Veamos a qué país
nos condujo el
capitalismo.
Pensemos cuán distinto objetivo era el de la Revolución Rusa
al constituir
la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Partamos de ejemplificar la
perversión o la lógica gran capitalista del gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner mediante la planificación de la superexplotación de Vaca
Muerta.
La historia comienza con la
modelación de un amplio consenso mediante la parcial recuperación de YPF en
2012 donde por segunda vez se patentiza el pensamiento mágico de una
importante mayoría popular. Durante la primera se afianza el liderazgo del
matrimonio K pese a su historia de enriquecimiento como abogados
aprovechando la circular 1050 de la dictadura genocida y luego como sátrapas de la
provincia de Santa Cruz. En la segunda la mayoría popular desconoce u olvida
que los K fueron protagonistas principales en la privatización de YPF ni averigua
la falsedad de descubrimiento de Vaca Muerte por Repsol. Tampoco la mayoría
popular repara en la designación de Miguel Galuccio plenamente conectado a Schlumberg, oligopolio estadounidense con la tecnología del
fracking. Reflexionemos sobre:
Yacimientos no
convencionales, olor a Vaca Muerta
26 de
noviembre de 2012
Por Hernán Scandizzo / OPSur
En diciembre de 2010 la
empresa YPF –todavía controlada por Repsol- anunció el descubrimiento de un
mega-reservorio de shale gas en
la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el
potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el
gobierno neuquino aclaró que esa era la punta del iceberg, ya que en el subsuelo
de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas
de yacimientos no convencionales del país.
A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y el sector empresario presentaron a los no convencionales como la única alternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena nueva era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275 TFCs) yEE.UU. (862 TFCs).
Tal es la relevancia adquirida
por estos reservorios en el país que ocuparon un lugar central en la Ley de
Soberanía Hidrocarburífera, promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril
pasado. Dicha norma no sólo planteó la expropiación del 51% de las acciones de
YPF, en manos de Repsol, sino también alcanzar el autoabastecimiento y la
generación de saldos exportables a
partir de la explotación de no convencionales. Es decir,
mantener a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de
energía –más allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia
fuentes limpias y renovables- y consolidar
el modelo exportador de materias primas –que hoy se manifiesta a través del
agro-negocio y la mega-minería. Emiratos sudacas…
Leer completa Yacimientos
no convencionales, olor a Vaca Muerta
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30 de julio de 2014
Por Hernán Scandizzo
La Agencia de Información de Energía de EE.UU. estimó, en 2013, que las formaciones de esquistos Vaca Muerta y Los Molles concentran un potencial de recursos recuperables de gas de 582 billones de pies cúbicos (TCF, trillones según la nomenclatura estadounidense). Es decir, más de la mitad de lo que ese organismo le adjudica a la Argentina, 802 TCF, y más de un tercio de lo que proyecta para Sudamérica, 1431 TCF. Independientemente de cuán creíbles sean los números difundidos por Washington, éstos las posicionan en el mercado energético global. Actualmente Vaca Muerta es considerada el área prospectable de esquistos más importante fuera de Norteamérica. Justamente, es a partir de esa caracterización que se dan las pujas entre el gobierno nacional y el de Neuquén –que tiene el dominio sobre la mayoría de estos recursos y porciones menores comparten Mendoza y Río Negro-, y se desarrollan las negociaciones con gobiernos extranjeros y organismos financieros y entre el sector público, las corporaciones petroleras e YPF -que en los hechos queda a mitad de camino.
Desde la agitada primera mitad de 2012, que culminó con la intervención de YPF y la sanción de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el escenario sigue sometido a constantes vaivenes. Aprobada la norma por amplia mayoría en ambas cámaras, el Estado no sólo recuperó el control de la petrolera, al expropiar el 51% de las acciones en poder de Repsol, sino que anunció el retorno a una concepción estratégica de los hidrocarburos, enfocada en las necesidades e intereses del país y divorciada de las imposiciones del mercado. Si bien no se volvió al momento previo a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ni se desmanteló todo el esquema de los ´90, se avanzó en quitarle a las empresas la libre disponibilidad sobre el recurso y en devolverle al Estado nacional el protagonismo en la planificación de un sector fuertemente trasnacionalizado. Al menos los discursos, y algunas acciones, como el decreto 1277/12 que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, iban en ese sentido (OPSur, 14/08/2012).
