¿A qué país miran? El de acumulación
gran capitalista mediante la agricultura industrial.
Tratemos de averiguar significados e implicancias.
Bolivia:
Impactos de los transgénicos.
Aportes para analizar el tema más allá de la coyuntura
Aportes para analizar el tema más allá de la coyuntura
Por Elizabeth Peredo y Bishely Elías
"Nos parece
importante analizar el tema desde sus diferentes implicaciones, no solamente por
los cuestionamientos que levanta la tecnología de semillas transgénicas por la
alteración de los principios de la vida al manipular los códigos genéticos...
Sino también por sus consecuencias relacionadas con las prácticas agrícolas
asociadas a la producción de alimentos o de especies en base a semillas
transgénicas."
En Bolivia, a
raíz de la aprobación de la Ley de Promoción Productiva, ha entrado en un
renovado debate el uso de los productos transgénicos. Hay quienes nos oponemos a
su uso recogiendo nuestra larga lucha contra los acuerdos de libre comercio
basados en la doctrina pro capitalista de convertir todo en mercancía. Hay
quienes argumentan que los mismos no son necesariamente dañinos y que podrían
ofrecer alternativas para responder a la creciente demanda de alimentos y así
constituirse en una alternativa a la crisis alimentaria mundial, porque sus
cultivos ofrecen mayor productividad a menor costo.
Nos parece
importante analizar el tema desde sus diferentes implicaciones, no solamente por
los cuestionamientos que levanta la tecnología de semillas transgénicas en razón
de alterar los principios de la vida al manipular los códigos genéticos de una
especie determinada –lo cual podría motivar un cuestionamiento incluso de
carácter ético- y por tanto la duda de si esta tecnología podría afectar en sus
consecuencias la salud humana, innegable impacto que no debemos ocultar. Sino
también por sus consecuencias relacionadas con las prácticas agrícolas asociadas
a la producción de alimentos o de especies en base a semillas transgénicas;
consecuencias vinculadas con el uso de los recursos naturales, el uso de la
tierra y el uso del agua, así como el uso de elementos usualmente unidos a su
producción que vale la pena mencionar para contribuir a un análisis y debate
proactivo.
Se ha dicho ya
que
el uso de productos transgénicos puede incorporar una mayor
presión sobre la tierra pues al ser cultivos de mayor productividad se tiende a
un uso más intensivo de la tierra y sus componentes, así como del agua y por
tanto a una ampliación de la frontera agrícola. Es decir, que de hecho se ejerce
una mayor presión sobre la capacidad de la tierra para la producción, siendo que
ésta necesita de ciclos de descanso para seguir produciendo.
Los transgénicos
incrementan en su producción el uso de agrotóxicos nocivos para la salud. Se ha
documentado en varios estudios que el uso de cultivos transgénicos activa
notablemente la utilización de agrotóxicos. Un informe producido por el Organic
Center[1] y citado por el Grupo ETC hace poco, afirma que luego de haber
estudiado 13 años de cultivos transgénicos de soya, maíz y algodón en EEUU –país
de larga tradición en el uso de cultivos transgénicos- se han incrementado el
uso de pesticidas en general por 143,3 mil toneladas en los primeros 13 años de
uso comercial, en comparación a la cantidad de pesticida que se hubiera aplicado
en ausencia de este tipo de semillas. Esto se debe -según el mismo informe- a la
aparición y rápida propagación de malezas resistentes al glifosato.
La asociación “semilla
transgénica – glifosato”, es una enorme preocupación ya que, de acuerdo a
numerosos estudios, además de los riesgos a la salud y/o enfermedades por el
contacto directo, se tienen efectos tóxicos directos sobre la fertilidad del
suelo y se provoca contaminación en el agua superficial y subterráneas. En
Argentina, por ejemplo, se ha demostrado la disminución de una variedad de
especies anfibias así como la reducción la absorción de micronutrientes
esenciales para los cultivos, la fijación de nitrógeno
y la vulnerabilidad hacia enfermedades de las plantas[2] por lo que el uso de
este tipo de agrotóxicos debe ser motivo de análisis.
