jueves, 25 de octubre de 2018

El Partido Justicialista fue y es el principal e ineludible gestor de qué Estado y su vigencia. El de la impunidad para todos los poderes locales y las corporaciones imperialistas de destruir la vida y la democracia.


   La otra política surge de las luchas desde
subjetividades colectivas
en emancipación del capitalismo y por
afirmación de relaciones sociales que
están abriendo caminos a la
unión plurinacional del Abya Yala.
Apreciemos cómo rompiendo con la resignación deciden enfrentar a la empresa acaparadora y recuperar tierras. Las reterritorializan en favor de la vida y la agricultura campesina.

Argentina: “¡Sembrando lucha, cosechamos tierra!”
Recuperación de tierras en Misiones
21 octubre 2018
 28 Sep, 2018
En los últimos 10 años, mediante la organización y la lucha, familias del noreste argentino lograron recuperar tierra acaparada por la multinacional Arauco. Ahora, cultivan allí alimentos.
Recuperar tierras acaparadas por empresas de plantaciones de árboles a gran escala y volver a cultivar alimentos es posible. Así lo demuestran organizaciones de base de Misiones, en Argentina. A fuerza de años de lucha, familias de Puerto Piray y Puerto Libertad evitaron ser expulsadas de su territorio. En algunos casos, lo hicieron mediante la expropiación; en otros, a través de tomas y ocupaciones. Ahora, con gran esfuerzo, devuelven vida al suelo compactado y sin nutrientes que dejaron los monocultivos de pinos y eucaliptos.
La provincia de Misiones se encuentra en el noreste argentino, en el límite con Brasil. La atraviesan caudalosos ríos y es territorio de la selva paranaense y de comunidades indígenas guaraníes, gravemente dañadas y amenazadas por el avance de los monocultivos de árboles.
Pinos, eucaliptos, cultivos, agricultura, tierras
En 1950 se instaló en Puerto Piray, a orillas del río Paraná, la planta Celulosa Argentina S.A. En las décadas siguientes, con el fomento del Estado, se levantaron otras dos plantas de celulosa, se extendieron las plantaciones industriales de pinos y se construyeron los aserraderos más grandes del país. Sólo entre 1950 y 1977, la expansión de la frontera agraria y de las plantaciones industriales de árboles avanzó sobre el 53 por ciento del bosque nativo (1). En los últimos 25 años, los monocultivos de pinos y eucaliptos continuaron avanzando sobre el bosque en la provincia: mientras que en 1992 había 7.347 hectáreas de plantaciones, en 2018 se alcanzaron las 405.824 has. (2).
Esta expansión se explica, en buena parte, por la implementación, desde 1998, de la ley nacional 25.080 que otorga enormes subsidios a las plantaciones industriales de árboles. En mayo de 2017, el Gobierno argentino anunció que prorrogará esos beneficios hasta 2030 y, en mayo de 2018, lanzó el plan “Forestar 2030” con el objetivo de incrementar en 800 mil has. las plantaciones en el país (hoy, la extensión de monocultivos de árboles a nivel nacional alcanza los 1,2 millones de has. El 60% se concentra en las provincias de Misiones y Corrientes). El plan es presentado como una supuesta solución al cambio climático y como generador de empleos. Detrás de esta iniciativa, además de las empresas del sector y el gobierno, está The Nature Conservancy Argentina (3), una organización internacional conservacionista que promueve proyectos de compensación y mitigación de emisiones de carbono en complicidad con grandes empresas y países industrializados, que continúan deforestando y quemando combustibles fósiles.
Arauco en Misiones:
La transnacional chilena Arauco desembarcó en Misiones en 1996, con la compra de la planta de celulosa Alto Paraná S.A. (ubicada en Puerto Esperanza) y luego instaló, en Puerto Piray, un aserradero y una planta de tableros de fibra de mediana densidad (MDF). Para 2014, Arauco era dueña del 39 por ciento de las plantaciones de monocultivos de árboles de Misiones (4).

La concentración no fue solamente de la tierra sino también de la materia prima: los pequeños aserraderos se fueron quedando sin acceso a la madera, rezagados en materia tecnológica, y cerraron, aumentando el desempleo. Por otro lado, los trabajadores no fueron necesariamente absorbidos por la nueva empresa ya que con la creciente tecnificación, las tareas en las plantaciones de árboles, como la plantación y la cosecha, que al principio generaban empleo, fueron sustituyéndose por máquinas y agrotóxicos (5).
Luisa Segovia, integrante de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), recuerda haber trabajado recolectando resina y plantando pinos. Su marido, Nicanor, hacía tareas de carpir, machetear y fumigar con mochila; eran empleos precarios, que le trajeron graves consecuencias a su salud. “Es una empresa muy conflictiva porque no le importan los seres humanos”, afirman. “Cuando venían las certificadoras, los ingenieros de la empresa nos amenazaban para que digamos que estaba todo bien”, recuerda Nicanor.
A partir de la década de 2000, cuando Arauco comenzó a reemplazar a los empleados por máquinas los trabajadores no sólo se quedaron sin empleo, sino que veían cómo las plantaciones empezaron a avanzar sobre sus casas. Muchos parajes desaparecieron por el accionar violento de la empresa y la complicidad del Estado, que dejaba de enviar servicios básicos a la población: sin trabajo, luz, salud ni transporte, los forzaban a abandonar las tierras.
La lucha de Piray:
En Piray, las familias desempleadas empezaron a organizarse en grupos de base a comienzos de 2000. Estaban preocupadas por la falta de trabajo y por el avance de los pinos sobre sus casas, que generaba contaminación con polen y agrotóxicos. Sus reclamos a las autoridades locales no eran oídos porque el municipio sólo respondía a la empresa.

“Ahí fue cuando empezamos a despertar y vimos que nuestro proyecto esencial tenía que ser buscar una salida: vivir mejor”, cuenta Miriam Samudio, integrante de Productores Independientes de Piray (PIP). Entonces comenzaron a decir: Necesitamos que los pinos se retiren y que en esas tierras podamos trabajar y producir alimentos. Esa se convirtió en su bandera.
En 2003 hicieron una reunión con Arauco. En el encuentro, los ingenieros de la compañía dijeron que la empresa no cedería ni un centímetro de tierra. En cambio, les ofrecían construir una fábrica de alpargatas, ropa o pañales. Pero las familias se negaron porque querían la tierra, querían producir.
Y empezó la batalla. “Lo primero fue concientizar a nuestra propia gente, a la comunidad y a la sociedad para que entienda nuestro pedido. Porque estábamos desafiando a una multinacional”, explica Miriam. Se hicieron reuniones, marchas y se creó una mesa de negociación con las autoridades. En esas reuniones, quedó en evidencia la complicidad entre el gobierno local y Arauco. “Nos dimos cuenta que el único objetivo era desgastarnos, entonces abandonamos la mesa.”
Para ese entonces, eran unas 200 familias organizadas bajo el nombre de Productores Independientes de Piray (PIP). Fracasada la mesa de negociación, decidieron comenzar a vincularse con organizaciones de campesinos de otras localidades, como la Unión Campesina de Bernardo de Irigoyen o Unidos Ruta 20. “Ellos nos decían: ‘Ustedes no tienen que tener miedo. Siempre les van a decir que no. Pero nosotros tenemos derechos, es nuestra tierra, y las multinacionales vienen a robarnos lo nuestro’.” Uno de los temores de las familias de Piray era que los llevaran presos porque, en ocasiones, la Policía intentaba culparlos de supuestos delitos. “Tocar a Arauco era tocar al poder y a sus amigos”, afirman.
Un factor importante en la lucha fue la comunicación hacia dentro de la organización. “Nos juntábamos cada fin de semana. Eso ayudó a que la comunicación entre las familias siempre fuera clara. Y que lo que se decidía se hacía en conjunto”, explican. Otro hábito que mantuvieron fue llevar el reclamo a los medios de comunicación locales. “Denunciábamos que la comunidad de Piray está asfixiada por los pinos y planteábamos todos nuestros argumentos.”
Expropiación:
En 2012, tras 10 años de lucha, PIP decidió exigir al Gobierno la expropiación de tierras a Arauco. En ese año, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la expropiación de la empresa petrolera YPF. “A partir de ese momento salimos a decir abiertamente ‘expropiación’”, cuenta Miriam. “Antes era una palabra prohibida porque iba contra la propiedad privada. Pero una vez que la presidenta lo dijo, lo tomamos como herramienta”.

A partir de allí y durante casi un año, PIP recorrió la provincia y el país juntado adhesiones al proyecto de expropiación. Continuaron con su lucha en el territorio, hicieron movilizaciones y se mantuvieron firmes en su reclamo: “Era la tierra o nada. Porque sino íbamos a desaparecer”, afirman. En junio de 2013, la Legislatura de Misiones aprobó la expropiación de 600 hectáreas a Arauco. Fue una primera gran victoria.
Cultivar donde hubo pinos y eucaliptos
La primera entrega de tierras fue recién en 2017 y el trabajo para los campesinos fue durísimo. La empresa cortó los árboles y entregó la tierra en un estado calamitoso, completamente degradada, con todos los tocones esparcidos por el campo, lleno de ramas y demás desechos dejados después de llevarse la madera. Se encontraron con que el terreno estaba muy compactado por los ciclos continuos de plantaciones de 8/9 años que no dejan recuperar el suelo y las toneladas de peso de las maquinarias que utilizaba la empresa. A ello se sumó que, tras años de aplicación de agrotóxicos, cuando apareció un cultivo sin químicos, se llenó de insectos y plagas que habían desaparecido por el uso continuado de los venenos. 

Recibieron como primera entrega tan sólo 166 hectáreas de las 600 expropiadas (Arauco entrega las tierras a medida que cosecha los pinos y eucaliptus). De esas 166, sólo unas 86 eran aptas para cultivo. El resto está ocupada por familias. La empresa incluyó dentro de la tierra a expropiar unas 80 hectáreas donde viven familias hace más de 20 años. PIP decidió aceptar esa parte como parte de la primera entrega para no caer en la estrategia de la empresa de hacer enfrentar a las familias. Pero explicaron que, más adelante, lucharán para que Arauco entregue otras 80 hectáreas aptas para cultivo en un lugar que no esté habitado.
El terreno se dividió en una parte para las familias y otra, para cultivo colectivo de la cooperativa. Sembraron zapallo, calabaza, maíz, mandioca y sandía, entre otros. “Donde había eucaliptus, la tierra parecía cemento (concreto)”, cuentan los campesinos. El trabajo es todo a mano porque no tienen recursos para comprar máquinas y el Estado no colabora. Intentaron usar un buey, pero el animal se murió de cansancio por el esfuerzo que implicaba labrar una tierra tan compactada durante tantos años.
Otro problema grave fueron las plagas. Apenas empezaron a crecer los cultivos, se llenaron de “bichos”. Con el asesoramiento de técnicos de la secretaría de Agricultura Familiar local (que acompañaron a PIP durante todo el proceso de recuperación), hicieron preparados naturales para combatirlas. Saben que llevará tiempo hasta que el ecosistema vuelva a su equilibrio natural y las plagas dejen de atacar los cultivos. Pero están decididos a no utilizar agrotóxicos.
Con la tierra dañada por los monocultivos y la falta de maquinarias, la primera cosecha rindió muy poco. Calculan que fue menos de la mitad de lo que hubieran cosechado en una tierra sana. Y afirman que esta cosecha fue posible gracias a la calidad de la tierra, ya que la empresa expande sus plantaciones en las tierras más fértiles y con mejor relieve. Esto lo denuncian los campesinos no sólo en Piray, sino también otras zonas de Misiones.
Reaparición del agua:
pinos, eucaliptos, cultivos, agricultura, tierras En una zona donde antes había un bañado, éste reapareció una vez que se cortaron los pinos. Cuentan los productores que el bañado siempre estuvo, sólo que cuando plantaron los eucaliptos y pinos en los campos que lo rodeaban el agua había casi desaparecido, el bañado estaba en su mínima expresión. De hecho, luego habían plantado pinos sobre el bañado ya que el agua había desaparecido. “Es un depósito natural de agua, si se seca el bañado, se seca la vertiente que llega a la casa de los vecinos”, explican los productores. Ahora, luego de meses de cortados los pinos, todavía pueden verse los tocones entre el pastizal de bañado que está resurgiendo. El agua está volviendo.