Sin embargo, a poco andar, la balanza comercial energética cada vez más deficitaria, debido al incremento de las importaciones, y los fuertes condicionamientos que las corporaciones imponían para asociarse con YPF –libre disponibilidad, aplicar la cotización internacional al mercado interno y liquidación de divisas en casa matriz- minaron la intransigencia arropada de nacionalismo petrolero. El pragmatismo se abrió paso y en ese contexto Miguel Galuccio, presidente y CEO de la petrolera parcialmente nacionalizada, debutó como nexo entre los intereses corporativos y los de la empresa controlada por el Estado, que no necesariamente son los del país. Hizo lobby no sólo para que a través de programas como Plan Gas se aumente el precio en boca de pozo, sino también para que los incrementos lleguen a los surtidores y, además, para que el precio interno del crudo se acerque a la cotización internacional. El objetivo de esta transferencia de renta al sector privado -que funcionó para inyectar dinero en la petrolera de bandera- era reactivar la producción, ya que respondía a la demanda de mejores condiciones planteadas por las corporaciones, sin embargo sólo YPF aumentó los niveles de extracción (Página/12, 14/04/2014).La imposibilidad de revertir a través de YPF la caída de la extracción de crudo y de gas, que se arrastran desde 1998 y 2004, respectivamente, mostró los límites de la expropiación de las acciones de Repsol, ya que la petrolera de bandera concentra poco más del 30% de la producción argentina. Por otra parte, las dificultades para conseguir socios financieros para avanzar en la explotación de Vaca Muerta, planteada por el Gobierno Nacional como la única vía para lograr el autoabastecimiento, se transformaron en un cuello de botella que se decidió sortear sacrificando letras del término soberanía. Así se alcanzó el acuerdo con Chevron para el desarrollo de un piloto para explotar el área Loma Campana.
Este acuerdo fue precedido por la firma de los decretos 927 y 929, que modifican el marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera. A través del primero se quitaron o redujeron considerablemente aranceles a la importación de tecnología e insumos que directa o indirectamente estén vinculado al desarrollo de yacimientos no convencionales. Mientras que el segundo remontó el camino de los ’90: tanto para los proyectos convencionales como no convencionales que inviertan más de U$S 1000 millones, a partir del quinto año, pueden exportar el 20% de la producción a precio internacional, libre de aranceles, y liquidar en casa matriz las divisas obtenidas; en caso de no autorizarse la exportación, ese porcentaje de la producción puede venderse en el mercado interno en idénticas condiciones.
Sin embargo el nuevo marco regulatorio no fue seguido por la andanada de inversiones esperadas, de momento sólo YPF/Chevron se acopló. Ante el poco interés despertado el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras discuten la posibilidad de reducir el monto de inversión a U$S 250 millones e incrementar los beneficios, permitiendo la liquidación de total de utilidades en casa matriz. Pero antes de avanzar en ese debate conviene puntualizar otras decisiones que lo precedieron. Una de las más relevantes es el cierre del proceso expropiatorio con Repsol, con el que se intentó dar una señal clara al mercado de la vocación argentina de respetar las reglas y, en términos prácticos, poner fin a las ofensivas de la compañía española, que había iniciado demandas en diferentes tribunales, incluso ante el CIADI, y presionaba con acciones similares a las empresas que se asociaran con YPF. Más allá de la pirotecnia desplegada al momento de la expropiación, en la que voceros del oficialismo plantearon la posibilidad de no pagar indemnización dada la gravedad de los pasivos ambientales y financieros de la empresa, finalmente se acordó un monto y se pagó con bonos (Tiempo Argentino, 24/05/2012 e Infonews, 18/04/2012). Además se garantizó la indemnidad de Repsol en causas judiciales en curso y futuras vinculadas a su gestión -incluso las vinculadas a pasivos ambientales.A poco de concretarse la solución amistosa con Repsol, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, anunciaron que sellaban una alianza en materia energética. Según el diario oficialista Tiempo Argentino, el acuerdo -de carácter estratégico- apunta a que el país capte capitales para la explotación de sus recursos y dinamice proyectos claves del sector mientras que Estados Unidos se insertaría de lleno en el negocio de Vaca Muerta. Durante la reunión Poneman enfatizó en la necesidad de crear lazos “para favorecer el intercambio entre las empresas”; mientras que De Vido aseguró que “es uno de los convenios más importantes que han suscripto ambos países en los últimos años”. “Las partes ponderaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Chevron, y confirmaron que la oficialización de la colaboración abrirá el ingreso de nuevos inversores entre los que busca seducir a ExxonMobil” (Tiempo Argentino, 22/05/2014).
