lunes, 19 de octubre de 2015

Necesidad de ver qué Estado garantiza la 'seguridad'.


Es asumir la realidad e impunidad del capitalistalismo de desarrollar:
 
narcotráfico, trata de personas y prostitución, barras bravas, 

 industria bélica e injusticia social.
 
Es romper con los tramposos relatos K que ocultan el despliegue de esas principales fuentes de riqueza y poder de los oligopolios locales e imperialistas con socios menores en nuestros altos funcionarios.  Es desprenderse de su embaucamiento en base a aprovechar nuestro facilismo de confiar en líderes, en soluciones sectoriales e individuales de corto plazo pero sobre todo en un Estado árbitro y redentor. Implica atrevernos a comenzar otra sociedad.

En primer lugar se trata de contextualizar los proyectos de nuestros respectivos colectivos e interrelaciones inmediatas en el hacer posible el proceso de autoorganización emancipadora de una creciente mayoría. Para concretar tal objetivo es prioritario juzgar al "gobierno de derechos humanos" empezando por debatir significados de las segunda y tercera desapariciones forzadas de Jorge Julio López. Ambas nos interpelan, a los de abajo y a la izquierda, a involucrarnos en el cambio de correlación de fuerzas que sustituya la autoridad de CFK por la de Memoria Verdad y Justicia en su lucha contra la impunidad de ayer y hoy. 

Es compromiso mayoritario con la consecuencia de los juicios contra la impunidad de genocidio del Estado en representación de intereses pertenecientes a la actual alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales. Es compartir el reclamo de apertura de los archivos de la dictadura y de la 'democracia' respecto a la Triple A y a las masacres en la AMIA, en Río Tercero, en el Puente Pueyrredón. También es fundamental arraigar la actual criminalización y judicialización de los pueblos-naciones indígenas en los genocidios del pasado.

Es tener en cuenta las conversiones que hubo dentro del movimiento de derechos humanos durante más de deKada y apreciar qué nos señalan:

HIJOS LA PLATA SIEMPRE EN UN MISMO CAMINO
27 de marzo de 2015
(...)Como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada.
Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios.
En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes, contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados. Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio.
Este año HIJOS cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar.
 
Mucho más cuando de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín de La Plata, es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera (padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida.
El sostenimiento del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas.
Que Hebe Pastor de Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha, y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha, cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate.
¿El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo?
No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años. Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla.
 
HIJOS La Plata concluye aportando al imperativo de deconstruir:
 
El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.
 
El discurso oficial de los Derechos Humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio.
Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario. Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa, queda oculta la dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de 4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el espionaje a los que luchan, la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de crecimiento con exclusión.
Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales.Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos.
En fin, es importante una toma generalizada de conciencia sobre el cuadro de situación presente e histórica que sintetiza el Encuentro MVJ.
 
 
Hoy, a 39 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Repudiamos a la dictadura que buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre al servicio de un régimen económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias imperialistas.
30.000 detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de niños, constituyó el genocidio racional y planificado desarrollado contra nuestro pueblo.
El terror dictatorial tuvo el objetivo de aniquilar el gigantesco despliegue del movimiento obrero y popular que, desde los tiempos del Cordobazo, se proponía terminar con la opresión y la explotación.
A pesar del terror y del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en el símbolo de esa resistencia que armó lazos de solidaridad y que llegó a expresarse en paros generales y movilizaciones realizadas en las peores condiciones de la represión genocida.
Esa lucha tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles, en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas y terminar con la impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable de tantos años contra la impunidad, fueron factores fundamentales para conseguir la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitió la reapertura de las causas contra los genocidas.
Lo decimos una vez más con orgullo: los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo.
Denunciamos también en esta plaza, como lo venimos haciendo todos estos años, las enormes limitaciones de estos juicios, que se desarrollan a cuentagotas. Cientos de represores mueren antes de ser juzgados.
 
El Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquéllos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención.
El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de Concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos. Sólo las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que luchamos contra la impunidad presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los represores sean juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No hay 900 condenados como dijo la Presidenta en su discurso del 1º de marzo. La realidad es que existen, hasta hoy, sólo 538 condenas, de las cuales muchas corresponden a un mismo procesado. Hay menos de un condenado por campo de concentración. Apenas el 20% de esas sentencias se encuentran firmes. El 68% de los condenados y la mitad de los procesados cumplen prisión domiciliaria, que además violan sistemáticamente.
Los cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores, y con los jueces y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones. Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, al latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli, del staff editorial de Atlántida.
Exigimos:
¡¡¡CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
 
El nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente, hasta donde llega la hipocresía del gobierno K en materia de derechos humanos.
Milani ya había sido denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia debida. También denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
 
El empeño del gobierno en sostener a Milani, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje interno. La nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un presupuesto fenomenales.
La presidenta, por cadena nacional, y en presencia de Milani, llamó a superar los prejuicios hacia los militares. Su objetivo es naturalizar la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad interior. Mostró, una vez más, su política de reconciliación con los genocidas.
¡¡FUERA MILANI!!
 
Desde esta plaza denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales, respaldada por las grandes patronales y la burocracia sindical, que descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, la megaminería a cielo abierto, la presencia de Monsanto, los acuerdos con Chevrón y con China y la instalación de una base militar china en nuestro territorio.
Denunciamos el ataque cotidiano a los derechos básicos a la vivienda, al trabajo, a salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, a la salud y la educación. Nos solidarizamos activamente con todas las luchas populares, con los obreros industriales, con los docentes, con los trabajadores de la salud, con los desocupados y con los jubilados.
El asesinato de numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta, con presos políticos y miles de procesados, los trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua y la persecución a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura; el espionaje a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, la militarización de los barrios y la criminalización de la pobreza, como en el desalojo del Barrio papa Francisco, y la complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que operan en el país, han sido la marca de la política en materia de libertades democráticas del gobierno kirchnerista.
Con Berni al frente de la represión, durante el último año se agudizó la militarización de los conflictos obreros que comenzó con Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones en la Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo es producto del acuerdo entre el gobierno, estas patronales y la burocracia sindical.
La masacre de Cromañón, la tragedia de Once y el incendio intencional de Iron Mountain desenmascararon los grandes negociados y la corrupción que atraviesa impunemente al Estado y que pagamos con la vida de cientos de jóvenes y hombres y mujeres trabajadores. Denunciamos la complicidad de todos los estamentos del Estado con el narcotráfico y la trata de personas. Centenares de mujeres permanecen desaparecidas víctimas del negocio de la trata.
La muerte de miles de jóvenes a manos del gatillo fácil y de la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad, la tortura y muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y fiscales, marcan también dolorosamente la impunidad del presente.
Son más de 4350 los jóvenes asesinados desde 1983.
El crimen de Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de encubrimiento y complicidades entre el poder político, la justicia y la policía. Luciano fue encontrado después de seis años de lucha, durante los cuales la policía de Scioli, Casal y Granados se dedicó a espiar y amedrentar a sus familiares y amigos. No fue un accidente. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado.
 
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA POBREZA
FUERA BERNI
 
Como cada 24 de marzo, denunciamos la represión y la impunidad promovida por los gobiernos provinciales y el gobierno de Macri. Estos gobiernos, a pesar de sus disputas, coinciden en dar una respuesta represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el encubrimiento de la bonaerense y en la impunidad de los responsables de la segunda desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.
 
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
 
La muerte del fiscal Nisman confirmó lo que venimos denunciando hace años: la impunidad es política de Estado. Sacó a la luz la feroz disputa entre diferentes sectores del aparato represivo, los servicios de inteligencia y de las clases dominantes.
La muerte de Nisman es una muerte política, inscripta en los 21 años de encubrimiento y manipulación, por parte del Estado y la justicia, de la causa que investiga la masacre de la Amia.
El gobierno nacional no puede negar su relación y colaboración directa durante más de 10 años con Stiusso y Nisman, que operaban con la CIA y el MOSSAD, y con los servicios que hoy cuestiona.
 