Según Julio
Prudencio, en Bolivia[3] el uso de agrotóxicos se ha incrementado en 306% en los
últimos años y la forma y cantidad de aplicación es cada vez más intensiva. Esto
podría implicar mayores riesgos y efectos también a la salud humana, pues se ha
comprobado que los alimentos elaborados con transgénicos, contienen residuos de
agrotóxicos hasta 200 veces más altos que los elaborados con cultivos que no lo
son[4].
Es fundamental
la conciencia sobre el uso de este tipo de semillas y su relación con el uso
creciente de agrotóxicos como el glifosato, así como de los posibles efectos que
se pueden generar en la capacidad de la tierra para la producción y en la salud
de la población. Esta información debe ser relevante para contribuir a cualquier
regulación y por tanto control sobre la oferta y la demanda de alimentos y
responder a las necesidades de nuestros productores.
Los cultivos
transgénicos ya están en Bolivia, se dice que el 92% de la soya es transgénica
(“Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010”) y de acuerdo a los
mismos productores (ANAPO)[5] el 30% del total de la producción “es consumida en
harina, aceite y torta de soya”, los representantes del sector mencionan que
“Hoy en día en el país hay 48 variedades de soya transgénica cultivadas en Santa
Cruz y una parte en Tarija”, por lo que pareciera inminente su expansión.
Además, conociendo la realidad rural, se puede intuir que el ahorro económico y
la productividad de los transgénicos solo será vista por los productores con
capacidad de crédito e inversión que pueden comprar el paquete tecnológico, no
necesariamente por los pequeños productores que además sufren de los efectos
negativos del “contagio” ya que el área que se rocía con glifosato pierde la
vegetación con el consecuente incremento futuro de la frontera agrícola.
Lo que entra en
juego es por tanto no solamente la soberanía alimentaria o la calidad de las
semillas, sino también las consecuencias asociadas a los cultivos transgénicos
en el uso de la tierra y por el uso de agrotóxicos y por tanto el derecho a la
salud, el cuidado de la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. En fin,
entra en juego la relación con la tierra y las semillas, el origen de la vida.
Hay mucho para decir en este tema y seguirá siendo motivo de argumentos y
debate, pero lo más importante será, hoy y siempre, ser consecuentes con los
principios a los que nos adscribimos en la defensa de la vida y la soberanía de
nuestros pueblos.
------
Transgénicos
"Spain is
different"
Por Esther Vivas (Público.es)
Trasgénicos, sí o sí. No nos dejan opción, parece. La Comisión
Europea así lo impuso la semana pasada
cuando decidió aprobar, pese al rechazo
de la mayor parte de países miembros, el cultivo de un nuevo maíz transgénico en
Europa: el TC1507 del grupo Pioneer-DuPont. Los votos en contra de 19 países, de
un total de 28, en el Consejo de Ministros de la Unión e incluso el rechazo
mayoritario del Parlamento Europeo de poco sirvieron. La Comisión argumentó que
la mayoría contraria alcanzada en el Consejo, al no ser cualificada, era
insuficiente para dar carpetazo a la propuesta. Así funciona la Comisión, que
usa dicho mecanismo para imponer medidas impopulares. ¿Quién manda en Europa?
¿Los ciudadanos o los lobbies?
La Unión Europea, de hecho, permite ya el cultivo de transgénicos. En concreto, el del maíz MON810 de Monsanto. Un maíz modificado genéticamente, al que se le introduce el gen de una bacteria que le lleva a producir una toxina, conocida como Bt, que lo hace resistente al taladro, permitiendo combatir esta plaga. Sin embargo, muchos de los países miembros, como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Hungría..., lo prohíben. Informes científicos advierten de su impacto en el medio ambiente y señalan claras incertidumbres en la salud, entre otras cuestiones. Prima, en dichos países, el principio de precaución: si las consecuencias de un acto pueden ser negativas e irreversibles, no se lleva a cabo hasta que se adquieran los conocimientos científicos necesarios para evitarlas.
