Conflictos esenciales derivan del extractivismo.

 

La emancipación de este avance del capitalismo imperialismo 

exige

el involucramiento mayoritario en las luchas 

descalificadas como ambientalistas.

 

Para concretar este objetivo es fundamental que generalicemos la toma de conciencia sobre significados e implicancias del modelo productivo en vigencia.

 

 

Se trata de comenzar por tener en cuenta a Juan Luís Berterretche (Rebelión), en "El enclave sojero de Sudamérica", al indicarnos: "Es importante tratar de identificar los mecanismos económicos y los cambios que produce este régimen de acumulación de capital de base territorial /30 que impulsan las agro-industrias de monocultivos de “commodities” y -con sus particularidades- también las mineras a cielo abierto. Los dos son emprendimientos del Capital que tienen predominio como motor de la acumulación capitalista actual en Latino América y provocan los mayores focos de conflicto con las poblaciones y comunidades continentales. Las corporaciones invaden, usurpan y contaminan los territorios donde, por derecho, siempre se ha desarrollado la vida de los pobladores nativos, que en distintos niveles resisten". Leer

 

 

Esta ocupación integral del territorio argentino-latinoamericano desertifica de modo cada vez más profundo. Hoy consolida el extractivismo a través de la promoción de agrocombustibles y del fracking en todas las provincias de Argentina. Veamos la criminalidad de lesa humanidad del último:

 

Comunicado del Movimiento M4

19 de octubre Día internacional contra el Fracking

 19 DE OCTUBRE DE 2013

En los últimos años se registra un aumento en el interés de las grandes empresas de energía, con el apoyo de los gobiernos por medio de subsidios y facilidades legales, para extraer el gas que se encuentra a grandes profundidades atrapado en las rocas de pizarra y lutita, llamadas rocas de esquisto. Ante ello, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) rechaza este Modelo Extractivo devastador que por medio de pozos fractura la roca subterránea inyectando más de 2,500 sustancias y alrededor de 800 químicos, y usa entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo alcanzando costos de entre 10 y 15 millones de dólares por cada pozo perforado.

Este Modelo Extractivo de Fractura Hidráulica (hydraulic fracturing –Fracking- o Shale Gas) contamina el subsuelo, las fuentes de agua, genera mayores emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), provoca otras reacciones con metales pesados, elimina biodiversidad y afecta a la salud humana ya que las sustancias inyectadas en el agua provocan cáncer, mutaciones genéticas entre otras enfermedades. Con el Fracking se aumenta la presión de las corporaciones por el control y acaparamiento de la tierra disputándoles el territorio a comunidades indígenas y campesinas, criminalizando, persiguiendo e intimidando cualquier protesta en favor de la defensa de los derechos humanos.

En muchos países ya se ha prohibido o impuesto moratorias a este Modelo Extractivo como en los casos de Suiza, Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Sudáfrica y Alemania; y en algunas regiones de Estados Unidos, Argentina, Australia, España, Canadá y Nueva Zelanda. Sin embargo, en otros países se pretende instalar este Modelo Extractivista a costa de los pueblos. Por ello, es urgente detenerlo y buscar nuevas formas sustentables de energía que sostengan y alimenten nuevas formas de vida humana diferentes al capitalismo. No se trata de sustituir las fuentes de energía para alimentar al mismo sistema, sino construir otras alternativas de vida por todo lo anterior el M4 se suma a las protestas y demandas de los movimientos sociales que en todo el mundo se manifiestan contra el fracking.

 

MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4) 

www.movimientom4.org

Fuente: http://www.albatv.org/19-de-octubre-Dia-internacional.html

 

 

La criminalidad de lesa humanidad de la alianza de las corporaciones imperialistas con las locales y el gobierno-estado en todas sus jurisdicciones la comprobamos también en privilegiar el uso de las tierras para los combustibles de los autos por sobre la producción de alimentos y en la consiguiente desaparición forzada de productores pequeños-medianos y comunidades campesinas e indígenas. El extractivismo aniquila la soberanía alimentaria con lo cual agrava el hambre y la malnutrición.

 

Unos 842 millones de personas, cerca de uno de cada ocho habitantes del planeta, padecieron hambre crónica en 2011-13, careciendo de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable, según el informe publicado por los organismos de la ONU especializados en la alimentación. (…)

 

El informe subraya que el crecimiento económico es la clave para el progreso en la reducción del hambre. Pero el crecimiento no puede llevar a más y mejores empleos e ingresos para todos, a menos que las políticas se dirijan específicamente a los pobres, especialmente en las zonas rurales. "En los países pobres, la reducción del hambre y de la pobreza sólo se logrará con un crecimiento que no sólo sea sostenido, sino que también sea ampliamente compartido", según el SOFI. Fuente: http://www.fao.org/news/story/es/item/199572/icode/

 

 

 

El capitalismo imperialismo no sólo genera hambre y malnutrición sobre todo entre los pueblos que empobrece sino también ha convertido a los organismos internacionales en organismos embaucadores de las grandes mayorías sobre que se trata de seguir incrementando el crecimiento económico (que, en verdad, es acaparamiento de riquezas e ingresos por los oligopolios) y de políticas contra la pobreza cuando es la acumulación gran capitalista la que es incompatible con la vida y la dignidad de los pueblos e individuos.

 

 

(...)“La concentración del poder de las corporaciones y la privatización de la investigación deben discutirse como temas principales en la búsqueda de soluciones al problema de quién nos alimentará en medio del caos climático,” dice Kathy Jo Wetter de la oficina en Estados Unidos del Grupo ETC. “Las configuraciones recientes del mercado sugieren que es práctica común formar cárteles y que los oligopolios han invadido todo el sistema agroalimentario.”

