También aclara porqué la concentración de poder de Milani y
las leyes antiterroristas
intensificando la criminalización
tanto de la pobreza como de la protesta
social.
Necesitamos
un Frente cultural político
para construir el análisis mayoritario sobre la realidad nacional desde la
comprobación de cómo avanza el capitalismo imperialismo en Nuestra América.
COPINH rechaza la creación y elevación a rango constitucional de
la policía militar de orden público (PM)
23 de enero del
2015
Nos
sumamos al rechazo de la PM y sus fines ocultos al servicio del poder, por lo
tanto manifestamos:
1.- Que
rechazamos no sólo que se eleve a rango constitucional la Policía Militar, sino
también la creación de esta estructura que viene a endurecer la militarización
de la sociedad expresada en el avasallamiento mediático, cultural, político y
social como mecanismo de control ciudadano, que además criminaliza las luchas
sociales y políticas y atenta al respeto de los derechos humanos y civiles.
2.-La Policía
Militar es un atentado a la policía civil, a la independencia, soberanía y
supuesta superioridad del sistema judicial y fiscal, con funciones paralelas a
la policía y al ejército de Honduras y exclusiva del uso del presidente Juan
Orlando Hernández quien ha destinado enormes presupuestos para la misma
abandonando cada vez más sectores vitales como salud, educación y el INA.
3.- Que la
policía Militar es una estructura paramilitar, con el agravante, como es típico
de estos cuerpos ilegales, de tener una lógica y función ajena al respeto de los
derechos humanos, civiles y políticos y al trato de las complejidades sociales
instaladas en el desenvolvimiento del crimen, el cual gira y funciona desde
cúpulas de poder oculto con tentáculos en las mismas instituciones militares y
policiales y grupos de poder económico y político.
4.- Hacemos un
llamado a los y las diputadas que tienen la decisión de oponerse a que la
Policía Militar se eleve a rango constitucional que se mantengan y voten en
contra de este nuevo acto de Juan O. Hernández, quien impulsa servilmente una de
las mayores etapas de violencia capitalista y militar en Honduras. A esos
congresistas, les demandamos que no se presten al juego de un plebiscito o
referéndum sobre este debate, pues la maquinaria nacionalista recalcitrante y
algunos sectores de poder están listos para más fraudes y manipulación de todo
tipo que daría como resultado seguro lo que precisamente JOH pretende.
5.-
Que se reconozca que el problema de la criminalidad es producto de un sistema
económico, social, cultural y político injusto que ha llevado a que Honduras se
ubique dentro de los países donde más ha crecido la desigualdad social y
económica en este continente, con una población donde el 80% vive empobrecida o
en miseria. La dominación y el intenso saqueo implantado en Honduras están
diseñados para mantener y reproducir la industria del crimen incluyendo el
narcotráfico y el modelo extractivista, concentrador de enormes ganancias y
poder.
POR LO ANTERIOR LA CRIMINALIDAD Y SUS EFECTOS NO SE RESULEVE CON LA POLICIA
MILITAR, NI CON LA MILITARIZACIÓN.
6.- ASPIRAMOS A
UNA HONDURAS CON JUSTICIA SOCIAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y CON ÉTICA POLÍTICA, CON
POBLACIÓN SANA, CON ACCESO A LA EDUCACIÓN, TIERRAS, TERRITORIOS, CULTURA, A LA
ALIMENTACIÓN Y VIDA DIGNA, CON PROCESOS QUE DESMONTEN LA OPRESIÓN, SAQUEO Y
DICTADURAS, QUE POR ENDE GENERARÁ SEGURIDAD CIUDADANA DESDE OTRA ESFERAS Y
LÓGICAS DE BENEFICIO PARA EL PUEBLO HONDUREÑO.
Dado en Intibucá,
a los 23 días del mes de enero del 2015.