Por ahora, lo que cultivan alcanza para el autoconsumo y les permite permanecer en su territorio. Aún no llegan a producir un volumen suficiente como para vender en cantidad en los mercados locales. Pero ese es su proyecto a futuro, a medida que reciban la tierra que falta. “Sembrar lucha y cosechar tierra” es el lema de PIP.
Ocupaciones en Puerto Libertad
En Puerto Libertad, 70 kilómetros al norte de Piray, Arauco es propietaria de casi el 80 por ciento del territorio. De las 80 mil hectáreas que forman el municipio, 65 mil son de la empresa (6). El pueblo tiene unos 7000 habitantes y está literalmente rodeado de pinos.

Allí también la tecnificación de Arauco causó cientos de despidos en la década de 2000. La mayoría eran motosierristas que trabajaban para empresas contratistas de la multinacional. Por otra parte, a nivel del centro urbano de Puerto Libertad ya no había espacio para nuevas viviendas, calle por medio a la planta urbana comienzan las plantaciones de pinos. Todo esto llevó a que muchas familias buscaran espacio donde vivir fuera de la ciudad y al mismo tiempo poder cultivar la tierra para subsistencia y como una fuente de ingreso familiar. La recuperación de tierras para cultivo se dio aquí, sobre todo, mediante ocupaciones.
Unas 100 de esas familias conforman hoy la cooperativa “Parajes Unidos” de Puerto Libertad, mediante la cual organizan la producción de alimentos y los venden en diferentes mercados zonales. Las chacras familiares tienen entre dos y tres hectáreas cada una. Allí plantan mandioca, maíz, verdeos y crían animales.
Las tomas de tierras se dieron en varias etapas. Una ocupación fue en 2006, en tierra de “capuera”, (zona de selva que fuera abierta años atrás para cultivo). Luego, en 2015, se ocuparon tierras donde había plantaciones de Arauco, luego de que la empresa cosechara los pinos. En otros casos, ex motosierristas compraron “mejoras” de chacras (lo construido sobre un terreno, pero no el terreno), cuya tierra luego fue reclamada por Arauco como propia.
Al ser tierras ocupadas, muchos de estos campesinos enfrentan conflictos con la multinacional o con propietarios que cultivan pinos para la empresa (por una ley nacional que limita la tenencia de tierra en manos de extranjeros, Arauco no puede comprar más tierra en Misiones). Por estos conflictos, los campesinos suelen ser hostigados por la Policía local.
Devolver vida al suelo:
Nora Duarte es una de las mujeres que participó en varias recuperaciones y tiene la experiencia de cultivar en tierra donde antes hubo plantaciones. Explica que donde hubo pinares durante más de 20 años, la tierra queda seca y dura. “Ahí la verdura no sale. La cebolla puede ser, pero la mandioca no”. Cuenta que una de las formas de recuperar el suelo es sembrando legumbres. Luego de tres años de trabajar la tierra, logran cosechar aproximadamente la mitad de lo que cultivaron. En otros campos, donde hubo plantaciones de pinos solo por 10 años, pueden cosechar más variedad.

Los pequeños productores destacan la gran inversión de dinero y tiempo de su parte para recuperar la fertilidad de la tierra. Durante el tiempo que demora el suelo en recomponerse y producir lo suficiente como para vivir, las familias tienen que hacer “changas” (trabajos informales). Entre vecinos también se ayudan: se prestan parcelas de tierra aptas para cultivo y se intercambian alimentos. En algunos casos, les lleva hasta 10 años poder vivir únicamente de su propia producción.
Tampoco cuentan con apoyo del Estado: “No tenemos estudio, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal”, dice uno de los campesinos. “¿Por qué el gobierno da tanta facilidad a las empresas para comprar máquinas y nosotros no tenemos ni para comprar un machete?”, se preguntan.
Los productores sostienen que si se pudieran tomar más tierras y transformarlas en quintas y chacras, muchas familias de localidades cercanas se sumarían a este proyecto de vida.
Emilio Spataro, Guardiantes del Iberá (Argentina), emiliospa@gmail.com
Lizzie Díaz, secretariado internacional del WRM, lizzie@wrm.org.uy
Lucía Guadagno, secretariado internacional del WRM, luciag@wrm.org.uy

Notas:
 (1) Ramírez, Delia. Acorralados por los pinos. Consecuencias del avance de la forestación en el Alto Paraná misionero. En Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2 / Facundo Martín … [et
al.] ; compilado por Gabriela Merlinsky. – 1a ed . – Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Fundación CICCUS, 2016. Pág 115.
(2) Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes productivos provinciales. Misiones, enero 2018.
(3) Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. “El Gobierno nacional lanzó la plataforma Forestar 2030”
(4) Idem 1. p. 118.
(5) Grupo Guayubira. “Misiones, Argentina: pinos, pasteras y mentiras”
(6) Alvez, Sergio. “El 80% de la superficie del municipio Puerto Libertad le pertenece a una multinacional”
Fuente:
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/argentina-sembrando-lucha-cosechamos-tierra-recuperacion-de-tierras-en-misiones/

Comprobemos porqué hablar de impunidad del Capital-Estado y quiénes-cómo luchan a fin de erradicarla.
 
Acusan al grupo Arauco de causar daños ecológicos y
a la salud en Misiones y en Chile.
21 de junio de 2005
 
El grupo propietario de la empresa forestal acusada en Misiones de no respetar las leyes ambientales, enfrenta actualmente graves acusaciones por provocar un desastre ambiental en Chile y debió cerrar una de sus plantas en ese país
Se trata de Empresas Arauco, de Anacleto Angelini, propietario de Alto Paraná S.A. y acusado por la asociación Guayubira, de Uruguay, de causar fuertes dolores de cabeza, alergias y enfermedades respiratorias en el pueblo misionero de Puerto Esperanza, ubicado a unos pocos kilómetros de la celulosa.
En 1999 Alto Paraná S. A. (APSA), propiedad del grupo de Anacleto Angelini, fue denunciada de hacer desmontes a pesar de la prohibición del Ministerio de Ecología en Misiones, infringiendo las leyes ambientales 854 y 3426, y de presentar a ese organismo público estudios de suelo y de impacto ambiental cargados de irregularidades. Las denuncias fueron ratificadas por el entonces ministro de Ecología Luis Rey y desencadenaron la renuncia del gerente forestal Maximiliano Cofré. Dos años después, en el 2001, los hechos se reiteraron con fuerza; el ministro de la cartera ecológica Miguel Angel Alterach ordenó suspender los trabajos de APSA por haber desmontado más de lo permitido e ignorado la faja de bosques protectores impuesta por ley; la situación fue corroborada por profesionales de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado.
Un cuadro similar ocurre actualmente en Valdivia, sur de Chile, donde el grupo forestal tiene una planta de pulpa de celulosa. Ésta empezó a funcionar en febrero del 2004, "causando la destrucción del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el río Cruces, la muerte de más de 3.000 cisnes de cuello negro y de otras especies, y generando grave riesgo para la salud de la población", denuncia el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Un estudio de la Universidad Austral de Valdivia determinó la directa responsabilidad de la empresa por la destrucción de los ecosistemas.
El 18 de enero de este año, la Comisión Regional del Medioambiente de la X Región (Corema) ordenó el cierre temporal de la planta a raíz de las numerosas irregularidades respecto de la Resolución de Calificación Ambiental. La situación se cobró la renuncia del gerente general Alejandro Pérez, y -se anunció- significó vender un millón de dólares menos por día y pérdidas cercanas a los 250 mil dólares en cada jornada.
Un cable de la agencia internacional Bloomberg, con fecha 8 de junio, explica que el fallo judicial en primera instancia que ordenaba clausurar la planta fue revertido por un fallo de la corte suprema, pero que no obstante Forestal Arauco mantendrá cerrada sus puertas.
El viernes último (17 de junio de 2005) diarios chilenos publicaron que "las altas concentraciones de sulfatos de aluminios, dioxinas y órganos clorados liberados al medio principalmente por Arauco, y en menor medida por otras actividades industriales, generan un riesgo latente en el estuario y para la salud humana de todo el sector por las captaciones de agua potable que hay en el área, mucha de ella contaminada por efectos de corrientes que transportan los residuos hasta zonas pobladas". Para el día siguiente, sábado, se programó una marcha de la población con paraguas exigiendo que se respete el derecho a un ambiente sano.
"Forestal Arauco, además de estos severos problemas ambientales, mantiene latentes conflictos territoriales por reivindicaciones que hacen diversas comunidades Mapuche en el sur de Chile, quienes exigen varios predios que están en posesión de esta empresa, quien junto a CMPC (forestal mininco) se han convertido en los principales enemigos de los Mapuche por conflictos territoriales, hecho que ha generado en los últimos años procesos de represión, criminalización y encarcelamiento en contra de diversos dirigentes de comunidades rurales", publica otro medio de comunicación. Fuente: http://www.olca.cl/oca/argentina/celulosa04.htm
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Argentina: La transnacional chilena Arauco (Alto Paraná S.A.) y los Pueblos Originarios en Misiones.