El informe del Grupo ETC muestra que las mismas seis firmas multinacionales (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow, and BASF) controlan el 75% de toda la investigación del sector privado sobre agricultura; el 60% del mercado comercial de semillas; (100% del mercado de semillas transgénicas) y 76% de las ventas globales de agroquímicos [i]. El informe también incluye información de las industrias de fertilizantes y farmacéutica, y sobre la muy concentrada industria de genética animal y la acuacultura, sector en muy rápido crecimiento. El Grupo ETC ha dado seguimiento a la concentración del poder de las corporaciones de la alimentación y la agricultura por más de tres décadas.

“Es tiempo de revivir las regulaciones nacionales en materia de competencia y establecer medidas que defiendan la seguridad alimentaria global”, continúa Wetter. “Argumentar que solamente intensificando la producción industrial con las tecnologías del norte (semillas transgénicas, plaguicidas, fertilizantes sintéticos, y la genética animal que promueven las corporaciones), la población mundial, que se multiplica imparable en medio del caos climático, tendrá alimentos para sobrevivir, es una mentira muy grande. La realidad está muy lejos de esa mentira.”

Este informe del Grupo ETC es la primera entrega de la serie “¿Quién controlará…? Con la cual queremos compartir nuestros análisis sobre la actividad de las corporaciones en áreas como la distribución y procesamiento de alimentos, la farmacéutica, la minería, la energía, las tecnologías del clima y la privatización de la investigación, entre otros temas cruciales.

 

El Communiqué No. 111 se publica junto con un póster que compara la capacidad de la cadena industrial de producción de alimentos con las redes campesinas de subsistencia para enfrentar el caos climático, con base en amplias referencias relacionadas a diversos aspectos de la producción, distribución y consumo de alimentos. El póster, ya en castellano, ¿Quién Nos alimentará: La cadena industrial o la red campesina? Es resultado de exhaustivas investigaciones sobre cómo los productores campesinos e indígenas del mundo, que suman aproximadamente 3 mil millones de personas —rurales y urbanos, pescadores y pastores— no sólo alimentan a la mayor parte de la población del planeta, sino que crean y conservan la mayoría de la biodiversidad global. La cadena industrial de producción de alimentos, en contraste, utiliza el 70% de los recursos agrícolas para producir únicamente el 30% de las provisiones alimentarias globales.

“La red campesina de producción de alimentos es prácticamente ignorada o es invisible para los elaboradores de políticas que tienen que resolver cuestiones de alimentación, agricultura y crisis climática”, enfatiza Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. “Esto tiene que cambiar, los campesinos son los únicos que realmente tienen la capacidad y la voluntad para alimentar a quienes sufren hambre —y ni mencionar al resto de nosotros… pero necesitan soberanía alimentaria.”

Nota:

[i] Si bien BASF no tiene ventas significativas de semillas, está muy involucrada en la investigación y tiene alianzas e inversiones de riesgo con varias de las otras cinco compañías.
Fuente original: http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-los-c%C3%A1rteles-de-la-agricultura-trastornan-el-mundo 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173830

 

 

La desertificación junto con la reterritorialización por las economías de enclave exportador y la IIRSA dan lugar a cambios casi irreversibles en las bases tanto para la vida como para el poder popular de construir el buen vivir abajo.

 

 

LAS VÍAS DEL SAQUEO diciembre 2012

Emancipación o dependencia en Latinoamérica, un escenario devastado por las corporaciones transnacionales.

Por Javier Rodríguez Pardo (*)

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamérica (IIRSA), fue presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y firmada por los presidentes sudamericanos en Brasilia en el año 2000. El objetivo -gestado por instituciones financieras internacionales y barnizado de ayuda altruista- se anunció como una necesidad de la región para que una “Latinoamérica postergada” se incorpore al mundo de la globalización. Para ello había que promover el transporte, energía, telecomunicaciones, rutas bioceánicas y todo lo necesario, de modo que 400 megaproyectos continentales de infraestructura faciliten la mercantilización de materias primas. Se trata de bienes comunes -usualmente denominados recursos naturales- destinados al mundo concentrador globalizado y a la hegemonía de ese Poder.

El plan de integración regional sudamericana bien podría haber sido aplaudido por los habitantes del continente, porque se afirma en una necesidad histórica de aunar esfuerzos de los latinoamericanos y fortalecer las naciones y pueblos que hoy deben sobrevivir dentro de la globalización dominada por las corporaciones. Interrelacionar economías y fortalecer el crecimiento de conjunto, a imagen de un gran mercado común sudamericano, es un viejo ideal fundacional de las independencias de la región y de sus gestores: desde la gran coalición pensada por Simón Bolívar, por entonces el sueño de confederar a los Estados Unidos Latinoamericanos, hasta las ideas de unificación regional de José Martí que apuntaban a impedir la expansión de Norteamérica.

Sin embargo, la estrategia IIRSA del año 2000 no pertenece a ningún visionario líder de los pueblos del sur, ni a patriarca alguno, sino a una estrategia del norte que agotó los recursos de su territorio y debe abrir el candado de los que considera “sus reservas”. Latinoamérica siempre fue esa reserva. De modo que, tal como se ejecuta IIRSA, consiste en intercomunicar los mercados de la región, mediante la visión neoliberal de la economía centralizada por las potencias de norte, al servicio único de éstas. Los doce países firmantes no ahondan en las respuestas que se desprenden de por qué los megaproyectos de energía, de comunicaciones, de transportes, etc., ni el para qué y para quienes serán los frutos de las colosales obras.

