sábado, 31 de agosto de 2019

Reparemos en qué democracia rige para la gobernabilidad del saqueo desde 1983, teniendo en cuenta la anticipación de Rodolfo Walsh de la miseria planificada con implantación por terrorismo estatal


Lo comprobamos en cómo el Estado de derecho ha ido derivando en Estado contrainsurgente en el Abya Yala. Pero también lo prueba la decadencia del pensamiento crítico de las izquierdas con más prensa.
 
Recordemos en diciembre de 2011 Cristina Fernández de Kirchner, recién asumido su segundo mandato con un 54% de apoyo electoral, hace promulgar la ley antiterrorista que agrava la criminalización de la protesta social. Ya en diciembre de 2010 ante la ocupación del parque Indoamericano por muchos sin techo crea, por decreto, el Ministerio Nacional de Seguridad y designa al frente a Nilda Garré que encumbró a la gendarmería en los avances hacia el Estado policial con el operativo Centinela para controlar asentamientos precarios del conurbano y el Proyecto X para vigilar e infiltrar a las organizaciones de izquierda. Luego Sergio Berni y César Milani consolidaron al dominio militar de la represión y los servicios de inteligencia y ponen en evidencia porqué la segunda desaparición forzada Jorge Julio López y la no apertura de los archivos estatales.
 
Cuando hablo de la decadencia de pensamiento crítico en izquierdas me refiero, por ejemplo, a la nota de Martín Mosquera y al éxito que tuvo entre militancias izquierdistas. Ante la construcción de consenso mayoritario del ¡Fuera Macri!
para que los pueblos de Argentina dejaran de sufrir al ajuste sin anestesia y aguantarlo durante el período electoral por todas las burocracias tanto sindicales como políticas y sociales imponiendo la conciliación con el poder real o el capitalismo. Implantaron que ese ¡Fuera Macri! sólo debía expresarse en las elecciones y encima muy polarizadas. El PJ  -partido de estado- com la oposición con posibilidades seguras de ganar. Entonces, era cantado el triunfo. Pero Mosquera afirma:
La derrota electoral aplastante de Macri es un acontecimiento fundamental que abre paso a una situación nueva. Las clases populares encontraron en la candidatura peronista un canal para censurar políticamente a la derecha y expresar un amplio rechazo a las políticas de ajuste de los últimos años.
 
Pocos días después del 11 de agosto, pese al inmediato terrorismo financiero, las grandes movilizaciones sociales no se atreven a transgredir las reglas de juego de la democracia burguesa ni a enfocar al sistema mundo capitalista. Es por causa de estar subordinadas a dirigencias interesadas sólo en negocios con el poder real y a otras que no rompen con las anteriores por preferir la masividad de la protesta o el reclamo.
 
Mientras se profundiza el ajuste y el hundimiento de las grandes mayorías en distintos grados de pobreza: los dos polos de la elección,aparentemente antagónicos, están acordando fortalecer el Estado contrainsurgente.
 

En medio de la crisis, avanza en silencio

la reforma del Código Penal

28 de agosto de 2019
 
Mientras en la calle movimientos sociales reclamaban la emergencia social y alimentaria y la Marcha por el gatillo fácil el cese de la represión, un Congreso paralizado se reunió para tratar la reforma del Código Penal. El anteproyecto incorpora más figuras penales y menos derechos y plantea fuertes retrocesos en materia de aborto. Por qué los distintos partidos proyectan obtener la media sanción antes de fin de año. Crónica de una reunión clave que, en medio de la crisis, busca pasar desapercibida.
 
“Cuando venía para acá, vi que el Congreso estaba cubierto de todo un telaje que me dio escalofrío: lo único que falta es que aparezca un mago y haga desaparecer el Congreso”. Con esas palabras, el senador Pedro Guastavino (Frente Para la Victoria) dio inicio a la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside para tratar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
No fue magia: el Congreso está prácticamente paralizado, pero tanto Guastavino como Federico Pinedo (PRO) impulsan este anteproyecto en medio de una crisis social y económica grave. “Vamos a continuar dándole tratamiento más allá del contexto político electoral que está viviendo el país, que obviamente afecta el funcionamiento del Congreso de la Nación”, sostuvo Guastavino.
 
La intención: “Poder arribar a fin de año por lo menos con un dictamen que nos permita llegar a la medida sanción también este año”.
La sesión pudo seguirse en vivo en el canal de YouTube del Senado, pero durante la tarde no superó las 200 reproducciones.

