martes, 19 de julio de 2016

A 200 años veamos qué Estado le garantiza al capitalismo su "acumulación por exterminio".

Es considerar el ejercicio de la violencia estatal en forma de 

criminalización tanto de los desposeídos de todo como de las organizaciones que resisten el avasallamiento de derechos humanos. 

Intensificada con

las leyes antiterroristas y la militarización de los conflictos.
 
Para situarnos no hay mejor manera que recurrir a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
 
Informe anual de CORREPI: gatillo fácil y violencia institucional, políticas de Estado
30 de noviembre de 2015
 
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el 19° Informe Anual de la Situación Represiva en Argentina en la Plaza de Mayo el pasado jueves 26. La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) realizó una transmisión especial en vivo del acto del organismo antirrepresivo, en el cual se hizo un repaso cronológico de la situación represiva durante los 12 años del ciclo del gobierno kichnerista, donde se contabilizaron 3.070 casos personas asesinadas por gatillo fácil, represión en marchas y asesinatos en cárceles, comisarías e instituciones de encierro, dejando en claro la continuidad de una política represiva que se mantiene como política de Estado.  
 
Estar allí en la Plaza durante la presentación del archivo anual es natural para quienes integramos la RNMA. Los actores sociales que desfilaron por el escenario tomando la voz, son parte esencial de nuestros medios. Son noticias, pero no casos. La diferencia conceptual entre noticia y caso no es menor. Somos parte de ese proceso que contamos. Caminamos al lado de los familiares que reclaman justicia. ¿Cómo no íbamos a estar allí? Naturalmente sí. 
La transmisión comenzó a las 18 junto con el  acto, dando cuenta  de la finalización de los números artísticos que diferentes colectivos militantes culturales venían desplegando en la plaza desde las 17 y la feria de stands de organizaciones y familiares de víctimas de la represión policial e institucional, que ofrecían sus materiales, periódicos, remeras, pines y banderas.
 
Para darle un marco general a la presentación del informe, el primer móvil de la RNMA fue con María del Carmen Verdú, referente del organismo antirrepresivo, quien comenzó caracterizando el repaso represivo de diciembre de 1983 hasta la fecha, en el marco de la transición presidencial de este año, con el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje: “Nos estamos enfrentando ahora a un escenario en el que tenemos una ultraconcentración de fuerzas represivas en manos de una sola expresión política, la alianza Cambiemos, que va a tener el control de la totalidad de las fuerzas federales, de las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires - la Policía Metropolitana más la Federal que va a ser transferida-, más las policías de la provincia de Buenos Aires y su Servicio Penitenciario, más las policías de las tres provincias en las cuáles la gobernación es radical o de integrantes de la misma alianza Cambiemos. La conclusión es obvia: si no nos organizamos, si no mejoramos todos los mecanismos habidos y por haber para la coordinación y la unidad de acción, estamos en el horno”.
 
Con respecto a la continuidad de las políticas represivas estatales a pesar de los cambios gubernamentales, Verdú remarcó que “la curva general de casos represivos siempre es ascendente, hay alguna etapa de amesetamiento, por lo general, después de las grandes crisis de crecimiento, que coinciden absolutamente con las crisis del capitalismo”, y agregó: “si comparamos el momento en qué el número anual se instaló en los tres dígitos o en qué momento salió del centenar para ubicarse mucho más arriba de los dos centenares de casos, va a coincidir con la crisis 1999/2000/2001, o te va a coincidir con la crisis 2007/2008/2009. O sea, te está mostrando cuándo se reprime más. Pero después de esos picos ascendentes no se produce una baja, se produce un amesetamiento”.
 
