Es ver que la 'democracia'
desde 1984
hasta hoy desarrolló la herencia dictatorial
de los '70.
En efecto, la descubriremos si priorizamos los análisis como el de Liliana Mazea que van más allá del
presente coyuntural e historian la realidad política y económica de Argentina.
Formas
contemporáneas de represión y discriminación:
Criminalización de la pobreza y la diferencia
7 de
octubre de 2006
Por Liliana Mazea
Opinión
(Si
el hambre es ley la rebelión es justicia)
La dictadura genocida se instauró para modificar la estructura económico-social y cultural vigente, con sus consecuencias hasta el presente, y mientras se mantenía la exigencia de juicio y castigo a los responsables del genocidio, los gobiernos posdictatoriales que le siguieron se enfrentaron asimismo con el reclamo en lo sustancial del cumplimiento de los derechos económicos que de distintas formas encararon los sectores populares.
Los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son indisociables (1)
El reconocimiento del hecho de que, sin derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos prácticamente carecerían de significado para la mayoría de las personas, constituye la característica principal del enfoque de la reafirmación de la universalidad de los derechos humanos que prevalece en nuestro siglo.
Vemos con naturalidad exigir el principio de no discriminación en el plano de
los derechos civiles y políticos y, al mismo tiempo, toleramos la discriminación
como si fuese "inevitable" en cuestiones de derechos económicos, sociales y
culturales.
Por eso también merecen protección jurisdiccional los derechos económicos, sociales y culturales, que se pueden sintetizar como el derecho de todo ser humano a condiciones dignas de existencia, que incluyen un trabajo bien remunerado que contemple el derecho al descanso y al tiempo libre, alimentos de calidad y en cantidad suficiente, vivienda adecuada, salud, educación y seguridad en la vejez y en los infortunios pues, como los derechos civiles y políticos, también están consagrados en instrumentos internacionales. Y, como lógica consecuencia, quienes deliberadamente los violan e impiden su realización deberían ser sancionados
Por eso también merecen protección jurisdiccional los derechos económicos, sociales y culturales, que se pueden sintetizar como el derecho de todo ser humano a condiciones dignas de existencia, que incluyen un trabajo bien remunerado que contemple el derecho al descanso y al tiempo libre, alimentos de calidad y en cantidad suficiente, vivienda adecuada, salud, educación y seguridad en la vejez y en los infortunios pues, como los derechos civiles y políticos, también están consagrados en instrumentos internacionales. Y, como lógica consecuencia, quienes deliberadamente los violan e impiden su realización deberían ser sancionados
Las formas de las violaciones de los derechos humanos se han diversificado. Basta recordar las violaciones perpetradas por organismos financieros y por quienes detentan el poder económico, y cuyas decisiones pueden condenar a miles de seres humanos a la pobreza más o menos extrema; o las violaciones perpetradas por grupos de exterminio encubiertos, sin que el Estado, aparentemente, tenga ninguna participación; o las violaciones perpetradas por quienes controlan los medios de comunicación, etc.
La violación de ciertos derechos económicos, sociales y culturales pueden significar la violación del derecho fundamental e inalienable a la dignidad inherente a la persona humana, del derecho a la vida o la violación del derecho a no sufrir tratamientos inhumanos o degradantes, entre otros.
Por lo que debemos idear nuevas formas de protección para los seres humanos que actualmente se enfrentan a la diversificación de las fuentes de violaciones de sus derechos. Casi siempre los mecanismos de protección existentes fueron concebidos como respuestas a las violaciones de los derechos humanos. Ahora necesitamos nuevas respuestas. Deberíamos concebir nuevas respuestas en el entendimiento de que el Estado será considerado responsable de las violaciones que no consigue impedir.
Como todos saben, y como consecuencia de las políticas de ajuste y
desnacionalización del patrimonio nacional, existen miles de procesados por
luchar, reclamando el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, por lo
que debemos activar el desprocesamiento o amnistía para los luchadores populares
cuyo proyecto de ley estaba comprometido este gobierno en alentarlo, cosa que
hasta el momento no ha sucedido. Podemos y debemos desde las organizaciones
sociales y de derechos humanos impulsar tal proyecto.
Reseñaré algunas causas que se siguieron a los luchadores, militantes, desocupados, y otros sectores sociales que estuvieron procesados y/o presos por luchar. La omisión de otras no significa que sean de menor importancia, pero este trabajo pretende ser un muestreo de cómo el Estado, con su mano represora encarnada en el Poder judicial, ha intensificado el uso del Código Penal con calificaciones legales más gravosas para judicializar la protesta y las luchas. Ejemplo de ello son las figuras de Sedición, Prepotencia ideológica (art. 213 bis CP), asociación ilícita o coacción agravada.
- El 13-6-86 se realiza una gran marcha contra Plan Austral (plan económico instaurado por el gobierno de Alfonsín) donde se arrestó a Langieri, Ortíz y González por tenencia de botellas inflamables. El juzgado los condenó a 6 años por tenencia calificada de explosivos (189 bis primer párrrafo) por afectar la seguridad común. La Cámara revocó y tipificó a simple la tenencia pero sentenció a 3 años y 3 meses (para justificar su detención en la cárcel).
- El 19-12-86 se marcha contra la ley del Punto Final, que pretendía amnistiar a los genocidas. Fueron arrestados Manganiello, Fernandez, Chileno y De Moraiz por tenencia botellas inflamables. El mismo Juzgado los condenó a 5 años por tenencia calificada de explisovos con el fin de afectar la seguridad común. Luego la Cámara cambió la calificación a 3 años.
- El 22-7-87 fue detenido Lázaro Martín Rodriguez, que distribuía planfletos del PRT. El Juzgado de Morón lo condenó a 7 años y 6 meses por incitación a la violencia colectiva y asociación ilícita calificada. Este caso es atípico, ya que con un solo detenido se aplica la asociación ilícita y lo hacen en virtud de que tenía relación con un expediente Rivera donde constan varios expedientes contra esta organización, por lo que con uno en cada proceso les imputaron asociación ilícita calificada (no era necesario que haya 3). La Cámara en la apelación redujo la pena, pero pasó varios en la cárcel.
4) 23 de enero de 1989. Presos La Tablada. Aquí se utilizó explosivos prohibidos para reprimir a los incursores, que por otro lado se habían rendido inmediatamente, pero siguieron bombardeando el cuartel por más de un día y realizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios combatientes, con la conformidad del gobierno nacional que visitó el Cuartel terminado el fuego. La Comisión Interamericana de DDHH investigó la causa y condenó al Estado Argentino por este motivo (Resolución 55/97).
- El 29 de mayo de 1989 el gobierno nacional decreta el estado de sitio en todo el país que estuvo vigente dutante un mes. La excusa fueron los saqueos a supermercados, sin embargo quedaron bajo el PEN dirigentes de partidos de izquierda como Manuel Malvicino del Partido de la Liberación, la dirigente de derechos humanos y de Partido Obrero Catalina Guagnini y otros miembros de ese partido, dos militantes de la Federación Juvenil Comunista, que si bien estuvieron un día detenidos porque salió a favor de ellos el habeas corpus presentado. Al ser liberados se alejaron hasta que levantara dicho estado de excepción ya que luego se revocó el fallo en segunda instancia, por lo que hubieran estado detenidos durante un mes. En todo el país hubo varias detenciones, en especial en Rosario.
- El 24-5-89 procesan por un hecho sucedido en Monte Chingolo a jóvenes de la Tendencia Revolucionaria por prepotencia ideológica y homicidio a Horacio Ramos. La Cámara de apelaciones desestima el delito de prepotencia y confirma el de homicidio con 15 años de prisión.
- En noviembre de 1991(con código procesal nuevo) arrestan a 9 militantes y procesan finalmente a 4 miembros del Partido de la Liberación. La orden era del por entonces Ministro del Interior Manzano y la jueza Servini de Cubría la ejecutora. Habían hecho inteligencia sobre los integrantes de la casa de la calle Sarandí 781 donde funcionaba no sólo la sede partidaria sino también una agrupación gremial y una indigenista. Pensaban detener a miembros de la ORP, ya que al comienzo se les imputaba realizar atentados en los cajeros automáticos. Y para ello allanan la casa y miembros de la Federal “encuentran” explosivos arriba de un armario, en una sala pública, donde entra y sala público. Claro está que en las indagatorias no existió una sola pregunta sobre ese tópico. Sin embargo se los indagó por pertenecer a una agrupación gremial que confronta en forma virulenta con la política gubernamental, en especial la económica, si participaron en marchas con organismos defensores de los derechos humanos, de jubilados o de trabajadores desocupados, por su filiación política, etc. Se agregó un informe de inteligencia del otrora Departamento de Protección del Orden Constitucional (DEPOC) que los defensores denominados la “pericial ideológica” donde intentaban asimilar al Partido de la Liberación con el devenir del Movimiento Todos por la Patria o a otras organizaciones guerrilleras que actuaron en el continente. Se los procesa por los delitos de prepotencia ideológica, tenencia de explosivos con la intención de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común (dentro del Título delitos contra la Seguridad Pública). Luego de 2 meses de detención la Cámara anula el procesamiento y prisión preventiva como un intento de despegarse de la desprolijidad persecutoria y de obsecuencia con el gobierno de Menem.
8.a.) Al poco tiempo y luego de revisar la documentación secuestrada al Partido de la Liberación en las actuaciones precedentes, por denuncia del Procurador General Dr. Fappiano le inician proceso a su Secretario General, Sergio Ortíz al entender el Juez de turno que la Resolución Política Nacional, la Resolución del VI Congreso Nacional y un reportaje en la revista Somos incitarían a la violencia colectiva. Luego de la apelación al procesamiento la Cámara Federal sobresee a Ortíz el 8 de julio de 1994 con voto dividido. Un camarista por el beneficio de la duda y el otro por considerar que las manifestaciones o ideas de contenido político o el material secuestrado no contenía los requisitos exigidos por el tipo penal en cuestión.
- En 1993 Brodsky delegado del personal de La Prensa que se presentó en concurso preventivo, se lo procesó por obstrucción a la libertad de prensa y la cámara lo procesó por violación de domicilio, luego fue sobreseído, proceso que duró 3 años.
- Horacio Panario, Alcides Christiansen, y otros. El 2-10-95 la coordinadora de desocupados de Neuquén entró a la casa de gobierno provincial reclamando el pago del subsidio de desempleo y detuvieron a Panario, Chritiansen y otros. Los hechos fueron querer entrar a hablar con el Gobernador para que otorgue subsidios para los desocupados. Se realiza la reunión pero no se llega a un acuerdo, es decir, no otorgarían tal subsidio y Panario dijo que esperarían hasta las 13 hs, sino habría quilombo. Al vencer el plazo hubo roturas de vidrios y algunas destrucciones edilicias, como así también de un expediente. El Juez los procesa por coacción agravada, daño agravado, instigación a cometer delitos y destrucción de instrumento público. Les deniegan la excarcelación. El fiscal del juicio de oral se abstuvo de acusar, luego de escuchar al propio gobernador que no fue coaccionado.
- El 25-8-96 3 delegados del instituto de servicios sociales bancarios fueron a hablar con el gerente por un rumor de posibles despidos. Tres delegados fueron procesados por coacción agravada.
- El 16-8-96 por orden del por entonces juez Carlos Liporace fueron capturados Caviasca, Esteche, Del Grosso y luego Franca, integrantes en aquella época de la agrupación Quebracho e imputados por asociación ilícita, prepotencia ideológica, incitación a la violencia colectiva, daño agravado, y lesiones. Luego de apelarse el fallo la Cámara redujo los cargos a incitación a la violencia colectiva. Estuvieron detenidos más de 4 meses. Los presuntos ilícitos los habrían cometido en las marchas 100 (del 2-3-94) y 150 (del 15-2-95)de los jubilados y en la marcha de los estudiantes del 7-6-95. Para el Fiscal la característica del grupo es un “discurso” que se “encuadraba en la confrontación con el Gobierno Nacional”. En realidad la causa se había iniciado un año antes. El Ministro del Interior de la época Carlos Corach presentó el 7 de agosto de 1995 ante el Procurador General Agüero Iturbe una denuncia documentada con videos y dos carpetas conteniendo información de inteligencia, material fotográfico y otros antecedentes ante la supuesta comisión de ilícitos de los militantes de Quebracho y Patria Libre. Estos informes de inteligencia contenían información sobre las actividades que desarrollaron cerca de 250 personas que integraban estas dos agrupaciones políticas y otras de orientaciones similares o distantes a las perseguidas. Se incorporaron escuchas telefónicas al domicilio particular y al Estudio de un abogado defensor. En una investigación paralela no se pudo responsabilizar a ningún funcionario por los métodos ilegales en que se produjeron dichas pesquisas, ya que si no había ningún requerimiento previo contra estos dirigentes “encarpetados” no se entendía su persecución, de la que nadie se responsabilizó. Recién en el año 2003 se realizó el juicio oral absolviendo a todos los imputados por el delito de incitación a la violencia colectiva. Habían pasado casi 7 años desde su primer detención y más de 9 años desde el primer hecho imputado. Una forma más de inmovilizar a los militantes con la mochila de la judicialización.
