Para ir construyendo ¿qué Estado? el
de comunas y comunalidad.
I.
Recordemos:
Crisis,
estallido social y tres momentos de ruptura con la democracia representativa en
la Argentina
¿Hacia una
nueva democracia?
31 de enero de 2002
31 de enero de 2002
Por
Gonzalo Rodríguez
Opinión
"Algo está
por fin empezando a cambiar. Tengo ochenta años, y por primera vez en mi vida he
visto que fue el Pueblo, y no los milicos el que echó a un gobierno..."
(Alberto, en la Asamblea popular de Olivos, domingo 20/1/2002)
1.
Introducción
El regreso a
la "Democracia" en 1983 marcó no sólo el final de la Dictadura militar que desde
1976 había implementado uno de los mayores genocidios de la historia del país.
Ese momento marcaba también la vuelta a una forma de gobierno donde el pueblo
podría, nuevamente, "elegir a sus propios representantes". La política recobraba
nueva vitalidad, miles de jóvenes se acercaban a los partidos políticos, y la
sociedad renovaba una gran expectativa en las posibilidades de la democracia.
Sin embargo, desde 1983
hasta el presente, el pueblo ha votado una cosa mientras que los gobiernos
electos han hecho sistemáticamente otra. Elección tras elección, las promesas
electorales de los partidos gobernantes se han revelado como falsas.
Dieciocho años después
de la vuelta a la "Democracia", la economía argentina está hecha trizas, a pesar
de que las empresas privatizadas, los bancos, las multinacionales y las grandes
empresas de capital nacional han realizado enormes ganancias extraordinarias.
La concentración de la
riqueza supera año a año los niveles anteriores, a medida que aumentan la
desocupación y la pobreza. El Estado argentino está quebrado producto de los
pagos de la Deuda Externa, la corrupción estructural, y de quienes lo han
aprovechado para los grandes negociados privados. Como broche de oro, la banca
nacional y extranjera, en complicidad con el Estado y el gran capital, han
consumado el mayor de los saqueos de la historia argentina, habiendo hecho
"desaparecer" de un día para el otro nada menos que la casi totalidad los
ahorros de millones de argentinos.
Todos los
gobiernos desde 1983 prometieron programas que luego no sólo no se cumplieron,
sino que resultaron ser exactamente lo contrario. En sus recordados discursos,
el entonces presidente electo Raúl Alfonsín del
Partido Radical, afirmaba que
"con la Democracia se come, se cura y se educa". Luego vino el Dr. Carlos Menem
del opositor
Partido Justicialista, quien prometió llevar adelante una
"revolución productiva", un "salariazo" para los trabajadores, y que no habrían
privatizaciones de las empresas públicas. También mintió, aunque logró ser
reelecto al convencer a una parte importante del pueblo de que los sacrificios
habían sido necesarios, que ya había pasado lo peor, que la copa se había
llenado y el champán estaba próximo a derramarse. Pero nada de eso sucedió.
Luego vino nuevamente el radicalismo, en alianza con la centroizquierda del
Frepaso. Las promesas electorales decían que no habría más ajuste, no más
recetas neoliberales, más educación, trabajo y salud para los argentinos. Y otra
vez la mentira dijo presente.
Según el
diccionario de la Real Academia Española, "representar" quiere decir "Sustituir
a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función... Ser imagen o símbolo de
algo, o imitarlo perfectamente". Más allá de la ambigüedad de estas
definiciones, está claro que, al menos en el ideal del sentido común popular, el
representante es quien debiera hacer "lo que uno le ha pedido que haga", es
decir, si fuera uno mismo quien gobierna. Si a la luz de los hechos está claro
que la voluntad de millones de ciudadanos expresada a través del voto, no es
respetada por los supuestos representantes, se revela entonces que la democracia
representativa no es un mecanismo de representación, sino un mecanismo de
expropiación de la voluntad popular. Esto quiere decir que los ciudadanos,
creyendo haber designado sus "representantes" y haberles dado un mandato, lo que
han hecho en realidad es delegar en ellos sus facultades.(1) Una vez expropiada
en manos de los representantes, la voluntad popular se encuentra sujeta a
modificaciones; puede ser (y generalmente será) rediscutida, modificada y,
recién entonces, ejecutada.
Este
funcionamiento perverso de la democracia representativa no es una anormalidad,
pues está consagrado nada menos que por la Constitución Nacional de la República
Argentina. En su artículo 22, ésta dice que El pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta
Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los
derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Este artículo es el que
le otorga legalidad a la traición de los representantes. La legitimidad de este
accionar, indispensable para que el sistema funcione de modo normal, proviene de
la ficción de que son los ciudadanos quienes deciden, y quienes eventualmente se
equivocan al elegir mal a sus representantes.
Si no es el pueblo ¿quién es entonces el verdadero soberano? ¿Es que los
representantes no representan a nadie? Debemos recordar aquí que detrás de la
separación entre la política y la economía, lo que existe es una división de
funciones, y el Estado burgués aparece como el garante del proceso de
acumulación capitalista.
El poder lo reciben del
pueblo, y el mandato que cumplen los gobernantes es el del gran capital y sus
organismos financieros internacionales. Allí son elaboradas las recetas
económicas neoliberales que se han impuesto en la Argentina desde, cuando menos,
el regreso a la democracia. La Argentina está en presencia de una situación
donde la "clase política" y el propio capitalismo, aún sin quererlo, ha
terminado destruyendo su propia fuente de legitimidad.
Harían falta diez libros para completar el sombrío panorama de la situación
social y económica que atraviesa la Argentina, pero basta observar que dicha
situación fue conformando con el correr de los años la base de un incipiente
descontento popular. Descontento que, huelga abundar en detalles, tuvo como
consecuencia el auge de importantes luchas populares que atraviesan toda la
geografía del país en los últimos años, dando lugar a grados crecientes de
organización popular, como lo expresa la conformación de la Asamblea Nacional Piquetera (2) a mediados de
2001.
Pero las
últimas medidas económicas del gobierno de De La Rua (bancarización forzada de
las transacciones primero, y confiscación de los depósitos mediante el corralito
bancario después, agravado luego por los efectos de la devaluación) determinaron
el despertar político de un sector, las clases medias urbanas, que hasta
entonces habían aceptado impávidas las consecuencias del modelo neoliberal.
2. Los
tres momentos de ruptura con la democracia representativa
A partir de
los últimos meses de 2001, se han venido sucediendo una serie de hechos que
implican un salto cualitativo respecto a las diferentes expresiones del
descontento popular conocidas hasta entonces. Acontecimientos que expresan
profundas rupturas no sólo con el modelo económico neoliberal dominante, sino
con el sistema democrático representativo y aquella ficción de la representación
política, y que, según el interrogante que orienta este trabajo, pueden estar
inaugurando una nueva perspectiva en la construcción de un modelo distinto de
verdadera democracia popular. Los tres momentos a los que nos referimos son:
1)
las elecciones legislativas de octubre de 2001;
2)
las movilizaciones espontáneas y el reclamo popular que obligaron a
renunciar a dos presidentes entre el 20 y el 31 de diciembre de 2001; y
3)
desde ese momento, el surgimiento y multiplicación de las asambleas
populares barriales.
2.1 El
primer momento de ruptura
En el mes de
octubre de 2001 se desarrollan las elecciones para cargos legislativos de las
cámaras de diputados y senadores nacionales y provinciales. Tanto la alianza
política gobernante como el principal partido de oposición el Partido
Justicialista, decrecen su caudal de votos en términos absolutos. Más
significativo aún es la enorme cantidad de votos en blanco y anulados (20% en
todo país el país, 30% en Buenos Aires y casi el 40% en Rosario) y el voto "no
presencial" (aquellos ciudadanos que expresaron su disconformidad desertando de
los comicios). Este es el llamado "voto bronca", al que se suma además el
notable crecimiento de las diferentes agrupaciones de izquierda que por primera
vez en muchos años logran tres bancas en el Congreso Nacional y en varias
legislaturas provinciales. Los resultados de aquellas elecciones dan cuenta de
un nuevo escenario caracterizado por una crisis de representación, y expresan
entonces una primer gran ruptura entre el sentir, el pensar y el hacer de los
ciudadanos, respecto de los mecanismos legitimadores de la expropiación de la
voluntad popular. Prácticamente la mitad de la población adulta no se siente
representada por nadie, y se niega a delegar en los partidos políticos las
facultades de ejercer el gobierno. El pueblo comenzaba así a cuestionar nada
menos que el fundamento mismo del sistema representativo: el momento del
"contrato" donde a través del voto los sujetos aceptan que otros gobiernan
mientras que ellos obedecen. Pero aquí se abrían otros nuevos interrogantes.
