sábado, 16 de abril de 2016

A 40 años, el Nunca Más al poder real exige descubrir qué Estado le garantiza su seguridad jurídica.


Es desfechitizarlo mirando a propiciar 

 la unión de las diversas luchas para la soberanía popular.

Implica un programa surgido de haber encontrado, entre todas,

principios guías para ir creando  los buenos vivires-convivires.

I. Nos desafía, abajo y a la izquierda, a que multipliquemos espacios de deliberación sobre la propuesta siguiente:
“Nosotros, campesinos y campesinas, pueblos originarios, representamos la única esperanza que tiene la humanidad para que pueda existir en el futuro servicios ecosistémicos saludables y comida en la mesa. Tenemos una propuesta de calidad de vida, de autonomía genética y energética, de control saludable del territorio, entre otros" proyectos.
 
 
Veamos cómo plantean emanciparnos del sometimiento al poder real o al capitalismo agroalimentario.
 
 

La ofensiva del capital contra los territorios en todo el mundo
15 de abril de 2016

 

Por Cristiane Passos
En el primer día de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria, que sigue hasta el 17 de abril en el municipio de Marabá, en Pará – Brasil, los 170 participantes discutieron sobre la realidad agraria en el mundo. Themba, representante del Movimiento de los Sin Tierras de África, destacó que el proyecto del capital es controlar todo, no solamente la producción. “No quieren controlar solamente los alimentos, quieren controlar tu mente, quieren controlar todo. 1% de la población del mundo quiere controlar todos los recursos naturales del planeta”.
 
A través del control de las formas de producción, Themba denuncia el alto valor de los alimentos en el sur de África. “Los campesinos no pueden producir de acuerdo con su modelo, tiene que producir de acuerdo con un modelo impuesto, con transgénicos y otros elementos del capital, como el veneno”.
Otro elemento destacado por el africano fue la represión por parte del Estado y la impunidad de las acciones violentas que él ejecuta. “Hay mucha impunidad, los responsables nunca son punidos por sus acciones. El gobierno envía la policía para garantizar esa política de represión, así es en África y así pasó también aquí en Pará”.
 
Shalmali, representante de la Focus on the Global South, organización de India aliada de La Vía Campesina, analizó la coyuntura asiática. De la misma manera que Themba, Shalmali destacó que la criminalización y la impunidad son elementos que marcan la realidad agraria en India. Según ella, eso es parte del proyecto de desarrollo presente en toda Asia.
Otro problema para los países de la región son los acuerdos de libre comercio. Las zonas francas, por ejemplo, próximas a las fronteras son áreas muy grandes y con políticas especiales para atraer los inversores, en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Muchas familias son expulsadas de esas tierras para que puedan garantizar esos proyectos. Además de las zonas francas, Shalmali destacó también otros mega proyectos que impactan directamente los pueblos del campo. “Esos proyectos de Mega Inversión son programas financiados por empresas y bancos internacionales, donde puedo incluir proyectos hidroeléctricos, referente a minas y otros proyectos que se apropian de enormes cantidades de tierra, expulsando los pueblos de sus territorios”.
La colonización, según ella, está asumiendo grandes espacios en Asia. “Cuando se compra una grande cantidad de tierra en Bangladesh no se sabe quién las está comprando, pues son fondos que están en paraísos fiscales y no conseguimos ver los nombres que están por detrás de ese dinero”.
Y de la misma manera que pasa en otras regiones, la represión y la impunidad marcan las luchas sociales. “Vemos los defensores de los derechos humanos, los trabajadores, los campesinos en sus luchas y ellos no están seguros. Pues quien resiste es considerado terrorista. Estamos acompañando muchas desapariciones, prisiones, asesinatos. Y muchas veces no sabemos quién es policía estatal o privada, pues trabajan coyuntamente. Y la impunidad reina. Ella está apoyada por muchas clases sociales en nuestros países, incluso por el sector de las ONGs. La buena noticia es que la población no está inerte. Hay resistencia, hay lucha en muchas partes de Asia”, concluyó ella.
 
De la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas de Palestina, Omar retomó la lucha del pueblo palestino ante las constantes tentativas de expulsión de su territorio originario. Según él “Palestina sufrió con sucesivas ocupaciones, un poco distinto de otros países. Después de salir del Imperio Otomano, entró en un mandato británico en que Inglaterra se alió a Egipto. Años después, la Gran Bretañaentregó todo el territorio a Israel, en 1947. El pueblo palestino se quedó restringido a una pequeña área de la zona de Gaza. Israel sabe que los palestinos son pequeños productores que viven de sus tierras, entonces lo que hacen es expulsar los palestinos de sus tierras, ofreciendo empleos con buenos salarios. De esa manera, cuando salen de sus tierras, los israelitas se las toman. La tentativa, por lo tanto, por parte de los Comités es intentar mantener los palestinos en sus tierras para garantizar que Israel no las tome. Además, Israel controla casi 90% de los fuentes de agua y, por lo tanto, los palestinos no tienen como acceder a agua sin la autorización de Israel”, destacó Omar.
 
El cultivo principal de Palestina son las aceitunas, oliveros para la producción de aceite. Las aceitunas ocupan casi 70% de las tierras productoras de Palestina. “Producimos pan, aceite de oliva, huevos e importamos la mayor parte de los cereales y otros alimentos que consumimos. E importamos, principalmente, de Israel. 25% de nuestra población trabaja en la agricultura. Como no tenemos industrias, el sector agrícola se torna muy importante para la economía de Palestina”, concluyó.
Miklos Attila, de Rumania, destacó que en Europa la realidad es similar. “El problema, tal cual en Rumania y Ucrania, es que grandes empresas detienen más de 1 millón de hectáreas de tierras. Todos los agricultores producen, pero así mismo compramos productos de Brasil, por ejemplo. Eso es consecuencia del modelo neoliberal. La tierra no está siendo utilizada para producir alimentos para su pueblo”. Federico, de Andalucía en España, también destacó que en el este europeo hay mucha concentración de tierras, de la misma manera que en muchas partes del mundo. “Están reduciendo las tierras públicas y las tierras comunes y aumentando las tierras que están bajo el control de pocas empresas”, concluyó.
 
La urgencia de la reforma agraria
Perla, de Paraguay, de la misma manera discutió sobre la concentración de las tierras que están sobre el dominio del capital, con destaque para la realidad de las Américas. “Nuestros territorios están concentrando proyectos del capital, que están disputando con los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad”. Para ella, “nuestras banderas de lucha por la reforma agraria hoy son todavía más urgentes y necesarias. Pero no es aquella reforma agraria que discutíamos hace 20 años, es un proyecto de reforma agraria integrada y popular, donde volvamos a convivir otra vez con la naturaleza, recuperando nuestros saberes ancestrales. Sin tierra y sin territorios no vamos a poder tener nuestra soberanía alimentaria. Somos muchos, somos muchas! Necesitamos unir nuestra lucha”.
 
El fraile Sérgio Görgen, del Movimiento de los Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), destacó la falacia existente en el discurso del agronegocio sobre ser el responsable por la producción de alimentos en el mundo. ”El grano torna posible que el capital pueda dominar la agricultura, pues es fácil plantar, cosechar, secar y transformar eses granos en commodities. La preocupación no es si hay gente padeciendo de hambre o no, sino si el capital retorna. Su producción, por lo tanto, no es destinada para la alimentación de la población”.
Además, según el fraile, ese modelo de agricultura es un mega productor de carbono. Es un modelo “petrodependiente” del principio hasta el final. Veneno, fertilizante, maquinas, transporte, todo es petróleo. “El monocultivo en sí reduce la biodiversidad, destruye biomas y ecosistemas. Él trabaja con pocos variedades de alimentos, vegetales y animales y con poca diversidad de semillas”, destacó.
De la misma manera se da el impacto de ese modelo de producción sobre las aguas. “Sobre el agua voy a dar el ejemplo del Cerrado brasileño, que es un grande tanque de agua. Aproximadamente todos los grandes ríos de Brasil nacen en el bioma del Cerrado, así que conforme la soya domina el Cerrado, eso perjudica todo el tanque de agua del territorio brasileño. No sabemos la consecuencia que eso puede tener a largo plazo”, analizó el fraile Sérgio.
 
Para el representante del MPA, los campesinos y movimientos sociales de lucha por la tierra poseen grandes desafíos y la tarea de ofrecer a la sociedad un modelo sostenible para el futuro. “Nosotros, campesinos y campesinas, pueblos originarios, representamos la única esperanza que tiene la humanidad para que pueda existir en el futuro servicios ecosistémicos saludables y comida en la mesa. Tenemos que tener una propuesta de calidad de vida, de autonomía genética y energética, de control saludable del territorio, entre otros, que sea diferente de un discurso de años pasados. Sólo nosotros podemos alimentar la población mundial, con capacidad y calidad”.
 
Silvia Ribeiro, de la ETC de México, destacó el momento de opresión y violencia que los movimientos sociales están pasando. “Estamos viviendo un momento de violencia. La muerte de Berta Cáceres, el asesinato de dos sin tierras en Paraná, este sitio donde estamos en Eldorado dos Carajás. Otra violencia fueron también los golpes de estado, como en Paraguay y en Honduras, que fueron apoyados por el agronegocio. El nivel de violencia sigue creciendo, pues estamos en un planeta finito. Las empresas también están en crisis y nos quieren trasmitirla. La reforma agraria además de justa es necesaria, es imprescindible e inteligente. La reforma agraria es necesaria pues se refiere a todos, es una cuestión de supervivencia. No se refiere solamente a los campesinos”, concluyó ella.
Autor: Cristiane Passos - Asesora de Comunicación de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) – Colectivo de Comunicación de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria. Investigadora de Derecho Agroambiental y Derechos Humanos de la Universidad Estadual Paulista – UNESP.
Traducción: Amanda Verrone

 
 
Pero hoy es fundamental conformar otra sociedad, otro mundo. De ahí la importancia de profundizar la concepción de reforma agraria en el sentido de liberar todos nuestros territorios del capitalismo y comprender la comunalidad como poder de ir subvirtiendo nuestros trabajos subsumidos en el capitalismo. Examinemos:
 
 

Democratizar el territorio, democratizar el espacio. Entrevista a Boaventura de Sousa Santos


Por Susana Caló
(...)Para los pueblos indígenas el territorio no es simplemente la tierra agrícola, sino la raíz misma de su identidad cultural. Son sus antepasados, su cultura, sus árboles sagrados, sus ríos sagrados, es, por lo tanto, toda una memoria histórica que fue destruida o casi destruida por el colonialismo y el capitalismo, y que ellos quieren recuperar.  Y recuperaron al punto de que en la Constitución de Bolivia de 2009 y en la de Ecuador de 2008 se asumió la idea de que los pueblos son plurinacionales, es decir, que los pueblos indígenas tienen derecho a una autonomía  territorial, también en términos geopolíticos. No son territorios independientes, pero tienen una autonomía que no es apenas la autonomía que posee la región de Madeira, por poner un ejemplo, es otro tipo de autonomía que no es meramente administrativa o política de carácter euro-céntrico, sino que se asienta en el reconocimiento de que hay otras cosmovisiones, otras culturas, otras formas de administrar el territorio, que deben ser reconocidas como tal. Por lo tanto, la lucha por la tierra y por el territorio, hoy, es una lucha contra la herencia colonialista y capitalista en este espacio.
 
Susana Caló – Las luchas en torno al derecho a la tierra y al territorio han sido uno de los principales tópicos de diversos movimientos sociales por el mundo entero, contra aquello que se designa de fascismo territorial – formas de dominación y explotación del territorio con carácter colonial – y defendiendo también concepciones ecológicas de la territorialidad, véase el caso del petróleo o de la extracción minera. ¿Le parece imposible la implementación con suceso de reformas agrarias, así como su mantenimiento, frente a presiones capitalistas?
 