- El juez federal de San Carlos de Bariloche, falló condenando a Marina Schifrin a la pena de tres meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire sin crear una situación de peligro común, y le impuso como pauta de conducta la de abstenerse de concurrir a concentraciones de personas en vías públicas de comunicación interjurisdiccionales en momentos en que se reúnan más de diez personas, durante el plazo de dos años. Recordemos que en marzo de 1997 intervino en el corte del puente del arroyo Ñireco, donde reclamaba junto a otros docentes, padres y alumnos contra la rebaja salarial docente y en favor de la escuela pública. Llegó a juicio porque, a diferencia de las otras ocho personas que fueron procesadas en el expediente, no aceptó pagar multas ni acogerse a la probation. La Cámara de Casación confirmó la Sentencia. La defensa interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El 10 de noviembre de 2003 el Procurador ante la Corte LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE revocó la resolución por arbitrariedad de sentencia.
La arbitrariedad del fallo radicaría en haber omitido el análisis de la causa de justificación desde esta perspectiva, por cuanto una vez alegado, aunque sea implícitamente, el error de prohibición o sobre la antijuridicidad, deviene imperativo para el juzgador fundamentar racionalmente la verosimilitud o inverosimilitud de esa afirmación y, en su caso, el correlato que es la vencibilidad o invencibilidad de ese error. La Corte no se ha expedido todavía.
- El 12 de abril de 1997 varios manifestantes -quienes habían sido desplazados por Gendarmería Nacional de la ruta 22-pretendían llegar a la ruta provincial 17 y el puente en Plaza Huincul. La gendarmería y la policía reprimieron con disparos de plomo matando a Teresa Rodríguez e hiriendo a varias personas. “Fueron francotiradores”, dijo el jefe de policía Marcelo Jaureguiberry. Había “infiltrados en las asambleas docentes”, dijo el gobernador Felipe Sapag. “Fue un accidente”, dijo el intendente de Huincul Tucho Pérez. “Actuaron subversivos”, dijo el presidente Carlos Menem. Los primeros días de mayo los peritos dictaminaron que la bala que mató a Teresa Rodríguez era una 9 mm de la policía provincial. Hubo cuatro policías condenados no por homicidio sino por abuso de armas . Ninguno está preso. Siguen trabajando en Cutral Co.
- El 14 de julio 1999, el juez federal Ricardo Napolitani, de Comodoro Rivadavia, condenó a los compañeros Walter Natera, secretario general de ATE Comodoro, y a Miguel Gatti, dirigente vecinalista, a cinco meses de prisión en suspenso y a dos años de ‘trabajo comunitario’. El ‘delito’ que se les achacaba es el corte de ruta del 14 de agosto de 1998, durante una huelga general de la CTA. La Cámara de Casación el 22 de junio del 2000 anuló la Sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.
- El viernes 17 de agosto del 2001 se produjo la libertad de los piqueteros Pepe Barraza, César Perico Raineri y Carlos Omar Gil. Fueron procesados los piqueteros del Partido Obrero por ser autores de los delitos de Interrupción de las vías de comunicación terrestre y sedición. Este último delito es innovador en la justicia para criminalizar la protesta social . La Cámara revocó el procesamiento por sedición y el auto de prisión preventiva ordenando la inmediata libertad de los tres luchadores, que habían permanecido por más de dos meses en la cárcel.
Pepino Fernández, integrante de la UTD de Mosconi y ex Ypefiano tiene más de 80 causas judiciales por corte de ruta y otros delitos.
Con anterioridad en la zona de Mosconi hubo varios asesinatos de luchadores contra las petroleras y la gobernación de Juan Carlos Romero que cortaban la ruta 34.
Los asesinatos de Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano (Mosconi, mayo de 2000), Aníbal Verón (Mosconi, noviembre de 2000); la represión de junio de 2001 en Gral Mosconi, nuevamente, en la que murieron dos piqueteros -Carlos Santillán y Omar Barrios- y hubo más de 200 heridos, entre ellos, un joven de 19 años, Iván Dorado, que quedó parapléjico. Debemos recordar que fueron detenidos en esta última ocasión más de 60 habitantes de Mosconi, trasladados a la ciudad de Salta por orden del Juez Cornejo, todos con heridas de distinta gravedad, y procesados por delitos que superaron el corte de ruta. La Gendarmería amenazó y torturó a un joven discapacitado detenido, Cabrera, que fue acusado de francotirador para acusar de portación de armas a integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. Relató Cabrera que “cuando me detuvieron recuerdo que arrancaron una manguera y me llevaban ahorcándome con un pañuelo, con una honda me tiraban piedras que me golpeaban en el cuerpo, después me pegaban piñas y patadas, me obligaron a subir a un jeep... los milicos que estaban arriba me recibieron a las patadas, en la cabeza, en las costillas, en todas partes... no sentía mi boca". Pero lo sustancial es que el joven discapacitado aseguró que "en Gendarmería me querían obligar a declarar y firmar un papel en blanco, tenía que decir que Pepino Fernández, Chiqui Peralta, Piquete Ruiz y Aldo Fernández tenían armas, y que Pepino Fernández me había amenazado con un arma. Yo me negué y entonces vino un gendarme y firmó por mí".
- El 12 de abril del 2001 dos jóvenes militantes sufren el incendio de su coche y la pérdida de una parte del brazo de uno de ellos. El incendio fue producido por la explosión a destiempo de una bomba incendiaria casera. La calificación legal por tenencia de explosivos y su correspondiente excarcelación era la propiciada desde el comienzo de la investigación, hasta que los allanamientos a los domicilios demostraron que eran militantes de derechos humanos y de izquierda, lo que endureció el procesamiento por tenencia calificada de explosivos con el fin de atentar contra la seguridad de la Nación. Esta imputación no permitía la excarcelación. En el Juicio oral cambiaron la calificación pero fueron condenados a 3 años y medio con el objetivo de que permanecieran detenidos hasta cumplir con los dos tercios de la condena. Reclamando la libertad de Bertola y Quintero fueron procesados varios militantes por corte de ruta y otros delitos. Se debe consignar el abandono de persona que tuvo Quintero con relación a su operación en el brazo, ya que fue derivado al hospital de la cárcel de Devoto curándolo los otros presos con azúcar para cicatrizar las heridas.
- En estos años, no debemos dejar de mencionar los procesamiento y prisión preventiva de Castells y Alí, ambos por pedir comida para los hambrientos, donde fueron severamente judicializados con imputaciones como coacción agravada. Alí fue condenado a una pena mayor a 5 años y Castells encarcelado y luego absuelto en varios juicios, y en otros con condenas para escarmentar a él y a su organización
- Recordemos la respuesta del Estado frente a una de las mayores crisis políticas y económicas registradas en la historia del país, en diciembre de 2001. La represión desplegada por el Estado, que incluyó la declaración del Estado de sitio, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejaron un saldo trágico de 33 muertos en todo el país, que se eleva a 37 , ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos tres años. Todavía no hay responsables políticos por estos sucesos en sede judicial.
- 20 de junio de 2002 Masacre en el Puente Pueyrredón que dejó como saldo de la brutalidad represiva con la que respondió el gobierno de los Eduardo Duhalde, José Álvarez, Felipe Solá, entre otros, ante los reclamos por aumento de subsidios, alimentos para las ollas populares, salud, educación y desprocesamiento de todos los luchadores sociales; decenas de heridos con balas de plomo y a dos hijos del pueblo cobardemente asesinados: Maximiliano Kosteky y Darío Santillán.
- El 23 de octubre del 2003 El Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP 20) y El Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados (FUTRADEyO) junto con la Tendencia Clasista 29 de mayo se arrinconaron en las puertas del ministerio de trabajo pidiendo planes para su gente. El gobierno que no iba a criminalizar la protesta social salió a denunciar judicialmente a pequeños grupos que no podían volver a sus hogares sin la promesa de un subsidio o plan que mitigara el hambre que la desocupación empuja. Podemos decir que fue un globo de ensayo para el gobierno, buscar judicializar a grupos pequeños y desconectados de los masivos grupos piqueteros, pero perdió esa vuelta. Hasta los más allegados a Kirchner protestaron por la denuncia judicial lo que desactivó la presentación del ministro Tomada y la pretendida idea de crear una brigada antipiquetera para controlar las marchas. La causa se archivó.
- Gabriel Roser, militante del Movimiento de Unidad Popular, el 29 de abril del 2004 fue detenido, con prisión preventiva, acusado por un robo a mano armada que no cometió. Su expediente es un leading case de cómo la Bonaerense fragua causas judiciales para aparentar eficacia y conservar su poder territorial. Hasta entonces, Roser nunca había estado involucrado en un hecho penal. Pero varias veces lo habían detenido por averiguación de antecedentes. Y en cada una de esas entradas a la comisaría 6° de Tolosa, le sacaron fotos de frente y de perfil. El 25 de abril de 2004, Marcelo Toni, un ex comisario y actual almacenero de Ringuelet, denunció que la noche anterior había sido asaltado por tres personas, a quienes dijo desconocer. Le mostraron el album de fotos que tenía la Comisaría. Esos retratos terminaron siendo la artimaña para acusarlo de un robo. Se le negó dos veces la excarcelación. Estuvo preso durante un año y siete meses por una causa “construida” por la policía bonaerense. El fiscal del juicio oral resolvió desistir de realizar la acusación por lo que Roser quedó inmediatamente en libertad.
- El fiscal de Instrucción de La Plata ordenó en junio del 2004 al ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, filmar en protestas previstas en la primera quincena de ese mes a quienes tuviesen el rostro cubierto y circularan provistos de palos y caños, para ser juzgados por intimidación pública.
La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense María del Carmen Falbo dijo que es "inconstitucional" filmar piqueteros en protestas fundamentando que el Ministerio Público Fiscal es "titular de la acción penal y sólo puede actuar después de perpetuarse un delito y no sobre la actividad de prevención del mismo".
"Filmar a piqueteros encapuchados y con palos sería más una actividad de inteligencia que no le corresponde a la justicia y posibilita interpretaciones contrarias al derecho penal constitucional". El Fiscal Romero de La Plata reconoció su derrota pero aseguró que insistiría por otras vías para judicializar la protesta.
- Arrestados luego de una protesta contra el Código de Convivencia porteño, los presos fueron acusados por coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños, en una imputación que a criterio de los defensores forzó las figuras penales para mantener a los manifestantes en prisión. Catorce personas (vendedores ambulantes, cartoneros y mujeres en estado de prostitución) que se manifestaban en la Legislatura el 16 de julio de 2004, y que pasaron 14 meses presas acusadas de delitos desproporcionados y sin excarcelación, como forma de criminalizar la protesta social fueron a juicio oral el 3 de octubre. El Fiscal del juicio pidió la absolución por los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad, dejando los cargos por daños. El Tribunal resolverá en estas semanas.
- El 31 de agosto de 2004 integrantes de Quebracho, la Coordinadora de Unidad Barrial, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones hicieron un escrache al director del FMI, quien estaba de visita en Buenos Aires. Durante la protesta los manifestantes encendieron neumáticos en la puerta del ministerio de Economía, pintaron sus puertas y una vez iniciada la represión, tiraron piedras. Ese día la Federal detuvo a 104 personas. Los reprimieron con golpes feroces, perdiendo el embarazo una militante. Se procesó a una docena de ellos con prisión preventiva y un pedido de captura. Se les imputó “haber desarrollado diversas conductas tendientes a imponer sus ideas por la fuerza o el temor en el resto de la ciudadanía y permite inferir que forma parte de distintos tipos de agrupaciones dedicadas a esta actividad encuadrando su accionar en las previsiones del art. 213 bis del Código de Fondo. A varios de ellos se les imputó además intimidación pública agravada y a otros se les agregó atentado contra la autoridad y daños.
Casi 3 meses en la cárcel tuvieron que pasar para que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Federal desestimara el delito de prepotencia ideológica para todos los procesados, en relación a intimidación pública consideró que no había pruebas específicas para cada caso, por lo que debería el juez considerarlas. Sin embargo mantuvo el procesamiento en cuanto a daños y atentado a la autoridad. Están pendientes los procesamientos de varios imputados que ya fueron indagados y que aún el Juzgado no resolvió su situación.
- El 2 de octubre de 2004 en horas de la madrugada personal de Gendarmería y de la policía santacruceña desalojó la nueva toma de la playa de tanques de TERMAP en Caleta Olivia y reprimieron a los manifestantes que se encontraban cortando la Ruta nacional número 3, en el acceso a la norteña ciudad de Santa Cruz.
El saldo de la avanzada represora del gobierno fueron 80 compañeros encarcelados de los cuales, al 3 de octubre, permanecían 36 detenidos en diferentes seccionales policiales de Caleta Olivia y hasta algunos fueron trasladados a los cuarteles de Gendarmería en Comodoro Rivadavia.
El recuento cronológico de los hechos indica que todo se inició cuando los trabajadores desocupados, que a finales de agosto habían tomado la playa de tanques de TERMAP, decidieron retomar el reclamo porque las petroleras y el gobierno santacruceño no habían cumplido con los acuerdos realizados.
Permanecieron varios meses detenidos 3 mujeres y 3 hombres. Las imputaciones son: usurpación, daño, privación ilegítima de la libertad, y obstrucción de funciones públicas en concurso real con privación ilegítima de la libertad. usurpación y obstrucción de la producción. El Juez los consideró a estos 6 como organizadores por eso no les concedió la excarcelación pero hay cerca de 40 procesados excarcelados. Esta zona, al igual que Mosconi en el norte está militarizada, con gendarmes que amenazan y atemorizan a la población para que no realicen distintas acciones tendientes a reclamar sus derechos a las petroleras.
- Un docena de habitantes de la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, que participaron en el reclamo efectuado durante el mes de febrero 2006 en dicha localidad, pidiendo la exención al impuesto a las ganancias sobre los salarios y su reencuadramiento gremial fueron detenidas el 9 de marzo de 2006 con graves cargos. Hubo luego varias excarcelaciones.
Se recuerda que el 6 de febrero del presente año, fue detenido el vocero del cuerpo de delegados del sindicato del petróleo y gas, Sr. Mario Navarro en la localidad de Las Heras, Pcia. de Santa Cruz. En estas circunstancias es trasladado a la Comisaría y Alcaidia de dicha localidad produciendo una manifestación popular en reclamo de su libertad. Los hechos que sucedieron en la madrugada del 6 y 7 de febrero con el resultado de varios heridos y una persona fallecida, lmotivaró la iniciación de una causa judicial a cargo de la Dra. Roata de Leone. Esta funcionaria inicia dicha causa con secreto de sumario por tiempo indeterminado. Amparada en dicho secreto sumarial ordena detenciones arbitrarias y masivas contra algunos de los participantes y con ayuda las fuerzas de seguridad se violaron domicilios y se produjeron allanamientos y detenciones arbitrarias e indiscriminadas. Se denunció que “Ante el estado de virtual militarización (Gendarmería Nacional, grupos especiales de inteligencia nacional y provincial, etc) de la localidad de Las Heras, las requisas indiscriminadas, el control de las vías de comunicación interprovincial, el control del acceso a las plantas petroleras de trabajo y la permanencia dentro de dichas plantas de las fuerzas de seguridad mencionadas sumado a los allanamientos antes descriptos, imposibilitan la libertad de circulación, de trabajo, derecho de huelga, de reunión y de manifestación consagrados en nuestra C.Nacional.”
- LOS HECHOS DE HAEDO: El 1º de noviembre de 2005 en la localidad de Haedo, Provincia de Buenos Aires, el hartazgo de usuarios y usuarias de la línea ex Sarmiento de TBA se expresó en una espontánea manifestación pública de sus reclamos, contándose entre los principales: el mal estado de los trenes, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, incendios y desperfectos técnicos cotidianos, condiciones generales del servicio que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros y sus empleados. Permanecieron 7 jóvenes presos durante más de 8 meses presos quedando detenido todavía un usuario Roberto Cantero acusado de tenencia de arma de guerra. Ellos eran menores, trabajadores, estudiantes, cartoneros, deportistas; es dable mencionar las características sociales de estos detenidos, siendo todos pasajeros habituales de tal línea de ferrocarril y provenientes de hogares con serias dificultades económicas.
Esta causa judicial, derivada de los incidentes producidos producto del estado ferroviario, en un principio motivó conferencias de prensa del Ministro del Interior, Aníbal Fernández, para denunciar la participación de organizaciones políticas, sindicales, e incluso un boicot al servicio ferroviario, cosa que se desvaneció por inconsistente y ahora desapareció sorpresivamente de la agenda política. Tanto es así, que a posteriori de los hechos reseñados, idénticos episodios se han sucedido en varias oportunidades y en distintas estaciones, evidenciando que los hechos de Haedo no constituyen más que la respuesta espontánea de los usuarios, cansados del atropello permanente.
- El 4 de noviembre de 2005 tuvimos la presencia en Argentina del genocida Bush, lo que motivó movilizaciones en repudio a su visita en distintos lugares del país, Mar del Plata sede el Encuentro de la Cumbre tuvo su mayor participación y represión. Luego de varias detenciones ese día con posterioridad fue indagado un dirigente piquetero, Chacho Berrozpe, acusado de incitación a la violencia colectiva y tenencia de explosivos con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común. El procesamiento está en apelación ante la Cámara, aunque se logró la excarcelación luego de varios meses de prisión preventiva.
En Buenos Aires en la marcha convocada para repudiar la presencia del Presidente de EEUU comienza una represión inusitada cuando se procedía a la desconcentración de la misma. Son detenidas 7 personas. Se las procesa por intimidación pública y daños. A un procesado se le agrega lesiones a un policía. Lo insólito que el Fiscal solicitó las filmaciones y fotografías tomadas en la causa del 31-8-04 que se abrió por la represión desatada en el Ministerio de Economía. La Cámara de Apelaciones en lo Federal decreta la falta de mérito con relación al delito de intimidación pública, confirmando los otros delitos.
Nota
(1) Alejandro Teitelbaum Prevención, Represión y Criminalización: de las Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Derecho al Desarrollo: El Problema de su Impunidad
Reseñaré algunas causas que se siguieron a los luchadores, militantes, desocupados, y otros sectores sociales que estuvieron procesados y/o presos por luchar. La omisión de otras no significa que sean de menor importancia, pero este trabajo pretende ser un muestreo de cómo el Estado, con su mano represora encarnada en el Poder judicial, ha intensificado el uso del Código Penal con calificaciones legales más gravosas para judicializar la protesta y las luchas. Ejemplo de ello son las figuras de Sedición, Prepotencia ideológica (art. 213 bis CP), asociación ilícita o coacción agravada.
- El 13-6-86 se realiza una gran marcha contra Plan Austral (plan económico instaurado por el gobierno de Alfonsín) donde se arrestó a Langieri, Ortíz y González por tenencia de botellas inflamables. El juzgado los condenó a 6 años por tenencia calificada de explosivos (189 bis primer párrrafo) por afectar la seguridad común. La Cámara revocó y tipificó a simple la tenencia pero sentenció a 3 años y 3 meses (para justificar su detención en la cárcel).
- El 19-12-86 se marcha contra la ley del Punto Final, que pretendía amnistiar a los genocidas. Fueron arrestados Manganiello, Fernandez, Chileno y De Moraiz por tenencia botellas inflamables. El mismo Juzgado los condenó a 5 años por tenencia calificada de explisovos con el fin de afectar la seguridad común. Luego la Cámara cambió la calificación a 3 años.
- El 22-7-87 fue detenido Lázaro Martín Rodriguez, que distribuía planfletos del PRT. El Juzgado de Morón lo condenó a 7 años y 6 meses por incitación a la violencia colectiva y asociación ilícita calificada. Este caso es atípico, ya que con un solo detenido se aplica la asociación ilícita y lo hacen en virtud de que tenía relación con un expediente Rivera donde constan varios expedientes contra esta organización, por lo que con uno en cada proceso les imputaron asociación ilícita calificada (no era necesario que haya 3). La Cámara en la apelación redujo la pena, pero pasó varios en la cárcel.
4) 23 de enero de 1989. Presos La Tablada. Aquí se utilizó explosivos prohibidos para reprimir a los incursores, que por otro lado se habían rendido inmediatamente, pero siguieron bombardeando el cuartel por más de un día y realizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios combatientes, con la conformidad del gobierno nacional que visitó el Cuartel terminado el fuego. La Comisión Interamericana de DDHH investigó la causa y condenó al Estado Argentino por este motivo (Resolución 55/97).
- El 29 de mayo de 1989 el gobierno nacional decreta el estado de sitio en todo el país que estuvo vigente dutante un mes. La excusa fueron los saqueos a supermercados, sin embargo quedaron bajo el PEN dirigentes de partidos de izquierda como Manuel Malvicino del Partido de la Liberación, la dirigente de derechos humanos y de Partido Obrero Catalina Guagnini y otros miembros de ese partido, dos militantes de la Federación Juvenil Comunista, que si bien estuvieron un día detenidos porque salió a favor de ellos el habeas corpus presentado. Al ser liberados se alejaron hasta que levantara dicho estado de excepción ya que luego se revocó el fallo en segunda instancia, por lo que hubieran estado detenidos durante un mes. En todo el país hubo varias detenciones, en especial en Rosario.
- El 24-5-89 procesan por un hecho sucedido en Monte Chingolo a jóvenes de la Tendencia Revolucionaria por prepotencia ideológica y homicidio a Horacio Ramos. La Cámara de apelaciones desestima el delito de prepotencia y confirma el de homicidio con 15 años de prisión.
- En noviembre de 1991(con código procesal nuevo) arrestan a 9 militantes y procesan finalmente a 4 miembros del Partido de la Liberación. La orden era del por entonces Ministro del Interior Manzano y la jueza Servini de Cubría la ejecutora. Habían hecho inteligencia sobre los integrantes de la casa de la calle Sarandí 781 donde funcionaba no sólo la sede partidaria sino también una agrupación gremial y una indigenista. Pensaban detener a miembros de la ORP, ya que al comienzo se les imputaba realizar atentados en los cajeros automáticos. Y para ello allanan la casa y miembros de la Federal “encuentran” explosivos arriba de un armario, en una sala pública, donde entra y sala público. Claro está que en las indagatorias no existió una sola pregunta sobre ese tópico. Sin embargo se los indagó por pertenecer a una agrupación gremial que confronta en forma virulenta con la política gubernamental, en especial la económica, si participaron en marchas con organismos defensores de los derechos humanos, de jubilados o de trabajadores desocupados, por su filiación política, etc. Se agregó un informe de inteligencia del otrora Departamento de Protección del Orden Constitucional (DEPOC) que los defensores denominados la “pericial ideológica” donde intentaban asimilar al Partido de la Liberación con el devenir del Movimiento Todos por la Patria o a otras organizaciones guerrilleras que actuaron en el continente. Se los procesa por los delitos de prepotencia ideológica, tenencia de explosivos con la intención de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común (dentro del Título delitos contra la Seguridad Pública). Luego de 2 meses de detención la Cámara anula el procesamiento y prisión preventiva como un intento de despegarse de la desprolijidad persecutoria y de obsecuencia con el gobierno de Menem.
8.a.) Al poco tiempo y luego de revisar la documentación secuestrada al Partido de la Liberación en las actuaciones precedentes, por denuncia del Procurador General Dr. Fappiano le inician proceso a su Secretario General, Sergio Ortíz al entender el Juez de turno que la Resolución Política Nacional, la Resolución del VI Congreso Nacional y un reportaje en la revista Somos incitarían a la violencia colectiva. Luego de la apelación al procesamiento la Cámara Federal sobresee a Ortíz el 8 de julio de 1994 con voto dividido. Un camarista por el beneficio de la duda y el otro por considerar que las manifestaciones o ideas de contenido político o el material secuestrado no contenía los requisitos exigidos por el tipo penal en cuestión.
- En 1993 Brodsky delegado del personal de La Prensa que se presentó en concurso preventivo, se lo procesó por obstrucción a la libertad de prensa y la cámara lo procesó por violación de domicilio, luego fue sobreseído, proceso que duró 3 años.
- Horacio Panario, Alcides Christiansen, y otros. El 2-10-95 la coordinadora de desocupados de Neuquén entró a la casa de gobierno provincial reclamando el pago del subsidio de desempleo y detuvieron a Panario, Chritiansen y otros. Los hechos fueron querer entrar a hablar con el Gobernador para que otorgue subsidios para los desocupados. Se realiza la reunión pero no se llega a un acuerdo, es decir, no otorgarían tal subsidio y Panario dijo que esperarían hasta las 13 hs, sino habría quilombo. Al vencer el plazo hubo roturas de vidrios y algunas destrucciones edilicias, como así también de un expediente. El Juez los procesa por coacción agravada, daño agravado, instigación a cometer delitos y destrucción de instrumento público. Les deniegan la excarcelación. El fiscal del juicio de oral se abstuvo de acusar, luego de escuchar al propio gobernador que no fue coaccionado.
- El 25-8-96 3 delegados del instituto de servicios sociales bancarios fueron a hablar con el gerente por un rumor de posibles despidos. Tres delegados fueron procesados por coacción agravada.
- El 16-8-96 por orden del por entonces juez Carlos Liporace fueron capturados Caviasca, Esteche, Del Grosso y luego Franca, integrantes en aquella época de la agrupación Quebracho e imputados por asociación ilícita, prepotencia ideológica, incitación a la violencia colectiva, daño agravado, y lesiones. Luego de apelarse el fallo la Cámara redujo los cargos a incitación a la violencia colectiva. Estuvieron detenidos más de 4 meses. Los presuntos ilícitos los habrían cometido en las marchas 100 (del 2-3-94) y 150 (del 15-2-95)de los jubilados y en la marcha de los estudiantes del 7-6-95. Para el Fiscal la característica del grupo es un “discurso” que se “encuadraba en la confrontación con el Gobierno Nacional”. En realidad la causa se había iniciado un año antes. El Ministro del Interior de la época Carlos Corach presentó el 7 de agosto de 1995 ante el Procurador General Agüero Iturbe una denuncia documentada con videos y dos carpetas conteniendo información de inteligencia, material fotográfico y otros antecedentes ante la supuesta comisión de ilícitos de los militantes de Quebracho y Patria Libre. Estos informes de inteligencia contenían información sobre las actividades que desarrollaron cerca de 250 personas que integraban estas dos agrupaciones políticas y otras de orientaciones similares o distantes a las perseguidas. Se incorporaron escuchas telefónicas al domicilio particular y al Estudio de un abogado defensor. En una investigación paralela no se pudo responsabilizar a ningún funcionario por los métodos ilegales en que se produjeron dichas pesquisas, ya que si no había ningún requerimiento previo contra estos dirigentes “encarpetados” no se entendía su persecución, de la que nadie se responsabilizó. Recién en el año 2003 se realizó el juicio oral absolviendo a todos los imputados por el delito de incitación a la violencia colectiva. Habían pasado casi 7 años desde su primer detención y más de 9 años desde el primer hecho imputado. Una forma más de inmovilizar a los militantes con la mochila de la judicialización.
