Es reparar en su criminalidad
de lesa humanidad y construir el Nunca Más
a las "zonas de sacrificio".
Es hora de escuchar e incorporarnos, los
diversos de
abajo, a las organizaciones populares en lucha como:
Andalgalá camina, nunca más una mina
15 de
febrero de 2018
Compartimos las reflexiones de una integrante de la Asamblea El Algarrobo, que
da cuenta de los daños irreversibles que la megaminería provoca en nuestro
medioambiente. Resaltar la lucha del pueblo de Andalgalá que lleva 8 años
luchando y resistiendo el avance de un modelo extractivo que rapiña nuestros
recursos.
Por
Silvina Reguera para ANRed
Resulta inadmisible, impensable, injustificable creer que
después de más de dos décadas de saqueo y contaminación de la empresa extractiva
la Alumbrera, el pueblo de Andalgalá podría soportar un proyecto minero tres
veces superior y así permitir la destrucción completa de ese lugar con la
instalación de Agua Rica.
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo
hay que llamarlo. Los modelos de minería que se están practicando en Argentina,
están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos
desde veinte años a esta parte: Ecocidas.
Esa es la razón por la que han crecido también las
resistencias de los diferentes pueblos, transformadas en asambleas, las cuales,
a través del tiempo y en defensa propia se han ido agrandando con el poder
ciudadano de la autodeterminación y en resguardo de sus recursos naturales.
La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas,
directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en
cualquier parte el material triturado que no les interesa.
En Alumbrera, por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina para otras actividades. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
El yacimiento se encuentra entre las más grandes
explotaciones de cobre y oro del mundo, exporta 200 mil toneladas anuales de
cobre y 25 mil toneladas de oro.
Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500
habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio,
línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para
ejecutivos, y servicios de agua y energía eléctrica que nunca se cortan.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes
de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que
purifican el mineral.
Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 40 hectáreas y casi
200 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es
enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de
largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el
“Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí
viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con
un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran
parte de Catamarca y Tucumán.
El 15 de febrero de 2010 (y ante rumores de los días
previos) el pueblo de Andalgalá salió a la calle de manera espontánea y masiva a
decir: NO.
Pero no era un NO caprichoso y sin fundamentos, era y es un
rotundo NO con conocimiento de causas y consecuencias.
Porque es mentira que la minería en gran escala es
“progreso para los pueblos”, o que es un “motor de desarrollo para la economía
del país”, o que crea “muchos puestos de trabajo”, o que la minería “se instala
en zonas postergadas, creando un círculo virtuoso, generando desarrollo y
elevando el nivel de vida de la población” o que puede ser “limpia, no
contaminar el ambiente, y que se puede hacer sin riesgos ambientales” como
también es mentira que “no se puede vivir sin minería”, hay modelos alternativos
aplicando la teoría de las 3R: Recuperar, Reciclar y Reutilizar, tan simple como
eso.
Ante la clara postura de gobiernos nacionales y
provinciales, anteriores y actuales de seguir en ese camino de más saqueo, mas
contaminación, más destrucción y más pobreza, y sabiendo que, mientras los
minerales permanezcan en las montañas el peligro estará siempre latente, es que
como ciudadanos de cualquier parte, afectado directa o indirectamente, tenemos
la obligación moral de defender lo que ellos (elegidos por la mayoría y pagados
por todos) no defienden.
Andalgalá lleva ya ocho años deteniendo el Proyecto Agua
Rica, seguramente, en unos años estaremos rememorando los diez años y después
las dos décadas y así por siempre. Lo cierto es que está comprobado que la lucha
debe ser conjunta y permanente, sin olvidar que a la par de todo esto, se
encuentra una “justicia” muy parcial, que actúa en beneficio de las
corporaciones, violando leyes y apañando la represión de quienes se manifiestan.
Hoy, el aire que se respira en Andalgalá es de pura memoria
porque todavía está a tiempo, porque en el inconsciente colectivo todavía está
la esperanza de una vida mejor.
“No hay caminos para la libertad, la libertad es el
camino”.
---
Los habitantes de Chubut,
nuevamente en lucha
contra los proyectos de megaminería.
18 de
febrero de 2018
La
alarma se encendió entre los vecinos autoconvocados, tanto de la cordillera (Esquel
y Trevelin) como en ciudades de la costa (Trelew, Puerto Madryn y Puerto
Pirámides). Luego que en el 2003, en un histórico plebiscito, Esquel le dijo no
a la minería, del trabajo de los vecinos que consiguieron leyes contra los
efectos contaminantes y de la presentación de una iniciativa popular nunca
tratada, nuevamente el poder político nacional, en connivencia con intendentes
de la provincia, quieren imponer proyectos de megaminería, a los que la
población ya les dijo no.
Por
Carina Batagelj para ANRed.
El presidente
Mauricio Macri, en su reciente gira europea, firmó un pre acuerdo con su par
ruso, Vladimir Putin, para la explotación de uranio en la meseta, al tiempo que
convino con la minera canadiense Pan American Silver para la explotación de
plata. De este modo, pasó por encima las leyes provinciales y el fuerte
convencimiento de la población, junto con opiniones de especialistas del tema,
de que la actividad minera es altamente contaminante y pone en serios riesgos el
agua y la tierra.
Con el propósito
de imponer estos proyectos, el próximo martes 20 (inicialmente era el 21, pero
en estas últimas horas se adelantó un día) se realizará una cumbre minera con la
presencia del Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y con
intendentes que promueven la minería, en la pequeña localidad de Telsen, en la
meseta chubutense.
Esto suscitó una
rápida y enérgica reacción de los vecinos, siempre atentos a la ambición de la
megaminería, quienes llevaron adelante asambleas cada vez más populosas,
volanteadas con información, charlas con especialistas sobre las consecuencias
sociales y ambientales del extractivismo, entre otras actividades. Otro eje fue
desarticular el discurso político, que trata de vender -en una provincia donde
caló fuerte el ajuste y hubo miles de despidos- que la minería es la solución
para los problemas. No se habla que esos puestos serían por pocos meses, hasta
la instalación de la planta, y luego el proyecto se mantiene con una docena de
personas.
El Licenciado
Roberto Ochandio, geógrafo y especialista del tema minero, afirma: “Lo que no
nos está diciendo el gobierno es que explotar uranio significa destruir,
intencionalmente, un acuífero. Los acuíferos desembocan en el río Chubut; toda
la contaminación que se produzca, con metales pesados, con elementos
radioactivos, va a ir a parar directamente al rio Chubut. La gente, los
superficiarios, que toman agua de ese acuífero, o la gente que se alimenta del
rio Chubut, aguas abajo, va a sufrir las consecuencias”.
Es decir, un
proyecto que, por un pequeño beneficio económico, pone en serio riesgo la salud
de sus habitantes y deja una contaminación por miles de años.
¿A quiénes
benefician realmente los proyectos de megaminería que se quieren imponer por
sobre la voluntad popular? ¿Es la única manera de generar empleo? ¿Por qué no se
trata el proyecto de iniciativa popular presentado al consejo, respaldado por
más de 13000 firmas y pensado por los propios vecinos, una ley que defiende a la
población chubutense de los estragos de la megaminería?
Como cuestionan
en el documento leído en la marcha del 4 de febrero los vecinos autoconvocados
de Esquel: “¿Para qué han servido funcionarios provinciales y municipales que a
lo largo de 15 años no han logrado generar nada de fuentes productivas reales y
genuinas?”.
Esta semana será
muy importante no solo para la provincia de Chubut, ejemplo de lucha en defensa
del medio ambiente y la vida, sino para los pobladores de otras provincias, que
están siendo presionados para aceptar proyectos de megaminería en sus regiones.
Como sostiene Marta Sahores, integrante de la Asamblea por el No a la Mina, “lo
único que frena a las mineras son los pueblos organizados”.
Fuentes originales: noalamina.org (y FB del mismo nombre); Asamblea Vecinal del Golfo Nuevo (FB); UAC Trelew Valle y la costa chubutense (FB); Frente vecinal Esquel (FB); En Chubut megamineria no (FB). Las citas de Roberto Ochandio y de Marta Sahores fueron tomadas de red43 y de La portada, respectivamente.
En contra de
la criminalidad de lesa humanidad del capitalismo es prioritario saber
sobre:
todos los extractivismos, sus consecuencias y quiénes y cómo están ya luchando para ponerles fin.
Averigüemos sobre envenenamientos causados por el sistema global de
agronegocios y las luchas desde diversos de abajo:
Argentina - Saladillo: Se viene el Encuentro de Pueblos Fumigados de Bs. As "Caminando hacia el Buen Vivir"
7 de
marzo de 2018
Este 17 y
18 de marzo de 2018 en Saladillo, vamos a hacer el 9no. Encuentro de Pueblos
Fumigados de Bs. As y el 2do. de Agroecología.
Es que vivimos en un país fumigado: cada año el
agronegocio aplica en nuestros territorios millones de litros de agrotóxicos que
impactan sobre nuestros cuerpos y en el ambiente.