Este cuestionamiento ¿estaba poniendo en crisis el sistema democrático
representativo como tal? ¿o sólo a los miembros de aquella "clase política" que
circunstancialmente encarnaban la personificación del sistema democrático?(3) Y
por otro lado, es cierto también que las distintas manifestaciones del "voto
bronca" fueron muy heterogéneas en cuanto a sus contenidos, los había por
derecha(4) , por centro y por izquierda.
2.2 El
segundo momento de ruptura
Al segundo momento de ruptura lo identificamos con el estallido social que se
inicia en la semana del lunes 17 de diciembre de 2001, y que tiene su apogeo en
los días miércoles 19 y jueves 20. El estallido tiene como protagonistas a
cientos de miles, tal vez millones, de personas cuya movilización tiene como
desenlace nada menos que el derrocamiento de dos presidentes de la república, y
un ministro de economía (un "intocable" del neoliberalismo, el FMI y el poder
financiero mundial) en el corto período de una semana.
Este verdadero
Argentinazo tiene dos caras.
Los masivos saqueos a supermercados con los que se
inicia la semana del 17 de diciembre y los cacerolazos (protagonizados
mayoritariamente por las clases medias) que estallaron los días 19 y 20. Sin
banderas e identificaciones políticas,
la gente salió a reapropiarse del espacio
público, cortando calles, avenidas y ocupando las plazas más emblemáticas del
país. Así es como se ha instalando una nueva modalidad de manifestación pública
de masas bautizada por la cultura popular como "el cacerolazo". Aunque la
rebelión de las clases medias coincidió temporalmente con el estallido de los
sectores más pobres de las periferias urbanas, ambas protestas se diferenciaron
claramente en cuanto a su composición social, a las metodologías de la protesta
y a los alcances políticos y las perspectivas inauguradas por la movilización
.
Mientras el argentinazo de los saqueos se agotó (al menos por ahora) en el
reclamo y de medios para la subsistencia inmediata, el argentinazo de las clases
medias logra proyectarse más allá de los reclamos económicos inmediatos
(devolución de los depósitos) hacia un cuestionamiento global del régimen
político y económico existente.
En el cacerolazo, la manifestación se construye alrededor de la identificación de los participantes como "vecinos". Los vecinos de los barrios se agrupan cortando una calle, generalmente en alguna zona de tránsito o cruce de avenidas importante del barrio, a golpear cacerolas, utensilios afines, u otros recursos tomados del mobiliario urbano circundante. Eventualmente, el cacerolazo puede incluir la quema de cubiertas o de basura. En un primer momento, el cacerolazo es solamente una instancia a través de la cual se pretende hacer visible algún tipo de reclamo común sentido por todos los presentes, de catarsis colectiva donde manifestar la bronca. Sin embargo, el cacerolazo ha venido a ser también un espacio de encuentro con el otro vecino, de verse las caras, de recomposición de lazos de solidaridad. Lo más novedoso de este tipo de manifestación es que los cacerolazos de aquel inicio del estallido fueron totalmente espontáneos. De todas maneras, a partir de entonces los cacerolazos han ido perdiendo su espontaneidad, especialmente a causa del surgimiento de las asambleas populares. Comienzan a ser éstas las que se ocupan de convocar los cacerolazos y procuran eventualmente coordinarlos con otros barrios y organizaciones (por ejemplo los cacerolazos en Tribunales los días jueves, los escarches a instituciones bancarias, el cacerolazo nacional convocado para el día viernes 24 de enero, etc.) La eficacia (definida esta como su masividad) de los cacerolazos ha consistido principalmente en la accesibilidad de esta forma de protesta para "el común" de los ciudadanos; cada quien no tiene más que salir de su casa con su cacerola y encontrarse allí en un pie de igualdad con otras personas que son sus vecinos de siempre. También ayuda en la eficacia la simplicidad de las reivindicaciones presentes en el reclamo, de escaso contenido político y elevado consenso popular(6) . Por último, existe un elevado efecto de contagio, los cacerolazos se multiplican abarcando la totalidad del territorio de la ciudad y en un mismo horario, la protesta adquiere un carácter generalizado ¿Qué elemento detonante ha desencadenado los cacerolazos masivos de la semana en cuestión?
La psicología social seguramente
estará abocada al estudio de este fenómeno, aunque por ahora es posible
identificar la función de los medios masivos de comunicación, en la medida que
difundieron los cacerolazos, favorecieron el efecto de contagio. Otras imágenes
difundidas, como el anteúltimo discurso presidencial de De la Rua, fue el
principal detonante de la bronca popular contenida en el primer gran cacerolazo
del día 19. La composición política e ideológica de los manifestantes en los
cacerolazos es muy heterogénea. No está permitida la exhibición de banderas de
agrupaciones políticas. Los propios participantes del cacerolazo se encargan de
reprimirlo, y las agrupaciones políticas enseguida aceptaron estas reglas de
juego. Al no ser los cacerolazos una forma de participación popular reconocida
dentro del régimen de la democracia representativa; al no haber sido estos
organizados por partidos políticos u otras organizaciones reconocidas por el
sistema representativo; al no haber existido referentes políticos con quien se
identificaran las movilizaciones; más aún, habiendo sido el derrocamiento de dos
presidentes constitucionales su principal y más claro objetivo, los cacerolazos
constituyen pues el segundo gran momento de ruptura con la legalidad y
legitimidad de la democracia representativa. El pueblo argentino había ejercido
durante aquella semana su primer acto de gobierno...
2.3 El
tercer momento de ruptura ...y ahora empezaba a deliberar.
En el corto
período de un mes, han surgido alrededor de 30 asambleas barriales en la Capital
Federal y una cantidad no determinada en otros partidos del conurbano y en el
interior del país. Algunas asambleas surgieron tempranamente, durante el segundo
día del la revuelta popular. A un mes del estallido, las asambleas populares se
siguen multiplicando y no es posible prever cuál será su techo. Las asambleas
populares surgen del espacio mismo donde se han autoconvocado los vecinos a
participar de los cacerolazos. A diferencia de los cacerolazos, las asambleas
son impulsadas por organizaciones políticas, militantes de otros movimientos y
organizaciones barriales y sindicales, estudiantes universitarios con
experiencia en asambleas estudiantiles, ex militantes de organizaciones
políticas, etc. Sin embargo, la masiva participación de vecinos excede
largamente a los militantes, adquiriendo realmente un carácter autónomo que las
aproximan a la definición de un nuevo movimiento social. La auto identificación
como "vecinos" es una manifestación de esta búsqueda de nuevas identidades
colectivas que puedan contener a la heterogeneidad de sujetos presentes, y cada
asamblea lleva entonces el nombre del barrio o de la plaza donde se reúnen. Por
el momento, las asambleas no presentan la masividad que tuvieron los
cacerolazos. Una de las mayores dificultades que presentan las asambleas
populares es el generalizado rechazo o desconfianza hacia la política que
todavía existe. En el imaginario popular, política es sinónimo de partidos
políticos. Sobre este punto suelen desarrollarse las primeras discusiones en las
asambleas ¿pueden participar los partidos políticos? ¿sólo los partidos hacen
política o todos estamos haciendo política a partir del momento que nos juntamos
para discutir y tomar acciones para solucionar nuestros problemas? Se percibe
esta dificultad de los de asumirse como sujetos políticos, aunque de a poco la
discusión al respecto se va saldando en el sentido de asumir la necesidad de la
política y reconocer positivamente la participación de los partidos y otras
organizaciones.
Las asambleas populares
constituyen una ruptura clave con el sistema de la democracia representativa,
cualitativamente distinta a las dos rupturas anteriores A través de ellas, el
pueblo procura reapropiarse de la propia voluntad que los gobernantes le habían
expropiado.
