Comprobemos que garantiza,
sin importar si su gestión es progresista o neoliberal, el sometimiento de
los pueblos de sus respectivos países a la alianza de los capitales y
estados imperialistas con los locales pero también el de otros países
del Abya Yala.
Entrevista. Beverly Keene*:
”La Minustah busca mantener a Haití al
servicio de los intereses de Estados Unidos,
las empresas y los capitales que ellos representan”.
18 de febrero de 2015
Resumen Latinoamericano
Por Mario Hernández
M.H.:
Se cumplieron 5 años del terremoto que costara entre 250.000 y 300.000 vidas y
también un nuevo aniversario de la independencia de Haití, primer país
independiente de Latinoamérica, en 1804, 6 años antes de nuestro 25 de mayo. Con
la característica particular de convertirse en la primer República negra que,
entre otras cosas, eliminó la esclavitud. A estas efemérides se suma el hecho
coyuntural que el Comité por el retiro de las tropas de Haití, en representación
de una serie de organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, se hizo
presente en la Embajada de Chile con el objetivo de entregar una carta dirigida
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitó Haití entre los días
23 y 25 de enero y este mes está presidido precisamente por Chile. Esta
declaración lleva una serie de firmas, como las de Jubileo Sur, Diálogo 2000
Argentina, Encuentro Sindical Nuestra América, Comité Argentino de Solidaridad
por el retiro de las tropas de Haití, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez
Esquivel, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Mirta
Baravalle de la misma organización, Frente Popular Darío Santillán, etc. Para
conversar sobre esta carta al Consejo de Seguridad que aborda varias temáticas
que queremos profundizar, hoy hemos invitado a Beverly Keene de Jubileo Sur,
Diálogo 2000, miembro también del Comité argentino por el retiro de las tropas
de Haití.
Una carta al Consejo de Seguridad que creo es una pintura bastante ajustada de
la situación que vive el pueblo haitiano, donde se han producido algunas
novedades de la coyuntura política de ese país como ser lo que humildemente he
denominado un golpe de Estado, porque el pasado día 13 de enero han caducado las
autoridades parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados y el actual
presidente Martelly se ha hecho de la suma del poder público estableciendo un
gobierno que funcionará por decreto, a través de la designación de un Primer
Ministro, Evans Paul, quien reemplazó a Laurent Lamotte y que ha prometido en su
asunción convocar a elecciones durante el transcurso del corriente año. Mientras
tanto esa situación se produzca, lo cierto es que Michelle Martelly va a
gobernar por decreto. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta situación?
-B.K.: En primer lugar agradecer el espacio para hablar sobre
Haití, a veces parece algo muy lejano a nosotros, pero aquí en Argentina tenemos
muy presentes las estrategias diversas de intervención de Estados Unidos, Canadá
y Francia, los poderes centrales en nuestro mundo hoy, en lo que son las vidas y
las decisiones políticas de los pueblos de América Latina. Sin ir más lejos,
tenemos el golpe de Estado que se produjo en Paraguay hace unos años atrás, el
golpe en Honduras en 2009, y también
el golpe de Estado en Haití en 2004, que
llevó a la constitución de la Minustah,
esta misión que se suponía era para la estabilización de Haití, cuando en
realidad lo que se percibió en ese momento y que se ve con mucha más fuerza hoy,
es que busca mantener a Haití al
servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que
ellos representan.
Efectivamente, el golpe de Estado
que se está dando en este momento en Haití, por las vías más modernas, no hace
falta que los marines estadounidenses ocupen Haití como lo hicieron en 1915
porque se pueden dar el lujo de
tercerizar la
ocupación militar, como en este caso con las tropas de nuestros países de
América Latina, de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc., una serie de países
que se utilizan no por un decreto del Departamento de Estado de Estados Unidos
sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
al que recientemente el Presidente boliviano bautizó muy correctamente como
“Consejo de Inseguridad”. En este caso se lo utiliza para imponer la voluntad de
los poderes de siempre. En Haití esto significa en este momento el inicio de un
período de gobierno por decreto. Justamente esta visita que se realizó el fin de
semana el Consejo de Seguridad, sin duda tiene como objetivo legitimarlo, rodear
esta nueva situación de un nuevo Primer Ministro, que puso un gabinete que los
medios llaman “de consenso”, buscando legitimar este proceso que no es la
voluntad del pueblo haitiano, sino de los poderes que en este momento ocupan
Haití a través de las tropas de la Minustah.
Esta es una situación a la que tenemos que prestar mucha atención, en la que estamos involucrados directamente a través de la presencia de tropas argentinas en Haití, por ende, apoyando esta situación, y tenemos que escuchar la voluntad que expresan las voces de las organizaciones sociales y populares haitianas, reconociendo que tanto en Haití como en todos nuestros países hay una gran diversidad de opiniones políticas.
Hay partidos que se llaman y se
dicen de la “oposición” que están acordando con Martelly para poner en marcha
este nuevo golpe de Estado y hay partidos de la oposición que están en contra de
esto y siguen manifestándose día por medio de manera masiva en las calles de
Puerto Príncipe y en otras partes del país. También hay otros partidos,
organizaciones sociales, movimientos populares en Haití que siguen reclamando lo
que es lógico, su soberanía, el derecho del pueblo haitiano de hablar y poder
decidir por sí mismo sin la intromisión de Estados Unidos, Francia, Naciones
Unidas, la OEA o la Minustah, en sus asuntos internos. Muchas de estas
organizaciones con las que tenemos un contacto permanente expresan su
preocupación, no solamente por esta pérdida de soberanía sino por lo que está
sucediendo por detrás de esto,
un proceso de
recolonización donde la política de mantener los salarios de Haití como los más
bajos de todo el hemisferio, favoreciendo la instalación de la maquila,
industrias sobre todo textiles que exportan a Estados Unidos a precios de
miseria y favoreciendo la instalación de grandes empresas de exploración
petrolera y aurífera.