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan
nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Fuente:
jubileosuramericas.net/copinh-rechaza-la-creacion-y-elevacion-a-rango-constitucional-de-la-policia-militar-de-orden-publico
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Pronunciamiento de la CONROA contra el Banco Mundial y sus políticas
extractivistas en Honduras
10 de febrero de 2015
10 de febrero de 2015
http://movimientom4.org
La Coalición
Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) en el marco del evento
“Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales” realizado
el 3 y 4 de febrero de 2014 en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa,
Honduras, entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras representado
particularmente por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), se
pronuncia de la siguiente manera:
Según lo ha informado el mismo INHGEOMIN en la
actualidad existen unas 487 concesiones de minas otorgadas a compañías mineras,
de estas 146 son minería metálica de las cuales 114 se encuentran en explotación
en 14 de los 18 departamentos del país, especialmente en Santa Bárbara, Olancho,
Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso. Todo lo anterior sin tomar en cuenta
que existen otras 140 cuarenta explotaciones denominadas No Metálicas entre las
que se cuentan varias explotaciones de Oxido de Hierro, enorme paradoja:
Solamente en Honduras el hierro no es metal!
Todas estas concesiones de minería metálica y
no metálica atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas en
cientos de comunidades debido a lo cual son cada vez mayores los reclamos de la
gente para que prevalezcan sus derechos humanos, tales como el derecho a la
salud, a la alimentación, al agua y en fin… a la vida, antes de hacer valer los
negocios de unas pocas personas y empresas nacionales e internacionales.
Para el pueblo ha quedado demostrado que la
minería, especialmente la metálica MATA a las personas y todos los demás seres
vivos por su alta toxicidad, por el manejo de metales pesados como el cianuro,
el arsénico y el mercurio, las comunidades del Valle de Siria en el departamento
de Francisco Morazán son testigos de este infierno y es por eso que muchos
municipios ahora han declarado que no quieren Minería.
Por esta manera de pensar se persigue a los
defensores de los derechos, se persigue a quien defiende los territorios y ni
siquiera se les da el derecho de pronunciarse en sus municipios, NO… el gobierno
de JOH y sus cómplices corporaciones municipales, continúan su cruzada de
alquilar y vender los territorios contra viento y marea y no dan lugar a la
consulta vinculante.
Como ya lo hemos denunciado en muchas
ocasiones, la actual ley de minería no ha servido para regular realmente la
actividad minera y su aplicación, más bien resulta desventajosa para las
comunidades puesto que no considera vinculante la consulta a las comunidades
antes del momento de prospección y/o exploración, es decir antes de que existan
compromisos entre el Estado y las compañías Transnacionales.
Una ley de minería que lejos de proteger a las
comunidades en donde se lleva a cabo esta actividad industrial, más bien las
deja en desventaja frente a la libertad en que operan estas compañías amparadas
por las garantías que les concede el Estado hondureño para que puedan “invertir”
en el país.
Un estudio reciente, muestra cómo la industria minera ha resultado en el desplazamiento de otras actividades productivas como la caficultura. En este estudio se demuestra que a pesar de que la caficultura ocupa casi el mismo espacio del territorio nacional (2.17%) que la minería (2.85%), la caficultura genera más empleo, divisas y distribución de la riqueza. Entonces ¿porque el Banco Mundial y el Estado no optan por apoyar a más de 120 mil productores de café? a quienes recientemente la roya les afectó seriamente sus cultivos y el Estado Hondureño les ha dejado desprotegidos, sino que por el contrario han decidido apoyar una industria que genera conflicto social pues la minería compite por espacio, agua territorios etc.La minería no ha sido un factor de desarrollo en ningún país, ya que sus impactos ambientales y sociales no son compensados por los ingresos y los escasos empleos que generan.
Es por todos estos motivos que la CONROA se
pronuncia en contra de este evento que realizan Banco Mundial, INGEOMIN y
Gobierno de JOH para impulsar una actividad que ha provocado no sólo daños
ambientales, sino también conflictos sociales y el despojo del legítimo
territorio a las poblaciones hondureñas.
No podemos seguir soportando que el Gobierno
sea cómplice de las compañías mineras. No podemos seguir soportando que las
empresas de seguridad al servicio de las mineras atropellen a la población que
piensa distinto y que persiga hasta la muerte a las y los defensores de Derechos
Humanos y Ambientales.
Exigimos que el Estado hondureño cumpla con el papel que le corresponde y que el destino de los bienes naturales de Honduras, entre ellos el territorio, se discuta en espacios incluyentes en donde las comunidades mismas puedan expresar también su punto de vista, pues son ellas quienes al final sufren todas las consecuencias del extractivismo que hoy los administradores del Estado impulsan como la gran panacea para el desarrollo nacional a costa del empobrecimiento y la muerte de hondureñas y hondureños.