La estrategia de las corporaciones transnacionales consistió en facilitar préstamos generosos que terminan endeudando aún más a los pueblos del Sur, encandilándolos con bonanzas primermundistas a costa de que las riquezas que habitan en Latinoamérica. La inequidad de este paradigma se profundizó con un feroz saqueo de esos bienes comunes que culmina en las arcas de un poder obligado a perpetuarse con insumos críticos y estratégicos agotados en sus territorios. Son datos que van más allá del sistema globalizado de enriquecimiento que persiguen las transnacionales dedicadas a la extracción; es decir, la ambición de las corporaciones se extiende más allá de los buenos negocios, apunta en realidad a controlar la masa crítica de insumos, los pocos que quedan en un planeta asolado, aplicando para ello políticas de acumulación y de dominio. IIRSA -al igual que el Plan Puebla Panamá- es uno de los caminos precursores de la apresurada Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur); la herramienta y la instrumentación política, respectivamente.

El paquete financiero  lo completan además del BID, la CAF (Corporación Argentina de Fomento) un banco público integrado por 17 países miembros, 16 bancos sudamericanos y un capital autorizado de 5.000 millones de dólares iniciales que apoya al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y es el mayor financista de los complejos IIRSA; además el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (FONPLATA) que apoya al MERCOSUR con el modelo económico de la CAF (Corporación Andina de Fomento), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con un capital autorizado de 415.5 millones de dólares; y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) desprendimiento del Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Exterior de Brasil, con un activo de 87 mil millones de dólares. La carpeta financiera del BNDES para proyectos del IIRSA superaba, en el año 2000, los 30.000 millones de dólares.

Diez años después, los gobiernos conformaban una cartera consensuada de 524 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que se encuentran agrupados en 47 conjuntos de proyectos que representan una inversión estimada de US$ 96.119,2 millones de dólares, a junio de 2010. Adicionalmente, los gobiernos seleccionaron un paquete acotado de proyectos de alto impacto con atención especial para su financiamiento y ejecución en el corto plazo según la Agenda de Implementación Consensuada en 2005 – 2010 y constituida por 31 proyectos valorizados en US$ 14.023 millones. La información oficial de la estrategia IIRSA sostiene que aproximadamente el 73,7% de los 524 proyectos de la Cartera presenta avances significativos. A junio de 2010, la inversión movilizada de dichos proyectos asciende a la suma de 83.363,1 millones de dólares. El 10,1% de los proyectos (8.468,8 millones de dólares) ha sido concluido, el 33,4% (45.835,7 millones de dólares) se encuentra en fase de ejecución y el 30,2% (29.058,6 millones de dólares) se encuentra en fase de pre-ejecución.(...)

IIRSA permite disponer, controlar y centralizar la acumulación global de los bionegocios que sobrevienen después de la bioprospección y de la prospección minera -metálica y de combustibles-, aplicación de una mega tecnología promiscua disfrazada de modernidad y promocionada como “de punta”; para estos fines, como hemos visto precedentemente, el sistema exige, en las regiones donde instala su actividad extractiva, una legislación ambiental fláccida, permisiva, con exenciones de deberes medioambientales igualmente ventajosos a semejanza de las leyes tributarias, merced a gobiernos envilecidos, degradados, que les proporcionan facilidades económicas para insumos imprescindibles, sobre todo agua y energía: no pagan los miles de metros cúbicos de agua que consumen por segundo y la energía la reciben subsidiada.

Con el concepto bienes comunes, bienes comunitarios, pertenencias de los comunes, quisimos empezar a debatir de qué manera vienen despojando de su patrimonio a los pueblos del sur, estigmatizados también como subdesarrollados, porque recursos naturales es una locución que merece ser observada, en tanto se califica a una forma de dominación desde el lenguaje: recurrir al recurso. Aceptar que cualquier mortal, de cualquier latitud, pueda “recurrir al recurso” a modo de cooptación, es admitir la enajenación de pertenencias vitales de pueblos y comunidades que necesariamente subsisten integrados a un ecosistema que debe funcionar armónico, equilibrio imprescindible para toda forma de vida.

Distinguimos también que la denominación de bienes comunes no se opone a la visión indígena de Madre Tierra. Hay una pertenencia universal a ese origen matronal y constituimos parte de su todo, al igual que cada expresión de vida que se halla dentro de la campana de la biosfera, los bienes de la naturaleza, la “envoltura viva” del planeta, o Pachamama para el mundo indígena americanista, y no a la inversa. Las riquezas que habitan los suelos pertenecen a esa cosmovisión de los pueblos originarios, pensamientos que en otras culturas también se oponen al antropocentrismo.

Así se desarrolla en la actualidad la más vandálica penetración colonial Latinoamericana de los últimos tiempos, permitida y consolidada por una hueste de criollos corruptos a semejanza de caballos de Troya, pajes serviles de corporaciones imperiales, que legislan traicionando cartas magnas constituyentes y principios elementales de derechos humanos en los países y naciones que deberían resguardar y proteger ante los nuevos invasores mineros, surgidos con el mismo pillaje de hace quinientos años. Algunos de estos gobernantes cipayos todavía se ufanan de tildar la rebeldía del despojado como “perros del hortelano”, por aquello de que no comen ni deja comer.

Es inconcebible admitir que desaparezcan los bienes comunes de estos pueblos y que además sus habitantes contribuyan para que eso ocurra; lo cierto es que la geografía se transforma y los territorios se adecuan con vías para el saqueo impulsados por políticas extra nacionales. En el litoral argentino, por ejemplo, mediante los proyectos IIRSA se prevé construir hidroeléctricas que mitiguen la demanda energética y puertos fluviales como el mineralero de Río Tinto sobre el río Uruguay. El plan hidroeléctrico binacional Garabí-Roncador (río Uruguay, entre Argentina y Brasil) y la hidrovía Paraguay-Paraná son parte de los propósitos de IIRSA, que pasaron la etapa de factibilidad. En realidad, no hay región en nuestro continente que se halle exenta de proyectos hidroeléctricos de alto impacto, y de vías que conduzcan a los puertos oceánicos; ideas de falsa integración regional de la banca financiera internacional, para las políticas de globalización y de dominio.(...)
 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_11_Foro_para_la_Construccion_de_nuestra_Soberania_Alimentaria2

 

 

Entonces, el extractivismo es acumulación de riquezas y poder por los oligopolios que dominan al sistema capitalista y valorizan la Naturaleza como fuente de recursos para su mercado e industrias globalizados. Conduce a la reestructuración socioeconómica, estatal y geográfica del país-continente en enclaves de exportación e infraestructuras de IIRSA que imponen desterritorialización a las comunidades locales y reterritorialización del país-continente en acuerdo tanto con la eficiencia en los negocios oligopólicos como con mayor sometimiento de nuestros pueblos al imperialismo. Emanciparnos exige nuestra organización y lucha en forma de constituir el estado comunal que está planteado en Venezuela.