Amistades peligrosas
Sin embargo, como dirían en tiempos del generalísimo Francisco Franco, "Spain is different". El Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva maíz transgénico a gran escala, sobre todo en Aragón y Catalunya. Se calcula que aquí se siembra el 80% de la producción de toda Europa, según datos de 2009 del Servicio Internacional de Agrobiotecnología (ISAAA). Y eso, sin tener en cuenta los campos experimentales. ¿Por qué? Su cultivo empezó en 1998, bajo el gobierno de José María Aznar y el Partido Popular (PP), y con la producción de la variedad de maíz transgénico Bt176 de Sygenta, que en 2005 fue prohibida por sus efectos negativos en el ecosistema. Desde entonces, la producción por excelencia es la de maíz transgénico MON810. Los vínculos estrechos entre industria biotecnológica, principal promotora de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), y las instituciones públicas explican el porqué. Amistades peligrosas para el bien común.
La Unión Europea, de hecho, permite ya el cultivo de transgénicos. En concreto, el del maíz MON810 de Monsanto. Un maíz modificado genéticamente, al que se le introduce el gen de una bacteria que le lleva a producir una toxina, conocida como Bt, que lo hace resistente al taladro, permitiendo combatir esta plaga. Sin embargo, muchos de los países miembros, como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Hungría..., lo prohíben. Informes científicos advierten de su impacto en el medio ambiente y señalan claras incertidumbres en la salud, entre otras cuestiones. Prima, en dichos países, el principio de precaución: si las consecuencias de un acto pueden ser negativas e irreversibles, no se lleva a cabo hasta que se adquieran los conocimientos científicos necesarios para evitarlas.
Amistades peligrosas
Sin embargo, como dirían en tiempos del generalísimo Francisco Franco, "Spain is different". El Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva maíz transgénico a gran escala, sobre todo en Aragón y Catalunya. Se calcula que aquí se siembra el 80% de la producción de toda Europa, según datos de 2009 del Servicio Internacional de Agrobiotecnología (ISAAA). Y eso, sin tener en cuenta los campos experimentales. ¿Por qué? Su cultivo empezó en 1998, bajo el gobierno de José María Aznar y el Partido Popular (PP), y con la producción de la variedad de maíz transgénico Bt176 de Sygenta, que en 2005 fue prohibida por sus efectos negativos en el ecosistema. Desde entonces, la producción por excelencia es la de maíz transgénico MON810. Los vínculos estrechos entre industria biotecnológica, principal promotora de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), y las instituciones públicas explican el porqué. Amistades peligrosas para el bien común.
La dinámica de puertas giratorias, paso de la
empresa privada al gobierno y viceversa, ha estado al orden del día tanto en las
administraciones del PP como del PSOE. La actual Secretaria de Estado de
Investigación Desarrollo e Innovación, en el Ministerio de Economía, Carmen Vela
fue presidenta de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), con una
apuesta clara por los cultivos transgénicos. En el anterior gobierno del PSOE,
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, antes de ocupar este cargo
fue la presidenta de ASEBIO, el principal lobby protransgénico en el Estado, con
empresas como Monsanto, Bayer, Pioneer-DuPont entre sus miembros. Queda claro a
quienes benefician las medidas que se toman en dichos departamentos. Y estos no
son los únicos ejemplos. Hay muchos más, como deja claro el informe Las
malas compañías. ¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos? de
Amigos de la Tierra.
El Estado español, se ha convertido en la puerta de entrada de los
transgénicos en Europa. Incluso los
cables filtrados por Wikileaks dejaron
constancia de ello al destapar como el Secretario de Estado de Medio Rural Josep
Puxeu, en 2009, llegó a pedir al embajador de Estados Unidos que "mantuvieran la
presión" sobre la Unión Europea en favor de los OGM. La alianza entre ambas
administraciones es clave en la defensa de los intereses de compañías como
Monsanto.