Tegucigalpa,
febrero de 2015
Fuente original: http://movimientom4.org/2015/02/pronunciamiento-de-la-conroa-contra-el-banco-mundial-y-sus-politicas-extractivistas-en-honduras/
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"En una
sencilla pero emotiva ceremonia, la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones
Ambientales (CONROA) recibió un reconocimiento por su trabajo en Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras el día de hoy 18 de diciembre de 2014; de igual
forma el CEHPRODEC, como organización coordinadora de la CONROA recibió igual
reconocimiento del Movimiento Madre Tierra que preside el Dr. Juan Almendarez
Bonilla. En presencia de unas 25 organizaciones nacionales e internacionales y
de periodistas de distintos medios de comunicación el reconocimiento a la CONROA
fue recibido por Martín Gómez del Movimiento Indigena Independiente Lenca de La
Paz (MILPAH), José Isabel Meza del Comité Ambientalista de la Venta del Sur y
Rodolfo Arteaga del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS)".
Violaciones ddhh en proyectos extractivistas en Honduras
I. Contexto
General.
En el período
correspondiente 2010-2014 Honduras se ha caracterizado por un contexto de
violencia generalizada, empobrecimiento de la población y por decretos
inconstitucionales[1] y
violatorios de derechos humanos.
En algunos casos
organismos y representantes del Sistema Interamericano de Naciones Unidas han
expresado: ““La impunidad sigue reinando en Honduras en los casos de amenazas,
hostigamiento y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos”[2];
“La información recibida sobre Honduras durante 2012 refiere a situaciones
estructurales que la CIDH observa con especial preocupación. En particular, la
situación de seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial y las
debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de
impunidad, la discriminación y marginación de sectores de la sociedad”[3];
La CIDH expresa preocupación, en su informe anual 2013, acerca de la persistente
amenaza que supone para los pueblos indígenas la implementación de proyectos
como explotaciones mineras y madereras, represas hidroeléctricas, macro
complejos turísticos y las conocidas como “ciudades modelo”.[4]
Las concesiones
para proyectos de explotación de recursos naturales despojan a las comunidades
de sus territorios y bienes comunales dejándolas sin los más elementales medios
de producción como el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad; también
de los sitios ceremoniales que forman parte de su identidad cultural.
Bajo este marco
de despojo Honduras ha concesionado a junio de 2013 un total de 91 proyectos
mineros metálicos[5].La
duración de estas concesiones son como mínimo de 15 años y pagando a penas 3.5
dólares por hectárea al año.
En el caso de los
ríos, a partir del 2010, se aprobaron 40 contratos a empresas privadas para la
generación de energía eléctrica y se autorizaron proyectos de construcción de
represas hidroeléctricas. Solo en territorios de los pueblosindígenas Lencas,
Pech, Tawahka, Misquito, Tolupán y Garífuna se constatan 21 proyectos
hidroeléctricos.[6]
Para fines del
presente informe se ha tomado de manera específica los casos de explotación
minera a cielo abierto en el Valle de Siria por la empresa Entremares;
explotación minera subterráneaen la Comunidad del Tránsito y el aprovechamiento
de las aguas del Rio Zapotal por la empresa hidroeléctrica Aurora S.A. de C.V en
el municipio de San José en el departamento de La Paz.
I.I Denuncias y
violaciones a los derechos humanos en el Valle de Siria sin respuesta en más de
14 años.
El Valle de Siria
está situado en el departamento de Francisco Morazán, a unos 70 km de la
capital, Tegucigalpa. La actividad minera a cielo abierto inicio en el año2000
por Entremares, empresa subsidiaria de Gold Corp Inc. de Canadá. La mina se
llama San Martiny afecta directamente a tres municipios que conforman el
mencionado valle (El Porvenir, San Ignacio y Cedros).
La población
aproximada del Valle a pocos añosdel inicio de las operaciones era de alrededor
de 42 mil personas que en su mayoría se dedicaban a la agricultura especialmente
la caficultura, la ganadería, el comercio y servicios en general.
Los pobladores
afectados se organizaron alrededor del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS).
