Comprobemos cómo la
concreta perfeccionando la de siglos. Esto nos exige otra lógica de análisis de
la situación implícita que
la inducida por el
sistema.
Deconstruyamos e
historiemos lo que los poderes denominan «crisis inmigratoria». Tengamos en
cuenta que:
"Todas las inmigraciones contemporáneas, ya sean 'políticas'
o 'económicas', son el resultado de las relaciones
estructuralmente desiguales entre el centro dominante y la periferia dominada.
El desarrollo o la riqueza de unos supone al mismo tiempo el desarrollo deficiente o la pobreza de otros. Hay que tener en cuenta
estos contextos históricos, económicos y políticos para situarse en el debate
actual sobre la consigna de “libertad de circulación y de instalación”. Conviene precisar de entrada
que en África la emigración de masas no es ni una aspiración ni una
reivindicación. En este continente, como en otras partes, el ideal sigue siendo
“vivir y trabajar en el país”. Esta emigración es un
fenómeno espontáneo (el discurso sobre los traficantes de personas oculta que la
oferta de paso solo existe
porque hay demanda) que solo se produce bajo el impulso de una necesidad de
supervivencia (económica o de guerra). Por consiguiente, la
solución definitiva nunca será la libre circulación y la libre instalación a
menos que se acepte el orden neocolonial que vincula a los países de emigración
y los de inmigración. No
obstante, poner esto de relieve no autoriza a rechazar la libre circulación y la
libre instalación mientras nuestras economías se sigan construyendo sobre la
ruina de los países de origen".
La obra negativa
del colonialismo francés y europeo en África
La política
migratoria, una realpolitik mortífera
12 de noviembre de 2018
Por
Said Bouamama
Bouamamas (Blog)
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El escenario de una embarcación repleta
de seres humanos a la deriva por el Mediterráneo durante muchos días antes de
poder atracar en un puerto europeo tiende a ser recurrente. La cobertura mediática y
política de estos dramas humanos también se lleva a cabo con los mismos
argumentos: “crisis migratoria”, “efecto llamada”, “afluencia masiva”, etc. El
objetivo de estas “fórmulas lingüísticas”, por retomar el lenguaje de la
neolengua liberal, es justificar unas llamadas políticas migratorias “realistas”
o que unen “firmeza y humanidad”. También esrecurrente lo que no se dice en los
discursos mediáticos y políticos dominantes o sus silencios: silencio sobre las
causas socioeconómicas de estas migraciones (neocolonialismo, guerras e
intervenciones militares occidentales, etc.), mutismo sobre las necesidades
demográficas europeas y sus consecuencias en términos de necesidad de mano de
obra en las próximas décadas, ocultación de los efectos de la precarización de
las personas recién llegadas al mercado laboral. El consenso que se ha
tratado de construir así contra “la invasión” no es, de hecho, sino una
herramienta de la desregulación
generalizada liberal.
La emigración-inmigración como “hija directa de la colonización”
(1)Las primeras trazas de una inmigración africana a Francia son antiguas. Desde la época de la esclavitud algunos propietarios llevan consigo a algunos de sus esclavos durante su estancia en el Hexágono o al instalarse ahí. Se considera que estos ancestros de los trabajadores inmigrados destinados a servir como criados son lo suficientemente numerosos como para que el rey promulgue el 7 de agosto de 1777 una “Declaración para la reglamentación de los negros”, la cual estipula:
“Se
nos ha informado hoy que la cantidad de negros se ha multiplicado tanto ahí [en
Francia] debido a la facilidad de comunicación de América con Francia, que a
diario se quita a las colonias esta porción de hombres más necesaria para el
cultivo de la tierra, al mismo tiempo que su estancia en las ciudades de nuestro
reino, sobre todo en la capital, provoca ahí los mayores desórdenes; y cuando vuelven a las colonias llevan
allí el espíritu de independencia y de indocilidad, y se vuelven allí más
perjudiciales que útiles.Por consiguiente, nos ha parecido sabio atender las
peticiones de los habitantes de nuestras colonias prohibiendo la entrada a
nuestro reino de todos los negros. No obstante, no deseamos privar a aquellos dedichos habitantes cuyos
negocios llaman a Francia de la ayuda de un criado negro para servirles durante la travesía
a condición, sin embargo, de que dichos domésticos solo podrán salir de puerto
en el que hayan desembarcado para volver a la colonia de la que fueron traídos” (2).