El gobierno, asimismo, no escatima recursos en
subvencionar la investigación sobre cultivos y alimentos transgénicos,
a la que destina 60 veces más dinero que al estudio sobre agricultura ecológica,
a pesar de que esta última genera 25 veces más empleo que la primera, según
datos de Amigos
de la Tierra. Y cuando se trata de dar cifras sobre el número de
hectáreas cultivadas no duda, año tras año, en anunciar "nuevos récords". Aunque
estas cifras chocan con las
proporcionadas por organizaciones agrarias y ecologistas, y obtenidas
de las Comunidades Autónomas, que las sitúan en niveles incluso inferiores a las
del 2008, con un total de 70 mil hectáreas cultivadas frente a las 137 mil que
indica el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las
organizaciones acusan al gobierno de dar datos falsos. El discurso anti-transgénicos
parecería estar calando, y por eso se producirían menos transgénicos, muy a
pesar de algunos.
Contaminación, abejas y más herbicidas
El impacto de los transgénicos lo podemos situar en tres niveles: sobre el medio ambiente, la salud y a nivel político.
La coexistencia entre cultivos transgénicos y convencionales y ecológicos se ha demostrado imposible. A pesar de que la administración fija una distancia mínima entre ambos, ésta o resulta insuficiente o a veces incluso ni se cumple. La contaminación se puede producir en diferentes etapas de la cadena: desde la semilla, a través de la polinización, vía el transporte, en el almacenaje o durante el procesado. Varios casos han sido ya denunciados. Esta situación ha conducido al abandono del cultivo de maíz, en especial el ecológico, y diversas variedades han sido contaminadas sin remedio. Entre los años 2004 y 2005, la producción de maíz ecológico en el Estado español disminuyó un 42% y en Aragón, donde más se conrean transgénicos, un 69%.
El impacto de los transgénicos lo podemos situar en tres niveles: sobre el medio ambiente, la salud y a nivel político.
La coexistencia entre cultivos transgénicos y convencionales y ecológicos se ha demostrado imposible. A pesar de que la administración fija una distancia mínima entre ambos, ésta o resulta insuficiente o a veces incluso ni se cumple. La contaminación se puede producir en diferentes etapas de la cadena: desde la semilla, a través de la polinización, vía el transporte, en el almacenaje o durante el procesado. Varios casos han sido ya denunciados. Esta situación ha conducido al abandono del cultivo de maíz, en especial el ecológico, y diversas variedades han sido contaminadas sin remedio. Entre los años 2004 y 2005, la producción de maíz ecológico en el Estado español disminuyó un 42% y en Aragón, donde más se conrean transgénicos, un 69%.
El impacto especialmente en abejas, pero,
también, en otros insectos claves para la polinización como abejorros,
mariposas, avispas... es una realidad. En concreto, el maíz transgénico Bt
desprende una toxina que no solo acaba con la plaga del taladro sino que en
ocasiones puede afectar asimismo a estos otros insectos. Desde finales de los
años 90, y como indica Greenpeace,
se ha observado un declive muy importante de la población de abejas a causa
tanto de los cultivos transgénicos como del uso de plaguicidas químicos que las
matan. ¿Si las abejas desaparecen quien polinizará los cultivos?
Los defensores de los transgénicos afirman que estos reducen el uso
de pesticidas químicos. Nada más lejos de la realidad. El maíz Bt, por ejemplo,
al desprender por si mismo una toxina que acaba con determinados gusanos se
convierte en, lo que algunos autores llaman, un "maíz insecticida".
Evidentemente, no se debe de aplicar un pesticida a dicho cultivo porqué la
misma planta ya lo desprende las 24 horas del día. A parte hay que contar, como
señala GRAIN,
las resistencias que los gusanos pueden generar con tantas toxinas en estos
monocultivos y la aparición, en consecuencia, de plagas secundarias que
necesitan ser tratadas con más productos químicos.