En su discurso del 1º de marzo, la Presidenta mostró que el Estado argentino sigue poniendo el atentado a la AMIA al servicio de las políticas de las grandes potencias imperialistas. Pretende desligar la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y en la trama de impunidad y encubrimiento de la conexión local, sostenida desde el mismo momento del atentado por los diferentes gobiernos y la justicia cómplice.
La apertura de los archivos anunciado por la presidenta es una farsa. Los archivos permanecen cerrados. Para arribar a la verdad, es imprescindible la formación de una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes y que se abran todos los archivos secretos de la causa. De los 21 años de impunidad, doce corresponden a los gobiernos kirchneristas.

La orientación que los distintos gobiernos postdictadura dieron a los servicios de inteligencia fue dirigirlos hacia la infiltración y el espionaje interno. Lejos de ayudar al esclarecimiento del atentado a la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, han contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios estuvieron activamente involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente Pueyrredón, en la desaparición de Julio López y en tantos otros crímenes contra el pueblo.
El gobierno de los Kirchner continuó y profundizó esas prácticas, con las leyes antiterroristas y el proyecto X con el que espió e infiltró a obreros en lucha, con el espionaje a estudiantes secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes movimientos sociales y partidos políticos y a todos los que luchan en defensa de los derechos populares.
Exigimos:
Desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje. ni side – ni afi.
No al proyecto x -no a la ley antiterrorista.
Basta de manipulación y encubrimiento del estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión investigadora independiente
 
Existe una disputa entre el gobierno y sectores de la oposición tradicional por el control de un aparato judicial que siempre utilizaron contra los trabajadores. Esta pelea fracturó como nunca el poder judicial. Seamos claros: el poder judicial está dividido entre un sector dirigido por el gobierno y otro hegemonizado por jueces y fiscales involucrados también con la impunidad y la criminalización de la protesta, apoyados por sectores reaccionarios como Macri -que fundó la Metropolitana con el Fino Palacios y creó su propio servicio de espionaje- y por Massa, cuyo jefe de campaña es Juan José Álvarez, uno de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón y hombre de los servicios de inteligencia.
Sin ningún rubor, la presidenta denunció la existencia de un partido judicial cuando muchos de los funcionarios y jueces que denuncia le fueron funcionales durante estos doce años de gobierno e incluso fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno no dudó en manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo involucraban en hechos de corrupción.
Más que nunca, hoy es evidente para millones de argentinos aquello que desde hace años venimos reclamando desde el Encuentro MVJ: la necesidad de liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura y la apertura de todos sus archivos secretos.
Sólo se ha abierto un número mínimo, de contenido casi inocuo, de aquellos archivos. Esto es particularmente grave, porque con ellos sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. También sería posible descubrir infiltrados en el movimiento popular, como se demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de Neuquén.
Apertura de todos los archivos de inteligencia

La recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos es una necesidad y un derecho del presente. Es una responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad individual de cada joven.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino que además acota el acceso al derecho a la identidad.
Del mismo modo, afirmamos: la memoria popular es una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su política de reconciliación con los genocidas, como lo demuestra su cerrada defensa del genocida Milani.
Compañeras y compañeros:
En esta marcha popular, queremos repudiar la brutal amenaza del imperialismo yanqui a Venezuela y expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de los trabajadores y el pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Hoy, luchando contra la impunidad de ayer y de hoy y contra las distintas formas de represión y persecución a los trabajadores y el pueblo afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos están vigentes cada día más. Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar una Argentina sin opresión, sin represión y sin explotación.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡¡¡Presente!!!
 
En Venezuela se plantea lo que es prioritario organizar abajo y a la izquierda en Argentina:"Es hora de comenzar el proceso constitutivo de “Gobierno Popular” desde un espacio externo al Estado pero al mismo tiempo con fundamentos y principios universales y propios que lo proyecte en un futuro como un espacio transversal y multidimensional, con capacidad de disputarle todo el poder al Estado del capital".