Verdú caracterizó los asesinatos ocurridos durante el ciclo kirchnerista y dejó cifras contundentes: “Hoy estamos hablando, sobre 4.970 casos totales, de 3.070 ocurridos en los últimos 12 años. El 65 % del total son muertes ocasionadas después del 25 de mayo del año 2003, y eso incluye a todos los que están gobernando hoy y a todos los que van a seguir gobernando después del 10 de diciembre. Y sabemos que el 49 % del total son chicos de entre 15 y 25 años, y de 0 a 25 años es el 52 %, donde la mayoría de los niños menores a 12 años son femicidios vinculados, niños asesinados junto con sus madres en hechos de femicidio, que abarca casi al mitad del archivo, donde el femicida es integrante del aparato represivo estatal”.
 
Cerrando el análisis destacó, finalmente, que en el total de casos, las provincias de Santa Fé, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires son, en ese orden, en las que se mantiene el mayor índice de personas asesinadas por al aparato represivo del estado.
 
El origen de CORREPI: la continuidad de la represión en democracia
Siguiendo un orden cronológico, y con carteles que anclaban lo que decía la voz en off el relato contaba la poco difundida historia de la continuidad represiva e impunidad incluso con la vuelta de la democracia: “El 8 de mayo de 1987, Willi, el Negro y Oscar, tomaban una cerveza en Figueredo y Guamini, Budge. Dos autos patrulleros pararon frente a ellos, al grito de ´¡al suelo señores!´. Descendieron tres policías de la bonaerense: Juan Ramon Balmaceda, Isidro Romero y Jorge Miño. Los efectivos apuntaron, los tres pibes tirados en el piso recibieron 19 disparos. La Masacre de Budge destapó lo que ya muchos sabían. Para los pibes del barrio y los trabajadores el verso que decía ´con la democracia se come, se educa, se cura´no era más que un eslógan televisivo. Aunque estos no fueron los primeros casos de gatillo fácil de nuestra historia, fue la primera vez que el dolor individual de las familias se rodeó de solidaridad y militancia popular”. 
 
Y comenzaba a contar, luego, la resistencia que se empezó a dar en torno a ese emblemático caso de represión policial: “Las movilizaciones de las comisiones de amigos y vecinos fueron el inicio de un largo camino para visibilizar la represión en los barrios. Aunque con distintos métodos y con diferentes objetivos, la represión en democracia seguía existiendo. Los fusilamientos, las torturas, el verdugueo y las detenciones arbitrarias no eran casos aislados, ni obra de algún loquito suelto, sino parte de una política de estadoLos desaparecidos tampoco habían terminado con la dictadura, aunque muchos fueron y siguen siendo ocultados. El primero que se supo, José Luis Franco, ocurrió en 1983. Fue detenido en Rosario por personal policial del comando radioeléctrico. Durante meses su familia lo buscó. Su cuerpo fue encontrado en un descampado, tenía 23 años”.
 
Asimismo, CORREPI hizo un repaso de la Masacre de La Tablada: “Los días 23 y 24 de enero de 1989, 32 combatientes del Movimiento Todos por la Patria fueron fusilados en los cuarteles del regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, en La Tablada. Habían presentado su rendición 3 veces, antes de haber sido atacados con fósforo blanco y torturados. Cuatro de ellos: Carlos Samojedny, Francisco Provenzano,  Ivan Ruiz y José Alejandro Díaz, siguen hasta hoy desaparecidos”.
Luego sería el turno de recordar los hechos de la década del 90' sobre todo uno, el que dio comienzo a la historia de CORREPI, el crimen de Walter Bulacio: “unas prematuras elecciones, daban como presidente a Carlos Menem. El 19 de abril de 1991, Los Redondos tocaban en el estadio de Obras Sanitarias. La banda más convocante del país. Allí la policía asesinó a Walter Bulacio. Por los golpes,  Walter murió una semana después  había estado 15 hs en la comisaria antes de ser llevado al hospital. 
 