Entre las denuncias y las exigencias del comité destacaron desde sus inicios la
ilegalidad en el otorgamiento de la concesión; las descargas de sustancias
toxicas en fuentes de agua; la falta de medidas de protección y mitigación para
evitar impactos en la salud y el ambiente; al mismo tiempo que exigían a la
empresa minera por el resarcimiento a las víctimas y se demandará por los
delitos ambientales.
Estas demandas
promovidas durante 14 años no han sido respondidas por el Estado de Honduras, e
irónicamente, continúa otorgando concesionamientos sin que exista una legítima y
verdadera consulta a las comunidades. Asimismo se carece de estudios de impacto
ambiental realizados de manera independiente. La institucionalidad pública
encargada de dar seguimiento a las actividades mineras del país carece de
capacidad técnica y logística para el cumplimiento de su labor.
La empresa
Entremares cerró operaciones el 2008[7] sin
que se le exigiera cumplimiento de acuerdos contenidos en el ya limitado e
insuficiente Plan de Cierre; y de sancionar por los delitos y faltas cometidas
al Estado de Honduras y a las víctimas por daños ocasionados por la
contaminación.
I.
II.
Mina Subterránea en el Transito sin solución que evite alto grado de
conflictividad.
La actividad
minería subterránea ubicada al suroeste de la aldea de El Transito, municipio de
Nacaome, departamento de Valle se intensificó en el 2012. A partir de esos
momentos pobladores de la comunidad han denunciado contaminación de una
importante fuente de agua para la irrigación de cultivos de pequeños productores
que dependen de sus labores agrícolas, además de las perturbadoras detonaciones
con dinamita y que provocan daños a las viviendas.
Adicionalmente la
explotación minera de El Tránsito, al ser ilegal, carece de procedimientos de
monitoreo técnico-ambiental y no considera condiciones mínimas de seguridad
laboral.
Es ilegal su
actividad porque el Estado de Honduras le otorgó el concesionamiento de
explotación a la Compañía Minera Cerros del Sur. Empresa que la dejó en abandono
desde hace varias décadas y los actuales explotadores del mineral carecen de los
permisos y compromisos correspondientes con el Estado y las comunidades
afectadas.
I.
III
Irregularidades
cometidas en el otorgamiento de concesión a empresa hidroeléctrica Aurora.
Intervención de
empresa hidroeléctrica Aurora S.A. de C.V. desde el año 2007 en comunidades
indígenas[8] y
en zonas declaradas protegidas por ser fuentes abastecedores de agua para varios
municipios.
Miembros de las
comunidades de Aguacatal, Granadillas, Zapotal y Linderos en la montaña del
Jilguero; de los municipios indígenas de San José, Chinacla, Santa María y San
Pedro de Tutule en el Departamento de la Paz, se han organizado en la Red de
Sociedad Civil para defender su derecho al agua violentados por el Estado de
Honduras al otorgar de manera ilegal al concesionar el río Zapotal en el 2009
durante el golpe de estado.
Entre las
ilegalidades se señala que el representante y administrador de la empresa es el
esposo de la actual vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
En el período anterior (2010-2013) fungió como diputada y secretaria del mismo
Congreso. Situación anómala porque el otorgamiento del concesionamiento y la
contratación para la producción de energía se da durante su condición de
funcionaria pública y en la misma ley de minería se inhabilita a funcionarios
del Estado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; y segundo
de afinidad y sus cónyuges[9].
Además la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) le otorgó licencia ambiental
a la empresa antes que la Comisión Nacional de Energía (CNE) dictaminara sobre
el otorgamiento del contrato de compra/venta de energía tal como lo demanda la
ley.
La sociedad civil
organizada de San José solicitó a la corporación municipal la realización de un
cabildo abierto para consultar su aceptación o rechazo del proyecto
hidroeléctrico. La empresa Aurora presentó oposición legal ante el Tribunal
Supremo Electoral, alegando vicios en la convocatoria a cabildo abierto
municipal, obteniendo respuesta favorable, por lo cual ordenó (el TSE) la
suspensión de dicho cabildo abierto, entretanto, una comisión investigara los
alcances de la oposición.