Funcionan de manera horizontal y desarrollan formas alternativas (aunque
escasamente desarrolladas por el momento) de representación y delegación. En las
asambleas pareciera estar gestándose un nuevo contra poder. Allí se debaten
absolutamente todos los temas, desde aquellos problemas específicos de cada
barrio, hasta los problemas más generales que afectan al país (por ejemplo las
soluciones al corralito bancario, la renuncia de la Corte Suprema, el no pago de
la Deuda Externa, la estatización de la Banca y las empresas públicas
privatizadas, convocatoria a una asamblea nacional constituyente, etc.) Las
discusiones también conducen a la adopción medidas de acción directa,
generalmente movilizaciones y nuevos cacerolazos, que se realizan casi
prácticamente todos los días. Las distintas asambleas barriales de la ciudad de
Buenos Aires han construido un espacio de coordinación general de todas las
asambleas, con frecuencia semanal, a la que asisten delegados y vecinos con y
sin mandatos de sus respectivas asambleas. 3. Hipótesis y desafíos
teórico-políticos A partir de la lectura de las tres rupturas experimentadas en
el breve período que precede a este artículo, es posible plantear algunas
hipótesis que invitan a pensar en las perspectivas y desafíos del nuevo
movimiento social que se abre paso a través de la actual crisis orgánica que
atraviesa el bloque dominante. Una primer hipótesis, dice que la crisis de la
teoría de la representación política es todavía parcial e incompleta. No está
claro aún que el pueblo haya decidido no confiar más en la actual clase
política, y mucho menos que haya decidido gobernarse por sí mismo. Lo que se
puede interpretar a partir de los cacerolazos es que está en crisis una forma de
ver la política, entendida esta como el modelo tradicional de representación
política, que es el régimen de los partidos y las elecciones periódicas. Pero no
está descartada la posibilidad de que el bloque dominante logre generar una
salida propia a la crisis de representación(7) , incluso podría ser esta un
régimen de neto corte autoritario o una dictadura clásica como las que ya conoce
nuestro país.
Una segunda
hipótesis
considera que aquella crisis orgánica no se resuelve, o se resolverá una y otra
vez a favor del bloque dominante, ante la ausencia de una alternativa política
del campo popular.
La sociedad argentina camina hacia una agudización creciente
de las contradicciones sociales, el enfrentamiento entre el bloque dominante y
el campo popular (al que se suman incluso sectores de la clase media acomodada)
se profundiza y se vuelve más visible.
El actual gobierno del justicialismo
continúa aplicando el mismo modelo neoliberal que engendró estas tensiones (el
único posible dentro del capitalismo actual) y es imposible prever que esto se
modifique. La crisis de representación política involucra por un lado al bloque
dominante. Crisis que como ya vimos, comenzaba a expresarse en las elecciones de
octubre de 2001, se confirmaba con el estallido social de diciembre, y que
persiste en la actualidad, jaqueada por el movimiento de las asambleas y las
luchas de desocupados y estatales. Pero aún estando en crisis la legitimidad del
actual gobierno de Duhalde, el gobierno no parece haber perdido el poder que le
otorga la legalidad de las instituciones. El bloque de poder conserva el control
de la economía y del aparato represivo, y su capacidad de recambio aparece como
ilimitada aun en un contexto de reclamos y movilizaciones permanentes. Por otro
lado, la crisis de representación política también atraviesa al propio campo
popular y a todos los sectores que conforman esta amplio movimiento social del
Argentinazo. Hoy el pueblo no tiene representantes ni referentes dentro de la
"clase política". Aunque muchas de las expresiones políticas organizadas del
campo popular no estuvieron ausentes durante el Argentinazo, el pueblo se
movilizó por fuera de las estructuras políticas tradicionales de los partidos y
aún de los sindicatos y otros movimientos preexistentes. En última instancia, la
crisis actual se define por la ausencia de una alternativa del campo popular, ya
sea ésta una alternativa clásica de representación (algún agrupamiento político
o conjunto de ellos) que se constituya en referente del movimiento popular; o
bien una alternativa sui generis surgida del nuevo movimiento social que se está
construyendo a partir de los cacerolazos y las asambleas populares, en
articulación con el movimiento sindical y de desocupados. Una alternativa
política debe ser una expresión de poder popular organizada que derribe y
remplace al poder existente.
¿Son las
asambleas barriales, por fin, el germen de una salida a aquella escisión entre
los social y lo político? ¿Están en condiciones las expresiones políticas
organizadas del campo popular de construir a partir de las asambleas una nueva
articulación con las bases del movimiento social, respetando y alimentándose de
su autonomía? ¿Podrá este nuevo movimiento ciudadano aceptar y resolver el
desafío de asumir la política como única forma de transformación de la sociedad?
¿Podrán extenderse al punto de canalizar la bronca y la voluntad de cambio
expresada masivamente por la gente durante los cacerolazos, hacia un nuevo
contra-poder?
Es evidente que las tres rupturas que desarrollamos no alcanzan a
definir un rumbo unívoco de los acontecimientos.
La ruptura será total a partir
de que la mayoría del pueblo logre reapropiarse de la política. La construcción
de una nueva alternativa política del campo popular, podrá llevar a cabo en
algún momento la cuarta y última ruptura con la democracia representativa y el
sistema económico que la ha engendrado.
La ausencia de una articulación de la
"lucha social" y la "lucha política" se presenta entonces como el principal
desafío a resolver por parte de los actores políticos que buscan una
transformación radical de la sociedad, no sólo en sus aspectos económicos, sino
desde una concepción humanista y democrática. Las manifestaciones populares que
derribaron a dos presidentes en una semana, sin duda han llevado a una parte
importante del pueblo a recuperar la confianza en las utopías y las grandes
empresas colectivas (cualesquiera que estas sean). Aunque objetivamente la
eficacia de estas manifestaciones pareciera ser mucho más relativa (por no decir
nula en cuanto al logro de soluciones), pareciera que comienza a cobrar fuerza
la idea de que el pueblo debe gobernarse a sí mismo.
Es una idea que así
planteada despierta gran simpatía en las asambleas populares. Sin embargo, no se
han desarrollado todavía las discusiones acerca de qué quiere decir esto
exactamente. Y la discusión no es un tema menor, por cuanto no se está hablando
de escribir un libro sino de cambiar el rumbo de la historia y refundar una
sociedad y una nueva democracia.
Notas: (...)
* Gonzalo M. Rodríguez, Miembro de la FISyP. Licenciado en
Sociología. Texto
publicado en "Rebeliones y Puebladas: diciembre 2001 y enero 2002. Viejos y
nuevos desposeídos en Argentina". Cuadernos de la FISyP, cuaderno 7 (2° serie),
enero de 2002Fuente: http://www.alainet.org/es/active/1792
Comprobemos qué significó la restauración de la democracia representativa y
cómo nos ayuda a explicar el comportamiento actual de esos poderes
garantizados -militar o democráticamente- en sus privilegios al precio de criminalidades:
EL PAIS › PRESENTARON UN PRINCIPIO DE
ACUERDO CON EL GOBIERNO
El diálogo alcanzó hasta los piqueteros
20 de febrero
de 2002
El acuerdo
está muy cerca. Los líderes piqueteros Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete se
reunieron ayer con los integrantes de la mesa coordinadora del Diálogo Argentino
y les dieron una buena noticia: si el presidente Eduardo Duhalde reconoce
políticamente a sus organizaciones, pone en marcha un mecanismo de reparto de
planes sociales del que puedan participar y libera a Emilio Alí –preso
desde hace más de un año y medio por pedir comida en un supermercado–
se firmaría un convenio. Que, según explicó D’Elía a Página/12, “no implica una
tregua social, pero les garantiza que si nos dan un vaso de agua no vamos a
volver a movilizarnos por un vaso de agua”.
D’Elía estaba contento. “La verdad es que este acuerdo nos conviene a nosotros y a ellos también”, reconoció a este diario. Por la mañana, en una reunión que mantuvo en Cáritas junto a Juan Carlos Alderete con la mesa coordinadora del diálogo argentino, informó de un “principio de acuerdo” con el Gobierno. Los principales puntos expuestos son los siguientes:
- Reconocimiento político de las organizaciones que integran D’Elía y Alderete. De esta forma, los líderes piqueteros estarían parados desde otro lugar para negociar directamente con el ministerio de Trabajo el reparto de Planes Trabajar.
- Que haya “coincidencias” en la administración de los planes sociales.
La propuesta del gobierno de Duhalde, en un primer momento, fue darles los planes a las provincias y que éstas los giren a los municipios, desde donde un organismo llamado “consejo consultivo” –en el que pueden participar diversas organizaciones– vota cómo repartir los subsidios. Los piqueteros se oponen porque los consejos suelen llenarse de punteros que terminan ganando la votación y, por ende, la discrecionalidad en el reparto de los planes. Ellos quieren intervenir directamente en el otorgamiento de los beneficios.
- La libertad de Alí antes de la firma del acuerdo. “Si Alí no está libre y no participa en el acto, no habrá acuerdo para la implementación de planes sociales”, aseguró, terminante, D’Elía. Ese es el punto más importante. En el Gobierno están pensando cómo resolver el tema.
A cambio, D’Elía y Alderete se comprometieron a no reclamar por las cosas que ya les hayan sido concedidas. “Pero eso no significa ninguna tregua. Estaremos hoy protestando contra el presupuesto y allí donde creamos que haya que manifestarse”, explicó. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/2082-1127-2002-02-20.html
D’Elía estaba contento. “La verdad es que este acuerdo nos conviene a nosotros y a ellos también”, reconoció a este diario. Por la mañana, en una reunión que mantuvo en Cáritas junto a Juan Carlos Alderete con la mesa coordinadora del diálogo argentino, informó de un “principio de acuerdo” con el Gobierno. Los principales puntos expuestos son los siguientes:
- Reconocimiento político de las organizaciones que integran D’Elía y Alderete. De esta forma, los líderes piqueteros estarían parados desde otro lugar para negociar directamente con el ministerio de Trabajo el reparto de Planes Trabajar.