En estos momentos han llevado una
queja formal al Banco Mundial por su apoyo al gobierno de Haití por la
posibilidad de reformar la Ley minera para que las empresas mineras ingresen y
consoliden su posición sin ninguna posibilidad que el Parlamento las supervise o
controle.
También hemos visto en estos
últimos meses muchas manifestaciones y protestas de parte de comunidades
pesqueras costeras en algunas partes de Haití, que han sido señaladas como sedes
de futuras inversiones para el turismo de lujo, oponiéndose a la política de
desplazar a las comunidades locales y quitar al pueblo no solamente los medios
de su subsistencia sino también cualquier posibilidad de decir algo al respecto.
Hay protestas casi todos los días
frente a estos avances en lo que es un proceso de recolonización y saqueo,
porque aunque no lleguen a nuestros diarios hay una sociedad muy activa y
alerta. Tenemos una situación muy compleja, de la que nos llega poca
información, la clave es entender que hay un golpe de Estado en curso en Haití y
la Minustah, la
Misión de estabilización de las Naciones Unidas, es cómplice de ese golpe.
Las tropas de
Argentina, Brasil y otros países no están cumpliendo misiones humanitarias, sino
cumpliendo como guardia pretoriana de la verdadera ocupación de Estados Unidos,
Canadá y Francia. La
situación es de mucha dificultad para un pueblo que es el más empobrecido de
nuestra América Latina y el Caribe. Es importante recordar que en su época de
colonia francesa fue la más rica de Francia, entonces no es que Haití, como
todos los países de América Latina seamos pueblos pobres, hay un proceso
concreto de empobrecimiento que el pueblo haitiano sigue sufriendo. No podemos
aceptar que esos países extranjeros sigan determinando su destino y menos
aceptar tropas de nuestros países ayudando en ese cometido.
La presencia de la Minustah forma parte de una industria rentable para las
Fuerzas Armadas latinoamericanas
-M.H.:
Luego vamos a volver sobre la realidad interna de Haití. Has mencionado la
presencia de tropas argentinas, y las has denominado como tropas de ocupación,
no son las únicas tropas que forman parte de la Minustah, recientemente se ha
producido un debate entre el gobierno saliente y entrante en Uruguay, el futuro
Canciller Nin, quien fuera vicepresidente de Uruguay habló del inminente retiro
de las tropas uruguayas y rápidamente el Canciller Almagro y el Ministro de
Defensa, Huidobro, salieron a desautorizar ese punto de vista. Más allá de estas
“contradicciones” me gustaría que le expliques a nuestros oyentes cuáles son los
fundamentos por los cuales las autoridades argentinas sostienen la presencia de
tropas de nuestro país en Haití.
-B.K.: En cierto sentido te podría responder que es muy fácil, en
septiembre del año pasado le tocó al Congreso Argentino aprobar la salida de las
tropas que participan en Haití de la Minustah, es una autorización que tiene que
dar el Congreso en cualquier situación en la que Argentina quiera enviar tropas
fuera del país o recibir dentro del país la visita de tropas de otro. En ese
debate que se hizo en septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de
Defensa de la Cámara de Diputados, un debate que el partido oficialista no
esperaba, ya que esperaba un trámite como en anteriores oportunidades, varios
partidos se presentaron para reclamar y exigir que hubiera un debate sobre la
participación de Argentina en la Minustah y acordaron que los funcionarios del
gobierno que fueron a defender la posición de la participación de Argentina en
la Minustah no tenían argumentos, pero es una decisión que se sigue manteniendo.
Esa sería la respuesta más fácil.
Otra es la que nos dio el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en marzo del
año pasado visitó Haití durante 36 horas haciendo un saludo de rutina a las
tropas estacionadas en Haití, cuando volvió de este viaje, al que lo acompañaron
un batallón de periodistas, alrededor de 50 de casi todos los medios masivos, el
mensaje fue muy claro y lo repitieron todos los medios, diciendo que la Minustah
y la participación Argentina es una misión humanitaria, más o menos dando a
entender que se había establecido después del terremoto y no 5 años antes del
mismo. Se mostraban escenas de las tropas argentinas entregando agua en bidones
a la población, como ejemplo de misión humanitaria. Esos son los argumentos
oficiales.
En la Cancillería, a la que hemos ido durante los últimos años en repetidas ocasiones distintas organizaciones populares y sociales, para insistir en nuestro reclamo de retiro de las tropas, por lo general tampoco defienden mucho la presencia, sí hacen mucho hincapié en que no es una decisión de la cual Argentina se hace cargo sola, afirman que están ahí con otros países de América Latina y que el retiro sería en conjunto, no se tomaría una decisión unilateral.
Podría resultar respetable o
entendible esta posición, pero no quita la responsabilidad de cada gobierno de
estar defendiendo una situación para la que no tienen argumentos de peso. Si el
motivo por el cual tenemos tropas de Argentina en Haití durante 11 años es para
seguir entregando agua a la población, podemos concluir que ha sido un fracaso
total, porque supongamos que esa fuese su misión, la verdad es que tanto tiempo
y que no se haya podido resolver nada respecto a un problema que obviamente es
real, porque el suministro de agua se sigue manejando con camiones y con bidones
con agua y no se ha ido más allá de eso, lo que de por sí sería reconocer el
fracaso de la misión.