El asesinato del Walter provocó las movilizaciones populares más masivas desde las marchas contra el indulto. Sacó a la calle a miles de jóvenes que le decían al estado y al gobierno de turno que no se iban a quedar inmóviles frente a la represión. La detención por portación de rostro, las torturas, el hostigamiento y el gatillo fácil eran responsabilidad del estado. Y la respuesta era la organización y la lucha. El grupo de militantes que se había movilizado con la masacre de Budge se definió como organización antirrepresiva, y años de gestación dieron vida a CORREPI”.
Otro momento sobresaliente del relato estuvo vinculado a la memoria de Delia Garcilazo, quien ideó el archivo antirrepresivo de CORREPI: “En 1986, el ministro del Interior Carlos Corach intervino públicamente sobre el gatillo fácil. Nuestra compañera Delia Garcilazo, mama de Fito Rios, propuso que hiciéramos las listas de las víctimas del aparato represivo del estado en democracia, y la discutiéramos con un acto en Plaza de Mayo. En ese momento la lista apenas tenía 200 nombres”. Delia falleció el año pasado.
 
 
Un repaso por casos emblemáticos del ciclo kichnerista
Luego del relato cronológico, la RNMA entrevistó a Leo Santillán, hermano del militante piquetero Darío Santillán - asesinado por el comisario Alfredo Luis Franchiotti el 26 de junio de 2002, en medio de una represión ordenada por el gobierno de Eduardo Duhalde -, quien se refirió a cómo se vive la presentación cada año de nuevos casos, siendo familiares de un caído: “Nos encontramos muchas veces en situaciones similares. En la desidia y en el desamparo, pero también nos encontramos reflejados. La lucha nos permitió encontrar una canalización e, incluso, poder creer que a pesar de la impunidad podemos revertir algunas cosas si las luchamos. Lo contrario es resignarse, es como que uno muere en vida”.
Poco después se escuchaba desde los parlantes del escenario la voz del Alberto, padre de Darío Santillán, quien destacaba: “Una lucha no es una sola lucha, sino que es de todos. Venir es una manera de reafirmar que estamos juntos. Es para que nos vean, sobre todo, y sepan que no somos invisibles, por más que lo quieran”. Asimismo, el padre del militante asesinado, remarcó con respecto a la causa de su hijo: “Pensaban que nos iban a conformar con la prisión de Franchiotti y Acosta, pero nosotros seguimos, apuntamos para arriba, a los responsables políticos. Hay dos justicias: una para los que menos tienen, que es palos, presos o desaparecidos; y otra para los poderosos y políticos que siguen amparando”.
 
Como representante de los organismos de derechos humanos, pasó por la transmisión especial de la RNMA Enrique “Cachito” Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, quien explicó el porqué de su presencia en el acto: “Vinimos aquí, desde nuestro lugar de militantes populares. Nosotros siempre decimos: porque luchamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando. Desde ese punto de vista, nuestra postura desde hace 30 años, desde que existe la AEDD, es siempre acompañar a todos aquellos que luchan por sus derechos y a su vez denuncian las violaciones actuales a los derechos humanos. Acá en la plaza quizás tengamos a los máximos exponentes, que son los familiares de aquellos que fueron asesinados por el propio estado. Me parece que lo correcto, justamente por ser sobreviviente de las políticas genocidas de este estado, es estar al lado de ellos, luchando por memoria, verdad y justicia. La misma que pedíamos frente a los juicios de los genocidas. Tenemos que entender más allá de las diferentes situaciones  y los diferentes momentos del país, no es lo mismo hoy que hace 35 años atrás, la dictadura, pero el aparato represivo del estado sigue cumpliendo su mismo rol. Por eso, nos parece que tenemos que acompañar  a todos aquellos que hoy en día están en la calle reclamando”.
 
En ese sentido, uno de los temas sobre los que opinó Fuckman fue el del editorial del diario La Nación que pidió el cierre de los juicios a los genocidas: “Los juicios los conseguimos porque habíamos logrado un consenso social a favor de ellos. Los vamos a seguir manteniendo mientras sigamos teniendo ese proceso social. Lo de La Nación no me extraña absolutamente nada, es lo que esperábamos que haga. Salir a reclamar por sus socios cómplices”.
 