Como la consulta
no se realizó el alcalde informó a la población que la orden del TSE era de no
realizar la consulta nunca más y en acto de abuso de autoridad el Alcalde
Municipal le otorgó el permiso de construcción a la empresa. Ante las evidentes
violaciones a los derechos de los pueblos la Red de Sociedad Civil interpuso
denuncia en la Fiscalía Especial de las Etnias en el 2011. A la fecha existe un
requerimiento fiscal y orden de captura sin cumplirse contra el ex ministro del
Ambiente, que fungió en el periodo del gobierno de facto de Roberto
MichelettiBain, por otorgar licencia ambiental a la Empresa Inversiones Aurora
sin que se realizara la consulta a las comunidades. De igual manera se espera el
requerimiento fiscal contra el actual alcalde municipal.
A pesar de las
denuncias interpuestas ante los organismos estatales como la Fiscalía de las
Etnias, los tribunales locales y las instancias administrativas, ninguna ha
realizado las diligencias correspondientes para restituir y garantizar los
derechos negados a las comunidades de los pueblos indígenas.
II. Marco
Jurídico e Institucional que promueve la violación de derechos humanos.
Durante el
Gobierno de Facto producto del Golpe de Estado en 2009 se aprobó el Decreto
233-2010 que derogó los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009 que prohibían
los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas[10]posibilitando
que en el siguiente gobierno (2010-2013) presidido por Porfirio Lobo Sosa se
aprobaran leyes que favorecieron el concesionamiento de los ríos, la
construcción de represas, la explotación minera, la exploración de hidrocarburos
y la aprobación de los Regímenes Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades
Modelo”[11].
La Ley General
de Aguas, reformada también durante el 2009, promueve el concesionamiento del
agua a terceros y a partir de este marco legal se conceden el siguiente año 40
contratos a empresas privadas de generación de energía eléctrica y la
construcción de represas sin que las comunidades indígenas hayan sido
consultadas previamente[12]
La ley General
de Minería Decreto 32-2013 permite una estabilidad jurídica para las empresas
que explotan minerales sin importar los derechos fundamentales de las personas
como la vida, la alimentación y la seguridad sobre la tenencia de la tierra.
Permite que las
empresas mineras utilicen toda el agua que este dentro o fuera de la concesión[13] a
pesar de que existen restricciones para su uso en la misma ley de minería[14],
Ley General del Ambiente[15] y
la Constitución de la República[16];
sin embargo de manera contradictoria la ley de minería permite la extracción de
minerales en zonas productoras de agua y zonas de reserva natural cuando no
están declaradas e inscritas en el Catalogo de Patrimonio PúblicoForestal
Inalienable y en el Instituto de la Propiedad Inmueble, instancia que en
realidad no opera en la estructura institucional. Se suma a esto, la posibilitad
de acceso a zonas declaradas exentas de explotación minera en algún momento al
determinar que laexclusión de territorios no es permanente[17]
La definición de
zonas de exclusión según la ley deja sin protección el 90%[18] de
las consideradas áreas protegidas del país. Sin mencionar las zonas productoras
de agua y reserva natural que de igual manera están fuera de los requisitos
administrativos engorrosos y amañados de las instituciones públicas encargadas
de declararlas como zonas de reserva o como áreas productoras de agua. Deja
además abierta la posibilidad de conceder una explotación a cielo abierto
prácticamente a perpetuidad pues no establece períodos máximos de
aprovechamiento[19].
El mecanismos de
consulta planteada en la nueva ley de minería, violenta el derecho que los
pueblos tienen a una consulta Previa , Libre e Informada pues según la ley esta
se realizara después que el Estado ha firmado tres tipos de contratos con la
empresa minera (contrato de concesión , contrato de prospección y contrato de
exploración ) violentando principios constitucionales y convenios
internacionales. Las comunidades afectadas se percatan de la actividad de
empresas mineras hasta el momento en que se inicia la explotación y el Estado
aduce que ya existe una relación contractual entre el Estado y el ente privado,
y que por lo tanto, ya no es posible dar marcha atrás. De manera explícita la
ley de minería menciona la consulta en el momento previo a la concesión de
explotación[20].
Convocan en
algunos casos a reuniones que terminan en la engañosa firma de acuerdo de la
población a la intervención empresarial. En todos los casos no se otorga
información sobre las actividades de las empresas y no se exponen los mecanismos
para la denuncia de la población por daños a la vida, al ambiente y otros que
perjudican los medios de vida. Se violenta el derecho a la información
declarando como confidencial la información técnica y financiera de los
proyectos mineros[21].