  

Otro país-mundo depende de la organización y lucha de los de abajo.

Ante todo es fundamental la toma generalizada de conciencia sobre

cómo progresa el capitalismo hoy.

Partamos de la realidad continental que pone en debate el Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

 

Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC, GRAIN | 06 August 2013 | Biodiversidad - Jul 2013

 

Intentamos demostrar que las empresas directamente beneficiadas por los actos de gobierno de los Estados, sus políticas públicas, sus reformas constitucionales, y sus legislaciones apalancandas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio.

Esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. (...)

Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.

Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles”.

La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con sus problemas, mientras  los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.

Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.

El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras  formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.

Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. (...)

Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.

 

Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.

 

Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura independiente.

Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.

 

El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.

 

Sumisión, porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.

 

Fragmentación y encono, porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y sumisión.

Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato.

Desarraigo, porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio.  No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región.  Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. Se extrema la urbanización salvaje.

Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de  transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo,  a su derecho a existir.

Pensemos en qué nos advierte el Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los pueblos.

 

Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros en algún lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios.

Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.

Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.

 

Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo válidas.

• La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
• La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales;  propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
• Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar  las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
• La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades,  agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
• Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Según datos de GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión planetaria inaceptable.

Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4768-territorialidad-subsistencia-y-vida-digna-documento-de-contexto-general-de-las-denuncias-ante-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos

 

Consideremos porqué izquierdas K e independientes coinciden en estimar al gobierno CFK como contrapuesto a la derecha.

En ese rumbo hallamos:

El meandro de los gobiernos progresistas

Conservadurismo de los intelectuales

 

Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión) 

Intencionalidad

Esta es una crítica al conservadurismo intelectual y a la apología de los gobiernos progresistas. Dos actitudes que debilitan la potencia social, que debilitan las fuerzas de las luchas emancipatorias, liberadoras y de-coloniales, que transfieren la potencia y la fuerza a la captura institucional, por lo tanto a la usurpación representada de las conquistas sociales.

 

De la intelectualidad

Hay una imagen, un tanto difundida, de que los “intelectuales” son, por lo general críticos; esta imagen compartida compite con otra más popular; de que los “intelectuales” habitan en la estratosfera, que deambulan en los aires, con los pies suspendidos, sin pisar la tierra. Ambas imágenes son equivocadas; en primer lugar, porque es un grupo muy reducido de los “intelectuales” que es crítico; la aplastante mayoría es, en realidad, conservadora. Legitiman el régimen cuestionado por las y los críticos. La gran mayoría de los “intelectuales” es realista, “pragmática”, funcional al sistema. En segundo lugar, la gran mayoría de los “intelectuales” pisa tierra, pisa tierra firme, conocen muy bien las reglas del juego y los intereses vigentes. Aunque hay, entre ellos, una zona de incertidumbre, cuando se aproximan a una cierta forma de “crítica”, que no deja de ser formal, a pesar de los escenarios que se montan, permitidos. Estos “intelectuales”, de cierta postura “crítica”, saben distinguir lo “viable” de lo “imposible”, lo aconsejable de lo extremo. La dosis “crítica” no puede comprometer ciertos márgenes de movimiento, ciertos intervalos de desplazamientos, no se pueden cruzar ciertos límites. Estos márgenes, estos límites tienen que ver con el Estado. No se puede tirar por la borda al Estado; en manos de los gobiernos progresistas es un instrumento de ampliaciones democráticas, de mejoras sociales, de redistribuciones del excedente. Hay que distinguir gobiernos progresistas de gobiernos claramente de “derecha”. Este punto de vista es plenamente realista; por lo tanto, conservador.

Lo que elude esta “crítica” realista es la cuestión estatal; es decir, la cuestión del poder. El Estado es esencialmente violencia concentrada, el Estado es el aparato privilegiado de las estructuras de poder, de los diagramas de poder, el Estado es la macro-institución primordial de los agenciamientos de poder. Hablar del uso del Estado es casi una ilusión; pues es precisamente el Estado, como campo institucional, como campo burocrático, como campo político, el que termina usando a los “revolucionarios” y a los progresistas [1] . Se puede decir que, estando en el Estado, a la larga, “derechas” e “izquierdas” terminan pareciéndose, pues usan la violencia física y simbólica del Estado como aparato de represión, pues terminan expropiando la voluntad general, las voluntades colectivas y sociales. La dramática historia de las revoluciones nos muestra esta ruta sinuosa. Las revoluciones cambian el mundo, el mundo no va ser lo que era antes; empero, todas las revoluciones se hunden en sus contradicciones. No pueden resolver el problema del Estado y del poder [2] .

No es que digamos que esta “critica” sensata no tenga validez. Obviamente que la tiene, pues no se puede confundir tipos de gobiernos, gobiernos, con pretensiones socialistas, gobiernos progresistas, gobiernos nacionalistas, con gobiernos declaradamente pro-capitalistas, gobiernos reaccionarios, gobiernos neo-liberales. Esta es una premisa histórica política; empero, de aquí no se puede concluir que es mejor no criticar a los gobiernos progresistas, pues favorece a la “derecha”. Tampoco se puede concluir, incluso criticándolos, que, por esta razón, es mejor que se queden en el Estado a entregar el Estado a la “derecha”. Pues, qué es el Estado sino aquel instrumento construido por las clases dominantes, que termina invistiendo a los ocupantes de turno como funcionarios, como técnicos del ejercicio de las dominaciones polimorfas. El problema no es tanto quién ocupa el Estado, sino que el Estado no haya sido desmantelado para instaurar, en su lugar, formas participativas de gestión.