Con la
colonización y el desarrollo de los intercambios entre Francia y sus colonias el
trabajo en la marina toma el relevo de los empleos domésticos. “Históricamente
el considerable auge del tráfico marítimo entre África Occidental y Europa es lo
que hace necesario contratar a trabajadores africanos, lo que fue el origen de
la emigración soninke a Francia” (3), resume
la economista Flore Gubert. Este primer “sector” de inmigración proveniente del
África subsahariana se completa a continuación con otros que el sociólogo
Mahamet Timera data y resume así: 1) “un
sector escolar” desde principios del siglo XX del que emergerán muchos
movimientos y líderes independentistas; 2) un “sector militar” constituido desde
la Primera Guerra Mundial por la minoría de indígenas que se queda en territorio
francés para trabajar; 3) un “sector de trabajo” después de la Primera Guerra
Mundial y, sobre todo, para las necesidades de la reconstrucción después de la
Segunda Guerra Mundial (4).La inmigración proveniente del Norte de África recubre globalmente los mismos sectores con una precocidad mayor y una dimensión cuantitativa más importante. Esta inmigración, que durante mucho tiempo fue esencialmente argelina, es el resultado de la colonización de poblamiento que caracteriza a Argelia y en particular su dimensión de expoliación de la tierra. En uno de sus libros Sayad restablece la correspondencia entre ambas historias (la de la desposesión de la tierra y la de la emigración-inmigración) (5). En el plano cuantitativo el economista Larbi Talha recuerda que “el ritmo de las expropiaciones alcanzó su summum durante el periodo 1871-1881 que siguió a la insurrección cabileña de 1871. Como castigo a las tribus sublevadas se confiscó a las poblaciones no menos de 500.000 hectáreas, la mayoría de las cuales se distribuyeron gratuitamente a 1.183 familias alsacianas inmigradas a Argelia” (6).
Por lo que se refiere a los efectos de esta desposesión, Sayad los describe de este modo: “Al atacar a las estructuras de la tierra no sólo destruyó los cimientos de la economía tradicional sino que por medio de los golpes que propinó a la vez a la tribu y a la organización tribal desintegró la base sobre la que reposaban tanto el orden social como todo el armazón de la sociedad original” (7). Desde la década de 1890 hay obreros cabileños (una región muy afectada por el “secuestro de tierras”, es decir, la confiscación tras la revuelta anticolonial de 1871) en las fábricas de jabón marsellesas y después en las minas, los puertos y las refinerías (8). Desde la víspera de la Primera Guerra Mundial la inmigración argelina ronda las 15.000 personas para pasar después a 100.000 en el periodo de entre guerras (9). A título comparativo, la inmigración originaria del África subsahariana llega a la cifra de 15.000 personas en 1956 (10).
Durante toda la época colonial la política migratoria francesa respecto a esta inmigración africana no se distingue de la establecida para otras inmigraciones. Se resume en una función de variable de ajuste para las necesidades de fuerza de trabajo. El historiador Gérard Noiriel distingue así tres grandes secuencias desde el siglo XIX:
"Cada una de ellas
corresponde a un periodo de expansión económica. La primera oleada data de finales del siglo
XIX, durante el «boom» del Segundo Imperio. La segunda oleada tuvo lugar durante la
década de 1920,a finales
de la
cual Francia
conoce la mayor tasa de inmigración del mundo, por delante de Estados Unidos.La tercera oleada corresponde a los Treinta
Gloriosos*. Estas
tres oleadas de expansión económica y deafluencia de inmigrantes fueron seguidas de unas rupturas brutales durante las crisis
económicas que les sucedieron” (11).
Si las dos
primeras secuencias fueron esencialmente europeas la siguiente se caracteriza
por un llamamiento masivo y cada vez mayor a la inmigración colonial. Aquellos a
quienes desde principios del siglo pasado se llamaba “trabajadores coloniales”
son gestionados por un ministerio específico que organiza la contratación en los
periodos de necesidad pero también la posterior repatriación colectiva a la
colonia. “Entre 1914 y 1918 más de 225.000 coloniales (12) trabajaron en suelo
francés, en particular en las fábricas de guerra” (13), señala el historiador
Laurent Dornel. Después de la guerra estos trabajadores coloniales son devueltos
a sus países respectivos y sustituidos por trabajadores polacos o italianos. “Es
la primera política de inmigración escogida” (14), comenta Gérard Noiriel. Se
organiza sobre la base de la “raza”. Este guión se reproduce de forma idéntica
en la Segunda Guerra Mundial con el mismo encierro de los trabajadores en los
campos y la misma devolución a sus países tras el armisticio:
“En
vísperas de la Segunda Guerra Mundial la III República recurre otra vez a
la contratación de trabajadores magrebíes. Basándose en
la Ley sobre la Organización General de la Nación en Tiempos de Guerra del 12 de
julio de 1938, una instrucción de mayo de 1939 ordena requisar la mano de obra colonial. […] Así, desde el mes de octubre de 1939 se
introducen cinco mil trabajadores marroquíes destinados a trabajos
agrícolas. Hasta el armisticio 14.000 marroquíes y 6.000 argelinos se ponen a disposición de las empresas que
trabajan para las necesidades de defensa nacional” (15).