 

Les expositores

La reunión de comisión arrancó a las 15.11 horas con no más de diez senadores y senadoras presentes. En la primera fila estaban Silvia Beatriz Elías de Perez, Néstor Pedro Braillard Poccard y Federico Pinedo, todos del PRO. También María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social) y Rodolfo Julio Urtubey (PJ), entre otrxs.
Una locutora fue presentando a cada invitadx, cuatro en esta primera reunión:
 
  • Juan Pablo Montiel, Director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) que habló principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Santiago Marino Aguirre, Defensor Público Oficial, quien habló en su exposición sobre la sobrepoblación que hay en las cárceles, y preguntó: «¿Quiénes son los que van presos?»
  • Graciela Dubrez, Presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina, que retomó lo dicho por el anterior expositor y describió a las cárceles argentinas como “mero depósito de personas”.
  • Ismael Jalil,  en representación de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que unió su exposición con la calle: la marcha contra el gatillo fácil y las movilizaciones de los movimientos sociales ese mismo día.
 
En ese orden, cada unx expuso sus consideraciones sobre el primer libro del proyecto del nuevo Código Penal que plantea «disposiciones generales». El segundo libro corresponde a «delitos» y el tercero al de «delitos contra el orden internacional». En total, los tres libros suman 208 páginas y tienen 540 artículos, 220 más que el vigente.
La reunión transcurrió en el Salón Rosado del primer piso del Parlamento. La sala estuvo dividida por una soga. Adelante: senadores, senadoras, asesores e invitados  sentados. Atrás: periodistas y público parados: no había sillas para el público ni para los periodistas.
Entre quienes aguantaron paradas las dos horas estuvo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016. En mayo de este año Marta y su marido Guillermo Pérez convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata (Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale), que en noviembre del año pasado absolvieron a los femicidas de su hija.
 

Mientras tanto, la calle

Mientras tanto, miles de personas, en ese mismo momento, marchaban desde Congreso a Plaza de Mayo en la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “En 100 años de Código Penal las cárceles han estado siempre desbordadas por los hijos de las clases trabajadoras. Cada vez que reformaron lo hicieron para peor”, dijo Ismael Jalil de CORREPI a lavaca.
 
  • ¿Cómo se lee entonces que se esté haciendo esta sesión en este contexto?
  • Es mucho más que una paradoja que el Congreso que está cerrado y en medio de la más grande crisis que tiene el país se abra para discutir criterios todavía más punitivos con relación al pueblo, que está pidiendo el cese de esta política de hambre y de las políticas represivas. Esto es lo paradójico: las instituciones por un lado y la calle por el otro. Un ejemplo: hoy, uno de cada cinco femicidios es a manos del Estado porque es un uniformado con arma reglamentaria. Con relación a los jóvenes, la franja de 15 a 25 años es la víctima del gatillo fácil y después hay una franja que va un poco más arriba en la edad que es la que termina siendo víctima en los lugares de detención: la tortura seguida de muerte.
 
  • ¿Considera que está contemplada la mirada desde los movimientos sociales en el proyecto?
  • Para nada. Se encerraron en una cúpula los que tenían necesidad de darle respuesta exclusivamente a la clase dominante;  todo pasa por levantar los niveles de pena, por poner figuras cada día más fuertes. No tuvimos ningún tipo de posibilidad de entrar a esa comisión a decir nada. No deja de ser emblemático que se abra la discusión en un momento como éste, donde tendrían que estar todos los senadores, todos los diputados, discutiendo cómo se sale de esta crisis, o por lo menos cómo se sostiene a nuestro pueblo en esta crisis: emergencia alimentaria y basta de represión en la calle.

 

La ley del poder

La abogada especialista en derechos humanos, Verónica Heredia, también estuvo en la reunión de Comisión escuchando a les expositores. “El Código Penal es la ley del poder, por eso en esta coyuntura no puede debatirse este código en Argentina. La selectividad de las conductas que serán atrapadas por la violencia del Estado claramente se proyecta en la selectividad de las personas. Esta decisión la toma quien tiene el poder”, explicó a lavaca luego de la reunión y mientras las calles gritaban en contra de la violencia institucional.
 
“El Congreso de la Nación no sesiona hace dos meses; el Poder Judicial está sospechado del lugar más oscuro de la sociedad y el Poder Ejecutivo carece de toda legitimidad. La población reclama emergencia alimentaria y marcha contra las muertes en manos del Estado. En ese contexto, el Senado solo abre las puertas para debatir del Proyecto del Código Penal propuesto por un Poder Ejecutivo devaluado. Se explica este debate en la complicidad de quienes aspiran al poder ya que este Código les garantiza gobernabilidad del modelo extractivo y depredador, con mayor posibilidad en el despliegue de la violencia del Estado: menos derechos a las mujeres, más cárceles a los disconformes”.
La próxima reunión será la segunda semana de septiembre.
 