Está claro que ese no es el
objetivo. Según el Consejo de Seguridad, Haití representa un peligro para la
seguridad de la región. Muchos gobiernos siguen aprobando eso en octubre cuando
revén el mandato de la Minustah, y ese peligro se pone en boca de Estados
Unidos, que dice que si la situación se complica en Haití van a tener muchos
inmigrantes haitianos en las costas de Florida y como no pueden permitirlo la
situación debe ser controlada.
Esa es la defensa oficial que se hace en el Consejo de
Seguridad. Pero, en realidad, lo que vemos es que
la permanencia se da por objetivos de control, dominación, saqueo y colonización
del pueblo haitiano.
Podemos mirar un poco más los
argumentos que esgrimen distintos gobiernos en nuestra América Latina, podemos
reconocer que hoy en día existen debates, como el que hemos visto entre el
gobierno saliente y el entrante en Uruguay, que significa que hay preocupación
sobre esta presencia de tropas latinoamericanas en Haití. Más de uno ha llegado
a la conclusión de que se han metido en un callejón sin salida, en una trampa
que puso Estados Unidos y Francia
cuando invitaron a los gobiernos
“progresistas” liderados en 2004 por Lula de Brasil y Néstor Kirchner de
Argentina, de hacerse cargo de esa ocupación
y que ahora no saben cómo salir con elegancia.
El segundo problema, que puede ser
muy pedestre, es
que la presencia de los latinoamericanos hoy en Haití, en cualquiera de estas
misiones de paz, es una industria, significa recursos, posibilidades de viajar
para los efectivos que se anotan, es un privilegio, un premio monetario en su
carrera.
En Argentina en estos últimos días, cosa que no sale en los noticieros, las Fuerzas Armadas han creado una escuela de capacitación y entrenamiento para los efectivos que participen en misiones de paz. Todo esto forma parte de una industria y cortar la presencia de Argentina en la Minustah la pone en peligro. Ese es un tema que se ve en la discusión, por ejemplo, con Uruguay. Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen muchos más antecedentes en la participación en estas misiones de paz de Naciones Unidas, y es un reducto que también vemos en Brasil, incluso en Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se ponen en juego las relaciones entre los distintos sectores de nuestros propios gobiernos. Aquí, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Cancillería y Presidencia, no todos tienen la misma postura. Y en más de un gobierno de América Latina en voz baja se ha planteado que no pueden sacar las tropas de Haití porque pueden crear un problema con las Fuerzas Armadas de su país. Esto es importante y lo tenemos que tener presente, si volvemos a los argumentos que los gobiernos esgrimen para sostener esa presencia en Haití, en los inicios se hablaba de la posibilidad de crear una política distinta, de cooperación regional con América Latina, que es algo que la mayoría de nosotros quisiéramos apoyar, como hace Cuba con la presencia de sus misiones médicas desde hace muchos años, como ha sido la política de Venezuela a través de Petrocaribe, un apoyo muy concreto a la vida cotidiana del pueblo haitiano. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos de América Latina están repitiendo los mismos errores, las mismas políticas de dominación y presencia de los poderes centrales.
Por eso entendemos que este año,
2015, el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos a
Haití, es un momento crítico en la vida del pueblo haitiano, porque las
organizaciones sociales haitianas están reivindicando la necesidad de avanzar en
la refundación de su país, no con la ocupación de tropas de toda América Latina,
sino con políticas realmente de cooperación, solidarias, de los pueblos y los
gobiernos latinoamericanos, es el momento para avanzar en ese plano y eso
significa, primero, retirar las tropas y luego avanzar en políticas de apoyo en
aspectos humanitarios, las cuales sin dudas se pueden ofrecer y también en todo
lo que pueden ser políticas de apoyo a la institucionalidad haitiana, pero la
que decida su pueblo, no Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la OEA o la Comunidad Internacional.
-M.H.:
Uno de los argumentos esgrimidos por nuestros gobernantes ha sido el factor que
implica que la Minustah ayuda a detener la violencia en Haití. Yo me tomé el
trabajo de investigar al respecto y la tasa de homicidios en Haití es de 7 por
cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en el Caribe es de 17, en
México ese índice llega a 24 y en Honduras a 91. Una de las cosas que llama la
atención es que, a pesar de las políticas asistencialistas y de las donaciones
que proporcionaron ayuda a los damnificados del terremoto, el país sigue inmerso
en la pobreza. Mencionaste en alguna de tus intervenciones anteriores, la
construcción de hoteles de lujo. ¿Cómo se entiende esto?
-B.K.: Uno piensa en los intereses económicos que están en juego,
tanto Haití como Cuba, están cerca de las costas de Estados Unidos, y es un
destino caribeño muy atractivo, con aguas cálidas y hermosas. Esa atracción
juega un rol en lo que es la codicia, la política hacia un país al cual
efectivamente al poder no le importa que tiene un pueblo con mucha historia, de
respeto hacia sí mismo, de resistencia, siendo el primer país en poner fin a la
esclavitud, tal vez el único pueblo que logró tanto su liberación de la
esclavitud como del yugo colonial.
Haití sigue siendo muy codiciado,
sus playas, su sol, la riqueza de su suelo, que si bien ya está muy deteriorado
por las políticas de saqueo que se sostienen hace varios siglos, ahora se apunta
al subsuelo y las riquezas ahí escondidas. Ese es el problema, el pueblo
haitiano estorba, está de más, sea yendo para la costa de Florida en sus
barquitos buscando sobrevivir al hambre y la miseria que reina, o el que quiere
vivir en su país y seguir luchando.