También acercó sus palabras al escenario Mónica Alegre, madre del joven Luciano Nahuel Arruga, desaparecido y luego encontrado sin vida enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Mónica denunció: “Hay todavía chicas y chicos que no se encuentran, que los siguen matando día a día, y que nadie hace nada, ni los Kichner, ni los Scioli.Nosotros vamos a seguir acá, de pie, pidiendo justicia para nuestros hijos. O nos dan la justicia que se merecen nuestros hijos o nosotros la vamos a tomar. Estamos cansados de que nos pisoteen y nos ultrajen. A mi me llevaron 17 años de mi hijo, y no me voy a conformar con 10 años (de condena a los autores materiales del crimen), porque ellos van a salir y mi hijo no va a volver. Voy a ser su sombra, les voy a respirar en la espalda, no me van a ver caer. Voy a seguir como una loca, como ellos me dijeron. Me van a ver de pie siempre. Donde haya un pibe desaparecido ahí va a estar esta loca”, aseguró, en un grito emocionado y dolorido.
 
Acercaron, entre otros también, su solidaridad y palabras Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y dirigente delPartido Obrero, una delegada de la comisión interna de ATE de trabajadores del Hospital Garrahan, como así también el trabajador y delegado de la Línea 60,Néstor Marcolín.
 
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) también tuvo su espacio en el acto para decir unas palabras. Dos de sus integrantes, Ezequiel e Irina, leyeron un texto consensuado por los medios que integramos la RNMA, donde destacaron: “estamos acá en el escenario y eso no es casual. Porque nosotros somos comunicadores populares y somos militantes populares. Las familias que están aquí nos conocen. Para los medios hegemónicos del sistema ellos son, en la mejor de las circunstancias, algunos casos; a veces ni eso, porque no les dan espacios en sus medios. Cuando hablan de las causas, toman como un hecho la versión policial; ponen a las víctimas en el lugar de victimarios; siembran dudas; instalan mierda. Para nosotros, estas causas no son casos ajenos. Son nuestras causas. Y en nuestros medios hablan las familias. Denunciamos, juntos, la represión policial e institucional que sufren nuestros pibes y pibas en los barrios. Nuestros medios son sus medios y también una herramienta de lucha”.
 
“Cuando vamos a una marcha, somos parte de las luchas que contamos, así que estamos de este lado -continuaron- como pasó el 13 de marzo de 2013, que durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, dos compañeros nuestros,Esteban Ruffa de ANRed y “El Polaco”, de Dtl! y Antena Negra TV, fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana, la nueva policía de la nueva política, que solo quiere ser como las peores policías. La Metropolitana, cuando sea grande, quiere ser como la bonaerense, o como cualquiera de las policías provinciales o la federal. Quieren ser eso, asesinos de nuestros pibes disfrazados de justicieros. También, como nos ocupamos tanto de los derechos humanos de hoy como los de ayer, los genocidas de la ESMA han utilizado durante el juicio que está en su etapa final, materiales de La Retaguardia, otro medio integrante de la RNMA para apretar a los fiscales. Por supuesto, también, para apretarnos a nosotros”.
 