Preguntas y principios de Gobierno Popular
14 de marzo de 2015
Por Roland Denis (Rebelión)
El documento que presentamos, es un texto para su discusión colectiva. Aquí proponemos algunas ideas y conceptos de lo que ha venido fraguándose como Gobierno Popular y su potencial hoy en nuestras tierras, sin entender esto como un utopismo abstracto sino la concreción de una tendencia social liberadora que comenzó a abrirse paso desde la misma revuelta del 27 de febrero del 89. La creación, constitución y expansión del poder popular ha sido desde su nacimiento un propósito unificador de la lucha popular, y un eje transversal de toda la revolución bolivariana y socialista, en su vertiente más radical. Su historia con todos los tropiezos, represiones, perversiones internas y saboteos, aún así sigue adelante, siendo esto una gran victoria política de nuestro pueblo.
Sin embargo, muchos nubarrones tenemos por delante, primero un mundo que se acopla imperialmente desde sus costados occidentales y orientales mundiales y para los cuales somos un blanco importante, frente a lo cual tenemos que prepararnos “desde abajo”. Luego, por sus costados internos, donde la decadencia y desastre económico del Estado-nacional burocrático, rentista, corrupto, es cada vez mas crítica, deshaciéndose la legitimidad de sus instituciones y la funcionalidad de sus partidos y cúpulas que han polarizado la historia política en los últimos años, fenómeno que crea las condiciones para el fortalecimiento de autocracias internas y cualquier cantidad de desbordes reaccionarios.
Ya no basta entonces con hablar de gobierno nacional y por otro lado del poder popular. En nuestra consideración es imprescindible un paso de avance que permita acelerar ante de que sea tarde la “pulverización del estado burgués” pedida por Chávez. Es hora de comenzar el proceso constitutivo de “Gobierno Popular” desde un espacio externo al Estado pero al mismo tiempo con fundamentos y principios universales y propios que lo proyecte en un futuro como un espacio transversal y multidimensional, con capacidad de disputarle todo el poder al Estado del capital. Una revolución social y libertaria como la que nos hemos planteado no tiene ninguna salida sin esta ruptura, para lo cual debemos a nuestro modo de ver preparar las condiciones políticas desde ahora para este salto.

Nuestras preguntas y nuestras repuestas:

-¿Qué quiere decir «pueblo» cuando hablamos de Gobierno Popular? No estamos definiendo al «pueblo» como una sustancia abstracta de soberanía, bajo el entendido liberal o populista. Siguiendo la definición recordada por Jodi Deam, en su libro “el horizonte comunista”, referimos «pueblo» como “la parte de los sin parte”, el pueblo como esa fuerza dividida y divisiva que hace parte de un “resto del nosotros” que quebrado, desposeído pero a la vez generador de esa “parte” o ese resto del todo social, es capaz de optar por otra vida y luchar por ella y darle forma; el «pueblo» es el que está en lucha, es la vanguardia colectiva de una sociedad quebrada y fragmentada. Se trata de diferenciarse completamente de toda aquella simbología popular tan utilizada por cualquier demagogia del Estado protector y redentor que se autolegitima en una “soberanía popular” que todos los días expropia. Aunque comience en su parte de los sin parte, aquí sólo el pueblo salva y emancipa al pueblo.

-¿Quién es el Gobierno Popular? Obviamente estamos hablando de un gobierno de muchos y muchas, que en su parte rompen las relaciones de sumisión y explotación, pero no de un “todos” inmediato y además imposible de juntar por la propia desigualdad social y los miedos infundidos a unirse a los procesos de liberación. Desde el principio del no-Estado (un gobierno que no es un Estado-nacional), una parte de ese todo social que es el pueblo al que nos referimos, desencadena nuevas formas políticas de gobierno donde no media la externalidad del Estado, el “desde arriba” de las tradicionales cúpulas que asumen la representación de la sociedad civil. Se derrumba el viejo poder de élites de cualquier tipo y se provoca el espacio posible autogobernante, constituyente, originario. Muchos y muchas irán dándole forma sin predeteminación otra que no sean amplio consenso o contratos sociales de autogobierno, como en efecto lo estamos haciendo. No es un gobierno que se instala desde una o varias cúpulas políticas, sino que se va haciendo, que va sumando, que va integrando y mediando diferencias, hasta irrumpir por completo.