La política de dominación tiene intereses geopolíticos muy claros, de Estados Unidos a Venezuela tenés que pasar por encima o alrededor de Haití, si se quiere seguir bloqueando a Cuba, Haití está en un lugar privilegiado y como hemos visto históricamente a Estados Unidos le es suficiente con decir que es el “patio trasero” para seguir manteniendo el dominio. Desde todos esos puntos de vista el pueblo haitiano sigue sufriendo esta política de control y dominación.
La novedad de estos
últimos casi 11 años de la presencia de la Minustah es la participación de las
tropas de América Latina en ese proceso, lo cual lo torna doblemente
inaceptable. La política de Estados Unidos, Canadá y Francia sigue más o menos
sus canales de siempre, y han encontrado a muy bajo precio la posibilidad de
involucrar tropas de otros países para llevar a cabo el trabajo sucio.
Digo esto, porque hay
varias declaraciones de los Embajadores de Estados Unidos en los debates del
Consejo de Seguridad, e incluso hay un estudio hecho por una oficina de
auditoría del Congreso de Estados Unidos que ha arrojado como información que
para ese país mantener las tropas de la Minustah es mucho más barato que pagar
la presencia de tropas propias. O sea, lo que para los militares de América
Latina es un gran premio, por los recursos que se mueven detrás de su presencia
en Haití, para Estados Unidos es muy barato.
Para hablar de una realidad que
tiene que ver con la actualidad del pueblo haitiano, Estados Unidos, Francia y
Canadá son los países que más contribuyen al presupuesto de la Minustah, en este
momento están invirtiendo alrededor de U$S 500 millones anuales para mantenerla.
Les costaría muchísimo más mandar tropas de sus propios países. Esos mismos
gobiernos han sido incapaces, con todo el conjunto de la llamada Comunidad
Internacional, de poner U$S 50 millones para agua potable y la erradicación de
la epidemia de cólera que fue introducida por la Minustah, es su responsabilidad
aunque la ONU está escondiéndose detrás de que las tropas tienen inmunidad.
-M.H.:
Quisiera señalar que el cólera había desaparecido de Haití hace 50 años. Hace
pocos días un Tribunal Superior de Nueva York, donde se presentaron los
damnificados a exigir indemnizaciones, se pronunció en este sentido que
mencionabas, que las tropas no son imputables, por lo tanto, no corresponde el
pago de ningún tipo de indemnización ni cargo a las Naciones Unidas, por la
reintroducción del cólera en Haití.
La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera
tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se
engendraron. Como si la pobreza endémica, la desforestación, el cólera, los
daños de las catástrofes nacionales y el arrebato de la soberanía hubieran sido
producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso, poco se habla de
los despilfarros y costos logísticos de las más de 10.000 ONGs presentes en
Haití que en la mayoría de los casos constituyen más del 60% de su presupuesto.
-B.K.: Yo no conozco exactamente la cifra, pero la presencia de
grandes ONGs existe y me consta que es avasallante. No solamente por los
informes y las versiones periodísticas y las denuncias de las organizaciones
haitianas, sino porque te das cuenta llegando a Haití desde el propio
aeropuerto. La presencia principalmente de las grandes organizaciones que se
dedican supuestamente al desarrollo o reconstrucción después de una catástrofe
como el terremoto, que son una industria que mueve mucha plata, tal vez en
algunos casos con mejores intenciones otras con peores, y ve cualquier situación
de este tipo como un campo fértil de ganancias, en prestigio, en plata y en la
posibilidad de seguir su cometido.
También hay una enorme presencia
de organizaciones más chicas pero que pertenecen a los sectores religiosos muy
conservadores de Estados Unidos, algunos independientes y otros que forman parte
de conglomerados con una clara intencionalidad política. Otros tienen una
intencionalidad política menos clara pero sirven a los mismos fines. Esa
presencia en Haití que fue terriblemente multiplicada después del terremoto ha
sido denunciada por las organizaciones haitianas de manera sistemática. En
cierto sentido sienten que detrás de ese ejército llamado de cooperación o de
desarrollo, se les escapaba de las manos cualquier posibilidad de opinar sobre
la reconstrucción de su propio país.
Las decisiones y la plata siempre
se mueven por fuera del presupuesto del gobierno haitiano y el Estado ha sido
muy marginado. Es un proceso que lamentablemente no es único en Haití, se puede
ver en muchos otros países, como Indonesia después del tsunami en 2005, y lo
vimos en Irak, porque las guerras significan una destrucción descomunal de la
población y su reconstrucción son industrias de gran escala. En el caso de Irak,
las denuncias de la tercerización de la guerra a empresas contratistas de parte
del gobierno de Estados Unidos, y luego la reconstrucción de esos desastres
realizadas por las mismas empresas. Esta es una realidad de nuestro siglo XXI,
la destrucción y la reconstrucción son industrias y significan una exclusión de
la población de cualquier posibilidad de participación en la toma de decisiones,
en el diseño de esas reconstrucciones, en la construcción de su futuro.
Hoy en Haití esto forma parte importante del contexto, entonces cuando escuchamos a las organizaciones populares haitianas o las manifestaciones callejeras pidiendo el retiro de los extranjeros, tenemos que ubicarnos en esa realidad, están hartos de esa intervención porque están en todos lados, desde lo más cotidiano hasta el debilitamiento del Estado Haitiano. No hay organización popular haitiana que defienda la capacidad del Estado haitiano o del gobierno para resolver los problemas del pueblo, reconocen grandes debilidades, pero en ese reconocimiento también está que, tanto los gobiernos de la llamada “comunidad internacional” como las ONGs, las empresas contratistas y las instituciones financieras, participan con políticas deliberadas en ese debilitamiento del Estado.