Boaventura de Sousa Santos – Es una excelente pregunta porque la cuestión de la tierra y del territorio mudó y no apenas en la dimensión en la que hablamos, es decir, de una lucha por una distribución de la tierra como un recurso agrícola para una construcción política de un territorio con una identidad cultural propia. Pero la tierra, hoy, ya no es de ninguna manera ni sólo la agricultura, ni sólo el territorio – es la reserva de la biodiversidad – que es un problema completamente diferente. Es la reserva agrícola, la reserva del agua, los acuíferos, y es también la tierra que hoy es la base de la gran orgía de los recursos naturales en la que nos encontramos. Todo el extractivismo vino también a territorializar las relaciones económicas y políticas y es esa la gran contradicción de la globalización, ya que si se pensaba que ésta iba a desterritorializar todo: hoy viajamos, los productos son hechos en cualquier parte del mundo, el reloj es hecho es seis partes del mundo, ¿qué interés tiene el territorio? Parece que ninguno pero,  al mismo tiempo, una serie de factores nos obligan a pensar que al final la desterritorialización es apenas uno de los lados de nuestra condición. El otro lado es, en contraposición a ella, la reterritorialización… Hay cosas fundamentales que sólo pueden ser producidas en ciertos lugares: la grabadora que estamos usando, su ordenador que tiene metales especiales raros que sólo existen en ciertos lugares, etc. Tenemos nuevamente en América Latina y África una carrera por los recursos naturales que ejerce una enorme presión sobre la tierra y que crea un nuevo conflicto entre aquellos que quieren la tierra para extraer los minerales y los agricultores y campesinos que allí viven.
 
Yo acabo de regresar de Mozambique y vi exactamente eso, las grandes empresas como la Rio Tinto o la Vale do Rio Doce están desalojando a poblaciones enteras para expandir sus minas de carbón. Aquí, la tierra no es para la agricultura, aquí, la tierra es para la explotación minera. Y también tenemos hoy otro problema que es lo que las Naciones Unidas designan ya como “land grabbing” que es la acumulación de tierra, la compra y la ocupación masiva de la tierra por países extranjeros y no sólo por empresas. Este es el caso de Arabia Saudí, y de Kuwait que han comprado grandes extensiones de tierra en África como reserva alimentar y reserva de agua. Por este motivo, la tierra hoy está dentro de una geopolítica del territorio  mucho más compleja que aquella que habíamos construido anteriormente como el mundo rural.
 
Ahora, su referencia al fascismo territorial coloca otra cuestión que me ha tenido  muy ocupado. Yo realicé mi tesis doctoral en la Universidad de Yale, mi trabajo de campo fue vivir en una favela de Rio de Janeiro, precisamente para intentar analizar las relaciones sociales y el espacio social dentro de una favela donde vivían 60.000 personas. Fue ahí que desperté para la idea del fascismo territorial. Las propias ciudades son hoy atravesadas por una lógica de territorio que acaba por fracturarlas, creando dentro de las ciudades una línea abismal entre las zonas que yo llamo civilizadas, las urbanizaciones que son cada vez más contra el espacio público (urbanizaciones privadas), y las zonas salvajes donde viven las clases populares en los suburbios, en los guetos y en las favelas.  Estas zonas salvajes obviamente proliferan en el mundo, una vez que las ciudades no poseen la capacidad de acomodar de una manera urbanísticamente razonable, social y políticamente decente a las poblaciones que llegan a las ciudades huyendo de la violencia rural, de la desertificación, de la guerra, o de la ocupación salvaje de sus tierras.
Susana Caló – Ha trabajado mucho sobre la importancia de hacer visibles y valorizar la diversidad de saberes e de experiencias del mundo en la perspectiva de las epistemologías del Sur. La creciente relevancia política de los movimientos indígenas de América del Sur ha abierto el camino al diálogo y a la coexistencia entre diferentes saberes y modos de vida. ¿Cómo ve estos avances?
 
Boaventura de Sousa Santos – Estos nuevos protagonismos políticos que han surgido en América Latina dejaron una cosa clara. Que para ciertos grupos sociales no hay dignidad sin territorio. Es la gran reivindicación de los pueblos indígenas que no imaginan el respeto de su cultura y de sus saberes sin el respeto por sus territorios, porque sus saberes están inscritos en sus territorios. Por lo tanto, no hay cualquier posibilidad de garantizar su dignidad sin garantizar la autonomía territorial. Este reconocimiento es un gran avance histórico. ¿Está en peligro ese avance? Si, ha sido siempre contestado y está en peligro en los países que precisamente progresaran en dirección a ese reconocimiento.
Son los casos de Bolivia y de Ecuador porque, si políticamente existe este reconocimiento debido al protagonismo de estos movimientos sociales y una consagración constitucional, por otro lado, esto ocurre en un auge de presión neo-liberal por los recursos naturales debido sobre todo al desarrollo de China. Y por lo tanto, China va a provocar lo que llamamos de reprimarización de la economía, es decir, una vuelta a aquella idea, que es la maldición de América Latina desde el colonialismo, de que América Latina exporta naturaleza, exporta commodities, exporta recursos naturales, exporta materias primas, y no bienes industriales.
Países enteros intentaron salir de esa maldición, como es el caso de Brasil. Y el propio Brasil, en este momento, está explotando más los bienes primarios que los bienes industriales. Esto por la presión del desarrollo chino y de otras presiones internacionales sobre los productos alimenticios y la especulación sobre los minerales y por consiguiente, la presión sobre la tierra y el territorio está haciendo con que todas las conquistas políticas estén siendo minadas por los propios gobiernos que las instituyeron. Porque las presiones del neo-liberalismo, de las agencias internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, les están diciendo que su ventaja comparada son los recursos minerales y que deben ser explotados ya.  Por este motivo, iniciativas extraordinarias que habían sido diseñadas para este continente están retrocediendo como, por ejemplo, una gran iniciativa de Ecuador que pretendía alterar por completo el modelo de desarrollo basado en el extractivismo, renunciando a la explotación petrolífera en un territorio que es un territorio indígena. Es el territorio de mayor diversidad del mundo y se llama Yasuní- ITT que es un parque nacional grande y en el que Ecuador se propone no extraer el petróleo para proteger la biodiversidad y a los pueblos indígenas, pero pidiendo a la comunidad internacional que indemnice a Ecuador por la mitad de las pérdidas que va a tener por renunciar a la explotación del petróleo.  Esto es algo totalmente nuevo, una innovación extraordinaria para el mundo, pero es evidente que el mundo desarrollado, que es el que podía financiar este proyecto, no sólo no tenía mucha voluntad política, como entró en una crisis financiera y, por consiguiente, comienza a ser evidente que este proyecto Yasuní- ITT no va a seguir adelante.
 
Aquí está una gran innovación basada en una nueva idea de territorio. Porque el problema es que para la lógica capitalista, ahora neoliberal, pero capitalista desde siempre, el territorio sólo es válido en la medida en que es explotado. Un territorio dejado a su suerte, es decir, que  no es explotado, no tiene valor comercial y el capitalismo no entiende la lógica de los campesinos. Para la lógica campesina está muy claro: la tierra se cansa, por este motivo, la gente tiene varias parcelas de tierra y en un año se planta en una y en el otro en otra, para que la tierra descanse. Lo que el capitalismo no acepta es que la tierra descanse, como tampoco acepta que descanse el trabajador. ¿Cuál fue la innovación? Obviamente los fertilizantes, los insecticidas y los pesticidas que han conseguido que la tierra está siempre en constante producción. Esta es una gran alteración que se da a principios del siglo XX en la concepción que nosotros tenemos de la tierra, porque anteriormente había una concepción, si se quiere, más humana del territorio y de la tierra.(...)
 
Susana Caló - ¿A qué nos referimos si hablamos de la importancia de defender y promover un diálogo horizontal de los saberes y de las prácticas en Europa en el contexto actual? ¿Cómo se traducen esas problemáticas para Europa? ¿Puede el problema ser colocado de la misma manera en Europa y en América del Sur?
 
Boaventura de Sousa Santos – Esas son las preguntas que pretendo responder en un gran proyecto europeo, financiado por el European Research Council, que estoy comenzando, el proyecto ALICE (http: // alice.ces.uc.pt/en /). Llegué a la conclusión en mi trabajo de que el Norte Global y Europa en especial, tienen muy poco que enseñar al mundo y que el colonialismo los incapacitó para aprender con la experiencia del mundo. El colonialismo creó una arrogancia tal en el continente europeo, que se desprecian todas las innovaciones que puedan venir del Sur Global, porque en el fondo siempre fueron considerados inferiores. La reacción a cualquier cosa que venga de Brasil es “ah, esto viene de Brasil, no se aplica a nosotros”, y si viene de la India, peor aún. Ahora bien, yo defiendo que puede existir un aprendizaje. No se trata de una lección del Sur, no es una inversión tipo “ahora el Sur enseña al Norte”, sino que se trata de intentar crear un clima intelectual en Europa – y ahí son fundamentales para mí las epistemologías del Sur y la ecología de los saberes, a la par de los conceptos paralelos que estoy usando, que son la sociología de las ausencias, de las emergencias, y de la traducción intercultural – un contexto epistemológico que, en el fondo, permita a Europa reconocer más experiencias del mundo y valorizar sus orígenes.  ¿Cómo se hace esto? Reconociéndolas en sus propios términos, según los criterios de validez cognitiva y normativa en que se desarrollaron y, por consiguiente, sin depender apenas del filtro del conocimiento y de la normativa eurocéntrica.
Cuando examino una economía indígena, yo la examino desde el punto de vista de aquello que ella consigue traer en términos de preservación de la biodiversidad y cultivo de la tierra. Siempre existirán extractivistas, en la selva, en el Amazonas. El gran activista brasileño, Chico Mendes, asesinado por latifundiarios, era un extractivista, siringuero, pero ecológicamente orientado. Es decir, fueron siempre los indígenas, los siringueros,  y las poblaciones en las riberas del Amazonas, las que utilizaron de una manera ecológicamente sustentable la floresta y los recursos naturales. Ahora bien, las epistemologías del Norte privilegian formas de conocimiento y de actuación orientadas para que apenas interese saber cuánto es lo que se produce por año y cuánto más se puede producir.
Por eso, una de las cinco ecologías tratadas en A Gramática do Tempo es la ecología de las productividades. Implica tener otro concepto de productividad de la tierra que no el meramente basado en el ciclo de producción que promueve el uso negligente de pesticidas. Existe aquí una gran transformación en donde la conquista de la diversidad y de la biodiversidad están en el punto de mira de un desarrollo neoliberal.
Recientemente tuve dos experiencias personales de gran impacto: la que ya mencioné, en Mozambique, donde fui informado de la expulsión de poblaciones campesinas de sus tierras para avanzar con el proceso de extracción mineral y, otra, cuando atravesé la Pampa argentina en mayo, totalmente conquistada por la cultura de la soja transgénica y los pesticidas. Pasamos por allí y no nos ocurrió nada, pero ya existe una consecuencia perversa y trágica: Río Cuarto, que es una ciudad de la Pampa, y Córdoba, que eran los grandes centros de la producción de miel, vieron como caían sus producciones. La miel acabó porque las abejas fueron todas envenenadas al alimentarse de polen transgénico. Por lo que, estas luchas, tienen una triple dimensión. Tienen una dimensión colonial que se mantiene – el colonialismo continua bajo otras formas-, existe una dimensión capitalista del uso de la tierra, y existe ahora la dimensión ecológica que son los límites ecológicos del capitalismo en el siglo XXI. La naturaleza está hablando, y nos dice que “así no puede continuar”, es el calentamiento global, es el deshielo. Las fuerzas que no quieren parar son las que dominan el mundo en este momento.  Por lo tanto, los movimientos tienen que continuar su lucha, pero esencialmente se trata del esfuerzo de convencer a las clases medias europeas de que lo que está en causa es un cambio de civilización que nos va a obligar a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y esta ha sido nuestra dificultad.
 