Las corporaciones mienten para convencernos de que no hay
peligro. Se han encontrado restos de venenos en donde menos te lo imagines; y
científicos independientes han demostrado los daños tremendos que producen.
Por eso desde hace años los Pueblos Fumigados
nos venimos organizando para alertar a la población y exigirle al Estado que
tome medidas para protegernos.
Es mentira que no tenemos alternativas a los
transgénicos y a los venenos. Cada vez con más fuerza los productores del campo
y los consumidores de la ciudad buscamos tener alimentos sanos y a precios
justos. La Agroecología tiene mucho para enseñarnos en ese sentido.
¡Podemos estar en el mundo de otra manera!
- Más
información sobre el Encuentro: Aquí
Fuente: Huerquen
comunicaciones
---
Argentina: El río de los venenos
5 de marzo de 2018
Miles de peces
muertos aparecieron este verano en las orillas del Litoral. Y aunque los
distintos gobiernos relativizaron la cuestión, un estudio científico advierte
que puede deberse a la acumulación de agrotóxicos en la cuenca del Paraná.
Por Ricardo
Serruya
Desde Santa Fe
Desde Santa Fe
La calma de
febrero se vio sacudida por imágenes que mostraban miles de peces muertos en el
Litoral argentino. En algunos medios, sitios de internet y pantallas de
celulares aparecieron peces de distintos tamaños y gran cantidad de rayas que
flotaban sin vida en las costas de ríos y lagunas.
La primera
noticia provenía de Paraguay. Cuando estaba terminando enero, en el río que
lleva el mismo nombre que el país guaraní aparecieron los primeros peces sin
vida. Al poco tiempo, provincias argentinas atravesadas por ese río y el Paraná,
comenzaron a replicar lo que sucedía más al norte: diferentes tipos de fauna
ictícola yacían en las orillas.
La preocupación
hizo que autoridades políticas de diferentes provincias salieran a intentar
explicar lo sucedido. Salvo el director de Recursos Naturales de la Provincia de
Corrientes, Carlos Luis Bacqué, quién no descartó la presencia de agroquímicos
fosforados, los demás funcionarios minimizaron el tema y argumentaron que se
trataba de una suba de temperatura en el agua, producto del agobiante calor
vivido por esos días que, junto a la crecida, generaba una baja de oxígeno.
Un estudio de la
Universidad Nacional de La Plata demostró la presencia de glifosato “en altos
niveles” en la cuenca del río Paraná, además de precisar que 23 arroyos estaban
contaminados con ese producto.
La celeridad y
falta de pruebas que sustentaban lo dicho hizo pensar que se trató más de frases
vacías que de una explicación que dejara tranquila a la población. Una vez más
apareció la posibilidad de que el hecho sea la consecuencia de la contaminación
del agua de los ríos por herbicidas y agrotóxicos.
No es poca cosa,
se trata de veneno.
En julio de 2016, los investigadores del Conicet Damián Marino y Alicia Ronco, integrantes del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente que depende de la Universidad Nacional de La Plata, demostraban la presencia de glifosato “en altos niveles” en la cuenca del río Paraná. Además se precisaba que 23 arroyos que surcan su recorrido, desde el Río Pilcomayo hasta el Río Luján, se encontraban contaminados con este producto.Después de cinco años de arduo y serio trabajo, la investigación era publicada en la reconocida revista Enviromental Monitoring ad Assessment. Por aquellos días, Damián Marino lo explicaba sin rodeos: “La actividad agropecuaria está impactando en el medio ambiente y los herbicidas utilizados no sólo están en el campo sino que se movilizan hacia distintas zonas para entrar en contacto con las cuencas hídricas”, aseguró.
El dato revelador
fue que la presencia de este herbicida en los ríos era la consecuencia directa
del actual modelo productivo rural: la presencia de este veneno se intensifica a
medida que se navega por las zonas de alta concentración de producción
agropecuaria.
Los defensores
del modelo suelen argumentar que los niveles de presencia en agua son los
considerados normales, pero el mismo Marino aclara: “Cuando hablamos de
compuestos sintéticos, ningún valor debería considerarse normal”.
El estudio
revelaba que, por sus características, el herbicida tiende a adherirse en el
fondo, acumulándose en el barro, lo que haría que pueda desplazarse hacia las
costas y se acumule en playas. El mismo Marino afirmaba que ante esta situación,
había que “diseñar políticas y continuar con los estudios para ver si los
niveles aumentan o bajan”.
Obviamente nada
de esto se llevó a cabo.
Las autoridades
no aceptaron los consejos y hoy, ante la mortandad de peces, volvieron a imitar
al avestruz: sólo atinan a decir que se trata de una consecuencia climática.
Un cóctel sin
permiso
La investigación
llevada a cabo por Ronco y Marino resulta trascendental y se sumó a lo que el
ingeniero forestal y master en desarrollo humano sostenible, Claudio Lowy,
repite desde hace tiempo:
“Todos estos estudios demostraron que los pesticidas
están en nuestros cuerpos, en los alimentos, en el agua de lluvia y hasta en la
leche materna”, remarca Lowy, que se refiere a los trabajos llevados a cabo, por
ejemplo, por Rafael Lajmanocich en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa
Fe o los del mismo Andrés Carrasco.
Sin embargo, y a pesar de lo grave que puede resultar la presencia de este tóxico en el agua de los ríos que conforman un hábitat, pero también un espacio de baño, esparcimiento y hasta de consumo humano, ninguna de estas precisiones científicas fueron ni son tenidas en cuenta por las autoridades provinciales y nacionales.
Hoy, la presencia
de peces muertos –que este verano se dio en el Litoral y también en La Pampa—
prende una luz roja que nos dice que algo sucede en esos lugares. Y que ante
estos escenarios, al menos debiera contemplarse el principio legal precautorio
que estipula que frente a alguna eventual obra o actividad con posible impacto
negativos en el medio ambiente, debiera suspenderse hasta determinar con certeza
que no es maligno.
Algo de esto
vislumbraba el entrañable Andrés Carrasco: “Con las fumigaciones, el daño
potencial futuro no se sabe. No se puede predecir con el uso de esta tecnología
cómo afectará a la flora y la fauna y hasta la salud humana… por eso hay que
aplicar el principio precautorio y debatir el tema”, decía.
Damián Verzeñassi
es médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario, responsable de más de una veintena de campamentos
sanitarios realizados fundamentalmente en las provincias de Entre Ríos y Santa
Fe, que mostraron con evidencia concreta que en las poblaciones donde se
practica el tipo de agricultura basado en la siembra directa y las fumigaciones,
las enfermedades, malformaciones y abortos se multiplican exponencialmente.
Apenas conocida la investigación de Marino y Ronco, Verzeñassi reconoció el trabajo: “El equipo viene haciendo monitoreos en el río Paraná desde hace cinco años, no son aventureros, arrancaron en Pilcomayo e hicieron varias mediciones porque una sola no da datos certeros”, comenta. Y agrega: “Lo que ellos hicieron fue ratificar con evidencia científica, dura, lo que venimos diciendo desde hace muchos años: esa falacia que nos quisieron hacer creer los defensores de agroindustria, los vendedores de química, en cuanto a que el modelo no genera consecuencias. Es falso. Decían que las proteínas del suelo metabolizan al glifosato cuando llega allí y este estudio demuestra lo contrario”.
Verzeñassi sabe
cuánto mienten aquellos que están al frente de la máquina propagandística que
minimiza todo, sólo dan a conocer datos que no se sustentan en ninguna
investigación y que surgen de las usinas de las mismas empresas del agronegocio.
Este médico lo sufre constantemente cuando atacan su trabajo, por eso advierte:
“El resultado de esta investigación es que el glifosato ha llegado a los barros,
al fondo del río Paraná, pero que lo ha hecho con mucha mayor concentración
desde la mitad de la Provincia de Santa Fe hacia abajo, lo que quiere decir que
—indudablemente— el modelo de producción agroindustrial adicto a agrotóxicos
tiene responsabilidad en esta contaminación del agua”.
Las voces son
claras y contundentes. Sin embargo, las autoridades prefieren limitar esta
matanza masiva de peces a la crecida del río y a las altas temperaturas.
Desestiman el estudio de los investigadores de La Plata, que justamente plantea
una hipótesis distinta: la acumulación de agrotóxicos en los ríos, en ocasiones
en mayor cantidad que la que se encuentra en la tierra de los campos, puede ser
la causa.
Millones de
personas viven con una espada de Damocles sobre sus vidas, contaminadas,
envenenadas por agua, aire y a través de los alimentos. “Nadie nos pidió permiso
—dice con sabiduría Verzeñassi— para aplicarnos un cóctel de venenos que nadie
puede afirmar que no tiene impacto a mediano o largo plazo en la salud de las
poblaciones”.
Nada puede
justificar que el tema no haya estado en la agenda ambiental y sanitaria de los
estados provinciales: hace casi dos años que el estudio fue publicado y la
evidencia de tantos peces muertos debiera haber generado ocupación y
preocupación. Es una falacia plantear –como algunos lo expresaron— que hicieron
estudios en el agua y que la cantidad de químico encontrado no alarma y que
cumple lo que la OMS plantea como aceptable, cuando la investigación plantea
alta concentraciones en el fondo, en los barros y cuando se sabe que no debiera
existir cantidad alguna.