La incorporación de los pasivos ambientales como variable de presión en la puja con Repsol, por parte de las autoridades argentinas, y su posterior desentendimiento, dan un peligroso mensaje de impunidad ambiental se transforma en una bomba de tiempo, máxime cuando, con la finalidad de atraer inversiones, se flexibilizan los marcos regulatorios, como es el caso de los decretos 422 y 1208, firmados en 2013 por el Gobierno de Neuquén. A través del primero se eliminó la realización de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y se lo reemplazó por la presentación de un Informe Ambiental, que es menos profundo y no se somete a una Audiencia Pública. En tanto el decreto 1208, a través del cual se aprobó el proyecto de YPF para la explotación de esquistos en el bloque Loma Campana, asociada con Chevron, se incluyeron cláusulas por la cual la fiscalización del plan de trabajo y los controles ambientales los realizarán de manera conjunta la provincia y la empresa, lo que marca tendencia hacia la autorregulación corporativa (OPSur, 23/08/2014).
Poco tiempo después el Gobierno Nacional informaba que las negociaciones con el Club de París habían llegado a buen puerto, seguirían el camino emprendido con Repsol: pagarle hasta que le duela. En ese sentido, el diario Página/12, también cercano a la Casa Rosada, presentó como una buena noticia que grandes corporaciones, con intereses en Argentina y con casa matriz en los países del Club -como la angloholandesa Shell-, allanaran el camino para el diálogo. “Se trata de grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes inversiones.
Las más importantes en carpeta son en los sectores de hidrocarburos, con Vaca Muerta a la cabeza, química y petroquímica, automotrices, minería, donde podría reflotar un megaproyecto para la extracción de potasio en Mendoza y otros de litio en el norte del país, laboratorios y en licitaciones de obras públicas” (Página/12, 01/06/2014). En esa misma edición tanto el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, como el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, manifestaron sus expectativas de la llegada de inversores externos, incluso se deslizaron los nombres de las petroleras Petronas y Pemex, y de las empresas de servicios Halliburton, Schlumberger y Weatherford. El clima de negocios favorables al desarrollo de Vaca Muerta que se intenta generar a través de los acuerdos con empresas, gobiernos extranjeros y acreedores parece encontrar su techo en la puja entre Nación y los gobernadores de provincias petroleras. El principal conflicto se suscita con la provincia de Neuquén, que tiene el dominio sobre el área de la formación de esquisto que mayores fantasías genera. El gobierno provincial busca captar mayor cantidad de renta a través del sistema de acarreo, por el cual la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) se asegura la participación en proyectos de desarrollo de no convencionales sin realizar un desembolso directo. Desde el gobierno nacional e YPF se busca poner fin a este sistema, arguyendo que actúa como una traba para la inversión externa, aunque, poco se dice respecto a que la petrolera de bandera tiene intereses en juego. En breve negociará la prórroga de 19 bloques en los que está asociada a GyP a través de dicho mecanismo (LMN, 22/05/2014).
Más allá de las divergencias en torno al acarreo, las negociaciones para consensuar una nueva ley de hidrocarburos giran alrededor de las porciones del negocio que corresponderán a la Nación, las provincias y las empresas, al tiempo que se evalúan otros beneficios para atraer la atención de las corporaciones, como extender la duración de los contratos a 35 años para no convencionales, período al que se sumaría la posibilidad de prórroga por 10 años. También se negocian los alcances de la estabilidad fiscal, el congelamiento de las regalías y la posibilidad de que las empresas liquiden el 100% de utilidades en su casa matriz. El fetiche sigue alimentando fantasías, mientras que de la soberanía sólo se conservan unas pocas letras, el resto fueron servidas como ágape en las celebraciones.