El manejo y uso
de las fuentes de agua en la explotación minera queda desapercibida en la Ley
General de Aguas otorgando su regulación en la Ley de Minería y es solamente en
la ley ambiental que considera un delito la descarga de tóxicos que perjudiquen
el ambiente.
III. Violaciones al derecho a la salud, alimentación,agua y ambiente en
comunidades afectadas por la minería y los proyectos hidroeléctricos.
Afectaciones
económicas en las comunidades influenciadas por proyectos mineros e
hidroeléctricos se manifiestan fundamentalmente en la alteración de los modos de
vida y en las fuentes de ingreso. Para el caso, en municipios como los
influenciados por la Empresa Entremares en el Valle de Siria disminuyeron
considerablementesus actividades agrícolas y ganaderas, principales medios de
subsistencia de la población.En la comunidad de El Transito en el departamento
de Valle al sur del país se pierden actualmente una diversidad de cultivos que
pequeños productores siembran para obtener ingresos.
Las condiciones
precarias de salud se dan en todas las comunidades influenciadas por la
explotación minera en el país. Particularmente en el Valle de Siria continúala
población de los municipios de El Porvenir, Cedros y San Ignacio sufriendo las
consecuencias de la contaminación de sus fuentes de agua por metales pesados.
A partir del 2004
se reportan un total de 240 casos de enfermedades de la piel de 11 comunidades
del Valle de Siria; se han diagnosticado 60 tipos diferentes de enfermedades
dermatológicas[22].
Y se estima que la mortalidad infantil alcanza valores superiores a la media
nacional[23],
especialmente, en casos de hijos de trabajadores de la mina que es todavía más
alta la incidencia[24].
Existe reporte de al menos 62 casos de pobladores que presentan afectación por
metales pesados en la sangre, diagnóstico quefue corroborado por un estudio
elaborado por Medicina Forense del Ministerio Público.Y como si no fuera
suficiente el desamparo de estas poblaciones, los afectados fueronnotificados
delos resultados de las pruebas de sangre 4 años después, y gracias a las
presiones de las organizaciones.
El Ministerio
Público[25] y
SERNA abrieron expedientes y se realizaron investigaciones que corroboraron
contaminación pordescargas de sustancias tóxicas, con lo que se cometió
infracción administrativa de acuerdo al artículo 112, inciso ñ del reglamento de
la Ley General del Ambiente e infracción grave prevista en el artículo 112,
literal b de la mencionada ley.En este caso hubo un inexplicable sobreseimiento
por el juzgado de la seccional de Talanga y actualmente se está a la espera de
resolución de la apelación en la Corte Suprema de Justicia.
La Secretaría de
Salud nose ha pronunciado ante la demanda administrativa presentada en el 2011
por pobladores del Valle de Siria que sintiéndose afectados solicitaron nuevos
exámenes toxicológicos, atención inmediata a su situación de salud,
investigación de las fuentes de contaminación e indemnización por daños y
perjuicios.
Las poblaciones
donde se están desarrollando las actividades mineras son de escasos recursos
económicos y sin posibilidades de resolver sus problemas de salud condenándolos
irremediablemente a la muerte o a afectaciones que le disminuyen sus capacidades
físicas.
Desde el 2005
hasta la fecha no se ha dado respuesta a las denuncias interpuestas por las
comunidades organizadas y entidades que defienden los derechos humanos negándose
en todo momento a garantizar los derechos más elementales como la vida y a un
ambiente sano.
De igual manera
se encuentran las denuncias del Patronato del Tránsito y del Comité de Defensa
del Medio Ambiente de la Comunidad de La Baraja por la contaminación existente
en las fuentes de agua producto de la explotación de la mina en el Transito,
cuyo efecto negativo en la salud es evidente en la población[26].
A pesar de que se ha determinado ilegalidad en la explotación por parte del
gobierno local y de las autoridades del Instituto Hondureño de Geología y Minas
(INHGEOMIN)las instituciones del Estado responsables de responder estos
problemas no actúan de manera determinante para evitar los daños y la
conflictividad entre la empresa y las comunidades afectadas.