Parte de lo que reclaman las
organizaciones populares haitianas en este momento es que cambiar simplemente
los nombres en el gobierno y en el gabinete y seguir excluyendo al pueblo
haitiano de cualquier posibilidad de tomar las decisiones, no va a resolver los
problemas políticos y sociales. Es el propio pueblo el que tiene que resolverlos
y construir su propia fortaleza con organizaciones populares para lograr esos
objetivos.
-M.H.:
Personalmente los argumentos me han convencido de que Haití no es una amenaza
para la paz mundial ni regional. No sé si a los que han escuchado este programa
les ha sucedido lo mismo, pero el objetivo de esta entrevista era justamente
clarificar sobre algunos aspectos poco conocidos de la realidad haitiana. Si ha
quedado algún tema sobre el que desearías ampliar te invito a que lo hagas.
-B.K.: Algo que me gustaría agregar es una invitación, realmente
tenemos una posibilidad y un privilegio pero que es también una necesidad de ir
conociendo a este pueblo que ha contribuido tanto a la historia no solamente
propia sino de América Latina y el mundo en la lucha por la independencia, por
los derechos humanos y el fin de la esclavitud. Es un pueblo que tiene una
cultura impresionante en lo que tiene que ver a sus contribuciones en el arte,
la música, el teatro, el cine. Tenemos mucho para disfrutar de este pueblo y
para aprender de sus luchas y su resistencia hoy en día. Es un deber que tenemos
para ir consolidando los lazos de hermandad y de lucha conjunta con otros
pueblos de América Latina.
Este año desde el Comité argentino
de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití esperamos poder avanzar con
actividades, para lo cual nos ponemos a disposición de cuanta organización o
casa cultural, para acercar la cultura de este pueblo y ver cómo podemos
vincular más estrechamente las luchas, conflictos y resistencias también del
pueblo argentino por su supervivencia, por su soberanía, por su
autodeterminación con las luchas del pueblo haitiano. Va esa invitación, más
allá de la presentación mañana de esta nueva carta en la Embajada de Chile.
-M.H.: Justamente aquí, en el barrio de Barracas, la Escuela 11 se
llama República de Haití.
* De Jubileo y
Dialogo 200 Argentina
Pensemos Lula y Néstor Kirchner, en 2004, se hicieron cargo
de la Minustah para garantizar a capitales y estados imperialistas la súper
explotación del pueblo haitiano y de sus bienes comunes. El comando militar
lo ejercieron, sucesivamente, dos generales brasileños. Aún más, los
gobiernos del PT hicieron al Estado represor para la opresión capitalista e
imperialista examinada en:
Río de
Janeiro, Haití de Brasil
11 de agosto de 2014
11 de agosto de 2014
Por Juan Luís Berterretche
(Rebelión)
La favela no puede hoy ser entendida a partir de una serie
de peculiaridades culturales -en el sentido de costumbres en común/1- exclusivas
de su proceso histórico de formación bajo la mirada costumbrista benevolente de
las élites, que le reservaron sólo su derecho a hegemonizar el carnaval y
proveer personal de servicio. Se debe comenzar por ubicar su actual rol en la
relación Capital/trabajo, siglo XXI.
Favelas: guetos de explotación y discriminación de clase y étnica
Rio de Janeiro y en especial su estructura urbana que combina gran cantidad de viviendas precarias e infraestructura miserable, con barrios de altísimo padrón edilicio y amplitud de servicios, es un territorio clave para entender la desigualdad en Brasil. Porque Rio hace años que tiene sucesivos gobernadores y prefeitos en la avanzada de las políticas que encaminan la in-justicia, la represión, la especulación inmobiliaria, la discriminación étnica y económica y en conjunto todas las medidas institucionales y corporativas necesarias para una defensa irrestricta de la continuidad de la desigualdad en el país. Es en verdad una vidriera de todos los aspectos e interrelaciones estructurales que articulan la persistencia de esa enorme desigualdad social brasileña.
Los guetos favelados y su discriminada existencia conviven en Rio con barrios y zonas residenciales y empresariales con instalaciones privativas sociales y culturales, en forma de enclave excluyente, en áreas separadas de otras partes de la ciudad por barreras sociales, económicas y muchas veces físicas como los condominios cerrados o los shoppings que impiden el ingreso a sectores populares.
Para el arquitecto/urbanista Roberto Rocco /2 la favela no es un gueto, “en lo que se refiere a los beneficios que la élite realiza con su existencia”. Pero reconoce que se trata de “una fuente de mano de obra barata y descalificada que se traduce en un ejército de domésticas, porteros, obreros de la construcción, empleados de empresas de seguridad, que se encargan de mantener el mundo de las clases privilegiadas funcionando”...”son parte de un modelo de desarrollo excluyente que amplifica las ganancias de la clase dominante por la vía, entre otros factores, de las bajas inversiones en vivienda social, dándole prioridad a las inversiones en infraestructura para las zonas de “clase alta” facilitando la especulación inmobiliaria y la consecuente acumulación de capital”.
La favela no es, estrictamente un gueto clásico de exclusión racial, cultural o religioso como aquellos donde fueron recluidos los judíos en la Edad Media o bajo el nazismo. Pero Peter Marcuse /3 utilizó con propiedad el término gueto para nombrar las zonas pauperizadas de los suburbios urbanos que combinan la exclusión de clase con la “racial”. Es este un fenómeno que se expande desde el siglo pasado en el mundo. Un nuevo tipo de gueto que “armoniza” la discriminación étnica con la explotación de clase. En las favelas brasileñas es indudable que el factor etnia (afro descendientes) se interrelaciona con la pertenencia al más bajo estamento de una clase social que trabaja a cambio de un salario.