OPOSICIÓN, TERRORISMO Y CONTROL SOCIAL [recuadro]
La fuerte represión policial con que el 28 de agosto de 2013 se intentó frenar la manifestación contra el acuerdo Neuquén-YPF/Chevron fue la expresión del tipo de relación que el gobierno de Jorge Sapag está dispuesto a entablar con la oposición al fracking. Si bien desde un primer momento había adjudicado a sectores fundamentalistas las críticas a esta técnica, después de aquellas jornadas de agosto la cuerda se tensó más. En noviembre de ese año, en el Club del Petróleo, el gobernador neuquino llamó a librar una fuerte batalla comunicacional a favor de la explotación masiva de yacimientos no convencionales (Neuquén Informa, 12/11/2013). Mientras que en diciembre la ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue y actual vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, convocó nuevamente al empresariado a educar a la población para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’ (OPSur, 19/12/2013). Meses más tarde, durante la inauguración de una escuela, el gobernador pidió a los jueces “no generar terrorismo ambiental” al referirse a un fallo judicial que paralizó la perforación de un pozo para esquistos en la provincia de Chubut (LMN, 21/03/2014).
Estas declaraciones se complementan con pedidos de endurecer las sanciones a quienes bloqueen el acceso a yacimientos o interrumpan la producción (LMN, 05/06/2014) y con otras medidas como capacitaciones para policías y fiscales provinciales dictadas por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y la construcción de un laboratorio forense con fondos de responsabilidad social de las petroleras (RN, 14/02/2014 y 24/02/2014).
PUNTA DE LANZA [recuadro]
YPF es la única empresa que ha tomado la decisión de explotar masivamente yacimientos de esquistos y, en ese sentido ha desembolsado alrededor de U$S 2.500 millones en Vaca Muerta. También intervino la formación D 129, en Chubut, donde perforó dos pozos, que se encuentran paralizados por acciones judiciales fundadas en la legislación ambiental e indígena. Las otras empresas que más han avanzado en la exploración de Vaca Muerta son la francesa Total y la angloholandesa Shell. La compañía con sede en París explota 11 áreas hidrocarburíferas, en 6 de las cuales está a cargo de la operación, y cuenta con 16 pozos exploratorios perforados en Vaca Muerta. La angloholandesa, en tanto, obtuvo permisos de exploración para tres áreas de la provincia patagónica y perforó 6 pozos horizontales.
Al tándem de las europeas se suma la alemana Wintershall, que a principios de año formalizó un acuerdo con GyP para la exploración del potencial de shale del área Aguada Federal. Mientras que otra actora de peso es la estadounidense ExxonMobil, corporación a la que Gobierno Nacional pretende asociar con YPF, pero que llegó a Vaca Muerta de la mano de la empresa neuquina. En mayo último la mayor petrolera privada del mundo anunció que resultó exitosa la perforación de un pozo en el área Bajada del Choique.
Publicado en Fractura Expuesta N°3, julio 2014. [Descargar edición completa]
FUENTES
Organismos oficiales
-US Energy Information Administration (2013); Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. June.
Medios de Prensa
InfoNews, 18/04/2012; Santa Cruz demanda a Repsol por daño ambiental.
La Mañana Neuquén, 21/03/2014; Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental”
— 22/05/2014; El 20% de Vaca Muerta, en la disputa con YPF.
— 05/06/2014; Sapag quiere fuertes penas para los piquetes petroleros.
Neuquén Informa, 12/11/2013; Exposición del gobernador Jorge Sapag en reunión del Club del Petróleo.
Observatorio Petrolero Sur -OPSur-, 14/08/2012; Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’.
— 23/08/2013; Acuerdo Neuquén-YPF: ¿El nuevo piso para las demandas corporativas?
— 19/12/2013; El extractivismo pide represión.
— (Hernán Scandizzo), 14/04/2014; YPF, nuevos desiertos y resistencias.
Página/12, 14/04/2014; “No creo que alcance con YPF”.
— (David Cufré), 01/06/2014; La trama oculta del acuerdo.
Revista Petroquímica (Nicolás Gadano), 28/05/2014; Qué está haciendo cada una de las grandes petroleras para subirse al boom de Vaca Muerta.
Río Negro, 14/02/2014; Agentes del FBI capacitarán a policías y fiscales de Neuquén.