La intervención
de empresas hidroeléctricas como Inversiones Aurora S.A. de C.V. ha provocado
para comunidades como San Francisco escasez de agua potable, especialmente en la
época de verano obligando a las personas a buscarlo a muchos kilómetros fuera de
su comunidad.
La extracción de
agua en pozos naturales o artesanales se ha visto afectada de igual manera. Se
aduce esta situación a los trabajos de construcción de la represa, a la tala de
árboles y a la actividad misma de captación de agua para la generación de
energía. Antes de las operaciones de la empresa no había desabastecimiento del
servicio del agua en los hogares de las comunidades.
Las consecuencias
de la falta de agua son observadas también en la agricultura y de ahí en la
imposibilidad de las personas de garantizar su derecho a la alimentación. Por
otra parte, las familias han sido desplazadas de sus hogares y hasta el momento
la Empresa no ha hecho nada por indemnizarlos. Esta situación es obviada por las
instituciones del Estado que deben velar y garantizar los derechos de las
personas especialmente cuando son despojadas de sus medios de subsistencia.
IV. Violaciones
al Derecho a la vida, a la integridad física y sicológica de los defensores de
derechos humanos.
Persiste el
hostigamiento de miembros de la Policía Nacional asignadas a resguardar
instalaciones y zonas de explotación minera o hidroeléctrica y por guardias de
seguridad privada a los miembros de Comités Ambientalistas y organizaciones
sociales. Tal es el caso de las denuncias recientes de pobladores de la
comunidad de El Tránsito que señalan a miembros de la policía nacional como los
principales autores de las amenazas y cómplices directos de los dueños de la
mina. (…)
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Honduras:
Las mujeres frente al extractivismo
6 de noviembre de 2014
Por Sonia
Sobrino (mujer del mediterraneo)
Honduras
está siendo vendida a pedazos a empresas transnacionales, cuyos intereses
económicos van en detrimento de los derechos humanos de las personas. Desde el
golpe de Estado se ha iniciado un proceso de promoción de la inversión privada
en la explotación de recursos naturales y de venta del territorio, mediante
leyes proteccionistas de la inversión. Actualmente más del 30% del territorio
hondureño ha sido concesionado. Se tratan de zonas de alto interés natural,
donde viven poblaciones desde hace cientos de años, e incluso lugares que
pertenecen a grupos indígenas. El proceso de concesión se da sin previo aviso ni
consulta comunitaria. En la mayoría de los casos, las personas se enteran cuando
los empresarios llegan a echarles de sus casas.
Pero las comunidades no están permitiendo esta situación pasivamente, sino que están organizándose, a nivel comunitario regional o incluso a nivel nacional para afrontar lo que se viene. Y en estas luchas de defensa del territorio esta teniendo una participación importante las mujeres.
La
participación de las mujeres generalmente queda invisibilizada en las
organizaciones y luchas sociales debido a que se les considera participantes y
no actoras directas, esto por las relaciones de poder establecidas por el
sistema patriarcal. No obstante, las mujeres facilitan que los hombres lideren
la lucha, ya que realizan una gran cantidad de actividades de base, que aunque
no son consideradas importantes, resuelven situaciones
y necesidades y contribuyen al mantenimiento de la lucha. Al cocinar en las
reuniones, elaborar pan para obtener recursos, realizar las mantas para las
protestas, o facilitar que los hombres líderes puedan salir de viaje, están
garantizando que la lucha se suceda de manera adecuada.
Cuando
empiezan a llegar moradores extraños con intereses dudosos, son las mujeres las
que interpelan a la persona, y generalmente impiden que se reúnan con nadie para
evitar las amenazas o sobornos a familias seleccionadas. También participan en
ceremonias religiosas para pedir a dios que les de fuerza y les guíe en sus
estrategias.
Las mujeres
tienen una especial función en la transmisión del mensaje. Ellas en sus
actividades diarias comparten con otras personas lo que esta sucediendo, cómo lo
están viviendo e intentan motivar a mas personas para que se unan a la lucha.
La acción de resistencia más característica de la defensa de los recursos comunitarios, es la toma de carreteras. El objetivo es oponerse a la entrada de la empresa minera/hidroeléctrica o dificultar su acceso y su construcción desde acciones de reivindicación y de protesta pacíficas. La comunidad se organiza de manera que se impide el paso de coches extraños y de personas ajenas a la comunidad con intereses avariciosos sobre los recursos. El paso se impide mediante la presencia física de las personas de la comunidad en forma barrera humana o mediante la elaboración de zanjas o barreras físicas como cadenas o piedras.
