Por tanto, a qué país miran, sólo examinan su actual potencial de súper negocios por expoliación a trabajadores, campesinos e indígenas y a la naturaleza.
No hay diferencias entre neoliberales y progresistas e izquierdistas afines lo descubrimos cuando analizamos procesos contrapuestos a los buenos vivires en Bolivia, pese a las apariencias de Evo Morales de promoverlos.
TIPNIS, cuando las palabras superan a los hechos
23 de mayo de 2019
Por Alberto Acosta y Fátima Monasterio (Rebelión)
Es muy común, más aún en política: la práctica desdibuja muchos discursos grandilocuentes. Eso sucede en Bolivia. No hace muchos años, entre una gran emoción y miles de personas, con los ojos del mundo atentos en la Conferencia Mundial de los Pueblos en Tiquipaya, Cochabamba, el presidente Evo Morales afirmó solemnemente que “para garantizar los Derechos Humanos es necesario reconocer y aplicar efectivamente los Derechos de la Madre Tierra”. Palabras potentes, esperanzadoras, pronto diluidas ante realidades como la construcción de una carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Luego de marchar en dos ocasiones hacia la ciudad de La Paz en rechazo a dicha carretera que dividiría el TIPNIS, de acudir -sin respuesta- a los tribunales nacionales y de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que active mecanismos de protección de sus derechos, los pueblos indígenas del Tipnis encuentran en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza un espacio abierto para presentar su defensa de la Madre Tierra y de sus derechos.
Una veintena de personalidades de distintas partes del mundo y con reconocida trayectoria internacional, como jueces de ese Tribunal, sancionan al Estado Boliviano por violar los Derechos de la Madre Tierra y de sus defensores: los pueblos indígenas del Tipnis. El Estado Plurinacional de Bolivia, como demuestra dicha sentencia, incumplió sus obligaciones de garante en la protección y defensa de tan trascendentales derechos. Han sido sistemáticas las violaciones de la Constitución Política del Estado Plurinacional; de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de Tiquipaya, aprobada en abril de 2010, incorporada en la normativa interna a través de la Ley No. 071; de la ley 300 que vincula los derechos del vivir bien con los de la Naturaleza; así como de tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.
También es evidente la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, quienes –al igual que en otras partes de Bolivia y la región– ven amenazados sus territorios y sistemas de vida por proyectos extractivistas bendecidos por el “interés nacional” y la búsqueda de un –cada vez más esquivo– “progreso”.
Por igual, la sentencia del Tribunal hace reflexionar sobre una cuestión clave: cómo el modelo de desarrollo extractivista colisiona con los derechos fundamentales de la Naturaleza y de los seres humanos, en este caso de los pueblos indígenas.
Una modalidad de acaparamiento masivo de recursos naturales que, en vez de limitarse en estos derechos según la conformación democrática del Estado Plurinacional, se despliega promulgando leyes y decretos inconstitucionales, debilitando los controles ambientales, flexibilizando los marcos regulatorios en la materia y criminalizando a las defensoras y los defensores de derechos, principalmente pueblos indígenas. Extractivismos que, como vemos en toda nuestra América, recurren cada vez más a todo tipo de violencias como condición necesaria para seguir expandiéndose.
La Sentencia alerta también sobre la necesidad de preservar la autonomía de los órganos estatales y las instituciones de administración y fiscalización pública.
Crédito a los hechos
La construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos –como otros casos– desnuda los límites democráticos en Bolivia donde –desde mucho tiempo atrás– su población sufre la arbitrariedad de sus gobernantes y la falta de una institucionalidad que posibilite la convivencia democrática y transformadora; aspectos urgentes en una sociedad cargada de injusticias múltiples, de un patriarcado omnipresente e incluso –pese a los últimos avances conseguidos– de racismo.
Así, y cumpliendo lo establecido en los cuerpos legales citados, la sentencia del Tribunal exige a las autoridades activar de inmediato y de oficio las acciones legales pertinentes que garanticen la paralización definitiva del proyecto carretero y la continuidad de la vida e integridad del Tipnis. Si bien las decisiones de este Tribunal a priori no son vinculantes, su sentencia es un severo reclamo ético al presidente boliviano y su gobierno, que en el exterior aparecían como promotores e incluso garantes de los derechos de la vida (que de eso se tratan los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos).
Igualmente, con esta decisión, este Tribunal incita a la sociedad boliviana a acciones concretas que frenen tanto atropello y descubran el doble discurso de gobernantes que se venden como defensores de derechos, cuando en realidad son sus principales violadores. Como bien anotaba Don Quijote de la Mancha: “El crédito debe darse a las obras no a las palabras".
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256334
Insistamos en compenetrarnos de porqué
interpelar
a la sociedad
boliviana a acciones concretas que frenen tanto atropello.