No es posible
aceptar químicos venenosos en nuestros ríos como una consecuencia natural de un
modelo de producción que daña, enferma y contamina.
27 de febrero
de 2018
---
Ciencia y
glifosato: interpelando órdenes.
Una investigación
en la prensa en el contexto argentino.
María Paula Blois *
* Licenciada en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. paublois@yahoo.com.ar.
Fecha de recepción: diciembre
de 2015. Fecha de aprobación: mayo
de 2016.
Resumen
En abril de 2009 el embriólogo Andrés Carrasco hizo pública en el diario Página 12 una investigación realizada en su laboratorio sobre los daños que causa el glifosato, insumo fundamental de la agricultura basada en transgénicos. Dada a conocer en la prensa antes de ser sometida a la evaluación por pares, la investigación provocó desacreditaciones y apoyos. Enfocando el proceder de este embriólogo y algunos acontecimientos que se sucedieron tras la publicación en el diario, en este trabajo se indaga el lugar de los científicos que producen conocimientos interpelando a su vez su propio rol y el de su ciencia. Advirtiendo que el estudio sobre el glifosato, la publicación en la prensa y la pregunta por el sentido de la ciencia que este científico plantea insistentemente son parte del mismo cuestionamiento a un orden vigente, se concluye con una serie de reflexiones acerca de la posibilidad y el tipo de cuestionamiento, así como sobre las modificaciones posibles.
En abril de 2009 el embriólogo Andrés Carrasco hizo pública en el diario Página 12 una investigación realizada en su laboratorio sobre los daños que causa el glifosato, insumo fundamental de la agricultura basada en transgénicos. Dada a conocer en la prensa antes de ser sometida a la evaluación por pares, la investigación provocó desacreditaciones y apoyos. Enfocando el proceder de este embriólogo y algunos acontecimientos que se sucedieron tras la publicación en el diario, en este trabajo se indaga el lugar de los científicos que producen conocimientos interpelando a su vez su propio rol y el de su ciencia. Advirtiendo que el estudio sobre el glifosato, la publicación en la prensa y la pregunta por el sentido de la ciencia que este científico plantea insistentemente son parte del mismo cuestionamiento a un orden vigente, se concluye con una serie de reflexiones acerca de la posibilidad y el tipo de cuestionamiento, así como sobre las modificaciones posibles.
Contexto
El lunes 13 de abril de 2009 el embriólogo Andrés Carrasco
hizo pública en el diario Página 12 una investigación realizada en
su laboratorio sobre los daños que causa el glifosato en embriones de anfibios. Carrasco tomó
la decisión de hacerla pública en ese espacio junto con el periodista Darío
Aranda, quien ya venía informando sobre las denuncias y enfermedades de las
poblaciones de distintos lugares de Argentina. El científico se puso en contacto
con el periodista, su informe "salía con Darío o no salía".
La noticia fue
tapa del diario. En ella Carrasco afirmaba:
Las anomalías
mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación
causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto
oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica
(Aranda, 2009a).
Las denuncias de
los efectos nocivos de los plaguicidas sobre la salud de las poblaciones que
habitan en zonas cercanas a cultivos datan de varios años. Los pobladores
declararon aumentos de cánceres, malformaciones, abortos espontáneos y otras
enfermedades.
Ya a fines de 2001, en el Barrio Ituzaingó
Anexo, un barrio contiguo a la ciudad de Córdoba, un grupo de mujeres, las
"Madres de Ituzaingó", había comenzado a movilizarse al identificar un llamativo
número de casos de cáncer. Desde principios de 2006 el GRR (Grupo de Reflexión
Rural),1 con
el apoyo de organizaciones como el CeProNat (Centro de Protección a la
Naturaleza) de la ciudad de Santa Fe y la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas),
entre otras (Arancibia, 2013), llevó adelante la campaña Paren de fumigar que
nació como "gesto solidario a partir de conocer y de comenzar a respaldar, a
partir de 2005, a las Madres de Ituzaingó Anexo" (Rulli, 2009: 12).
La campaña incluyó un trabajo de relevamiento
de enfermedades asociadas con agroquímicos realizado por médicos y vecinos de
pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba que se plasmó en el
libro Pueblos Fumigados de 2009.
Los reclamos de
las comunidades han promovido el trabajo de muchos científicos y médicos2 que
abordaron los problemas asociados con los agroquímicos desde diversas
dimensiones. El propio Andrés Carrasco aludió a las Madres de Ituzaingó, emblema
de la lucha contra la contaminación y los agroquímicos, como uno de los móviles
de su investigación. Existen además otras investigaciones que anteceden a la de
Carrasco. El informe del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados3releva
y expone varias de estas investigaciones.
La noticia del año 2009 en
Página 12 hizo pública la dimensión político-sanitaria del cuestionamiento a un
modelo productivo que se venía dando desde hacía tiempo y que contemplaba
también la denuncia de otros efectos "socioambientales" tales como el avance de
la frontera agrícola a costa de desmontes y el desplazamiento de poblaciones
rurales, la degradación y contaminación de suelos y cursos de agua, como también
la pérdida y destrucción de la biodiversidad
(Giarracca,
2008, 2013; Teubal, 2008, 2012; Merlinsky, 2013).
Sin embargo, en
el escenario argentino donde el comercio de soja transgénica constituye una de
las principales fuentes de ingresos, la investigación en la prensa resultó
perturbadora porque cuestionaba públicamente uno de los venenos clasificados
como menos tóxicos y, a su vez, insumo fundamental de la agricultura argentina
actual.
El glifosato es
la sustancia activa del herbicida más utilizado en cultivos transgénicos.
Originalmente fue desarrollado, patentado y comercializado en diversas
formulaciones por la multinacional Monsanto. Su marca más famosa es Roundup. La
patente de Monsanto sobre el glifosato expiró en el año 2000 y hoy una gran
cantidad de empresas, incluida Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fabrican
el herbicida que lo contiene.
Si bien en nuestro país también se siembran algodón y maíz genéticamente modificados, dada su fenomenal y veloz expansión, la soja4 se ha convertido en el emblema de los transgénicos. La forma de producción de esta soja combina la semilla transgénica con el sistema de siembra directa5 y el uso de herbicidas a los que es tolerante. El herbicida a base de glifosato actúa inhibiendo una enzima de las plantas. La soja transgénica está especialmente confeccionada para tolerar ese veneno de modo que con el glifosato la soja vive mientras el resto de las plantas muere. El sistema de siembra directa además implica el barbecho químico que consiste en el mantenimiento del suelo libre de malezas durante el período de tiempo que va desde la cosecha de un cultivo hasta la siembra siguiente mediante el uso de herbicidas.
En la actualidad
el crecimiento de producción basada en transgénicos con siembra directa ha
llevado a un aumento del uso de glifosato; pero además la aparición de plantas
con resistencias a la sustancia conduce a un aumento en el consumo tanto de este
herbicida como de otros venenos. En mayo de 2015, por ejemplo podía leerse en La
Nación Campo que sólo en el año 2014 "creció 9% el mercado de agroquímicos por
la expansión de las malezas" (Bertello, 2015).
Según estimaciones de Karin Skill y Ezequiel Grinberg (2013) a partir de datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en 2010 se utilizaron en el país más de 313 millones de litros de agroquímicos, de los cuales 200 millones (64%) correspondieron al glifosato.En el documento "Evolución del mercado de Herbicidas en Argentina" (2012), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) afirmaba el "rol de vital importancia" de los agroquímicos en el modelo agroproductivo argentino, en el que los herbicidas lideran las ventas: en el año 1997 se usaron 75,5 millones de litros mientras que en 2011 se utilizaron 252 millones.
Regulaciones
En Argentina la
aprobación y el registro de los productos agroquímicos está a cargo de la
Dirección de Agroquímicos y Biológicos (DIRABIO) del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Un plaguicida, 6 como
el herbicida a base de glifosato, es un producto que se compone de una sustancia
activa y otras sustancias coadyuvantes, destinado a controlar alguna plaga. Su
evaluación es realizada por diferentes áreas técnicas del organismo sobre la
base de la documentación presentada por las empresas interesadas. Todos los
estudios presentados son reservados, no de acceso público. Lo único que es
público es el marbete del envase y la hoja de seguridad. La inscripción del
producto y la entrega del certificado habilitan su comercialización y uso.