11 de febrero de 2015

El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego. En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra. El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.
Por Sergio Alvez (*) - Revista Superficie
 Conquistadores
 De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.
En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.
El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.
Socios
Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.
La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.
En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.
Por otro lado, la Provincia, a través del Ministerio de Ecología, es la encargada de aprobar “planes forestales”, que en muchos casos implican dar luz verde para desmontar en zonas de monte nativo. Ecología no informa a las poblaciones ni a la prensa acerca de qué tipo de controles medioambientales realiza en torno a la planta de celulosa de Puerto Esperanza y la planta de MDF de Piray. En julio de 2011, revista superficie emitió un pedido de información a la titular de Ecología, Viviana Rovira, que nunca se dignó a contestar. Incluso el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones solicitó una audiencia por este tema con la ministra Rovira, pero tampoco hubo respuesta. En aquel pedido, entre otras consultas, se preguntaba por la situación de la planta de MDF que finalmente, pocos meses después, sufrió un terrible accidente en una de sus calderas.
Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.
El antecedente Guavirá Poty
En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.
En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.
“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.
Según el Ministerio de Ecología, aquel desmonte se realizó de manera legal. Cuando este cronista acudió al organismo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena.
Contexto
Latido Americano es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de investigaciones y acciones diversas. Esta organización publicó un informe titulado “La situación de los mbya” donde se describe:
La situación de los pueblos originarios en el litoral argentino es un claro ejemplo más de violencia y despojo. En la provincia de Misiones, las comunidades mbya guaraníes están asentadas, en muchos casos, en terrenos “provisorios”, luego de haber sido expulsados de sus tierras.
Desde hace siglos, estos pueblos han resistido al modelo imperante. Sin embargo, mientras el actual paradigma nos deja una sociedad desintegrada -un ser humano desvinculado de sí y de sus pares, con una naturaleza que le es ajena son los pueblos originarios quienes nos enseñan con su sabiduría ancestral que “somos naturaleza”, y propician el desarrollo humano armónico como parte de ella (no como espectador o explotador). Los pueblos originarios de la región sufren las consecuencias del abuso y la desidia que se llevó a cabo sobre todo el ecosistema.
Los continuos trabajos realizados por compañeros del área de salud de nuestra agrupación desde hace 4 años en esta región, describen como crítica la situación en la que viven los guaraníes en el litoral. Si tomamos en cuenta que su resistencia a las enfermedades va en consonancia con su gran conocimiento acerca de plantas medicinales, podemos entender que la supervivencia del monte, su gran bien natural, debe ser garantizada para que este pueblo no se debilite (…)
(…) El término guaraní Tekoa, traducido por Antonio Ruiz de Montoya en 1640, significa “cultura, costumbres, normas, comportamiento, un modo de ser, de estar”. Los mbya también llaman Tekoa al “lugar” que cuenta con las condiciones necesarias para vivir en sus aldeas con sus familias. Esto se debe a que existe una profunda relación entre este “modo de ser” guaraní y el lugar o territorio en el que se vive. Esta concepción también es compartida por otros pueblos originarios como el mapuche, cuya denominación significa “gente de la tierra”. Estas culturas nos plantean una mirada que ubica al ser humano como parte del planeta, y no a la tierra como posible posesión del hombre. El concepto de “propiedad privada”, en cambio, es comprensible en un marco donde la tierra se puede comprar y vender, teniendo fundamental validez en un sistema donde es el dinero el que marca las reglas. Es comprensible, por lo tanto, que los mbya prefieran utilizar el concepto de “propiedad comunitaria”, ya que es más acorde a la relación de reciprocidad y solidaridad que existe entre los diversos tekoa mbya y, a su vez, entre éstos y la naturaleza. Es por ello que si fuera necesaria una escrituración de tierras, debería realizarse en forma comunitaria o colectiva.
Para intentar comprender la problemática del pueblo mbya debemos analizar cómo el estado argentino viene abordando la cuestión indígena desde los 90, y es imperioso adentrarnos en la lógica del modelo hegemónico neoliberal; pues así, y sólo así, podremos advertir la verdadera dinámica que vienen adquiriendo las políticas sociales indigenistas
(…)
Si realizáramos aquí un diagnóstico y análisis de las diversas causas de los problemas que sufre la selva misionera y por ende el pueblo mbya -y de gran impacto en la población del resto del país-, deberíamos resaltar principalmente la indiscriminada deforestación realizada por empresas madereras que reemplazan la selva nativa por pino para obtener pasta para papel, como es el caso de una cuya propiedad es de la compañía chilena Arauco, que según un informe “se transgredieron normas ambientales y que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en el hecho referido a los trabajos forestales realizados por la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima…” (3); y los miles de kilogramos de glifosato, un herbicida cuyo nombre comercial es Round Up y el cual es producido por la empresa Monsanto, arrojado en plantaciones de la provincia para matar malezas. Entre sus ingredientes se encuentran tóxicos que provocan náuseas, diarrea, neumonía, laringitis, dolores de cabeza y protuberancias. Aunque Monsanto continúa con sus campañas para demostrar que el producto es “100 por ciento biodegradable”, la Comisión Europea ya en el 2001 lo había clasificado como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”.
Es imprescindible también describir las consecuencias del proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que al ir elevando la cota de 76 a 78 metros (aún tienen previsto elevarla a 83 en su última etapa) en estos últimos años provocó la inundación de grandes extensiones de territorio ocupado por aldeas y colonos que se vieron obligados a desplazarse; y no podríamos dejar pasar los vertederos de basura impulsados por el gobierno provincial mediante el “Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones”, a través del decreto 171/03, que en 2003 amplía el contrato de la empresa AESA Misiones SA, promoviendo la construcción de otro relleno sanitario constantemente rechazado por habitantes de Piray, Garuhapé y por último de Caraguatay. Oscar Reinaldo Geisler, referente de los pobladores, explica el 6 de junio de 2006 en el medio digital EcoPortal.net, que por medio de la ordenanza municipal “firmada en secreto el 21 de enero de 2005”, se autoriza finalmente la instalación del basural, agregando además que “la constante que se repite es que los terrenos en donde se planean realizar y se construye actualmente este vertedero de basura, son propiedades de la empresa chilena Alto Paraná S.A.”.
Al ser despojados de sus tierras, los mbya han perdido mucho más que una extensión de territorio. La tierra forma parte de ellos y está en estrecha relación con su identidad. Como consecuencia de la obligada migración, debieron desprenderse de sus herramientas de auto sustentación, desvaneciendo su economía y sus costumbres, su relación con los procesos de salud y enfermedad. Hoy el monte, su ecosistema, dejó de serlo para convertirse en “espacio cercado” destinado a la explotación. El desafío sería cómo luchar para no ser prisioneros de ese espacio cercado.
(*) Cronista de revista superficie.
 Fotos en comunidad Guazurarí: Pablo Longo Laporte (publicadas originalmente en Misiones On Line).
 Fotos en Guavirá Poty: Sergio Alvez.
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Conflicto Mapuche:
génesis, actores y perspectivas
Por Fernando Marcelo de la Cuadra*
(…)La génesis del conflicto Mapuche
Como señalamos en la introducción, los principales conflictos que se vienen produciendo entre las comunidades Mapuches en contra de las autoridades (nacionales, regionales y locales) y de los intereses de la empresa privada, continúan siendo dos.
Por una parte, el que enfrenta a estas comunidades con la empresa española (ENDESA) dedicada a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco ubicada en el Alto Bío-Bío, y por otra parte, los graves altercados entre grupos indígenas y las empresas forestales que explotan los bosques, principalmente en la novena región. Si bien es cierto que un aspecto importante de estos conflictos se debe a una cuestión que se plantea en torno a la propiedad de la tierra, dicha demanda no excluye la presencia de una constelación de otras reivindicaciones que constituyen la denominada “causa” de los pueblos originarios y que puede ser entendida como una expresión o modalidad de ecologismo popular.
Al momento de abordar la génesis del conflicto Mapuche, muchos políticos y periodistas han colocado los aspectos económicos en el centro del análisis, señalando que la extrema pobreza de las comunidades y la escasez de tierras es el detonante del descontento de este pueblo. Sin embargo existen motivos más profundos que deben ser buscados en la historia. En efecto, hay que buscar las bases de esos conflictos en la yuxtaposición de una serie de factores, donde los económicos desempeñan un rol importante pero no exclusivo. Entre esta diversidad de fuentes se puede destacar las siguientes como aquellas que tienen más significación.
a. Deuda histórica: uno de ellos es el vínculo que ha construido el estado chileno con respecto a las comunidades indígenas ya desde los orígenes de la república. Junto con la formación del Estado-Nación se supuso que todos los individuos que habitaban un determinado territorio regido por el estado chileno se transformaban automáticamente en miembros de este país. Siendo así, la totalidad de los pueblos originarios que habitaban el territorio chileno se transformaron automáticamente en ciudadanos, teniendo en el plano jurídico-normativo los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Por el contrario, en un plano positivo la historia nacional nos ha demostrado que los pueblos indígenas han sufrido la permanente discriminación por parte de las autoridades del estado y de la población, lo cual se ha venido manifestando casi desde el comienzo de nuestra vida independiente, en la pérdida de su autonomía político-territorial y en la marginación de su cultura, religión e idioma del proceso formador de nuestra identidad nacional.
b. Proceso de colonización agrícola: en el contexto anteriormente señalado, a fines del siglo XIX se promulga una ley cuyo objetivo central consistirá en radicar a los pueblos indígenas en territorios delimitados (reducciones) para poder disponer de la mayor parte del territorio y llevar a cabo la colonización de las tierras del sur por parte de población chilena y extranjera (alemanes, italianos, croatas, holandeses). Bajo esta política, que duró hasta mediados del siglo pasado, los pueblos indígenas perdieron 9,5 millones de hectáreas de tierra, lo cual ha hecho de los Mapuches (gente de la tierra) una nación de minifundistas o de asalariados rurales en permanente migración por diversas zonas agropecuarias.
c. Empobrecimiento de los Mapuches: los procesos de expropiación de tierras y de desplazamiento de las comunidades hacia zonas de frontera agrícola cada vez más frías e inhóspitas provocaron la destrucción de las bases productivas de las unidades Mapuches, provocando una creciente agudización de la pobreza de dichas comunidades.
d. Fragmentación y dispersión de las comunidades: la conjunción de la pérdida de las bases materiales de sustento y la profundización de la pobreza en las unidades de minifundio Mapuches causaron una fuerte emigración de su población hacia zonas urbanas, la cual se viene instalando en la periferia de la capital o de otras ciudades intermedias, engrosando las filas de los pobres urbanos.
e. Pérdida de espacio para manifestaciones culturales y de identidad Mapuche: una de las consecuencias de la instalación de la población Mapuche en las grandes y medianas ciudades ha sido la carencia de espacios donde puedan realizar las expresiones propias de su cultura, como la subordinación de sus tradiciones, lengua y religión en un medio urbano agresivo, dominante y excluyente. Ello se expresa finalmente en la agudización de un proceso de aculturación en el que se van perdiendo los rasgos de identidad cultural de dichas comunidades.
f. Persistencia de acciones de despojo: en cuanto a la población que sigue habitando en las zonas de reducción, en el último período debieron enfrentar nuevas situaciones de desplazamiento o usurpación solapada de sus tierras por parte de empresas privadas nacionales o extranjeras. Esto último se ha constituido en una especie de catalizador de los aspectos antes señalados, detonando el conflicto entre los miembros de las comunidades afectadas por las diversas formas de despojo de sus tierras y las empresas instaladas en sus territorios.
Los actores y el contexto de los conflictos  (…)
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Acá se respira lucha

9 de noviembre de 2017 

Victorias de norte a sur contra el extractivismo. Territorios indígenas recuperados, mineras expulsadas por asambleas, avances de hectáreas agroecológicas y la mayor multinacional transgénica echada de Córdoba.