Cuando los gobiernos progresistas terminan haciendo lo mismo que los gobiernos liberales y neoliberales, el problema del poder, de la recurrente reiteración de las formas de poder, se manifiesta patentemente. No sólo en lo que respecta a la represión, al uso de la violencia concentrada del Estado, a la criminalización de la protesta, a la persecución de los dirigentes indígenas, como ocurre en Ecuador y en Bolivia, sino en lo que respecta al modelo colonial del capitalismo dependiente, que es la economía extractivista y el Estado rentista. Las diferencias que marcaban a los gobiernos progresistas, diferencias que tienen que ver con ampliaciones democráticas, beneficios sociales, redistribución del ingreso, terminan haciéndose difusas, sobre todo, si consideramos, que el multiculturalismo liberal llegó a reconocer la interculturalidad. También se hacen difusas las fronteras cuando son los gobiernos neo-liberales los que inventaron el microcrédito y los famosos bonos, además del uso accionario de las AFPs; medidas que han mantenido los gobiernos progresistas.

La tarea no es mantener a los gobiernos progresistas, sino transformar la sociedad y demoler al Estado, aunque sea en una larga transición. Los gobiernos progresistas se proponen mantenerse en el poder, púes gozan de la legitimidad histórica de que son “revolucionarios”. Eso basta. Los “intelectuales” de la “crítica” sensata, también creen que la tarea es sostener a los gobiernos progresistas, a pesar de sus crasos errores. Esto es caer en el mito de los caudillos, como también caer en el mito del Estado como instrumento, que antes estuvo al servicio de las clases dominantes, y ahora puede estar al servicio de las clases dominadas, de las naciones y pueblos colonizados. (...)

Raúl Prada Alcoreza (Rebelión) continúa el desarrollo de su intencionalidad para llegar a las:

 

Conclusiones

Tres conclusiones son indispensables:

1. La necesidad de la interpelación de la crítica, entendida como tal, radical, pues no puede haber crítica sin tocar los problemas en sus raíces, sin tocar las condiciones de posibilidad histórica de los problemas, como también de la misma crítica.

 

2. Los gobiernos progresistas, los gobiernos “revolucionarios”, son dispositivos provisionales, en la bisagra de las épocas, la pasada y la nueva que nace; son productos institucionales ligados a la herencia institucional y burocrática del Estado. Lo urgente se encuentra en la liberación de la potencia social, la invención y creatividad colectiva, que desmantelan estos aparatos para construir composiciones dinámicas y participativas.

 

3. La defensa de los procesos de cambio no puede confundirse con la defensa de los gobiernos; hacerlo es un suicidio. Se confunden las transformaciones, lo que posibilita las transformaciones, la participación movilizada, con la representación conservadora e institucionalizada de la conquista del poder. Es cuando las criaturas se convierten en los buitres que comen las entrañas del pueblo. Leer

 

Ejemplifiquemos porqué la toma generalizada de conciencia sobre la situación de Argentina y Nuestra América exige discutir la concepción de izquierdas independientes que simpatizan con el gobierno CFK.

Daiana García para ANRed desconoce que el neoextractivismo implica la reestructuración económicosocial, políticoinstitucional y destructora de las bases tanto para la vida como para la dignidad de los pueblos.

 

A) Por menospreciar el carácter expulsor del modelo en vigencia desde 2002 señala en "La economía de los candidatos (II)":

(…)Según una nota de Martín Kalos sobre el Presupuesto 2014, el Gobierno apostaría a continuar con las políticas de transferencias de ingresos conquistadas por los trabajadores en los últimos años. Algunas de estas conquistas tienen que ver con los planes de Asignaciones Universales por Hijo y Argentina Trabaja, entre otros. Estos planes permiten frenar la exclusión de los trabajadores por fuera del mercado de trabajo, propia del sistema económico.

La limitación que tienen las políticas de transferencias de ingresos se vinculan a la capacidad que tiene el Estado para sostener el Gasto Público. El Gasto Público a su vez depende del crecimiento de la economía que es lo que le permite al Estado recaudar impuestos. Según lo proyectado se espera que en el 2014 la economía nacional crezca un 6,2%, por ende, el Estado tendrá un incremento en su recaudación del 27,2% (en comparación al 2013). Por el lado del Gasto Público, se espera un incremento del mismo en un 19,2%. Las cuentas estarían equilibradas, siempre y cuando el crecimiento nacional sea el esperado y no menor.

En el caso de tener que bajar el Gasto Público, los rubros que tendrían menor costo político y social serían las obras públicas, que corren principalmente por parte de las provincias. En cambio, en el caso de tener que bajar cantidad de subsidios a empresas de servicios públicos, las mismas transferirían su diferencia, principalmente, a los consumidores incrementando los mismos.