-¿Qué es lo que gobierna el Gobierno Popular?. Pongamos en claro que al no estar determinados por la lógica del Estado-Nación, tal gobierno no gobierna personas (principio del despotismo puro) ni instituciones en sí (principio del estado liberal-democrático). Se trata de constituir gobierno desde los procesos concretos donde se constituyen espacios de gobernabilidad común. Gobierna por tanto procesos de liberación que pueden llegar a ser infinitos en el tiempo, determinados espacialmente por la territorialidad del fenómeno de insubordinación que se es capaz de generar dentro y más allá de la nación, extensos de manera impredecible en las formas institucionales que adopte, hasta convertirse en una hierba transversal a todos los tiempos y espacios de la vida nacional y más allá de la nación, capaz de provocar el nacimiento de “otra política y otra gobernabilidad”, radicalmente contraria a la forma-Estado creada históricamente por las burguesías emergentes europeas.

-¿De qué tipo de gobierno o democracia se trata?. Se entiende que al no ser un gobierno representativo de nada, es un gobierno básicamente asambleario, delegativo-funcional, rotativo, absolutamente transparente, de plena y continua rendición de cuentas, que no posee ninguna burocracia propia sino personales que se avocan a trabajar libremente para sus necesidades, funciones y metas específicas internas. No es una simple democracia formal, como se dijo en aquellos días del 27F es una “democracia de la calle” -o también diríamos del saber- que supone una fusión libre de voluntades cada vez mayores bajo formas de convivencia y libertad cada vez más avanzadas y complejas, para lo cual no hay modelo preestablecido de soberanía (“no hay calco ni copia” siguiendo las enseñanzas de Mariátegui y Simón Rodríguez), sino invención concreta de una verdadera República autogobernante.

-¿Cuál es el lugar del Gobierno Popular?. No se trata de un gobierno que reside en ningún lado específico como es el caso de los gobiernos de Estado en sus dimensiones nacionales, regionales y locales. Su residencia es el lugar de su convocatoria y donde se resuelve a decidir y trabajar. No es posible “tomarlo” por tanto, simplemente se ejerce donde se es necesario y posible, así sea un “rancho” perdido o un “palacio” expropiado, en combinación con otros espacios. No se trata entonces de un “lugar” de gobierno sino de una estrategia de poder, ejercida donde se decida y pueda hacerlo. Cada espacio de Gobierno Popular va construyendo un centro o centros propios, con poderes que se acrecientan y que van “pulverizando el Estado burgués” como pedía Chávez.

-¿Quién autoriza al Gobierno Popular?. Se trata de un gobierno de muchos y muchas que no tienen parte en el festín de la acumulación capitalista, por tanto se autoriza a sí mismo teniendo como base los principios constituyentes, los contratos sociales, las cartas de lucha, que se vayan acordando y dándole legitimidad territorio por territorio emancipado, todo lo contrario de lo que supone una autocracia democrático-liberal o despótica. De esa manera, no está determinado por un régimen exterior a él sino por la inmanencia de su propio proceso. Cada ejercicio real de gobierno popular va determinando sus formas y regímenes internos donde se explaye la creatividad popular, incluidas las formas de votación y organización necesarias. Podríamos decir en ese sentido que el Gobierno Popular es la dictadura de la máxima democracia posible” (Marx lo llamaba “la dictadura del proletariado”, el filósofo Spinoza “la democracia absoluta” los anarquistas “el comunismo libertario”, nuestros indígenas del sur “el Aylú”, son términos que suponen esencialmente lo mismo en su definición, mas allá de sus matices doctrinarios e históricos. Incluso aquí en Venezuela de forma mas ambigua se le ha llamado “Estado comunal”) .
-¿Qué es lo que gobierna un Gobierno Popular?. Desde el principio del Estado-Nación, su gobierno es único, representativo (representa a la nación y al pueblo) e insustituible. Es la condición para la sobrevivencia y reconocimiento de un Estado. Aquí, por el contrario, estamos hablando de formas de gobierno que el pueblo del que hablamos se va dando en un proceso constitutivo complejo donde el ejercicio de poder propiamente (la capacidad de imponer su decisión) será más “única” (en su forma no-estatal, es decir, “único” mas no en régimen único) en la medida en que vayan implosionando la viejas formas del poder de Estado y la hegemonía de un gobierno popular aumente. Esto se dará en un tiempo y espacio regional y planetario imposible de prever, y ninguna certeza de que va a vencer. Para los momentos como el que vivimos en este espacio del planeta, podemos decir que estamos en la capacidad de multiplicar por todo el territorio formas de Gobierno Popular donde el ejercicio concreto del poder popular se ejerza autónomamente de acuerdo a la ley, o se amplíe esta capacidad más allá de ella hasta superarla por completo, y por otro lado, de acuerdo a la capacidad de movilización y legitimidad alcanzada, “ponga contra la pared” a los poderes fácticos del capital y los poderes legales del Estado hasta sustituirlo, cumpliendo los propósitos liberadores que determine cada comunidad. De esta manera el colectivo tendrá cada vez más poder para ir planificando y ejerciendo efectivamente un horizonte igualitario para una nueva vida, creación de nuevas relaciones de producción, destrozar las divisiones de trabajo, status social y saberes que nos ahogan bajo la opresión capitalista. Cada situación determinará la formas de esta confrontación, sus avances y retrocesos, su paz como su violencia inevitable.