— 24/02/2014; Con fondos petroleros crearán un laboratorio de genética forense.
Tiempo Argentino, 24/05/2012; El pasivo que dejó Repsol ya es superior al valor que exige por YPF.
— 22/05/2014; La Argentina y los EE UU sellaron una alianza estratégica en energía.
Fuente:http://www.opsur.org.ar/blog/2014/07/29/un-fetiche-llamado-vaca-muerta/
Contribuimos a silenciar e invisibilizar genocidios silenciosos si no
indagamos qué significa la contaminación ambiental para la vida y la salud
humana. Es fundamental solidarizarnos con lo que dice
una vecina de Caleta Córdova:
“No hay una mirada desde el Estado sobre cómo
impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en
contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no
solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una
contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar
una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual,
que puede llegar a provocar un cáncer”.
Dice
Rosa
Montecino.
10
Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina
12 de octubre de 2017
Por Hernán Scandizzo*
La creación del
Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el
eje de intervención que nos proponemos. Surgimos con el objetivo de incorporar
el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones
sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los
hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las
movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían
puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no
alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su
totalidad, de los combustibles fósiles.
Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.
Las comunidades
del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las
selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización
ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha
para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el
hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la
actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso,
sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas
de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la
grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso
más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición
masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido
de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga,
cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la
fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus
rutas migratorias.
Los cuestionamientos a prácticas muy
extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de
los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección
o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada
por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda
periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la
vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una
novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí
la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las
personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El
crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El
contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no era percibido como riesgoso para
las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de
presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: “el petróleo
afecta a la Naturaleza”; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía
a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.
Pingüinos y liberalización del sector
Vale la pena
hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de
relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos
sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones,
dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos
empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran
parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del
proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según
una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro
Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la
Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que
registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil)
hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y
comercio de crudo, los autores observaron “un dramático incremento [de pingüinos
empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial
de exportaciones de petróleo en Argentina”.1
Pueblos
empetrolados
Por esos mismos
años también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que
no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche
Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña
de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las
aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho,
que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de
los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna
manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas
por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e
incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que
demandan que se garanticen sus derechos.
·
Loma La Lata
Loma La Lata (LLL)
dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero
más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de
YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la
preeminencia de la provincia en el sector.
Este yacimiento
abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995
los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo
tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia
de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los
pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo,
cadmio y mercurio.
En 1997 la
Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado
provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población.
Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la
inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a
la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de
agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la
remediación ambiental.2
Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia.3
A pesar de la exposición crónica
al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político),
Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del
mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener
réditos económicos.4 Un
estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado
recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y
al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la
posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol,
tras la expropiación de YPF.6 Del
deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no
hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.
·
Koluel Kaike
En 1999, a
partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en
el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la
situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra
Clavada por parte de la empresa PAE.7 A
partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la
población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos
tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la
agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se
presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial
no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por
trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había
un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de
ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8
Luego de esa
primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca
la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de
protección del ambiente.9 La
contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar
la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue
aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve
difuso.
·
Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)
El 26 de
diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova,
20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo
tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y
fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera,
que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa
Termap S.A.
Vecinos de
Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse
enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes
utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la
Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la
Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las
vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud
municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar
una mesa de trabajo.
“No hay una mirada desde el Estado sobre cómo
impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto
directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una
contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual.
Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual,
seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar
un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10
“Eran 18 niñitos con cuestiones
respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los
vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos
profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se
hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio,
dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en
ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de
Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte.
Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó?
Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron
a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que
no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.” Liliana
Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro
Rivadavia.11
Estos son
algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo
en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”,
ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la
actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición
crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la
invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades
yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas
enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una
percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean
territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina
Caleta Olivia.12
Emergencia y muerte de la cuestión ambiental
Si
bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera
han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno
(municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado
particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos
ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que
fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue
utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.
·
Neuquén, planes de diversificacion productiva
En 1997 Felipe
Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia
atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los
hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el
otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban
en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de fondo, la
alta conflictividad social producto de la implementación de políticas
neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La
alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar
fuertemente al desarrollo agroindustrial.