El kirchnerismo apunta a continuar y profundizar el modelo, apelando a la lógica neokeynesiana o neodesarrollista y al fomento de la demanda a través de las obras públicas. Pero solo será posible si los niveles de crecimiento de la economía son los anunciados, no sin algo de optimismo. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6829

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B) Por circunscribirse a una medida (regulatoria y desegmentada) y descontextualizarla  del proceso de expansión de la soja transgénica que el modelo promociona desde 2002 y del funcionamiento global de este sistema de agronegocios permanece en la lectura inmediata de los hechos durante el año 2008. En efecto, en "La economía de los candidatos (I)" no tiene en cuenta a la alianza del gobierno CFK con los oligopolios imperialistas y locales que el Plan Estratégico Agroalimentario y la Ley Monsanto suponen. Sostiene: "(...)Las propuestas de los partidos de la izquierda apuntan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a crear conciencia. Son planes integrales que contemplan la complejidad de estos problemas en el marco del sistema capitalista. Ambos hacen énfasis en evitar el pago de la deuda pública y privada, y utilizar esos fondos para la distribución de ingresos entre los trabajadores. Pero no hay una propuesta sobre cómo recuperar los fondos de la ANSES que ya se han consumido, por ejemplo. Sí hacen mucho hincapié en aplicar impuestos al capital para financiar las políticas que proponen: acá se ve el punto más difícil de llevar a cabo, no hay que olvidar el inconveniente que se dio cuando el Gobierno quiso implantar la resolución 125 por el 2008, que implicaba un impuesto móvil en función del precio de la soja e iba en detrimento de los ingresos de los capitales más grandes del país". Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6828

El capitalismo se constituye sistema de acaparamiento de bienes comunes por oligopolios imperialistas y locales.

Ese avance lleva a la desaparición forzada de 
comunidades campesinas e indígenas.

La agricultura industrial expande y profundiza el hambre y la pobreza.

La Vía Campesina, en su plataforma para combatir el hambre y la pobreza en el mundo rural (Resoluciones y Mociones de Yakarta, julio 2013) señala:

Hoy hay más personas en el mundo padeciendo hambre que en cualquier otro momento de la historia humana. A su vez, el Banco Mundial recomienda cada vez más programas asistencialistas, compensatorios, "focalizados", productivistas, privatizadores y de liberalización de mercados, para supuestamente acabar con el hambre. 

Y cada vez más los gobiernos, muchas veces hermanados con el sector privado nacional y transnacional, se esfuerzan por implementar estos programas. El resultado ha sido más hambre y más pobreza en el campo y en la ciudad, irónicamente con mayores oportunidades para la inversión y las ganancias privadas.

El hambre y la pobreza son las más nuevas "commodities" (mercancías) para especular con ellas en los mercados al costo de los hambrientos y los pobres. Esta es la triste realidad. Si los gobiernos y las instituciones multilaterales de verdad quisieran reducir el hambre, la pobreza y la miseria, deberían empezar por asumir las verdaderas causas estructurales de las mismas y  diseñar políticas públicas de Estados y apoyar las iniciativas de los movimientos dirigidas a atacar dichos problemas en su raíz.

La causas

El hambre y la pobreza tienen sus causas estructurales en el sistema capitalista. Aunado a esto, las políticas neoliberales de recorte de presupuestos y servicios, y de transnacionalización de nuestras economías, empeoran tanto las estructuras de inequidad como las condiciones actuales para nuestros pueblos. Los programas asistencialistas y compensatorios no hacen nada para rectificar esta situación; más bien enmascaran las causas verdaderas y permiten que se sigan transformando nuestras economías en contra de nuestros propios intereses.

El sistema económico, capitalista  global, ha generado diversas crisis, cuyas manifestaciones locales y regionales nos golpean más, incluyendo, entre otros, los efectos de la crisis global de los precios de los alimentos y de la crisis climática. Los alimentos subvencionados y baratos importados por las empresas transnacionales, posibilitados por los tratados de libre comercio, rebajan los precios que recibimos por nuestros productos agrícolas, obligando a las familias campesinas a abandonar el campo y a migrar a las ciudades, mientras se socava la producción alimentaria local y nacional. Justo cuando se haya suprimido la producción nacional de alimentos, sus precios se dispararán en los mercados internacionales, generando hambrunas que pudieran haber sido evitadas por políticas de Estado que apoyaran la producción campesina nacional de alimentos en cada país, a través de sus sistemas de producción.

Los inversionistas extranjeros, invitados por algunos de nuestros gobiernos, acaparan las mejores tierras de labranza, desplazando aún más a los campesinos y campesinas locales, productores y productoras de alimentos, y reorientando las tierras hacia la minería, siendo social, cultural, política, económica y ambientalmente devastadora, hacia las plantaciones de agrocombustibles que alimentan a los automóviles en vez de a las personas y hacia otras plantaciones dedicadas a la exportación, que atentan contra la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos y sólo enriquecen a unos pocos.  Hay cada vez menos tierra para producir alimentos para las personas, y cada vez más para minas y desiertos verdes. La privatización por la venta y la contaminación del agua significa que los únicos que pueden regar son los dueños multinacionales de las plantaciones para agrocombustibles y la exportación.

Al mismo tiempo, las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire proveniente de los Países Desarrollados y del sistema agroalimentario global de las corporaciones -basado en el transporte a largas distancias y en la agricultura industrial- están cambiando el clima en nuestro detrimento. Nuestras tierras se vuelven más áridas, con cada vez mayor escasez de agua, afrontamos incrementos de las temperaturas y condiciones progresivamente más extremas, tales como fuertes tormentas, huracanes, inundaciones y sequías. Las fechas de las épocas lluviosas se han vuelto completamente impredecibles, de manera que ya nadie sabe más cuándo sembrar. Todo esto daña a las familias campesinas y pueblos originarios y afecta a la producción alimentaria. También, nos enfrentamos a la imposición de las semillas transgénicas en nuestros países, que amenazan la integridad de nuestras variedades locales de semillas –esenciales para hacer frente al cambio climático- y la salud de nuestros consumidores y consumidoras. (...) Leer

En el Llamamiento de la VI Conferencia de la Vía Campesina Egidio Brunetto – 9 al 13 de junio de 2013 (Yakarta, el 12 de Junio de 2013) se aclara:

(...)La Agroecología  es nuestra opción para el presente y para el futuro
La producción de alimentos basada en la agricultura campesina, el pastoralismo y la pesca artesanal sigue siendo la principal fuente de alimentos en el mundo. La agricultura campesina de base agroecológica constituye un sistema social y ecológico que está conformado por una gran diversidad de técnicas y tecnologías adaptadas a cada cultura y geografía. La agroecología elimina la dependencia de los agrotóxicos; rechaza la producción animal industrializada; utiliza energías renovables; permite garantizar alimentación sana y abundante; se basa en los conocimientos tradicionales y restaura la salud e integridad de la tierra. La producción de alimentos en el futuro estará basada en un creciente número de personas produciendo alimentos en forma diversa y resiliente.