-¿Que ejercicio de ley y de derecho es posible desde el Gobierno Popular?. La ley burguesa no se impone por su misma razón y la representatividad de los individuos que la dictan, tal como lo quisieron y formularon los creadores originales del modelo del Estado-nación. La ley en definitiva se impone por la fuerza, imponiendo la esencia de ella bajo la sociedad capitalista que es la propiedad. El avance revolucionario nos ha permitido valernos de una constitución que puede se usada en primera instancia, allí donde se afirma que la soberanía popular es intransferible y por otro lado haciendo de la asamblea popular (“de ciudadanos”) un lugar vinculante de obligada obediencia por parte del Estado. Si no hay ni la fuerza ni la hegemonía cultural suficiente para hacer valer del todo la ley revolucionaria, sí es posible no obstante ir creando mecanismos normativos y legales cada vez mas amplios desde donde el pueblo se dote de su propia ley y obligue al poder constituido a acatarlas y reconocerlas, sosteniéndose en premisas constitucionales.
El juego de las bases constitucionales del poder popular y la fuerza del Gobierno Popular como estrategia y movimiento multiplicándose, permitirá generar formas parlamentarias de decisión y tribunales propios donde el pueblo al cual aludimos le vaya quebrando el espinazo a la esencia de la ley burguesa que es la propiedad y la represión al desobediente frente a ella. No se trata de caotizar el mundo sino de crear un orden totalmente distinto y variado, donde la decisión por ley aprobada en lo que respecta a la propiedad, los derechos sociales, las formas de convivencia, ordenamiento institucional del Gobierno Popular, castigos al delito, etc., tenga su raíz en decisiones de ley aprobadas por nuestros propios espacios de gobierno, y con la fuerza para imponerlas. La ley revolucionaria frente a la ley burguesa es un espacio por excelencia de correlación de fuerzas que tenemos que abordar con toda la creatividad e inteligencia necesaria, entendido como dicen muchos que lo que no es posible por acuerdo y negociación será por la insurrección.

-¿A qué se enfrenta el Gobierno Popular?. Por supuesto se enfrenta al Capital y al Estado como entidades universales de dominio capitalista, pero dentro de un orden mundial que rebasa el ejercicio nacional y los obliga en su lógica económica o política a convertirse en pequeños cónsules de un mundo aún conflictuado por los grandes intereses imperiales, y lleno de poderes paralelos y “microfisicos”, por lo general privados, mafiosos, a estas entidades legales. Pero hay que advertir que no estamos en posibilidad de ninguna batalla final. Podemos apostar a una estrategia de poder dual -equivalencia de poderes en pugna estatistas y no estatistas- dentro de espacios que si todo va bien podemos abarcar el espectro nacional, suscribiendo los principios libertarios de la revolución bolivariana. Se comenzará con acabar con los despotismos regionales tradicionales, con las desgraciadas formas del colonialismo sobreviviente, con las nuevas formas de la criminalidad y opresión mafiosa, con las entidades monopólicas que absorben todas las economías locales y regionales. Pero también es perfectamente posible ir acabando con las entidades institucionales del Estado burgués como escuelas, hospitales, cárceles, policías, y ser sustituidas por entidades liberadas por el Gobierno Popular que tengan que ver con la salud, la educación, los servicios públicos, el ambiente, la seguridad, la justicia, etc, dándonos una nueva estructura pública en manos de los pueblos. Y por supuesto todo ello va ligado nuevos espacios de defensa frente al monstruo imperial y sus tentáculos locales, como a la generación de nuevas formas de vida soportadas materialmente en nuevas relaciones de producción, distribución, comercialización. La relación entre defensa y producción es básica para una nueva soberanía, es la comunalidad autogestionaria preparada para enfrentar cualquier agresión externa o interna bajo los principios de la “guerra de todo el pueblo” por la conquista de la mayor felicidad colectiva.