La
participación de las mujeres en esta toma es especial. Debido a que las mujeres
trabajan en casa durante el día, son ellas las que están más disponibles para
hacerse presente en la toma o cubrir la guardia durante el día. Mientras están
en la carretera impidiendo el paso a extraños, las mujeres están en la calle,
gritan y conversan, se encargan de la preparación de alimentos de manera
colectiva para toda la comunidad con fogones improvisados entre las piedras. La
vigilancia nocturna la realizan los hombres, pero son las mujeres las que llevan
la comida de la cena y el desayuno a sus compañeros cada día.
Las mujeres
están durante todo el día en la toma y por tanto son las que se enfrentan por
medio de la palabra a las personas de las empresas o de las fuerzas estatales de
seguridad que intentan entrar. Por otro lado, en los conflictos que surgen a
veces entre pobladores y personas extrañas, las mujeres impiden que se realice
un acto violento en contra de sus compañeros y son capaces de plantarse con
valor frente a las pistolas encañonadas. Recuerdo la situación de Nueva
Esperanza, en la que Alba, se mantuvo firme frente a las amenazas de matar a su
padre. También las mujeres intentan mantener la paz en la comunidad evitando que
los hombres compañeros “más impulsivos” realicen provocaciones violentas que
podrían perjudicar la legitimidad de su resistencia.
Las tomas de carretera se caracterizan por la confrontación directa y por resistencias pasivas ante la violencia armada, ya sea por parte de empresarios, militares, policías, paramilitares y/o otras personas (trabajadores, aliados, etc.). Como se considera que los hombres “son violentos, impulsivos e impacientes”- características definidas por la masculinidad hegemónica patriarcal, desde la cual se consideran dichos atributos como indicadores de virilidad (reconocerse en el miedo y la sumisión implica confrontar su identidad varonil) - las mujeres se convierten en las mediadoras de conflictos. Se hace referencia a la idoneidad de sus atributos “femeninos” como la paciencia, la inteligencia o el don de la palabra para que se hagan cargo de impedir o detener las confrontaciones violentas con grupos armados.
Por otro
lado, es generalizada la idea de que a las mujeres no las van a agredir, idea
sustentada en el simbolismo que existe en la cultura en torno a la mujer -
sumisa, inofensiva y débil- y en el ensalzamiento que se realiza de su imagen –
lo que la convierte en supuestamente intocable- desde la ideología patriarcal.
Aunque los datos indican que en realidad, este aparente haz de protección no es
real ya que muchas mujeres sufren agresiones en actuaciones de resistencia y
muchas de ellas acaban siendo criminalizadas por liderar luchas de oposición.
Aunque este
discurso puede parecer que refuerza estereotipos femeninos, por otro lado,
ofrece un espacio de libertad a las mujeres para demostrar su valentía y su
fuerza. Bajo estas ideas, tanto hombres como mujeres acuerdan que lo ideal es
que sean ellas las que están en primera línea impidiendo el paso o mediando en
los conflictos, lugares desde donde pueden confrontar la imagen femenina de
pasividad mediante acciones firmes de resistencia. En estas acciones, ellas
confrontan con los otros de manera fuerte y contundente. Expresan la rabia y la
ira que sienten por la situación injusta que están viviendo, y muestran su de
cisión a la
hora de defender la comunidad y los recursos con coraje y vigor.
Y estas acciones tienen efectos revitalizadores en las mujeres. Se sienten fuertes al enfrentarse con un hombre armado, se perciben valientes llegando incluso a considerarse con más valor que muchos hombres. Muchas mujeres me declaraban su cambio en la percepción de sí mismas en cuanto a seguridad: “ahora me siento más fuerte y con capacidad para enfrentarme a quien sea” “si he podido enfrentarme a un hombre apuntándome en la cabeza, que no podré hacer” son algunas de las declaraciones que daban. Esta es una forma imprevista de, por un lado, desmitificar la pasividad asociada a la feminidad y por otro, asumir como parte de su nueva identidad, algunas características masculinas (valentía, fortaleza).