Por Darío Aranda para La Izquierda Diario
El gobierno nacional acordó con China la construcción de una planta nuclear en Río Negro. No hubo consulta al gobierno provincial ni, mucho menos, a la población expuesta a los peligros contaminantes. De inmediato comenzó la organización de asambleas socioambientales, comunidades mapuches, académicos críticos, vecinos sueltos. Marchas, reclamos, visibilización. Y lo que parecía difícil, o imposible, sucedió: el gobierno provincial canceló el proyecto en agosto pasado.
“Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cómo queremos vivir los habitantes patagónicos y exigiendo se respeten nuestros derechos”, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

Minería

Esquel no fue sólo Esquel. En marzo de 2003 se realizó en la ciudad patagónica el primer plebiscito contra la megaminería. En un contexto de enorme desocupación, el 81 % dijo que no quería la actividad extractiva. La canadiense Medirian Gold y el gobierno provincial (y municipal) sufrieron la derrota.
También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 % también rechazó la actividad extractiva. “No es no” y “Patagonia rebelde” se transformaron en bandera de lucha.

Pero Esquel no fue sólo Esquel. Iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Asambleas y organizaciones de todo el país confirmaron que era posible.


Loncopué, en Neuquén, fue la segunda votación contra la megaminería. El gobierno provincial (el Movimiento Popular Neuquino reina desde hace 50 años), la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros impulsaban la extracción de cobre.
La comunidad mapuche Mellao Morales exigió el cumplimiento de sus derechos. La población urbana se organizó. E impulsaron una votación (el gobierno provincial intentó evitarla, pero el Poder Judicial dio luz verde). El 3 de junio de 2012, el 82 % dijo que no la minería. Durante la marcha de celebración por las calles de la ciudad se recordó otras luchas. Se agradeció a Esquel, pero también a La Rioja, Andalgalá y también a gestas hermanas como Gualeguaychú.
En Jujuy, la movilización de asambleas y pueblos indígenas logró un fallo judicial (del Superior Tribunal de Justicia) que frenó la minería de uranio en abril de 2010. Hizo hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invirtió la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.
La medida fue en respuesta a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera de uranio en la Quebrada de Humahuaca.
La Rioja no tuvo plebiscito ni fallo judicial, pero las asambleas socioambientales de Chilecito, Famatina y la capital provincial (entre otras) echaron a cuatro mineras en la última década. Entre ellas, a la poderosa Barrick Gold. No fue gratis: los vecinos sufrieron espionaje ilegal, represiones, judicialización. Pero no hay megaminería en La Rioja.
Andalgalá (Catamarca) conoce de megaminería desde la década del 90, cuando se instaló Alumbrera, hoy en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). No hubo trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Por eso el masivo rechazo al proyecto Agua Rica, tres veces más grande que Alumbrera y ubicado donde nacen las fuentes de agua de la ciudad.

Estaba todo dado para el avance de Agua Rica. Pero la población se plantó y cerró el camino vecinal de Chaquiago. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión. La respuesta fue una pueblada y, por orden judicial, el freno del emprendimiento. El gobierno de Lucía Corpacci aún sigue alineado con la empresa (Yamana Gold) e impulsa la explotación minera.


Aún no está dicha la última palabra sobre Agua Rica, pero de no ser por los vecinos la mina ya estaría en funcionamiento.
En las Salinas Grandes de Jujuy y Salta viven pueblos originarios y también está una de las mayores reservas de litio (mineral utilizado para baterías de autos, celulares, computadoras). Allí fijaron sus ojos grandes empresas automotrices (Toyota y Mitsubishi, entre otras), con aval de los gobiernos provinciales. En 2010 comenzó la organización de 33 comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, que conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Asambleas, marchas, denuncias y hasta audiencia en la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los derechos indígenas.
Los jueces supremos (con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco a la cabeza) optaron por no aplicar el derecho indígena. Las comunidades kollas y atacama no se quedaron de brazos cruzados. Redactaron un “protocolo de consulta” llamado “huellas de la sal” (para que los jueces sepan cómo aplicar la legislación que protege los territorios indígenas), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alertaron que seguirán con acciones directas.
¿Las mineras desistieron de sus intentos? No. Pero de no mediar la lucha indígena, la explotación de litio sería hoy una realidad. Y no lo es. También es un triunfo.

Agro

El 4 de agosto de 1990 marca un punto de inflexión en la historia de las luchas campesinas. Se formaliza un proceso organizativo que llevaba años y nace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Fueron (son) un emblema de la resistencia al avance del agronegocios y sus topadoras.
Años después llegarían las divisiones (“Mocase Santiago” y “Mocase Vía Campesina”), coordinación con distintos espacios, participación política (no exenta de polémicas y críticas). Sufrieron judicialización, represiones, asesinatos (Cristian Ferrerya, en noviembre de 2011, una referencia). Nunca dejaron de defender el territorio. Construyeron sus radios, producciones agroecológicas y escuelas campesinas.

Pero uno de sus grandes triunfos, y quizá más invisibilizado, es que los empresarios del agronegocios ya no se animan a intentar avanzar en zonas donde están los campesinos organizados. Saben que el Mocase presentará lucha y no cederá ni un metro de tierra.


El Mocase también inspiró organización en otras provincias, con movimientos campesinos que crecieron en los últimos años (Córdoba, Mendoza, Salta, entre otros).
En Misiones, donde el monocultivo de árboles arrasa territorios y desaloja, la multinacional Alto Paraná-Arauco funciona como patrón de estancia. Acumula el diez por ciento del suelo provincia (256.000 hectáreas). Parajes enteros fueron desalojados, pueblos que desaparecieron.
Productores Independientes de Piray (PIP) es la organización campesina que se negó al destierro. Defendió la tierra y luchó contra la multinacional. En 2013 logró una ley provincial para expropiar 600 hectáreas a Alto Paraná. Fue un triunfo. La burocracia política demoró la entrega. La lucha siguió. Recién este año el gobierno de Misiones hizo entrega efectiva de las primeras 166 hectáreas. “Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron en PIP. Y avisaron que es un primer paso. Con esas tierras podrán cultivar y producir. E irán por más hectáreas.
Por otro lado, se multiplican las experiencias de agroecología (producción sana de alimentos, sin agrotóxicos). Yerba mate en Misiones, ganadería en Río Cuarto y, en mayo de 2016, se conformó la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama)”.
En Guaminí, oeste de Buenos Aires, ocho productores se unieron y comenzaron la transición para dejar los transgénicos y agroquímicos. Comenzaron con 100 hectáreas en 2010 y el apoyo del Municipio. El segundo año, buenos resultados mediante, pasaron a 970 hectáreas. La última siembra trabajaron 1.500 hectáreas agroecológicas. “Es un cambio productivo, pero también un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofía de vida, estamos en ese proceso y muy felices”, explicó el productor Rafael Bilotta.
La Aurora en una chacra de 650 hectáreas en Benito Juárez (Buenos Aires). Juan Kiehr y Erna Bloti, con el asesoramiento de Eduardo Cerdá, decidieron dejar el agronegocios. Sistematizaron los datos de una década y los resultados son contundentes: producen cantidades similares a sus vecinos pero con mucha más rentabilidad.
Un promedio de trigo de 3.100 kilos por hectárea, sólo 200 gramos por debajo del promedio de la zona con manejo convencional (de químicos). Con la gran diferencia de menor gasto de insumos. Los costos directos por hectárea en la zona (en manejo convencional) fue de U$S 350 por hectárea. En La Aurora fue de U$S 100 por hectárea (un ahorro de U$S 250). Lo cual explica el margen bruto de ganancias, muy por encima de los campos convencionales de la zona.
“Es simple. Producimos cuidando la tierra. Recibí el campo de mi padre y quiero dejar uno mejor para mis nietos”, resumió Kiehr.

Monsanto

15 de junio de 2012. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia desde Estados Unidos que Monsanto instalará su mayor planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas (Córdoba).
La población se enteró por televisión. Nadie los consultó, a pesar de estar rodeado de cultivos, de ser un pueblo fumigado con agrotóxicos y conocer la experiencia del Barrio Ituzaingó Anexo (se realizaba en esos días un juicio histórico que terminó con la condena de un aplicar y un productor).
Comenzó la organización mediante el boca a boca. Nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Primero se informaron. Rápidamente supieron que Monsanto no traería nada de lo prometido (trabajo, desarrollo local, bienestar). Pidieron votación ciudadana. El gobierno municipal y provincial (que llegaron a sus cargos mediante el voto) le negaron la posibilidad a la población.
“No a Monsanto” se hizo bandera y acción.

Cuatro años. Media docena de represiones. Peleas entre familias. El gobierno municipal (Daniel Arzani, UCR), el provincial (José Manuel de la Sota, PJ) y nacional (Cristina Fernández de Kirchner, FPV) apoyaban a Monsanto. También los medios de comunicación de mayor tirada.

Periodistas y académicos de diversas partes del mundo llegaban hasta Malvinas Argentinas para tratar de entender cómo era la pequeña localidad de América Latina que daba batalla ante la mayor corporación del agro mundial.
En septiembre de 2013 la Asamblea organizó un festival en la entrada del predio de la compañía (30 hectáreas sobre la ruta 88). “Primavera sin Monsanto”, fue el título de la convocatoria. Y ese día comenzó un bloqueo por tiempo indeterminado.
En enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declaró la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la Provincia. En febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas.
La planta se frenó. No ingresó nadie más. Monsanto se negaba a aceptar la derrota. Pero en noviembre de 2016 se hizo pública la venta del predio. Monsanto fue echada de Córdoba. Su mayor derrota de América Latina.
Al sur de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto también hizo historia. Por el accionar de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Universidad Nacional local, entre otros actores, el intendente firmó un decreto para rechazar la instalación de una estación experimental de Monsanto(la empresa inició acciones legales contra el Municipio).

Fallos

Nunca los fallos judiciales son regalos de jueces o fiscales: son producto de luchas y acciones concretas de organizaciones sociales y abogados comprometidos. Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:
2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires).
2008. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe).
2009. Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco).
2010. Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires).
2012. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti (Buenos Aires).
2013. Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos).
2014. Coronel Suárez (Buenos Aires).
2014. Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires).
2015. Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires).
2016. Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
“El activismo judicial busca las grietas en el Poder Judicial”.

Indígenas

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales.
La comunidad Santa Rosa Leleke frente a la multinacional Benetton es uno de los casos más conocidos. Ya llevan diez años de regreso a su tierra ancestral.
La Comunidad Quintupuray (paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón) y la comunidad Casiano-Epumer en la línea sur de Río Negro son otros casos de vuelta al territorio indígena. La Confederación Mapuche de Neuquén recuperó miles de hectáreas en el predio conocido como “Pulmarí”, en el departamento de Aluminé.
En Las Lomitas (Formosa), las comunidades Oñedie y Penqole recuperaron hectáreas que estaban en manos de Gendarmería Nacional, robadas al Pueblo Pilagá luego de la matanza de Rincón Bomba (en octubre de 1947, cuando asesinaron a cientos de indígenas). Las comunidades volvieron al territorio y el 10 de octubre pasado recordaron el 70 aniversario de la matanza impune. “La memoria sigue, solo falta justicia”, exigieron los pilagá.