Susana Caló – Ya oí decir que la teoría no debe ser una teoría de la vanguardia, sino de la retaguardia, en el sentido en que debe tratar de facilitar, acompañar y aprender con las transformaciones sociales. Eso parece esencial, pensar la teoría y el conocimiento como una práctica que abre espacios a la multiplicidad y a la diversidad, en la medida en que mantiene esa ligación a lo social. Pensando aún en esa traducción para Europa, ¿existe un lugar importante en las universidades, teniendo en cuenta que son un espacio tan privilegiados entre nosotros?
 
Boaventura de Sousa Santos – Sin lugar a dudas, la universidad es un espacio tan privilegiado como problemático.  Es un espacio que se asienta sobre la idea fundamental de privilegiar un cierto tipo de conocimiento, el conocimiento que triunfó a partir del siglo XVII, el conocimiento científico y la tradición filosófica eurocéntrica. Hasta que en el siglo XIX “descubrimos” que la filosofía occidental era toda griega, destruyendo así todas las ligaciones con África y el Medio Oriente. Llevamos a cabo una ruptura a partir de Grecia, eliminando o dejando en la sombra el desarrollo filosófico y toda la creación cultural de una región del mundo bastante más vasta.
 
La universidad fue la gran consagración del conocimiento vencedor y, por lo tanto, del conocimiento de los vencedores, aquellos que tienen más progresos en la ciencia y en la filosofía. Para no hablar ya de las ciencias y de las filosofías orientales, hay muchas otras formas de conocimiento en circulación en la sociedad, conocimientos legos, populares muchas veces vinculados a las luchas sociales. El conocimiento popular, rescatado por las ecologías de los saberes, es un conocimiento que muchas veces, está inserido en una práctica que nace de la lucha, es un conocimiento born in struggle, y sólo existe en los contextos prácticos en los que existe y no en las instituciones de producción de conocimiento. Por lo tanto, la universidad tiene esa especificidad de haber separado la práctica y el conocimiento y de haber transformado el conocimiento en una práctica en sí mismo. Aún así, lo separó de todas las prácticas y es por este motivo que la universidad nos permitió también –la otra cara de la moneda- crear ideas revolucionarias en un contexto reaccionario, porque aisló a los académicos del resto del mundo, en la tal torre de marfil. Ahora bien, mi objetivo ha sido el de intentar mostrar cuáles son las virtudes de la propia universidad para criticar la idea de que hay apenas un tipo de conocimiento. Hay diversos tipos de conocimiento y quizás deberíamos tener afiliados dentro de la universidad llegados de los ciudadanos, de los movimientos y organizaciones sociales, portadores de otras formas de conocimiento que deberían ser reconocidas. Hay experiencias, hoy, por todo el mundo, donde esto se está llevando a cabo. El caso de Brasil, por ejemplo, donde algunas Facultades de Medicina, sobre todo en las universidades del Amazonas, ya incluyen medicinas y métodos tradicionales, que complementan la biomedicina moderna. Por lo tanto, es esta ecología de saberes médicos, arquitectónicos, urbanísticos, o jurídicos, que estamos estudiando en el proyecto ALICE, y que desde mi punto de vista, puede traer alguna esperanza a las propias universidades, porque gran parte del conocimiento de hoy, se lleva a cabo en otras instancias que no las universidades convencionales. De ahí la propuesta que he venido a avanzar en el Fórum Social Mundial, de una universidad popular de los movimientos sociales, que vaticina justamente otra manera de unir a científicos y artistas con los movimientos sociales.
 
Susana Caló  – Se ha referido a este momento en que las personas salen a las calles y a las plazas como un periodo post-institucional, en el que las instituciones ya no consiguen acomodar los ecos de las nuevas generaciones, lo que de algún modo hace que nuevas y diversas formas de actuación estén posicionándose en el espacio urbano, abriendo nuevos espacios políticos. ¿Cree que estos movimientos que vienen de abajo abren la posibilidad de una nueva idea de espacio público? Y ¿cómo se pueden articular estos movimientos con las instituciones?
 
Boaventura de Sousa Santos – Creo que hay ahí dos cuestiones. Una de ellas es ver la contradicción que se fue generando, sobre todo, en las últimas décadas, en términos de las relaciones socio-espaciales, y lo que yo llamo de espacio autoritario y espacio democrático.
 
Las concepciones espaciales autoritarias se desarrollan en gran parte en el momento en que la polarización social y la desigualdad social comenzaron a poner en peligro la gobernabilidad. Los espacios autoritarios son los espacios dominantes que intentan defenderse de una reacción popular, las urbanizaciones privadas son exactamente un buen ejemplo, entre otros. Otros ejemplos en la organización espacial de la ciudad son el abandono de los espacios públicos, u organizarlos de manera a que se dificulte la aglomeración de las personas, o el distanciamiento de las universidades de los centros de las ciudades con la creación de los campus universitarios.
Esto en América Latina es absolutamente evidente, se crearon espacios para que el movimiento estudiantil no pudiera tener un carácter perturbador del poder político y confinaron a los estudiantes en espacios más o menos segregados.  Por lo tanto, la lógica de la gestión del espacio dominante fue la de crear un espacio que, siendo público, fuese autoritariamente construido, es decir, es un público restrictivo y selectivo. El propio espacio hace difícil cualquier articulación del movimiento social.
 
James Holston de la Universidad de Berkeley, que hace poco tiempo estuvo en el CES, escribió un libro fundamental sobre Brasilia en el que de algún modo, criticaba toda la lógica modernista de Brasilia, una ciudad a la que voy muchas veces, pero con la que no consigo identificarme, porque precisamente es una ciudad donde es muy difícil el espacio público y la movilización social contestataria organizada, a pesar de haber sido construida por arquitectos comunistas. Los espacios físicos entre las partes edificadas son tan vastos, que lejos de favorecer la creación de espacios públicos, crean desiertos de ciudadanía, zonas social y políticamente neutralizadoras.
 
Así que, el espacio autoritario estuvo siempre ahí, y después existe el espacio de los excluidos, digamos, que es la respuesta al autoritario y que son las favelas, los suburbios – no los suburbios americanos, sino los latinoamericanos – los guetos, que fueron una respuesta no a modo de confronto, sino de adaptación. Entretanto, empezaron a surgir las luchas por el espacio público. Estas luchas tendrán muchas dimensiones hasta llegar al momento actual, desembocando en los movimientos a los que asistimos hoy.  El espacio público fue utilizado para llevar a cabo reivindicaciones en las que lo público no era en sí mismo una reivindicación: era el nuevo código de trabajo, los derechos de las mujeres, y de ahí en adelante. El espacio público era usado para servir a las reivindicaciones…
 
Susana Caló – Como un palco.
 
Boaventura de Sousa Santos – Exactamente, como palco. Hoy ya no es así. El espacio público del movimiento de los indignados hoy es el espacio  en sí mismo, el propio espacio es el valor, es la cuestión de la arena política. La lucha política tiene lugar en ese espacio porque los indignados creen que los espacios institucionales fueron colonizados por el neoliberalismo, neutralizando el derecho a la manifestación política dentro de las instituciones. De ahí viene mi concepto de post-institucionalidad. El espacio público surge como una situación de transición espacial paradigmática, de un espacio que es palco o es vehículo, para un espacio que es entidad en sí mismo. Es presencia, por eso digo que a veces no debemos hablar de movimientos, sino de presencias colectivas en la ciudad y en los espacios públicos, se trata de un tipo distinto de reivindicación del espacio.
 
Ahora bien, su segunda pregunta se refiere a saber si este momento es el momento, en términos dialécticos, de un entendimiento diferente con las instituciones y con los espacios institucionales. En este caso, todo va a depender de la fuerza de nuestra democracia, porque si la democracia tuviera aún un mínimo de vitalidad, la democracia sería el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Ahora bien, si el pueblo va para el espacio no institucional, está diciendo a las instituciones que no son democráticas y que no están cumpliendo su misión, porque si ellas no se desviasen de sus funciones no era necesario esto.
 
Anteriormente, existían los parlamentos, y la movilización popular en la calle servía para que actuasen los parlamentos. Pero estamos en una fase en la que actuamos en la calle para producir resultados políticos en la calle, porque sabemos que los parlamentos no responden, ellos están cooptados, están tomados por la troika y por otros valores e intereses que no son los intereses de la población. Pero, si la democracia tiene aún esa semilla de la vitalidad, creo que habrá reformas políticas que responderán a esta situación, a la que las instituciones con su configuración actual, no consiguen dar respuesta. Vamos a desarrollar formas de democracia participativa, vamos a permitir que la democracia no sea apenas elegir gente para el parlamento, y vamos a tener también ciudadanos organizados en los municipios, que participen en las decisiones. Esto también podría ser facilitado por las vías actuales, como las redes sociales y los medios electrónicos disponibles que permiten formas de democracia electrónica. Es toda una nueva realidad que está ahí, de un espacio público virtual, que es un espacio con un potencial enorme.
Pero esto va a depender de la capacidad que tenga la democracia de dar respuesta. El pueblo fue expulsado de las instituciones, por eso se manifiesta en las calles. No se trata de no querer las instituciones, no hay que olvidar que la lucha de los indignados es una lucha por una democracia real. Por lo tanto, no se trata de alguien que recusa la democracia, sino que es alguien que se siente expulsado de una democracia, que ya no sirve a sus intereses. Lo que se  reivindica es una entrada, sólo que esa entrada implica una reforma fundamental de las instituciones. Y esa es la transición en la que nos encontramos en este momento y que torna toda la lucha histórica muy incierta.(...)
(Esta entrevista, traducida por Pilar Pereila Martos, tuvo lugar el 27 de julio de 2012 en el Centro de Estudios Sociales, en Coimbra, Portugal).
Publicado 27 noviembre 2013 por Lobo suelto


 
Tengamos en cuenta el antagonismo irreconciliable entre la agricultura y el sistema global de agronegocios. Frente al cual "La Vía Campesina considera que ha llegado el momento de construir una economía que se base en la igualdad y que restaure el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, basándose en los principios de la soberanía alimentaria".
 
 

17 de Abril 2016: Campesinas y campesinos se movilizan para

conmemorar dos décadas de lucha en defensa de la tierra y la vida
15 de abril de 2016

 

El 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, millones de campesinas y campesinos, y aliadas/os de todo el mundo se unen en acción para conmemorar la masacre de 19 campesinos sin tierra de Brasil que tuvo lugar en 1996 y para dar continuidad a la lucha por la tierra y la vida. Dos décadas después de que se produjera este repudiable acto en Eldorado dos Carajás, las/os campesinas/os y las/os dirigentes del movimiento continúan siendo asaltadas/os y asesinadas/os por defender sus derechos.