La descripción de Rocco sobre la favela y sus trabajadores descalificados se ajusta más a la existencia favelada del siglo XX, donde habitaba un sub proletariado que a lo más que podía aspirar era a cumplir funciones de “servicios personales” de la clase media y la burguesía. Con la inclusión en el mercado procesada por el “lulismo” de ese sub-proletariado que abarca decena de millones de nuevos trabajadores y que, en significativa medida, habitaba y habita las favelas, en la actualidad hay una explotación de clase por el capital por la vía de acceder a puestos de trabajo “con remuneraciones por debajo de 2 salarios mínimos (R$ 1.448 en 2014) principalmente en el sector empresas de servicios y con alta rotación, precarización, fragmentación y menor presencia en un centro de trabajo fijo” /4.
Es decir estamos frente a territorios que antes del “lulismo” eran habitados mayormente por ese sub-proletariado que no era parte de la relación capital/trabajo, era discriminado, sin los derechos de los trabajadores sindicalizados y segregado por su pertenencia a la etnia afro-descendiente. Y que ahora integran el sector de la clase obrera más pauperizado. Pero que están en la actualidad en un proceso de conquistas indudables de nuevos derechos como trabajadores, así como etnia discriminada.
Rocco también afirma con justeza que existe una resistencia -entre otras académica- a reconocer el factor étnico como determinante en su discriminación social. Se responsabiliza del prejuicio excluyente a la “nefasta herencia del esclavismo”, sin reconocer abiertamente en el país la notoria existencia de un “racismo” estructural, institucional e interpersonal /5.
Es por esas características mencionadas de los nuevos empleos, -diferentes al trabajo industrial sindicalizado-, que en muchos casos la protesta contra la desigualdad explota a partir del ámbito de convivencia común, -en el espacio de la favela- antes que en el lugar de trabajo.
Aquí es importante la relación que el Estado siempre creó con la favela “lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico”...”En el caso brasileño, la favela es más que nada un producto del Estado, que se excluye de asumir sus responsabilidades naturalizando la pobreza y apuntando a la favela como ‘infeliz producto de la historia’ “. Explicación ideológica que intenta exculpar al Estado de su real responsabilidad. A la vez que se demoniza a los favelados por los “reinos de terror en torno del crimen organizado” que el propio Estado desarrolló /6.
La favela es entonces un área donde se combina la discriminación y explotación de clase con la étnica. A la que se suma la incomprensión de ese proceso en los viejos sindicatos y centrales de trabajadores y movimientos sociales antiguos, así como en la mayoría de la “izquierda” tradicional, que pretende encuadrar al nuevo proletariado en las organizaciones sociales del siglo pasado.
Déficit habitacional
Aunque en los últimos 10 años entre los trabajadores con ingresos familiares mayores de 3 salarios mínimos el déficit de vivienda disminuyó, en los hogares con ingreso por debajo de 3 salarios mínimos el déficit aumentó un 3%, pasando de 70,5% en 2007 a 73,6% en 2012. La razón es que el ingreso familiar menor a 3 salarios mínimos no cumple los requisitos de la Caixa Económica para intervenir en los planes “Minha casa, Minha vida”. Las medidas “asistencialistas” del “lulismo” no incluyeron predecir las demandas por vivienda que surgirían del seno de ese nuevo proletariado con ingresos familiares menores a 2 o 3 salarios mínimos. Menos aún se anticiparon a las protestas callejeras que se desatarían como expresión de ese déficit, que en un 81% es urbano /7.
Confiados en su control de los movimientos sociales institucionalizados, los gobiernos petistas no previeron que se multiplicarían las demandas urbanas por el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de nuevos derechos como el de la vivienda. Y ubicaron como centro del desarrollo nacional, la inversión estatal en obras de infraestructura que darían impulso al capitalismo brasileño y responderían a necesidades de las clases medias (profesionales y tecnócratas) y de algunos estamentos más favorecidos del trabajador industrial.
Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370 mil millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878 mil millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo /8.
El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y utilizó y utiliza ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país.
Favelas: guetos de explotación y discriminación de clase y étnica
Rio de Janeiro y en especial su estructura urbana que combina gran cantidad de viviendas precarias e infraestructura miserable, con barrios de altísimo padrón edilicio y amplitud de servicios, es un territorio clave para entender la desigualdad en Brasil. Porque Rio hace años que tiene sucesivos gobernadores y prefeitos en la avanzada de las políticas que encaminan la in-justicia, la represión, la especulación inmobiliaria, la discriminación étnica y económica y en conjunto todas las medidas institucionales y corporativas necesarias para una defensa irrestricta de la continuidad de la desigualdad en el país. Es en verdad una vidriera de todos los aspectos e interrelaciones estructurales que articulan la persistencia de esa enorme desigualdad social brasileña.
Los guetos favelados y su discriminada existencia conviven en Rio con barrios y zonas residenciales y empresariales con instalaciones privativas sociales y culturales, en forma de enclave excluyente, en áreas separadas de otras partes de la ciudad por barreras sociales, económicas y muchas veces físicas como los condominios cerrados o los shoppings que impiden el ingreso a sectores populares.
Para el arquitecto/urbanista Roberto Rocco /2 la favela no es un gueto, “en lo que se refiere a los beneficios que la élite realiza con su existencia”. Pero reconoce que se trata de “una fuente de mano de obra barata y descalificada que se traduce en un ejército de domésticas, porteros, obreros de la construcción, empleados de empresas de seguridad, que se encargan de mantener el mundo de las clases privilegiadas funcionando”...”son parte de un modelo de desarrollo excluyente que amplifica las ganancias de la clase dominante por la vía, entre otros factores, de las bajas inversiones en vivienda social, dándole prioridad a las inversiones en infraestructura para las zonas de “clase alta” facilitando la especulación inmobiliaria y la consecuente acumulación de capital”.