En ese proceso
el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del
territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un
condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el
Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la
actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de
derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales
y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente
555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de
paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez
Companc y San Jorge13.
Una década más
tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación
del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de
prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del
Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:
“Los
procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso
suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado
territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva,
pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más
diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad
agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre
los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14
Diagnósticos
similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el
Desarrollo, organismo provincial.15
Sin embargo los
planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de
degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda
gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas
y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza.
“Ese parece
ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia
petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos
hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse
otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables,
capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de
suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”,
escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver
al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).
La mejor
síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase
dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los
puso nuevamente en tierra.
·
Expropiación de YPF
Los pasivos
ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la
agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el
período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al
cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la
indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que
sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se
denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban
sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por
función controlar la actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es
porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16
·
Vaca Muerta
Como
advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se
desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de
degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010.
En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca
Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de
Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental
de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la
frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única
objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas
tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de
yacimientos no convencionales.
Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al “riesgo cero”.
Los discursos en torno a la pretendida
inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos
no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que
también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos
similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia
sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su
país porque constituía un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos
del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias
objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo
ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es
un horizonte lejano.18
Anotaciones al margen
Anoche [4 oct.]
el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmó que “el poder político
siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los
pasivos”. Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar
respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a
partir de las obras de remediación.
Agulleiro
además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de
los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos
hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al
involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un
reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial
pueden ejercer sobre la actividad.
El ministro
también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorios, las buenas
prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se
estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el
funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en
tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le
resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue
subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del
Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las
normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para
garantizar la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está
internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente
sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.
A modo
de cierre
Han pasado más
de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las
primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y
aún
se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto
las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la
actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el
sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay
condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente,
debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.
* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue
pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo
y protección ambiental, en el marco del Taller
Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión
social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5
de octubre de 2017.
Notas:
(...)
Comprobamos cómo en el mundo entero de nuestro tiempo, el capitalismo se
vale de su apropiación de la civilización para guerrear e impedir cualquier
pronunciamiento de autodeterminación. En cambio:
La revolución
socialista de 1917
y la cuestión nacional y colonial
21 de octubre de 2017
Por
Gilberto López y Rivas
(La Jornada)
Conmemoraremos
este 7 de noviembre un siglo de la gran revolución socialista de 1917, sin duda,
la experiencia de transformación social más trascendente en el ámbito mundial
del siglo XX. Aun para los enemigos jurados de la revolución, la toma del poder
por los bolcheviques, marca una nueva
época para la humanidad: la del inicio de
una experiencia socialista en un inmenso país, de los más atrasados de Europa.
Para los trabajadores de la Rusia zarista, y de otras naciones europeas, carne
de cañón de la guerra inter-imperialista iniciada en 1914, la revolución social
constituía el único camino para lograr la paz, conquistar el poder político y
derrotar al capitalismo. Correspondió a la alianza de obreros, campesinos y
soldados del imperio ruso dar ese primer paso de alcance histórico universal.
Por siglos, las clases dominadas habían padecido diversas formas de opresión y servidumbre. Sus movimientos de resistencia fueron siempre salvajemente reprimidos. Los explotados por los distintos sistemas de clase experimentaron todas las formas de lucha, en búsqueda permanente de una vida mejor; desde la rebeldía armada contra los opresores, hasta movimientos de naturaleza mesiánica y utópica. Incluso formas primitivas de rebeldía social como el bandolerismo dirigido contra los ricos y conquistadores extranjeros, producto del impacto del capitalismo en el mundo periférico y rural, expresaban el ardiente anhelo de sobreponerse a la miseria extrema impuesta por las clases dominantes. Los pueblos cantaban y mitificaban a esos irreductibles que se lanzaban a una muerte segura en aras de una vida nebulosamente imaginada de igualdad y libertad.La Revolución de 1917 fue el triunfo de los millones de hombres y mujeres que sufrieron prisión, tortura, hambre, persecución, destierro; de los que depositaron su fe en un futuro distinto para la humanidad. Esta revolución hace realidad los sueños y las utopías multiseculares. Encarna el espíritu de las y los combatientes de la Comuna de París, primera clarinada de un gobierno de trabajadores.