Asimismo siguen teniendo lugar muchas otras formas de violación de los derechos humanos, como el asesinato de la activista de Honduras, Berta Cáceres, y de otras campesinas y campesinos en Colombia, Filipinas y Brasil en las últimas semanas, además de la criminalización de la protesta social.
La Vía Campesina denuncia todas las formas de injusticia que afectan a la vida campesina, la cual constituye una importante herencia de las personas al servicio de la humanidad.
Hay intentos constantes para sacar adelante el modelo de agronegocio que impone la práctica de los monocultivos, que privatiza la tierra y los bienes naturales por aumentar sus lucros, negando la apropiación social para el beneficio de la sociedad. Este sistema destruye la biodiversidad, emplea cada vez más insumos tóxicos, expulsa a las/os campesinas/os de su tierra y fuerza a los gobiernos y estados nacionales a acatar sus órdenes.
A diferencia de muchos gobiernos que siguen construyendo alianzas represivas con las grandes empresas para promover la maximización de los beneficios, La Vía Campesina considera que ha llegado el momento de construir una economía que se base en la igualdad y que restaure el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, basándose en los principios de la soberanía alimentaria. Leer
 
 
Pero es indispensable establecer una deliberación popular para fundar la unión en diversidad de los de abajo. En contra de este objetivo se hallan nuestras percepciones (análisis y actitudes) adaptadas al capitalismo. Compartimos con España:
 

La necesidad de un nuevo tipo de debate
 económico (y político)
10 de abril de 2015

Por Juan Torres López (Público)
Es evidente que hay diferencias entre las dos formaciones políticas que han comenzado a hacerse un sitio destacado en el mapa político español, Podemos y Ciudadanos.
En materia económica es lógico que las haya también, y posiblemente de modo amplificado puesto que en ese terreno la ideología y los intereses sociales que se quieran defender son determinantes de lo que se dice. No hace falta ser un experto para saber que entre los economistas ha habido siempre, por esas y por otras razones de tipo metodológico, diferencias profundas a la hora de reconocer la realidad, de analizarla y de realizar respuestas para transformarla. No han dejado de darse desde que se comenzaron a elaborar los primeros análisis científicos en esta materia y no van a desaparecer ahora.
Tratar de ocultar esas diferencias o, lo peor, demonizar y anular a quien está al otro lado del pensamiento económico dominante es una reacción totalitaria, pero desgraciadamente muy habitual no solo en los medios o en la vida corriente sino en la propia Academia.
De hecho, creo que la principal responsabilidad de que ocurra eso recae sobre los economistas académicos de la corriente dominante. Ellos y ellas son los ciegos, desconocen y no hacen nada por conocer los enfoques críticos y no sólo han acabado con la posibilidad de que las ideas y el análisis económico alternativo actual sean conocidos en las aulas, sino incluso la historia del pensamiento económico. Tanto ha sido así que en muchos países o en universidades tan señeras como Harvard, ha habido protestas de los estudiantes de Economía por el “autismo” de la disciplina a la hora de enfrentarse a la realidad y por la parcialidad del profesorado ortodoxo. A uno de sus popes, nada más y nada menos que N. Gregory Mankiw, se le sublevaron los estudiantes por esa razón, denunciando “el carácter sesgado” de sus clases (la noticia y la carta de sus estudiantes pueden leerse aquí).
 
Lo cierto es que es lamentable que ocurra eso, porque así se empobrece la ciencia y de esa forma perdemos todos, pues se cierra el paso a la innovación y se cercena la libertad, que es lo peor que le puede pasar al pensamiento para que con él se pueda conseguir un mundo mejor para todos. No deberíamos olvidar nunca que el respeto a los demás y la libertad efectiva son los prerrequisitos esenciales para que florezca el conocimiento y la ciencia, que son tan fundamentales para el progreso y la vida humana.
 
Eso es algo que se olvida muy a menudo porque las ideas económicas son de todo menos neutras. Siempre afectan de un modo desigual a las personas y a los grupos sociales, y es lógico por ello que cada uno tome posición en su contra o a favor según como crea que le benefician o perjudican. Es precisamente por ello por lo que decimos que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas y que éstas deben adoptarse democráticamente. De otro modo, cuando la democracia no llega a la economía, como en nuestro caso, lo que se consigue es que unos grupos sociales puedan imponer su interés distributivo a los demás.
Es con este último fin que con tanta frecuencia se niega el debate, se ocultan las diferencias, se trata de hacer creer que sólo hay una alternativa posible, o se persigue y anula a quien hace propuestas diferentes a las que convienen a los grupos sociales que detentan el poder.
En esta última estrategia de ocultación los medios de comunicación resultan esenciales, como también la Academia, siempre sometida al poder dominante por muchos que sean los resquicios de libertad que pueda conceder.
Ahora que Ciudadanos está empezando a mostrar propuestas económicas frente a la situación de crisis en la que nos encontramos, puede comprobarse fácilmente hasta qué punto se dan esos males entre nosotros.
Cuando se presentó el documento que Vicenç Navarro y yo elaboramos para Podemos se produjo enseguida una reacción furibunda, no exenta de ataques personales contra nosotros dos. Se empezó diciendo que no éramos nadie (a pesar de que Navarro es el quinto científico social español más citado en la literatura científica mundial). Un colega de la Universidad Autónoma de Madrid al que prefiero no citar (es una anécdota pero significativa) no ha parado de decir de mí desde entonces que “sólo digo tonterías” e incluso pone en duda que sea efectivamente catedrático de universidad. El intento de poner sobre la mesa propuestas diferentes de política económica llevó consigo insultos y descalificaciones que todavía no han desaparecido. Es verdad que al mismo tiempo ha habido también muchas personas expertas que, a pesar de estar en desacuerdo con todo o parte de lo que proponemos, han sido extraordinariamente respetuosas, que han hecho críticas constructivas y contribuido con elegancia y rigor al debate sobre cuestiones económicas que tanto necesita España. Pero las reacciones en los medios y de los creadores de opinión ante el documento que presentamos a Podemos fueron rotundas: el ataque visceral, manipular alguna que otra propuesta concreta para descalificarla a cualquier precio y, sobre todo, obviar sus ejes centrales, es decir, la necesidad de democratizar la toma de decisiones económicas y lograr un pacto amplio y efectivo que frene el crecimiento vertiginoso de la desigualdad en España.
Y el cainismo y la mala fe que vienen acompañando al debate económico en España (si es que se puede denominar así) se percibe claramente en lo que está ocurriendo con propuestas prácticamente idénticas realizadas en su día por Navarro y yo y más tarde por Ciudadanos.
 
Cuando nosotros proponíamos centrar el debate económico en el incremento de la desigualdad se nos calificaba (si es que alguien se hacía eco de ello) de trasnochados y peligrosos comunistas. Sí lo hacen (y yo me alegro) Rivera y Garicano (aunque desarrollen el asunto de modo diferente) son sensatos y centrados.
 
En su día, nosotros propusimos la moratoria de grandes infraestructuras en AVE, puertos o autopistas, entre otras, porque habían generado mucha corrupción y escasísima utilidad social. Cuando eso se mencionaba, era simplemente para tacharnos de irrealistas y de querer hundir la inversión y la economía. Ahora Ciudadanos propone (y yo me alegro) disminuir la inversión en AVE y la propuesta se saluda como rigurosa y positiva.
Nosotros proponíamos que los autónomos coticen según su ingreso real y se proclamaba a los cuatro vientos que queríamos arruinarlos subiendo sus impuestos. Ahora lo propone Ciudadanos (y yo me alegro) y se saluda la medida como conveniente y favorable para la economía y los autónomos.
Hay diferencias. ¡Claro que las hay y las seguirá habiendo! Pero también hay coincidencias y, sobre todo, creo que nadie se puede arrogar para sí mismo la exclusiva capacidad de resolver los problemas de España. Hay que acabar para siempre con las prácticas totalitarias que sólo buscan destruir a quien piensa de modo diferente y por eso es fundamental que desterremos el frentismo.
 
Es imprescindible aprender a debatir con respeto y con rigor. España necesita poner sobre la mesa análisis plurales de sus problemas económicos y no imposiciones. No vamos a salir de la situación en la que estamos con prepotencia, creyendo cada grupo que solo él tiene en su mano la salvación de los demás.
Hace falta un debate sincero y plural. No trifulcas ni circos mediáticos. Hay que aprender a pensar juntos y a escudriñar los entresijos de las distintas propuestas para encontrar los puntos de encuentro y no solo diferencias. Si queremos vivir y convivir en paz tenemos que aprender a limar, y no a exagerar, lo que nos separa y a poner en marcha lo que nos une, por poco que sea, aunque seguro que es más de lo que a primera vista parece. Y hay que aceptar que nadie puede imponer su interés a los demás, sino que hay que dar la voz a la gente, también y sobre todo, en materia de reparto del ingreso y la riqueza.
Tenemos que hablar mucho más de economía pero sabiendo que no sólo hablamos de cuestiones técnicas de las cuales sólo puede opinar la gente preparada para ello. Cuando lo hacemos hablamos en realidad, y al mismo tiempo, de política, de intereses legítimos en disputa y en conflicto, pero de un conflicto que no podemos resolver como venimos haciendo, permitiendo que unos amasen siempre la harina mientras que son siempre otros los que se comen el pan.
 
La conformación mucho más plural que con toda seguridad se va a imponer en el mapa político español es un buen momento para poner en marcha otro tipo de debates, otro tipo de tratamiento de las diferencias y de las propuestas plurales. En España no nos podemos permitir el lujo de prescindir los unos de los otros y mucho menos en materia económica.
 
II. Nos desafía, abajo y a la izquierda, ver la realidad del Estado al servicio del poder real también en cómo el último nos somete medularmente mediante la dictadura genocida y la Alianza Anticomunista Argentina en los setenta.

 

“Encontramos aquí un análisis de clase del manejo del Estado, a partir del cual se comprende la deuda pública. Esta no surge del aire, ya que es funcional a las maniobras de enriquecimiento de la aristocracia financiera”.

 

A propósito de negociados y corrupción, un texto de Marx
14 de abril de 2016

Por Rolando Astarita

 

La corrupción está de nuevo, en Argentina, en los primeros planos del debate. En una nota anterior (aquí y aquí), la hemos tratado a partir de su relación con la acumulación de riqueza y el Estado. Escribíamos: “Los mecanismos de la corrupción posibilitan que fracciones del capital mejoren sus posiciones frente a sus competidores, y también que personajes carentes de recursos se conviertan, casi de la noche a la mañana, en grandes capitalistas. Es una historia repetida, que reconoce tres pasos característicos: el saqueo originario, el blanqueo del dinero…  y la puesta en marcha del negocio legalizado”.
Dado que los fraudes desde el Estado –la obra pública es una vía tan tradicional como privilegiada- representan desvíos de flujos de plusvalía, alimentan constantemente la deuda pública. Esta, a su vez, da lugar a nuevos negociados y enriquecimientos; lo que a su vez incrementa la deuda, en una espiral creciente. Por eso, periódicamente estos estropicios pueden llevar, en países atrasados, a defaults, con los que se liquidan valores insostenibles y se descarga la crisis en el pueblo… para volver a empezar con la ronda de fraudes, negociados y más deuda pública. Aunque no se trata solo de negociados con la obra pública; también está el Estado haciendo la vista gorda en el tráfico de drogas, de personas, de armas y otros “bienes y servicios”. Y la evasión o elusión de impuestos, vía paraísos fiscales (ver aquí) u otras maniobras. A lo que hay que sumar los negociados financieros y cambiarios. En este último respecto, el caso reciente más brutal fue la venta de dólares a futuro, en los últimos meses del gobierno K, por el Banco Central, a un precio mucho más bajo que el que regía en el mercado. Una operación que da lugar a que más de 70.000 millones de pesos (equivalentes a casi 5000 millones de dólares) estén siendo transferidos desde el sector público a los bolsillos de inversores privados “avisados”.
 