Es similar el
trato que se da a los coloniales indochinos, que se cifran en 20.000 (16). La
deseada repatriación de estos trabajadores choca rápidamente con las necesidades
de mano de obra de las reconstrucciones de postguerra. El Estado y la patronal
vuelven a hacer un llamamiento a la inmigración. Así es como en el periodo entre
ambas guerras Francia se convierte en el primer país de inmigración. “En 1931,
cuando llega a Francia la onda expansiva de la Gran Crisis, hay un 7 % de
extranjeros en la población total (sin contar los 123.000 argelinos…)” (17),
resume el sociólogo Albano Cordeiro. Si entre 1922 y 1924 se introdujeron en
Francia 175.000 argelinos, quienes llegan a Francia en este periodo son sobre
todo inmigrados europeos (italianos, polacos, españoles y belgas,
esencialmente). La política migratoria que se sigue es otra vez “la inmigración
escogida”. El Estado francés firma acuerdos de mano de obra con Polonia e
Italia, y se considera indeseables a los indígenas de las colonias. Un informe
parlamentario de 1920 resume así esta política: “Recurrir a la mano de obra de
origen europeo mejor que a la mano de obra colonial o exótica debido a las
dificultades de orden social o étnico que podría provocar la presencia en suelo
francés de elementos etnográficos demasiado claramente diferentes del resto de
la población” (18).Habrá que esperar a 1945 para que la lógica de la “inmigración escogida” sobre un criterio “racial” se tambalee. Por supuesto, la magnitud de las necesidades de mano de obra para la reconstrucción es el primer factor que explica esta mutación. “Lo que provoca la demanda de mano de obra es el conjunto de las necesidades económicas de los países europeos” (19), destaca en 1947 el demógrafo Jacques Doublet. Recuerda, además, que desde marzo de 1947 un acuerdo con Italia prevé recurrir a 200.000 trabajadores italianos. La cantidad de extranjeros en Francia aumenta así un millón de personas entre 1954 y 1964, con lo que pasaron de suponer el 4,09 % de la población al 5,48 %. El segundo factor está relacionado con la preocupación de consolidar el imperio colonial. Este objetivo lleva a la vez a unas reformas (abolición del Código del Indígena, por ejemplo), a la guerra de Vietnam con el objetivo de reconquistar la colonia y, por último, a fomentar la emigración a la metrópoli dada la miseria generalizada que hace estragos en las colonias. “La Comisión de Planificación Monnet planeaba hacer venir hasta 1949, y por razones sobre todo políticas, a 90.000 trabajadores norteafricanos de los 310.000 trabajadores inmigrados que se consideraban necesarios para la reconstrucción” (20), destaca el historiador Charles-Robert Ageron.
Hasta la década de 1960 no aumenta significativamente la emigración proveniente de las antiguas colonias. Oficialmente se firman unos acuerdos con los países de origen que fijan unas cuotas de personas emigradas. En la práctica esta política de cuotas se abandona a beneficio de una lógica de “dejar hacer-dejar ir”, es decir, la regularización sobre el terreno de las personas recién llegadas. Así, los argelinos, la principal inmigración postcolonial de la época, pasan de 360.000 en 1962 a 700.000 en 1975. El ministro de Asuntos Sociales, Jean-Marcel Jeanneney, declara en marzo de 1966: “La inmigración clandestina no es inútil porque si nos atuviéramos a la estricta aplicación de los acuerdos internacionales puede que nos faltara mano de obra” (21).
La era de la “carne de patrón”: 1960 – 1974
Las independencias africanas se producen en un momento de restructuración sin precedentes de la economía francesa. Toda la política económica del Estado francés se centra en la emergencia de grandes grupos industriales franceses que puedan imponerse en la competencia europea que promueve el “Mercado Común”. La primera consecuencia de esta prioridad estatal será la imposición de unos “acuerdos de asociación” a los países del África subsahariana: imposición de una política monetaria dependiente del franco por medio del franco CFA (22); prioridad francesa para la explotación y compra de los llamados minerales “estratégicos” por medio de los acuerdos de defensa (23); orientación neocolonial de las políticas de desarrollo hacia especializaciones agrícolas y mineras según las necesidades de la economía francesa (24), etc. El resultado será la falta de desarrollo o un desarrollo deficiente o, incluso, un desarrollo extravertido de los Estados africanos independientes que produce progresivamente el aumento de un “ejército de reserva” de parados, una de cuyas consecuencias será la emigración en primer lugar a otros países africanos y después, a partir de la década de 1990, hacia Europa. La necesidad de mano de obra que tiene la economía francesa en vías de centralización y de monopolización no se satisfará con la mano de obra subsahariana. Los reclutadores se dirigen a los países del Norte de África.