- El juez federal de San Carlos de Bariloche, falló condenando a Marina Schifrin a la pena de tres meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire sin crear una situación de peligro común, y le impuso como pauta de conducta la de abstenerse de concurrir a concentraciones de personas en vías públicas de comunicación interjurisdiccionales en momentos en que se reúnan más de diez personas, durante el plazo de dos años. Recordemos que en marzo de 1997 intervino en el corte del puente del arroyo Ñireco, donde reclamaba junto a otros docentes, padres y alumnos contra la rebaja salarial docente y en favor de la escuela pública. Llegó a juicio porque, a diferencia de las otras ocho personas que fueron procesadas en el expediente, no aceptó pagar multas ni acogerse a la probation. La Cámara de Casación confirmó la Sentencia. La defensa interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El 10 de noviembre de 2003 el Procurador ante la Corte LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE revocó la resolución por arbitrariedad de sentencia.
La arbitrariedad del fallo radicaría en haber omitido el análisis de la causa de justificación desde esta perspectiva, por cuanto una vez alegado, aunque sea implícitamente, el error de prohibición o sobre la antijuridicidad, deviene imperativo para el juzgador fundamentar racionalmente la verosimilitud o inverosimilitud de esa afirmación y, en su caso, el correlato que es la vencibilidad o invencibilidad de ese error. La Corte no se ha expedido todavía.
- El 12 de abril de 1997 varios manifestantes -quienes habían sido desplazados por Gendarmería Nacional de la ruta 22-pretendían llegar a la ruta provincial 17 y el puente en Plaza Huincul. La gendarmería y la policía reprimieron con disparos de plomo matando a Teresa Rodríguez e hiriendo a varias personas. “Fueron francotiradores”, dijo el jefe de policía Marcelo Jaureguiberry. Había “infiltrados en las asambleas docentes”, dijo el gobernador Felipe Sapag. “Fue un accidente”, dijo el intendente de Huincul Tucho Pérez. “Actuaron subversivos”, dijo el presidente Carlos Menem. Los primeros días de mayo los peritos dictaminaron que la bala que mató a Teresa Rodríguez era una 9 mm de la policía provincial. Hubo cuatro policías condenados no por homicidio sino por abuso de armas . Ninguno está preso. Siguen trabajando en Cutral Co.
- El 14 de julio 1999, el juez federal Ricardo Napolitani, de Comodoro Rivadavia, condenó a los compañeros Walter Natera, secretario general de ATE Comodoro, y a Miguel Gatti, dirigente vecinalista, a cinco meses de prisión en suspenso y a dos años de ‘trabajo comunitario’. El ‘delito’ que se les achacaba es el corte de ruta del 14 de agosto de 1998, durante una huelga general de la CTA. La Cámara de Casación el 22 de junio del 2000 anuló la Sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.
- El viernes 17 de agosto del 2001 se produjo la libertad de los piqueteros Pepe Barraza, César Perico Raineri y Carlos Omar Gil. Fueron procesados los piqueteros del Partido Obrero por ser autores de los delitos de Interrupción de las vías de comunicación terrestre y sedición. Este último delito es innovador en la justicia para criminalizar la protesta social . La Cámara revocó el procesamiento por sedición y el auto de prisión preventiva ordenando la inmediata libertad de los tres luchadores, que habían permanecido por más de dos meses en la cárcel.
Pepino Fernández, integrante de la UTD de Mosconi y ex Ypefiano tiene más de 80 causas judiciales por corte de ruta y otros delitos.
Con anterioridad en la zona de Mosconi hubo varios asesinatos de luchadores contra las petroleras y la gobernación de Juan Carlos Romero que cortaban la ruta 34.
Los asesinatos de Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano (Mosconi, mayo de 2000), Aníbal Verón (Mosconi, noviembre de 2000); la represión de junio de 2001 en Gral Mosconi, nuevamente, en la que murieron dos piqueteros -Carlos Santillán y Omar Barrios- y hubo más de 200 heridos, entre ellos, un joven de 19 años, Iván Dorado, que quedó parapléjico. Debemos recordar que fueron detenidos en esta última ocasión más de 60 habitantes de Mosconi, trasladados a la ciudad de Salta por orden del Juez Cornejo, todos con heridas de distinta gravedad, y procesados por delitos que superaron el corte de ruta. La Gendarmería amenazó y torturó a un joven discapacitado detenido, Cabrera, que fue acusado de francotirador para acusar de portación de armas a integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. Relató Cabrera que “cuando me detuvieron recuerdo que arrancaron una manguera y me llevaban ahorcándome con un pañuelo, con una honda me tiraban piedras que me golpeaban en el cuerpo, después me pegaban piñas y patadas, me obligaron a subir a un jeep... los milicos que estaban arriba me recibieron a las patadas, en la cabeza, en las costillas, en todas partes... no sentía mi boca". Pero lo sustancial es que el joven discapacitado aseguró que "en Gendarmería me querían obligar a declarar y firmar un papel en blanco, tenía que decir que Pepino Fernández, Chiqui Peralta, Piquete Ruiz y Aldo Fernández tenían armas, y que Pepino Fernández me había amenazado con un arma. Yo me negué y entonces vino un gendarme y firmó por mí".
- El 12 de abril del 2001 dos jóvenes militantes sufren el incendio de su coche y la pérdida de una parte del brazo de uno de ellos. El incendio fue producido por la explosión a destiempo de una bomba incendiaria casera. La calificación legal por tenencia de explosivos y su correspondiente excarcelación era la propiciada desde el comienzo de la investigación, hasta que los allanamientos a los domicilios demostraron que eran militantes de derechos humanos y de izquierda, lo que endureció el procesamiento por tenencia calificada de explosivos con el fin de atentar contra la seguridad de la Nación. Esta imputación no permitía la excarcelación. En el Juicio oral cambiaron la calificación pero fueron condenados a 3 años y medio con el objetivo de que permanecieran detenidos hasta cumplir con los dos tercios de la condena. Reclamando la libertad de Bertola y Quintero fueron procesados varios militantes por corte de ruta y otros delitos. Se debe consignar el abandono de persona que tuvo Quintero con relación a su operación en el brazo, ya que fue derivado al hospital de la cárcel de Devoto curándolo los otros presos con azúcar para cicatrizar las heridas.
- En estos años, no debemos dejar de mencionar los procesamiento y prisión preventiva de Castells y Alí, ambos por pedir comida para los hambrientos, donde fueron severamente judicializados con imputaciones como coacción agravada. Alí fue condenado a una pena mayor a 5 años y Castells encarcelado y luego absuelto en varios juicios, y en otros con condenas para escarmentar a él y a su organización
- Recordemos la respuesta del Estado frente a una de las mayores crisis políticas y económicas registradas en la historia del país, en diciembre de 2001. La represión desplegada por el Estado, que incluyó la declaración del Estado de sitio, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejaron un saldo trágico de 33 muertos en todo el país, que se eleva a 37 , ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos tres años. Todavía no hay responsables políticos por estos sucesos en sede judicial.
- 20 de junio de 2002 Masacre en el Puente Pueyrredón que dejó como saldo de la brutalidad represiva con la que respondió el gobierno de los Eduardo Duhalde, José Álvarez, Felipe Solá, entre otros, ante los reclamos por aumento de subsidios, alimentos para las ollas populares, salud, educación y desprocesamiento de todos los luchadores sociales; decenas de heridos con balas de plomo y a dos hijos del pueblo cobardemente asesinados: Maximiliano Kosteky y Darío Santillán.
- El 23 de octubre del 2003 El Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP 20) y El Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados (FUTRADEyO) junto con la Tendencia Clasista 29 de mayo se arrinconaron en las puertas del ministerio de trabajo pidiendo planes para su gente. El gobierno que no iba a criminalizar la protesta social salió a denunciar judicialmente a pequeños grupos que no podían volver a sus hogares sin la promesa de un subsidio o plan que mitigara el hambre que la desocupación empuja. Podemos decir que fue un globo de ensayo para el gobierno, buscar judicializar a grupos pequeños y desconectados de los masivos grupos piqueteros, pero perdió esa vuelta. Hasta los más allegados a Kirchner protestaron por la denuncia judicial lo que desactivó la presentación del ministro Tomada y la pretendida idea de crear una brigada antipiquetera para controlar las marchas. La causa se archivó.
- Gabriel Roser, militante del Movimiento de Unidad Popular, el 29 de abril del 2004 fue detenido, con prisión preventiva, acusado por un robo a mano armada que no cometió. Su expediente es un leading case de cómo la Bonaerense fragua causas judiciales para aparentar eficacia y conservar su poder territorial. Hasta entonces, Roser nunca había estado involucrado en un hecho penal. Pero varias veces lo habían detenido por averiguación de antecedentes. Y en cada una de esas entradas a la comisaría 6° de Tolosa, le sacaron fotos de frente y de perfil. El 25 de abril de 2004, Marcelo Toni, un ex comisario y actual almacenero de Ringuelet, denunció que la noche anterior había sido asaltado por tres personas, a quienes dijo desconocer. Le mostraron el album de fotos que tenía la Comisaría. Esos retratos terminaron siendo la artimaña para acusarlo de un robo. Se le negó dos veces la excarcelación. Estuvo preso durante un año y siete meses por una causa “construida” por la policía bonaerense. El fiscal del juicio oral resolvió desistir de realizar la acusación por lo que Roser quedó inmediatamente en libertad.
- El fiscal de Instrucción de La Plata ordenó en junio del 2004 al ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, filmar en protestas previstas en la primera quincena de ese mes a quienes tuviesen el rostro cubierto y circularan provistos de palos y caños, para ser juzgados por intimidación pública.
La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense María del Carmen Falbo dijo que es "inconstitucional" filmar piqueteros en protestas fundamentando que el Ministerio Público Fiscal es "titular de la acción penal y sólo puede actuar después de perpetuarse un delito y no sobre la actividad de prevención del mismo".
"Filmar a piqueteros encapuchados y con palos sería más una actividad de inteligencia que no le corresponde a la justicia y posibilita interpretaciones contrarias al derecho penal constitucional". El Fiscal Romero de La Plata reconoció su derrota pero aseguró que insistiría por otras vías para judicializar la protesta.
- Arrestados luego de una protesta contra el Código de Convivencia porteño, los presos fueron acusados por coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños, en una imputación que a criterio de los defensores forzó las figuras penales para mantener a los manifestantes en prisión. Catorce personas (vendedores ambulantes, cartoneros y mujeres en estado de prostitución) que se manifestaban en la Legislatura el 16 de julio de 2004, y que pasaron 14 meses presas acusadas de delitos desproporcionados y sin excarcelación, como forma de criminalizar la protesta social fueron a juicio oral el 3 de octubre. El Fiscal del juicio pidió la absolución por los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad, dejando los cargos por daños. El Tribunal resolverá en estas semanas.
- El 31 de agosto de 2004 integrantes de Quebracho, la Coordinadora de Unidad Barrial, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones hicieron un escrache al director del FMI, quien estaba de visita en Buenos Aires. Durante la protesta los manifestantes encendieron neumáticos en la puerta del ministerio de Economía, pintaron sus puertas y una vez iniciada la represión, tiraron piedras. Ese día la Federal detuvo a 104 personas. Los reprimieron con golpes feroces, perdiendo el embarazo una militante. Se procesó a una docena de ellos con prisión preventiva y un pedido de captura. Se les imputó “haber desarrollado diversas conductas tendientes a imponer sus ideas por la fuerza o el temor en el resto de la ciudadanía y permite inferir que forma parte de distintos tipos de agrupaciones dedicadas a esta actividad encuadrando su accionar en las previsiones del art. 213 bis del Código de Fondo. A varios de ellos se les imputó además intimidación pública agravada y a otros se les agregó atentado contra la autoridad y daños.
Casi 3 meses en la cárcel tuvieron que pasar para que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Federal desestimara el delito de prepotencia ideológica para todos los procesados, en relación a intimidación pública consideró que no había pruebas específicas para cada caso, por lo que debería el juez considerarlas. Sin embargo mantuvo el procesamiento en cuanto a daños y atentado a la autoridad. Están pendientes los procesamientos de varios imputados que ya fueron indagados y que aún el Juzgado no resolvió su situación.
- El 2 de octubre de 2004 en horas de la madrugada personal de Gendarmería y de la policía santacruceña desalojó la nueva toma de la playa de tanques de TERMAP en Caleta Olivia y reprimieron a los manifestantes que se encontraban cortando la Ruta nacional número 3, en el acceso a la norteña ciudad de Santa Cruz.
El saldo de la avanzada represora del gobierno fueron 80 compañeros encarcelados de los cuales, al 3 de octubre, permanecían 36 detenidos en diferentes seccionales policiales de Caleta Olivia y hasta algunos fueron trasladados a los cuarteles de Gendarmería en Comodoro Rivadavia.
El recuento cronológico de los hechos indica que todo se inició cuando los trabajadores desocupados, que a finales de agosto habían tomado la playa de tanques de TERMAP, decidieron retomar el reclamo porque las petroleras y el gobierno santacruceño no habían cumplido con los acuerdos realizados.
Permanecieron varios meses detenidos 3 mujeres y 3 hombres. Las imputaciones son: usurpación, daño, privación ilegítima de la libertad, y obstrucción de funciones públicas en concurso real con privación ilegítima de la libertad. usurpación y obstrucción de la producción. El Juez los consideró a estos 6 como organizadores por eso no les concedió la excarcelación pero hay cerca de 40 procesados excarcelados. Esta zona, al igual que Mosconi en el norte está militarizada, con gendarmes que amenazan y atemorizan a la población para que no realicen distintas acciones tendientes a reclamar sus derechos a las petroleras.
- Un docena de habitantes de la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, que participaron en el reclamo efectuado durante el mes de febrero 2006 en dicha localidad, pidiendo la exención al impuesto a las ganancias sobre los salarios y su reencuadramiento gremial fueron detenidas el 9 de marzo de 2006 con graves cargos. Hubo luego varias excarcelaciones.
Se recuerda que el 6 de febrero del presente año, fue detenido el vocero del cuerpo de delegados del sindicato del petróleo y gas, Sr. Mario Navarro en la localidad de Las Heras, Pcia. de Santa Cruz. En estas circunstancias es trasladado a la Comisaría y Alcaidia de dicha localidad produciendo una manifestación popular en reclamo de su libertad. Los hechos que sucedieron en la madrugada del 6 y 7 de febrero con el resultado de varios heridos y una persona fallecida, lmotivaró la iniciación de una causa judicial a cargo de la Dra. Roata de Leone. Esta funcionaria inicia dicha causa con secreto de sumario por tiempo indeterminado. Amparada en dicho secreto sumarial ordena detenciones arbitrarias y masivas contra algunos de los participantes y con ayuda las fuerzas de seguridad se violaron domicilios y se produjeron allanamientos y detenciones arbitrarias e indiscriminadas. Se denunció que “Ante el estado de virtual militarización (Gendarmería Nacional, grupos especiales de inteligencia nacional y provincial, etc) de la localidad de Las Heras, las requisas indiscriminadas, el control de las vías de comunicación interprovincial, el control del acceso a las plantas petroleras de trabajo y la permanencia dentro de dichas plantas de las fuerzas de seguridad mencionadas sumado a los allanamientos antes descriptos, imposibilitan la libertad de circulación, de trabajo, derecho de huelga, de reunión y de manifestación consagrados en nuestra C.Nacional.”
- LOS HECHOS DE HAEDO: El 1º de noviembre de 2005 en la localidad de Haedo, Provincia de Buenos Aires, el hartazgo de usuarios y usuarias de la línea ex Sarmiento de TBA se expresó en una espontánea manifestación pública de sus reclamos, contándose entre los principales: el mal estado de los trenes, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, incendios y desperfectos técnicos cotidianos, condiciones generales del servicio que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros y sus empleados. Permanecieron 7 jóvenes presos durante más de 8 meses presos quedando detenido todavía un usuario Roberto Cantero acusado de tenencia de arma de guerra. Ellos eran menores, trabajadores, estudiantes, cartoneros, deportistas; es dable mencionar las características sociales de estos detenidos, siendo todos pasajeros habituales de tal línea de ferrocarril y provenientes de hogares con serias dificultades económicas.
Esta causa judicial, derivada de los incidentes producidos producto del estado ferroviario, en un principio motivó conferencias de prensa del Ministro del Interior, Aníbal Fernández, para denunciar la participación de organizaciones políticas, sindicales, e incluso un boicot al servicio ferroviario, cosa que se desvaneció por inconsistente y ahora desapareció sorpresivamente de la agenda política. Tanto es así, que a posteriori de los hechos reseñados, idénticos episodios se han sucedido en varias oportunidades y en distintas estaciones, evidenciando que los hechos de Haedo no constituyen más que la respuesta espontánea de los usuarios, cansados del atropello permanente.
- El 4 de noviembre de 2005 tuvimos la presencia en Argentina del genocida Bush, lo que motivó movilizaciones en repudio a su visita en distintos lugares del país, Mar del Plata sede el Encuentro de la Cumbre tuvo su mayor participación y represión. Luego de varias detenciones ese día con posterioridad fue indagado un dirigente piquetero, Chacho Berrozpe, acusado de incitación a la violencia colectiva y tenencia de explosivos con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común. El procesamiento está en apelación ante la Cámara, aunque se logró la excarcelación luego de varios meses de prisión preventiva.
En Buenos Aires en la marcha convocada para repudiar la presencia del Presidente de EEUU comienza una represión inusitada cuando se procedía a la desconcentración de la misma. Son detenidas 7 personas. Se las procesa por intimidación pública y daños. A un procesado se le agrega lesiones a un policía. Lo insólito que el Fiscal solicitó las filmaciones y fotografías tomadas en la causa del 31-8-04 que se abrió por la represión desatada en el Ministerio de Economía. La Cámara de Apelaciones en lo Federal decreta la falta de mérito con relación al delito de intimidación pública, confirmando los otros delitos.
Nota
(1) Alejandro Teitelbaum Prevención, Represión y Criminalización: de las Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Derecho al Desarrollo: El Problema de su Impunidad
Descubriremos porqué es democracia burguesa si nos interesamos por averiguar
cómo la pobreza estructural ha aumentado y se ha profundizado en la medida
que creció la acumulación oligopólica desde los ochenta hasta hoy sin
interrupción en ningún gobierno constitucional. Pero sobre todo la
'democracia' ha consolidado nuestro subdesarrollo y multiplica los
appartheid que oficializa como "zonas de sacrificio".
Argentina - El nuevo colonialismo: la disputa por nuestra soberanía
7 de marzo de 2018
"A nivel nacional, el Gobierno Nacional ha profundizado un modelo de despojo.
Todo esto basado en la estructura jurídica legal e impositiva creada en los 90’.
Casi siempre en nombre de corporaciones extranjeras, siempre eligiendo
sacrificar zonas y vidas que no le importan: poblaciones más excluidas, con
menos poder económico y político, muchas veces de color y que creen en un modelo
alternativo de desarrollo.
Por Martín
Vainstein
En Noviembre de
2017, Sergio Bergman declaró[1] en la COP23 en Bonn, que “todas
(las leyes, de Bosques y Glaciares) están vigentes y no se tocan”, y
luego aportó “la información que surgió en un off, de una reunión no es una
información oficial, ni seria, ni consistente, para tener un debate”. Cerró
el argumento agregando
“La
espuma bajará en un día, ya está, el efecto se logró, un trascendido de la
reunión con minería, de ninguna manera”.
De esta manera, el
Ministro intentaba acallar los rumores sobre la intención del Gobierno Nacional
de modificar las dos leyes de ordenamiento territorial más importantes del país:
la ley de Bosques y de Glaciares. Pero tan sólo días más tarde, la
verdad salió a la luz: después de una reunión con funcionarios y la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros, el Presidente confirmó[2] la intención de
modificar la Ley de Glaciares.
Pero la avanzada del Gobierno sobre el territorio en términos mineros no es algo aislado, ni a nivel internacional ni a nivel nacional. En Brasil, la catástrofe ambiental de Mariana[3] es responsabilidad de la mega minera brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton.
En La Guajira[4],
Colombia, el asesinato sistemático de la comunidad Wayuu tuvo lugar a manos de
la minera El Cerrejón cuyos dueños son las empresas británicas, suizas y
australianas.
A nivel
nacional, el Gobierno Nacional ha profundizado un modelo de despojo.
Desde el intento de avance de Monsanto en Malvinas Argentinas[5], pasando por el
desmonte y robo a la comunidad Wichí en Salta[6] por capitales nacionales y
extranjeros, la criminalización del Pueblo Mapuche[7] en Vaca Muerta liderada
por Chevron y en tierras acaparadas por Benetton,
el macrismo aplica, lleva a
fondo y mantiene las relaciones con las corporaciones extranjeras y las
políticas públicas del kirchnerismo.
Todo esto
basado en la estructura jurídica legal e impositiva creada en los 90’. Casi
siempre en nombre de corporaciones extranjeras, siempre eligiendo sacrificar
zonas y vidas que no le importan: poblaciones más excluidas, con menos poder
económico y político, muchas veces de color y que creen en un modelo alternativo
de desarrollo.
Los detalles de
esta importantísima ley pueden encontrarse perfectamente resumidos en esta
nota[8] de Juan Parrilla y esta otra entrevista[9] con Enrique Viale, por lo que
no busco reescribirlos. Lo que planeo destacar brevemente es la relevancia de la
Ley de Glaciares, desde su concepción hasta las posibles consecuencias de su
modificación. Recomiendo la lectura estas notas antes de seguir en caso de no
saber de qué va la Ley.
¿Pero entonces
cuál es el problema?
- Minas como la de Veladero[10], operada en un 50/50 por la Canadiense Barrick Gold y la estatal China Shandong Gold Group, operan en glaciares. Igual que otros 44 proyectos[11], violando la Ley de Glaciares.
- Gracias a la estructura[12] legal levantada en los 90’ y a las decisiones durante el kirchnerismo y ahora en el macrismo, las mineras no sólo no aportan impositivamente al país, sino que aparte están subsidiadas por el Estado.
-
La minería no sólo no genera trabajo real, sino que crea zonas de sacrificio en donde se establece. Este es un gran trabajo[13] de varios investigadores sobre 15 mitos y verdades de la minería transnacional en Argentina.
Queremos ser
claros en que no sólo es un problema de la actividad en sí, sino también del
modo en que se opera en Argentina. La Ley de Glaciares, una de los mayores logros populares en tanto
leyes de ordenamiento territorial, es de extraordinaria importancia ya que pone
freno a compañías extranjeras sin interés en el país y cuyas operaciones atentan
contra nuestra soberanía.
Pero no todo
está perdido: como producto de manifestaciones y movimientos sociales en
resistencia, siete[14] son las provincias que poseen leyes que limitan o
prohíben la minería a gran escala. Luego del derrame de la Barrick Gold en
Jáchal, los vecinos se constituyeron en la Asamblea Jáchal No Se Toca,
judicializaron la causa y están movilizando a un país entero detrás de elles.
Durante el
período colonial tanto el continente como el que hoy se conoce como Argentina
fueron saqueados en nombre de los valores e intereses europeos. Genocidios como
la “Conquista del Desierto” buscaban
entre otras cosas expandir la frontera para la producción de ganado ovino y sus
consecuentes relaciones comerciales con la Gran Bretaña de la Segunda
Revolución Industrial.
En la
actualidad, el Gobierno Nacional en colaboración con algunas Provincias ha usado
su influencia para asegurar que empresas extractivas extranjeras tengan acceso a
los recursos en suelo Argentino. Ese fue el caso en el período colonial y este
sigue siendo el caso al día de hoy.
Pero, como bien
expresan Svampa y Viale en su libro “Maldesarrollo”, deberíamos
de preguntarnos cómo las actividades extractivas de las petroleras y las mineras,
modifican el espacio, la sociedad, los trabajos y la cultura misma. No sólo
generan consecuencias económicas y sociales, sino que incluyen el ambiente, el
estilo y calidad de vida, las relaciones laborales y de género. En suma, las
actividades extractivas intensifican los problemas sociales.
El problema del neocolonialismo extractivo es sistémico, y hasta que no veamos las relaciones entre recursos, salud, patriarcado, racismo e inestabilidad económica, va a ser muy difícil ser un territorio realmente libre y soberano.
Desafortunadamente el problema es de fondo y va más allá. En tiempos en que los
femicidios[15] están en boca de todes, los travesticidios[16] son olvidados, se
recorta[17] el trabajo citando austeridad, nos bañan en agrotóxicos[18] y nos
reprimen[19] cuando nos quejamos, es más que necesario ver más allá. Debemos
comprender que la única forma de luchar para ganar es
si vamos todes juntes, en
clave sistémica, anticolonial e interseccional. Esta
nota tiene esa intencionalidad, porque esta es una pelea por la vida y la vamos
a dar hasta el final.
Notas
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_-_El_nuevo_colonialismo_la_disputa_por_nuestra_sobera
Veremos que ese bien tan preciado por nosotros se diferencia de la dictadura
militarizada de los grandes capitales locales e imperialistas como
producto de nuestras luchas desde abajo y también por nuestra confusión
actual mientras que los 30.000 tenían claro el antagonismo irreconciliable
con el sistema y no con un gobierno por más reaccionario que fuese. Hoy es
fundamental la ruptura de la conciliación con nuestros opresores. En esa
senda la
propuesta de Carlos Vicente "es reflexionar sobre los errores,
contradicciones y retrocesos de la década pasada".
Argentina: ¿Otra agenda para el 19?
Mercado interno y desarrollo productivo
5 de marzo de 2018
Por Carlos
A. Vicente
Observaciones a la energía
nuclear, explotación de hidrocarburos no convencionales y la minería.
La nota de Eduardo Dvorkin “Tareas urgentes a
encarar con otro gobierno. La agenda del 19”, publicada el 4 de febrero en el
Cash, resulta una invitación a la reflexión que no quiero dejar la oportunidad
de aprovechar. Por un lado casi nadie de este lado de la Argentina puede dejar
de acompañar los objetivos presentados como centrales: volver a desarrollar el
mercado interno coetáneamente con el desarrollo productivo; incluir para crecer
y crecer para incluir y poner al Estado en la conducción del proceso productivo.
Sin embargo a la hora de analizar las propuestas concretas para cumplir con estos objetivos aparece una reiteración de las que fueron las propuestas del kirchnerismo durante toda su gestión y que merecen hoy por lo menos ser revisitadas, analizadas y cuestionadas. Porque enfrentar hoy al monstruo que se ha apoderado del país no nos debe impedir reflexionar sobre los errores, contradicciones y retrocesos sufridos la década pasada. Esta será la única manera de mirar y construir un futuro mejor.
Creo que hay por lo menos tres ejes sobre los
que las “tareas urgentes” hacen agua:
-
Uno de ellos es apelar a un modelo productivo que es profundamente cuestionado y al que muchos países ya han renunciado por sus catastróficos resultados: el desarrollo de la energía nuclear, la explotación de hidrocarburos no convencionales y la minería. Los impactos de estas tres áreas de “desarrollo” ya están más que demostrados (Fukushima o la catástrofe de Mariana en Brasil son muestras más que suficientes) y los países centrales claramente han puesto las fichas en que el desarrollo de las mismas sea en los países subordinados (salvo en los Estados Unidos por supuesto, donde están dispuestos a todo para conservar su hegemonía). Llama la atención que no se sume a esta tríada de propuestas la profundización del modelo agrícola basado en transgénicos y agrotóxicos. ¿Será porque el Ministro de Ciencia y Tecnología seguirá siendo Lino Barañao y, por lo tanto, este tema ni siquiera necesita ser mencionado?
-
Otro es no mencionar el poder corporativo en el que se sustentan estas propuestas de “desarrollo” y las implicancias que tienen. Las mineras canadienses, con Barrick Gold a la cabeza; Chevron de la mano de la “estatal” YPF o la no mencionada Monsanto (hoy comprada por Bayer) conforman el espectro de “oportunidades” que seguirán manteniéndonos en la subordinación y la imposibilidad de pensar en un futuro autónomo para nuestro país.
-
El tercero, fundamental cuando lo que estamos abordando es el futuro, es no plantear los impactos en los territorios de estas propuestas. En Argentina, millones de personas cuestionan local y regionalmente la devastación producida por la minería, la extracción de hidrocarburos no convencionales o el modelo sojero y sus fumigaciones masivas. No tener presentes a los pueblos que sufren las consecuencias de estos proyectos es darle la espalda a buena parte de los argentinos. Pero además el costo del extractivismo lo estamos pagando todos: la destrucción de ecosistemas, la pérdida de nuestros últimos bosques nativos, la contaminación de la cuencas de agua, los suelos y las comunidades por agrotóxicos, la destrucción de economías locales son realidades perfectamente documentadas cuyas cifras son alarmantes pero exceden la extensión de esta nota. La información está allí, producidas por Universidades, Asambleas y organizaciones sociales. Quién quiera oir que oiga.
Todos estos temas son parte del debate
cotidiano en la política y en los grandes medios en buena parte del planeta. En
Argentina sin embargo se los ha borrado del mapa y han quedado relegados y por
suerte visibilizados por los medios alternativos.
Quizás sea hora de aprovechar el momento, y a pesar del
enemigo común poderoso que enfrentamos, ampliar la mirada y los debates que
tenemos.
* Integrante de las ONG Grain y Acción
por la Biodiversidad y
coeditor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas.
Deliberemos y decidamos
sobre nuestro destino común que es el de los pueblos de Nuestra América y
del mundo. Es crucial dejar de delegar nuestro presente-futuro en quienes
son los representantes del sistema mirando en exclusivo por saquearnos.
Implica desenmascararlos en engañarnos sobre el progreso y la patria grande.
Honduras prueba la verdad sobre ambos:
Berta Cáceres y el modelo depredador extractivista
Por Rafael Cuevas Molina
La colusión de
intereses empresariales y financieros involucrados en el proyecto al que se
opuso Cáceres muestra, claramente, los engranajes del poder corporativo
transnacional que promueve y defiende el modelo depredador extractivista.
Este 3 de marzo
se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres y los autores intelectuales del
crimen siguen en la oscuridad. No es extraño. Seguramente se trata de gente con
mucho poder en Honduras. Recuérdese que antes de su asesinato había sido víctima
de hostigamiento por parte del Estado hondureño a través de la Policía Nacional
y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Incluso la jerarquía de la
Iglesia católica hondureña, a través del cardenal Óscar Rodríguez, prohibió a
los feligreses organizarse en COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras) -dirigido desde el 2013 por Cáceres-, y escuchar sus
medios de comunicación comunitarios.
Esta actitud de la gremial patronal, el Estado y la Iglesia hondureña no debe extrañar. Berta Cáceres encabezaba las protestas contra la construcción de una represa en el río Guaicarque por la compañía china Sinohdro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). La presión ejercida produjo el abandono de las dos primeras pero la tercera continuó. La represa busca producir energía eléctrica para abastecer a las empresas mineras.Honduras es un emporio para las mineras, las empresas madereras y las hidroeléctricas, y un infierno para quienes se les oponen, no sólo a ellas sino, en general, al modelo de desarrollo depredador. El país ostenta proporcionalmente el más alto índice de asesinatos de ambientalistas en el mundo.
Honduras es eso:
una hondura que no permite avizorar un horizonte menos opresivo. La gente escapa
como puede, migra desesperada
huyendo del estado de cosas impuesto después del golpe de Estado que sacó del
poder a Manuel Zelaya.
Antes de quedarse
ahí, sus ciudadanos prefieren afrontar las más terribles peripecias: caer en las
garras de las mafias mexicanas de
extorsionadores; los cárteles de la droga y la trata de blancas; desbarrancarse
en La Bestia, el tren de la muerte; ser cazados como animales salvajes por
finqueros gringos en el desierto colindante con la frontera mexicana; o vivir la
discriminación en un país en donde la xenofobia es pan de todos los días.
Una
situación insoportable
Berta Cáceres fue
activista indígena feminista y ambientalista. Encabezó manifestaciones de
protesta contra el golpe de Estado del 2009 y, por lo tanto, se puso en la mira
del poder, ese mismo que, en sus enredos palaciegos, ahora hace triquiñuelas
para reformar la Constitución para hacer posible la reelección presidencial.
Recuérdese que oponerse a ella fue la causa para que echaran abajo al gobierno
de Zelaya.
La colusión de intereses empresariales y financieros involucrados en el proyecto al que se opuso Cáceres muestra, claramente, los engranajes del poder corporativo transnacional que promueve y defiende el modelo depredador extractivista: una empresa del capital transnacional chino; una agencia de uno de los principales agentes financieros impulsores del modelo neoliberal de desarrollo a escala mundial; y una empresa de un Estado enano.
Parece de
manual
Evidentemente,
viendo cuáles eran los intereses a los que se oponía Berta, todos sabemos que
los autores intelectuales de su asesinato no aparecerán nunca. Los ejecutores
sí, claro; los que apretaron el gatillo, los peones, los donnadies, esos sí,
ellos van a pagar los platos roto de la fiesta. Los otros, seguirán tomando su
güisqui en reuniones internacionales, encontrándose en el Foro Mundial de Davos
y riéndose, a mandíbula batiente, no solo de quienes han mandado a matar sino,
también, de los pobres títeres que gobiernan los estados de opereta en los que
obtienen los minerales para seguirse haciendo más ricos y, de paso, acercarnos a
todos cada vez más rápidamente al precipicio de la debacle medioambiental.
(*) Escritor,
filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha
publicado tres novelas y cuentos y poemas en revistas. Es catedrático e
investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la
Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica.
Fuente:
https://www.nodal.am/2017/03/berta-caceres-modelo-depredador-extractivista-rafael-cuevas-molina/
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Por qué Santos y Chávez nos quieren
“reconciliar” con el Lobo
12 de abril de 2011
Por Tomás
Andino Mencía
La población resistente de Honduras aun no sale de su asombro del giro
inesperado que ha tomado la política internacional relacionada con el Golpe de
Estado en nuestro país, no tanto por el ya conocido cinismo de la oligarquía
hondureña que hoy bendice a quien ayer satanizaba como el peor demonio del
mundo, sino por el reconocimiento político y el apoyo que le ha brindado el
Presidente Hugo Chávez al régimen sucesor del golpismo,
tanto para su retorno a la OEA como para beneficiarse de las ventajas de PETROCARIBE.
En mayo 2010, durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Presidente Chávez
anunció que no asistiría si participaba el Sr. Porfirio Lobo Sosa, por ser un
gobierno “ilegitimo”; once meses después el mismo Presidente Chávez expreso en
Cartagena de Indias, Colombia, "Con
mucho gusto he conocido al presidente Lobo (...) y los resultados son muy
positivos”, y explico que "nosotros
hemos hecho gestiones para tratar de ayudar a que Honduras se reintegre a todos
los organismos internacionales y a los programas de cooperación con nuestros
países"[1] ,en
una clara referencia a la reincorporación del Estado de Honduras a la OEA y a
normalizar las relaciones comerciales interrumpidas con el Golpe de Estado. Acto
seguido, aparece sonriente en una fotografía estrechando la mano del verdugo del
Pueblo hondureño.
Pero además del rol del Presidente venezolano, llama la atención que un país como Colombia se interese por la situación de Honduras. De hecho, el Presidente colombiano confeso que le ha dedicado tiempo a este asunto: “Desde hace algún tiempo hemos venido haciendo una diplomacia discreta para tratar de normalizar la situación de Honduras en el hemisferio, para que vuelva a reintegrarse a la OEA y para que su situación sea reconocida por todos los países como una situación normal”[2]
¿De qué se trata el juego?
Según fue anunciado, en las próximas semanas los gobiernos de Colombia y
Venezuela facilitaran un proceso de “diálogo” y “reconciliación” en Honduras que
persigue “normalizar” la situación nacional y lograr que Honduras vuelva a ser
aceptada en el sistema interamericano de cara a la próxima cumbre de la OEA a
realizarse en junio en San Salvador, o de repente antes.
El Coordinador General del FNRP, quien no fue invitado a la cita y a quien,
según dijo, se le llamo por teléfono en el momento, reaccionó “con
aprehensiones” (desconfianzas) y anunció estar “vigilante” del proceso, dando a
entender que no participo en el diseño de esta jugada de altos vuelos. Es
difícil creer que Mel no supiera nada de lo que se cocinaba desde hace ya
bastante tiempo, pero si tomamos su palabra, resulta inaceptable que dos
gobiernos se pongan de acuerdo sin tomar en cuenta la opinión de la Resistencia
Hondureña pues no es el futuro de Venezuela o Colombia el que está en juego,
sino el futuro del pueblo de Honduras.
Esa actitud despreciativa hacia el FNRP
podríamos esperarla de un gobierno peón de Estados Unidos, como es el Gobierno
colombiano, pero ha resultado difícil de digerir proviniendo del gobierno de
Hugo Chávez, quien se suponía era nuestro aliado.
¿Ganaría algo la Resistencia con esa jugada? En
diferentes espacios, se nos vende la idea de que, como consecuencia de esos
acuerdos, la Resistencia tendría los siguientes beneficios:
a) Que se liquidarían los juicios que penden sobre el Ex Presidente Manuel
Zelaya, viabilizando su retorno como parte del acuerdo; no obstante, persistiría
siempre el riesgo de que, una vez en el país, le abran de nuevo los juicios
porque el golpismo seguirá vivo y coleando en el sistema de (in) justicia;
b) Que se podría cambiar a los recalcitrantes funcionarios del Ministerio
Publico y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no significa necesariamente
una ganancia pues con ello solo se castigaría a “chivos expiatorios” y no a los
verdaderos responsables del Golpe de Estado; además, no podemos esperar de Juan
Orlando y Pepe Lobo que los sustituyan por gente progresista;
c) Que se podría castigar a los responsables del Golpe de Estado, sin embargo
Arturo Corrales Alvares, uno de los artífices de esta maniobra en Honduras,
desde ya aclara que al igual que se promoverá la absolución de Manuel Zelaya,
se haría lo mismo con los demás implicados en aras de la “paz” y la
“reconciliación”; y,
d) Que gracias a ese acuerdo la Resistencia podrá participar en las próximas
elecciones generales y que entonces “tomaremos el poder”, algo ilusorio pues la
oligarquía no va a ceder ni un ápice en sus intereses, como lo demostró en la
reciente huelga magisterial, mucho menos para pensar que entregara el Poder a la
Resistencia popular.
En otras palabras, los supuestos beneficios son más hojas que tamal.
En cambio, los beneficios de la clase dominantes son más contundentes:
a) Tendría un fuerte beneficio económico porque
se estaría gestando un jugoso negocio con PETROCARIBE que sacaría las castañas
del fuego a la oligarquía y al régimen golpista hondureño, dado que los altos
precios de los combustibles asfixian a sus negocios en medio de una difícil
situación económica; no por otra razón el empresario Adolfo Facusse se lame los
bigotes de felicidad soñando con esa oferta del gobierno venezolano y desde
ahora se adelanta a recomendarla;
b) Tendría un triunfo diplomático al
abrírsele las puertas al mundo a un régimen heredero de un Golpe de estado, en
un momento en que era despreciado por la comunidad interamericana, lo cual
mejoraría la confianza de organismos de financiamiento internacionales y de las
transnacionales para animarse a invertir en el país; y,
c) Tendría un éxito político a
lo interno del país porque saldría en “caballo blanco”, fortaleciendo su
desgastada imagen y su discurso demagógico, mientras masacra a palos y a tiros a
la heroica resistencia popular.
Entonces, en el fondo esta jugada no parece diseñada para beneficiar a la
Resistencia sino a la oligarquía golpista, en un ajedrez típico del Departamento
de Estado de Estados Unidos, muy similar a la que hizo en San José, Costa Rica,
cuando su peón Oscar Arias actuó de intermediario para hacer que Manuel Zelaya
Rosales aceptara sentarse a negociar con un dictador que acababa de derrocarlo
del Gobierno.
¿Cómo se explican estos hechos y hacia qué escenario conducen? Para contestar
esa pregunta indaguemos en las motivaciones que han tenido actores tan disímiles
como los Presidentes Santos y Chávez para coincidir en este
tamal.
1.Los motivos de Juan Manuel Santos
Sabemos que Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, es un peón del ala dura
de los militares norteamericanos y del lobby Israelí. Siendo Ministro de Defensa
de Álvaro Uribe, Santos fue clave en la instalación de las bases militares
norteamericanas que se construyeron en territorio colombiano, con el propósito
de agredir a Venezuela; bases que Santos siguió construyendo a pesar de una
prohibición de la Corte Suprema de Colombia. Fue, además, responsable de
innumerables violaciones a los derechos humanos. La siguiente cita, extractada
de una larga y macabra biografía del Presidente Santos, en los tiempos en que
fue Ministro de Defensa y después Presidente de Colombia, nos revela el tipo de
funcionario que está alentando la “reconciliación” en Honduras.
“En noviembre de 2005, el ministerio de defensa (Juan Manuel Santos) aprobó una
directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los
militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por "rebeldes
caídos en combate" que llamaron "falsos positivos". La Fiscalía General
investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes,
retrasados mentales, indigentes, drogadictos. Cuando Santos llegó al ministerio,
en julio de 2006, se registraron 274 casos de “falsos positivos”. Al año
siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Aunque poco se menciona, se
estima que 250.000 personas han sido “desaparecidas” por las fuerzas de
seguridad y sus paramilitares. Tan sólo en los últimos cuatro años lo fueron
casi 40.000 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en la mayor fosa común
de Latinoamérica, hallada detrás de un cuartel del Ejército a 200 kilómetros al
sur de Bogotá: más de 2.000 cadáveres... Hay que subrayar también la estrecha
relación de Santos con las autoridades de Israel y sus servicios de seguridad.
En octubre de 1997, Manuel Santos ya había demostrado su falta de escrúpulos. Se
reunió con los tres principales cabecillas paramilitares, para proponerles de
participar en un golpe de Estado contra
el presidente liberal Ernesto Samper (propuesta que también hizo a las
guerrillas FARC y ELN)... En septiembre de 2008, el periodista venezolano José
Vicente Rangel dijo de Santos: “Es el hombre del Pentágono en la política
colombiana. Ha venido cobrando fuerza a la sombra de Uribe, y hoy es posible
decir que rebasa al propio Uribe” (“Juan Manuel Santos: de Halcón a
Paloma”, ALAINET. http://alainet.org/active/45049).
Sin embargo, el Presidente Santos es un experto en camuflarse, como el camaleón.
Hoy día ha abandonado su discurso confrontativo y se ha convertido en una figura
latinoamericana que rivaliza con Lula y Chávez en América del Sur por suaudacia
diplomática y política.[3]
Pero ¿Qué mueve al gobierno colombiano a preocuparse por Honduras?
Su interés tiene que ver con cuatro cuestiones.
Primero,
Colombia firmó en agosto de 2007 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y
a partir de ese año forma parte también del Plan Mesoamérica, un plan de masivas
inversiones en hidroeléctricas, represas, energía renovable, etc., lo que la
involucra de manera directa en la vida económica del istmo. En el caso de
Honduras el TLC entró en vigor el 27 de marzo de 2010. Como nunca antes, existe
un gran interés de empresas colombianas para invertir masivamente en Honduras,
especialmente en los rubros de generación eléctrica, ingeniería, prendas de
vestir, metalmecánica, autopartes y materiales de construcción.[4] Por
ahora, ese mercado se ha desarrollado en El Salvador donde las empresas
colombianas han invertido más de 1 mil millones de dólares.[5] Pero
la situación actual de Honduras, de ser un estado ilegal, no favorece el clima
de inversión que necesitan los capitalistas colombianos.
Segundo.
Colombia tiene una frontera común con Honduras y por o
tro lado con Nicaragua (Isla de San Andrés) en el Caribe, por cierto en disputa
limítrofe desde 1999. Nicaragua siempre ha denunciado de la alianza entre
Honduras, Colombia y Costa Rica para atentar contra su soberanía. Ese conflicto
casi lleva a la confrontación armada a Colombia con Nicaragua en 2004. Una
ganancia para Santos con este trato puede ser contar con el apoyo de Honduras en
la disputa limítrofe contra Nicaragua, porque también Honduras disputa el
paralelo 17 con Nicaragua y sus límites con Colombia afectan a aquel país. Un
escenario perfecto de alianzas para crearle un conflicto internacional a los
sandinistas.
En ese sentido, es de interés del gobierno ultraderechista colombiano contar con
Honduras como Estado aliado para fortalecer su posición en el triángulo norte
centroamericano, y un buen gesto en ese sentido es promover su retorno a la
OEA.
Tercero.
Lo anterior coincide con el interés del gobierno norteamericano de promover el
retorno de Honduras a la OEA. Recuérdese que Estados Unidos ha lanzado este año
una ofensiva diplomática en Latinoamérica, dirigida a moderar la recalentada
América Latina, al punto que el mismo Barack Obama hizo una histórica gira en
persona a tres países de la región: Brasil, Chile y El Salvador. Pues en el
marco de esas entrevistas oficiales, Obama se reunió también con Juan Manuel
Santos en territorio norteamericano a principios de abril.
No dudo que con todos ellos el mandatario gringo trato el caso de Honduras, a
fin de lograr su reingreso a la OEA en la próxima cumbre a realizarse en El
Salvador. Para ello ha debido convencer a sus homólogos de que Pepe Lobo ha
hecho casi todo lo que se le ha pedido para cumplir las condiciones de ser
reintegrado, siendo el retorno de Manuel Zelaya Rosales lo único que tiene
pendiente de cumplir. Por consiguiente su estrategia consiste en presionar
diplomáticamente para posibilitar un retorno controlado del ex Presidente.
Cuarto.
Santos ya es parte del conflicto interno en Honduras y no precisamente del lado
pacifista. Recordamos que Colombia fue el primer país en reconocer al régimen de
Porfirio Lobo Sosa. Por otro lado, existen evidencias de que el Presidente
Santos tiene tiempo de hacer pactos con Porfirio Lobo Sosa en materia de
"seguridad", asesorando a la policía hondureña, supuestamente en la lucha contra
el narcotráfico, lo que la ha convertido en la nueva meca de los esbirros de
Oscar Álvarez y compañía. Peor aún, el periodista Dick Emanuelsson ha revelado
evidencias que muestran la operación de miembros de Fuerzas especiales del
ejército colombiano en Honduras, denominadas “GAULAS” al servicio de Porfirio
Lobo Sosa, tomando como base la denuncia de la misma prensa colombiana.[6]
Es claro entonces que los motivos de Santos no son nada pacíficos ni
desinteresados.
2.Los Motivos de Hugo Chávez
En cuanto al Presidente Hugo Chávez, queda descartada la hipótesis de que fue
“sorprendido” como ingenua paloma por el frío y calculador Presidente
colombiano, pues en sus declaraciones Chávez confirmó que viene haciendo
esfuerzos hace algún tiempo y que los seguirá haciendo para abogar por el
retorno de Honduras a la OEA.
Si fue intencional y de común acuerdo con el Presidente Santos, uno podría
pensar que el paso dado por el mandatario venezolano tiene motivos de corte
progresista, en virtud de la trayectoria de solidaridad mostrada por su gobierno
con el gobierno del Presidente Zelaya y, después del Golpe, con la Resistencia
hondureña. Pero aunque he buscado esos motivos progresistas, no los encuentro
por ningún lado. En cambio, la información disponible apunta en la dirección
contraria:
1)Toda la intencionalidad del proceso es lograr el ingreso de Honduras a la OEA,
darle una salida electoral a la crisis y restablecer negocios con la dictadura
mediante PETROCARIBE, lo cual beneficia al régimen golpista y a la estrategia
norteamericana, como vimos párrafos atrás;
2)La orientación política que aplica el Presidente Chávez es diametralmente
opuesta a la decidida por la Asamblea Nacional del FNRP del pasado 26 de
febrero, que decidió apostar por un proceso de Refundación del Estado hondureño
mediante un proceso de Auto Convocatoria Constituyente, a fin de construir Poder
popular y sacar al golpismo del Estado; y,
3)Ningún órgano directivo de la Resistencia hondureña fue informado oficialmente
de la maniobra con antelación y, en cambio, el régimen golpista estaba bastante
enterado y fue tomado en cuenta en la operación.
Si lo que quería el Presidente Chávez era ayudar al pueblo hondureño y a la
reconstrucción de la democracia en Honduras, lo primero que debió hacer era
consultar con la Resistencia popular, a través de su Coordinador Nacional, y a
su vez, este consultar con los organismos de conducción internos para tomar una
decisión colegiada sobre el proceso,
y no imponerlo como un hecho consumado desde afuera.
Duele decirlo pero las evidencias disponibles, apuntan en el sentido de que el
gobierno bolivariano ha decidido entenderse con nuestro enemigo, el régimen
golpista, además de fortalecerlo económicamente, en base a intereses que no son
los de nuestro Pueblo. Aquí no veo cómo puede haber beneficio para la duda.
¿Cuál es la lógica de esta conducta política del Presidente Chávez?¿Qué
intereses hay de fondo en esa conducta? La
siguiente es una hipótesis a partir del estudio del contexto y
de algunos antecedentes.
Las razones económicas del giro venezolano hacia Colombia
Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas y comerciales en julio de
2010 tras que el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusara a
Venezuela ante la OEA de apoyar a la guerrilla de las FARC y el ELN, en momentos
en que desarrollaba una ofensiva para su desarticulación. Previo a eso ya
existía un ambiente tenso por la incursión militar colombiana que destruyó un
campamento de las FARC en Ecuador y por la firma en octubre de 2009 de un
Convenio con Estados Unidos por el cual se autoriza la construcción de siete
bases militares en territorio colombiano.
La ruptura de relaciones produjo una difícil situación económica para las
burguesías de ambos países, pues las exportaciones de Colombia a Venezuela
cayeron de 6 mil millones de dólares en 2008 a 1.5 mil millones en 2010,[7]además
de problemas de no pago de las transacciones comerciales a colombianos por un
monto de casi 800 millones de dólares y la suspensión de importantes obras de
infraestructura petrolera y portuaria que resultan estratégicas para la economía
venezolana, como la construcción de varios oleoductos y un canal seco con salida
al océano pacifico, a ser usados para el comercio con los países suramericanos y
asiáticos. A su vez, proyectos similares planificaba Colombia para beneficio de
su oligarquía hacia el Caribe.
A lo anterior hay que sumar que la economía en Venezuela tuvo serios problemas
en 2010 por la caída de los precios del petróleo, las consecuencias de la crisis
financiera internacional, una crisis energética causada por una aguda sequía, la
nacionalización de 12 instituciones bancarias y la corrupción.[8]
Asimismo, la ALBA como proyecto de integración de países políticamente afines,
parece haber disminuido su perfil desde 2010 ante el surgimiento de UNASUR, un
marco de integración más amplio que involucra no solo a países con identidad
ideológica progresista (como el ALBA), sino una pluralidad de países entre los
que se encuentra regímenes de derecha, como Colombia, y regímenes de centro
izquierda, como Brasil, que lo lidera. A su vez, importantes eventos políticos
influyeron para que los gobiernos de países del ALBA volvieran más su mirada
hacia sus intereses políticos nacionales que hacia afuera, como venía sucediendo
desde 2004. Estos acontecimientos políticos fueron, por un lado, las amenazas
constantes de golpes de Estado en Bolivia y Ecuador, así como el golpe consumado
en Honduras; el avance de la oposición derechista en Venezuela en 2010 así como
una serie de desastres naturales en varios países.