-¿Qué puede hacer el Gobierno Popular frente a la hegemonía del mercado y la economía capitalista?. Siguiendo la misma lógica de la confrontación con el Estado, aquí tampoco se trata de acabar por decreto con el mercado y la propiedad, hablando de elementos inscritos en la vivencia cotidiana global, una dialéctica de lucha muy compleja que debe mantener su capacidad de ir destruyendo la lógica capitalista de la explotación, el saqueo a los pueblos y la depredación natural. De lo que se trata es de socializar en las formas más avanzadas y participativas elementos que están totalmente privatizados y monopolizados y que el Gobierno Popular debe propugnar su socialización de incorporando la sabiduría dispersa entre toda a complejidad social. Pero se trata así mismo de tomar medidas contundentes y universales empezando por la propiedad de la tierra que debe ser socializada y la propiedad común del conocimiento. Hay mucho que expropiar al Estado burocrático y la empresa monopólica que solo sirven al incremento de la pobreza, cuando no abandonadas fábricas y materiales por nuestra inútil burocracia. Tenemos en nuestro caso el problema de la Renta Petrolera, que debemos ir apropiándonos de ella' ”desde abajo” hasta llegar a una alianza de gobernabilidad conjunta entre los trabajadores petroleros con cada vez mas control democrático sobre la industria, sus instancias de decisión y los espacios autogobernantes del Gobierno Popular, poniendo al Estado-nacional “contra la pared” en lo que respecta a su uso y distribución, sacándole de las manos por completo la apropiación histórica del gran capital sobre ella. Pero al mismo tiempo, muchos más allá de la renta, es imprescindible generar formas de planificación participativas y de mercado donde prive el control social sobre ellos y la conciencia colectiva sobre el objetivo común a alcanzar para garantizar el bienestar igualitario. El Gobierno Popular es en ese sentido un gobierno plenamente socialista, antiestatista y anticapitalista, avocado a la generación de una colectividad con capacidad de engendrar una economía, es decir, formas de producción, distribución y consumo, no-capitalistas y altamente colectivas, sanas y solidarias, hasta desmoronar por completo el Estado rentista del capital.
 
-¿Cuáles son las formas de autogobierno a las cuales apuesta el Gobierno Popular? Obviamente las formas de autogobierno no son predecibles, cada pueblo inventará las suyas. Ahora si todo esto tiene sentido es porque efectivamente hemos construido las bases mínimas para un Gobierno Popular de “las partes sin parte” de un “resto del nosotros” que no se acopla a ningún orden preestablecido que no hay sido el suyo producto de su lucha. Esa es la revolución lo otro es pacotilla discursiva. En ese sentido desde los Consejos Comunales-Comunas, los corredores comunales establecidos, el control obrero y el movimiento de ello, más la cantidad de formas movimientales y de control social a nivel de salud, comunicación, educación, ecología y derechos sociales, establecen en sí la premisas de ese gobierno popular y los sujetos constitutivos del mismo. Y ahora es que falta, la articulación y potenciación productiva, comunicacional y política de ello será la expresión propiamente del Gobierno Popular en Venezuela. 