En efecto, la segunda consecuencia de la política estatal de ayuda a la emergencia de multinacionales francesas será garantizar la contratación de la mano de obra que estas necesitan. Así es como el Director de Población y de Migración Michel Massenet resume esta necesidad de mano de obra en febrero de 1962:
“Sólo
se podrá soportar la competencia
en el Mercado Común si nuestro país dispone de una reserva de mano de obra que
le permita frenar la inflación salarial, cuya posible magnitud marcó el año 1961 […] Una aportación de trabajadores jóvenes no
cristalizados por la vinculación a un oficio que ejercen desde hace mucho tiempo o por el encanto
sentimental de una residencia tradicional aumenta la movilidad de una economía
que padece unas «rigideces» con las que choca en todos los dominios
pero, sobre todo, en materia de contratación de mano de obra” (25).
Estas palabras
tienen el mérito de la claridad. Lo esencial en la búsqueda de respuestas no es
el aspecto cuantitativo, sino el “cualitativo”. El proyecto consiste ni más ni
menos que en jerarquizar aún más el mercado laboral instaurando un estrato de
trabajadores más “móviles”, que no provocan “inflación”, es decir, “menos
pagados” y que carecen del “encanto sentimental
de una residencia”.
El proyecto consiste en la constitución de
una mano de obra que tenga unos derechos y un estatuto de excepción. A ese
precio es al que se realizó la “modernización” de los Treinta Gloriosos sin
tocar significativamente los logros sociales de la clase obrera francesa. Las
palabras antes citadas proviene de un artículo con un título evocador: “El
aporte de la mano de obra argelina al desarrollo económico francés”. Data de
antes de la independencia argelina, pero la colonización dejó la economía tan
devastada que la independencia no cambiará nada en ese dominio.Así, se firmarán acuerdos bilaterales con cada uno de los tres países del Norte de África para garantizar este aprovisionamiento de proletarios de segunda categoría. De este modo se pasa de 470.000 argelinos en 1968 a 711.000 en 1974, de 90.000 marroquíes a 260.000 y de 60.000 tunecinos a 140.000 (26). Los norteafricanos no son los únicos destinados a esta condición de “subproletariado”. En 1968 la cantidad de italianos (590.000) y de españoles (620.000) supera la de los argelinos (en aquel momento también había 300.000 portugueses y 130.000 polacos). Estas cantidades suponen eludir las reglas oficiales. Los grandes grupos privados o estatales organizan ellos mismos la contratación enviando misiones sobre el terreno. De este modo, en 1948 la Oficina Nacional de la Inmigración controla un 74 % de la entrada de trabajadores extranjeros, pero en 1966 ya solo controla el 23 % y en 1968 el 18 % (27). El periodista y político francés Alain Griotteray escribe lo siguiente al describir las contrataciones patronales de esta época: “Es la época de los camiones y autobuses repletos de portugueses que cruzan los Pirineos mientras que los sargentos-reclutadores de Citroën y de Simca trasplantan a marroquíes por pueblos enteros, desde su «aduar de origen» hasta las cadenas de montaje de Poissy, de Javel o de Aulnay Este fenómeno hace pensar inevitablemente en la trata de negros del siglo XV. A menudo se hace esta comparación” (28).
Por consiguiente, la “modernización” de la economía francesa se hace a costa de una jerarquización cada vez mayor de la clase obrera francesa y de la instauración de una mercado laboral segmentado. Estas personas inmigradas contribuyen en un 50 % al aumento de la población activa de la época y durante estos “Treinta Gloriosos” construyeron el equivalente a una vivienda de cada dos, el 90 % de las autopistas del país y una máquina de cada siete (29). Recordemos que es el periodo en el que estas personas inmigrantes que construyeron nuestras viviendas de protección oficial** viven en general en los barrios de chabolas, edificios en mal estado y otros tugurios. En 1975 el secretario de Estado para los Trabajadores Inmigrados Paul Dijoud resumirá así la decisiva aportación a la “modernización” de este subproletariado: “La llegada de estos trabajadores permitió evitar que se creara un cuello de botella en determinadas categorías de empleo y sin su presencia no se hubiera podido alcanzar el objetivo de industrialización fijado por el VI Plan” (30).