Según la
normativa hay cuatro categorías de productos a registrar. Las diferentes
categorías implican, entre otras cosas, la realización de distintos exámenes
toxicológicos. Acerca de las características del proceso de registro, los
funcionarios de la DIRABIO insisten en que "internacionalmente es así".7
Los
agroquímicos/plaguicidas además se clasifican según su toxicidad aguda. Para
ello se siguen prioritariamente los parámetros establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Los ensayos que
dan lugar al registro y la clasificación deben realizarse en un laboratorio
registrado en la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico, creada en
2006 y dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del
SENASA. Los laboratorios deben cumplir con los requisitos de las denominadas
"buenas prácticas de laboratorio" desarrolladas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En Argentina, el glifosato es "Clase iv (Producto que normalmente no ofrece peligro)", en una escala que va de i (incluye ia y ib) al iv y donde iv es la categoría menos tóxica. Esta clasificación, advierten desde la DIRABIO, "debe constar en la etiqueta del producto, como así también las medidas precautorias generales, los riesgos ambientales, el tratamiento de remanentes y envases vacíos, almacenamiento, acciones ante derrames, primeros auxilios, advertencias para el médico, consultas en caso de intoxicación, etcétera" (Comunicación personal vía correo electrónico).En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que integra la OMS, afirmó que el glifosato "puede provocar cáncer en seres humanos". En Argentina no hubo ninguna modificación oficial respecto al registro o la clasificación del glifosato.
Si la
introducción de nuevas tecnologías en el mercado implica necesariamente la
elaboración de normas y estándares de calidad, seguridad, eficacia y protección
de la propiedad intelectual (Arancibia, 2012), aquí esas normas y estándares son
objeto de objeción por parte de algunos actores que, entre otras cosas,
denuncian que están realizadas a partir de una ciencia funcional a los intereses
de las empresas.
El trabajo de Carrasco puso en cuestión este andamiaje de estudios que regularizan y aprueban tecnologías. Su investigación sobre el glifosato en embriones de anfibios detectó efectos teratogénicos8 que no son reconocidos por aquellos estudios. Y aunque Carrasco no limitó sus críticas a las formas de clasificación y registro, en ellas quedó incluida la objeción al "obvio conflicto de interés inherente al trabajo cuando las compañías que venden el producto son las mismas responsables de testear su seguridad" (Carrasco, 2011: 610). 9Esta objeción impugna sesgos generales tales como el tipo de ensayo, disciplinas y mecanismos que intervienen, así como quiénes arbitran esas elecciones. ¿Por qué toxicología y no embriología? ¿Cómo se constituyó este sistema regulatorio? ¿Qué lugar ocuparon históricamente las empresas interesadas y cuál las voces singulares o disidentes? ¿Quién define cómo se regula lo regulable?Aquí el "conflicto de interés" es "inherente" al orden regulatorio tal y cómo está organizado. Un orden que admite, entre otras cosas, la presencia de conocimientos confidenciales y reservados, la participación de especialistas de la industria en los comités de expertos de entidades regulatorias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un importante lugar a las empresas en la definición de los estándares y las reglamentaciones.
Visión oficial
Las denuncias de
las poblaciones que advierten aumentos de enfermedades han recibido algunas
respuestas oficiales. Una de ellas, que se constituyó ante los reclamos del
Barrio Ituzaingó de Córdoba, ha sido la creación, por decreto presidencial
21/2009, de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) el
16 de enero de 2009.
Dicha Comisión se
presenta destinada a "la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en
casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y
el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional, la que
funcionará en la órbita y con sede en el Ministerio de Salud" (Decreto 21/2009).
Entre sus objetivos se establece: investigar los hechos denunciados, sus causas
y efectos, efectuar recomendaciones, proponer acciones, planes y programas,
delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos.
Todas las
acciones de esta Comisión se orientan a hacer cumplir las normas y promover el
buen uso de los productos: se promocionaron cursos de capacitación, se publicó
una "Guía de uso responsable de agroquímicos", se elaboraron proyectos pilotos
sobre gestión de envases y "capacitación para la prevención", entre otras cosas.
La visión
predominante en los organismos oficiales es que los daños sobre la salud y el
ambiente que se pueden estar produciendo se deben a un uso inadecuado de los
productos, a la falta de control y de poder de policía. La solución, por lo
tanto, es mayor control y el uso adecuado en el marco de las buenas prácticas
fitosanitarias.10
Desde esta
perspectiva los venenos son herramientas de las que hay que hacer un "uso
racional". Las nociones de "mal uso" o "uso responsable", adjudicando la
responsabilidad al usuario, implican cierta idea de neutralidad ligada a una
noción instrumentalista de la tecnología (Feenberg, 2012).
Estas ideas y nociones están directamente relacionadas con el "internacionalmente es así" con que se justifican las formas de registro de los productos en un contexto de predominio y naturalización de regulaciones dictadas por los organismos internacionales. Este marco queda expresado de la siguiente manera en la voz del ex vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: "no hay barreras políticas en los países, las tecnologías fluyen" (Programa Bichos de Campo, 6 de septiembre de 2012).Ahora bien, ese marco es impugnado por Carrasco y otros actores que consideran que no existe la posibilidad de pensar en la neutralidad de las tecnologías. No se puede separar la tecnología de los intereses que le han dado lugar. Los marcos regulatorios internacionales son promovidos por las empresas y determinados actores en función de sus propósitos, por lo tanto son expresión de sus propios intereses. Señala Carrasco con respecto a las soluciones oficiales:El modelo es consustancialmente perverso porque habilita a usar todos los insumos ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran, ni a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en importar los productos, que esas normativas existan. (Carrasco en la Primera Jornada de Nutrición, Salud y Soberanía Alimentaria, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 2014)
La
investigación en la prensa
Al momento de la
publicación del artículo en Página 12, Andrés Carrasco era un científico que
vivía en Buenos Aires, era investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y había sido presidente de dicha institución
entre los años 2000 y 2001. Era un doctor especializado en embriología molecular
que dirigía el laboratorio de embriología molecular en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires y había tenido reconocidos éxitos científicos
en su campo disciplinar en relación con el hallazgo y caracterización de genes
controladores del desarrollo en vertebrados.
El propósito de
Carrasco fue investigar en el laboratorio un tema que visibilizaba en la
sociedad: "ese tema era un tema, había un tema, estaban los de Ituzaingó,
estaban los reclamos del interior. Yo me propuse estudiar esa molécula de
desarrollo embrionario porque había un tema oscuro de lo que se reclamaba en el
territorio, esto no lo oculté nunca" (Carrasco, 2012, comunicación personal).
Su investigación resultó de la incorporación de saberes y experiencias de las comunidades. Y como los problemas sociales requieren que se los tematicen como tales, el rol de Carrasco y la visibilidad que prestó fueron fundamentales. Su accionar contribuyó a definir e imponer el asunto de los agroquímicos en la agenda social (Kreimer y Zabala, 2006). El tema se transformó en un objeto público, determinando tomas de posición y provocando respuestas y acciones concretas. Sobre este punto la reconocida trayectoria científica de Andrés Carrasco, su capital científico, ha jugado un papel cardinal.
La publicación en
un medio de comunicación masivo hizo visible preocupaciones preexistentes y
provocó reacciones, dando lugar al tratamiento público de distintos temas por
parte de actores pertenecientes a diversos ámbitos, más allá del ámbito
científico. Las afirmaciones públicas de Carrasco, fundamentadas en términos de
un "dilema moral" (Aranda, 2009b), vinieron a afectar intereses de empresas
multinacionales y empresarios del campo, así como también políticas de gobierno
basadas en la agricultura industrial centrada en transgénicos.
Al principio, una
de las objeciones más repetida fue el lugar y la forma de dar a conocer la
investigación: la ausencia de evaluación por pares. Este tipo de objeción deja
ver maneras de actuar y valores asumidos y defendidos por los científicos. Para
algunos, el sistema de evaluación por pares, aun reconociendo sus límites y la
posibilidad de fraudes, es una forma de validar el conocimiento que ofrece
cierta garantía de confianza. Otros señalaban que se trataba de no alertar a la
población con asuntos no evaluados por otros científicos.
La explicación de
Carrasco sobre su decisión apuntó al funcionamiento del sistema científico y al
tipo de conocimiento en cuestión:
No hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y se lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva. […] En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican, no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa (Aranda, 2009b).
El accionar de
Carrasco movilizó a actores de ámbitos diversos, haciendo que el glifosato
tomase protagonismo en espacios geográficos, como por ejemplo la ciudad de
Buenos Aires, e institucionales, como el Comité Nacional de Ética en la Ciencia
y la Tecnología del Ministerio de Ciencia (CECTE), que hasta el momento podían
considerarse alejados de la temática.
Este comité, por
ejemplo, el 4 de mayo de 2009 publicó un documento en el que sugería la
formación de una comisión interdisciplinaria "para revisar a la luz de los
conocimientos más recientes los múltiples aspectos relacionados con los posibles
riesgos del uso del glifosato" (CECTE, 2009). Otro documento que parece haber
promovido el accionar de Carrasco es "Proposiciones para una ciencia y una
tecnología socialmente responsables" en el que el CECTE explicita: "Es
recomendable no difundir resultados de investigaciones a través de medios de
comunicación masivos antes de que hayan sido sometidos a un proceso de
evaluación por pares" (CECTE, 2013: 4).