La agroecología protege la biodiversidad y enfría el planeta.

Nuestro modelo agrícola no sólo puede alimentar a toda la humanidad sino que también es el camino para detener el avance de la crisis climática enfriando el planeta a través de la producción local en armonía con nuestros bosques, alimentando la biodiversidad y la reincorporación de la materia orgánica a sus ciclos naturales. 

Justicia social y climática, y solidaridad
A medida que avanzamos y construimos a partir de nuestra diversidad cultural y geográfica, nuestro  movimiento por la soberanía alimentaria se ve reforzado, integrando la justicia y la igualdad social. Practicando la solidaridad por sobre la competencia, rechazamos el patriarcado, el racismo, el imperialismo y luchamos por sociedades democráticas y participativas, libres de explotación de las mujeres, los niños, los hombres o la naturaleza.

Demandamos justicia climática ya mismo. Quienes más sufren este caos climático y ecológico no son los que lo han provocado. Las falsas soluciones de la economía verde para continuar el crecimiento capitalista están empeorando la situación. Se crea una deuda ecológica y climática que debe ser corregida. Por esta razón demandamos la inmediata detención de los mecanismos de mercados de carbono, geoingeniería, REDD y los agrocombustibles.

Ratificamos la necesidad y nuestro compromiso de luchar en forma permanente contra las corporaciones transnacionales, entre otras cosas, boicoteando sus productos y rechazando cooperar con sus prácticas de explotación. Los Tratados de Libre Comercio y los acuerdos de inversión han creado condiciones de extrema vulnerabilidad e injusticias para millones. La implementación de estos tratados trae como resultado la violencia, la militarización y la criminalización de la resistencia. Otra consecuencia trágica de los mismos es la creación de una masa masiva de migrantes mal pagados, con trabajos inseguros e insalubres y con violaciones de sus derechos humanos y discriminación. La Vía Campesina ha logrado colocar los derechos de los campesinos y campesinas en la agenda del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y llamamos a los gobiernos a ponerlos en práctica. Nuestra lucha por los derechos humanos está en el corazón de la solidaridad internacional e incluye los derechos y protección social de los agricultores migrantes y trabajadores de la alimentación.

Las luchas por el derecho a la tierra, a la alimentación, al trabajo digno, contra la destrucción de la naturaleza, son criminalizadas. Son cientos los compañeros y compañeras que han sido asesinados en los últimos años y otros muchos ven amenazadas sus vidas o son perseguidos y encarcelados, frecuentemente con el apoyo o la complicidad de las autoridades públicas. (...)

Semillas, bienes comunes y agua
Enaltecemos a las semillas, el corazón de la Soberanía Alimentaria, con el principio Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, reafirmado hoy por cientos de organizaciones en todo el mundo. Nuestro desafío pasa hoy por seguir manteniendo a nuestras semillas vivas en manos de nuestras comunidades, por multiplicarlas en el marco de nuestros sistemas campesinos. Continuaremos la lucha contra su apropiación a través de diversas formas de propiedad intelectual y su destrucción por su manipulación genética y otras nuevas tecnologías. Nos oponemos a los paquetes tecnológicos que combinan transgénicos con el uso masivo de pesticidas.

Seguimos hoy enfrentando la Leyes de semillas que, de la mano de los intereses de las corporaciones, son privatizadas y mercantilizadas. Seguimos enfrentando a los transgénicos  y luchando por un mundo libre de transgénicos. 

Los ciclos de la vida fluyen a través del agua y ella es una parte esencial de los ecosistemas y la vida. El agua es un bien común y como tal debe ser protegido.

Construyendo desde nuestras fortalezas

Nuestra gran fortaleza es crear y mantener unidad en la diversidad. Nosotros tenemos una visión del mundo inclusiva, amplia, práctica, radical y esperanzada como invitación a unirnos en la transformación de nuestra sociedad y la protección de la Madre Tierra.

Las movilizaciones populares, la confrontación con los poderosos, la resistencia activa, el internacionalismo, el compromiso con los movimientos de base locales son esenciales para lograr cambios sociales efectivos.

En nuestra heroica lucha por la Soberanía Alimentaria continuaremos construyendo alianzas esenciales con los movimientos sociales, los trabajadores y organizaciones urbanas y de las periferias, con migrantes, con quienes luchan contra la megaminería y las megarrepresas, entre otras.
Nuestras principales herramientas son la formación, la educación y la comunicación. Estamos fomentando el intercambio de conocimientos acumulados hasta el presente con metodologías y contenidos de formación cultural, política e ideológica y técnica; multiplicando nuestras escuelas y experiencias de educación de nuestras bases y desarrollando nuestras herramientas de comunicación desde nuestras bases. 
Nos comprometemos a crear espacios especiales para potenciar a nuestros jóvenes. Nuestra mayor esperanza hacia el futuro es la pasión, energía y compromiso de nuestros jóvenes articulada en los jóvenes de nuestro movimiento.
Nos vamos de esta VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina dando la bienvenida a las nuevas organizaciones que se han integrado al Movimiento, seguros de nuestras fortalezas y llenos de esperanzas hacia el futuro.

¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos!

¡Con solidaridad y lucha!

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El extractivismo arrasa los sistemas vitales para la habitabilidad de Nuestra América que crearon los pueblos originarios.