Por lo tanto, un enfoque que parta del carácter de clase del gasto y la deuda pública, y de los intereses de clase que se juegan en esos fraudes y maniobras especulativas, debería ayudar a entender por qué no existe diferencia cualitativa entre lo que roba y coimea el “capital-estatista” puesto a funcionario nacional y popular; y lo que roba y coimea el “neoliberal-agente de los yanquis y del capital financiero”, puesto a funcionario del Estado “serio y responsable”. Y que tampoco hay diferencia entre el enriquecimiento súbito de los “inversores avisados” que posibilita el primero, y el que posibilita el segundo.
A los fines de sumar elementos de juicio que ayuden a ese necesario abordaje materialista, en lo que sigue presento un resumen de la crítica de Marx –en Las luchas de clases en Francia– a las políticas asociadas a las deudas del Estado y el déficit público en Francia. El lector podrá advertir que, por debajo de las adaptaciones de época lógicas y necesarias, la esencia permanece. En Argentina siglo XXI se trata de “la misma prostitución, el mismo engaño desvergonzado, la misma sed de riquezas, no por la producción, sino por el escamoteo de la riqueza ya existente de otros” de las que hablaba el autor de El Capital al describir los gobiernos franceses de mediados del siglo XIX.
 
El reinado de los banqueros y la deuda pública
En Las luchas de clases en Francia   Marx analiza el régimen de Luis Felipe, la revolución de 1848, y los gobiernos y conflictos posteriores que llevaron al triunfo de Luis Bonaparte. Comienza señalando que con Luis Felipe no había reinado la burguesía francesa, sino una fracción de ella, los banqueros, los grandes inversores de la Bolsa, los magnates de los ferrocarriles, de las minas de carbón y hierro, y de la gran propiedad rural; lo que se conocía como la “aristocracia financiera”. Esta aristocracia dominaba el Estado, al que utilizaba como palanca para el enriquecimiento: “Instalada en el trono, dictaba leyes a las Cámaras, distribuía cargos públicos, desde los ministerios hasta las ventas de tabaco”.
Encontramos aquí un análisis de clase del manejo del Estado, a partir del cual se comprende la deuda pública. Esta no surge del aire, ya que es funcional a las maniobras de enriquecimiento de la aristocracia financiera: “Desde el comienzo, la penuria financiera puso a la monarquía de julio bajo la dependencia de la alta burguesía”. Una dependencia que sería “fuente inagotable de un creciente malestar financiero”. Y aquí Marx hace una observación fundamental: “Es imposible subordinar la gestión del Estado al interés de la producción nacional, sin establecer el equilibrio del presupuesto, es decir, el equilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado” (énfasis añadido). Por este motivo, la burguesía industrial, la clase obrera y los pequeños propietarios, pedirán el “gobierno barato”.
 
Sin embargo, era imposible lograr el equilibrio sin herir los intereses de los que eran “sostenes del sistema dominante y sin reorganizar la distribución de impuestos”, esto es, sin descargar el costo fiscal sobre la misma gran burguesía. Pero la alta burguesía tenía un interés directo en el endeudamiento, ya que “el déficit del Estado era el objeto mismo de [las] especulaciones [financieras] y el puesto principal de su enriquecimiento”. Es que cada nuevo empréstito –que se renovaba cada cuatro o cinco años- daba lugar a nuevas oportunidades para esquilmar al Estado, al que se mantenía siempre al borde de la bancarrota: “Cada nuevo empréstito daba una nueva oportunidad para desvalijar al público que colocaba sus capitales en rentas sobre el Estado, por medio de operaciones bursátiles, en el secreto de las cuales estaban iniciados el Gobierno y la mayoría de las Cámaras”.
De esta manera los especuladores se aprovechaban de las fluctuaciones violentas de los precios de los títulos, y el déficit se mantenía elevado. “Siendo el déficit presupuestario de interés directo de la fracción de la burguesía en el poder, se explica el hecho de que el presupuesto extraordinario, en los últimos años del gobierno de Luis Felipe, haya sobrepasado en mucho al doble de su monto bajo Napoleón…”. De manera que el déficit es funcional a los intereses “de la fracción de la burguesía en el poder”. La idea se refuerza enseguida: “Además, pasando de esa manera enormes sumas entre las manos del Estado, daban lugar a fraudulentos contratos de entrega, a corrupciones, a malversaciones y estafas de todo tipo”. Un saqueo de los fondos públicos que “se renovaba en detalle en los trabajos públicos”. De ahí que la obra pública, las construcciones de líneas ferroviarias, los gastos públicos en general, se constituyeran en otras tantas fuentes de enriquecimiento. “Las Cámaras [legislativas] arrojaban sobre el Estado las cargas principales y aseguraban el maná dorado a la aristocracia financiera especuladora”. No existe, por parte de Marx, la menor concesión a los empresarios, fueran contratistas de obra pública o inversores en ferrocarriles, que se enriquecían gracias a sus vínculos con el Estado.
 
La situación de conjunto es descrita en los siguientes términos:
“En tanto que la aristocracia financiera dictaba leyes, dirigía las gestiones del Estado, disponía de todos los poderes públicos constituidos, dominaba la opinión pública por la fuerza de los hechos y por la prensa en todas las esferas, desde la Corte hasta el café borgne [lugar de reunión de gente de negocios] se reproducía la misma prostitución, el mismo engaño desvergonzado, la misma sed de riquezas, no por la producción, sino por el escamoteo de la riqueza ya existente de otros”. En otros términos, no había generación de valor y riqueza por incremento de la base productiva, sino saqueo, traspaso de riqueza de unas manos a otras (puede enriquecerse este análisis con los conceptos de trabajo productivo e improductivo que Marx desarrollaría luego en El Capital). Sigue el texto:
“Especialmente en la cúspide de la sociedad burguesa es donde la hartura de las concupiscencias más malsanas y más desordenadas se desencadenaba y entraba a cada instante en conflicto con las leyes burguesas mismas, pues allí es donde la fruición del goce se hace crapuleuse, donde el oro, el lodo y la sangre se mezclan con toda naturalidad. La aristocracia financiera, en su modo de ganancias como en sus goces, no es otra cosa que la resurrección del proletariado del hampa en las cimas de la sociedad burguesa”.  “Proletariado del hampa” puede leerse como el lumpen; es posible que este pasaje haya inspirado a autores muy posteriores (Baran, Gunder Frank) a hablar de la “lumpen burguesía” para referirse a formas parasitarias de enriquecimiento de fracciones de la clase dominante.
 
El gobierno surgido de la Revolución de Febrero
El análisis de Marx sobre la política del Gobierno “de unidad nacional” surgido del triunfo de febrero de 1848, con respecto a la deuda, conserva el mismo sesgo crítico, a pesar de que “la revolución era dirigida ante todo contra la aristocracia financiera”. Después de señalar que el crédito público descansa sobre la creencia de que el Estado se deja explotar por los prestamistas, y que la lucha de la clase obrera pone en cuestión esa credibilidad, Marx apunta que a fin de eliminar toda sospecha sobre la voluntad de cumplir con las deudas dejadas por el régimen anterior, el Gobierno pagó a los acreedores antes de que vencieran los plazos legales de reembolso. Es el argumento que se repetiría una y otra vez, asegurar a los capitalistas que se cumplen los contratos. “El aplomo burgués, la seguridad de los capitalistas, se despertaron bruscamente cuando vieron la presurosa ansiedad con la cual se trataba de comprar su confianza”.
Pero esto agravó la situación financiera del Gobierno provisorio. Y como el déficit de algún lado hay que cubrirlo, el Gobierno descargó el peso sobre los pequeños burgueses, los empleados y los obreros. Los depósitos en caja de ahorro que superaban los 100 francos fueron declarados no reembolsables en dinero, y se entregaron bonos del Tesoro en su lugar. Bonos que los ahorristas se vieron obligados a vender a los financieros contra los que se había hecho la Revolución de Febrero. El Gobierno también transformó los bancos provinciales en sucursales del Banco de Francia, al que concedió un empréstito garantizado con una hipoteca sobre los bosques fiscales. Y por último, aumentó el impuesto a los campesinos. “Los campesinos son los que tuvieron que pagar los gastos de la Revolución de Febrero y entre ellos la contrarrevolución tomó su principal contingente”.
En conclusión, en este análisis el déficit y la deuda pública no caen del cielo. Son explicados en un contexto social preciso, el modo de producción capitalista, y responden a lógicas de clase definidas. La corrupción, asociada al gasto público y la deuda, debería abordarse desde la misma perspectiva.

viernes, 15 de abril de 2016

A 40 años, el Nunca Más al poder real exige comprobar qué economía nos quita vida.


 Es situar la unión entre las diversas luchas en 
confrontación con el Estado-Capital que Barañao representa.

Es crucial ,abajo y a la izquierda, multiplicar espacios de deliberación popular sobre cómo la acumulación gran capitalista en el agro y en las otras formas del extractivismo no sólo está haciendo a la desaparición forzada de campesinos e indígenas sino también está aniquilando los derechos de la naturaleza que son las condiciones básicas para la vida y el trabajo. De modo que urge la deliberación popular, por ejemplo, respecto a:




El sistema reglamentario argentino en materia de biotecnología, VS, carece de un análisis exhaustivo, riguroso y precautorio sobre el impacto en la naturaleza de los OVGM (Órganos Vegetales Genéticamente Modificados).  El plexo normativo posibilita que el Estado deposite irresponsablemente la confianza en un saber científico que no es para nada objetivo, no solo eso, también es dogmático y  además busca ser reservado en sus puntos críticos. Esto es así dado que el Estado solo realiza un visado de los estudios y trabajos que presentan las empresas - como la demandada Agrosciences Dow Argentina SA -, los cuales no tienen estado público.
La ciudadanía, VS, tiene derecho a saber que dicen esas conclusiones científicas sobre las que se sustentan las aprobaciones de los OVGM, y en el sub-lite, la semilla transgénica de Soja DAS-444Ø6-6. Si partimos de la premisa del párrafo inicial, no es difícil deducir que aquellas son sesgadas, parciales e interesadas.
En efecto, hemos podido comprobar  en estas mismas actuaciones judiciales - en virtud de la diligencia preliminar -, que la Soja comercialmente denominada "Intacta" de la empresa Monsanto Argentina SAIC,  fue aprobada con estudios que nunca fueron publicados, es decir,  nunca fueron sometidos a sus pares; aunque hay un dato más alarmante: esos trabajos  fueron realizados por personas que se presentan como científicos, pero que en la realidad de los hechos son empleados de la empresa americana.
Esas conclusiones científicas a las que arriban los empleados de Monsanto  y que el Estado utiliza para motivar su acto administrativo, las podemos llamar objetivas ? son serias y seguras ?
En materia de biotecnología, se puede afirmar y reconocer que la tecnociencia ha tenido un desarrollo exponencial,  pero el saber científico que aquella produce no puede no admitir reparos, no pueden ser tomadas sus conclusiones a ciegas por el Estado y menos no ser sometidas a la comunidad científica y al conocimiento de la ciudadanía en general en un sistema democrático y participativo, a priori de cualquier autorización o habilitación de una semilla transgénica que se motive en aquellas.
El sistema reglamentario argentino sobre biotecnología ha permitido y permite a contramano del orden público ambiental que ese saber científico – gestionado por los poderes corporativos - no pueda discutirse ni siquiera evaluarse. A la vez, que ese saber se pone al servicio del desarrollo agrobiotecnológico bajo los argumentos de supuestos beneficios para la sociedad y mejora de la calidad de vida y del ambiente, la realidad palpable nos muestra datos distintos que nos obliga a una revisión y análisis profundo de esas postulaciones sobre la santificación de los paquetes transgénicos: pérdida de la biodiversidad, cambio climático, inundaciones, deforestación al límite del desastre ecológico, aumento de la tasa de cáncer y malformaciones congénitas etc.  No sólo eso, la agrobiotecnología se presentó bajo el manto de que la siembra directa atada al uso de un solo agrotóxico “amigable con el ambiente” (glifosato), reemplazaba a los agrotóxicos de mayor toxicidad y uso de entonces como el 2,4-D y el Paraquat. Pero ello no fue así. Prueba de ello, es el hecho de que el Estado Nacional acaba de aprobar este producto biotecnológico (Soja DAS-444Ø6-6) que por el presente cuestionamos, que le da tolerancia al cultivo de la soja no solo al glifosato, sino también  al 2,4-D y al glufosinato de amonio. Un verdadero cóctel químico.  Entonces nos preguntamos, donde está el saber científico que nos diga que este producto es seguro para el ambiente ?. Es el mismo saber científico que decía inicialmente que el glifosato era la panacea de la biotecnología que venía a reemplazar a todos los agrotóxicos de entonces ?. Es el mismo saber científico que cuando promovió los OVGM con la inserción del trasngen BT lo hizo bajo el argumento que ello iba a redundar en menor uso de agrotóxicos, cuando los datos estadísticos de la propia cámara empresarial de empresas biotecnológicas de la Argentina  señalan que, en los últimos 10 años, el uso y aplicación de agrotóxicos  en el país aumentó de un modo exponencial ?. 