Lo mismo sucede con los transgénicos tolerantes a herbicidas, que incorporan un gen que permite fumigarlos con un solo herbicida, de tal modo que la planta, al ser resistente al mismo, no se ve afectada a diferencia de todo aquello que la rodea. El herbicida más utilizado es el Roundup de la multinacional Monsanto, y su compuesto principal el glifosato. La extensión a gran escala de estos cultivos, en particular la producción de soja transgénica a nivel mundial, ha implicado un mayor uso de estos herbicidas. En Argentina, por ejemplo, treinta años atrás el cultivo de soja era casi inexistente, actualmente, en cambio, más de las mitad de sus tierras agrícolas son monocultivos sojeros. Si en 1995, se utilizaban ocho millones de litros de glifosato para dichos campos, hoy suman más de 200 millones, según GRAIN. Saquen cuentas. A parte, la extensión masiva de este cultivo ha generado la aparición de casi dos docenas de plantas resistentes a estos herbicidas. Lo que ha obligado a usar más agrotóxicos para combatirlas. El caso de Estados Unidos, como indica GRAIN, lo deja claro: los agricultores que, en 2011, cultivaron sus campos con semillas transgénicas necesitaron un 24% más de herbicidas, para combatir las "malas hierbas" resistentes al mismo, que quienes sembraron cultivos convencionales.
Salud en juego
Otro de los temas más controvertidos es el impacto de los transgénicos en la salud de las personas. Muchos dicen que son inocuos, que han sido suficientemente testados y que no implican ningún riesgo para nuestra salud. Desde administraciones públicas pasando por departamentos universitarios hasta comités científicos defienden dicha posición. Sin embargo, a menudo se obvian los intereses ocultos tras dichas afirmaciones. Los tentáculos de la industria biotecnológica son muy alargados. Incluso empresas como Bayer y Syngenta, al frente de la industria transgénica, cuentan ya con cátedras propias: la Cátedra Bayer CropScience en la Universidad Politécnica de Valencia y la Cátedra UAM-Syngenta de Fertilizantes de Micronutrientes en la Universidad Autónoma de Madrid. Queda claro a qué intereses responde su trabajo, divulgación e investigaciones universitarias.
Informes científicos independientes señalan el impacto negativo que pueden tener los transgénicos en nuestra salud: nuevas alergias, resistencia a antibióticos, disminución de la fertilidad, daños en órganos internos, etc., según recoge Greenpeace. "Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente", sentencia dicha organización. Tan pronto como estos informes críticos ven la luz, múltiples son los intentos para desacreditarlos y difamar a sus autores. Hay muchos intereses en juego por parte de empresas como Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta. Abundante dinero a ganar o a perder en función del dictamen de la opinión pública. Para estas empresas se trata de una "guerra" donde todo vale. Las campañas de desprestigio a quiénes ponen sus verdades absolutas en cuestión es buena prueba de ello.
El caso del Dr. Gilles-Éric Séralini, que ha liderado uno de los estudios críticos con mayor repercusión mediática a nivel internacional, ha sido tal vez el mejor ejemplo. Su equipo de investigación, en la Universidad de Caen, Francia, hizo público, en septiembre de 2012, las conclusiones de una investigación científica que ponía en evidencia los efectos nocivos a largo plazo del maíz transgénico NK603 y del pesticida Roundup en experimentos con ratas, las cuales a lo largo del ensayo desarrollaron enormes tumores y enfermedades renales y hepáticas. La ofensiva contra este estudio no se hizo esperar e incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se posicionó en su contra, Agencia, por cierto, con vínculos estrechos con la industria biotecnológica y cuya independencia deja mucho que desear. También, en noviembre de 2013, la revista científica Food and Chemical Toxicology, que había divulgado dicho informe, se retractó de su publicación. ¿Casualidad? La organización GMWatch señalaba, con datos esclarecedores, la ofensiva de la industria biotecnológica para controlar estas publicaciones.