Héctor Alimonda, en la Presentación del libro "La naturaleza colonizada", explica: Durante siglos, los Andes han sido un vasto escenario donde distintas culturas humanas fueron construyendo modos y estilos de convivencia con la naturaleza, expresados en saberes, tecnologías, formas de organización social y elaboraciones míticas y simbólicas. A partir de la cuidadosa observación de la variedad de los diversos ecosistemas que componen la inmensa región, de su flora, de su fauna, de sus variaciones climáticas y ecológicas según fajas de altitud, de sus diferentes suelos y disponibilidad de recursos hídricos, esas sociedades elaboraron sistemas complejos de aprovechamiento de esos múltiples recursos, en una perspectiva que hoy deberíamos calificar como “sustentable”. Y será bueno recordar, también, que esa actitud “sustentable” en relación a la naturaleza no se limitaba a una aceptación pasiva de sus determinaciones: a lo largo de miles de años (de la misma forma que en Mesoamérica) se realizaron experiencias de investigación biológica y agronómica sobre especies vegetales y animales, con el resultado de nuevas variedades, se implementaron nuevas técnicas de cultivo y se efectuaron notorias intervenciones sobre el medio físico, en la forma de obras de irrigación y de grandes terracerías, por ejemplo. Paradójicamente, estas experiencias, que constituían un tesoro de la humanidad, fueron destruidas en función de la implantación en esa región de una “economía de rapiña”, como la denominó en 1910 el geógrafo francés Jean Brunhes, basada en el saqueo extractivista. No es necesario recordar que sobre estas sociedades y estas naturalezas se arrojó el aluvión de la conquista europea, que las sometió a situaciones de colonialidad, recomponiéndolas en función de sus lógicas de acumulación económica y de control político y social. Destacamos, apenas, que fue el momento de aparición de una forma de explotación, inédita en la historia en su escala y su crueldad: la gran minería. A comienzos del siglo XXI, pasados quinientos años, la intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales se expresa en la multiplicación de mega proyectos de extracción en todo el continente. Pero, a diferencia de épocas pasadas, las condiciones tecnológicas permiten ahora prescindir de grandes contingentes de fuerza de trabajo. Las poblaciones locales, entonces, se transforman en víctimas de procesos de vaciamiento territorial que las excluyen de sus lugares de pertenencia, al mismo tiempo en que destruyen a los ecosistemas con los cuales han convivido, a veces, desde tiempo inmemorial. A pesar de los prolijos catálogos de buenas prácticas para la gobernanza ambiental y de las prescripciones de la responsabilidad socio- ambiental de las empresas, la resistencia generalmente tiene como respuesta la criminalización, la represión, los asesinatos por encargo: en el siglo XXI latinoamericano, la disputa por el control de los recursos naturales es un tema álgido de derechos humanos. Con significativa regularidad, estos procesos se multiplican dramáticamente en todos los países de la región, independientemente de las orientaciones políticas generales de sus gobiernos. En el caso específico del Perú, la profundización del modelo extractivista minero se ha visto acompañada, especialmente durante el gobierno de Alan García, por una ofensiva despiadada por la privatización y mercantilización de los recursos naturales, implicando en la anulación de las formas tradicionales de convivencia, con frecuencia ancestrales, que con ellos mantienen comunidades campesinas y naciones indígenas. Esa desposesión ha significado, inclusive, la modificación de regímenes legales de propiedad que protegían esos derechos. No sorprende, entonces, que desde hace años los motivos ambientales constituyan la mitad de las causas de los conflictos sociales en el cómputo mensual que realiza la esforzada Defensoría del Pueblo del Perú. (…)  

Héctor Alimonda, en La colonialidad de la Naturaleza, define al extractivismo como persistencia de la colonialidad que afecta a la naturaleza de Nuestra América:

(…)La conclusión que desde ya adelanto es que el trauma catastrófico de la conquista y la integración en posición subordinada, colonial, en el sistema internacional, como reverso necesario y oculto de la modernidad, es la marca de origen de lo latinoamericano. No estoy diciendo, atención, que esa marca de origen determine absolutamente toda nuestra historia de forma fatal. Al decir esto, claro está, pongo en evidencia que doy a la Historia un papel relevante en la interpretación de las sociedades. Por lo tanto, a nadie debe sorprender que, en mi perspectiva, la Ecología Política latinoamericana deba constituirse en una relación de diálogo y realimentación mutua con otra área de reflexión que se está desarrollando recientemente en la región, la Historia Ambiental. Luego de presentar estos puntos, intentaré cerrar la reflexión con referencias a diferentes propuestas en relación a la Ecología Política en América Latina. Quiero comenzar por destacar el punto que me interesa desarrollar en este momento: la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza latinoamericana. La misma, tanto como realidad biofísica (su flora, su fauna, sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) como su configuración territorial (la dinámica sociocultural que articula significativamente esos ecosistemas y paisajes) aparece ante el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes. A lo largo de cinco siglos, ecosistemas enteros fueron arrasados por la implantación de monocultivos de exportación. Fauna, flora, humanos, fueron víctimas de invasiones biológicas de competidores europeos o de enfermedades. Hoy es el turno de la megaminería a cielo abierto, de los monocultivos de soja y agrocombustibles con insumos químicos que arrasan ambientes enteros –inclusive a los humanos–, de los grandes proyectos hidroeléctricos o de las vías de comunicación en la Amazonia, como infraestructura de nuevos ciclos exportadores. Hasta las orientaciones políticas “ecológicamente correctas” de los centros imperiales suponen opciones ambientalmente catastróficas para nuestra región: transferencia de industria contaminante, proyectos de basureros nucleares, mega-monocultivos de agrocombustible, etc. Una larga historia de desarrollo desigual y combinado, una ruptura a nivel global del metabolismo sociedad-naturaleza, que penaliza crecientemente a la naturaleza latinoamericana y a los pueblos que en ella hacen su vida (...). Leer