-¿Cómo se constituye el Gobierno Popular? Ésta siempre será la pregunta pendiente. Sin duda todo tendrá que ver con los niveles de lucha y organización que se alcancen, algo que puede acelerarse o detenerse de acuerdo al avance del poder popular en los próximos tiempos. Estimamos posible en todo caso un movimiento que vaya hacia el debate y más adelante la construcción de una primera carta constitutiva, o contrato social, que pueda ser la base para que muchos espacios autogobernantes o con la potencialidad de serlo, se sumen a este movimiento conjunto constitutivo. Si se logra, es perfectamente posible llegar a una verdadera asamblea constitutiva de un primer Gobierno Popular y la determinación de los principios de su contrato social a nivel nacional. De todas formas si pretensiones nacionales inmediatas se considera que no son posibles alcanzar por ahora, este avance puede darse regionalmente de la misma forma. En una suerte de suma geométrica de las mejores voluntades dispuestas a ello que se conformen en la vanguardia primera del Gobierno Popular diseminado por diferentes espacios en el país, buscando su integración nacional progresiva.

-¿Cuál es la relación entre el Gobierno-Estado y el Gobierno Popular? De acuerdo a lo que venimos exponiendo ésta es una relación básicamente contradictoria cuando no antagónica, pero que dependerá del mismo devenir político del proceso y la nación. Desde los comienzos de la revolución bolivariana, hablando de poder popular y de proceso popular constituyente, esa relación entre poderes de Estado y del no-Estado se entendió como una relación de apoyo y “devolución del poder al pueblo”. Ahora, la buena voluntad política se convirtió en paternalismo, en burocratización y cooptación del poder popular, en intento de administración vertical del mismo hasta llegar a pervertirse y corromperse en muchos casos. Sería ideal un “cambio de timón” como pidió Chávez para regresar al punto de principio y sanear esta situación bajo una profunda autocrítica. Pero la tendencia no va hacia allá, sino a un juego de discurso, de generación de formas artificiales de Gobierno Popular desde Miraflores, y reafirmación autocrática al interno de partidos y el poder constituido. Por ello se tensa cada vez esta situación, aunque se siga apoyando al gobierno constituido. Si triunfa la derecha en los próximos tiempos esa situación será sin lugar a dudas antagónica y muy probablemente violenta. Por ello mismo, la relación entre uno y otro es imposible de definir a priori, fuera del contexto real en que se viene dando. Desde el amor hasta la guerra todo es posible. Ahora, ya a estas alturas, dada la experiencia recorrida, y las circunstancias mundiales en que estamos envueltos, lo que es imprescindible es la existencia y reconocimiento de la estrategia constitutiva de Gobierno Popular como principio unitario de base que formalice definitivamente el paralelismo de poderes dando un salto cualitativo imprescindible al proceso revolucionario, y así estar algún día en condiciones de exigir “todo el poder al Gobierno Popular”.

-¿Cómo puede ser reconocido un Gobierno Popular entre nosotros?. No se puede esperar reconocimientos inmediatos de algo que no hace parte de la lógica de dominio del mundo que vivimos. Será reconocido en la medida en que el gobierno popular gobierne y se pida su reconocimiento, algo muy parecido a lo que pasa con la revolución en Rajova del Kurdistán Sirio, con las espirales de “buen gobierno” en Chiapas; formas de no-Estado donde el ejercicio de gobierno colectivo entran en otra lógica y cultura totalmente distintas, en una suerte de “constituyente originaria”, y por tanto se adelantan a un mundo realmente diferente del cual apenas estamos viviendo sus primeras expresiones, muy difíciles de reconocer. Que el gobierno venezolano empiece por aceptarlo sin querer absorberlo ya sería un paso, pero muy difícil en este contexto de polarización, corrupción y burocratización avanzadas, a lo cual nos referimos. Otros movimientos en el mundo lo podrían hacer y también hay que pedírselos. Pero el primero en que se debería buscar reconocimiento es en el pueblo “del todos” o al menos del “muchos mas”, independientemente de las formas y expresiones propias “de la parte” involucrada. Lográndolo hacia abajo estaremos venciendo, lo demás, hacia arriba, hacia el mundo, viene solo.
Roland Denis Asamblea de Militantes

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