No estamos obligados a aceptar plácidamente los designios de esa tecnociencia irresponsable e inescrupulosa (o tecnogenia en términos de Guillermo Eguiazu)(1),tenemos derechos y también responsabilidades para exigir respuestas y un freno a tamaño relato construido, lamentablemente bajo el cobijo del propio Estado y de estamentos científicos oficiales de dudosa objetividad.
Desde la ciencias sociales se han realizado aportes muy importantes sobre los reparos que deben tenerse sobre la tecnociencia o tecnogenia, en relación a la promoción de actividades innovadoras (como la biotecnología) que inciden o afectan a la naturaleza, basadas en la aceptación dogmática de las conclusiones que ese saber tecno científico nos presenta. Esas prevenciones describen la necesidad de establecer un límite ético y también jurisdiccional.
Con ese cometido, mencionamos a José Eduardo de Siqueira (2) que adscripto al pensamiento de Hans Jonas señala que la tecnociencia va produciendo conocimientos que, sin ser objeto de reflexión crítica, se transforman en reglas impuestas a la sociedad, la cual, obediente a esa máquina ciega del saber, se proyecta tambaleante a lo largo de un oscuro túnel. Continua Siqueira apuntando que el conocimiento científico desarrolló las tecnologías más refinadas para conocer todos los objetivos posibles, pero quedó totalmente ajeno a la subjetividad humana. Se volvió ciego a la marcha de la propia ciencia, pues la ciencia no puede conocerse, no puede autoanalizarse, con los métodos que dispone hoy en día. Es lo que Morin denomina "ignorancia de la ecología de la acción"; o sea, toda acción humana, a partir del momento que tiene inicio, escapa de las manos del iniciante y entran en juego las múltiples interacciones propias de la sociedad, que la desvían de su objetivo y a veces le dan un destino opuesto al buscado al principio. Para que haya responsabilidad, es preciso que exista un sujeto consciente. Lo que ocurre es que el imperativo tecnológico elimina la conciencia, elimina al sujeto, elimina la libertad en provecho de un determinismo.
Sobre esta base, Siqueira agrega que la antigua idea de naturaleza se sometía al inalcanzable orden natural que señalaba los contornos de las normas éticas.
"El curso de la naturaleza no depende más de una ley superior, que reserva al ser humano la condición de espectador. Muy al contrario, hoy él es el agente de las transformaciones y tiene a su merced a la naturaleza y a toda la existencia, y en ellas interviene cuando se le ocurre.  Ante esa realidad, es imposible no interponer a la actitud científica exigencias de una nueva responsabilidad ética y desde el campo del derecho darle un estándar jurídico calificado a la naturaleza."
Hoy se trabaja con una concepción totalmente distinta de la naturaleza. El curso de la naturaleza no depende más de una ley superior, que reserva al ser humano la condición de espectador. Muy al contrario, hoy él es el agente de las transformaciones y tiene a su merced a la naturaleza y a toda la existencia, y en ellas interviene cuando se le ocurre. La idea de naturaleza debe, por lo tanto, entendérsela como propiedad, dominio del hombre. Ante esa realidad, es imposible no interponer a la actitud científica exigencias de una nueva responsabilidad ética y desde el campo del derecho darle un estándar jurídico calificado a la naturaleza.
Respecto a la responsabilidad ética de la que nos habla Sequeira debemos acudir a su mentor Hans Jonas. El autor alemán dice que subyace un tema de responsabilidad ética en el desarrollo de la tecnología. Para Jonas el principio de responsabilidad pide que se preserve la condición de existencia de la humanidad, que el interés del hombre debe identificarse con el de otros miembros vivos de la Naturaleza, pues ella es la morada común. Preservar la naturaleza significa preservar al ser humano. Es decir no es sólo que existan hombres después de nosotros, sino precisamente que sean hombres de acuerdo con la idea vigente de humanidad y que habiten este planeta con todo el medio ambiente preservado.
Bajo esta perspectiva hermenéutica, resulta revelador un fallo judicial sobre biotecnología del tribunal brasilero del 4 de Marzo de 2014, que citamos y a nuestro parecer, es una reliquia argumental jurídica inconmensurable que VS debe considerar al momento de sentenciar,  cuando desde una mirada jurisdicccional crítica sobre el papel de la ciencia se dice que  ésta no es consciente de su papel y sus límites (el temor del niño también debe estar presente en el científico), es estúpido no escuchar a la otra parte. Así se convertirá en un fin en sí mismo y pierde su capacidad de aceptar las objeciones, siendo no sólo audaz y valiente (virtudes), sino también arrogante y presuntuoso (defectos) .Uno de los primeros síntomas de que esto sucede, es cuando la ciencia no puede oír al otro lado de la cuestión, escuchándose sólo a sí misma y está convencida de su importancia y de su omnipotencia. Por ejemplo, cree que debe producir alimentos para esto (esto es cierto), y por tener que preocuparse demasiado  se olvida de que la naturaleza y el medio ambiente deben servir también para las generaciones futuras.
Coincidimos con el tribunal brasilero, el Estado no puede dejar el destino de  la naturaleza y la biodiversidad en manos de la tecnociencia cuyo saber onmipotente es la herramienta de  los poderes corporativos para imponerse sobre el resto de la sociedad. Ello nos conduce a un planteo epistémico irreductible sobre el saber científico y a su vez – de modo urgente– nos obliga a plantear ante la jurisdicción la necesidad de reclamar el reconocimiento de lo que Boaventura de Sousa Santos describe como ur-derechos.(3)

Advierte Boaventura a estas alturas, que se deben diseñar los derechos fundadores, clandestinos que fueron suprimidos por los colonialistas occidentales y la modernidad capitalista a fin de construir, sobre sus ruinas, la monumental catedral de los derechos humanos fundamentales. La concepción de los ur-derechos es un ejercicio de imaginación retrospectiva radical. Significa establecer y denunciar un acto abismal sobre la cual la modernidad occidental cimentó sus deslumbrantes edificios epistemológicos, políticos, económicos y culturales. Según esta concepción, los ur-derechos no son por tanto los derechos naturales de la tradición idealista de Occidente; son derechos que existen sólo en el proceso de ser negados y como negaciones. En realidad - dice Sousa de Santos - no son derechos originales sino más bien injusticias originales, son derechos originales que solamente existen para señalar la perpetración de injusticias-originales. Reivindicarlos significa abrir el espacio-tiempo para una concepción de derechos humanos poscolonial y posimperial.
Entonces, volviendo a Siqueria, decimos que la tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención tecnológica del hombre muestra una situación inusitada, pues nada menos que toda la biósfera del planeta está expuesta a posibles alteraciones, lo cual hace imprescindible considerar que no sólo debe anhelarse el fin preambular del bien común, sino también el de toda la naturaleza extrahumana, es decir que la misma pueda desarrollarse plenamente.
Por eso es que bajo esa línea de razonamiento, urge como necesario ante un proceder estadual que ignora el orden publico ambiental y se muestra complaciente con un saber científico que somete a la naturaleza al designio antropocéntrico y reservado de  los poderes corporativos, construir un muro de contención ecocéntrico y equiparador . Y ello no es sino darle a la naturaleza un estandart jurídico calificado, pero en serio no sólo en los discursos, reivindicarla como un sujeto,  es decir visibilizar – en términos de Sousa de Santos – un ur-derecho que existió siempre.
El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho encuentra eco en la doctrina comparada. Así el alemán Bosselmann en 1986, recomendó introducir en la Constitución de la República Federal de Alemania una mención a los derechos del ambiente. (4). Recientemente la Constitución del Ecuador avanzo en ese norte.
También encontramos la posición fundamental de los juristas Cristopher Stone (5) y Godofredo Stutzin. (6) En palabras de Ricardo Crespo Plaza ambos autores sostienen que corresponde otorgar derechos a la naturaleza y ello se relaciona con la necesidad de tomar distancia de la visión cultural antropocéntrica que la humanidad tiene desde tiempos remotos y la de aproximarnos a una relación eco céntrica,   donde  se   reconozca   el  valor  intrínseco    de   la naturaleza, y en la que el ser humano es parte de un sistema y no un ente separado, jerárquicamente superior a todo lo que le rodea, situado en el centro, alrededor del cual giran los elementos naturales y los demás seres vivos, como bienes disponibles y agotables. (7). En este sentido, podemos apuntar el avance importantísimo que represento la Carta Mundial de la Naturaleza  de la ONU (Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas), al dejar de lado una visión antropocéntrica sobre el ambiente.
En la Carta se prescribe que "La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que  son fuente de energía y materias nutritivas. Se afirma que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre,  y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral.” “El hombre, por sus actos o las  consecuencias de éstos, dispone de los medios para transformar a la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello, debe reconocer cabalmente la urgencia que  reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales.”
 