Ahora bien, en tanto el glifosato convoca investigadores de diferentes ámbitos científicos -académico, regulatorio (Jasanoff, 1987) y de la industria- se abría la posibilidad de que mientras a Carrasco se le objetaba la ausencia de publicación en una revista científica, los conocimientos requeridos para la aprobación y registro de los plaguicidas pudieran ser "información confidencial".Los diferentes dominios dan lugar a defensas o reprobaciones que pueden ser usadas en uno u otro sentido. Diferentes formas de legitimación se confrontan. Producir conocimientos contra-hegemónicos y dar visibilidad a un tema plagado de fuertes intereses en un contexto de fuerzas desiguales es aquí un tema central y la iniciativa de Andrés Carrasco de publicar en un diario que permite la llegada a nuevos públicos puede leerse en este sentido.La investigación de Carrasco, y otras precedentes, buscan confrontar cierto orden de cosas establecido y hacen la "ciencia no hecha". La noción de "ciencia no hecha" refiere a "la sistemática no-producción de conocimientos" (Frickel y otros, 2010); remite al hecho de que en general los actores interesados en una tecnología son los mismos que generan el conocimiento sobre su implementación. "El capital, el interés y el conocimiento suelen alinearse en busca de determinados resultados […] del lado de quienes pueden llegar a recibir el impacto de los proyectos, suele no haber recursos económicos ni institucionales para generar conocimiento" (Vara, 2012: 60).
La nota en el
diario y lo que suscitó hicieron públicas además las tensiones del trabajo
científico, poniendo a consideración del público el supuesto desinterés de los
científicos y la pretendida neutralidad de la ciencia.
El ministro de
Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, fue el único actor de un organismo oficial
que salió a cuestionar la investigación, en principio, con tres señalamientos:
1) Desvinculaba al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) de la investigación de Carrasco: no es el CONICET, los investigadores
hablan por sí mismos. 2) Insistía en que la investigación no había sido
publicada en una revista especializada. 3) Hacía objeciones al experimento,
relativizando sus resultados.
El
posicionamiento del ministro Lino Barañao no dejó lugar a dudas cuando recibió
al periodista Héctor Huergo, partidario de la agricultura industrial y
transgénica, en el Ministerio de Ciencia para el programa El campo, la industria
verde.
La entrevista
comenzó preguntando por "un supuesto trabajo de investigación que de alguna
manera involucra al CONICET". Barañao respondió que "es un trabajo que no ha
sido publicado, él [Carrasco] comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa.
Esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET ni el resultado de una
investigación institucional". Dijo que en el "caso del glifosato existen normas
para su aplicación que ha fijado la Secretaría de Agricultura sobre la base de
evidencias experimentales que se han realizado a nivel mundial". Y sostuvo
además que "habría que relativizar un poco estos resultados porque no son
directamente extrapolables a lo que puede ocurrir en una situación de campo"
(Programa El campo, la industria verde, 2 de mayo de 2009).
La investigación
en la prensa tuvo otros efectos. Tras su publicación, CASAFE movilizó abogados y
un escribano público que se presentaron en el CONICET y en el laboratorio donde
trabajaba Carrasco buscando el estudio sobre el glifosato. Además, si desde
diciembre de 2007 Carrasco ejercía como Subsecretario de Innovación Científica
de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, en julio de 2009
debió renunciar a su cargo como consecuencia de la agitación causada.
El proceder de
Carrasco también suscitó diversas interpretaciones. Por ejemplo, sobre el
horizonte de la pugna por la Resolución 12511 La
Política Online publicó que la noticia en Página 12 fue una "embestida oficial
para demonizar a la soja" con un estudio "de un funcionario del ministerio de
Defensa de Nilda Garré" (La Política Online, 2009b). Afirmaba que "Carrasco es,
además de funcionario nacional, un investigador de la UBA y el CONICET. Por eso,
aunque no cuenta con el aval de ninguna de estas dos prestigiosas entidades, el
oficialismo buscará instalar el informe en sus órbitas" (La Política Online,
2009a) e infería como "ideólogo de la ofensiva al periodista y asesor político
de Néstor Kirchner, Horacio Verbitsky", otro periodista de Página 12.
En este esquema
interpretativo, La Política Online afirmaba con respecto a la postura de Lino
Barañao:
El ministro, muy
cercano a la presidenta, salió así al cruce de un operativo que tuvo como usina
la propia Casa Rosada […]. Las hipótesis sobre esta jugada de Barañao que se
verá completa recién el fin de semana son muchas. La primera y más fuerte, es
que el hombre podría haberse subido a la ola de los 'funcionarios críticos' (La
Política Online, 2009c).
Existieron
asimismo episodios de censura y violencia contra Carrasco que permiten reparar
en el grado de conmoción que provocaron sus afirmaciones. Por ejemplo, en abril
de 2010 se hizo pública una carta que Carrasco envió a Marta Rovira, presidenta
del CONICET, pidiendo explicaciones por la negativa a dar una charla propuesta
por él sobre su investigación en el espacio institucional del CONICET en la
Feria del Libro.
El científico
observó severamente:
No es
descabellado interpretar la decisión tomada por el CONICET, como censura de una
investigación científica realizada en el país para bloquear su difusión pública.
Bloqueo que lesiona la libertad académica al subordinarse a intereses ajenos a
la ciencia y al mismo tiempo es un mensaje de disciplinamiento, para todos
aquellos que intenten una crítica desde el sentido de la ciencia, a criterios y
políticas instituidas desde el poder económico y sus voceros (La Vaca, 2010).
En agosto de 2010
en la localidad de La Leonesa, provincia de Chaco, Andrés Carrasco y otras
personas que lo acompañaban debieron suspender una charla programada en una
escuela a causa de un incidente que incluyó la agresión física de parte de
"patotas coordinadas por empresarios arroceros, el intendente José Carbajal, y
la mujer del intendente, Elda Insaurralde, diputada del PJ" (La Vaca, 2015:4).
Ahora bien, el
apoyo público también tuvo lugar. En mayo de 2009 centenares de académicos,
científicos, artistas, intelectuales y organizaciones diversas -nacionales y
extranjeros- emitieron una declaración publicada en Internet en la que
expresaban:
Hacemos pública
nuestra posición crítica ante toda intromisión mercantilista y pragmática del
poder económico sobre la autonomía del sistema científicouniversitario. Con la
retórica del "productivismo" que corre en estos tiempos -diferenciándose de la
acumulación financiera de décadas anteriores- se busca sacar del debate aquello
que en la comunidad internacional hace tiempo está siendo objeto de
preocupaciones y acciones de redes científico-académicas: el conocimiento,
especialmente el público, ¿está sitiado por el mercado? […] El discurso de
políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las
corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de
sirena del "desarrollo sustentable" del modelo sojero y la "minería responsable"
como factor de transformación, y ese discurso hegemónico es estratégicamente
legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las
transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado […]. En estos
momentos de gran debate por la aparición pública de los resultados de una
investigación de agroquímicos de expandida difusión en la agricultura argentina
afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario
autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de
pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo
disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus
sectores sociales de mayor vulnerabilidad (Voces de Alerta, 2009).
Los nombres de
investigadores de trayectoria como Miguel Teubal, Maristella Svampa, Mirta
Antonelli, Susana Aparicio y Norma Giarracca, que desde el campo de las ciencias
sociales abordan críticamente diferentes implicancias del modelo productivo
argentino, encabezaban la lista de firmantes junto a personalidades con una
larga vida de militancia por los Derechos Humanos como Nora Cortiñas y Adolfo
Pérez Esquivel.
El texto surgió
como reacción a las primeras respuestas tras la publicación de la investigación
en Página 12 (cuando los abogados de CASAFE salen en busca del trabajo y el
Ministro Barañao desacredita la investigación en el programa de Huergo),
apuntando al carácter del nudo entre política científica y política productiva12 promovido
desde instancias estatales, nudo que estimula una ciencia supeditada al mercado
y en el que muchos científicos cumplen roles muy precisos (Lander, 2010).
Otros apoyos a
Carrasco provinieron además de infinidad de personas y movimientos sociales que
agradecieron y levantaron su palabra. Aunque la investigación fue publicada
posteriormente, en agosto de 2010, en la revista especializada Chemical Research
in Toxicology, con el título de "Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic
Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling", otras objeciones
continuaron. Algunas apuntaron directamente al experimento y al modelo
utilizado: afirmaban que una sustancia cualquiera administrada de esa forma
puede afectar el desarrollo de embriones de anfibios; que cualquier sustancia
puede ser teratogénica con esas exposiciones. Otras se dirigían a la posibilidad
de correlacionar el laboratorio con el territorio. Carrasco defendía su saber:
"Yo tengo suficientes años en el oficio, sobre todo en el oficio de la
embriología, como para decir si esto es un sensor y lo que pasa en un anfibio,
en un pez, en un pollo, en una rata, también puede pasar en el humano"
(Carrasco, 2012, comunicación personal).