Los pueblos indígenas son un bastión de lucha contra el extractivismo. Nunca lo aceptarán. Ponen el cuerpo frente a mineras, petroleras, forestales y empresas transgénicas. Por eso son considerados “un peligro” por el poder.


Democracia directa

En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas y desalojará a 2.500 familias. En la provincia está vigente la ley 56, que obliga al Gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero el gobernador Maurice Closs nunca quiso convocar a las urnas.
La Mesa Provincial No a las Represas reunió a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre de 2014, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. Votaron 120.418 personas. El 96,82 % votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas). “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

Escritorio vs territorios

Nunca faltan los militantes de escritorio (y de Facebook-Twitter) que minimizan y subestiman las luchas de los que ponen el cuerpo en los territorios.
“No sé por qué celebran tanto el fallo de San Jorge (que frenó fumigaciones en Santa Fe) si ni siquiera es para toda la ciudad. Sólo es para un barrio”, cuestionó por correo un comentarista de luchas ajenas.

Hay parte de verdad. Lo subestimado es que ese fallo sirvió de antecedente para otros y de referencia de decenas de pueblos fumigados. Y, sobre todo, el fallo fue fundamental para los niños que viven frente al campo con soja: nunca más volvieron a ser fumigados.

En tono similar, ante la expropiación de 600 hectáreas a Alto Paraná en Misiones, otro comentarista de aire acondicionado ironizó: “¿Qué le hace 600 hectáreas a quien tiene 256.000?”.
Esas 600 hectáreas representan un primer paso para que los campesinos no se vean obligados a dejar sus campos, les permite producir y permanecer en la vida rural.
El extractivismo, con funcionarios, jueces y medios de su lado, se presenta como invencible, y como la única opción de estas tierras. Las luchas territoriales confirman que otro destino es posible. En palabras de Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Fuente: https://latinta.com.ar/2017/11/aca-se-respira-lucha/
Advirtamos que la inmensa mayoría de nosotros desconocemos a los ecocidios-genocidios o no les conferimos la importancia que tienen. Aún más, posibilitamos su  gobernabilidad al participar en las elecciones que ni nos interpelan a la desobediencia civil cuando terminan en balotajes entre dos derechas. De ahí  la conciencia de impunidad del Partido Justicialista que en simultáneo con derrames de cianuro en el río Jachal por Barrick,  designa su presidente a José Luís Gioja, quien viabilizó la ocupación económico territorial e institucional de:
 

La macabra Barrick de Bush.
10 de diciembre de 2004

Por Javier Rodríguez Pardo

La corporación minera canadiense Barrick Gold, no es un santuario de capital sudado, ni goza de una imagen ejemplar en el mercado mundial. Nace por gestiones inescrupulosas del narcotraficante Peter Munk, antes asociado al magnate Adnan Khashoggi, traficante de armas de origen árabe Saudita.
Esta fórmula societaria, funda en Toronto, Canadá, la empresa extractiva aurífera Barrick Gold Corporation con aportes de relaciones políticas por un lado y de moneda por el otro, que la potenciaron al primer plano. Con Peter Munk ingresa, al círculo prístino de la empresa, la Corona Británica, a través de su amistad con el príncipe Felipe, pero es el árabe Khashoggi quien arrima el capital mayor.
George W. Bush, otrora director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), es el tercer capítulo de esta historia. Como vicepresidente de los Estados Unidos aporta una mina de oro ubicada en un predio propiedad del gobierno de USA, que Barrick termina comprando por 63 millones de dólares. Se trata de la mina Goldstrike que en realidad contiene 10.000 millones de dólares en oro.
Poco después, George Bush comienza a figurar en el directorio de Barrick Gold Corporation con el rutilante título de ?asesor honorario de la junta internacional de la empresa?. Para su control no duda en colocar al ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, como su asistente; pero fue Edward N. Ney, ex embajador en Canadá, su vocero en el directorio.
A partir de 1995, el ex presidente norteamericano goza de más tiempo y dirige el cuerpo de ?asesores honorarios de Barrick Gold Corporation?. Un año más tarde la empresa recibe la concesión de exploración y explotación aurífera de Zaire. El hecho es tapa de los diarios del mundo porque hasta entonces la influencia del ex director de la CIA, le había permitido a Barrick atrapar importantes yacimientos metalíferos, pero lo de Zaire se convierte en robo mayúsculo por la gestión sangrienta que lo coronó.
Zaire - 40 millones de habitantes- contrajo deudas internacionales que no podía pagar. Increíble para un país principal productor y exportador de cobalto en el mundo; segundo en diamantes, gran productor de cobre y no menos de estaño, zinc, baritina, magnesio, boro y una gran vedette naciente que guardaba en sus entrañas, el oro.
Semejante riqueza que tanto había preocupado a los británicos, agrupa a los saqueadores del primer mundo, que avanzan decididos sobre una de las regiones más ricas pero también con una población de las más empobrecidas del planeta. Cruel y reiterado paradigma.
Costó poco entonces que Ruanda y Uganda invadieran Zaire. Y mientras la muerte se adueñaba de cientos de miles de zaireños, en sistematizado genocidio, Barrick Gold Corporation, Anglo American Corporation y Río Tinto Zinc, trazaban las líneas para repartirse el despojo de los enclaves mineros, esclavizando a los sobrevivientes que necesitaban como mano de obra después de haberlos empujado al cadalso.
Se consolida de este modo la macabra Barrick Gold, que construyó su imperio minero gracias al tráfico de armas, al narcotráfico que también supo impulsar la guerra del opio, y que tuvo a su favor un ejército de agentes de la CIA de Bush que barrieron estratégicamente el camino de los metales y de las piedras preciosas. En el artículo de Jeffrey Steinberg, ?El Corazón de Tinieblas de George Bush?, publicado por EIR Internacional, se lee que ?la invasión del este de Zaire por parte de ejércitos combinados de Ruanda y Uganda, que comenzó en septiembre de 1996, coincidió con la entrada de Barrick y Anglo American para adueñarse exactamente de esa zona? Miles de refugiados murieron en los enfrentamientos y otro cuarto de millón se vio obligado a huir a la selva, a morir de hambre y enfermedades, en tanto unos quinientos mil cruzaron la frontera hacia Ruanda para morir, probablemente, en manos de los tutsis?.
Al mismo tiempo, la descripciòn que sobre la presencia de Barrick Gold en Tanzania y Congo, realiza la página web Mines and Comunities, nos parece espeluznante. ( ver aquí). Por donde interviene Barrick queda una secuela de destrucción y muerte.
Estamos hablando de la misma empresa que hoy se halla en la Cordillera de los Andes, merced a una inmensa franja que la corre de norte a sur, expoliada a chilenos y a argentinos por el Tratado Minero de Implementación Conjunta y por acuerdos binacionales leoninos que ceden la soberanía de ambas naciones.
Veladero y Pascua Lama son exponentes del propósito de Barrick Gold y del poder transnacional de las invasiones mineras en Sudamérica. Nuevos límites geográficos, con extraterritorialidad jurídica, fueron habilitados con estos tratados y convenios impuestos por las relaciones carnales de los presidentes sureños con el patriarca del Norte: Menem - Bush en Argentina o Fuji Mori ? Bush en Perú, es lo mismo.
Por ahora estos países no requieren militarización si bien el Imperio prepara bases e instalaciones en proximidades de estratégicos recursos naturales. Las multinacionales cuentan con legislaciones que autorizaron la cesión de los sitios pretendidos; les entregaron la soberanía. De igual modo, paquetes de leyes nacionales y provinciales redactadas por los consultores de los trust mineros, les entregan gratis insumos y energía para la devastación pactada. Una nueva frontera, un nuevo país se abre en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, para que estas empresas puedan horadar extensos túneles rumbo al Pacífico buscando los mercados del Norte, sin importarles la destrucción de ecosistemas a su paso. Mientras tanto, argentinos y chilenos deberán aceptar las cifras y los valores que les presentan las multinacionales del saqueo: ¿qué minerales, cuánto y qué sale por estas aduanas paralelas?
Con este Tratado pueden pisotear a gusto parques nacionales o reservas de biosfera como la de San Guillermo en San Juan, donde se hallan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama. Pero a través de las leyes que hemos mencionado, con incentivos fiscales a la exploración y explotación minera, es cómo construyen el saqueo. Se les concede todo y todo se les permite. Pueden deducir del impuesto a las ganancias el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto. Con la ley 24.196 aplican doble deducción de gastos de exploración y además se les otorga estabilidad fiscal y cambiara por treinta años, amortización acelerada de bienes e insumos y la posibilidad de trasladar indefinidamente el quebranto de una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal. Otra ley les devuelve el IVA de los gastos de exploración. Y la ley de Inversiones Mineras los exime de pagar derechos de importación, o tasa estadística por la importación de bienes de capital, equipos e insumos. A las mineras les permitimos deducir de los gastos la ulterior remediación del daño que ellas mismas provocan, y se las exime del impuesto a las ganancias en las utilidades obtenidas por capitalización de sociedades. Otro plato fuerte son las regalías, al fijar un tope máximo del 3%, aunque en algunas provincias el canon que deberán pagar no pasa del 2% en boca de mina (en Chubut, por ejemplo), cuando en otros países se cobra entre el 14 y 40 % del bruto obtenido. Gozan, también, de la exención del 100% del impuesto a la ganancia mínima presunta, devolución anticipada y financiamiento del IVA y capitalización de hasta un 50% de los avalúos de reservas mineras. Están además exentas de contribución alguna sobre la propiedad minera, y los gravámenes provinciales y municipales no se aplican para las transnacionales que incluso suelen pactar regalías inferiores al 3%, como en Chubut; las privilegiadas mineras tampoco pagan el impuesto al cheque ni las transferencias que hagan al exterior de capital y ganancias. En este sentido, están autorizadas a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones. Estas empresas privilegiadas, pueden ?exportar? los metales ?regalados? por la Nación Argentina, a través de puertos patagónicos que, cuanto más austral lo hagan, mayor será el reintegro que reciban. En caso de utilizar el puerto de Comodoro Rivadavia gozan de un reembolso del 5%, pero no debemos olvidar que les cobramos el 3% de regalías, en el mejor de los casos. La diferencia la pone el pueblo argentino.
La actividad minera multinacional está exenta de pagar los impuestos incluidos en el costo de los combustibles líquidos: abonan, por ejemplo, cincuenta centavos el litro de gasoil cuando en el surtidor del pueblo ronda un peso con cuarenta centavos. Pero no conformes con semejantes beneficios, en la provincia cuyana de San Juan, la energía eléctrica que reciben estas plantas mineras, está subsidiada por los vecinos, en las facturas de luz, mediante un rubro que financia la extensión de 500 KV de ?línea eléctrica minera?. Y pensar que los viñateros y productores agropecuarios sanjuaninos se quejaban porque ellos están obligados a pagar el agua y cuidar su uso, en cambio las mineras desvían nacientes y secan cuencas en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes para lixiviar, con soluciones de compuestos químicos, cientos de montañas de minerales preciosos, recursos no renovables.
Este relato quedaría incompleto si no le incorporamos otra visión de los hechos.
Estados Unidos necesita manejar las reservas mundiales de minerales críticos y estratégicos porque se agotaron en su territorio o son escasos. Nunca perdió el horizonte del plan Monroe de una sola nación americana, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
La recolonización que sufren los países sudamericanos explica también el avance que ejecuta el poderoso país del Norte a través de hipótesis bélicas precipitadas, casi con urgencia. En principio, la idea de plantar bases antimisiles en la Patagonia, asunto que hemos tratado en nuestros artículos Misiles Nucleares en la Patagonia y Misiles en Lista de Espera, es tema complementario de las maniobras conjuntas de las fuerzas armadas del Pentágono en territorio argentino, como ya sucede en el noroeste, en el litoral y Delta del Paraná y en la región austral.
Una hipótesis de conflicto es el pretexto para desembarcar en el acuífero guaraní. Desde allí, Estados Unidos traza su plan para dominar el gigantesco recurso, porque en este caso las legislaciones de las naciones de la triple frontera no es la respuesta que necesita, no hay acuerdos, no hay cesiones. En cambio, para los recursos metalíferos es suficiente con que cunda el ejemplo argentino, paquetes de veinte leyes encabezadas por la ley de Inversiones Mineras y el Tratado de Implementación Minera Conjunta Argentino Chileno.
¿En qué circunstancias los halcones del Imperio necesitarían enviar tropas al extremo sur del continente, si ya tienen a favor leyes, gobernantes y funcionarios cipayos?
¡En caso de que los pueblos opten por la insurgencia y se opongan al despojo de sus recursos naturales!
Los movimientos sociales de la Patagonia y de los pueblos norteños al pie de la Cordillera de los Andes, que se multiplican por todo el continente con efecto dominó, son expresión concluyente para que USA instale bases ?imaginando? eventuales ataques terroristas a su territorio. Sin embargo, no habían previsto que un ignoto valle cordillerano, de escasos 30.000 habitantes plebiscitara, con el 81% de votos en las urnas, el más absoluto rechazo al invasor minero. Esquel fue noticia en el New York Times, en el Washington Post y en el Financial Times, e instaló preocupación en las bolsas de valores que recibieron fuertes sacudidas al verse obligada la canadiense Meridian Gold a abandonar el oro del Cordón Esquel.
La competencia
Otro fenómeno que irrumpe con fuerza en este ajedrez es la competencia de transnacionales. La presencia de los gigantes asiáticos con millones de bocas hambrientas y proyectos de desarrollo que requieren insumos vitales, recursos y territorio.
Las inversiones chinas se cuantificarán en dólares, pero el pueblo de la Gran Muralla anticipa negocios de intercambio. Explotar la mina de oro y cobre de El Pachón, por ejemplo, a cambio del túnel bioceánico de Agua Negra, en la provincia de San Juan, que Argentina requiere para salir al Pacífico, oferta que recibieron del gobernador menemista José Luis Gioja. La Nación también trabaja con los chinos en otros mercados, unas cuantas toneladas de cereales por la construcción de obras energéticas, combinadas con alguna cuenca petrolífera.
La presencia asiática en el continente sudamericano no es del agrado norteamericano, es harto sabido, y la rivalidad, la competencia, acelera la imposición del ALCA y de otros organismos comerciales que sellen el dominio del gran Imperio por estas latitudes.
Mientras tanto, los pueblos continúan desocupados, pobres de bienes elementales y ricos de humillación extrema, sumidos en la indigencia y con escasas esperanzas, aunque cada día es mayor el volumen de violencia que desata semejante marginalidad. La historia lanza avisos y, tal parece que rechazar las invasiones mineras es uno de ellos.
Ahora bien ¿cómo continúan los Bush en esta historia?
Objetivamente, la nación norteamericana necesita minerales, como ya advertimos, y éstos no vienen solos. Hay que ir por ellos.
Tenemos no sólo el dinero, dice George Bush, sino también los marines adecuados que, según convenga, podrán ir juntos o separados. Pero qué bueno sería que todos fueran tan razonables como el presidente argentino Carlos Menem, reflexiona el viejo cowboy de la CIA. Hay que ver que en ese país, no debemos recurrir a ninguna de estas opciones. Para explotar la minería contamos con créditos que respalda el propio yacimiento y el resto se ejecuta aplicando la legislación vigente local.
El presidente argentino, a todo esto, inunda los medios de prensa con inocultable euforia: compatriotas ?proclama a gusto- mi amigo Bush ya dio la orden de invertir en el país. Argentina ahora es confiable; explotaremos las montañas; es tiempo de nuestra minería. Y fíjense si no será confiable que vendrá Barrick Gold, la propia empresa minera de mi amigo. Es más, con un par de leyes que faltan estará todo resuelto ?recita con orgullo- mientras le extiende la mano a su secretario Cohan, geólogo de profesión que, con otros consultores mineros, ya tenía preparado el texto, listo para que el Congreso Nacional lo aprobara.
Pero los chilenos no querían firmar nada con los argentinos si antes no les cedían parte de los territorios que venían reclamando y que gracias al Cardenal Samoré, enviado especial del Papa, la cosa no pasó a mayores.
Bush insistía: dígale a los senadores que firmen de una buena vez esa poligonal que pide Chile, que son migajas. No van ahora a pelear por una insignificancia. (a veces los Bush aplican un perfil pacifista).
Mientras calmaba al jefe del Imperio, el presidente argentino alcanzó a decirle a su amigo Bush que había un gobernante santacruceño, Néstor Kirchner, que estaba retrasando las cosas, soliviantando a la gente contra la firma del Tratado, y que hace unos días había colocado en Caleta Olivia un destacado cartel sobre la ruta principal con la leyenda, ¿los hielos continentales son tan argentinos como Anillaco?.
Cuenta el embajador que cuando Bush escuchó lo de los hielos continentales, sus asesores se apuraron para explicarle que se trataba de incalculables reservas de agua dulce. Luego se lo vio a Bush moviendo la cabeza de manera afirmativa, insinuando conocimiento del tema y murmurando que no tiene mayor importancia si estos hielos son argentinos o chilenos...(no quiere anticipar que tarde o temprano también irán por ellos).
Y finalmente se firmó todo.
Chile tuvo sus tierras reclamadas gracias a la dichosa poligonal y estampó la firma en el Tratado Minero de Implementación Conjunta con Argentina, que cede territorio y jurisdicción de ambas naciones a las multinacionales. Bush también cumplió, mandó a Barrick al frente de un ejército de empresas mineras y Carlos Saúl Menem anunciaba con orgulloso marketing que su amigo carnal, George W. Bush, lo había invitado a Camp David a jugar al golf.
El autor es miembro del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) - Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA), ONG MIEMBRO DE RENACE, RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA.
N. B: Para el presente artículo utilizamos datos e investigaciones publicadas por EIR Internacional.
Reflexionemos sobre:

Activismo ecológico

19 de agosto de 2018

Por Raúl Prada Alcoreza (*)

Éste es quizás el tema más importante, después de la comprensión compleja del problema, la crisis ecológica, y de la complejidad del problema mismo[1]. Pues se trata de las prácticas, de las acciones, de las actividades, sobre todo de las incidencias. ¿Cómo abordarlo? Sabiendo que ya hay una historia del activismo ambientalista y del activismo ecologista; también una discusión entre ambas y distintas perspectivas, a pesar de sus lugares de encuentro.

Más saturado aún el mapa conceptual y de recorridos activistas si incorporamos la perspectiva de la ecología compleja, que plantea un descentramiento del antropocentrismo[2]; todavía preponderante no sólo en el ambientalismo, sino también en el ecologismo.

Indispensable incorporar a las luchas y movilizaciones anticoloniales y descolonizadoras de las naciones y pueblos indígenas, en el estado de situación de las luchas sociales en defensa de la vida y la Madre Tierra, como se simboliza y se concibe en los imaginarios y narrativas indígenas[3].

Mucho más saturado si incorporamos a movimientos de interpelación política y social, que asumen en sus movilizaciones y activismos las demandas ecológicas, por así decirlo.

Por lo tanto se entiende, que estamos ante una gama variada de activismos, de colectivos, de incidencias; además del boceto de una clasificación notoria de los problemas que atienden, de las demandas concretas que plantean. Fuera de sondear sus interrelaciones, todavía suaves, reticentes a conjunciones de fuerzas.

No va a ser fácil entrar por aquí, aunque hay que hacerlo; mapas de las movilizaciones y activismos en defensa de la vida y la Madre Tierra, para resumirlo de esa manera; historias recientes de las movilizaciones, de los colectivos, y las formas de activismos; arqueologías de sus perspectivas y concepciones ambientales, ecológicas, de la Madre Tierra.

Por el momento, vamos a entrar de una manera, mas bien, simple, incluso esquemática; que nos ayude a tener un referente orientador, aunque sea provisional. Sobre todo, para evaluar los activismos y sus alcances; de ninguna manera para juzgarlos, sino para avizorar el potenciamiento de los mismos.

Si partimos de la premisa – suponiendo o forzando que todos estamos de acuerdo con ella, aunque sea parcialmente – de que de lo que se trata de conseguir es la reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales y ecológicos del planeta; entonces, ya tendríamos un referente para ponderar a los activismos. La pregunta es: ¿Cuánto se ha caminado en la perspectiva de conseguir este logro? Si éste es el ponderador, ciertamente, quedamos aplazados.

Sin eludir la pregunta ni el ponderador, la otra pregunta es: ¿por qué se ha conseguido tan poco, a pesar de los esfuerzos de los colectivos y pueblos involucrados? ¿Porque los Estado-nación, los gobiernos, los organismos internacionales, que sustentan el sistema-mundo extractivista, conforman un sistema-mundo institucional y jurídico-político casi invencible? ¿Porque las fuerzas de los colectivos activistas y los pueblos afectados movilizados son débiles, en comparación? ¿Porque la mayoría de la población mundial o de las poblaciones nacionales está convencida y atrapada por la ideología moderna, con sus distintos matices, que lo que hay que conseguir y sostener es el “desarrollo”? ¿Por qué el sentido común ve a los y las activistas como lunáticas o quijotescos personajes, que quieren detener el “desarrollo”; lo que le parece, al sentido común, tarea imposible?