Una de las consecuencias de esta política de segmentación de la clase obrera en función del origen es facilitar la reconversión de muchos obreros profesionales autóctonos abriéndoles las puertas de los cargos dirección de los nuevos obreros especializados inmigrados. “Esta contribución, tanto cualitativa como cuantitativa, es la que al menos facilita el período de reconversión de una parte de los antiguos obreros profesionales en las funciones de supervisión de las tareas fragmentadas que la modernización de los equipos y la extensión del trabajo a la cadena de producción desarrollan en masa”, resume el sociólogo y demógrafo Claude-Valentin Marie (31). La socióloga Jacqueline Costa-Lascoux añade: “Los Treinta Gloriosos verán diversificarse los flujos migratorios, pero también agravarse el desfase con la mano de obra nacional que se está promoviendo socialmente” (32). De forma más global, el conjunto de la sociedad francesa se beneficia de la sobreexplotación de estos trabajadores inmigrados. En efecto, mientras se instala este estrato de trabajadores a los que se da un trato de excepción y viven en barrios de chabolas y en tugurios, el nivel de vida de los franceses no deja de aumentar. Sólo en el periodo entre 1960 y 1983 “el ingreso nacional medio por habitante pasa de 5.888 francos a 63.755 francos, esto es, 10,8 veces más en 23 años, lo que una vez deducida la subida de los precios representa una multiplicación por 2,1 del ingreso real por cabeza” (33).Una vez exprimido el limón se puede tirar la piel***: De la época del proyecto de expulsión masiva (1973 – 1980) a la de los “sin papeles”
La “crisis del petróleo” de 1973 provoca la entrada de los países industrializados en una recesión. En la lógica capitalista esta crisis requiere nuevas restructuraciones para mantener y aumentar los beneficios. Son precisamente los sectores en los que se ha recurrido mucho a la inmigración los que se ven afectados por la famosa “competencia internacional” y la subsiguiente crisis de sobreproducción: textil, explotación hullera, siderurgia, automóvil, etc. Se busca la vuelta a una “competitividad internacional” en una adaptación y una modernización tecnológica que suprimen empleos y exigen unos trabajadores con un nivel de cualificación más elevado que antes. Con Giscard d’Estaing se inicia una nueva era de la política migratoria que perdura hasta hoy (cierre de fronteras, represión de la inmigración clandestina, integración de la inmigración legal, ayuda al retorno, etc.):
“Los
siete años de presidencia de
Valéry Giscard d’Estaing, entre 1974 y 1981, marcan una nueva etapa en la política de
migración estableciendo unos procedimientos importantes de limitación de la mano
de obra extranjera. En
efecto, la crisis económica no fue el detonante puesto que desde 1971 la
Circular Fontanet había considerado unas medidas restrictivas que provocaron las
primeras movilizaciones de las personas «sin papeles» dos años antes de la
«crisis del petróleo». Pero
el anuncio de la recesión, que coincide con la llegada al poder de un nuevo
presidente de la República, dio a
estas orientaciones un cariz más estructurado y más radical. […] Deseoso de actuar rápido, el gobierno Chirac nombró ya el 7
de junio de 1974 a André Postel-Vinay secretario de Estado del Ministerio de
Trabajo, encargado especialmente de los trabajadores inmigrados. […] Después, también repentinamente, una circular del 5 de julio
de 1974 ordenó el cierre de las fronteras hasta nueva orden: en adelante la administración ya no iba a conceder ningún
permiso de trabajo a los extranjeros que lo solicitaban por vía legal” (34).
El “trato de
excepción” no acabará para los trabajadores extranjeros ya presentes en Francia.
Tratados antes de forma excepcional en lo referente al nivel de salario, calidad
de la vivienda, condiciones de trabajo, acceso a la formación, etc., en adelante
se les tratará de forma excepcional en lo que se refiere a las propuestas tras
los despidos vinculados a las restructuraciones. Lo que se privilegia en su caso
es el “retorno” al país. Así, en abril de 1977 el primer ministro Raymond Barre
anuncia el establecimiento de primas de 10.000 francos para incitar al retorno.
“De todos los países europeos con una inmigración fuerte Francia es el único que
ha instituido un procedimiento de retorno voluntario con ayuda financiera,
conocido popularmente con el nombre de «millón»” (35), recuerda André Lebon, uno
de los delegados de la Dirección de la Población y de las Migraciones, en el
balance que hace en 1979. El fracaso es total: “entre 1977 y 1981 solo habían
solicitado la ayuda al retorno unos 60.000 inmigrantes, la mayoría portugueses y
españoles, y solo un 4 % de argelinos, objetivo principal de los poderes
públicos” (36), recuerda el sociólogo Yvan Gastaud.El ejecutivo, que estudia seriamente un plan de transferencia masiva de argelinos, no se libra de la tentación de un método autoritario para garantizar un “retorno” rápido al país de origen. Así, el historiador Patrick Weil revela en 2014 la existencia de un plan así elaborado por Giscard d’Estaing y cuyo objetivo era el retorno de 100.000 argelinos al año durante cinco años (37). El proyecto tropieza con una serie de obstáculos: rechazo por parte del gobierno argelino de todo retorno que no fuera voluntario, nacionalidad francesa de los hijos, oposición en el propio seno de la mayoría ante lo que de hecho es una deportación en masa. “Ni su propio gobierno ni su primer ministro Raymond Barre ni sus propios aliados siguieron a Valéry Giscard d’Estaing porque en 1975 ya no es posible hacer lo que se podía hacer en la década de 1930” (38), resumen los autores.