La discusión
sobre el experimento expone límites asociados, en parte, con formas de ver
disciplinarias. Según Sheila Jasanoff (1995), lo que constituye un experimento
adecuadamente controlado es distinto para un biólogo molecular, un toxicólogo o
un epidemiólogo. Aquí una de las cosas que se pone en juego es quién tiene el
detector correcto de lo que se consideraría la evidencia: Carrasco desde la
embriología o los toxicólogos desde la toxicología. Sin embargo, la discusión
sobre el detector correcto no se produce por la falta del reconocimiento de una
"señal empírica" como tal (Collins, 2009), no se discute la replicabilidad del
experimento de Carrasco o el "estatus existencial" de las malformaciones en sus
ranas.
Una de las
cuestiones aquí sería entonces indagar qué intereses y dimensiones se ponen en
consideración para definir el detector correcto, o dicho de otra forma, examinar
las razones históricas del éxito de la ciencia toxicológica para determinar los
ensayos que fundamentan las regulaciones.
Ciencia y
formas de vidas
El estudio sobre
los anfibios surge a partir de los reclamos de las poblaciones sobre la
existencia de enfermedades y se integra con otras investigaciones en una
controversia acerca de los daños que provocan los agroquímicos en la salud
(Kaczewer, 2002; Simoniello, Scagnetti y Kleinsorge, 2007; Simoniello y otros,
2008; Aiassa y otros, 2012; Arancibia, 2013), pero esta controversia alimenta
una discusión mayor sobre los modos de producción y, en definitiva, sobre las
maneras de vivir y las formas en que se deciden esas maneras (Ricoeur, 1991;
Callon, Lascoumes y Barthe, 2001; Vara, 2004; Pestre, 2005; Svampa, 2012)
Si en general
existe un consenso entre los diferentes actores, incluidos los que trabajan en
organismos oficiales, de que el modelo productivo vigente tiene efectos nocivos
como la expulsión de pobladores rurales, la dependencia económica de un producto
como la soja y el vaciamiento de minerales de los suelos (Pengue, 2000, 2003,
2005; Teubal, 2008, 2012; Giarracca, 2008, 2013; Bravo y otros, 2010; Gras y
Hernández, 2013), la diferencia es que para algunos el tema de los agroquímicos
es una cuestión de "buen uso" y, por lo tanto, separable de la discusión
política sobre la política productiva (Ministerio de Salud, 2011; Feenberg,
2012; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2013).
Desde la
Dirección de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud,
un funcionario, José Olivieri, 13 así
lo expresa:
Dejando de lado
el aspecto económico, la modificación del modelo agrario significó un cambio
conceptual muy fuerte para el país. Para empezar, estos fenómenos tan
importantes como el cambio en el movimiento de la frontera agrícola con la
consiguiente pérdida de tierras nativas dedicadas al pastoreo o a los bosques no
es un tema menor en el mediano plazo. El cambio de producción implica un
distinto desgaste de la calidad del suelo y eso no es un tema menor con la
perspectiva en el mediano plazo. El modo de producción tecnificado sigue
expulsando gente del ámbito rural hacia la periferia de los ámbitos urbanos y
esto no es menor mirado con una perspectiva de mediano plazo. Bueno, insisto en
que estoy diciendo todo esto dejando de lado los aspectos económicos. Esa es una
discusión. Es una discusión muy distinta a la discusión de si el glifosato
digamos… No es un mal argumento retórico, pero la discusión sobre el modelo de
país se da en otro escenario. Nadie va a cambiar el modelo de producción porque
catorce tipos protesten contra el glifosato (Olivieri, 2014, comunicación
personal).
Del otro lado, el
uso de agroquímicos es indisociable de una forma de producir con efectos
negativos de todo tipo. Incluso, entre los actores que cuestionan el modo de
producción vigente, hay quienes desaprueban tener que demostrar que los "venenos
envenenan" en tanto, entre otras cosas, significa seguir con lo que el orden
establecido impone e invertir la carga de la prueba. Carrasco lo expresa de la
siguiente manera:
"Decir que el problema es el glifosato es achicar el discurso.
Uno debe hacer un esfuerzo intelectual y analizar que el glifosato es un
emergente. Es una consecuencia indeseada. Una forma de ver el desarrollo de un
país"
(La Capital, 2010).
Carrasco junto con otros científicos y médicos producen conocimientos despegándose del papel limitado del especialista que desaprueban. Salen a las calles a defender su ciencia y sus conocimientos, se constituyen en portavoces de una problemática de salud pública, usan otros mecanismos sin descartar los habituales de sus prácticas profesionales y expresan el disenso en la arena pública. Andrés Carrasco explicitó insistentemente la parcialidad de la ciencia e hizo la ciencia no hecha desde un lugar particular:Yo no creo en la ciencia tal como está estructurada epistémicamente. Nada es neutro, ni siquiera lo que yo hago. Cuando uno cruza los relatos así, se sale de lo técnico, hace la reflexión, eso molesta al poder. Eso molestó porque eso fue tildado en algún lugar como anticientífico o como político. Y ahí es donde me parece que se rompe el molde. El científico-científico nunca se sale de su molde porque está convencido de que el conocimiento puede ser neutro, a veces objetivo pero fundamentalmente neutro (Carrasco, 2012, comunicación personal).
Su politización
no implicó sólo desnaturalizar convenciones o indicar sesgos y conflictos de
intereses. Fue una politización más primordial:
La trampa está en
ontologizar la ciencia y la tecnociencia y explicar toda la realidad, haciendo
caso omiso a las propiedades emergentes de la complejidad natural. Ese reemplazo
no es una distracción, es una omisión. Se omite parte del conocimiento, y por lo
tanto aparece una complicidad reduccionista, entonces la lucha epistémica es por
el sentido y la oclusión de la certeza. Lo verdaderamente científico es no
obturar el debate, no ocultar miradas diversas, no cerrar certezas en una
ciencia que se auto-justifica para tratar de acercarse a la verdad. No existe lo
puramente científico, siempre, independientemente del paradigma, el conocimiento
está inmerso en lo político. Otra cosa es la lucha por la construcción de
sentido del conocimiento. Eso es el poder en acción (Carrasco, 2013,
comunicación vía correo electrónico).
Carrasco puso sus
conocimientos y acciones al servicio de una idea de emancipación social,
política, cultural e incluso epistemológica.
Yo estoy en
Latinoamérica, yo estoy en otro continente, acá me rodea otra realidad, hay otra
cosmogonía inclusive. Nos importaron el positivismo, nos importaron las ideas de
eugenesia ¿viste? Ahora, ¿qué hicieron en Europa desde 1870 para acá? Guerras,
con dos mundiales, ¿ese es el resultado del positivismo? Ese es el positivismo
al servicio de un proceso supuestamente civilizatorio, ese es el positivismo
para dominar, la ciencia como instrumento de dominación, lo vienen aplicando.
¿Somos felices? (Carrasco, 2012, comunicación personal).
Boaventura de
Sousa Santos -cuyas lecturas se hacen explícitas en las palabras de Carrasco-
sostiene que la "ecología de saberes" se basa en "el reconocimiento de la
pluralidad de conocimientos heterogéneos -uno de ellos es la ciencia moderna- y
en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su
autonomía (De Sousa Santos, 2010: 49). La ecología de saberes "no implica
desacreditar el conocimiento científico. Simplemente implica su uso
contra-hegemónico" (De Sousa Santos, 2010: 52-53).
Éste es el lugar
y el uso de la ciencia llevado a cabo por Carrasco. Su estudio sobre embriones
de anfibios, su publicación en la prensa o la pregunta por el sentido de la
ciencia que planteó con insistencia, son parte del mismo cuestionamiento al
orden vigente.
"¿Cómo pensar una ciencia en y para nuestro contexto?" ha sido una preocupación de Oscar Varsavsky, a quien evocó frecuentemente Carrasco. Las preguntas que este científico formula persistentemente: "¿ciencia para quién?", "¿ciencia para qué?", actualizan algunas reflexiones del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología (PLACTS) surgidas en una "dinámica endógena" gestada a partir de la "matriz de la teoría de la dependencia" (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996).Ese movimiento heterogéneo,14 constituido por pensadores, científicos y tecnólogos, que emergió en América Latina entre las décadas de 1960 y 1970, coincidía en el cuestionamiento a la neutralidad y universalidad de la ciencia y la tecnología, y con diferentes perspectivas postulaba la necesidad de producir una ciencia y una tecnología abocadas a los problemas locales.
En términos de
grados de realización, el sentido "anti-dependentista" proclamado encontró
cierta posibilidad de concreción con la inclusión de algunos de estos
científicos en el ámbito estatal (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996).
No obstante, el golpe de estado de 1976 puso fin al
período marcado por ese movimiento crítico.
En la actualidad,
aquel pensamiento sobre el significado sociopolítico de la práctica científica
es considerado por algunos especialistas como uno de los antecedentes de los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología de nuestra región. Sin embargo,
según Dagnino, Thomas y Davyt (1996), la agenda de PLACTS no fue adoptada por
las generaciones siguientes.
En términos generales, puede advertirse que aquella generación de Pensamiento Latinoamericano, conformada principalmente por científicos naturales, reivindicaba un pensamiento autónomo que objetaba la transferencia acrítica y descontextualizada de marcos conceptuales, formatos institucionales y usos administrativos de los países centrales.