 "Urge como necesario ante un proceder estadual que ignora el orden publico ambiental y se muestra complaciente con un saber científico que somete a la naturaleza al designio antropocéntrico y reservado de  los poderes corporativos, construir un muro de contención ecocéntrico y equiparador . Y ello no es sino darle a la naturaleza un estandart jurídico calificado, pero en serio no solo en los discursos, reivindicarla como un sujeto,  es decir visibilizar – en términos de Sousa de Santos – un ur-derecho que existió siempre."
En ese mismo documento se establecen deberes de los estados con alcance a los particulares, los cuales enunciamos:
1) Toda planificación incluirá, entre sus elementos esenciales, la elaboración de estrategias de conservación de la naturaleza, el establecimiento de  inventarios de los ecosistemas y la evaluación de los efectos que hayan de surtir sobre la naturaleza las políticas y actividades proyectadas; todos los  elementos se pondrán en conocimiento de la población recurriendo a medios adecuados y con la antelación suficiente para que la población pueda participar  efectivamente en el proceso de consultas y de adopción de decisiones al respecto.
2) Se asegurará la disponibilidad de los medios financieros, los programas y las estructuras administrativas necesarias para alcanzar los objetivos de la conservación de la naturaleza.
3) Se harán esfuerzos constantes para profundizar el conocimiento de la naturaleza mediante la investigación científica y por divulgar ese conocimiento sin que haya restricción alguna al respecto.
4) El estado de los procesos naturales, los ecosistemas y las especies se seguirán muy de cerca a fin de que se pueda descubrir lo antes posible cualquier  deterioro o amenaza, tomar medidas oportunas y facilitar la evaluación de las políticas y técnicas de conservación.
5) Los Estados y, en la medida de sus posibilidades, las demás autoridades públicas, las organizaciones internacionales, los particulares, las asociaciones y  las empresas:
5.1 Cooperarán en la tarea de conservar la naturaleza con actividades conjuntas y otras medidas pertinentes, incluso el intercambio de información y las consultas;
5.2 Establecerán normas relativas a los productos y a los procedimientos de fabricación que puedan tener efectos perjudiciales sobre la naturaleza, así como  métodos para evaluar dichos efectos;
5.3 Aplicarán las disposiciones jurídicas internacionales pertinentes que propendan a la conservación de la naturaleza o a la protección del medioambiente.
5.4 Actuarán de manera tal que las actividades realizadas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control no causen daño a los sistemas naturales  situados en otros Estados ni en los espacios ubicados fuera de los límites de la jurisdicción nacional;
.5 Salvaguardarán y conservarán la naturaleza en los espacios que estén más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
6) Incumbe a toda persona actuar de conformidad con lo dispuesto en la presente Carta; toda persona actuando individual o colectivamente, o en el marco de su  participación en la vida política, procurará que se alcancen y se observen los objetivos y las disposiciones de la presente Carta.
Se deriva de estos deberes y responsabilidades que la Carta de la Naturaleza de las Naciones Unidas  pone en los estados y las personas, la necesidad de reconocer como espejo de los mismos, los derechos de la naturaleza.
Es cierto que como sujeto la Naturaleza es incapaz de ser titular de deberes, pero en este campo se impone una reciprocidad basada en el principio de  responsabilidad del que nos habla Jonas que como bien lo señala Souza de Santos nos proporciona la orientación normativa para el reconocimiento de derechos de los que no son  titulares los no sujetos de deberes. (Cita 4).  En tal dirección, nuestra Constitución Nacional ha avanzado, por ejemplo,  al reconocer en el art 41 a las generaciones futuras como titulares del derecho “a que las actividades productivas actuales no comprometan sus necesidades”.
El reconocimiento como sujeto de la naturaleza  no debe resultarnos extraño, pues en palabras de Belkis Cartay " (8)  ¿hasta hace poco no se consideraban como sujeto de derechos a ciertas categorías de seres humanos:  niños, mujeres, de raza negra, por una parte; y por otra, el mundo del derecho esta poblado de sujetos de derecho inanimados: sociedades comerciales, asociaciones,  colectividades públicas, a los que se les reconoce personalidad jurídica.
La importancia del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho radica en el desaliento e inclusive ejercicio explicito de los estamentos del estado, dirigidos a que los ciudadanos no participen ni se obliguen a la preservación y conservación del ambiente y  la biodiversidad, con la clara finalidad de que las responsabilidades de los particulares se diluyan. 
Con este panorama de anomia general, el Estado, deja diluir también sus propias responsabilidades, por acción u omisión, ya sea no controlando rigurosa y exhaustivamente, estableciendo normativas laxas que benefician a los titulares de los  eventos transgénicos como Dow Chemicals, que a su vez manipulan el saber científico; y en caso de estar frente a una incertidumbre científica - aunque se hable de disenso científico -, se proponen estándares de  sustentabilidad o progresividad que o bien ignoran las advertencias de los criterios científicos objetivos y críticos, o bien fijan pautas elásticas (que por lo general surgen de un saber científico no objetivo) que se presentan en lo  formal como precautorias o promotoras de un desarrollo sostenible, pero que en la práctica son una legitimación pausada para crear zonas liberadas al uso irracional o afectación irreparable de los recursos de la naturaleza,  como así también una licencia sin limites y controles, a favor de las grandes corporaciones económicas, bajo la consideración póstuma y utilitarista de quien contamina a la naturaleza, paga.
"Se proponen estándares de  sustentabilidad o progresividad que o bien ignoran las advertencias de los trabajos científicos objetivos y críticos, o bien fijan pautas elásticas que se presentan en lo  formal como precautorias o promotoras de un desarrollo sostenible, pero que en la práctica son una legitimación pausada para crear zonas liberadas al uso irracional o afectación irreparable de los recursos de la naturaleza,  como así también una licencia sin limites, a favor de las grandes corporaciones económicas, bajo la consideración póstuma y utilitarista de quien contamina a la naturaleza, paga.
 
Ese cuadro de situación, nos ofrece un circulo vicioso,  lo vemos en el campo biotecnológico , cuando el Estado Argentino, no ratifica el protocolo de Cartagena, instrumento que en algunos aspectos  puntuales es pasible de serios cuestionamientos , pero aun así, se trata de un documento base de la biotecnología que no es operativo en nuestro país, de modo intencional, siendo que la Argentina es el tercer país en el mundo en la producción de transgénicos; ello con la clara finalidad de no asumir responsabilidad en el cumplimiento, por ejemplo, de los criterios de análisis de riesgos que el protocolo establece . A su vez, el país no cuenta con una ley de biotecnología, la cual está regulada  por resoluciones  administrativas que permiten que las empresas presenten estudios ambientales y de inocuidad alimentaria, realizados con parámetros arbitrarios, que a todas luces no pueden derivar en conclusiones irreductibles sobre la seguridad de los OVGM. A ello se suma,  el carácter secreto de los procesos autorizativos donde no se permite la participación ciudadana, con el único propósito de esfumar todo intento de asunción de  responsabilidades por  los ciudadanos.
Este derrotorero VS, en la temática de análisis, concluye con una absoluta falta de control y evaluación de los verdaderos efectos de los OVGM, por parte del Estado que somete sus decisiones al saber científico –lo reiteramos - gestionado por los poderes corporativos, con fuertes intereses en la materia.
Bajo el marco descripto, la naturaleza y su biodiversidad queda absolutamente desprotegida, aun cuando exista un orden publico ambiental, pues desde una mirada antropocéntrica, si el hombre no ejerce sus derechos y sus obligaciones, quien defiende a la naturaleza?- Por ello vemos en ese desaliento individualizado hasta desarticular el motus propio ciudadano en cuestiones ambientales, por parte de las autoridades, que es el punto critico a neutralizar como primera medida.  Es ahí donde el derecho debe cumplir su función de controlador social, de disolver la idea de lo injusto, de suplir esa omisión que se observa, con el objeto de aniquilar la situación disvaliosa visibilizada y que va en contrasentido del fin del estado: el bien comun.
Por ello, la propuesta de la construcción de la naturaleza como sujeto de derecho en el contexto de un nuevo paradigma del derecho ambiental es necesaria y tiene raigambre constitucional al fijarse como responsabilidad de los ciudadanos la obligación de preservar y conservar el ambiente y la diversidad biológica.
SI los ciudadanos tienen responsabilidad sobre la naturaleza, ésta tiene sus derechos
Y esos derechos, si repasamos la legislación vigente, desde una mirada ecocéntrica, están dispersos en varias normas. A veces los operadores jurídicos nos descabellamos por solicitar y exigir reconocimientos de derechos, cuando en realidad si focalizamos en la búsqueda normativa, vamos a hallarlos sin mucho esfuerzo.  Así, cuando la legislación obliga que una actividad antes de su ejecución debe poseer una debida declaración de impacto ambiental, cuando reconoce la figura de los pasivos ambientales y la obligación de la recomposición, cuando estipula la necesidad de la participación ciudadana en todo proceso de evaluación de impacto ambiental a fin de garantizar un control ciudadano, cuando se establecen zonas de protección o se crean reservas naturales, se están reconociendo derechos de la naturaleza. Sucede que nuestra visión antropocéntrica nos los presenta únicamente como derechos de las personas. El problema está cuando las personas no los ejercitan o cuando reclaman por ellos y encuentran la resistencia o desaliento del estado. De ahí la necesidad de reivindicar una autonomía a la naturaleza.
El jurista Chileno Stuzin (9) avala esta postura al señalar que la única manera de equilibrar la balanza y ponderar debidamente las necesidades de la biosfera frente a las pretensiones de la tecnósfera consiste en reconocer a la naturaleza como parte interesada en los conflictos ambientales y permitirle asumir en nombre propio la defensa del mundo natural. El mal funcionamiento de la balanza, que se va acentuando día a día, ha sumido al planeta en la actual crisis ecológica sin precedentes. La gran perdedora no es solamente la naturaleza, sino la propia humanidad cuyos intereses, en definitiva, coinciden plenamente con los de la biosfera por mucho que se quiera hacernos creer lo contrario. Por lo mismo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lejos de atentar contra los derechos de los seres humanos, constituye una garantía de que estos derechos sean apreciados en su verdadero significado y alcance y de que sean debidamente resguardados ante las presiones ejercidas por una tecnocracia deshumanizada.  Asimismo señala que la elevación de la categoría jurídica de la naturaleza, se traducirá, sin duda, en el mejoramiento de su condición social y, por consiguiente, en la adopción de políticas y normas de conducta que la favorecen. Se respeta a quien goza de derechos, mientras que se desprecia a aquel que carece de ellos. El efecto psicológico del reconocimiento de los derechos de la naturaleza podrá llegar a ser más importante que los efectos netamente jurídicos de este reconocimiento, tal como ha sucedido cada vez que se ha ampliado el ámbito de los derechos humanos.
"Si los ciudadanos tienen responsabilidad sobre la naturaleza, ésta tiene sus derechos.
Y esos derechos están dispersos en varias normas. A veces los operadores jurídicos nos descabellamos por solicitar y exigir reconocimientos de derechos, cuando en realidad si focalizamos en la búsqueda normativa, vamos a hallarlos sin mucho esfuerzo.  Así, cuando la legislación obliga que una actividad antes de su ejecución debe poseer una debida declaración de impacto ambiental, cuando reconoce la figura de los pasivos ambientales y la obligación de la recomposición, cuando estipula la necesidad de la participación ciudadana en todo proceso de evaluación de impacto ambiental a fin de garantizar un control ciudadano, cuando se establecen zonas de protección o se crean reservas naturales, se están reconociendo derechos de la naturaleza. Sucede que nuestra visión antropocéntrica nos los presenta únicamente como derechos de las personas”.

Sobre esta base hermenéutica, el debate y escrutinio por los ciudadanos, a fin de que puedan desandar sus responsabilidades, opinando, controlando y exigiendo en relación a los transgénicos y su incidencia en  la naturaleza, es esencial ; y esas obligaciones que surgen de la responsabilidad de los individuos, necesitan para su cumplimiento, el aseguramiento de mecanismos de participación ciudadana.
En conclusión VS, si la Constitución establece como obligación preservar el ambiente y la biodiversidad, ello implica reconocer que la naturaleza tiene derechos, algunos de ellos los hemos individualizado ut supra. Y para que  los individuos puedan ejercer esas obligaciones y consecuentemente se garanticen los derechos de la naturaleza, la participación ciudadana es una herramienta esencial de control y construcción democrática que debe ser garantizada y promovida por el estado; cuestión que en la materia que nos ocupa,   no  está   sucediendo   y   por   lo tanto,  hay gravedad institucional, pues proscribir la participación ciudadana en una sociedad democrática participativa, importa la anulación de esta ultima.
Por ello VS, este reclamo versa por una justicia ambiental sincera, que si bien esta acotado a las necesidades urgentes se realiza  con vistas en las generaciones futuras. Y como todo reclamo que demanda el cumplimiento del bien del común, es merecedor de respuestas eficaces y oportunas de los poderes del estado, ya que si relativizamos la participación ciudadana, también estamos minimizando las obligaciones CONSTITUCIONALES que pesan sobre los individuos y con ello, estamos dejando los derechos de la naturaleza al libre albedrío de los poderes económicos y de un poder administrador cómplice.
Y esto último VS, es precisamente  la sustancia de la queja pretensional que nos tiene aquí presente y que no admite demoras
Referencias
1.- Tecnogenologia. Una respuesta a la necesidad de prevenir las consecuencias nocivas ocultas en la técnica. Dr Guillermo Eguiazu. INCABIE. 1991.
2.- El Principio de Responsabilidad de Hans Jonas José Eduardo de Siqueira Acta bioeth. v.7 n.2 Santiago 2001
http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2001000200009
3.- Boaventura de Sousa Santos. Descolonizar el Saber, Reiventar el Poder. Trilce. 2010.
4.- Citado por Francois Ost en Naturaleza y Derecho. p. 170.
5.- ¿Deberían los árboles tener derecho a representación legal? Christopher Stone. 1972
6.- "La Naturaleza: ¿un Nuevo Sujeto de Derecho?"
Leído en las Jornadas del Instituto de Docencia e Investigación Jurídicas sobre "Las Nuevas Figuras Jurídicas Vinculadas a la Protección del Medio Ambiente", realizadas en Jahuel (7-9 de septiembre de 1973) y, posteriormente, en las Primeras Jornadas Argentinas de Derecho y Administración Ambientales, organizadas por la Asociación para la Protección del Ambiente (Buenos Aires, 15-17 de abril de 1974).
7.-  La Naturaleza como sujeto de derechos : ¿Simbolo o Realidad Juridica?. 
Ricardo Crespo Plaza. 2008
http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Crespo_natureleza_sujeto_2008.pdf
8.- "La Naturaleza: objeto o sujeto de derechos”.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3219/5.pdf
9.- Un imperativo ecológico: reconocer los derechos de la naturaleza. Godofredo Stuzin. Ambiente y Desarrollo. VOL. I, N° 1, págs. 97-114, dic.
1984
Podemos preguntarnos si los gobiernos progresistas han hecho a un Estado responsable por la vida en vez de garantizador de la seguridad jurídica de las corporaciones locales e imperialistas. Constatamos que todos han afianzado el capitalismo o sea la acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Veamos significados e implicancias en Ecuador:

Entrevista a Nataly Torres (FIAN)
"Estructura oligopólica en la cadena agroalimentaria”

13 de abril de 2016

Por La línea de fuego

“Al Grano” es una campaña de comunicación que alimenta el debate sobre las relaciones de poder en el campo, el monopolio de la comercialización, la concentración de recursos naturales, los efectos del cambio climático en el agro y las violaciones a los derechos de trabajadores rurales. Siempre identificando las alternativas que los campesinos e indígenas proponen ante sus problemáticas.

La campaña ‘’Al Grano’’ quiere visibilizar cómo opera la Agroindustria en el Ecuador. A continuación entrevistamos a Nataly Torres (Responsable del Programa de Exigibilidad y Monitoreo de FIAN Ecuador) sobre el estado del derecho a la alimentación en Ecuador.

¿Cuáles son los mecanismos que a nivel nacional e internacional defienden el derecho a la alimentación en Ecuador?

El Estado Ecuatoriano ha reconocido el derecho a la alimentación mediante la Constitución Política de 2008, entendiendo que: “se da un acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”, según establece el artículo 13. Para ello, se reconoce a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado.

Así mismo, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), publicada en el Registro Oficial en mayo de 2009, establece los mecanismos mediante los cuales el Estado ha de cumplir con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente.

En relación al  derecho internacional se han concebido estándares de protección del derecho a la alimentación como: la Declaración Universal de Derechos Humanos  de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito por el Ecuador en el 2009;  el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales y el Protocolo de San Salvador, ratificado por el Ecuador en 1993.

¿Podríamos hablar de una verdadera práctica en defensa de la soberanía alimentaria como eje estratégico tal como refleja la Constitución?

Existen reivindicaciones políticas importantes que se deducen del concepto de soberanía alimentaria como la priorización de la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; así como la participación activa de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las mujeres rurales en la producción agrícola y en la alimentación.

¿En qué consiste la política estatal sobre el cambio de modelo de matriz productiva?
Los principios señalados anteriormente van perdiendo fuerza frente a la política estatal de “transformación de la matriz productiva” que fomenta el modelo agroindustrial, los agronegocios y la agroexportación con el paulatino deterioro de los sistemas alimentarios locales.
¿Cómo se conecta con la aprobación de la Ley de Aguas en 2014 y la aprobación de la Ley de Tierras en enero de 2016?
La Ley de Aguas y la Ley de Tierras no recogen las demandas históricas de las poblaciones campesinas e indígenas como: la redistribución del agua y la tierra, la protección de fuentes hídricas frente a proyectos extractivos, la protección del derecho al territorio de los pueblos indígenas y campesinos ni la nueva institucionalidad agraria bajo los principios de la plurinacionalidad e interculturalidad.
¿Y qué sucede con el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea y la Ley de Asociación Público – Privada?
A los elementos anteriores hay que sumar la adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea y la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público – Privadas y la Inversión Extranjera que abren mayores posibilidades para que se refuerce el modelo de acumulación capitalista en el sector agrario y alimentario.

¿Cuáles son las principales empresas en el ranking que controlan la alimentación en el Ecuador? ¿Cómo se expresa este modelo de acumulación en el sistema alimentario ecuatoriano?

En el marco de la investigación “Balance de la situación alimentaria y nutricional en Ecuador”, que venimos trabajando en FIAN, evidenciamos que en el país opera una estructura oligopólica a lo largo de la cadena agroalimentaria que,  junto a la concentración de los recursos productivos en un reducido grupo de agentes económicos, nos lleva a pensar que
en Ecuador se consolida un modelo corporativo de control sobre la alimentación.
En el 2010, el Censo Nacional Económico del 2010 muestra que las empresas más grandes, que representan el 10% de todos los negocios del país, acapararon el 95,8% de las ventas que se realizaron en ese año. Entre los comerciantes alimenticios y agroindustriales, tres empresas controlan el 91% del mercado. Este hecho determina también el grado de concentración de los ingresos. En nuestro informe resaltamos las cifras del SRI que muestran que aquellos grupos económicos con vínculos directos e indirectos con la agroindustria, volcados a la exportación, o con control de procesos de elaboración y comercialización de alimentos y bebidas procesadas, son parte de un reducido y poderoso grupo económico que controla la economía ecuatoriana. Estamos hablando de  grupos económicos como La Favorita, El Rosado, Gerardo Ortiz e Hijos, Supermercados Santamaría  dedicados a la elaboración y comercialización de alimentos; son grupos que reportaron ingresos en 2014 entre los $528 y $2.500 millones de dólares. Grupos agroindustriales como Pronaca, Bananera Noboa o Reybanpac,  pueden ilustrar cuan rentable resulta mantener el control sobre medios de producción fundamentales en el agro como la tierra, agua, crédito, disponibilidad de fuerza de trabajo y la alimentación de la población ecuatoriana.
¿Frente a este panorama, cuál es la situación actual de los pequeños productores campesinos? Es evidente que esta concentración capitalista en el sector agrícola y alimentario apunta a una creciente inequidad social en cuanto al acceso a recursos productivos; incluso a los mercados, en donde los pequeños productores son los principales afectados.

Durante los últimos años ha existido una tendencia de eliminar las unidades productivas pequeñas, reemplazarlas por otras de mayor tamaño ó introducirlas en la cadena de comercialización mediante modalidades como la agricultura bajo contrato; agricultura por la que el comprador (muchas veces se trata de una empresa grande de agronegocio) establece las condiciones sobre el producto, la cantidad y los precios. En esta modalidad, no sólo empresas privadas desempeñan un papel importante en esta forma de negocio; por ejemplo, el “Plan Nacional de Semillas” constituye un claro ejemplo de encadenar cultivos estratégicos bajo la forma de agricultura por contrato, al igual que los programas: Fondo de Integración de Cadenas Agroproductivas (FICA) y Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI).
Como resultado, existe una creciente proletarización y desplazamiento de los campesinos y campesinas, nuevas formas de concentración de la tierra y del poder en manos de las empresas comercializadoras, importadoras y exportadoras, y también la destrucción ambiental debido al uso intensivo de agroquímicos.
https://lalineadefuego.info/2016/04/12/en-ecuador-opera-una-estructura-oligopolica-en-la-cadena-agroalimentaria-nataly-torres-fian-ecuador/
Podemos preguntarnos cómo emanciparnos del sometimiento al poder real o al capitalismo agroalimentario.

La tríada agroecológica
12 de abril de 2016

Por Esther Vivas (Público)
 
A menudo al hablar de los negativos impactos del modelo agroalimentario, nos preguntamos qué hacer. ¿Cómo actuar ante un agronegocio depredador que acaba con la biodiversidad y el campesinado? ¿Qué hacer frente a un sistema agrario adicto al petróleo y a los “alimentos viajeros”? ¿Qué alternativas tenemos cuando la comida nos enferma?
La respuesta es triple. Si tres son los colores primarios, si el cristianismo explica la naturaleza de Dios a partir de la santísima trinidad, si el fervor blaugrana adora el tridente Messi, Suárez y Neymar y si los más pequeños sueñan con los tres cerditos, en la agroecología, cuando se plantea una alternativa al modelo agrícola y alimentario dominante, la respuesta también está en el tres.
  • Uno. Agricultura de proximidad, o lo que es lo mismo local o de kilómetro 0. ¿Por qué comer tomates, naranjas, manzanas, garbanzos, uva, brócoli, almendras o espárragos que vienen de la otra punta del mundo, cuando los producimos aquí? ¿Por qué tantos mercados en los países del Sur se encuentran “invadidos” por leche, arroz, aceite y maíz subvencionado en Europa, Estados Unidos o Canadá, que se vende por debajo de su precio de coste y compite deslealmente con el producto local? ¿Por qué los alimentos recorren una media de 5.000 kilómetros del campo al plato? ¿No sería más lógico y económicamente más provechoso promover circuitos cortos de comercialización? No se trata de caer en la retórica chovinista de “mejor lo de casa” ni en un localismo que concibe el mundo como pequeñas unidades aisladas y autárquicas, sino de reclamar más justicia social y ambiental. Los alimentos de kilómetro 0 permiten un mayor beneficio económico en el territorio y además “enfrían el planeta”, es decir no generan gases de efecto invernadero como sí lo hace la comida con miles de kilómetros a sus espaldas.
  • Dos. Agricultura ecológica, certificada o no, pero que garantiza la no utilización de productos químicos de síntesis ni en su producción ni transformación. Unos alimentos libres de transgénicos y de agrotóxicos, que cuidan de nuestra salud y de la del planeta. ¿Por qué tantas campesinas y campesinos tiene que padecer enfermedades debido al modelo agrario industrial? En Francia, sin ir más lejos, el parkinson es considerada una enfermedad laboral agrícola, después que un campesino pudo demostrar judicialmente como un herbicida de Monsanto afectó gravemente su salud y le produjo dicha enfermedad. Por no hablar de los dramáticos efectos del cultivo de soja transgénica en otras latitudes, no solo en el campesinado sino en las poblaciones colindantes, debido al uso de herbicidas venenosos a base de glifosato.
  • Tres. Agricultura campesina, que fortalece y permite el desarrollo del mundo rural. La que valora el saber y el trabajo de quienes cuidan nuestros campos. La que permite una remuneración digna a quienes intentan vivir de trabajar la tierra.
Necesitamos una cadena comercial transparente de origen a fin, para saber no sólo de dónde viene lo que comemos sino para saber quién se beneficia de cada euro que pagamos. Actualmente, quien menos gana es quien produce la comida. De aquí que el trabajo campesino sea una labor “en extinción”. Solo el 4,3% de la población activa en el Estado vive de trabajar la tierra, y la mayor parte son gente mayor. Si el día de mañana los campesinos desaparecen, ¿quién nos dará de comer? Tal vez Monsanto, Syngenta, Procter&Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Kraft, Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés. Con ellos, ¿nuestra buena alimentación estará garantizada? Os aseguro que no.
He aquí la tríada agroecológica, mejor comida y más justa.