Más allá de estos informes científicos, hay, tristemente, múltiples evidencias, documentadas en primera persona y en todo el mundo, del negativo impacto en la salud humana del cultivo de transgénicos y el uso sistemático de herbicidas con glifosato. La experiencia de Sofía Gatica, fundadora de Madres de Ituzaingó y merecedora de un Premio Nobel Alternativo, es un buen ejemplo. Sofía Gatica perdió una hija no más nacer a causa de una repentina parada de riñón. Un hecho que la llevó a investigar las causas y descubrió cómo las fumigaciones con glifosato sobre los campos sojeros alrededor de su barrio, Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, Argentina, eran las responsables. Su trabajo, puerta a puerta, la llevó, junto a otras mujeres afectadas, a destapar decenas de casos de enfermos de cáncer, malformaciones en niños, problemas respiratorios y de riñón, leucemia... Un estudio epidemiológico realizado en la zona confirmó sus temores: el agua que tomaban estaba contaminada con pesticidas y numerosos niños tenían tóxicos en su sangre. Muchas Sofías Gatica son las que sufren las consecuencias de las prácticas de multinacionales como Monsanto. Aunque el dolor afecte a menudo a los más débiles es imposible acallarlo.
Concentración empresarial
Más allá del impacto en el medio ambiente y en la salud, otro de los efectos negativos de los transgénicos se da a nivel político, en lo que concierne al control de las semillas, la esencia de la vida, y otros insumos agrícolas (la genética del ganado, los plaguicidas y fertilizantes químicos, etc.). Hoy, unas pocas multinacionales como Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont controlan el 60% de las semillas que se comercializan y el 76% de los agroquímicos que se aplican a los cultivos, como indica el informe Los gigantes genéticos hacen su cártel de la caridad del Grupo ETC. Vemos cómo los mismos que hacen negocio patentado las simientes son los que también se lucran comercializando los pesticidas químicos que se emplean en la agricultura "moderna".
Lo mismo sucede con los transgénicos tolerantes a herbicidas, que incorporan un gen que permite fumigarlos con un solo herbicida, de tal modo que la planta, al ser resistente al mismo, no se ve afectada a diferencia de todo aquello que la rodea. El herbicida más utilizado es el Roundup de la multinacional Monsanto, y su compuesto principal el glifosato. La extensión a gran escala de estos cultivos, en particular la producción de soja transgénica a nivel mundial, ha implicado un mayor uso de estos herbicidas. En Argentina, por ejemplo, treinta años atrás el cultivo de soja era casi inexistente, actualmente, en cambio, más de las mitad de sus tierras agrícolas son monocultivos sojeros. Si en 1995, se utilizaban ocho millones de litros de glifosato para dichos campos, hoy suman más de 200 millones, según GRAIN. Saquen cuentas. A parte, la extensión masiva de este cultivo ha generado la aparición de casi dos docenas de plantas resistentes a estos herbicidas. Lo que ha obligado a usar más agrotóxicos para combatirlas. El caso de Estados Unidos, como indica GRAIN, lo deja claro: los agricultores que, en 2011, cultivaron sus campos con semillas transgénicas necesitaron un 24% más de herbicidas, para combatir las "malas hierbas" resistentes al mismo, que quienes sembraron cultivos convencionales.
Salud en juego
Otro de los temas más controvertidos es el impacto de los transgénicos en la salud de las personas. Muchos dicen que son inocuos, que han sido suficientemente testados y que no implican ningún riesgo para nuestra salud. Desde administraciones públicas pasando por departamentos universitarios hasta comités científicos defienden dicha posición. Sin embargo, a menudo se obvian los intereses ocultos tras dichas afirmaciones. Los tentáculos de la industria biotecnológica son muy alargados. Incluso empresas como Bayer y Syngenta, al frente de la industria transgénica, cuentan ya con cátedras propias: la Cátedra Bayer CropScience en la Universidad Politécnica de Valencia y la Cátedra UAM-Syngenta de Fertilizantes de Micronutrientes en la Universidad Autónoma de Madrid. Queda claro a qué intereses responde su trabajo, divulgación e investigaciones universitarias.
