales.
–
Subsidios a grandes latifundistas, otros empresarios y hasta a reinas de
belleza, en casos como Agro Ingreso Seguro.
–
Concesiones a petroleras y a grandes mineras en territorios campesinos,
indígenas y de negritudes, así como en páramos, selvas, reservorios de agua,
periferias de las ciudades y demás ecosistemas estratégicos. (5,8 millones de
hectáreas han sido otorgadas dentro de los 9.000 títulos mineros vigentes, el
número es mayor a lo que hay sembrado en comida. Además, hay 20.000 nuevas
solicitudes).
– -De las 34 millones de hectáreas que se han titulado a indígenas y afros apenas 3 millones son aptas para agricultura. El resto es desierto, selva, sabana y bosque protegido.
– -De las 34 millones de hectáreas que se han titulado a indígenas y afros apenas 3 millones son aptas para agricultura. El resto es desierto, selva, sabana y bosque protegido.
–
-En el primer semestre de 2013 el país compró US$238 millones en alimentos y
bebidas básicas destinadas al consumo de los hogares, un crecimiento del 3.7%
frente al mismo lapso de 2012. También se compraron US$874,8 millones en
alimentos elaborados, un crecimiento del 12,2%
.***
– Las nuevas políticas agrarias como las planteadas para las zonas de interés y
desarrollo empresarial (ZIDRES) serán la posibilidad de extender el latifundio y
legalizar el robo de tierras con miras al agronegocio.
En este desarrollo histórico del modelo capitalista, las contradicciones que se
han mostradas han afectado de manera directa los interés sobre los territorios;
por un lado las propuestas de organizaciones campesinas, indígenas y de
negritudes que plantean la vida digna, el buen vivir, la permanencia en el
territorio y la superación del individualismo y por otro un modelo que busca
aumentar a toda costa la ganancia y la acumulación capitalistas.
Es en esta lucha y bajo estas expresiones de las contradicciones capitalistas, que como CNA planteamos los Territorios Agroalimentarios.
Es en esta lucha y bajo estas expresiones de las contradicciones capitalistas, que como CNA planteamos los Territorios Agroalimentarios.
Nuestra propuesta.
En
el congreso nacional de Tierras Territorios y Soberanía desarrollado en la
ciudad de Cali y en la 4ª asamblea del CNA en San Lorenzo, Nariño,
mandatamos: “Ejercer la
soberanía popular en nuestros territorios mediante la construcción de
gobernabilidad propia y autónoma, a través del ejercicio de autoridad con la
creación de sistemas de educación, de salud, ambiental, jurídicos, legislativo y
económicos propios. Las propias comunidades y sectores populares ordenarán sus
territorios conforme a sus planes de vida, planes de manejo y su cosmovisión.” *****
Y “Consolidar la propuesta sobre
política de tierras y territorios que desde el CNA se viene diseñando y que será
la ruta de lucha por la reforma agraria, la defensa del territorio y la
permanencia en él.” Es
así como luego de diversas discusiones planteamos nuestra propuesta de
Territorios Agroalimentarios, como aporte para la construcción de vida digna y
empoderamiento popular en el campo.
Los Territorios Agroalimentarios (TA) son
una propuesta de territorio campesino nacida desde el proceso organizativo del
Coordinador Nacional agrario –CNA- y sus organizaciones parte; es una
propuesta de territorialidad rural que se enfoca a los lugares cuyas
características agroecológicas y socioeconómicas que requieran el
fortalecimiento de la economía campesina, la regulación, limitación,
redistribución y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios y terrenos
rurales; igualmente serían TA el
área rural contigua a la zona urbana, destinada principalmente a la producción
agrícola, pecuaria y forestal. La propuesta de los TA no
está encaminada únicamente a defender los territorios donde actualmente hay
campesinos y campesinas sino también a abrir frentes de lucha contra el
acaparamiento de tierras y el latifundio, problemas centrales del campo
colombiano.
Como una de las bases principales de los TA exigimos el reconocimiento del campesinado como sujeto social, histórico, político y cultural en contra-posición directa a las políticas del gobierno nacional que pretende invisibilizar la riqueza que tenemos los campesinos y campesinas y minimizarnos como simples productores agropecuarios, pretendiendo igualarnos con los empresarios del campo, depredadores del medio ambiente y esclavistas de la producción agropecuaria, como fue la idea del gobierno nacional con el Censo Nacional Agropecuario.
Por otro lado entre los objetivos de los Territorios Agroalimentarias están:
el constituirse como herramientas para alcanzar la soberanía, autonomía y
seguridad alimentaria, el respeto por el medio ambiente, el ordenamiento popular
del uso de los suelos y las aguas, la garantía plena de acceso de toda la
población a los alimentos sanos con nutrientes indispensables y completos,
priorizar los procesos productivos orgánicos y agroecológicos que garanticen la
sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la
biodiversidad (fuertemente relacionados con la soberanía y seguridad alimentaria),
proteger y conservar semillas nativas, exigir el respeto y la financiación
estatal de los Planes de Vida de las comunidades y organizaciones, consolidar de
formas alternativas de comercio con relación directa entre colectivos de
producción y de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la
barrera entre campo y ciudad, exigir apoyo estatal para que los campesinos
indígenas y negros puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin
supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros o latifundistas.
Entre los programas y planes prioritarios en los TA están:
de
sustitución de cultivos ilícitos con iniciativa de las organizaciones campesinas
afros e indígenas y parámetros construidos por ellas mismas, de acceso a
infraestructura, de conservación ambiental, de acceso a bienes públicos
productivos (tierras, vías, energía y comunicaciones), de acceso a: salud,
saneamiento, nutrición, educación, cultura, recreación y seguridad social, entre
otros.
Nuestra propuesta se enmarca como un paso adelante en la lucha por una reforma agraria integral que distribuya la tierra en nuestro país, garantice el pleno goce de derechos, contribuya a la permanencia en el territorio, mantenga vivas nuestras tradiciones culturales, garantice la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria y combata la explotación humana y desmedida de la naturaleza que origina el capitalismo.Asonalca y el CNA como parte de la construcción de poder popular y territorialidad campesina apoyan la creación de otras figuras tales como los territorios interétnicos, los resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina, zonas de biodiversidad siempre y cuando todos los procesos organizativos populares presentes en el territorio se encuentren en acuerdo.
Los invitamos a conocer mejor esta propuesta, a aportarle y a concretarla en
territorios específicos para dar pasos en defensa del campesinado y por la vida
digna y a sumarse a las organizaciones populares, sociales, sindicatos, de
mujeres, jóvenes y niños que por medio de mandatos, movilizaciones y acciones
directas construimos el Congreso de los Pueblos.
***************************************************************************************************
*
El índice de Gini mide la distribución de recursos, ingresos o propiedad. El
indicador va de 0 a 1, tiende a 0 cuando hay una distribución igualitaria,
tiende a 1 en caso de extrema desigualdad.
** Algunos datos fueron tomados de la Revista Semana, “Así es la Colombia
rural”, disponible en:
http://www.semana.com
*** Datos tomados del Departamento Nacional de Estadística, DANE.
*****http://www.congresodelospueblos.org/ mandato
congreso, Tierras, Territorios y Soberanía. Visitado en Agosto de 2015.
*****http://www.congresodelospueblos.org/ mandato
congreso, Tierras, Territorios y Soberanía. Visitado en Agosto de 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario