sábado, 2 de junio de 2018

III. Atrevámonos a hablar sobre cuánto sabemos del presente y la historia del PJ.


Será tomar conciencia a qué 
Estado es esencial desde
los 70 hasta hoy.
Ubiquémonos en cómo y porqué el Justicialismo( con liderazgos de Menem y de los Kirchner) ha sido el más eficiente partido de estado. Aparta a las mayorías de ser sujetos colectivos del cambio social no sólo reforzando su subsunción en el sistema sino también mediante:
La judicialización de la protesta social
Argentina: En nombre de la ley
Las acusaciones contra los militantes de Quebracho, la acusación de sedición a organizaciones piqueteras y un proyecto de ley antiterrorista dan el marco de la actual embestida del sistema contra el campo popular.
La criminalización de la protesta social es un proceso que el Estado argentino mantiene con insistencia como forma de suspender los conflictos sociales y los posibles cambios. La judicialización de militantes populares y las reformas a medida en las leyes son formas en las que se manifiesta esta complicidad entre poder político, judicial y fuerzas represivas.
El 26 de febrero, el Tribunal Oral Federal n° 4, ubicado en el edificio de Comodoro Py, inició el juicio oral por la causa "Quebracho". Los militantes Fernando Esteche, Guillermo Caviasca, Leonardo del Grosso y Carlos Franca fueron acusados de "incitación a la violencia colectiva"; además, a Fernando Esteche se le sumó la acusación de "portación ilegal de armas". El ex ministro del Interior menemista, Carlos Corach, fue el que inició la causa, presentando unos informes de inteligencia que derivaron en una acusación por desmanes en la marcha 100 y 150 de los jubilados y en la marcha contra la reforma de la ley universitaria.
Pese a que la fiscalía había requerido la pena de tres años de cárcel en suspenso, el Tribunal absolvió a los militantes por el delito de incitación a la violencia, pero dictó tres años de prisión en suspenso por el delito de "tenencia ilegítima de arma de guerra" a Fernando Esteche. 

Según Gabriel Lerner, militante de CORREPI y defensor de los imputados, "Corach y Menem trataban de eludir la situación social de disconformidad que se iba generalizando, trataban de focalizar todo en un grupo de activistas enojados, intoxicados con ideologías raras que, cuando todo el pueblo estaba feliz y contento, se encargaban de agitar. En sintonía con esa postura, Corach inicia una causa contra Quebracho acusándolos de desmanes en todas las ultimas marchas. Había agrupaciones que frente a esto respondían de manera más o menos violenta o activa. Al principio la causa se inicia como una investigación muy genérica contra Quebracho y Patria Libre por su participación en esas marchas. Finalmente con distintas modificaciones en las resoluciones que se fueron adoptando a lo largo del proceso quedaron imputados sólo militantes de Quebracho".
El entonces ministro del Interior, especialista en las "tareas sucias", presentó en agosto de 1995 una denuncia contra Quebracho y Patria Libre, donde se documentaba con videos y dos carpetas de información de inteligencia, material fotográfico y antecedentes "por la supuesta comisión de desmanes y disturbios por parte de los militantes". Estas carpetas contienen información sobre las actividades de más de 250 personas ordenadas según cada organización. Así Quebracho, Patria Libre, el Partido de la Liberación, el PTS, entre otros, tenían su dossier. Las más de 500 fotocopias (Corach no presentó ningún original) carecían de todo tipo de sellos, membretes, firmas y signo alguno que pudiera identificar al servicio que había recabado la información. Estas "pruebas" (tareas de inteligencia) se habían recabado sin orden judicial, es decir eran ilegales. Y esto consta en los informes pedidos por el juez Mariano Bergés a la SIDE y a la Policía Federal, quienes indicaron que los militantes no eran ni habían sido objeto de vigilancia. De esta manera se contradecían con Corach y nadie pudo mostrar una orden judicial. Corach proveyó las carpetas ocultando el carácter ilegal de la información recabada en los "dossiers". Sin embargo esta información es usada hoy como prueba en la causa contra los cuatro integrantes de Quebracho.
El defensor de los militantes, Gabriel Lerner, afirmó a RedAcción que "son varias las nulidades que se plantearon. Por un lado hay orfandad de pruebas porque no fue probado que ellos hayan incitado a la violencia y también hay compañeros que están imputados en participar en marchas que no fueron. Y aun en los casos que se probara que estuvieran, hay muy pocas pruebas de que hayan estado en actitud violenta. Y aun en los pocos casos que se probara la actitud violenta no significa incitar a la violencia colectiva. Es decir, si una marcha de jubilados yo veo a un policía pegarle a un viejo, y yo le pego a ese policía, puede ser lesión o tentativa de lesión pero no incitación a la violencia colectiva. Nosotros creemos que no hay pruebas. Pero en definitiva, hay una nulidad en el origen de esta causa: se han cometido un conjunto de violaciones a garantías constitucionales, el Estado ha iniciado una causa con una serie de pruebas recabadas cometiendo delitos. Esto es inválido por la regla de exclusión probatoria. Por ejemplo, si se persigue penalmente a una persona con pruebas obtenidas mediante la tortura. Si admitimos esto le estamos dando un valor positivo a un delito. Y esto es una fascistización del Estado, porque el Estado termina cometiendo delitos más graves que los particulares; y esa indefensión generalizada termina siendo Terrorismo de Estado".
Las causas políticas de este caso judicial resultan evidentes. Según el abogado de CORREPI, "hay un principio que dice que las fuerzas de seguridad pueden investigar cuando hay elementos fundados para prevenir un delito. Pero por qué el Estado no investiga también la evasión fiscal y le hace tareas de inteligencia a Techint o a Macri, o por qué no hace tareas preventivas para evitar delitos contra los derechos humanos y le hace inteligencia a la policía. Está claro que hay una actividad de persecución política sobre los luchadores de izquierda. Desde el punto de vista del campo popular esta situación es complicada porque a muchos compañeros esto les podría hacer pensar que su libertad corre peligro por el simple hecho de participar en una movilización. Si estas situaciones resultaran penadas con cumplimiento de prisión efectiva sería una señal antidemocrática muy fuerte".
La continuidad del sistema represivo
Este ataque a los sectores en lucha desde la judicialización tiene múltiples facetas. Otra de ellas es la activación de la causa por sedición contra las organizaciones piqueteras que cortaron el puente Pueyrredón el 26 de junio, la jornada en que las fuerzas represivas asesinaron a Santillán y a Kosteki. Así el Estado pretende culpabilizar a las víctimas.
La maniobra fue ejecutada por el ex ministro Jorge Vanossi, por encargo del presidente Duhalde, el mismo día de la masacre. Y otra vez aparece la SIDE (por entonces a cargo de Carlos Soria), que basa su informe en recortes periodísticos y en declaraciones tomadas durante la Asamblea Nacional de Desocupados. La causa se encuentra actualmente en manos del juez Norberto Oyarbide.
Las fotos y las filmaciones no dejaron dudas sobre la labor policial. Es por eso que el gobierno tuvo que dar marcha atrás en su estrategia de culpabilizar a las organizaciones piqueteras de un complot contra el orden democrático y reconocer los asesinatos. Ahora, en un escenario más propicio desde el punto de vista de la opinión pública, resurge esta causa que es una herramienta más del duhaldismo contra las organizaciones que no le responden, las denominadas "duras".
Seremos todos Ben Laden
Desde los atentados en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, todos los gobiernos mundo fueron afectados por la palabra "terrorismo". Tuvieron que asumir posición. En nuestro país tomó conocimiento público un proyecto de ley antiterrorista que fue presentado por quien preside el bloque de senadores justicialistas, Miguel Pichetto, con apoyo de Miguel Angel Toma (SIDE) y Jorge Matzkin (Interior). El proyecto, presentado en septiembre del año pasado y que es discutido en alguna comisión, tiene dos ejes fundamentales. Primero, abrirle las puertas a las FF.AA. para que vuelvan a realizar tareas en el territorio nacional (algo prohibido por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior). Segundo, permitirle a los organismos de inteligencia la realización de tareas represivas y policiales y eliminarles las restricciones judiciales para la realización de tareas de inteligencia (algo prohibido por la ley de Inteligencia Nacional, y que es lo que se realizó efectivamente en la causa contra Quebracho).
La ambigüedad de las definiciones en torno al terrorismo hace que como amenaza pueda ser utilizado políticamente. En palabras de alguien difícilmente sospechado de terrorista: "No deben ignorarse los reclamos legítimos... (hay que tener cuidado) con el uso de la palabra terrorismo, que puede ser utilizada para demonizar a los opositores políticos, para estrangular la libertad de expresión y de prensa y para deslegitimar las protestas políticas", dijo Kofi Annan, secretario general de la ONU.
La judicialización y sus herramientas
El Código Penal establece los siguientes "delitos contra el orden público", que son los que estuvieron en danza en esta causa:
- Artículo 210 bis, sobre la asociación ilícita calificada
- Artículo 211, sobre la intimidación pública
- Artículo 212, sobre la incitación a la violencia colectiva (delito con el que se acusó a los militantes de Quebracho) que tiene una pena de prisión de 3 a 6 años.
- Artículo 213 bis, sobre la prepotencia ideológica
Leyes que actualmente definen la seguridad nacional
Ley Nº 23.554, de Defensa Nacional, sancionada en 1988. Ley Nº 24.059, de Seguridad Interior, sancionada en diciembre de 1991. Ambas leyes prohíben y limitan las actividades de las FF.AA. en el territorio nacional.
Ley Nº 25.520, de Inteligencia Nacional, sancionada en noviembre de 2001. Esta ley restringe el uso de la inteligencia sobre la población civil y la subordina al poder judicial. 
Este es el cuerpo legal que el Estado pretende vulnerar mediante una ley antiterrorista para tener mayor poder represivo sobre el conflicto social y las organizaciones de izquierda.
Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) www.anred.org

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Margen
Edición Nº 58 - junio 2010
Criminalización y judicialización de la protesta social en Argentina:
cuando la lucha y la resistencia popular se vuelven delito

Por Ana Musolino
Capítulo IV
El Estado Argentino y la criminalización de la protesta.
Algunas respuestas dadas al conflicto. Las políticas de «limpieza» en Mendoza.
Introducción
El presente capítulo tiene la intención de delinear las particularidades que asume el análisis que venimos haciendo en la actualidad, primeramente a nivel nacional, para terminar esbozando la situación en la provincia de Mendoza. Aún sosteniendo, como venimos haciéndolo, que la criminalización es una política de Estado que trasciende los gobiernos de turno, es decir, que va más allá del partido en el poder por ser una variable configuradora del neoliberalismo; creemos que en los últimos años las respuestas del Estado a la organización popular se han complejizado, marcando algunas aristas importantes que intentaremos analizar.

1. Del 2001 a la actualidad. Los gobiernos justicialistas: ruptura y continuidad del modelo menemista en el marco neoliberal
En este caso vamos a tomar la periodización que parte de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, por considerarlos un hito fundamental dentro de la historia de Argentina, historia que se va desarrollando en una síntesis entre las particularidades propias del país y las características intrínsecas a la estructura mundial dentro de la cual dicho país está inserto, el sistema capitalista. Analizamos en el capítulo introductorio que el sistema capitalista, como un tipo específico de sociedad dividida en clases, en su actual fase neoliberal va a precisar de un tipo de Estado Nacional que traduzca esas necesidades del capital en actuaciones y políticas concretas. Marcamos además, que los estados se mueven en el par consenso-coerción, en la medida que van logrando hegemonizar sus proyectos societarios. En el caso argentino, durante los ‘90, el Estado siguió con enorme fidelidad los dictámenes del modelo neoliberal. En la década menemista, década de privatizaciones, apertura económica y convertibilidad; como vimos, el desempleo y la pobreza comenzaron a mostrar su característica es tructural, alimentadas por políticas sociales compensatorias dirigidas a la gestión de las necesidades mínimas sustentadas en un «clientelismo afectivo» -1-. Práctica que comienza a ponerse en cuestión a mitad de los ´90, siendo quizás la emergencia de las organizaciones de desocupados (en crítica a dicho clientelismo y afirmando los valores de dignidad e igualdad) la nota más original en cuanto a formas de organización y acción colectiva en resistencia a las políticas neoliberales de ese momento.

Marca Marcelo Gómez que «entre 1995 y 1996 los conflictos comienzan a adquirir significados y características nuevas. Ya no son resistencias a la implementación de las reformas, sino las reacciones a las consecuencias estructurales de su consolidación: reconversión con achicamiento industrial, crisis económicas regionales (fiscales y productivas) y desempleo endémico. Empieza a generalizarse la percepción de que el «modelo» dejaba un tendal de víctimas, ya no coyunturales por los costos transitorios de implementación de las reformas sino «estructurales».

 -2-. Igualmente, las protestas y acciones colectivas no obtuvieron del gobierno menemista una atención importante, al punto que en su mayoría fueron ignoradas por los funcionarios de turno -3-, cuya legitimidad política permitía ampliamente tal actitud. Esta situación de indiferencia estatal frente al reclamo va a modificarse durante el gobierno de De la Rúa, cuando a las protesta de los sectores desocupados y ocupados, se suman los ahorristas y la clase media al ver confiscados sus depósitos bancarios en lo que se conoció como «corralito financiero». Frente a este panorama de conflictos sociales, cortes de ruta, movilizaciones, etc.; la respuesta estatal y la capacidad del gobierno radical para mantener el consenso entra en crisis. «La crisis de la respuesta estatal de concesiones pasivas mostraba la imposibilidad de «contener» el conflicto disruptivo, sin lograr evitar el desarrollo de mayores capacidades de organización y acción colectivas de los desocupados a quienes comenzaban a sumarse ahora otros sectores descontentos» -4-. De tal modo, el proceso de consolidación neoliberal tiene un punto de inflexión con la crisis ocurrida en diciembre de 2001, donde colapsa el sistema económico al tiempo que la fragilidad del sistema político y su legitimidad hace imposible la contención del conflicto social. Es decir, desde el concepto de Gramsci de Estado Integral, se trata de una crisis no sólo económica, sino política, una crisis orgánica, de hegemonía del proyecto dominante, cuando frente a la pérdida de consenso se construyen luchas, resistencias, que eventualmente se proponen contrahegemónicas.
En este sentido entonces, es importante resaltar que el 19 y 20 de diciembre de 2001 significó también un quiebre del modelo hegemónico de los 90, el cual expresaba la alianza de las empresas privatizadas con el capital financiero. Así, la crisis del 2001 también expresa una lucha entre dos fracciones al interior de la clase dominante -5-, visualizada en la disyuntiva «dolarización vs. devaluación», resolviéndose a favor de la segunda, siendo primero Duhalde y luego Kirchner quienes expresarían las expectativas del capital nacional y sus posibilidades a partir de un modelo devaluacionista que favorecería un esquema volcado a la exportación. Así, la irrupción popular deja entrever el agotamiento político del sistema económico; cuyo punto de ruptura se expresa en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, las cuales culminan con la destitución del gobierno radical, la sucesión de varios presidentes hasta la proclamación del justicialista Eduardo Duhalde, y un saldo de represión que marcará un antecedente en las políticas represivas que se sucederán.

Es decir, estos acontecimientos llevados a cabo por movimientos sociales y políticos, trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales, ahorristas, vecinos autoconvocados, etc.; no fueron pacíficamente aceptados por los detentadores del poder político – que no expresan otro proyecto societario que el de la clase dominante – sino que, en ese clima de rebelión popular, el Estado, priorizando su lado coercitivo, saca a la calle a las fuerzas de seguridad, reprimiendo a los sectores populares, dejando como saldo treinta y cinco muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y procesados. La complejidad de la situación se expresa en un escenario social, como marca Maristela Svampa, «ambivalente y contradictorio» ya que por un lado, se llamaba a la solidaridad y a la autoorganización, lo cual rápidamente desembocaría en la conformación de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogéneos y por el cuestionamiento al sistema institucional. Por otro lado, la crisis expresaba un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social» -6-. El gobierno de Eduardo Duhalde asume en este cuadro de crisis económica, conflictividad social, organización territorial y protesta. Durante dicho gobierno las represiones se vuelven, cada vez más, política de un estado que necesitaba contener el conflicto social y «normalizar» el país, actuando allí donde el pueblo se estaba organizando. Un blanco perfecto de esto fueron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD).
«Hasta mediados de 2002, el gobierno debió afrontar una colosal movilización de las capas medias y de los desocupados, frente a los que no tenía ni respuestas favorables ni actitud «negociadora», al tiempo que las respuestas represivas que venían recibiendo muchos conflictos no hacían más que potenciarlos e incrementar la incertidumbre institucional»

-7-. Esta oleada represiva tiene un punto máximo que marca la salida de Duhalde de la presidencia: durante una protesta social reprimida fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho que, por la trascendencia mediática y la presión y organización de sus compañeros en busca de justicia, significó el adelantamiento del llamado a elecciones presidenciales y el movimiento de algunos funcionarios de la política nacional. «La gigantesca movilización de repudio a la represión aceleró cambios en el discurso ante la protesta social, apuró la implementación de planes sociales, precipitó los anuncios del cronograma electoral y provocó cambios ministeriales» -8-. Como parte de la estrategia justicialista de mantener el control de la situación política, aparece la figura de Néstor Kirchner en el año 2003.

1.1 El gobierno a partir de la presidencia de Néstor Kirchner Como parte del sistema capitalista, el gobierno kirchnerista significa una continuidad con las políticas neoliberales al tiempo que una ruptura en cuanto al modo de legitimar y llevar a cabo dichas políticas.

El ejercicio de la hegemonía, en el sentido gramsciano -9- del término, se vale de herramientas que marcan una diferencia sustancial con las utilizadas durante los ‘90 por los gobiernos de Menem y De la Rúa. Teniendo en cuenta el poco apoyo popular con que llega al poder sumado a la fuerza que habían acumulado las organizaciones populares; la reconstrucción de la institucionalidad «democrática», del tejido social y la relación con las bases estaba entre los objetivos primordiales del nuevo gobierno. Las herramientas utilizadas a tal fin son varias: modificaciones en la legislación de Derechos Humanos en el marco de las políticas de «memoria», cambios en la Corte Suprema, aumento (en cantidad) de planes sociales y subsidios en las grandes barriadas, asignación de cargos públicos a dirigentes y militantes populares, etc. A estas medidas se sumaron las estrategias de integración e institucionalización de algunos movimientos y organizaciones, combinadas con acciones de «disciplinamiento y criminalización, a través de la estigmatización mediática, política y social, dirigida hacia los grupos sociales más movilizados» -10-, grupos, claro está, opositores o al menos, autónomos, al gobierno.

Así, «la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras» -11-.
De este modo, cooptando sectores históricamente de oposición, disciplinando a los opositores, combinando presencia territorial en los barrios con control de subsidios y planes sociales; fue logrando tanto el apoyo popular como la desmovilización sociopolítica en pos de pautas clientelares y asistencialistas. «Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de «recuperar» el espacio perdido en manos de nuevas organizaciones de tipo territorial. Sin lugar a dudas, los planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal» -12-.

En este proceso de construcción de la hegemonía, la masificación de los planes sociales vino a cumplir dos objetivos claves a corto plazo: «por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener el conflicto social, frente a los reclamos cada ves mayores, del conjunto de las organizaciones piqueteras» -13-.

Este marco resulta ser la base necesaria para legitimar la continuidad del modelo y de las políticas neoliberales que le corresponden: se agudiza la entrada de capitales trasnacionales, concentrando y centralizando aún más el capital y las riquezas, se promueve el desarrollo de áreas de producción como el petróleo, la siderurgia, el complejo sojero, la minería a cielo abierto, etc.; bajo un discurso de desarrollo industrial, pero de poca sustentabilidad ambiental, social, laboral y económica para la población. Como contracara, si bien en principio se muestran signos de reactivación económica, se profundiza la precarización laboral, el subempleo, la pobreza, al tiempo que aumenta la concentración económica, la riqueza de una minoría, la segregación residencial, la privatización del mundo de la vida y la criminalización y localización de la pobreza, quebrándose cualquier vestigio de la solidaridad entre clase media y sectores populares surgido durante el 2002, acentuando la polarización de clase

-14-. La continuidad y consolidación del «Proyecto K» se vio garantizada cuando, en octubre de 2007, las elecciones presidenciales dieron como resultado el triunfo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mostrando la hegemonía de este modelo. En la actualidad, a dos años de presidencia de la mandataria argentina, comienzan a mostrarse algunos signos de la fragilidad de su construcción política, se explicitan los quiebres, se dan nuevas alianzas; todo lo cual debe analizarse a la luz de la coyuntura actual y el advenimiento de nuevos comicios, situaciones en las cuales las fracciones de la clase dominante van retomando la puja para reacomodarse en el poder.
1.1.1. Los derechos humanos: una cosa del pasado Una apuesta fuerte de este gobierno es, entonces, el discurso de los derechos humanos. Y en ese sentido, los avances en cuanto al juzgamiento de los represores y participantes del último golpe de Estado, así como la tarea de recuperación de la memoria histórica resultan sumamente importantes. Sin embargo, existe una gran brecha entre las políticas para con el pasado y la realidad actual respecto de los derechos humanos. Aparece como un doble discurso, pues si bien se condena la actuación del Estado democrático con respecto a la protección de los derechos humanos en la época post-dictadura de 1976, se debilita bastante la fuerza del discurso para referirse a igual temática en el presente. Es decir, el gobierno actual «ha asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual ha contribuido a echar por tierra la «teoría de los dos demonios» que habían avalado los gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria. (...) Ahora bien, este importante salto cualitativo no puede ni debe conducirnos a ignorar el contraste existente entre la política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, y la actual política de derechos humanos respecto del presente y el pasado reciente, la que en términos de «política de Estado» coloca al gobierno actual en peligrosa continuidad respecto de las administraciones anteriores» -15-.
Continuidad que se expresa en la profundización de las condiciones de miseria y pobreza de una gran mayoría de la población, en la precarización del trabajo, etc., es decir, en la violación de los llamados derechos de segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales básicos– que el Estado sigue sin garantizar -16-. Continuidad que se remarca en el repliegue de los derechos políticos de la población. Y en este sentido, se recrudece el control social de la protesta, se la estigmatiza, se la niega y, en muchos casos, se la reprime. «El gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de «normalidad institucional»- impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente «acosada» por las organizaciones piqueteras» -17-, más que nada con las fracciones del movimiento que, no siendo cooptadas por el gobierno, se mantienen autónoma en su funcionamiento y acción.