La existencia de este plan de deportación resume la visión exclusivamente utilitaria que domina este periodo. Una vez que se reduce al trabajador inmigrante únicamente a su dimensión de fuerza de trabajo bruta, inodoro e insípido, sin hijos y sin subjetividad, simplemente es cosificado. Es una cosa que se puede utilizar y después expulsar a merced de los avatares económicos y de las mutaciones de las relaciones de fuerza políticos. El fracaso del plan, por su parte, revela el arraigo en Francia. El intento de gestionar a mujeres, hombres y niños como si fueran una simple mercancía que se devuelve cuando se quiere se enfrenta a las realidades humanas, a los procesos de arraigo que se inician desde los primeros pasos en Francia (e incluso, afirmaba Sayad, desde la primera idea de ir al país), a los proyectos familiares, a los hijos, etc.La imposibilidad de llevar a cabo una expulsión masiva lleva a la política migratoria oficial a una lógica dual. Oficialmente se trata de endurecer las condiciones de entrada para las personas recién llegadas con el fin, según se afirma, de integrar a las personas inmigradas ya presentes en el territorio. La era de los sin papeles comienza su larga andadura con sus mitos de un posible cierre de fronteras y de una emigración cero, y su realidad de una mano de obra sin derechos que permite unos beneficios extra para los sectores económicos que no son deslocalizables (servicio doméstico, restauración, construcción, etc.).
En un contexto de empeoramiento de las condiciones de existencia en los países de origen el llamado “cierre de fronteras” significa objetivamente la opción de desarrollar la llamada inmigración “ilegal”. En efecto, en ese mismo periodo las políticas neocoloniales de los países europeos acabaron con los progresos sociales que conocían los países africanos desde las independencias:
“La situación económica y social en África se
inscribe desde mediados de la década de 1960 y, sobre todo, desde principios de
la década de 1980 en una dinámica de regresión que se refleja claramente en el retroceso a gran escala
de las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de los ingresos
por habitante. Así, para el conjunto de África la tasa de crecimiento del PIB,
que entre 1965 y 1970 se situaba en torno al 6 % al año, pasó a cerca del 0 % a
finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, con un fuerte desfase, en
cambio, entre los países del Norte de África, del África austral y el resto del
continente, sobre todo África del Oeste y sahariana. […] El último informe anual sobre los países
menos avanzados publicado por la CNUCED
en 2002 indica que
la proporción
de la población que vive en la pobreza extrema […] pasó del 56 % en el periodo 1965-1969 al 65 % en el periodo 1995-1999” (39).
El
endeudamiento, los planes de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, el
establecimiento de la OMC y sus reglas ultraliberales se añaden a la Françafrique,
al franco CFA y a los demás mecanismos neocoloniales para sumir al continente en
la regresión. Por otra parte, con la desaparición de la URSS el final de los
equilibrios surgidos de la Segunda Guerra Mundial abre un periodo de
exacerbación de la competencia por el control de los recursos en hidrocarburos y
minerales estratégicos cuya consecuencia un nuevo ciclo de guerras abiertas,
guerras civiles e intervenciones militares occidentales. Por consiguiente, una
inmigración subsahariana cada vez mayor se une a la antigua inmigración magrebí.
En el aspecto cuantitativo la inmigración originaria del África subsahariana es
a la vez minoritaria y cada vez mayor desde la década de 1980: “Los migrantes
originarios del África subsahariana, es decir, las personas nacidas en el África
subsahariana, de nacionalidad extranjera de nacimiento y que residen actualmente
en Francia, suponían aproximadamente unas 570.000 personas en 2004. A esta cifra
hay que añadir las personas en situación irregular, no declaradas en las
estadísticas públicas y cuya proporción se calcula que es un 10 % de las
personas migrantes. En el curso de los últimos veinte años esta inmigración
subsahariana ha conocido un aumento importante a pesar de que las personas
subsaharianas solo representan el 12 % del conjunto de las inmigradas en
Francia” (40), resume un estudio del Centre Population et Développement (CEPED)
en 2010.La era europea
La década de 1980 ve también el inicio de una política europea en materia “de asilo e inmigración” que no dejará de consolidarse. Sin ser exhaustivo, no es inútil recordar algunos de sus rasgos esenciales que tienen que ver con la transformación del Mediterráneo en un cementerio gigante: la vigilancia militar del Mediterráneo, la subcontratación de la represión a los países ribereños de este mar y el llamado enfoque “hotspot”.