La favela no es, estrictamente un gueto clásico de exclusión racial, cultural o religioso como aquellos donde fueron recluidos los judíos en la Edad Media o bajo el nazismo. Pero Peter Marcuse /3 utilizó con propiedad el término gueto para nombrar las zonas pauperizadas de los suburbios urbanos que combinan la exclusión de clase con la “racial”. Es este un fenómeno que se expande desde el siglo pasado en el mundo. Un nuevo tipo de gueto que “armoniza” la discriminación étnica con la explotación de clase. En las favelas brasileñas es indudable que el factor etnia (afro descendientes) se interrelaciona con la pertenencia al más bajo estamento de una clase social que trabaja a cambio de un salario.
La descripción de Rocco sobre la favela y sus trabajadores descalificados se ajusta más a la existencia favelada del siglo XX, donde habitaba un sub proletariado que a lo más que podía aspirar era a cumplir funciones de “servicios personales” de la clase media y la burguesía. Con la inclusión en el mercado procesada por el “lulismo” de ese sub-proletariado que abarca decena de millones de nuevos trabajadores y que, en significativa medida, habitaba y habita las favelas, en la actualidad hay una explotación de clase por el capital por la vía de acceder a puestos de trabajo “con remuneraciones por debajo de 2 salarios mínimos (R$ 1.448 en 2014) principalmente en el sector empresas de servicios y con alta rotación, precarización, fragmentación y menor presencia en un centro de trabajo fijo” /4.
Es decir estamos frente a territorios que antes del “lulismo” eran habitados mayormente por ese sub-proletariado que no era parte de la relación capital/trabajo, era discriminado, sin los derechos de los trabajadores sindicalizados y segregado por su pertenencia a la etnia afro-descendiente. Y que ahora integran el sector de la clase obrera más pauperizado. Pero que están en la actualidad en un proceso de conquistas indudables de nuevos derechos como trabajadores, así como etnia discriminada.
Rocco también afirma con justeza que existe una resistencia -entre otras académica- a reconocer el factor étnico como determinante en su discriminación social. Se responsabiliza del prejuicio excluyente a la “nefasta herencia del esclavismo”, sin reconocer abiertamente en el país la notoria existencia de un “racismo” estructural, institucional e interpersonal /5.
Es por esas características mencionadas de los nuevos empleos, -diferentes al trabajo industrial sindicalizado-, que en muchos casos la protesta contra la desigualdad explota a partir del ámbito de convivencia común, -en el espacio de la favela- antes que en el lugar de trabajo.
Aquí es importante la relación que el Estado siempre creó con la favela “lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico”...”En el caso brasileño, la favela es más que nada un producto del Estado, que se excluye de asumir sus responsabilidades naturalizando la pobreza y apuntando a la favela como ‘infeliz producto de la historia’ “. Explicación ideológica que intenta exculpar al Estado de su real responsabilidad. A la vez que se demoniza a los favelados por los “reinos de terror en torno del crimen organizado” que el propio Estado desarrolló /6.
La favela es entonces un área donde se combina la discriminación y explotación de clase con la étnica. A la que se suma la incomprensión de ese proceso en los viejos sindicatos y centrales de trabajadores y movimientos sociales antiguos, así como en la mayoría de la “izquierda” tradicional, que pretende encuadrar al nuevo proletariado en las organizaciones sociales del siglo pasado.
Déficit habitacional
Aunque en los últimos 10 años entre los trabajadores con ingresos familiares mayores de 3 salarios mínimos el déficit de vivienda disminuyó, en los hogares con ingreso por debajo de 3 salarios mínimos el déficit aumentó un 3%, pasando de 70,5% en 2007 a 73,6% en 2012. La razón es que el ingreso familiar menor a 3 salarios mínimos no cumple los requisitos de la Caixa Económica para intervenir en los planes “Minha casa, Minha vida”. Las medidas “asistencialistas” del “lulismo” no incluyeron predecir las demandas por vivienda que surgirían del seno de ese nuevo proletariado con ingresos familiares menores a 2 o 3 salarios mínimos. Menos aún se anticiparon a las protestas callejeras que se desatarían como expresión de ese déficit, que en un 81% es urbano /7.
Confiados en su control de los movimientos sociales institucionalizados, los gobiernos petistas no previeron que se multiplicarían las demandas urbanas por el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de nuevos derechos como el de la vivienda. Y ubicaron como centro del desarrollo nacional, la inversión estatal en obras de infraestructura que darían impulso al capitalismo brasileño y responderían a necesidades de las clases medias (profesionales y tecnócratas) y de algunos estamentos más favorecidos del trabajador industrial.
Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370 mil millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878 mil millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo /8.
El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y utilizó y utiliza ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país.
La mayoría de los desplazamientos de
pobladores favorecieron
una “limpieza de indeseables” en
zonas conflictivas, donde se trató de desmontar la organización comunitaria. En
todo Brasil fue desatendida la mejoría de condiciones de vida de la población
carente, en los aspectos de infraestructura urbana, vivienda, saneamiento
básico, salud, enseñanza y transporte. Dándole prioridad a grandes
emprendimientos que desarrollaran la especulación inmobiliaria.
Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye “El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital" /9.