 
Nos orienta hacia caminos emancipatorios Raúl Zibechi al manifestar:
"Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino sobre todo cómo lo hicieron. Es una lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde los programas sociales inspirados en el Banco Mundial y ejecutados por los progresismos, han destruido la independencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácito de las grandes multinacionales.
Poder popular y programas sociales son dos fuerzas que se repelen. Cuando una triunfa, la otra pierde".
 

Derrota de la contrainsurgencia "social"
31 de agosto de 2019
 
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
 
En la medida que las políticas o programas sociales suenan como las caras amables de los estados de nuestra región, más allá de quienes los administren, resulta necesario recordar sus orígenes y objetivos declarados. No alcanza con señalar que buscan reducir la pobreza o que pretenden debilitar a los movimientos antisistémicos. La historia se remonta a la guerra de Vietnam y a un personaje llamado Robert McNamara, uno de los cuadros más astutos que tuvo el capitalismo.
McNamara fue el primer presidente de la empresa Ford que no pertenecía a la familia, en 1960, cargo que abandonó al ser nombrado secretario de Defensa entre 1961 y 1968, durante la guerra de Vietnam. Ese año pasó a presidir el Banco Mundial, hasta 1981. Durante la Segunda Guerra Mundial había ingresado a la Fuerza Aérea, donde aplicó las artes de la administración de negocios aprendidas en Harvard a la eficiencia de los bombarderos estadunidenses, lo que le valió la Legión al Mérito como teniente coronel.
Durante el conflicto en Vietnam comprendió que las armas, por más sofisticadas que sean, no ganan guerras. Dirigió el Banco Mundial con el objetivo de revertir la derrota militar y preparar el terreno para que esa situación no volviera a producirse. Comprendió que la injusticia social y la pobreza podían poner en peligro la estabilidad del sistema capitalista, y para remediarlo concibió la política del combate a la pobreza.
Entiéndase que para McNamara la pobreza es un problema en tanto, y sólo en tanto, puede desestabilizar la dominación. Es una cuestión instrumental, no ética. Bajo su gestión el Banco Mundial se convirtió en el centro de pensamiento (think tank) más citado por las academias y pasó a definir las políticas de los países en desarrollo. Como destacó uno de sus colaboradores, Hollis Chenery, se trata de repartir un pedazo del crecimiento de la riqueza y no la riqueza (*).
El combate a la pobreza tuvo dos efectos más. Consiguió sacar la riqueza del centro del escenario político, como había estado hasta la década de los 70. Aunque hoy parezca increíble para quienes no vivieron la revolución mundial de 1968, la izquierda creía que el verdadero problema social era la riqueza, por eso todos los programas de gobierno iban dirigidos a la reapropiación de los medios de producción y de cambio, como la reforma agraria, entre muchos otros.
La segunda es que se propuso, y consiguió, influir en los movimientos antisistémicos de una manera muy sutil, a través de una política que definieron como fortalecimiento organizativo (recuerden el Pronasol), se eligieron movimientos de lucha para convertirlos –con apoyo del Banco Mundial– en organizaciones burocratizadas que, en adelante, se especializarán en hacer trámites ante agencias de desarrollo. El banco dejó de gestionar los préstamos y se limitó a acompañar, capacitar, asesorar y fiscalizar.
Por todo lo anterior, es importante que las bases de apoyo del EZLN hayan conseguido derrotar estacontrainsurgencia social. No es lo habitual. En mi país, Uruguay, el progresismo consiguió amortiguar el conflicto social con una batería de políticas sociales que van desde el impulso a cooperativas digitadas desde arriba, hasta la creación de organizaciones sociales que tienen la apariencia de legítimos movimientos. Otros progresismos fueron más sutiles, clonando movimientos enteros.
El comunicado titulado Y rompimos el cerco, firmado por el subcomandante Moisés, enseña tres aspectos de esta derrota de los programas sociales.
El primero es que las bases de apoyo salieron de sus comunidades a encontrarse con otros abajos, con quienes se entendieron como sólo se entienden entre sí quienes comparten no sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia.
La segunda es el papel destacado que jugaron los jóvenes y las mujeres en la tarea de romper el cerco. La tercera es que las mujeres zapatistas no sólo marcaron el norte, sino que estuvieron también a los lados para que no nos desviemos, y atrás para que no nos retrasemos.
Fue un encuentro entre abajos, entre iguales, más allá de las opciones políticas coyunturales de cada quien. Fue un encuentro de dignidades: la zapatista y la de las comunidades partidistas que se rebelaron contra el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, que les entrega limosnas para dividirlas.
Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino sobre todo cómo lo hicieron. Es una lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde los programas sociales inspirados en el Banco Mundial y ejecutados por los progresismos, han destruido la independencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácito de las grandes multinacionales.
Poder popular y programas sociales son dos fuerzas que se repelen. Cuando una triunfa, la otra pierde.
(*) Citado por Eric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, Abya Yala, Quito, 2007, p. 155.

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