Informes científicos independientes señalan el impacto negativo que pueden tener los transgénicos en nuestra salud: nuevas alergias, resistencia a antibióticos, disminución de la fertilidad, daños en órganos internos, etc., según recoge Greenpeace. "Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente", sentencia dicha organización. Tan pronto como estos informes críticos ven la luz, múltiples son los intentos para desacreditarlos y difamar a sus autores. Hay muchos intereses en juego por parte de empresas como Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta. Abundante dinero a ganar o a perder en función del dictamen de la opinión pública. Para estas empresas se trata de una "guerra" donde todo vale. Las campañas de desprestigio a quiénes ponen sus verdades absolutas en cuestión es buena prueba de ello.
El caso del Dr. Gilles-Éric Séralini, que ha liderado uno de los estudios críticos con mayor repercusión mediática a nivel internacional, ha sido tal vez el mejor ejemplo. Su equipo de investigación, en la Universidad de Caen, Francia, hizo público, en septiembre de 2012, las conclusiones de una investigación científica que ponía en evidencia los efectos nocivos a largo plazo del maíz transgénico NK603 y del pesticida Roundup en experimentos con ratas, las cuales a lo largo del ensayo desarrollaron enormes tumores y enfermedades renales y hepáticas. La ofensiva contra este estudio no se hizo esperar e incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se posicionó en su contra, Agencia, por cierto, con vínculos estrechos con la industria biotecnológica y cuya independencia deja mucho que desear. También, en noviembre de 2013, la revista científica Food and Chemical Toxicology, que había divulgado dicho informe, se retractó de su publicación. ¿Casualidad? La organización GMWatch señalaba, con datos esclarecedores, la ofensiva de la industria biotecnológica para controlar estas publicaciones.
Más allá de estos informes científicos, hay, tristemente, múltiples evidencias, documentadas en primera persona y en todo el mundo, del negativo impacto en la salud humana del cultivo de transgénicos y el uso sistemático de herbicidas con glifosato. La experiencia de Sofía Gatica, fundadora de Madres de Ituzaingó y merecedora de un Premio Nobel Alternativo, es un buen ejemplo. Sofía Gatica perdió una hija no más nacer a causa de una repentina parada de riñón. Un hecho que la llevó a investigar las causas y descubrió cómo las fumigaciones con glifosato sobre los campos sojeros alrededor de su barrio, Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, Argentina, eran las responsables. Su trabajo, puerta a puerta, la llevó, junto a otras mujeres afectadas, a destapar decenas de casos de enfermos de cáncer, malformaciones en niños, problemas respiratorios y de riñón, leucemia... Un estudio epidemiológico realizado en la zona confirmó sus temores: el agua que tomaban estaba contaminada con pesticidas y numerosos niños tenían tóxicos en su sangre. Muchas Sofías Gatica son las que sufren las consecuencias de las prácticas de multinacionales como Monsanto. Aunque el dolor afecte a menudo a los más débiles es imposible acallarlo.
Concentración empresarial
Más allá del impacto en el medio ambiente y en la salud, otro de los efectos negativos de los transgénicos se da a nivel político, en lo que concierne al control de las semillas, la esencia de la vida, y otros insumos agrícolas (la genética del ganado, los plaguicidas y fertilizantes químicos, etc.). Hoy, unas pocas multinacionales como Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont controlan el 60% de las semillas que se comercializan y el 76% de los agroquímicos que se aplican a los cultivos, como indica el informe Los gigantes genéticos hacen su cártel de la caridad del Grupo ETC. Vemos cómo los mismos que hacen negocio patentado las simientes son los que también se lucran comercializando los pesticidas químicos que se emplean en la agricultura "moderna".
La concentración empresarial aumenta, y tiene
consecuencias. Por poner un caso, el precio de las semillas en Estados Unidos,
entre 1994 y 2000, aumentó más que cualquier otro insumo agrícola, doblando su
costo en relación al precio que los agricultores obtenían por las cosechas,
según el
Grupo ETC. Monsanto, por ejemplo, es la empresa más grande de
semillas del mundo y es a la vez la cuarta mayor productora de pesticidas.