- Que haya “coincidencias” en la administración de los planes sociales.
La propuesta del gobierno de Duhalde, en un primer momento, fue darles los planes a las provincias y que éstas los giren a los municipios, desde donde un organismo llamado “consejo consultivo” –en el que pueden participar diversas organizaciones– vota cómo repartir los subsidios. Los piqueteros se oponen porque los consejos suelen llenarse de punteros que terminan ganando la votación y, por ende, la discrecionalidad en el reparto de los planes. Ellos quieren intervenir directamente en el otorgamiento de los beneficios.
- La libertad de Alí antes de la firma del acuerdo. “Si Alí no está libre y no participa en el acto, no habrá acuerdo para la implementación de planes sociales”, aseguró, terminante, D’Elía. Ese es el punto más importante. En el Gobierno están pensando cómo resolver el tema.
A cambio, D’Elía y Alderete se comprometieron a no reclamar por las cosas que ya les hayan sido concedidas. “Pero eso no significa ninguna tregua. Estaremos hoy protestando contra el presupuesto y allí donde creamos que haya que manifestarse”, explicó. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/2082-1127-2002-02-20.html
La Mesa del Diálogo es un antecedente de la convergencia de Néstor Kirchner con
el titular de Cáritas para descalificar a los piqueteros aduciendo que la situación
de ellos
era resultado de no querer trabajar y aprovechar para aislar a sus sectores
de izquierda que intentaban instalar la lucha contra el neoliberalismo.
Consideremos cuándo surge la Mesa del Diálogo, quiénes la promueven y cómo
-al estilo K- desvía del porqué esencial a la crisis de representación.
Leamos cómo oculta al capitalismo y posibilita al Partido Justicialista no
hacer internas abiertas y presentar a Carlos Menem y Néstor Kirchner
encabezando dos de sus tres listas de candidatos.
Argentina ya
tiene una solución consensuada,
pero la dirigencia política no quiere aplicarla porque, si bien recuperaría al
país, también traería la
pérdida de sus privilegios.
La
Mesa del Diálogo Argentino presentó el 11/07/02 en
la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, las “Bases
para las Reformas:
Principales Consensos”,
un documento que es el resultado
del trabajo realizado en la
Mesa de Diálogo y
que refleja valores y coincidencias básicas.
La Mesa de Diálogo surgió en Diciembre del 2001 por pedido del
Presidente De la Rúa a la Iglesia y al PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) a los fines de encontrar consensos para superar la crisis
que avanzaba. En Enero 2002 el nuevo presidente Duhalde solicitó al PNUD y a la
Iglesia que continuara la Mesa de Diálogo recién formada, afirmando en el acto
de asunción del cargo que su
gestión de transición se iba a guiar por el cumplimiento de las propuestas y
resoluciones que fuera tomando la mesa. La
intención real parece no haber sido esa sino ganar tiempo y dejar pasar las
conclusiones y consensos porque evidentemente estas afectarían las situaciones
de "privilegios" antidemocráticos que los dirigentes políticos, empresariales,
sindicales y financistas, han tejido alrededor de sus actividades, con su escasa
mira puesta en el bien propio y soslayando el bien común.
Pero tanto la Iglesia Católica como las Naciones Unidas tomaron muy
en serio la oportunidad de promover cambios positivos y evitar la crisis, y se
reunieron con representantes de numerosas organizaciones
y del gobierno, profesionales y expertos; recogiendo los consensos alcanzados
entre 2000 personas y 800 instituciones en 300 reuniones, de las que
participaron 80 profesionales y expertos.
La Mesa de Diálogo Argentino tenía como objetivo que el documento se
firmara en un acto público conmemorativo del 9 de Julio 2002, del que
participarían miembros del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, legisladores
y representantes de organizaciones no gubernamentales. Para esto los consensos
fueron hechos llegar al presidente y legisladores a comienzos de Mayo
promoviendo su firma de adhesión para el 9 de Julio, día de la Independencia
Argentina.
Los consensos no recibieron respuestas de la dirigencia política que
prefirió ignorarlos y recurrió al "laisser faire, laisser passer", esperando
que se deslizaran y quedaran en nada la reformas propuestas y, sobre todo, la
supresión de sus privilegios. De esta manera, pasada la fecha patria y ante la
falta de reacción positiva, la Mesa de Diálogo tomó otro camino y presentó
públicamente al Presidente Duhalde las "Bases para las Reformas", difundió por
internet y por diarios estas bases y anunció una comisión que acompañará su
conversión en leyes y decretos. Puso a todos los laicos del país en Cabildo
Abierto para que se trataran y difundieran las bases para las reformas y
solicitó su difusión en reuniones y por internet, en una participación activa.
El documento consigna, finalmente, con detalle y precisión, la
agenda de las decisiones que los poderes públicos deberán adoptar, desde hoy y
hasta junio de 2003, para que las reformas propuestas se efectivicen y entren en
vigor.
Se trata de evitar que la dirigencia mire para otro lado evitando
entrar en las reformas, y pone en evidencia a cada uno en sus actitudes de apoyo
o rechazo y sus causas. Se inicia así una segunda etapa del diálogo, en la que
tendrán mayor participación los laicos.
La Mesa del Diálogo Argentino terminada su primera etapa de trabajo
tendrá la tarea de convocar a juristas para debatir una nueva reforma de la
Constitución para llevar adelante una reforma política seria y un cambio
profundo en la política fiscal actual.
En esta nueva etapa, la Mesa del Diálogo se propone trabajar sobre
tres temas fundamentales:
·
El
seguimiento del cumplimiento de las exigencias planteadas en la primera parte
como la reformas del estado y política.
·
Controlar el proceso de internas abiertas para garantizar su transparencia.
·
Avanzar en un documento destinado a cerrar con los candidatos un acuerdo de
gobernabilidad sobre cuatro o cinco ejes centrales.
Entre esos ejes estaría precisamente la reforma de la Constitución,
aunque la idea es avanzar en ella sólo si se logra el consenso de los distintos
actores.
Es de destacar en el documento Bases para las Reformas, que
además de propuestas tiene una especial preocupación por los PRIVILEGIOS como
causas de la crisis y de la decadencia argentinas. Y en el documento enfatiza en
cinco lugares sobre estos:
·
En el punto 1. Equidad en los costos de la crisis: Los inevitables costos de esta profunda crisis
deben ser distribuidos con equidad. Para ello es necesario eliminar todos los privilegios y
excepcionalidades vigentes en los presupuestos públicos
·
En el punto 6. Reforma del sistema político y de
representación: d)
la abolición de los regímenes especiales de privilegio, la depuración del sistema de pensiones graciables
y la aplicación del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de los jueces
·
En el punto 7.
La reforma de la justicia: es
imprescindible facilitar a todos, y particularmente a los más pobres, el acceso
a la justicia, desterrar la impunidad y las situaciones de privilegio;
lograr su completa independencia de los otros poderes; asegurar la aplicación de
la ley de modo igualitario, y mejorar su eficiencia.
·
En el punto 11. Un nuevo sistema impositivo: inversión
de capital, especialmente la orientada a las actividades más intensivas en
trabajo, a la exportación y a la sustitución eficiente de importaciones y, que
elimine todo tipo de exenciones o privilegios.
·
En la Agenda: Abolición de todo régimen de privilegio, con
plazo en Setiembre 2002 y como responsable de llevar esto a cabo, el Congreso de
la Nación.
Esa brega de la Iglesia
Católica por pacificar a los de abajo precede, entonces, a la
actual militancia del Papa Francisco para recomponer la subordinación
de los pueblos al capitalismo mundializado por creencia en que el
presente de injusticias puede transformarse mediante encuentros en el
Vaticano. También como en aquéllos años lo central de dicha intervención es
crear la convicción mayoritaria de que la violencia es la lucha de los
oprimidos y reprimidos por dejar de serlo. Es decir trata de invertir la
realidad o de poner el mundo al revés.
Porque a principios de
2002
Duhalde, perdedor en las elecciones frente a la Alianza, implanta el
orden en constante avasallamiento de derechos mediante la violencia de los grupos de choques y del régimen parlamentario. Pero la mayoría
de nosotros
lo naturalizó como Presidente y no reconoció su carácter de facto.