En cambio, en las
décadas de 1980 y 1990, el campo CTS (Ciencia, tecnología y sociedad),
predominantemente en manos de científicos sociales, se fue componiendo como un
desarrollo disciplinar en el que los ideales y compromisos militantes dejaron
lugar a un "ethos académico". Advirtiendo estos y otros cambios, Leonardo Vaccarezza
(1998) manifiesta que,
si en Latinoamérica el
pensamiento en política científica y tecnológica de los años setenta se
estableció en torno a la construcción de proyectos nacionales, en las décadas
siguientes este pensamiento apuntó fundamentalmente a promover la competitividad
internacional de las unidades productivas,
de ahí que, sea
por el acotamiento al medio académico de los tópicos de conocimiento de CTS, sea
por la lógica de la administración como principio de adaptación a los dictámenes
de la competitividad internacional, el esfuerzo intelectual de CTS prescinde por
ahora de su carácter movilizador y de su pretensión de cambio
(Vaccarezza, 1998:
20).
El debate sobre
el glifosato parece traer de nuevo "la disyuntiva 'internacional' versus
'nacional'", vivida por los científicos de los "países en desarrollo" como una
verdadera antinomia frente al problema de la responsabilidad para con su Nación
(Vessuri, 2007).
Se reactualiza así, con otros elementos y en otro contexto, la cuestión del "desarrollo de una única vía". Otra vez la discusión es si es posible y deseable adoptar un "modelo de desarrollo" asociado a un modelo de ciencia con formas precisas en el marco de un orden globalizado colmado de resistencias y formas de reapropiación locales que no sólo cuestionan a las lógicas capitalistas; varios de los actores que objetan el modo de producción y el uso de agroquímicos hablan de "crisis civilizatoria" o de "crisis de la modernidad".
Sin embargo, lo
que resulta significativo además aquí es que en el Ministerio de Ciencia, en
2010, se creó el "Programa de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en
Ciencia, Tecnología y Desarrollo", uno de cuyos objetivos es: "analizar los
desafíos actuales del sector CTI (Ciencia, tecnología e innovación) a la luz del
Pensamiento Latinoamericano como insumo estratégico para la definición de
políticas públicas que promuevan la autonomía científica, tecnológica e
innovativa" (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2010).
De esta forma,
desde el centro de la política científica oficial se remite al PLACTS mientras
que simultáneamente también se habla de "promover la sociedad del conocimiento"
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015a) e "impulsar
la economía del conocimiento" (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, 2015b).
Según León Olivé,
desde mediados del siglo XX el concepto de "sociedad de conocimiento" se ha
venido usando para referir a un nuevo contexto en el que el desarrollo y el uso
del conocimiento científico-tecnológico con efectos en la economía, la educación
y la cultura han generado un entorno social diferente al de la sociedad
industrial. Entre los cambios que justifican el empleo del término se encuentran el creciente
ritmo de creación, acumulación, distribución, aprovechamiento y depreciación de
la información y del conocimiento; el desarrollo de las tecnologías que han
hecho esto posible, y sus efectos en las relaciones sociales [En este nuevo]
escenario económico que se ha venido conformando, los conocimientos y las nuevas
tecnologías han adquirido un lugar central como medios de producción (Olivé,
2007:102).
Se configura así
la denominada "tecnociencia", ese complejo de saberes, prácticas, instituciones,
sistemas y redes en los que colaboran conjuntamente equipos de científicos,
tecnólogos, administradores, grandes financiadores (como los estados ricos y las
empresas transnacionales), y donde se involucran intereses económicos, y en
muchos casos también políticos y militares.
A nivel
internacional se instaura un consenso que establece que los países incapaces de
desarrollar las nuevas formas de producción de conocimientos están condenados a
un porvenir incierto (Olivé, 2007). Se supone que para lograr participar
exitosamente del prometedor escenario es necesario contar con altos niveles de
formación, lo que, al parecer, es un tema de educación y capacitación científica
que debe ser llevado a cabo por los gobiernos nacionales y locales.
Ahora bien, no obstante las acciones emprendidas por los estados nacionales, Isabel Licha (1996) resalta que, de acuerdo a ciertos indicadores de ciencia y tecnología, se puede apreciar que la I+D (investigación más desarrollo) lejos de estar siendo globalizada, está concentrándose en pocos países, empresas e instituciones. En este sentido, junto con Enrique Oteiza (1996), la autora sostiene que la globalización funciona como un eufemismo que encubre procesos de corporativización y concentración.
El PLACT entonces
es revalorizado en un marco amplio e incluso contradictorio mediante el programa
del Ministerio de Ciencia del que
Carrasco dirá:
La política de
concentración de recursos y la concepción de generar conocimiento destinado a
ser tratado como mercadería transferible al sector privado, acompañada de la
paulatina privatización de los centros del aparato científico universitario y no
universitario requirió crear un lugar desde donde se propusiera una explicación
legitimadora de la política del Ministerio de Ciencia y Técnica partiendo de las
líneas del pensamiento latinoamericano que Varsavsky y Rolando García
sostuvieron, […] pero lo cierto es que el pensamiento latinoamericano de los
1960s y 1970s, en plena efervescencia revolucionaria, estaba
precisamente intentado superar la discusión de la etapa desarrollista jaqueando
al cientificismo
(La Vaca, 2013).
Carrasco critica
duramente
la política de mercantilización de los conocimientos y advierte que
"es donde mejor se ve la pátina neoliberal aggiornada con un discurso
neodesarrollista" (La Vaca, 2013).
Para el
científico, desde el Ministerio de Ciencia se apela a la palabra autorizada de
Varsavsky mientras se avanza "en la decisión política de acomodar el
conocimiento a la necesidad del sector privado y la oportunidad de negocios" (La
Vaca, 2013).
Hebe Vessuri
(2007) sostiene que en el escenario de la tecnociencia, los investigadores y
científicos se ven en el corazón de la estructura de poder pero que, sin
embargo,
la mayoría de los ellos son
asalariados que forman parte del engranaje de las complejas economías del
presente y pierden como grupo la capacidad de respuesta crítica frente a los
desafíos que plantean procesos que ya no pueden controlar.
En el caso aquí abordado, no obstante, puede observarse la presencia de científicos que interpelan su propio lugar y quehacer, cuestionan las políticas estatales e instan a recuperar la capacidad de respuesta crítica frente al entorno tecno-científico que concreta y profundiza una instrumentalización de la naturaleza en virtud de la preeminencia de determinadas disciplinas, como la biología molecular, y de la desestimación de otras perspectivas disciplinarias que contemplan la existencia de diversos tipos de desconocimientos y un gran grado de apertura hacia los eventos no anticipados e incontrolables (Böschen y otros, 2010).
Las imbricadas
relaciones entre el ámbito agroproductivo y el científico permiten entender la
crítica de Andrés Carrasco al glifosato y lo que ella y otras críticas
perturban. En su última aparición pública,
Carrasco hizo expresa la dificultad
de "desbrozar" el "problema" en diferentes partes y llamó a hacer el esfuerzo de
mirar "lo más holísticamente posible". El "modelo", según el investigador, es
fruto de una "decisión política", es un "modelo extractivista y es un diseño
geopolítico", y decir que se trata de un "control del territorio", de un
"control de los alimentos" y de un "control social" es "tomar el problema en su
integridad"
(Carrasco en Primera Jornada de Nutrición, Salud y Soberanía
Alimentaria, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 2014).
Reflexiones
finales
El proceso de
producción del conocimiento científico está inextricablemente ligado con las
formas de poder que ese proceso legitima y al que provee soluciones.
La manera en que
determinado conocimiento científico es valorado y significado afecta los planes
de intervención estatal y cuidado médico, así como la definición de riesgos y
enfermedades. Ciertos conocimientos científicos junto con las decisiones
políticas, las presiones populares y la disponibilidad de recursos tecnológicos,
modelan el marco de lo que se considera evidencia de los efectos de la
enfermedad (Petryna, 2002).
Si desde el punto
de vista antropológico, los hechos científicos se vuelven significativos en
términos de cómo, en su parcialidad, ellos se incorporan en una lucha por la
vida (Petryna, 2002). En la discusión sobre los agroquímicos dicha parcialidad
queda absolutamente descubierta: son los propios actores involucrados los que la
revelan.
Los estudios y
ensayos que se reivindican de cada lado de la disputa "no son simplemente formas
de representación literaria, maneras de pensar acerca del mundo. Son poderosos
instrumentos para la acción" (Good, 2003: 157).
Agrotóxicos,
componentes de un modelo agroexportador de materias primas y commodities que
compromete la vida en sus diversas dimensiones o fitosanitarios gracias a los
cuales Argentina contribuye a alimentar al mundo.
Los agroquímicos son más que simples compuestos químicos. Son entidades históricoculturales, como también lo son los experimentos realizados. Cada veneno es una potente fusión, un ensamblado de ingredientes entre los que se incluyen prácticas científicas, agendas políticas e intereses comerciales, sobre los que giran activismos sociales y medios de comunicación (Persson, 2004). Y en tanto entidades culturales son permanentemente resignificadas en un proceso que tiene causas y consecuencias materiales específicas e incidencia directa en la vida de las personas.