- El ejército contra los condenados de la tierra
El establecimiento del espacio Schengen y su posterior ampliación van acompañados de una campaña de comunicación sobre la existencia de una presión migratoria de gran magnitud debido a los cambios en Europa del Este. En adelante a la corriente migratoria del sur se añadirá la del Este con el consiguiente riesgo de “sumersión”. El atentado contra World Trade Center en septiembre de 2001 y después las “Primaveras Árabes” y la guerra en Libia multiplican aún más estas declaraciones añadiéndoles un contenido que genera cada vez más ansiedad. El objetivo de este discurso es legitimar la necesidad de una cooperación policial transfronteriza, que se traducirá primero en una serie de medidas antes de desembocar en el establecimiento de la agencia FRONTEX en 2004: armonización de la política de visados en marzo de 2010; inclusión de las empresas de transporte en los controles migratorios en 2002; creación en 2002 del SCIFA ( Strategic Committee On Immigration, Frontiers and Asylum – Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo, CEIFA); creación en febrero de 2004 de una red de funcionarios de enlace de “inmigración” para luchar contra la inmigración “clandestina”.
La agencia FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores), por su parte, se crea en 2004 con la misión, como indica su nombre, de coordinar y reforzar el control de la inmigración en las fronteras exteriores. Los recursos que se le asignan no dejarán de aumentar. Así, pasa de 19.2 millones de euros en 2006 a 94 millones en 2013. Esta agencia, que está dotada de medios militares, posee en 2010 “veintisiete helicópteros, veintidós aviones ligeros y ciento trece barcos, así como cuatro cientos setenta y siete aparatos técnicos utilizados para luchar contra la inmigración «clandestina»: radares móviles, cámaras térmicas, sondas que miden la tasa de gas carbónico emitido, detectores de latidos del corazón, radares PMMW (siglas en inglés de Sensor de Ondas Milimétricas Pasivas), etc. (41).
El resultado de este despliegue de medios es imponer a las personas refugiadas unas rutas cada vez más peligrosas que provocan un aumento vertiginoso de la cantidad de muertes durante las travesías. Caroline Intran del CIRE y Anna Sibley de la FASTI resumen así el resultado de la agencia: “Una de las funciones de FRONTEX es impedir a las personas migrantes llegar a territorio europeo; para ello, no solo intercepta a las personas que «franquean irregularmente» la frontera Schengen, en aplicación del código del mismo nombre, sino que también ha establecido una verdadera red de información encargada de «analizar el riesgo», la cual permite anticipar las rutas migratorias y estacionar agentes en los puestos fronterizos donde hay más «riesgo»” (42).
Embarcaciones interceptadas, devoluciones, vuelos chárter de expulsión: esas son las verdaderas razones del aumento de víctimas durante las travesías.
- La subcontratación de la represión
La agencia FRONTEX, que en 2016 cambia de nombre (para convertirse en “Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas”), también dispone del poder de firmar directamente acuerdos con los países ribereños del Mediterráneo. Estos acuerdos se añaden a los que la Unión Europea impone desde la década de 2000 a los países africanos y los completan. Desde esa fecha estos acuerdos se han multiplicado: el Acuerdo de Cotonú con los Estados “ACP” (África, Caribe, Pacífico) en 2000, el acuerdo de “Asociación para la Movilidad” en 2013 con Marruecos y en 2014 con Túnez, el “Proceso de Jartúm” con los países del Cuerno de África y Egipto en 2015, etc.
El objetivo de estos acuerdos no es otro que externalizar las fronteras europeas, es decir, concretamente subcontratar la represión. Estos países, que se encuentran sumidos en una dependencia colonial, son obligados a aceptar esta misión so pena de represalias económicas. De manera significativa se utilizan los términos “asociación” y “cooperación”, que indican los medios de chantaje de la Unión Europea para los países recalcitrantes: chantaje de la ayuda, del acceso a los mercados europeos, de la deuda, etc. El 16 de septiembre de 2018 la Unión Europea reconocía lo buen alumno que es Marruecos concediéndole una ayuda evaluada en 275 millones de dólares. El portavoz del gobierno marroquí Mustapha El Khalfi se felicita por ello recordando que en 2017 las autoridades marroquíes habían impedido 65.000 intentos de “migración ilegal”. “Este nuevo espaldarazo se suma al del pasado 6 de julio cuando la Comisión Europea desbloqueó 90,5 millones de euros para financiar los tres nuevos programas relativos a la gestión de fronteras y a la migración en el Norte de África. En total se han asignado 461 millones de euros a la zona para financiar 19 programas de ayuda a la gestión de fronteras, pero también a la protección de las personas refugiadas y migrantes” (43), añade la periodista Syrine Attia.