Reflexionemos sobre:
Los
saqueos y los “fantasmas” de Duhalde
10 de diciembre de 2002
10 de diciembre de 2002
Por Emmanuel Goldstein emmanuelgoldstein@online.ie
Las
declaraciones de Duhalde y los demás, son claramente una señal de amenaza para
amedrentar a quienes pretendan participar de las manifestaciones conmemorativas
de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre.
Hilda Duhalde, que actualmente detenta el cargo de esposa del senador Duhalde, exhortó a través de los medios masivos a las organizaciones sociales y a los manifestantes a recordar en paz el 20 de diciembre: "Por Dios, que no haya violencia", y nos recordó a todos que hace un año "perdimos 33 argentinos" y además advirtió que "eso sería trágico para la Argentina".
El senador Duhalde desde su programa radial dijo entre otras cosas: "Me parece que se están agitando inútilmente fantasmas, creo que es bueno y saludable que muchos argentinos se movilicen para expresar su repudio a la violencia que lleva a la muerte, porque ninguna violencia es buena para nada".
El domingo pasado Mariano Grondona, defensor de los golpes de estado, por su parte nos develó desde su programa en el canal 9 "la trama secreta de los saqueos". Todo el debate sobre los saqueos y las conclusiones a las que se arribó se basaron en la extraordinaria investigación de su producción que consistió en párrafos de un reportaje a una persona no identificada, con su rostro oculto.
Algunas
aclaraciones
Hilda de Duhalde se equivoca cuando clama a Dios y a las organizaciones sociales; los treinta y cinco argentinos que “perdimos” fueron en su abrumadora mayoría asesinados por las fuerzas represoras del estado bajo órdenes, responsabilidad y amparo del poder político, a cargo del renunciante Fernando De la Rúa. Fueron asesinados, no se perdieron.
A diferencia de su esposa el senador Duhalde apela a la magia y nos habla de no agitar “fantasmas”. El 19 y 20 de diciembre de 2001 no hubo “fantasmas”, hubo individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del estado, uniformados y con ropas de civil, que se encargaron de meterle palo y balas de plomo al pueblo que se “movilizó para expresar su repudio”.
La trama nada secreta de los saqueos del 2001
La trama de los saqueos no es tan secreta como pretende establecer Grondona con 1 testigo anónimo y 9 comerciantes "saqueados".
Hilda de Duhalde se equivoca cuando clama a Dios y a las organizaciones sociales; los treinta y cinco argentinos que “perdimos” fueron en su abrumadora mayoría asesinados por las fuerzas represoras del estado bajo órdenes, responsabilidad y amparo del poder político, a cargo del renunciante Fernando De la Rúa. Fueron asesinados, no se perdieron.
A diferencia de su esposa el senador Duhalde apela a la magia y nos habla de no agitar “fantasmas”. El 19 y 20 de diciembre de 2001 no hubo “fantasmas”, hubo individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del estado, uniformados y con ropas de civil, que se encargaron de meterle palo y balas de plomo al pueblo que se “movilizó para expresar su repudio”.
La trama nada secreta de los saqueos del 2001
La trama de los saqueos no es tan secreta como pretende establecer Grondona con 1 testigo anónimo y 9 comerciantes "saqueados".
Según la
consultora Equis, Argentina se encuentra entre los 15 países que tienen la peor
distribución de la riqueza. El 20% de la población más rica, que en 1974 ganaba
7,8 veces más que el 20% más pobre, ahora percibe 14,6 veces más. Los índices de
pobreza e indigencia aumentaron abarcando a vastos sectores de la población (1).
Según el INDEC antes que estallara la crisis el 35,4% de la población del Gran Buenos Aires se encontraba por debajo de la línea de la pobreza (4.295.000 personas) y el 12,2% por debajo de la línea de la indigencia (1.480.000 personas). La población en situación de indigencia en la zona metropolitana paso de un 7,7% (940.000 personas) en octubre de 2000 a un 12,2% (1.5 millones de personas) en octubre de 2001, lo que implica un aumento de casi el 60% en un año.
La desocupación alcanzaba un índice del 18,3% y el subempleo el 16,3% (2). Según los datos del Ministerio de Trabajo el 41,1% de los asalariados (3.744.497 personas) trabajaba en la clandestinidad, fuera del sistema de seguridad social (3).
Grondona y los medios de comunicación centran el foco de atención en el “temor” de los comerciantes ante la posibilidad de nuevos saqueos. La ONG IPS (4) estimó en 200 los comercios saqueados el 19 de diciembre de 2001.
Se estima que durante octubre del 2002 como consecuencia del sistema económico imperante, cerraron aproximadamente 3000 pequeños comercios en todo el país, unos 100 por día. Un comerciante saqueado dijo frente a las cámaras de Grondona que “se había recuperado”, pero que “esta vez iba a estar armado y disparar si le levantaban la persiana”. Entre enero y setiembre del 2002 se estima en 15.000 el promedio mensual de pequeños comercios que tuvieron que bajar sus persianas a causa del sistema económico imperante (5). Más de 400 comercios cerrados silenciosamente por día, sin la espectacularidad mediática de los saqueos, cierres que se suman a los millones de excluídos que se pretenden silenciar.
Evidentemente
los
punteros políticos pueden desplegarse e inducir saqueos sólo con la complacencia
de la policía, los medios masivos y el poder político. La policía reprime y
asesina con la cobertura del poder político, judicial y mediático. Las
consecuencias nefastas del sistema económico imperante son miles de veces más
destructivas y "violentas" que los saqueos de diciembre.
Las víctimas
Además de las tragedias y el drama personal de los cientos de comerciantes afectados por los saqueos, 35 personas fueron asesinadas, en su gran mayoría por las fuerzas del Estado, durante las movilizaciones y saqueos que tumbaron el gobierno encabezado por Domingo Cavallo y Fernando de La Rua. A diferencia del ciudadano que se había “recuperado” y que ahora iba a “tirar a matar”, ninguno de los asesinados en diciembre del 2001 va a poder ser recuperado por sus familiares.
Cientos de
familias viven el drama de tener familiares heridos por las fuerzas de represión
-por los “fantasmas” de Duhalde- durante los hechos de diciembre, muchos no se
van a poder recuperar. En las tribunas de Grondona no estaba sentado ninguno de
ellos.
Todas las tribunas de los estadios del país no alcanzan para dar cabida a los millones de desocupados, pobres e indigentes que han perdido todo y no tienen nada. Los niños desnutridos podrían llenar casi 5 estadios del Boca de Mauricio Macri -no tendrían cabida en el estudio de canal 9-, que por un lado organiza partidos "contra el hambre" a beneficio y por otro le baja el salario a sus empleados ; los despide; no paga al Estado ciento de millones de dólares de canon y califica a los cartoneros como delincuentes (6)prometiendo sacarlos de las calles para que se mueran de hambre fuera de la vista de los ciudadanos de bien y no entorpezcan lo que el califica como el "negocio millonario de la basura".
Todas las tribunas de los estadios del país no alcanzan para dar cabida a los millones de desocupados, pobres e indigentes que han perdido todo y no tienen nada. Los niños desnutridos podrían llenar casi 5 estadios del Boca de Mauricio Macri -no tendrían cabida en el estudio de canal 9-, que por un lado organiza partidos "contra el hambre" a beneficio y por otro le baja el salario a sus empleados ; los despide; no paga al Estado ciento de millones de dólares de canon y califica a los cartoneros como delincuentes (6)prometiendo sacarlos de las calles para que se mueran de hambre fuera de la vista de los ciudadanos de bien y no entorpezcan lo que el califica como el "negocio millonario de la basura".
¿De qué
"violencia" hablan desde el gobierno?
Se repite con algunos matices diferentes la estrategia médiatica del 26 de junio, dónde se anunciaba que no se iba a permitir los cortes de rutas y se hablaba de "violencia" y "delitos". Estrategia que condujo a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La nueva estrategia desplegada por el gobierno y con la complicidad de los medios, consiste en hacer llamamientos en contra de la “violencia”. "Violencia" que es presentada en forma genérica y difusa, siendo que el 19 y 20 de diciembre y el 26 de junio la violencia fue practicada en forma concreta por las fuerzas del estado en contra del pueblo que se manifestaba.
El "progresista" Juan José Álvarez nos da pistas a través de sus informantes que en el diario La Nación del 6-12 dijeron que parte del operativo para el 20 se vio el martes (refiriéndose a la marcha por los 5 meses del asesinato de Kosteki y Santillán), operativo que consideró criminales a los trabajadores desocupados que se manifestaban y se pretendió que fueran cacheados. Juan José Álvarez es el mismo que el 26 de junio declaró: "que el personal policial que actuó con su uniforme y equipo antidisturbios, no estaba equipado con balas de plomo"(7).