Informe de
Comisión internacional sobre el caso TIPNIS
"Es
indispensable la paralización definitiva
del proyecto
de carretera por el TIPNIS".
17 de
enero de 2019
Por
Rebelión
La comisión que visitó el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en agosto pasado,
con base en la amplía información recopilada durante su visita, exhorta al
Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sancionar al gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los
derechos establecidos en la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre
Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el año 2010, y a otros
cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos.
El
informe de 44 páginas de la comisión señala que se están afectando y se
afectarán aun más los siguientes Derechos de la Madre Tierra: derecho a la vida
y a existir; derecho a ser respetada; d erecho al agua como fuente de vida ;
derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y
procesos vitales libres de alteraciones humanas, así como el derecho a mantener
su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e
interrelacionados .
Así
mismo la comisión constata que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas
y los derechos de las defensoras y los defensores de la Naturaleza.
Violaciones que se ven agravadas por el irrespeto al marco jurídico e
institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Así
mismo, la comisión exige del gobierno de Bolivia:
- La
paralización definitiva del proyecto de carretera por el TIPNIS.
- La
derogación de la Ley 969 de agosto del año 2017.
- La
adopción de medidas para detener el avance de la colonización hacia la zona
núcleo del TIPNIS.
- La
consolidación territorial y la autonomía del Territorio Indígena Multiétnico en
el Bosque de Chimanes, lo que permitiría el control y gestión integral con el
TIPNIS.
- La
anulación de los planes de expansión petroleros.
- La
identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos
Humanos el año 2011 en Chaparina.
El
informe sustenta sus conclusiones en datos, informaciones y testimonios
obtenidos directamente durante su visita a Bolivia.
La comisión informa que la demora en la presentación de su informe se debe a que
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia eludió responder el cuestionario
que se le envió, según lo convenido en la reunión realizada con el Ministro de
Gobierno, Carlos Romero, el 20 de agosto de 2018. Este hecho obligó a la
comisión a recoger información adicional a través de otras investigaciones y
estudios facilitados por un gran número de personas y organizaciones.
La comisión conformada por Alberto
Acosta, Shannon Biggs, Enrique Viale y Hana Begovic visitó Bolivia a pedido de
representantes de la Subcentral del TIPNIS, que expusieron el caso en la cuarta
sesión del Tribunal Internacional de derechos de la Naturaleza realizado en Bonn
Alemania en noviembre de 2017.
El Tribunal Internacional de
Derechos de la Madre Tierra -conformado por jueces y juezas de reconocida
autoridad ética y compromiso con la Madre Tierra nombrados por defensoras y
defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo- considerará el
mencionado informe y emitirá hasta fines del mes de marzo de 2019 su sentencia
sobre el caso TIPNIS.
Finalmente es de remarcar que el
mencionado tribunal es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético,
que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los
Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de
organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de
lo establecido en la mencionada Declaración de Tiquipaya.
Informe completo en el siguiente
enlace: https://tipnisbolivia.org/?p=4388
Leamos porqué
deschavar al gobierno de Evo Morales: "Ataque
grave a los ecosistemas, amenaza severa para la existencia humana y no humana,
cambios radicales en los modos de vida tradicionales de las familias indígenas".
Sobre
el medio ambiente,
Evo Morales
hace lo contrario de lo que profesa
24 de
enero de 2019
Alice
Campaignolle
Mediapart/Correspondencia
de Prensa
El primer
presidente indígena de Bolivia, elegido en 2006 con un programa social,
proindígena y ecologista, es conocido en el extranjero por sus discursos en las
Naciones Unidas que defienden la Pachamama, la Madre Tierra, o combaten al
capitalismo depredador. Pero Bolivia vive una realidad diferente, entre la
deforestación, el extractivismo y el hostigamiento a las ONG ambientales.
Ataque grave a los ecosistemas, amenaza severa para la existencia humana y no humana, cambios radicales en los modos de vida tradicionales de las familias indígenas. Los términos son fuertes, las frases incisivas. Cuanto más avanza el lector en el informe de la comisión del Tribunal Internacional Por los Derechos de la Naturaleza sobre el caso Tipnis, más se ve abrumado por la política ambiental del presidente boliviano Evo Morales.
Este texto (ver documento adjunto), redactado por tres miembros
del tribunal, acaba de ser difundido públicamente y fue entregado al gobierno
boliviano el miércoles 16 de enero. El informe pide expresamente que la justicia
tome sanciones contra las autoridades del país a propósito del caso Tipnis
(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), por «violaciones
repetidas de los derechos de la Tierra Madre». Este tribunal internacional fue
creado en 2014 y se propone juzgar, gracias a especialistas del tema, las
violaciones de los derechos ambientales en el mundo. Alberto Acosta, Shannon
Biggs y Enrique Viale (respectivamente economista ecuatoriano, activista
medioambiental estadounidense y abogado argentino), acompañados por Hana Begovic,
de la Alianza para los derechos de la naturaleza, fueron a Bolivia en agosto de
2018 para verificar por sus propios ojos la situación del Tipnis.