Algunos dirán que las reflexiones aquí vertidas son tendenciosas, pero sería bueno recordar que el posicionamiento dominante, político, mediático y científico, en relación a los transgénicos es un discurso único servido en bandeja por la industria biotecnológica y transgénica. Unas compañías que destinan millones de euros a ensalzar las virtudes de los OMG, que compran estudios, cátedras y departamentos universitarios supuestamente objetivos y que establecen relaciones estrechas con los políticos de turno. La información es poder. Para que no haya dudas: no se trata de oponerse a los avances científicos. Ni mucho menos. Lo que necesitamos es fomentar una ciencia independiente de los intereses de las grandes empresas y al servicio del bien común.
La información es poder. Aquí la tienen, lean y juzguen.
* Artículo en Público, 22/02/2014.
Algunos dirán que las reflexiones aquí vertidas son tendenciosas, pero sería bueno recordar que el posicionamiento dominante, político, mediático y científico, en relación a los transgénicos es un discurso único servido en bandeja por la industria biotecnológica y transgénica. Unas compañías que destinan millones de euros a ensalzar las virtudes de los OMG, que compran estudios, cátedras y departamentos universitarios supuestamente objetivos y que establecen relaciones estrechas con los políticos de turno. La información es poder. Para que no haya dudas: no se trata de oponerse a los avances científicos. Ni mucho menos. Lo que necesitamos es fomentar una ciencia independiente de los intereses de las grandes empresas y al servicio del bien común.
La información es poder. Aquí la tienen, lean y juzguen.
* Artículo en Público, 22/02/2014.
------
Argentina: Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
9 de junio de
2015
Por Darío Aranda
El Gobierno
enviará al Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los
transgénicos, el modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y
organizaciones sociales.
El Gobierno
anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con
la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes
empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al
mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso
Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de
semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas.
“Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que
hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de
Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y
cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta
viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las
Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en
transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de
Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con
Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…)
Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la
vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la
misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva
soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada
“RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería
resistente a insectos.
El 21 de agosto
de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una
cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno
que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de
Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva
tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio
ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy
especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La
biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo
estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los
expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo,
Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el
pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla.
Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la
cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó
hacer.
El marzo de 2015,
las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural,
CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la
multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una
cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de
soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias
transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando
reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las
entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están
de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero
consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de
la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso,
inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los
productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el
Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la
poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace
y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra
Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales
ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación
Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas
de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto).
Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para
frenar el proyecto.
No hubo nueva
ley.
El 19 de mayo
pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron
que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que
contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no
post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores).
También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un
registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio”
(utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la
agricultura).
Carlos
Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos
actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago”.
Los medios
cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y
silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios
fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes
semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría
por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe
de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de
la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante
con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en
Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del
suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave
deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la
cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2
Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del
Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad
intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que,
tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en
lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día,
pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido:
“El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar
una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y
demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de
semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos
biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad
intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y
las multinacionales”.
El 4 de junio,
Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por
un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel
Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un
proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el
Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los
actores del sector”.
Delgado, el
funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que
“las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto
del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado
al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de
organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de
Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es
el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno
hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación
económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las
organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista,
Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra,
Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras
de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan
que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón
de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la
naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha
anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos
biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son
una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de
agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya
habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del
agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la
apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses
de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de
propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas
nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron
postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de
la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital
financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la
naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a
la tecnología de las corporaciones no es sólo grave para los sectores populares,
sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y
denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad
intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el
uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos,
indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en
ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la
posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno
dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había
comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio
puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura
familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto
de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de
conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural,
comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti,
del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son
la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las
semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria
amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que
proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que
ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar
de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía
alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba
seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de
Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina,
de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de
hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de
hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo
cultivo: soja transgénica.
El Plan
Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en
2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria
(entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones
de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de
agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e
indígenas).
Desde 1996, la
Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos
(maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde
durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas
transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences
(cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las
semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último
transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo
le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados
agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno
anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha
Campesina.
La Vaca Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Semillas_corporaciones_y_un_proyecto_cuestionado
No hay comentarios:
Publicar un comentario