El gobernador Solá, una de las supuestas palomas entre los halcones del gabinete de Duhalde, sin ningún tipo de precisión y seriedad dijo que : "Tenemos algún run-run (sic) de acciones más perversas, ¿no?, que son acciones que tengan que ver con lo político interno, (pero) hasta que no sepamos bien qué es, no lo vamos a decir, y si sabemos, lo vamos a anticipar".
Solá, para ensuciar aún más las cosas tildó, sin presentar ninguna prueba concreta, de violentos a las organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón: "no estamos hablando de los movimientos piqueteros tradicionales, sino de los grupos más radicalizados como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)".Según se consignó, el MTD tendría "problemas internos y gente que se corta sola y puede provocar desmanes".
Solá pretende dejar en el olvido que uno de los grupos más violentos son las fuerzas de seguridad que él comanda. Quedó demostrado abrumadoramente con pruebas irrefutables que su policía, asesinó a trabajadores desocupados del MTD el 26 de junio, apaleó a mujeres y niños , hirió a 90 personas -muchas por balas de plomo-, y sólo dos de sus policías asesinos resultaron heridos sin ningún tipo de gravedad. Además sus fuerzas de seguridad disfrazadas de civil, incendiaron colectivos y rompieron vidrieras para culpar a los trabajadores desocupados. Por supuesto de esta violencia demostrada mediante pruebas al gobernador Solá no le conviene hablar .
Solá, es el mismo que se comunicó con Duhalde diciendo que la policía se había defendido "de un ataque organizado" (8) o después cambió su discurso diciendo que: "se trató de una venganza personal de un grupo de policías"(9). Solá pretendía ignorar la gran cantidad de pruebas periodísticas que lo contradecían su burda explicación y que mostraban por ejemplo que prefectura también había disparado (se sospecha que asesinaron a Kosteki), que policías de civil incendiaron por lo menos un colectivo, hicieron detenciones y que además fueron fotografiados disparando balas de plomo sobre los trabajadores. Todas pruebas que abrumadoramente hablan de una represión planeada y ejecutada en forma sistemática, y no el resultado del accionar de un comisario "loco".
Se repite con algunos matices diferentes la estrategia médiatica del 26 de junio, dónde se anunciaba que no se iba a permitir los cortes de rutas y se hablaba de "violencia" y "delitos". Estrategia que condujo a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La nueva estrategia desplegada por el gobierno y con la complicidad de los medios, consiste en hacer llamamientos en contra de la “violencia”. "Violencia" que es presentada en forma genérica y difusa, siendo que el 19 y 20 de diciembre y el 26 de junio la violencia fue practicada en forma concreta por las fuerzas del estado en contra del pueblo que se manifestaba.
El "progresista" Juan José Álvarez nos da pistas a través de sus informantes que en el diario La Nación del 6-12 dijeron que parte del operativo para el 20 se vio el martes (refiriéndose a la marcha por los 5 meses del asesinato de Kosteki y Santillán), operativo que consideró criminales a los trabajadores desocupados que se manifestaban y se pretendió que fueran cacheados. Juan José Álvarez es el mismo que el 26 de junio declaró: "que el personal policial que actuó con su uniforme y equipo antidisturbios, no estaba equipado con balas de plomo"(7).
El gobernador Solá, una de las supuestas palomas entre los halcones del gabinete de Duhalde, sin ningún tipo de precisión y seriedad dijo que : "Tenemos algún run-run (sic) de acciones más perversas, ¿no?, que son acciones que tengan que ver con lo político interno, (pero) hasta que no sepamos bien qué es, no lo vamos a decir, y si sabemos, lo vamos a anticipar".
Solá, para ensuciar aún más las cosas tildó, sin presentar ninguna prueba concreta, de violentos a las organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón: "no estamos hablando de los movimientos piqueteros tradicionales, sino de los grupos más radicalizados como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)".Según se consignó, el MTD tendría "problemas internos y gente que se corta sola y puede provocar desmanes".
Solá pretende dejar en el olvido que uno de los grupos más violentos son las fuerzas de seguridad que él comanda. Quedó demostrado abrumadoramente con pruebas irrefutables que su policía, asesinó a trabajadores desocupados del MTD el 26 de junio, apaleó a mujeres y niños , hirió a 90 personas -muchas por balas de plomo-, y sólo dos de sus policías asesinos resultaron heridos sin ningún tipo de gravedad. Además sus fuerzas de seguridad disfrazadas de civil, incendiaron colectivos y rompieron vidrieras para culpar a los trabajadores desocupados. Por supuesto de esta violencia demostrada mediante pruebas al gobernador Solá no le conviene hablar .
Solá, es el mismo que se comunicó con Duhalde diciendo que la policía se había defendido "de un ataque organizado" (8) o después cambió su discurso diciendo que: "se trató de una venganza personal de un grupo de policías"(9). Solá pretendía ignorar la gran cantidad de pruebas periodísticas que lo contradecían su burda explicación y que mostraban por ejemplo que prefectura también había disparado (se sospecha que asesinaron a Kosteki), que policías de civil incendiaron por lo menos un colectivo, hicieron detenciones y que además fueron fotografiados disparando balas de plomo sobre los trabajadores. Todas pruebas que abrumadoramente hablan de una represión planeada y ejecutada en forma sistemática, y no el resultado del accionar de un comisario "loco".
Las declaraciones de Duhalde y los demás, son claramente una señal de amenaza para amedrentar a quienes pretendan participar de las manifestaciones conmemorativas de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre. Los "fantasmas" que amenazan y asesinan a los trabajadores y desocupados, son individuos de carne y hueso, que actúan en el marco de las fuerzas de seguridad. La violencia de la que tanto hablan es practicada abrumadoramente por las fuerzas de seguridad del estado; la otra violencia, la de la marginación y la pobreza es consecuencia del sistema económico que él pretende perpetuar mediante el miedo y la represión.
Notas
(1) "Estudio Distribución del Ingreso y brecha entre ricos y pobres. Participación en el PBI y disponibilidad de ingreso anual y diario para la población total desagregados por decil de hogares. Comparación con países seleccionados según datos PNUD/ONU y entre provincias. Evolución de los últimos 25 años", Equipos de Investigación Social, Equis, noviembre de 2001
(2) Medición del INDEC, octubre de 2001. En algunas localidades, tales como Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, se registraron tasas de desempleo superiores al 20 %
(3) Publicados en el diario Clarín el 14-07-01.
(4) IPS es una organización no gubernamental, estructurada como Asociación Internacional de Periodistas sin fines de lucro. En las Naciones Unidas, tiene status consultivo Categoría I como ONG
(5) Publicado por Diario El Mundo de España, suplemento económico el 04-11-02
La historia del Estado
represor durante más de una deKada.
♣
AntiRrepresivo: Editorial - Agosto 2004
26 de agosto de 2004
1.- Blumberg y su cruzada
El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.
Desde su
primera aparición pública CORREPI caracterizó al “líder involuntario” como un
integrante -y ahora vocero- de los sectores más reaccionarios para
promover una
fuerte corriente de opinión favorable al endurecimiento del sistema penal y a la
ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad. Estuvimos solos en aquel
momento, ya que incluso importantes organizaciones populares anunciaron que
acompañaban “con sus propias consignas” la marcha en la Plaza Lavalle, lo que no
modificaba la naturaleza antipopular del acto, ni el contenido del famoso
petitorio, conocido por menos de la mitad de quienes lo firmaron. [1]El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.
El tiempo confirmó nuestra posición. Fue necesario que Blumberg dijera lo que dijo de Sebastián Bordón y que designara a un conocido fascista como su abogado para que esos apoyos desaparecieran.
Desde su instalación como figura pública, Juan Carlos Blumberg, especie de Mirta Pérez ilustrada [2], fue objeto de una suerte de tironeo entre esos sectores que lo rodearon desde un principio y el propio gobierno nacional, que es mucho más prolijo a la hora de exponer su política represiva. El hombre era el personaje ideal para promover y propagandizar una corriente de opinión pública favorable a una serie de proyectos que desde hacía mucho tiempo dormían en despachos oficiales, algunos desde hacía varias administraciones. Inviable sin consenso, finalmente vieron la luz integrando el Plan Nacional de Seguridad [3].
Hasta el presente sólo se han implementado o comenzado a implementar las medidas del Plan y las reformas legislativas que más claramente señalan su carácter represivo, casualmente aquéllas que poco o nada tienen que ver con la supuesta prevención de delitos como el padecido por la familia Blumberg, sino que fortalecen el aparato represivo del estado a la vez que satisfacen viejas exigencias de la política continental del imperio, contenidas en los viejos proyectos de Ley Antiterrorista.