En ese contexto se produjeron importantes replanteamientos políticos en Colombia
y Venezuela que han llevado a ambos países a priorizar su integración económica
por sobre otros procesos.[9]
Sin embargo, si bien con ese curso se han distendido las malas relaciones
diplomáticas y económicas con Colombia que afectan la estabilidad económica
interna en Venezuela, aun pende como amenaza la presencia militar norteamericana
en aquel país.
Giro en lo político a colaborar con regímenes de derecha
Presionado por el cerco militar que implican las bases norteamericanas en
Colombia, la estrategia internacional del gobierno bolivariano ha consistido en
eliminar la imagen que ha construido la derecha latino y norteamericana que lo
hace percibir como líder de procesos de desestabilización de “democracias”
oligárquicas y promotor de cambios revolucionarios en el continente. Para
lograrlo se ha mostrado dispuesto a tomar medidas que antes habrían sido
impensables de su parte, sobre todo a un año del próximo proceso electoral. Una
expresión de esa voluntad conciliadora con la derecha es su afán por demostrar a
Colombia, a la OEA y al mundo que apuesta por las elecciones y que no fomenta la
lucha armada.
En esa línea el gobierno de Hugo Chávez se ha mostrado dispuesto a colaborar
cada vez más con su homólogo colombiano en materia de represión política a la
izquierda insurgente. A partir del año 2010, ambos países firmaron un convenio
de “seguridad” por la cual se comprometieron a capturar militantes de izquierda,
o “subversivos”, en ambos lados de la frontera. De esa forma, combatientes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejercito de
Liberación Nacional (ELN) también de ese país, son capturados en territorio
venezolano y luego se los entrega, nada más ni nada menos que al gobierno más
represivo de América (Colombia), donde les espera cárcel, tortura o muerte. [10]
Se puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la opción armada de estos
movimientos, pero no existe una justificación válida para capturar y entregar a
un gobierno fascista como el colombiano a activistas políticos de izquierda que
no causan daño en Venezuela.
No me cabe duda que la incursión militar de la OTAN en Libia y recientemente en
Costa de Marfil, han potenciado los temores del gobierno venezolano a una
potencial intervención militar desde Colombia y desde otras bases en la región,
lo que lo ha llevado a profundizar su estrategia de limpiar su imagen apostando
por un liderazgo componedor a nivel internacional, como quedó evidenciado en su
gestión como mediador en el conflicto libio.
Esto explica lo fácil que Chávez fue embarcado por el gobierno colombiano en
esta estrategia “normalizadora” en Honduras, lo cual es un lamentable resultado
de la política norteamericana de enseñar sus colmillos a través de sus bases,
los Golpes de Estado y la reactivación de su IV Flota.
Resumiendo, los motivos del Presidente venezolano respecto al caso hondureño
serian:
1. Modificar la imagen de promotor del conflicto hondureño que ha propagado la
derecha latinoamericana y el Departamento de Estado USA sobre su gobierno,
colaborando con su aliado estratégico colombiano, con la UNASUR y la OEA en la
pacificación (“normalización”) de Honduras para reincorporarla al sistema
interamericano, coincidiendo con la estrategia norteamericana en la región. En
esa línea, fomentará condiciones políticas en Honduras que permitan una salida
electoral a la crisis, evitando las posibilidades de una salida insurreccional y
la auto convocatoria a una Constituyente que han sido definidas por el FNRP.
2. Generar confianza en el régimen oligárquico hondureño para que este acepte
hacer negocio con empresas como PetroCaribe y de la ALBA, en condiciones de
competitividad, con vistas a reposicionarse económicamente en Honduras y
fortalecer su presencia en Centroamérica.
3. Los
motivos del imperio USA
Colombia y Venezuela, independientemente de sus propios motivos, contribuyen al
juego que ha sido diseñado por el Departamento de Estado Norteamericano. ¿Cuál
es ese juego?
En el contexto latinoamericano, Honduras no es un país de mayor importancia
económica; pero si política e integracionista. Es el único país latinoamericano
donde hubo un Golpe de Estado que no pudo ser revertido y en donde existe un
movimiento de resistencia popular que ha definido como ruta un planteamiento de
ruptura con el régimen oligárquico existente y de refundación del Estado
mediante un proceso constituyente. Por eso, en un contexto regional en el que
los Golpes de Estado están en la agenda del Estado norteamericano, Honduras se
convierte en un referente peligroso porque sus niveles de movilización son
fuente de inspiración de otros movimientos sociales en el mundo.
En el plano económico, Honduras tiene tres fronteras con países vecinos y a
pesar de nuestra debilidad económica, es poco viable hablar de integración
centroamericana, de un TLC y de un Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá)
exitosos sin nuestro país.
Por tanto, para el imperio norteamericano, es importante que:
1.El caso hondureño constituya un modelo de legitimación de un Golpe de Estado y
de reconversión de la resistencia popular en un movimiento electoral por el cual
se incorpora como oposición dentro del Estado oligárquico, alejando el espectro
de la Revolución.
2. Se incorpore a Honduras a la OEA, para consolidar los procesos de integración
capitalista del Plan Mesoamérica y del Tratado de Libre Comercio, y anime la
inversión capitalista en los enclaves transnacionales(Ciudades Modelo, maquilas,
minería, petróleo, biocombustibles, etc.)
Para lograr lo anterior, el lobby del
Departamento de Estado norteamericano ha conjuntado un abanico de fuerzas que
van desde la ultraderecha colombiana (Santos) y la centroizquierda salvadoreña (Funes)
para lograr aquel propósito, sin necesidad de quemarse como ocurrió en las
negociaciones del Pacto de San José.
Pero esta estrategia no puede funcionar si no se persuade a Manuel Zelaya
Rosales y a la Resistencia para colaborar, algo que sólo se puede lograr con la
intervención del Presidente Hugo Chávez, dado su prestigio en estas esferas. Tal
intermediación se hace teniendo como “argumento” de peso una atractiva oferta en
PetroCaribe, la cual sacaría de apuros al régimen oligárquico en momentos en que
vive una dura crisis económica y cuando desata una furiosa ofensiva neoliberal y
represiva contra la Resistencia popular.
Una necesaria rectificación
Mientras los hechos no digan lo contrario, todo indica que el Presidente Chávez
ha sido arrastrado a este vergonzoso rol por el matrimonio que hoy lo une con
uno de los regímenes más reaccionarios y represivos de América.
Resulta contradictorio que combatiendo a las fuerzas insurgentes o haciendo de
bombero de los procesos insurreccionales de América Latina, está debilitando al
largo plazo su propio proyecto bolivariano, pues su “mejor amigo” no es el
fascista gobierno colombiano, el cual en el momento menos esperado le asestara
una puñalada por la espalda, sino los movimientos de liberación de los pueblos
latinoamericanos, los únicos dispuestos a entregar su sangre por la defensa de
la revolución venezolana.
Es nuestro deseo que el Presidente Chávez rectifique cuando todavía está a
tiempo de hacerlo, en consideración a la trayectoria que tuvo antes, la cual fue
consecuente con los intereses de la Resistencia popular. Pero de no suceder esa
rectificación, es nuestra potestad como Pueblo soberano no prestarnos a esa
intención que sólo beneficia a los enemigos del cambio en Honduras, y continuar
el curso definido por nuestra Asamblea Nacional del FNRP “Campesinos Mártires
del Aguan” por la Refundación de nuestro país.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. el 12 de abril de 2011
[1]“Colombia
y Venezuela extienden reglas comerciales. Ven a Honduras”, Reuters – sáb, 9
abr 2011, disponible en: http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-y-venezuela-extienden-reglas-co...
[3]Diario
El Tiempo de Bogotá dice: “En menos de 8 días, Santos y Holguín se habrán
sentado a manteles con cuatro líderes internacionales, estratégicos para los
intereses nacionales: Barack Obama, presidente de Estados Unidos; Hugo Chávez,
presidente de Venezuela; José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno
español; y Ángela Merkel, jefa del gobierno alemán. En el último mes, Colombia
se hizo a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la
Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Guillermo
Fernández de Soto, ex canciller y ex embajador en Europa, destacó que ya no hay
una "política exterior solo con Estados Unidos, sino de contenido universal". Y
aseguró que Santos "entendió que una política exterior de cooperación es más
rentable que una de confrontación”. Otro ex canciller, Camilo Reyes, subrayó la
"recuperación de las relaciones con la región, su consolidación con la Unión
Europea, la apertura de nuevos espacios con Asia, sin poner en peligro su trato
con Estados Unidos". (“Política Exterior, en un momento estelar”, El
Tiempo, 10 de abril 2011, disponible en: http://m.eltiempo.com/politica/politica-exterior-en-un-momento-estelar/9...
[4] Centralamericadata,
“Empresarios hondureños visitan Colombia”, 25 de mayo 2010, disponible
en:http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Empresarios_hondurenos...
[5] Long
Island al Día New York, “Colombia está pisando fuerte en El Salvador;
inversiones superan los 1 mil
millones de dólares”, 7 de febrero 2011. Disponible en: http://lialdia.com/2011/02/colombia-esta-pisando-fuerte-en-el-salvador-i...
[6] Ver
su reportaje “El ejército Colombiano ya está en Honduras”, disponible
en; ver reportaje de Dick
Emmanuelson enhttp://www.albatv.org/El-ejercito-colombiano-ya-esta-en.html
[7] “El
deterioro de las relaciones entre los dos países impactó fuertemente la
economía, sobre todo la colombiana, que según el DANE, en el 2007 exportó al
país vecino 5.000 millones de dólares y en el 2008 la cifra estuvo por encima de
los 6.000. Sin embargo, poco a poco el gobierno venezolano tomó decisiones que
afectaron la balanza comercial al punto de que, según lo estiman los gremios,
este año las exportaciones comerciales probablemente no lleguen a los 1.500
millones de dólares.” (EFE, “Colombia y Venezuela: El Lanzamiento de una nueva
relación”, 11 de agosto 2010, disponible en;http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=Colombia+y+Venezuela:+El+Lanz...)
[8]“Fue
un año de grandes dificultades. Comenzamos con una verdadera crisis eléctrica,
que nos obligó a tomar severas medidas. Incluso estuvimos a punto de un colapso
eléctrico. Gracias al pueblo y al Gobierno que dio la cara, nos sobrepusimos a
la crisis eléctrica, que ha podido ser hasta una catástrofe” (Hugo Chávez,
Mensaje a la nación del 1 de enero 2011. Ver:http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/venezuela-supero-dificultades-2010-y-retoma-senda-crecimiento-economico)
[9]En
el caso de Colombia, la burguesía industrial y comercial desplazo del poder al
sector terrateniente representado por Uribe, caracterizado por una práctica y un
discurso confrontativo y militarista que volvía inviable la reapertura de
relaciones comerciales y la integración capitalista; por ello fue llevado a la
presidencia Juan Manuel Santos, un empresario derechista que, como fue dicho,
fue ministro de defensa aunque con un discurso “conciliador” y pragmático,
proclive a la distensión con Venezuela, según lo aconsejaban los nuevos tiempos.
Desde entonces, Santos ha desarrollado una agenda de ampliar relaciones con
otros países que lo ha llevado a una intensísima actividad diplomática
internacional. Por su parte, el gobierno venezolano decidió priorizar su
relación integracionista con Colombia incluso por encima del proceso de
integración que venía gestándose en la ALBA. Al poco tiempo de haber tomado
posesión el Presidente Santos en agosto 2010, se produjo la reapertura de
relaciones diplomáticas y comerciales y el inicio de un proceso de integración
para retomar los proyectos paralizados e incluso constituir inversiones mixtas
colombo-venezolanas. Eso tendera a aliviar la difícil situación económica y
social que atravesó el país en 2010 y le permitirá contar con mejores
condiciones para su reelección en el año 2012.
[10] “El
25 de diciembre, pocos días para cerrar el año 2010, Nilson Albín Teran Ferreira
(Tulio), un líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue capturado por la
policía de Venezuela y entregado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Casi en la
misma fecha en otra parte de Venezuela, el ejército capturo a Luis Ferney
Saavedra Benavides (Oscar Nobles) otro revolucionario colombiano. También fue
entregado a la policía del vecino país. Nilsson vivía en Venezuela, y en
Colombia está condenado a 40 años de prisión por sus actividades subversivas. ..
En noviembre pasado del 2010 Venezuela capturo y deporto a Bogotá a otros dos
integrantes del ELN y a un alto dirigente de las FARC, Nilson Navarro (ELN),
Priscila Ayala (ELN) y Oswaldo Espinoza (FARC), fueron las primeras víctimas del
acuerdo entre el gobierno de Chávez y el régimen de Colombia firmado en agosto
pasado para colaborar en asuntos de seguridad y medias antisubversivas. Hay que
recordar también que el 28 de marzo de 2010, el gobierno de Chávez apreso en el
aeropuerto a Walter Wendelin, un activista político del movimiento Vasco. Este
fue impedido de ingresar a ese país, detenido en Maiquetia, fue trasladado a un
cuartel del Servicio de Inteligencia, y después fue expulsado a Francia.” (Arce
Borja, Luis. “Chávez: ¿Antiimperialista o el judas de los revolucionarios?”,
El Diario Internacional, tomado de La Haine del 4-1-2011).
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