Sin embargo, ya marcamos que la criminalización de la protesta es una cuestión de clase, por lo que los avances en dichas acciones estatales que achican cada vez más el espacio público, resultan ser más lentos cuando la protesta, aún utilizando los métodos repudiados, provienen de sectores influyentes en el poder político y expresan, más que derechos vulnerados, conflicto de intereses económicos en puja al interior del bloque dominante. «El procesamiento de estos conflictos varía según el perfil de clase del sujeto. Por ejemplo, en los casos de cortes de ruta que han protagonizado los sectores de los productores del agro, no se ha considerado vulnerado derecho alguno. A la luz de las respuestas habidas, se infiere que en algunos casos la protección de derechos estaría dada considerando sólo a «algunos derechos» y «según el perfil -de clase- del victimario» -18-. Así, si bien discursivamente el tratamiento de los conflictos se realiza de manera igualitaria, la acción estatal devela el carácter clasista del gobierno, que no duda en desalojar las rutas con la gendarmería sin dar aviso a los docentes o a los piqueteros, pero advierte por todos los medios de comunicación la posibilidad de tal medida cuando los que están en la ruta son miembros de la Sociedad Rural. Distintos modos de desalojar el Puente Pueyrredón que la ruta en Gualeguaychú. Diferentes grados de tolerancia ante la obstrucción del tránsito. Sin marcar, por lo mismo, que la desigualdad está en el reclamo: (retomando a Gargarella) derecho o privilegio. Mientras que unos exigen derechos básicos, los otros expresan defensa de intereses y privilegios. En estos casos, el cuestionado método piquetero no genera tanto resquemor cuando esos otros que protestan pertenecen a la clase dominante, protesta que en definitiva expresa, como dijimos, una puja al interior del proyecto hegemónico. El gobierno actual, entonces, refuerza la tesis del estado de excepción analizado en los capítulos anteriores, expresada en sus decretos de necesidad y urgencia, en las políticas que en cada lugar se plantean como «combate de la inseguridad», en la mencionada Ley Antiterrorista, etc.
Lo que significa una regresión del estado de derecho –en contradicción lo que se sostiene desde el discurso dominante– cuyos márgenes de impunidad y arbitrariedad se alejan de la idea de justicia e igualdad propias de cualquier discurso ciudadano. Por lo tanto se produce un progresivo reforzamiento del sistema represivo institucional «visibles en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social. En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo (Svampa y Pereyra: 2003), reflejada en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (aumento de efectivos de la policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante -19-.
Las metodologías para criminalizar la protesta van variando, se van combinando, habiendo, por momentos, una represión más abierta y pública, y por otros una represión más encubierta, casi imperceptible, pues también depende de los niveles de consenso y legitimidad presentes en la sociedad en general. Pero los objetivos se mantienen: frenar el conflicto, evitar la irrupción colectiva, profundizar el capitalismo cambiando su denominación: «capitalismo con rostro humano», aunque eso signifique profundizar sus consecuencias para la mayoría de la población.

2. Algunas respuestas del Estado argentino frente a la organización popular
«Fuentealba no es una consecuencia no deseada, un exabrupto, otra extralimitación, sino la manera persistente que usa el Estado para disciplinar a los excluidos o a todos aquellos que cuestionan el modelo de exclusión que, después de tres décadas ininterrumpidas aprendimos a nombrar con el mote de neoliberalismo» Esteban Rodríguez

Las respuestas dadas por el Estado para el tratamiento del conflicto, dijimos, se van combinando y modificando según la coyuntura, la cual es meticulosamente analizada por el poder político. En este sentido, la presencia territorial del actual gobierno resulta clave. Organizaciones en las grandes barriadas empobrecidas del país, agrupaciones estudiantiles en las universidades y colegios secundarios fuertes, gremios y sindicatos. Entonces, para grupos organizados, movimientos sociales, organizaciones que logran mantener su autonomía, conviviendo incluso con la presencia clientelar del gobierno en sus territorios, la criminalización adquirirá distintas vertientes. De tal modo, el concepto de criminalización se amplia, siendo también el control de la esfera económica un elemento utilizado para desarticular y debilitar a las organizaciones populares.
«Por ello también entendemos como ejercicio del poder punitivo respecto de la protesta social a los ya clásicos hostigamientos mediante la excusa de averiguación de identidad, faltas y contravenciones, e incluso la caída en el pago de planes de empleo o la imposibilidad de acceder a los mismos por no adherir al rebaño del puntero de turno» -20-. Y si algo evidencia la afirmación anterior es que los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras. Con respecto a esto último, el dato que sigue es elocuente: «en la actualidad, existen en la Argentina más de 4.000 procesadas y procesados y más de 20 mujeres y hombres encarcelados, por defender sus derechos, a quienes se le desconoce el estatus de presas y presos políticos. Es la cifra más alta alcanzada bajo un gobierno democrático -21-.
Y ese desconocimiento del estatus político avanza aún más sobre los derechos políticos, al ser interpelados como delincuentes comunes. En este sentido, algunos ejemplos muestran el posicionamiento estatal, posicionamiento aleccionador que apunta a ir más allá del reclamo puntual, desentendiéndose del mismo, disciplinando a partir de la represión, dejando tanto el reclamo sin resolver como marcando antecedentes para la futura movilización popular.

2.1 Derechos constitucionales vs. códigos de tránsito
Sabemos que una de las mayores polémicas se genera cuando, como marcamos en el capítulo anterior, «chocan» los derechos. El ejemplo más claro es el del corte de ruta, pues éste generaría la confrontación entre el derecho a peticionar frente al derecho a circular. Los cortes de ruta o piquetes, método de lucha históricamente utilizados por los trabajadores, fueron resignificados por los trabajadores desocupados, los cuales al quedar fuera de las fábricas o al privatizarse las empresas estatales, toman las rutas para hacer valer sus reclamos. Los antecedentes históricos de esta metodología se encuentran en las puebladas de Cutral-Có y General Mosconi, ocurridas a mediados de los ‘90, cuando recrudece la desocupación y la pobreza, de la mano de dicha privatización, siendo YPF un ejemplo elocuente.
Expresan, por lo tanto, la necesidad de impacto y atención de una fracción de la clase trabajadora expulsada del mercado laboral, cuyos canales de acceso a la institucionalidad están negados u obstruidos, al tiempo que ya no tienen sindicatos ni gremios que respalden sus demandas. Tales acciones de protesta generan consecuencias que probablemente impliquen una «obstrucción» o una violación del derecho del otro (como lo sería la libre circulación).