Las visiones
oficiales no detectan problemas sanitarios profundos asociados con los
agroquímicos y separan los temas: se trata, por un lado, de una discusión
sociopolítica y económica sobre un modelo productivo o socioeconómico y, por el
otro, de lo que dicen ciertos estudios científicos admitidos. Las discusiones,
según ellas, deben permanecer separadas porque pertenecen a dominios distintos.
La ciencia provee un conocimiento técnico, disgregable de otro tipo de materias.
Por su lado hay
científicos que, como Carrasco, hacen su ciencia evidenciando los daños que
provoca un modelo que debe modificarse; politizan la ciencia y la tecnología.
Una problemática
social, ambiental y sanitaria concreta reúne a científicos que discuten un
modelo productivo y generan conocimientos destinados al reconocimiento de
enfermedades, interpelando a su vez el propio rol. El científico ejerce su
profesión a la vez que le plantea fuertes críticas y limitaciones. Señala las
ignorancias e incertidumbres científicas frente a la complejidad de la realidad
a abordar pero rebate argumentos científicos con argumentos científicos.
El científico se expone. No todos lo hacen. Carrasco entiende que gran parte de la comunidad científica "se calló la boca" de cara a una "distribución de prestigio" que se expresa en "quién premia, dónde premia, quiénes son los elegidos, quiénes son los despenados" (Carrasco, 2012, comunicación personal).Hemos señalado que preguntar por el sentido de la ciencia interpela el contexto sociopolítico y tecno-científico donde ella arraiga. Dado el lugar que la ciencia ocupa en este contexto, preguntar por el para qué y el para quién es preguntar por las formas de vivir y los modos en que esas formas se deciden colectivamente (Klier y otros, 2015)Ahora bien, si en términos de resultados concretos, el trabajo de Carrasco fue considerado en fallos que establecieron límites a las fumigaciones en algunos lugares, o sus acciones junto con la de otros científicos han instalado el tema en la arena pública, entonces el escenario esbozado plantea algunas cuestiones relacionadas con la posibilidad de otros tipos de resultados en el marco del mantenimiento de la autoridad de la ciencia que el contexto fomenta.
Es decir, si los
habitantes de los pueblos deben recurrir a los científicos para presentar
conocimientos legítimos sobre los daños que observan en su salud, si los
trabajos científicos deben estar revisados por pares científicos, si algunos
científicos hacen otra ciencia, hacen la ciencia no hecha y así reproducen su
lugar de saber, ¿qué tipo de cambios son posibles?, ¿en qué dominios?
Simplificando tal
vez demasiado el planteo podemos preguntar si no es la misma autoridad del saber
científico la que habilita el cuestionamiento del lugar del saber científico.
Podemos preguntar también qué implicancias tiene eso.
¿Cómo
compatibiliza la demanda de ciencia y la democratización de las decisiones sobre
el propio territorio por parte de las poblaciones? ¿Quién puede, incluso
pensando en términos socioeconómicos, ser científico? ¿Cuáles son las
condiciones y grados de posibilidad de propuestas como los "foros híbridos"
(Callon, Lascoumes y Barthe, 2001), los "foros ciudadanos" (Fuller, 2003), la
"ciencia post-normal" (Funtowicz y Ravetz, 1993) o, más aun, un "diálogo de
saberes" (Leff, 2006)? Todas propuestas muy diversas que reubican en otro lugar,
más plural, al saber científico.
En el panorama
observado, es el científico el que plantea sus propios límites y posibilidades.
Desde punto de vista antropológico esto resulta significativo e interroga
asimismo la propia tarea antropológica.
Notas
1. El Grupo de
Reflexión Rural se conformó a mediados de la década de 1990, según se afirma en
su Declaración de principios, como "grupo de afinidad y como espacio de diálogos
y debates multidisciplinarios sobre los impactos del capitalismo global" (Grupo
de Reflexión Rural, 2012).
2. Estos
científicos y médicos se hallan posicionados en diferentes lugares sociales,
disciplinares y geográficos. Aunque coinciden en la objeción a los agroquímicos
como parte de una crítica general al modelo productivo vigente, difieren sus
formas de actuar así como sus prioridades y los recursos materiales y simbólicos
que movilizan.
3. El Encuentro de
Médicos de Pueblos Fumigados está destinado a generar un "espacio de análisis y
reflexión académica y científica sobre el estado sanitario de los pueblos
fumigados, y de escuchar y contener a los miembros de los equipos de salud que
vienen denunciando y enfrentando este problema" (Primer Encuentro de Médicos de
Pueblos Fumigados, 2010).
4. La expansión
adopta diversas modalidades y tiene dinámicas distintas en las diferentes zonas
del país. En las regiones "extrapampeanas" además de avanzar sobre áreas
dedicadas a la ganadería y a cultivos regionales -como el algodón o el poroto-,
implica la deforestación de bosques y la expulsión de poblaciones.
5. El sistema de
siembra directa comienza a ser utilizado en nuestro país en la década del 1970
(Gárgano y Souza, 2013). La siembra directa, muchas veces denominada
"conservacionista", busca preservar el suelo de la erosión de la labranza, de
manera que supone menos laboreo y más herbicidas. La Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa (AAPRESID) nace oficialmente en 1989 con 23
socios preocupados por preservar uno de sus principales recursos productivos: el
suelo. Y justamente será vía la SD (siembra directa) que terminarán
articulándose años más tarde, con la soja transgénica (Hernández, 2013).
6. En tanto el
lenguaje es un "depósito de construcciones naturalizadas" con poder performativo
y eficacia simbólica, como también objeto permanente de negociación (Foucault,
1998; Bourdieu, 2007), el uso de determinados términos, como "plaguicida" en
este caso, no deja de ser problemático en el marco de este trabajo puesto que
muchos de ellos son "categorías nativas" usadas o impugnadas por diferentes
actores.
7. La
justificación por el criterio de lo "internacional", no obstante, admite matices
y flexibilizaciones según contextos y conveniencias. De esta manera, en un
proceso que necesariamente requeriría estándares internacionales porque habilita
el tránsito internacional de sustancias, la joven dedicada al área regulatoria
de la multinacional Syngenta enfatiza la singularidad del sistema regulatorio
argentino: se trata de un sistema muy sólido que se toma como modelo en
Latinoamérica. Ahora bien, la localización o desactivación del criterio de lo
internacional también es posible cuando productos prohibidos en otros países se
siguen usando en Argentina.
8. Un agente
teratogénico es aquél que durante la gestación es causante defectos congénitos.
9. Traducción
propia de la carta que mandara Carrasco a la revista Chemical Research in
Toxicology en respuesta a la carta que especialistas -en su mayoría toxicólogos-
de las empresas Monsanto, Syngenta, Dow Chemicals, Cheminova, Nufarm Americas
Inc. y United Phosphorus Inc., unidas corporativamente, enviaron tras la
publicación del trabajo del investigador argentino.
10. Las formas de
nombrar constituyen indefectiblemente parte de la disputa. Si desde ámbitos de
promoción o apoyo al uso de estas sustancias se habla de "productos
fitosanitarios", en los ámbitos en que se los cuestionan se habla de "agrotóxicos".
11. Iniciado en
marzo de 2008, el conflicto en torno a la Resolución 125 involucró al gobierno
nacional y a las cuatro organizaciones agrarias que conformaron la "mesa de
enlace" agropecuaria (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales
Argentinas, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria
Argentina). El conflicto se suscitó por el establecimiento de un sistema de
retenciones móviles (es decir, con tasa variable en función de los precios
internacionales) para la soja, el trigo, el girasol y el maíz. Durando más de
ciento veinte días con cortes de ruta prolongados, el conflicto no perturbó el
modelo agrario sino que puso en discusión el reparto de las rentas generadas.
12. El Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA)
2010-2020 y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina
Innovadora 2020 formulan cabalmente esta conjunción y el carácter de las
políticas "productivistas" y "desarrollistas" expresadas durante el gobierno
kirchnerista.
13. Este es el
único seudónimo utilizado en este trabajo.
14. Según Adriana
Feld, las posiciones asumidas por estos autores "se distinguen, claramente, en
sus modos de comprender las relaciones ciencia-sociedad, el papel de la
tecnología y, sobre todo, las dimensiones políticas que atraviesan a los
conocimientos científicos y tecnológicos. [La autora identifica] dos grandes
vertientes ideológicas que, por supuesto, tienen consecuencias teóricas y
normativas divergentes: una más radical, cuyo representante emblemático fue
Oscar Varsavsky, puesto que cuestionó tanto el núcleo duro de la ciencia (sus
prácticas, sus agendas, sus modos de financiamiento, sus métodos, etcétera),
como también el orden social vigente; y una vertiente más moderada, que en la
definición-estigmatización de Varsavsky ha sido asimilada a las ideas
"desarrollistas", en las que se destacan los trabajos y reflexiones de autores
como Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Jorge Katz, Carlos Mallmann y Alberto Aráoz"
(Feld, 2011: 186-187).
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