En noviembre de 2017, al mismo tiempo que la COP23 de Bonn, el
Tribunal por la defensa de los derechos de la naturaleza fue informado sobre la
situación de esta reserva natural indígena, situada en el corazón de Bolivia. El
parque beneficiaba hasta entonces de una protección legal contra todo tipo de
ʺalteración
humanaʺ, pero Evo Morales, en agosto de 2017, decidió levantar esa protección
para poder construir una carretera que atravesará la reserva de Norte a Sur.
Sesenta kilómetros con una naturaleza excepcional y una biodiversidad
incomparable.
Alberto Acosta, uno de los miembros del tribunal que visitó el Tipnis, explica: ʺEn la Amazonia, un kilómetro de carretera asfaltada da lugar a 3 o incluso 4 kilómtros de caminos anexos. Se imaginan ustedes entonces el impacto de esos 60 kilómetros.ʺ Y para el economista, la idea de construir una carretera ʺrespetuosa del medio ambienteʺ, tal como lo dijo el gobierno boliviano, carece completamente de sentido: ʺEso significa querer hacernos creer que Drácula es vegetariano y que puede, de ahora en adelante, hacerse cargo del banco de sangreʺ.
Según este especialista, esa carretera tendrá forzosamente un
impacto fuerte sobre el medio ambiente y si ha habido una reacción internacional
sobre este asunto es porque esa carretera se ha transformado en el símbolo de
las promesas olvidadas de un gobierno que se reivindicaba, cuando fue elegido en
2006, indígena y protector de la Madre Tierra…
Ese parque natural protegido va a ser literalmente cortado en
dos, poniendo así en peligro el ecosistema de 858 vertebrados diferentes, entre
los cuales algunos que ya están en peligro de extinción, así como el modo de
vida de los Chima, de los Yucararé y de los Mojeños, poblaciones indígenas que
habían sabido hasta ahora conservar su modo de vida tradicional.
Es un viejo proyecto de todos los gobiernos bolivianos desde
1990, provocó muchas movilizaciones a escala nacional. Durante las nueve
“marchas indígenas”, los “anti-carretera” recorrieron miles de kilómetros hasta
La Paz, antes de enfrentarse, en la mayoría de los casos, a la represión
policial que provocó un total de 74 heridos en 2011.
Pablo Solón es un activista medioambiental que trabajó
“estrechamente” con Evo Morales, en el marco de varios gobiernos, sobre temas
medioambientales. Para él, que fue también embajador de Bolivia en la ONU, el
Tipnis “no es lo más grave”. Si ese parque se ha vuelto emblemático, “es porque
de pronto la contradicción entre el discurso y la realidad nos salta a la
vista”; nos recuerda que en términos de impacto medioambiental, “lo que sucede
en el corazón del Tipnis no es nada, comparado a lo que vivimos, cada año, cada
día, en el país.”
En Bolivia, cada año, son quemadas entre 200.000 y 250.000
hectáreas de selva –equivalente a la isla de La Reunión. La agricultura sobre
chamizado (selva quemada) es practicada intensamente en el país. Esta
deforestación permite el desarrollo de mega proyectos, como las represas
hidroeléctricas del Bala o del Chepete que, una vez construidas, inundarán
espacios tan vastos como cinco veces la ciudad de La Paz y ocasionarán el
desplazamiento de más de 5.000 personas.
El objetivo de Evo Morales es el de transformar a Bolivia en “el
corazón energético de América del Sur.” Mientras tanto, el hecho de cortar
árboles permite desde ya, abrir un espacio para la ganadería y para la soja
transgénica. Bolivia ya forma parte de los diez países del mundo cuyo porcentaje
de deforestación por cabeza es más elevado. En la región de Santa Cruz (al Este
del país), la agroindustria prospera sin ser para nada molestada por el
gobierno, el que le facilita incluso la implantación. En 2011, por ejemplo, el
Parlamento votó la ley 144, un texto que “regula” los OGM pero no los prohíbe.
Hoy, según las estimaciones de diferentes centros bolivianos de
investigación sobre la agricultura, el 100% de la soja cultivada en Bolivia
sería OGM. Una soja resistente al glifosato, con el cual se trata cada año un
millón de hectáreas. Para Pablo Solón, Evo Morales habría cedido ante los
agricultores del Este del país “para comprar así la paz social. Ahora, puede ir
tranquilamente a los diferentes salones de la agricultura en Santa Cruz. Antes,
antes no podía poner los pies en ellos.”.