Concluyeron su intervención señalando la histórica lucha de la RNMA por el reconocimiento de sus medios: “Hemos dado debate en los espacios previos a la sanción de la Ley de Medios. Hemos marcado durante los primeros cinco años como el AFSCA de y por Martín Sabatella, se dedicó a no cumplir la ley. Denunciamos, exigimos, movilizamos. Finalmente conseguimos, hace algunos días, que varios de nuestros medios, y otros que pertenecen a otras redes de medios comunitarios, alternativos y populares, obtengan un reconocimiento de parte del estado. No tenemos licencias, pero algunos sí tenemos reconocimiento del estado. No nos lo dieron, lo arrancamos en las calles”. También la RNMA remarcó su preocupación por el allanamiento y decomiso de equipos  sufrido por el canal  Antena Negra TV: “conseguimos en las calles, que también nos los devuelvan. Sin embargo, un compañero del canal, Martín Sande, está imputado por comunicar. Este martes 1 de diciembre, en la Cámara Penal en Comodo Py, ahí en la calle vamos a estar exigiendo su absolución, acompañados como siempre, por los y las compañeras de CORREPI”.
Hacia el fin del acto, una gran cantidad de familiares de víctimas de la represión policial e institucional fueron subiendo al escenario para mencionar, uno a uno, el nombre de su familiar caído, detalles de las circunstancias de su asesinato y el nombre del policía asesino. Mientras, otros familiares posaban para los fotógrafos con las imágenes de sus víctimas.
Tres familiares de víctimas del gatillo fácil leyeron el documento central y las palabras finales quedaron a cargo de María del Carmen Verdú, que detalló, analizó y caracterizó las estadísticas generales del informe anual represivo 2015 y de los últimos 12 años.
 
 Escuchá o descargá la transmisión completa de la RNMA  

 
 
 Esta apertura de caminos de la afirmación en la dignidad humana de quienes son desposeídos por el capitalismo   y de la construcción de justicia social desde abajo, adquiere otra visión complementaria con las asambleas de autoconvocados por la vida en resistencia a la "acumulación por exterminio" Leer que es el extractivismo. Aún más, al defender sus territorios se unen con los pueblos originarios en ir contra el desarraigo, la desintegración de la comunidad y la expulsión hacia las barriadas desamparadas de las grandes ciudades. También cuestionan al capitalismo en su privilegio del lucro oligopólico por sobre las necesidades de las grandes mayorías. Por eso, el capitalismo pretende acallarlas y quebrarlas.
 

 

Los asambleístas, ni citados ni sobreseídos
29 de agosto de 2011
La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme la decisión de no citar a declaración indagatoria a diez asambleístas de Gualeguaychú, denunciados porque en el marco de sus protestas por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos cortaron el puente internacional General San Martín. Sin embargo, no fueron sobreseídos en la causa iniciada por el gobierno nacional el año pasado. Ahora, la denuncia vuelve al juez de primera instancia, quien decidirá si continúa el proceso penal.
La Sala III de Casación consideró "mal concedido" un recurso de la Cámara Federal de Paraná para que analice la causa y envió el expediente al juez de primera instancia Gustavo Pimentel, quien ya había decidido no acusar a los asambleístas, informaron hoy fuentes judiciales.
 
El Gobierno denunció el año pasado a diez asambleístas por los delitos de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento por haber mantenido cortado el puente ubicado sobre la ruta nacional 136 que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos.
Los denunciados fueron en Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
 