Muchas son las enseñanzas y experiencias vigentes que para los y las revolucionarias de hoy día mantiene la revolución bolchevique. Una de ellas, que es particularmente significativa, se refiere al aporte que la Revolución de 1917 hace a la llamada cuestión nacional y colonial, y, particularmente, al derecho de pueblos y naciones a la autodeterminación. Con el nuevo gobierno revolucionario, se establece en el otrora imperio conocido como cárcel de los pueblos, un nuevo tipo de comunidad estatal nacional, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, en la que se buscó suprimir la desigualdad económico-social entre las naciones, nacionalidades y grupos étnicos, y, en la que, paralelamente, se experimentaron formas de gobierno inéditas para la época, los soviets, que pretendían integrar a representantes de esa alianza de obreros, campesinos y soldados que había hecho posible el triunfo revolucionario. Lenin, como dirigente máximo de la revolución, procesa teórica y políticamente la autodeterminación como el derecho de pueblos y naciones a la independencia, la separación estatal, la formación de estados propios. La autodeterminación era una reivindicación democrática que emergía de los principios liberales de la democracia burguesa, aunque en sus análisis conceptuales Lenin va más allá de la interpretación liberal. En realidad, la Revolución del 1917 fue el acontecimiento decisivo que influyó en la radicalidad de este principio. En marzo de ese año, el gobierno provisional de la Rusia revolucionaria anuncia que desea establecer la paz unilateralmente, sobre la base del derecho de las naciones a decidir sobre sus destinos. Lenin y los bolcheviques comprendieron el valor que tenía el sentimiento nacional para sus fines de transformación social, asumiendo en los hechos las omisiones y posiciones equívocas de Marx y Engels con respecto a la cuestión nacional. Partiendo del mismo presupuesto teórico de Marx sobre la revolución mundial, Lenin vislumbra –sin embargo–, el significado de la cuestión nacional como un elemento que fortalecería la lucha por el socialismo. En su balance de la discusión sobre la autodeterminación, Lenin señalaba que los socialistas: Deben estar en favor del aprovechamiento para los fines de la revolución socialista de todos los movimientos nacionales dirigidos contra el imperialismo. Cuanto más pura sea la lucha del proletariado contra el frente común imperialista, tanto más esencial será, evidentemente, el principio internacionalista de que el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Planteamiento fundamental en el proceso descolonizador del siglo XX.
Contrario a la tesis que mantienen autores como
Richard Pipes y Neil Harding, de que hay una continuidad programática e
ideológica entre Lenin y Stalin, considero que en la cuestión nacional esta
supuesta continuidad no sólo no existe, sino de hecho asistimos a una ruptura
sin retorno entre ambos dirigentes, que no puede ser soslayada. A pesar de la
influencia negativa del estalinismo en la política sobre la cuestión nacional,
se dieron avances significativos a partir de la Revolución de 1917 en el
desarrollo de naciones, nacionalidades y pueblos de la Unión Soviética. El
estalinismo y la desaparición de la URSS no pueden afectar un juicio objetivo
sobre el significado y los alcances de esa gloriosa revolución, incluso en la
derrota del nazi-fascismo en la Gran Guerra Patria. Uno de los logros cardinales
fue la construcción nacional de pueblos y nacionalidades que no habían podido
integrarse como naciones y nacionalidades en la etapa prerrevolucionaria, como
Ucrania, Bielorrusia, Georgia, los pueblos de Transcaucasia y Moldavia; los del
Asia Central, Siberia y el Extremo Oriente, muchos de los cuales antes de la
revolución vivían en el aislamiento y en la marginación en todos los órdenes. La
revolución dio la posibilidad de integrar a la vida del país a sujetos
sociopolíticos que posteriormente reclamaron derechos y reivindicaciones.
Sería
una tergiversación histórica negar, igualmente, el notable desarrollo económico,
político, cultural alcanzado por los más de 100 pueblos, naciones y etnias que
integraron la URSS a partir del establecimiento del poder soviético. Asumir el
claroscuro de esta experiencia dramática de lo que fue la historia de la
cuestión nacional en la URSS es la base para un planteamiento realista y
objetivo del balance histórico de la revolución bolchevique en torno a esta
importante problemática del mundo actual.
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233059