Blumberg, mientras tanto, fue recibido por el Presidente Kirschner. La prensa informó, sin que el gobierno lo desmintiera, su compromiso a realizar gestiones ante empresas privadas para financiar la Fundación Axel.2.- El debate en el estado - cómo reprimir con consenso y sin costo político
Es de conocimiento público que tanto el empresario como su videlista abogado han viajado a Estados Unidos, donde se entrevistaron con funcionarios políticos y policiales para gestar convenios de “perfeccionamiento y capacitación” de las fuerzas de seguridad con la policía yanqui, y luego a Europa, donde la visita al Papa fue foto de tapa de los diarios argentinos. [4]
En el marco de nuestra democracia formal, nunca ha sido materia de debate entre los distintos sectores del poder si se reprime o no, sino cómo se ejercen esos necesarios mecanismos de control social y disciplinamiento. Aquella división entre “manoduristas” y “garantistas” refleja en realidad la diferencia entre quienes sinceran sus ansias represivas y apuestan al apoyo histórico que el autoritarismo tiene en algunos sectores sociales argentinos, y los que prefieren buscar el consenso de quienes tienen tanto horror al desorden como al terrorismo de estado.
Son mucho más aparentes que reales las infladas controversias sobre las políticas represivas del estado que pueden esquematizarse entre el discurso del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un verdadero debate de ideas acerca del rol del estado, sino de una discusión acerca de su aparato represivo: cómo se puede reprimir más y mejor, con el menor costo político. Ese es el nudo de la cuestión.
Los distintos intereses económicos representados en las variantes políticas que ejercen el poder marcan el ritmo del maniqueo debate. Los voceros de las empresas privatizadas y de los inversionistas extranjeros permanentemente agitan con la necesidad de “seguridad jurídica”, y reclaman palo y a la bolsa ya. Se publican artículos en diarios del exterior, como El País de Madrid, alertando sobre la desconfianza que el problema piquetero produce en potenciales inversores, y hasta don Roger Noriega se preocupa públicamente por la seguridad del emporio McDonald.
Raúl Alfonsín reclama reprimir “la violencia del palo”, y el ministro de economía Lavagna y el de seguridad bonaerense, León Arslanián salen en su apoyo, de manera más o menos explícita.En la entrevista queda clara la esencia de la discrepancia. Dice Béliz: “…en el caso en el que se produzca una actividad delictiva para cuyo cese se corra algún tipo de riesgo de agravar la situación, se consulta a un juez y a un fiscal para que dispongan qué hacer”. Y responde Arslanián: “Hay que diferenciar muy bien dos tipos de situaciones, la de flagrancia y la del hecho consumado. En la flagrancia debemos actuar autónomamente. A partir del momento en el que toma intervención un juez, la fuerza pierde capacidad de acción autónoma y depende de la directiva judicial. Nosotros decimos que si intentan tomar una comisaría tenemos el derecho, la facultad legal y la obligación de usar la fuerza, aunque es un recurso extremo.”
Del otro lado del escenario, los Fernández y Gustavo Béliz cumplen su tarea de ser “la voz de la cordura”, defendiendo una y otra vez la decisión del gobierno nacional de no reprimir con la fuerza. En una jugada magistral para desprenderse del costo político de la necesaria represión, le pasan la pelota al poder judicial, lo que implica la judicialización del conflicto.
El permanente repiqueteo belicista (de Béliz) instando a los jueces “a actuar con el código penal en la mano” responde a la lógica de no querer cargar con el costo político de la represión. Todos la quieren usar, pero ninguno sabe cómo hacerlo sin perder consenso. De allí que aunque en apariencia haya dos discursos, como intenta presentarlo el Diario La Nación en su edición del domingo 11 de julio de 2004, prosperan las iniciativas de articulación de fuerzas federales y provinciales como los proyectos “Policía de Buenos Aires II” y la “Fuerza Federal de Paz”.
Pero a renglón seguido, aclara Béliz: “El uso de la fuerza en términos racionales, proporcionales y directamente encaminados a hacer cesar una situación en que se pueda violar la ley, el Estado la tiene como monopolio y no está en tela de discusión. Lo que hay que medir es que la reacción en un determinado tipo de manifestación no genere una situación de violencia mayor.”
O sea, “no vamos a hacer un Puente de Corrientes, un 20 de diciembre o un 26 de junio porque sabemos que se generaría una reacción antirrepresiva y nos pasaría como a De La Rua y a Duhalde, y nosotros hemos aprendido esa lección. Sin consenso no reprimimos”.
A dos años de transcurrida la última masacre, y pese al éxito parcial de la política de deslegitimación y de cooptación de los movimientos populares encarada por el gobierno, debe haber sido para ellos un trago duro de pasar la multitudinaria marcha del 26 de junio.Es esa búsqueda de consenso lo que marca la política del gobierno nacional. Para obtenerlo no desperdicia la oportunidad de agitar con éxito el supuesto discurso contrario. Es así que algunos –muchos- creen que es mejor apoyar este gobierno “un poquito popular” antes que correr el riesgo de que se fortalezcan los López Murphy, Macri y otros ejemplares de Jurassic Park como el marido de la locutora chilena.
3.- La bronca popular
Paralelamente, todo sirve para instalar la idea de que “así no se puede seguir”. Como uno de los objetivos es lograr consenso para reprimir a los movimientos piqueteros no transversales, todo lo que ocurre se les endilga, sea o no fruto de su movilización.
Los vecinos de Tres Arroyos apedrean una comisaría, y el fiscal dictamina que, como la mayoría eran pibes de 15 o 16 años, eso prueba que alguien los manipuló, cuando no hace falta explicarle a un adolescente pobre que la policía es su enemigo.
Los familiares de víctimas de gatillo fácil impiden la inauguración de una comisaría en Villa Tesei, y a la semana llenan de huevos y pintadas otra, y los diarios titulan “piqueteros atacan comisaría”. De la policía de gatillo fácil, de la auténtica bronca popular, no se dice nada.
Un diputado provincial kirschnerista toma una comisaría federal porque uno de sus militantes fue asesinado, y el hecho se discute en los medios como si “los piqueteros” hubieran instalado una nueva modalidad de lucha: tomar comisarías. Las autoridades provinciales anuncian sanciones y exoneración para el comisario “que se deje tomar una comisaría”. El mensaje es claro: o disparan, o los echamos.
La prensa, como en el caso Blumberg, cumple un rol funcional a la creación de consenso tanto al apoyar al padre dolorido que quiere justicia como para denostar a quienes no concuerdan ni con las exigencias de la derecha más recalcitrante ni con las soluciones lavadas del gobierno. Por un lado, mantienen la agitación de la “inseguridad”. Por otro, reeditan escenas setentistas contra la “violencia” piquetera, a la que no sólo La Nación o Radio 10 han comparado con organizaciones armadas.No sólo siguen vigentes herramientas como la averiguación de antecedentes y las contravenciones, sino que se avanza sin cesar hacia más facultades para reprimir, como ocurre en estos días en la ciudad de Buenos Aires con la sanción del nuevo Código Contravencional. En la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de la Ciudad, que denunciamos como una farsa y cuyas conclusiones fueron totalmente omitidas en el debate legislativo, fue ampliamente mayoritaria la postura contraria al sistema contravencional, pese a lo cual insisten medios y funcionarios en que “los vecinos” sostienen el código.
Finalmente, se silencia la otra cara de la represión del estado, la que no ataca organizaciones sino indiscriminadamente individuos: los más débiles y vulnerables. El gatillo fácil, la aplicación sistemática de la tortura y las detenciones arbitrarias no sólo no han decrecido, sino que los índices aumentan en todo el país. En distintas provincias, como Santa Fe, se relegitiman las facultades policiales para detener a cualquiera sin motivo, y se incumple la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó al estado argentino revisar y modificar su legislación interna en materia de detenciones arbitrarias.
La oposición a la reforma represiva del código es presentada por los medios como exaltada y revoltosa minoría de inadaptados; minoritaria turba, ruidosa y soez, integrada por piqueteros, prostitutas, travestis y vendedores ilegales, de comportamiento irascible y procaz [5], eficaz modo de relegar el debate sobre el sistema de faltas y contravenciones a esos sectores marginados, a quienes sin dudas afecta primordialmente, porque son parte del segmento social que debe ser disciplinado y del que forma parte la enorme y empobrecida mayoría del pueblo argentino, esa que todavía busca su destino. NOTAS: (…) Fuente: http://correpi.lahaine.org/?p=491
♣
Marcha por Julio López: "8 años de impunidad y
encubrimiento"
19
de septiembre de 2014
Por
Indymedia Derechos Humanos
Este 18 de
septiembre se cumplieron 8 años -2922 días- de la segunda desaparición de Jorge
Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio al
represor Miguel Etchecolatz. En distintos puntos del país se realizaron
actividades denunciando la
persistencia de la impunidad y el encubrimiento. En Ciudad de Buenos Aires,
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia movilizó desde el Congreso de la Nación a
Plaza de Mayo, en una marcha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo Cristina
Cabib, Elia Espen y Mirta Baravalle, junto a numerosas organizaciones sociales,
políticas y sindicales. En el documento, que compartimos a continuación, se
señaló una vez más “la inacción de la causa judicial que debiera investigar la
desaparición de Julio López y la
inacción de los gobiernos Nacional y Provincial
que decidieron no investigar el entorno del genocida Etchecolatz ni a las mafias
de la Policía Bonaerense para asegurarse su gobernabilidad”.