La Fiscalía de Paraná había pedido la citación a indagatoria de los acusados pero el juez Pimentel consideró que no había mérito para acusarlos. La causa llegó a la Cámara Federal de Paraná que también rechazó citar a los asambleístas y habilitó que Casación se pronuncie sobre el tema.
Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucchi y Gustavo Mitchell consideraron "mal concedido" el recurso de la Cámara por considerar que al no tratarse de una sentencia definitiva no deben intervenir. El tribunal rechazó el recurso "sin entrar en la cuestión de fondo" pero con su fallo dejó vigente la no citación a indagatoria y ordenó que la causa vuelva al juez Pimentel.
Al respecto el abogado Luís Leissa explicó que "la sentencia no era definitiva y en consecuencia no cabía un recurso extraordinario. El recurso extraordinario de casación sólo está reservado a aquellas sentencias que son definitivas".
"Lo que la Cámara está diciendo es que acá no hay elementos; es una derrota del ministerio fiscal porque le dice que interpuso un recurso extraordinario cuando no correspondía y se vuelve a foja cero, al 2010, cuando el procurador del tesoro (Joaquín) Da Rocha, por instancia del Ejecutivo nacional que dictó un decreto, querelló a los asambleístas", recordó el letrado.
"Como no está cerrada la causa, no hay una sentencia definitiva, la causa vuelve a la Cámara federal y por disposición de dicha Cámara va a volver al Juzgado federal", manifestó.
"El Juzgado federal de primera instancia de (Gustavo) Pimentel va a tener que decidir en que consistió la intervención de estas personas a quienes querelló el gobierno, va a tener que eventualmente correrle vista al agente fiscal y ver si se promueve una causa penal", indicó el asesor legal. "No hay elementos, la denuncia del gobierno fue un despropósito, con el único objetivo de amedrentar y acallar la protesta", dijo.
Asimismo señaló que "el objetivo era desalentar la protesta y es por esto que en pocas horas se buscó judicializar el reclamo, querellar a los mismos y afectar el reclamo genuino de la gente".
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Otra vez represión en Andalgalá - Catamarca
Publicado por Liberpueblo /3 de enero de 2013

 
Comunicado de Prensa
31-12-12
Conciencia Solidaria se solidariza con el pueblo andalgalense que, una vez más, fue cobardemente reprimido, por ejercer su derecho de defender la Vida.

Fue este sábado 29 de diciembre, durante la Caminata por la Vida - nº 161-, caminata que sábado a sábado realizan los pobladores de Andalgalá en oposición a la megaminería metalífera a cielo abierto, destructora de la Vida en todas sus formas.

En su comunicado de ayer 30/12, la Asamblea El Algarrobo expresa: 

“El Nuevo Lema de los Gobiernos es REPRIMIR AL PUEBLO.
Durante el año 2012, Tinogasta, Belén, Santa María, Fuerte Quemado y Cerro Negro fueron el foco de continuas ACCIONES REPRESIVAS, anoche por 3ra vez, Andalgalá formó parte de este proceder.
Hermanos Argentinos, seguimos sosteniendo que estamos ante una Nueva Dictadura, “LA DICTADURA MINERA”, donde los únicos protegidos son las Empresas Multinacionales, y donde el derecho de los PUEBLOS NO EXISTE.
El Propio Pueblo es quien tiene que salir a defenderse, siempre desde la Libertad y la “Justicia”. Hoy en Andalgalá - Catamarca, esos VALORES están quebrantados porque quedó demostrado que las fuerzas del orden en manos de quienes defienden lo indefendible intentan dominar la fuerza popular, coartando todo tipo de EXPRESIÓN.
En la noche del sábado 29/12/12, en la caminata 161, el pueblo cansado de que se le impidiera el paso por sus propias calles, sorteó los vallados policiales. La policía lejos de acatar el mandato popular se abalanzó con palos y golpes contra mujeres, adultos mayores y niños con inusitada violencia y saña.
Transcurridas ya 24 horas de tal abuso y represión ninguna autoridad pública, incluido el intendente de la ciudad de Andalgalá, dió explicaciones ni han respondido por los violentos actos de la policía en la noche de ayer. Muy por el contrario, durante este año la persecución, la criminalización de la protesta y la militarización de nuestra ciudad se impuso categóricamente sin que las autoridades se expresaran al respecto, o utilizaran los medios jurídicos y legales con que cuentan, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, como así también la libertad que nos asiste en nuestro derecho a manifestarnos.
A pesar del dolor, el desamparo y la indignación, somos conscientes que ganamos una nueva batalla, como hermanos y ciudadanos de un pueblo que jamás entregaremos a las multinacionales.
En Andalgalá no HAY NI HABRÁ LICENCIA SOCIAL. LA PAZ SOCIAL LLEGARA CUANDO LAS MINERAS SE VAYAN!!!
ANTE ESTA SITUACIÓN LO ÚNICO QUE CUENTA ES, SEGUIR LUCHANDO UNIDOS CON EL OBJETIVO DE DEFENDER EL AGUA, LA TIERRA Y LA VIDA.