Sin discutir, todavía, las conjeturas implícitas en las preguntas, ni su consistencia; suponiendo que sea así, sobre todo, para tener un cuadro, por cierto provisional. Tenemos, en contraste, que los colectivos activistas y los pueblos movilizados saben que la destrucción de los ecosistemas es invaluable, es demoledora e irreparable; que la depredación y contaminación generalizadas, que la crisis ecológica, nos aproxima a una catástrofe planetaria incontrolable. ¿Qué tenemos? Por un lado, una predisposición maquínica del sistema-mundo, que avanza con todo el peso de sus maquinarias; por otro lado, un diagnóstico científico no sólo alarmante, sino catastrófico. En este caso, la descripción y la explicación científicas no convencen ni a los organismos internacionales, ni a los estados, incluso ni a las mayorías de los pueblos y sociedades. Esta afirmación vale incluso si algunos están más o menos parcialmente convencidos de algo. ¿Este estado de situación, por cierto panorámico, significa que todo está perdido, que los dados están echados? La siguiente pregunta es: ¿Qué tienen que hacer los colectivos activistas y los pueblos movilizados para revertir esta situación?

Hemos llegado a un punto donde no hay respuestas o, por lo menos, no es fácil encontrarlas; precisamente porque no hay recetas. Sin querer adelantarnos a los mapas y a las historias recientes de estos activismos y movilizaciones de los pueblos afectados, se puede decir, que gran parte de los esfuerzos se ha dedicado a la interpelación a las mallas institucionales, sean internacionales o nacionales. Como respuesta de las organizaciones internacionales y de los estados se ha conseguido muy poco. Exagerando, por razones de ilustración, se puede concluir que ha sido una pérdida de tiempo. Parece que la interpelación más importante es a los pueblos y a las sociedades del mundo; pues son los y las únicas que pueden parar la locomotora del “desarrollo”, que marcha locamente al descarrilamiento.

Resumiendo, son las sociedades y los pueblos del mundo, al final, donde recae la responsabilidad de lo que pasa; al sostener el estado de cosas y a esas organizaciones internacionales pusilánimes, esos estados que no creen en el discurso catastrófico de ambientalistas y ecologistas, menos en la interpelación indígena. Por el contrario, continúan con la reproducción constante de estas mallas institucionales y dispositivos maquínicos; en el día a día de las prácticas sociales consumistas, de los habitus incorporados, de los esquemas de conductas y comportamientos subordinados.

El activismo ecológico es distinto al activismo político, pues no está en juego el modelo político o el modelo social, mucho menos la toma del poder. Lo que está en cuestión es la vida. Se trata de un activismo crucial. Es un activismo que no puede, quizás mejor dicho, que no debe, perder – para decirlo de esta manera pedestre, inmediatamente entendible -; ahora, exagerando, con el mismo objeto de ilustración y esquematismo, pues si pierde, pierde la vida. Es el activismo que está obligado a ganar.

Siguiendo el esquema, por cierto simple y provisional; en primer lugar, los colectivos activistas y los pueblos movilizados están obligados – manteniendo el término categórico – a dedicarle todas sus fuerzas, toda su energía, todo su cuerpo, a esta tarea. Es cuestión de vida o muerte, tanto en lo que respecta a la humanidad así como al planeta; más en lo relativo a la humanidad, pues, como dijimos, la vida puede continuar sin el ser humano[4].

En segundo lugar, parece imprescindible generar relaciones, prácticas, estructuras, alternativas, a las hegemónicas y dominantes en el sistema-mundo capitalista; es decir, comenzar a construir los cimientos y las bases de las sociedades alternativas de otros mundos posibles. Ciertamente, estos cimientos y bases ya se encuentran latentes, son inherentes a las sociedades alterativas, que son el substrato de las mismas sociedades institucionalizadas[5]. Ahora, de lo que se trata es que estas inherencias se desplieguen y realicen, construyendo otros mundos posibles. Sobre todo, aquéllos que formen parte integrante de los ciclos vitales y ecológicos planetarios. Por ejemplo, relaciones de producciones mancomunadas de los pueblos, que supongan eco-producciones, incluso eco-industrializaciones. Así como también relaciones de intercambio complementarias, que podemos nombrar, siguiendo la lógica, como eco-intercambios. Lo mismo podemos decir en lo que respecta a la distribución, que contempla el transporte; se trata también de eco-distribuciones y del transporte adecuado a los ecosistemas; por lo tanto, a los contextos y espesores ecológicos. Estos mundos nacientes no descuidan la eco-cultura; por lo tanto, la eco-formación integral de la ciudadanía ecológica.

Estas relaciones, estructuras, prácticas, alternativas, emergen tanto al interior del sistema-mundo, así como en los desbordes, de los flujos de fuga, que no controla, las sociedades alterativas. Es menester que otros tejidos sociales prosperen y abarquen planetariamente; además de atravesar a las mallas institucionales del sistema-mundo. Los mundos posibles no pueden restringirse solamente a la enunciación discursiva, a la utopía, pues se terminarían pareciendo a la promesa socialista; que fue postulada ideológicamente, incluso como programa; empero, terminó entrabada en transiciones largas y complicadas, que, en la práctica, terminaron absorbidas por el sistema-mundo capitalista.

En relación a lo dicho, por ejemplo, una de las tareas prácticas es impulsar las huertas en todos los hogares, en todas las viviendas, incluso colectividades; buscando no solamente la buena alimentación, la buena nutrición y la buena salud, sino salir de la dependencia del mercado de alimentos trasnacional; que deja mucho que desear, tanto desde el punto de vista de salud, de nutrición, como desde la perspectiva ecológica. En caso de las ciudades y metrópolis, quizás sea conveniente promover asociaciones que puedan efectuar la tarea de huertas colectivas.

Como el ejemplo de la anterior tarea práctica, se pueden encontrar muchas tareas prácticas, que coadyuven a la independencia de los y las ciudadanas de los mercados capitalistas, que producen necesidades artificialmente. Estas tareas prácticas no excluyen el activismo ecológico-político; mas bien, lo fortalecen, le otorgan un alcance mayor.

En tercer lugar, parece indispensable promover reuniones entre pueblos y sociedades del mundo para discutir sobre diseños de la gobernanza mundial de los pueblos. Reuniones, foros, redes, encuentros, que deliberen sobre las posibilidades, las viabilidades, las alternativas, de las formas de gobernanza mundial de los pueblos. Estas asambleas de pueblos pueden convertirse en la base de formación de consensos a escala mundial.

En cuarto lugar, no se puede descuidar, a pesar de nuestras críticas y observaciones, la interpelación a las mallas institucionales del sistema-mundo. Sobre todo, teniendo en cuenta los conflictos y problemas generados por este sistema-mundo. Al respecto, frente a una recurrente violencia para resolver los conflictos en el sistema-mundo, es menester, oponer a esta violencia sistemática de los Estado-nación, el dialogo, la deliberación y la integración entre los pueblos. En este sentido, denunciar las maniobras beligerantes de las potencias, sus estrategias de guerra, sus geopolíticas, incluso sus conspiraciones e intervenciones secretas, aunque no les demos la importancia exagerada que les otorgan las teorías de la conspiración.

En quinto lugar, promover las investigaciones que ayuden a mejorar, ampliar, nuestra comprensión, entendimiento y conocimiento de la complejidad integral y dinámica planetaria. En sexto lugar, promover también investigaciones que ayuden a reinsertar a las sociedades humanas a los ciclos vitales y ecológicos; entre ellas, las que ayuden a lograr la comunicación con los otros seres orgánicos del planeta.

En séptimo lugar, retomar el activismo de las movilizaciones, que han sido de impacto, contando con lo que se tiene y recurriendo al alcance de las convocatorias, hechas con grandes esfuerzos; empero, ahora, buscando no solamente mayor incidencia, sino movilizaciones a escala mundial.

Digamos, que esta ayuda memoria o notas improvisadas, para el activismo ecológico, en la coyuntura álgida de la crisis ecológica, ya señala otra etapa del activismo; esta vez, a escala mundial; articulando fuerzas, coordinando movilizaciones y tareas, integrando colectivos activistas y pueblos afectados; además buscando involucrar a todos los pueblos del mundo. Se trata, sobre todo, de integrar fuerzas, no de dividirlas; los debates, las discusiones, la concurrencia de perspectivas, no pueden dejar de darse; empero, deben ser desplegadas como parte de las deliberaciones, para encontrar concesos y mancomunar fuerzas.

[1] Ver Episteme compleja.    https://voluntaddepotencia.wordpress.com/episteme-compleja/.

[3] Ver Decolonialidad. También La guerra de la madre tierra. Así como La subversión indígena.

(*) Raúl Prada Alcoreza
Pluriversidad Libre Oikologías
Dinámicas moleculares
Proyecto emancipatorio y libertario de autoformación y autopoiesis
La Paz-Bolivia
prada.raul@gmail.com

Otros trabajos del autor:

https://dinamicas-moleculares.webnode.es/comuna/

Tengamos en cuenta cuál y porqué es fundamental el protagonismo de los desposeídos por los extractivismos en ir construyendo justicia social desde ahora:
 

En Bariloche avanza el juicio por los asesinatos policiales de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco

Ocho años después de los “crímenes del Alto” de Bariloche, cuando la policía asesinó a Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, se está realizando en esa localidad el juicio por los últimos dos asesinatos, ya que la causa sobre el primero fue cerrada poco tiempo después del homicidio con una condena al efectivo que fusiló al adolescente de 15 años. Para hablar sobre la causa, en el Enredando las Mañanas del pasado jueves nos comunicamos con Germán Schwartz, integrante de H.I.J.O.S. y de la Multisectorial que se conformó tras aquella masacre.
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Sobre lo que sucedió en el helado junio del 2010 en la localidad rionegrina, Schwartz comienza a relatar que “en la madrugada del 17 fusilan por la espalda a Dieguito, un pibe de 15 años de la barriada de los altos de Bariloche, le decimos los altos porque Bariloche tiene una geografía en pendiente y todos los barrios más vulnerables, más castigados, están en la parte alta de Bariloche”, y explica que “están escondidos, hay un límite imaginario dentro de lo que son las fuerzas represivas de esta ciudad, que de la calle Brown para abajo, por portación de rostro, por portación de vestimenta, no te dejan bajar, a lo que nosotros venimos luchando desde hace una década para que esto cambie y realmente se hace muy difícil y todavía más con estas coyunturas políticas: los crímenes y los asesinatos pasaron a dos cuadras, a media cuadra, a la vuelta de la casa donde se crio Jones Huala”.
El tiro por la espalda detona la reacción del barrio. Germán describe esta situación así: “Después de ese asesinato por parte de la policía matando a Dieguito, se produce una barriada porque ya la gente estaba recontra cansada, los pibes estaban podridos de todas las vejaciones, de las torturas que cometían en la ex comisaría 28, entonces salen cansados de todo eso a tirar piedras contra la comisaría 28, y la mejor idea del gobernador fue mandar a reprimir, mandar a hacer una represión indiscriminada”. Mientras sucede la represión, los responsables políticos de la represión escapan hacia el Bolsón, desconociendo la situación de la ciudad: “ellos justamente tenían que estar en Bolsón ese 17 al mediodía, o sea que ellos estaban acá, dieron la orden de reprimir desde acá y cuando la cosa se empezó a desmadrar, cobardemente se fueron para el Bolsón; digo cobardemente porque si se te está prendiendo fuego una ciudad, están matando civiles, vos como gobernador, como ministro de Seguridad o como ministro de Gobierno, que estaban todos acá, por más que tengas una reunión muy importante en Bolsón, no te podes ir, te tenés que quedar en la ciudad por lo menos dirigiendo lo que es la contención de esa pueblada”.
Ocho años después del triple asesinato policial, “le pudimos arrancar a esta justicia burguesa este juicio, nos costó muchísimo, no solamente a las organizaciones, sino también a las familias”. Llevar a cuestas el juicio no fue fácil, desde el poder judicial constantemente hubo intentos de cerrar la causa, dadas las “cajoneadas del juez Calcagno. que lo tiraba para atrás con vericuetos judiciales que hacían que todo se vaya atrasando, en algún momento quiso prescribir la causa, por suerte tuvimos contacto con la procuración general en Río Negro, pataleamos, nos reunimos, fuimos a la casa, le escrachamos la casa, y contra eso no se animó a prescribir la causa, siguió adelante y ocho años y medio después pudimos sentar a la cúpula policial y se salvó la pata política (el gobernador y secretario de gobierno) y el secretario de Seguridad está sentado en el banquillo”, aunque “el martes pasado el ex gobernador estuvo como testigo”.
En 2010, el gobernador de Río Negro era Miguel Saiz, “un radical kirchnerista”, agrega German, y sobre el secretario de seguridad nos cuenta que “el único funcionario político es Cufré, que es policía en realidad, es un policía retirado en este momento pero él era el secretario de Seguridad, del Ministerio de Seguridad; al gobernador y al secretario de Gobierno, que era Larregui, no los pudimos sentar en el banquillo de los acusados”. Según el ex gobernador, su directiva fue que no quería más muertes. Sobre esto, nuestro entrevistado asegura que “él puede decir un montón de cosas, la realidad dice otra, y él sigue apostando y defendiendo a Cufré; yo creo que ahí hay un conflicto de intereses, algo tiene Cufré como policía para esconder de Saiz y por eso Saiz lo defiende tanto, porque si no cuando toda la otra rama política le soltó la mano a Cufré, éste lo sigue defendiendo, me parece que ahí debe haber algún chanchullo oculto que no le permite entregarlo”.
Sobre la organización creada luego de la pueblada, el integrante de H.I.J.O.S. nos señala que “Desde el primer día, el 17 de junio de 2010, se conformó una Multisectorial, dentro de esa multisectorial hay muchísimas organizaciones, estamos como H.I.J.O.S. y compañeros independientes que nos están ayudando, como Susana Lara, ella está haciendo un poco esta relatoría”, explica en relación al diario del juicio que puede seguirse por Facebook, “con la ayuda de algunos otros compañeros, otros que son fotógrafos que apoyan fotográficamente o filmando todas las audiencias; la verdad que es un laburazo que están haciendo, estamos tratando de difundirlo no solamente a los medios alternativos sino a todos los medios para que esto se sepa realmente y para que nunca más tengamos por lo menos en Bariloche un 17”.
En su momento, a los meses del asesinato de Dieguito, hubo un juicio al cabo Colombil, que fue el cabo que lo mató y como era muy grande el despelote que se había armado, lo entregan como diciendo ‘acá tienen, llévenselo preso’, le dieron 20 años por la cabeza, a ver, están bien dados y yo le hubiese dado 25 o perpetua, pero lo entregan a él solo y se pensaron que con eso sólo nosotros nos íbamos a quedar callados y nos íbamos a conformar, pero no, todo lo contrario, seguimos y ya la causa de Diego está cerrada con esta cabo preso, entre comillas preso por que ya lo han visto suelto, yendo con permisos para estudiar o para casarse o para salir a la iglesia, los beneficios que tienen ciertos presos que el preso común no lo tiene”, dijo en referencia al asesino material de Bonefoi.
Está previsto que el 24 de este mes se realice la última audiencia, aunque Schwartz asegura que se extenderá y a fines de octubre estaría la sentencia.
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"Hablemoss de una 4ª ola como reacción, como impulso hacia delante, frente a la actual contrarreacción patriarcal. Preguntarnos si se está realmente produciendo esta ola será preguntarnos qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan".
Feminismo & Teoría política feminista
El sujeto político feminista en la 4ª ola
24 de octubre de 2018
Por Luisa Posada Kubissa
No podemos dejar que se nos quiera usurpar el sujeto a las mujeres precisamente ahora, cuando la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte
Defender que se deconstruya hoy el sujeto “mujeres”, que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, sólo puede venirle bien a los propios intereses del patriarcado.
Si hablamos de una 4ª ola feminista, habrá que establecer que hablamos de algo reactivo, ya que toda ola es reactiva, es decir, es algo que supone un avance frente a un repliegue. Hablamos entonces de una 4ª ola como reacción, como impulso hacia delante, frente a la actual contrarreacción patriarcal. Preguntarnos si se está realmente produciendo esta ola será preguntarnos qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan. Me voy a referir sólo brevemente al qué y al cómo, para centrarme en lo que me parece urgente que nos volvamos a plantear hoy: el quiénes, es decir, el sujeto político del feminismo. 
Tras las grandes conquistas feministas, lo que hoy está sacando al feminismo a las calles y haciéndolo un movimiento de masas yo diría que es -no sólo pero sí centralmente- una auténtica insurrección, una rebelión contra la violencia patriarcal. Una violencia en sentido amplio, que se expresa de muchas maneras: como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como desigualdad económica y laboral, como pornografía, como prostitución, como trata… Hoy habría que añadir otros fenómenos de este poder sexualmente expresado, como la práctica de los vientres de alquiler. Por tanto, en cuanto al qué de esta cuarta ola, el qué la impulsa, yo diría que fundamentalmente es una rebelión contra lo que creo que se está configurando como el nuevo paradigma del patriarcado: el patriarcado violento.
En cuanto al cómo se expresa esta reacción, el feminismo está aglutinando a muchos sectores sociales, a muchas mujeres y a muchos hombres en sus masivas manifestaciones contra esa violencia. De lo que se trata es de crear en todos ellos no sólo rechazo, sino también conciencia crítica: es decir, que no se queden sólo en condenar los efectos más cruentos de esa violencia, como los asesinatos de mujeres, sino que tomen conciencia de que se trata de un poder sexualmente expresado de muy diversas maneras y que es estructural al sistema patriarcal.  
Si atendemos ahora al quiénes protagonizan esta nueva ola, hay que recordar brevemente que a partir de los años 80 del siglo pasado el feminismo reconoció la diversidad entre las mujeres por raza, clase, preferencia sexual, etc. Y lo hizo sobre todo a raíz de las críticas chicanas al feminismo tradicional de las feministas lesbianas, negras y por no contemplar sus diferencias y no sentirse representadas en un feminismo centrado en la mujer blanca, occidental, heterosexual y de clase media. Pero el reconocimiento de las diferencias entre mujeres plantea un problema en el feminismo: ¿Cómo pensar las identidades que se reconocen como diversas? ¿Cómo evaluar las diferencias? La teórica norteamericana Nancy Fraser advierte que no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale y que hay que rechazar aquellas diferencias que fomentan la subordinación o que implican desigualdad.  El debate abierto acerca de qué hacer con las identidades diversas, qué hacer si reconocemos las diferencias entre mujeres, abre también el debate de qué hacemos con el sujeto político del feminismo, con el quiénes de esta nueva ola.
Hay quien defiende que estaríamos ante una 4ª ola en la que el sujeto político del feminismo habría cambiado: de ahí vienen las propuestas del transfeminismo y de la teoría queer. Estas propuestas postmodernas se vinculan directamente con la filósofa norteamericana Judith Butler: Butler propone que cabe deconstruir las identidades por normativas y excluyentes, ya que toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a la misma y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. También la identidad "mujeres" deberá ser desestabilizada y deconstruida, pues como toda identidad es normativa y excluye a parte del grupo que dice representar. Ahora estaríamos en un momento de postfeminismo en el que el sujeto ya no serían las mujeres sino un sujeto en coalición de identidades diversas y contingentes, aliadas en la resistencia al orden heteropatriarcal (como los gays, las lesbianas, los transexuales, los transgénero, los bisexuales, etc). Pero hay quien, lógicamente, ve un peligro para el feminismo en estas propuestas postmodernas. Así la filósofa feminista Seyla Benhabib le contesta a Butler que, si deconstruimos la identidad mujeres, nos quedamos sin sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Benhabib pregunta cómo sería posible siquiera pensar un proyecto político de emancipación feminista sin un sujeto político del mismo, sin el "nosotras" feminista.
Creo que hoy indudablemente hay que pensar el sujeto feminista en alianza con otras identidades que se crean en su resistencia al orden heteropatriarcal. Pero, a mi juicio, de lo que no se trata es de disolver el sujeto del feminismo en esas otras colectividades, que deben tener sus propios sujetos. Lo que sí me parece urgente es que hoy, con las masivas movilizaciones feministas en la calle, con esta cuarta ola en puertas, repensemos y volvamos a estabilizar el sujeto político del feminismo. Porque no podemos dejar que se nos quiera usurpar el sujeto a las mujeres precisamente ahora, cuando la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte. Un sujeto que tiene que llevar adelante un proyecto feminista tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar el patriarcado. Y hacerlo además a escala transnacional, a escala planetaria, reconociendo desde luego las diferencias culturales, locales, raciales, de clase, de orientación sexual, etc. Entre las mujeres. Pero reconocer esas diferencias no significa que se pueda hablar hoy de un postfeminismo, o incluso hablar de la postmujer (como hacen algunos discursos actuales). Y no cabe hacerlo, no cabe hablar de tanto post, cuando, como dice Fraser, todavía no estamos ni mucho menos en condiciones de hablar de un postpatriarcado.
En otras palabras, no podemos admitir que se siegue la hierba bajo nuestros pies y se pretenda acabar con el sujeto "mujeres" justo cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente. Las mujeres, repitámoslo, pueden coaligarse con otros sujetos que como los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales o los transgénero están embarcados en una lucha contra el orden patriarcal heteronormativo. Pero sabiendo que centrar el foco de reivindicación en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual, como hacen esas colectividades, no será suficiente para hablar de un proyecto feminista que tiene que impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Es decir, entender el patriarcado sólo como heteropatriarcado es reductivo, ya que definir el patriarcado prioritariamente como sistema de dominación heterosexual es obviar que, además de eso, es también un sistema de opresión política y económica. Y el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad.
En nuestro mundo globalizado la realidad material de las condiciones de vida de muchas mujeres exige todavía pensar desde el feminismo un proyecto de emancipación social, político, cultural y personal. Y para ese proyecto se necesita hoy un sujeto fuerte, un sujeto "mujeres", que a pesar de sus diferencias indudables tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes porque padecemos dominaciones comunes por el hecho mismo de ser mujeres, como es el caso paradigmático de la violencia patriarcal.
En definitiva, y por decirlo brevemente, yo tengo muy clara una cosa: que defender que se deconstruya hoy el sujeto "mujeres", que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, sólo puede venirle bien a los propios intereses del patriarcado.

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