Ahora la cuestión está en el objetivo de la acción. En los casos de protesta social, el objetivo no es la obstrucción o la molestia de ese otro, ni la irritación de la opinión pública sino lograr la visibilidad necesaria para plantear la demanda. Y en tal caso, cabe reflexionar acerca de a quién le compete la responsabilidad por tales consecuencias, en línea con las causas y razones que motivaron tal acción de protesta.

Sin embargo, la visión del resto de la población, los damnificados por el corte, es otra. «Los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayan prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apuntan a denunciar, acto seguido, su carácter «eminentemente político» -22-. Y, ya lo marcamos, esto invisibiliza el problema real ubicando la mirada exclusivamente lo que generó la acción al tiempo que deslegitima la politización de la población fortaleciendo la idea de no participación y pasividad.
Así, la fragmentación social es tal, que frente a la organización de los sectores populares en reclamo de derechos básicos, el resto de la población repudia y critica tales acciones, contribuyendo, de manera indirecta, a la consecución de situaciones de injusticia social. «Difícilmente se entienden los cortes de ruta en relación con la violación de derechos humanos de que son víctimas sus promotores, tampoco se las visualizan como expresión de la fragilidad del modelo de sociedad que estamos construyendo» -23-.

El problema se transforma, entonces, en la imposibilidad de paso. Y el problemático se vuelve el que no respeta ese derecho a circular libremente. Y ese problemático, que no cumple la ley, que se mueve en la ilegalidad, debe ser castigado. En esta lectura, «el derecho de tránsito prima sobre el derecho a la vida expresado en el ejercicio del derecho de peticionar que suele plantearse en medidas de esta naturaleza» -24-. Y se argumenta en estos casos que el reclamo podría plantearse por otros canales menos inoportunos para la población circulante que igualmente generaría un alto impacto (como sería salir al aire en algún medio masivo de comunicación); sin embargo, es claro que «en una sociedad donde esos medios resultan prácticamente inaccesibles para los actores sociales, la manera de hacer visible sus demandas, tampoco puede quedar circunscripta a la recepción por parte del periodismo empresarial» -25-. Periodismo que, como analizaremos en el capítulo siguiente, mide la mercancía noticia en términos lucrativos más que informativos o comunicacionales.

En este marco y evaluando costos políticos, grados de consenso y respaldo social, en mayor o menor medida, el Estado argentino acciona (de entre otros modos): reprimiendo, cuando la situación se vuelve insostenible (algunos ejemplos bien claros resultan ser: la Masacre de Avellaneda -26-, el asesinato del docente Carlos Fuentealba -27-), judicializando y condenando a «algunas» personas participantes de acciones colectivas (como el caso de la docente Marta Schifrin -28-), criminalizando y legalizando la visión de la lucha y la protesta como delito y, consecuentemente, su «combate» (por lo cual, aún pudiendo resolver los problemas políticamente, decide hacerlo penalmente, utilizando el Código Penal Argentino, incorporándole la legislación antiterrorista, etc.); combinando lo anterior con una «limpieza preventiva» a través de ordenanzas municipales y decretos que echan a la gente de las calles.

3. La criminalización de la protesta en Mendoza, la ciudad más limpia del país
En línea con lo que venimos planteando, la Provincia de Mendoza ha profundizado, en los últimos tiempos, este proceso de criminalización, al tiempo que, en un clima de conflictividad social; las manifestaciones, movilizaciones y acciones de protesta han aumentado; todo lo cual pone en la agenda pública la temática en cuestión. Con una historia de lucha y resistencia popular opacada y ocultada en el fortalecimiento de una identidad conservadora y reaccionaria, nuestra provincia se caracteriza por ser «la más limpia del país». Aunque la mayoría de las veces, esa limpieza se extiende de lo estrictamente higiénico y se corresponde con una «limpieza social» importante. Con este concepto bien claro se ha iniciado una serie de modificaciones a las legislaciones provinciales y municipales que demuestran la tarea asumida por los últimos gobiernos -29-. Este «higienismo social» -30- se corresponde, causalmente, con el desarrollo económico que han marcado para la provincia una combinación de la industria vitivinícola con la industria del turismo y una apuesta al desarrollo minero. Para lo primero, pensando en una vitivinicultura volcada a la exportación (de vinos de primera calidad) se profundizan los procesos de concentración de la propiedad rural, que desplaza a miles de campesinos poseedores de tierras y se elimina la diversidad en la producción de otros cultivos -31-.

El turismo, por su parte, requiere de una ciudad limpia. Limpia no sólo de residuos, sino de artesanos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes, que son desplazados a las periferias de la Capital, a los departamentos del Gran Mendoza, donde no sean visibles. Este «ordenamiento urbano» poco tiene que ver con las necesidades de los grupos en cuestión, sino con la «belleza» del paisaje para el turista que llega. El último punto, la megaminería a cielo abierto, es bastante controversial, pues implica poner en riesgo no sólo el agua (bien natural escaso en la provincia) sino toda la sustentabilidad del suelo y los bienes naturales de la provincia. Sin embargo, y aunque la lucha popular logró la aprobación de una ley que los prohíben, los proyectos de explotación minera a cielo abierto de empresas transnacionales como Río Tinto o Barrick Gold avanzan y son promovidos por los funcionarios públicos de turno, y se corresponden con proyectos de la misma índole en las demás provincias del oeste argentino. Como todas estas medidas han encontrado una fuerte resistencia por parte de los directamente implicados: campesinos organizados en defensas de sus tierras, militantes sociales y políticos, trabajadores desplazados de las calles luchando por volver a ellas, asambleas de vecinos contra el saqueo de los bienes naturales, etc.; los gobiernos han profundizado la legalización de sus herramientas para poder establecer, sin «obstáculos», las coordenadas que el desarrollo capitalista marca.