¡¡¡ FUERA LA MEGA MINERÍA DE ARGENTINA !!!
¡¡¡ EL ACONQUIJA NO SE TOCA !!
¡¡¡ VIVA ANDALGALÁ !!”


En unidad al reclamo del pueblo andalgalense y al de todos los pueblos que incansablemente luchan para preservar la Vida, el Territorio y el Agua, Conciencia Solidaria hace un llamado a los medios de comunicación para que se sumen a la difusión y contribuyan a que situaciones como éstas no queden en el silencio y el olvido.

Contactos de la Asamblea El Algarrobo
03835 15401235
03835 15528071


Para mayor información comunicarse con:
Sandra Gioia
Coordinadora de Prensa de Conciencia Solidaria
(011) 15 3264 3601


SIN AGUA NO HAY VIDA.
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Famatina: judicialización y represión a un pueblo que ya dijo “no”
16 de octubre de 2015

 

Desde hace una semana los vecinos de Ángulos, localidad del departamento de Famatina, bloquean el paso a la minera MIDAIS S.H. reafirmando que no quieren actividad minera en la zona. Ante la falta de respuestas y la denuncia de la empresa contra 35 asambleístas, ayer intentaron avanzar hacia el campamento de la mina “para exigirle que se retiren”, dice Carina Fernández Moreno desde la cordillera. Fueron reprimidos por la Policía de La Rioja con balas de goma y gases lacrimógenos, y hoy siguen manteniendo el corte el lugar de siempre.
Dice Carina: “Hay que ver que llevamos casi 10 años de lucha. Hemos corrido a Barrick Gold de nuestras tierras, la minera que derramó un millón de litros de agua con cianuro recientemente. Hemos corrido a una minería China de uranio. Ahora queremos que se retire este proyecto”.
El campamento está, desde el momento en que se asentó, con guardia policial permanente. “Tenemos destinados 18 efectivos las 24 horas, y desde ayer hay un total de 50 entre policía e infantería”, relata Carolina Suffich.
La asamblea ya había avisado que avanzaría hacia la mina, respaldándose en un petitorio que realizaron los vecinos para que la empresa se retire de Ángulos en un plazo de 7 días. El petitorio fue entregado a la empresa MIDAIS y firmado por su titular, Miguel Urtube, el 4 de octubre. Sin embargo, la firma aparece más a modo de notificación que de compromiso; la verdadera respuesta al petitorio fue una notificación que le llegó a 35 vecinos el día después.
La empresa MIDAIS hizo una presentación que denuncia a 35 vecinos por daños en el campamento y amenazas a los empleados de la minera. Entre ellos se encuentran el propio intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, el cura del pueblo Omar Quinteros, la viceintendenta y una diputada provincial, además de asambleístas como Carina Fernández Moreno.
 
Dice el intendente Bordagaray: “El juez dispuso que no nos podemos acercar a menos de 3 mil metros de los empleados de MIDAIS ni de su campamento. Es una cosa insólita que el intendente de un pueblo, ni sus vecinos, no se puedan acercar a zonas de su propio pueblo. Pero bueno, así esas son las condiciones que tenemos hoy”. Si los vecinos violan esta medida, podrían ser imputados en una causa judicial.
Bordagaray, que acompañó ayer la cruzada de los vecinos hacia la mina, radicó una denuncia por la represión contra el jefe del operativo y el jefe de seguridad de la policía riojana, “como responsable de los hechos que acontecieron”.
Remata: “No tenemos mucho conocimiento del nuevo proyecto, pero lo principal es que la gente no lo quiere y tenemos que respetar la decisión social. La gente seguirá resistiendo y nosotros como autoridad tenemos la tarea de acompañar el reclamo del pueblo”.
 

   

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