Fotos: Indymedia Derechos
Humanos.
Documento a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Estamos en
esta Plaza, enfrentando el silencio y la negación oficial, para denunciar que
Julio López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue
secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el
Juicio a Etchecolatz .
Estamos hoy aquí, en la
lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su
aparición con vida.
El 18 de
septiembre de 2006 Julio López,
que después de muchos años de silencio puso en palabras el horror vivido en los
campos de concentración de la dictadura, para cumplir su compromiso con quienes
fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la que se
daría la sentencia de prisión perpetua al genocida Etchecolatz.
La respuesta
de nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos
a las calles reclamando su aparición con vida YA!
La respuesta
del poder también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios
Arslanián y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que
reclamamos por Julio
que su preocupación era
la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de 8 años, es
indiscutible que esa ha sido la principal preocupación de todos los poderes del
Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni
detenidos.
Por eso
denunciamos que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y
provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por
lo tanto renunciaron también a detener, juzgar y condenar a los responsables de
su secuestro.
La Policía de la Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún gobierno constitucional los separó ni investigó.
El gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer
momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que
buscaban a Julio como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los
últimos años nos dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no
dicen quién lo secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó.
Nunca quisieron investigar y ahora, después de 8 años de inacción y de
impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran
“ciudadano ilustre” pretendiendo naturalizar su desaparición y disimular la
impunidad de los autores políticos y materiales de su secuestro.
En todos
estos años, aunque el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en
la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por única
respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio López
no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la
desaparición como práctica
genocida, poniendo en jaque al
llamado Nunca Más.. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la
impunidad sólo genera más impunidad.
La
persistencia de la impunidad es la que permite que López esté desaparecido.
La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos
del secuestro.. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida,
como señalamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y
provincial.
El Estado,
con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló
una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras.
Por eso
decimos que
el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y
complicidad por parte de los
organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial:
la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal.
Nunca se
investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al
día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones
que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes,
familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los
secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato
de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y
desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los
abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran
y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.
Por eso
decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de
Julio y que debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le
exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las
fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura,
promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo
de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de
genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.
Desde hace
dos años, la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra
las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio
contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las
responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no
haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a
empezar de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López.
Ante la
inacción de la Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años
fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las
que aportamos novedades a la causa.
El año
pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una campaña nacional de
presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados
automáticamente, poniendo en evidencia que no es preocupación de esta justicia
terminar con la impunidad. En Puerto Pirámides el juez Ricardo Sastre contestó
al habeas corpus , diciendo que “el señor Jorge Julio López NUNCA estuvo
detenido en ninguna repartición de las fuerzas de seguridad”, negando de este
modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio López. Este año llevamos el caso
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se
pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento,
se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame
la atención al Estado por el encubrimiento de este crimen.
Hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.
BASTA DE
SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Por eso
exigimos al gobierno:
Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y
castigo a los responsables
Compañeros y
compañeras:
La impunidad
y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan
directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la
represión actual a las luchas obreras y populares.
La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Policía Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el día de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
La política
represiva se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al
gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de
César Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de
Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera
y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes,
tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para
congraciarse con el capital financiero internacional.
Eso se
expresó en la brutal represión que sufrieron los obreros que salieron a defender
sus puestos de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg.
Los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron
presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de agosto.
El país
entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y
militantes, las provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear.
La expulsión del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano,
infiltrado en las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo
las órdenes de Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.
En los
últimos años el presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de
Milani- prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo
con el cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación
durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un
operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad
interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se
constituyen en una amenaza cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan
por sus derechos.
El desalojo
con métodos nazis del barrio Papa Francisco, mostró, como ocurrió con el
Indoamericano, la complementariedad de las políticas represivas del gobierno
nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron a
los más humildes mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.
Las
declaraciones fascistas y xenófobas de Berni tienen como objetivo dividir al
pueblo y conseguir piedra libre para sacar de las calles a los que enfrentan la
política del ajuste.
Mientras
Macri mantiene su propio aparato de espionaje, la justicia de la ciudad lleva a
juicio a los dirigentes barriales Diosnel Pérez y Luciano “Tano “ Nardelli, por
el único delito de ser solidarios.
La
Metropolitana reprime con balas de plomo –como lo hemos comprobado en el
Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en
Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con Cristina Fernández, donde
se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y
pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas vigilias y marchas contra el
monopolio envenenador Monsanto.
En estos 11
años de gobierno kirchnerista , suman 22 los compañeros asesinados a raíz de la
protesta social.
La política
de “mano dura” , en cuya aplicación coinciden el gobierno nacional, Scioli,
Massa y otros sectores del oficialismo y la oposición tiene como objetivo
profundizar la criminalización de la pobreza y no sólo no resolverá los
problemas de inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el
gatillo fácil y la corrupción policial. La militarización de los barrios y la
creación de policías comunales no ha hecho más que agravar la situación de los
miles de habitantes de los barrios más humildes.
Actualmente
son más de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista
promueve la sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por
Cristina Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.
El proyecto
de ley contra la criminalización de la protesta, promovido por el Encuentro
Memoria Verdad y Justicia y presentado a la Cámara de Diputados con la firma de
más de 20 legisladores, permanece ignorado por el oficialismo y por la mayoría
de la supuesta oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti de
canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía
fraudulenta.
Reclamamos
el cierre de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los
presos políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl
“Boli” Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los
cinco compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del
año pasado.
Desde este
acto, exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras,
condenados a prisión perpetua al término de un juicio infame.
Las
denuncias del fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de
dirigentes políticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados
de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la
gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la
protesta social.
La
militarización de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el
accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de
Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza
y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que
finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional
utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de
frenar el surgimiento de cientos de jóvenes dirigentes que se organizan
democráticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones
aliados con la burocracia sindical.
Como castigo
por su participación en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad
con los jerarcas de la Unión Ferroviaria, impulsa el desafuero de los delegados
de la línea Sarmiento y sanciones a los activistas del Mitre.
La presencia
de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados
de la izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián
Domínguez- confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno
nacional. Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas
provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra
variante de represión política.
Por eso
decimos: basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporación ya de todos
los despedidos.
Basta de
represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas
contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni.
Hoy, el
gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco
Nacional de Datos Genéticos para ponerlo al servicio de un negociado con los
laboratorios privados de la medicina genómica.
Este Banco fue clave en la identificación de la mayoría de los 115 nietos
recuperados.
Por otra
parte, al limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad
anteriores al 10 de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas
que buscan su identidad y los más de 200 casos de desapariciones posteriores al
83, como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en río Negro y, por supuesto,
Julio López.
Por eso
decimos: No a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso
universal al derecho a la identidad!!!!
En defensa
de la memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detención
en lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que
allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños, para lograr imponer en nuestro
país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.
El gobierno
nacional se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires,
después de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del
Instituto Espacio para la Memoria. Y ahora el Secretario de Derechos Humanos,
Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el
encargado de la custodia de los Ex Centros Clandestinos de Detención de la
Ciudad de Buenos Aires.
Durante años
participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de
estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos, por la
construcción de proyectos de memoria que recuperen las historias de vida de
nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos
humanos de ayer y de hoy.
Estos hechos
no hacen más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la
dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas
represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la
mano del genocida Milani.
Compañeros y
compañeros:
El
testimonio de Julio no sólo sirvió para que Etchecolatz fuera condenado por
genocida, sino que es parte de la construcción de una memoria y una historia
que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las
luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros
detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia,
sin represión.
En este 18
de septiembre reafirmamos:
No olvidamos
a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza
exigiendo justicia por su desaparición.
No olvidamos
el compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro
compromiso con los que luchan hoy.
No olvidamos
que el proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que
quería construir un país sin opresión y sin explotación.
No
perdonamos a los genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de
impunidad y que están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.
No nos
reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de
hoy.
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