3.1. En busca del clima social adecuado: «Acuerdo social por la seguridad de los mendocinos»
«Hace 200 años San Martín dio los primeros pasos para liberar a la Patria de sus enemigos que no la dejaban ser libres. Hoy tenemos que volver a luchar contra los enemigos que no nos dejan vivir con libertad. Que sepan los delincuentes que los mendocinos vamos a vivir libres y ellos entre rejas» Celso Jaque -32-
En el marco del recrudecimiento del discurso de inseguridad, y del aumento de delitos y hechos violentos, en cantidad y en gravedad; el Gobernador actual Celso Jaque, en setiembre del año 2008, lanza el «Acuerdo social por la seguridad de los mendocinos» -33-.

Dicho acuerdo llama a la discusión y al debate acerca de la inseguridad a algunas carteras del gobierno (además de los tres poderes, son parte del mismo el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, así como también el Presidente del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad – parte del Ministerio de Seguridad – las Fuerzas Nacionales de Seguridad y los municipios); pero también llama a la participación a organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, a los credos, a la universidad, a los medios de comunicación, al Consejo Económico de Mendoza, entre otros actores. Bajo la idea de que «la seguridad es responsabilidad de todos» y en el marco de la Ley Nº 7836 de Emergencia en Seguridad Pública, estas reuniones multiorganizacionales marcaron algunos puntos básicos acerca de los cuales se irá plasmando, en acciones concretas, dicho acuerdo. Rescataremos en este apartado algunos de esos puntos: Desde lo policial, y penitenciario, el acuerdo plantea, entre otras cosas: - la necesidad de localización de los delincuentes equiparando la dirección como base de operaciones (recuperando el Mapa del Delito, ahora llamado Mapa Inteligente) - la dotación de equipamiento de alta tecnología para la policía - la creación del Centro de Inteligencia Criminal: con base de datos e información precisa y ampliada. - el fortalecimiento de Líderes Policiales Comunitarios - y, obviamente, más y nuevos policías. Se prevé la instalación, como parte del proyecto, de Cámaras de video en distintos puntos del Microcentro («en eventos como Carrusel, en las manifestaciones de vendedores ambulantes y en zonas conflictivas» -34-).

Además, en la arena legislativa y judicial, considera urgente implementar reformas al código de faltas, para lo cual plantea la necesidad de acción mancomunada con comisarios líderes y organizaciones sociales con un fuerte apoyo de los jueces de faltas. Y tiene como punto fuerte y polémico, el tema, cada vez más legitimado, de la baja en la edad de imputabilidad de los menores, en un férreo intento de disminuir la misma de 16 a 14 años. Habla de la creación de una Red Preventiva Solidaria, un sistema de comunicaciones para la prevención y atención de emergencias, basado en el registro y transferencia de información en el menor tiempo posible entre la comunidad y las agencias estatales frente a cualquier evento delictivo y/o vinculado a la seguridad humana. Es decir, la comunidad puede denunciar la presunta existencia de indicios delictivos a través de mensajes de texto, mails o publicaciones en una página web creada para tal fin.