Cocaína y
acoso
Una parte de los productores de coca quedó también muy satisfecha
con la política de Evo Morales y con sus nuevas orientaciones en materia de
medio ambiente. El presidente boliviano, que era él mismo productor y dirigente
sindical agrícola, permite, poco a poco, la ampliación de las superficies de
producción de coca en regiones en las que la planta producida es sin embargo
amarga, poco propicia a ser masticada. Son regiones más bien conocidas por estar
en el centro del narcotráfico –en particular, la región de Chapare, al límite
del Tipnis.
En el parque indígena, una zona está “colonizada” por los
productores de coca, llamados “cocaleros.” En un principio, limitados a una zona
reservada, mordisquean poco a poco el terreno del parque, lo que implica una
importante deforestación. Y en ese sentido, los expertos temen que la futura
carretera permita a los productores de extenderse más aún.
Alertados por las poblaciones indígenas del parque sobre la
situación del “Polígono 7”, los miembros de la comisión del Tribunal para los
derechos de la Naturaleza intentaron, en el transcurso de su visita de agosto de
2017, ingresar en la zona en la que están implantados los cocaleros. Pero, sin
embargo, el acceso les fue denegado antes de haber sido detenidos durante varias
horas, sin intervención policial alguna, por unos cincuenta productores de coca.
Para Alberto Acosta, el territorio es una “zona sin derecho
alguno”: “Son los productores de coca quienes dictan la ley. Por ejemplo, para
atravesar un puente, los camiones militares se ven obligados a pedir a los
cocaleros un permiso especial.” Después de este incidente, el Ministro del
Interior, Carlos Romero, calificó a la comisión de “no oficial” y su informe fue
calificado de “documento sin valor.”
Si bien es cierto que este Tribunal por los derechos de la
Naturaleza es una iniciativa de los ciudadanos y que no goza de un
reconocimiento internacional, éste se basa “legalmente” en la declaración de
Tiquipaya, un pueblo boliviano que se encuentra en el centro del país, donde en
2014 fue organizada la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio
climático y la defensa de la vida, convocada por… el propio Evo Morales.
Como miles de bolivianos, especialistas y activistas
internacionales, Shannon Biggs y Alberto Acosta estaban presentes y recuerdan
aún el entusiasmo de entonces ante la idea de reunir una serie de “proposiciones
destinadas a la comunidad internacional con el objetivo de preservar la vida y
de luchar contra el cambio climático.” El discurso de Evo Morales fue
impresionante, se dirigió “a los pueblos del mundo”, llamando a “decidir sobre
el futuro de la Madre Tierra”, el que concluyó gritando, extático: “El planeta o
la muerte.”
Jorge Gómez, director de un centro investigación boliviano sobre
el medio ambiente (el CEDLA), reconoce que en el momento de la llegada de Evo
Morales al gobierno, se sintió “muy entusiasmado.” Tuvo, incluso, “la
oportunidad de formar parte del gobierno”, pero prefirió “mantenerse
independiente”, comenta ahora. Enseguida, las relaciones se degradaron. La ONG
empezó a criticar la política medioambiental –atribución de tierras- y también,
la situación en el Tipnis.
LA ONG se convirtió de esta manera en blanco de las críticas
públicas por parte de los miembros del gobierno, los que la acusaron de estar
financiada por entidades extranjeras y de sembrar la discordia entre los
movimientos sociales y la ONG. Los controles fiscales se multiplicaron, la
presión administrativa aumentó, los contratos de alquiler de los locales no les
fueron renovados. La misma situación le tocó vivir a la CEDIB, otro centro de
investigaciones particularmente crítico, o a la Fundación Tierra.
Según Pablo Solón, Evo Morales no tiene la excusa de la realidad
de la gestión del poder, en un mundo globalizado que amordaza los ideales
medioambientales. “Los OGM son un claro ejemplo de ello –explica. En 2010, el
gobierno tenía todas las posibilidades de tomar un rumbo agroecológico, pero
decidió no hacerlo.” Ahora bien, según su opinión, no prevalecieron solo las
bajas razones electorales: “El presidente boliviano quiere, ante todo, quedarse
en el poder. La agroecología es una agricultura de los pequeños de abajo. Ésta
no genera enormes beneficios que se vierten luego en las arcas del Estado y no
enriquece a los grandes agricultores, esos mismos de los que Evo Morales busca
los votos y el apoyo.”
Hoy, Evo Morales
sigue su camino, el del desarrollo a toda costa, pero condena al país a una
lógica de extracción de materias primas y a una huella ecológica desastrosa.
Para Pablo Solón y otros activistas medioambientales, el gobierno prevé incluso,
próximamente, la puesta en práctica de la fractura hidráulica.
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia
de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/
Fuente original: http://www.mediapart.fr/journal/international/170119/sur-l-environnement-evo-morales-fait-le-contraire-de-ce-qu-il-professe
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