En 1998 la Unión Europea formaliza esta estrategia de externalización de la represión y del control en un documento del Consejo Europeo titulado Strategy paper on immigration and asylum policy (Documento estratégico sobre la política de migración y de asilo). Este documento propone establecer tres zonas de seguridad en torno al espacio Schengen: la primera está constituida por los países vecinos asociados a la Unión Europea, a los que se pide asociarse y copiar la política europea; la segunda está formada por Turquía y algunos países del Norte de África de los que se espera que controlen y expulsen a las personas refugiadas; la tercera está compuesta por los países del África subsahariana a los que se exige aceptar la repatriación de sus ciudadanos. Como destaca Lorenzo Gabrielli, se trata, efectivamente, de una subcontratación del trabajo sucio: “El objetivo de la exportación del modelo europeo de política migratoria es en primer lugar delegar en terceros países la responsabilidad del control de los flujos migratorios a Europa. En una segunda fase el objetivo es impulsar la implementación efectiva de estos modelos para crear unas zonas de seguridad en torno a Europa” (44).
Por lo que se refiere a las personas que aún así consiguen franquear el Mediterráneo, serán “acogidas” en los centros de internamiento de los llamados países de “primera fila” de la Unión Europea (Grecia, Italia, Hungría), denominados eufemísticamente “hotspot”. De hecho se trata de verdaderos campos de detención:
“El «enfoque hotspots» es una de las respuestas a lo que la
Unión Europea denominó la
«crisis migratoria»
de 2015. […] En
los dos países en los que se aplicó, Italia y Grecia, el «enfoque hotspots» se tradujo rápidamente en la creación de
centros de internamiento (cuando no de centros de detención) generadores de
violencia, superpoblados e infraequipados, en los que la selección de quienes llegan se hace
sin tener en cuenta las reglas europeas e internacionales en materia de
acogida de personas solicitantes de asilo y de tramitación de sus demandas” (45).
∞∞∞Todas las inmigraciones contemporáneas, ya sean “políticas” o “económicas”, son el resultado de las relaciones estructuralmente desiguales entre el centro dominante y la periferia dominada. El desarrollo o la riqueza de unos supone al mismo tiempo el desarrollo deficiente o la pobreza de otros. Hay que tener en cuenta estos contextos históricos, económicos y políticos para situarse en el debate actual sobre la consigna de “libertad de circulación y de instalación”. Conviene precisar de entrada que en África la emigración de masas no es ni una aspiración ni una reivindicación. En este continente, como en otras partes, el ideal sigue siendo “vivir y trabajar en el país”. Esta emigración es un fenómeno espontáneo (el discurso sobre los traficantes de personas oculta que la oferta de paso solo existe porque hay demanda) que solo se produce bajo el impulso de una necesidad de supervivencia (económica o de guerra). Por consiguiente, la solución definitiva nunca será la libre circulación y la libre instalación a menos que se acepte el orden neocolonial que vincula a los países de emigración y los de inmigración. No obstante, poner esto de relieve no autoriza a rechazar la libre circulación y la libre instalación mientras nuestras economías se sigan construyendo sobre la ruina de los países de origen.
Conviene responder a continuación al argumento central que lleva a unos actores políticos que se consideran de “izquierda” a oponerse a estas reivindicaciones. Así, se destaca el hecho de que estas personas “migrantes” son utilizadas por el capital para aumentar la competencia entre los trabajadores. Esta constatación no es falsa, pero sin una precisión del diagnóstico no significa nada. Lo que permite esta competencia es la existencia por una parte de una desigualdad de derechos entre personas trabajadoras y de discriminaciones racistas por otra, y no la existencia de una inmigración, aunque sea importante.
Por último, conviene acabar con el marco de debate impuesto desde hace muchos años por la extrema derecha centrado en la idea de que se ha superado un “umbral de tolerancia”. No solo las sociedades industrializadas no han superado este pseudoumbral sino que un simple vistazo a la evolución demográfica indica la necesidad de aportaciones importantes de inmigración para las próximas décadas. No solo no hay ninguna “crisis migratoria” sino que el discurso de esta pseudocrisis lleva inevitablemente a justificar una política de no regularización de las personas sin papeles.
La verdadera cuestión no es un ilusorio cierre de fronteras, sino el coste del discurso sobre el cierre de fronteras: costes humanos engullidos en el Mediterráneo, coste sociales por la suerte de las personas supervivientes a las que se impone un estatuto de ciudadanas de segunda categoría. Lo que es utópico hoy en día e incluso irracional es la propia idea de un cierre de fronteras. Esta primera utopía va acompañada de una segunda: la de un cierre de fronteras que se puede hacer de manera “humanitaria” respetando la dignidad de las personas. En el mundo desigual de hoy este cierre significa objetivamente la aceptación de la violencia contra las víctimas, es decir, un “asalvajamiento de Europa”, por retomar una expresión de Césaire. El carácter utópico no está ahí donde parece estar en apariencia.
Notas:
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