Desde lo social, el pacto se asienta sobre diferentes programas: De la Esquina a la Escuela, Plan Familias por la Inclusión social, Programa Comer en Familia, Plan Inclusión Jóvenes en conflicto con la Ley, Servicio Cívico Voluntario, Seguro Adolescente. En los cuales se multiplicará el número de beneficiarios (aunque no hace mención a un aumento en los montos otorgados). El acuerdo además hace gran hincapié en la recuperación de espacios públicos, así como en la necesidad de actividades recreativas, deportivas y culturales para jóvenes. A la escuela, a través de la DGE, le toca implementar los Programa de Igualdad Educativa, el Programa Nacional de Integración Educativa, entre otros. Así, analizando los elementos a los cuales se remite el acuerdo, podemos esbozar algunas ideas, entendiendo primeramente, que dicho pacto social fortalece el discurso de la excepcionalidad, acompañado de la mano dura y la tolerancia cero, en una línea de continuidad, como analizamos en el capítulo introductoria, con la doctrina de la seguridad nacional, pues refuerza la idea del «enemigo» al que hay que combatir. Lejos de analizar los procesos sociales y los contextos socioeconómicos, se afianza en la individualización del delito, es decir, el problema pasa a ser el delincuente en tanto individuo. En este sentido, no hace más que reforzar la idea que venimos planteando de los parámetros de respuesta del Estado frente a la cuestión social (ahora cuestión penal): por un lado, más políticas sociales con iguales características (focalizadas, mínimas, excluyentes). Por otro, desde una visión represiva de la seguridad y su acotamiento al delito, la persecución, el acorralamiento del delincuente caracterizado y localizado. Cuando el «orden» se vuelve lo primordial la solución radica en controlar a los revoltosos. Así, ambos aspectos no sólo fortalecen la criminalización de la pobreza y avanzan en la legalización de la criminalización de la protesta, sino que recrean la ideología de la inseguridad y de la peligrosidad. Desde esta concepción de la seguridad, y en consecuencia de su combate, se explica, por ejemplo, que la mayoría de tareas o acciones recaigan sobre el Ministerio de seguridad, particularmente en la Policía – sin poner en cuestión su accionar. Se desarrolla una visión inmediatista, ahistórica del delito, y la actuación estaría a la cola del hecho delictivo consumado: su detección y consecuente castigo al delincuente. Aparentemente la historia de la inseguridad actual comienza a partir del (generalmente y cada vez más) joven que delinque. Entendiendo que la prevención del delito, en última instancia, será tarea de la escuela, sin problematizar las condiciones educativas actuales. Retomando análisis anteriores, el proceso de criminalización secundaria unido a la excepcionalidad da un marco de actuación ilimitado a la policía mendocina, la cual acumula antecedentes por demás preocupantes de situaciones de abusos y casos de gatillo fácil. Desde allí también se entiende la ausencia de tareas otorgadas a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. La generación de empleo no estuvo como punto en la agenda, a lo sumo se plantearon pasantías en empresas (lo que significa mano de obra a bajo costo por un par de meses) o talleres de oficio. Pues no se entiende la seguridad de los ciudadanos desde la estabilidad laboral, económica, alimentaria, sanitaria. Pues para este modelo de ciudadanía, ya lo analizamos, no todos logran acceder a tal categoría, por lo cual se concibe, o por lo menos se prioriza, la seguridad para aquellos que ya resolvieron, privadamente, tales aspectos. Es posible en este punto recuperar el planteo ciudadanos/no ciudadanos analizado en el capítulo anterior, con lo cual se le traspasa la responsabilidad por la inseguridad de la provincia a ciertos sectores localizados, de quienes el resto debe defenderse. Todos los elementos que comportan el Acuerdo no sólo no están dando res mismo tiempo significa endurecer aun más dicho acuerdo), sino que además se extienden más allá del delito consumado, avanzando sobre la criminalización de la pobreza (con las razzias y los allanamientos en los barrios populares, la detención por «portación de rostro», etc.) y la criminalización de la protesta, pudiendo utilizarse estas figuras creadas cuando el conflicto social se exprese por las calles mendocinas. Es decir, el círculo recorte de garantías – ineficiencia – nuevo recorte de garantías está cercenando cada vez más la esfera de los derechos de las mayorías empobrecidas y de los grupos organizados, en pos de una búsqueda de seguridad que más se nos aparece como excusa que parte de una política seria en materia de seguridad pública. 3.2 Una herramienta legal más: Código Contravencional de Mendoza «Isabel, 1572: a los mendigos sin licencia, mayores de 14 años, se los azotará con todo rigor y serán marcados con hierro candente en la oreja izquierda, en caso de que nadie quiera tomarlos a su servicio por el término de dos años; en caso de reincidencia, si son mayores de 18 años deben ser...ajusticiados, salvo que alguien los quiera tomar por dos años a su servicio; a la segunda reincidencia, se los ejecutará sin merced, como reos de alta traición» -35-. El proyecto para sancionar el Código Contravencional de la Provincia de Mendoza, que establece modificaciones al Código de Faltas -36-, fue presentado en septiembre del 2008 y ya cuanta con media sanción del Senado. La idea básica de contar con esta herramienta es poder sancionar en forma más severa aquellas conductas menores – que no llegan al rango de delito – para evitar que éstos se produzcan en el futuro -37-. Se trata, entonces, de un justificativo preventivo-aleccionador. Desde la visión de los funcionarios, las conductas no requeridas por la sociedad, incluirían la prostitución, la venta ambulante, los limpiavidrios, el consumo de alcohol en la vía pública, entre otras actividades. Por lo tanto plantea penas -38- para aquellos que realicen tales actividades, siendo el justificativo más difundido la obstaculización del tránsito y la defensa del derecho a la libre circulación. Sin embargo, enmarcándonos en el análisis anterior, estas políticas de «limpieza social», tienen un objetivo «visual» y estético, es decir, el problema no es el caos generado en el tránsito ni mucho menos la situación de las trabajadoras sexuales, de los jóvenes, la drogadicción o el alcoholismo. El problema es que se vea. El problema es que estos grupos (no ciudadanos, ya fuera de la perspectiva de derechos) molesten a los ciudadanos mendocinos y, eventualmente, a los turistas. Una concepción de orden y limpieza entendida en su sentido más estricto, que echa a la gente de los espacios de socialización, donde es difícil ejercer el control. «En numerosas ocasiones esta persecución, criminalización y expulsión de estos grupos se ha concretado al amparo de un discurso de política de seguridad, pues aparentemente el hecho de «ver» menos limpiavidrios, artesanos, cartoneros o músicos en las calles céntricas, hacen sentir más segura a la ciudadanía» -39-. La echa de las calles, de las plazas, del espacio público que va deshabitando. En este sentido, tales manifestaciones (de pobreza estructural, de trabajo informal, de injusticia social) resultan ser además peligrosas en tanto muestran los resultados de las políticas neoliberales, los vacíos estatales en la garantía de derechos constitucionales, al tiempo que el vaciamiento de los espacios públicos permite futuros y potenciales negocios inmobiliarios.
A lo anterior se suma un aspecto sumamente preocupante en el marco de la temática que venimos trabajando y se refiere a las actividades públicas de grupos o colectivos organizados. Así, el código también se propone penar las acciones de protesta, movilizaciones, escraches y demás formas de lucha que vienen llevando adelante las organizaciones sociales y políticas, por considerarlas, nuevamente desde el discurso dominante, violatorias del derecho de transeúntes y conductores -40-, tomándolas incluso como atentadoras de la libertad. Esta moralización de las conductas, lejos de tener como preocupación central la libre circulación, es un ataque directo a los derechos constitucionales de las personas, tanto a trabajar como a manifestarse y ejercer el derecho de protesta. Al igual que ocurre en la Ley Antiterrorista analizada en el primer capítulo, el Código -41- también plantea figuras contravencionales abiertas a la más libre interpretación, pudiendo ser considerada como contravenciones las más diversas actividades públicas, estableciendo parámetros de «normalidad» por demás reducidos -42- .
Por lo antes dicho es que la polémica se instala al interior de la Legislatura y en la opinión pública mendocina, así como también fue tema de denuncias, marchas y movilizaciones por parte del sector organizado -43-, acciones que frenaron su aprobación inmediata. Sin embargo, al ser legislaciones que están siendo aprobadas en varias provincias del país, la preocupación por su legislación en Mendoza sigue vigente.
Notas: (...)
Ana Musolino. Lic. en Trabajo Social. Universidad Nacional de Cuyo

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