Mientras el tema habitacional se destacó como el principal problema urbano de las capitales estaduales. São Paulo ya engendró un enorme movimiento urbano por vivienda que se organiza en el Movimento dos Trabalhadores Sem-teto (MTST) y que obtuvo con sus movilizaciones y ocupaciones de tierra un importante reconocimiento en la votación por los vereadores (ediles) de la ciudad, del Plano Director de São Paulo (julio 2014), con la aprobación de varias Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), para construcción de viviendas populares.
Este factor de déficit de vivienda, aumenta en Rio de Janeiro la situación de rebelión social de las favelas. Río es la segunda ciudad del país con el mayor déficit habitacional en números absolutos. Sólo pierde para São Paulo. Pero en relación a la población, São Paulo tiene casi el doble de pobladores, tanto en la ciudad propiamente dicha, como en su región metropolitana /10. Lo que convierte al déficit habitacional carioca en el peor del país, en relación al número de pobladores. Déficit que se concentra en las favelas.
En Rio, en la medida que el problema de la ausencia o pésima calidad de las viviendas se fue transformando en consciencia de necesidad /11, la comprensión sobre la desigualdad social se hizo más evidente y la lucha popular por viviendas se intensificó. Es lo que pasó en los últimos años. Pero alcaldes -prefeitos- y gobernadores estaduales con apoyo federal han dado prioridad a una política de “seguridad” exacerbada contra las poblaciones de favela, con el objetivo de entorpecer la organización y el desarrollo de las luchas de los sin-techo y de las poblaciones sin los servicios públicos indispensables del Estado.
De cualquier forma la situación social de Río por la complejidad y diversidad de factores que la enervan se ha convertido en algo explosivo. Durante junio y julio de 2014 el escenario de las luchas populares en la ciudad se ha visto agravado por la persecución policial y judicial contra los activistas de las protestas. A la vez que, a la tradicional violencia mortífera de policías militares y milicias para-policiales se sumó una intervención de las fuerzas armadas en varias favelas y el intento judicial de instalar una abierta ilegalidad de “estado de excepción” en su territorio. Lo que ha transformado a la ciudad en un escenario de intolerancia institucional negativa, ejemplar para todo Brasil.
Amarildo: los crímenes de la PM y de la “policía pacificadora”
La notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la construcción Amarildo de Souza, de la favela Rocinha, desaparecido en las manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.
La investigación presionada por la movilización social, terminó comprobando que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) y que ese “método” era utilizado allí con asiduidad. Las “técnicas” usadas incluían asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la planta de los pies mojados y “submarino” en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo estadounidense de “técnicas innovadoras de interrogatorio”. Lo de las torturas de la “policía pacificadora” volvió a revelarse el mes pasado: la organización Human Rights Watch denunció el 28 de julio, 64 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos en Brasil en los últimos cuatro años y afirmó que por lo menos 150 policías estarían implicados. La denuncia está en un comunicado enviado por el grupo de DDHH a presidencia y al Congreso Nacional /12.
Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los “tipificados” como “auto de resistência” en la jerga policial, es decir muertes de civiles en falso “enfrentamiento con la policía” que eran la norma, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como “muertes violentas de causa indeterminada”, para prescindir en ambos casos de cualquier investigación. Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual convencimiento sobre este tema /13.
El abogado João Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define con claridad esta tesis:
“Para mí, el ‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado desaparecimiento. ¿Por qué? El “auto” tiene los nombres de las víctimas y de los policías militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la víctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecutó cobardemente va a la cárcel. Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente” /14.
En el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral como gobernador de Rio, las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado de Rio y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumarían más de 40 mil. Lo que hace imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al mismo ISP, en 22 años las desapariciones sumaron 92 mil personas /15.
Río: prototipo de desigualdad e injusticia
Según el censo demográfico de 2010 de IBGE, el primer mundo y el último conviven en los 1.182 kilómetros cuadrados del estado de Rio de Janeiro. Los barrios “nobles” poseen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los diez primeros mayores IDH del mundo. Gávea tiene el mismo IDH que Australia (0.970) que está en segundo lugar en el listado mundial. Leblon tiene un IDH (0.967) mayor que Canadá (0.966) que ostenta el cuarto lugar en el mundo. Jardim Guanabara iguala en IDH a Suecia (0.963) que se ubica séptimo e Ipanema con 0.962 supera a Francia (0.961) octavo en el ranking, Lagoa iguala a Finlandia (0.959) décimo en el mundo.
En el extremo opuesto tenemos el barrio de Manguinhos con un IDH (0.726) menor que el de Mongolia (0.727) que se ubica en el lugar 115 en el mundo; el Complexo do Alemão con un IDH (0.711) menor que Guinea Ecuatorial (0.719); la favela de Rocinha con un IDH (0.735) menor que los Territorios Palestinos y Jacarecinho con un IDH (0.731) menor que el de Honduras (0.732).
De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) en los denominados por el Instituto “aglomerados subnormales” en términos de vivienda (con que se nombra a todos los asentamientos irregulares conocidos como favelas, invasiones, grotas, baixadas, comunidades, vilas,, ressacas, mocambos y palafitas, entre otros) dan la pauta de la desigualdad social en las ciudades. La explicación no es difícil: en Rio de Janeiro la cuarta parte (25,6%) de la población favelada tiene un rendimiento nominal domiciliar de hasta medio salario mínimo. Mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje baja a poco más del 10% (10,7%).
En educación sólo el 1,2% de la población favelada de Rio contaba con curso superior, mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje alcanzaba casi el 15%. En las viviendas de las favelas también hay menos electrodomésticos y menor conexión a Internet, por domicilio.
La circulación interna en las favelas se realiza a través de una infraestructura vial precaria de escaleras, callejones, callejuelas y rampas. La región metropolitana de Rio de Janeiro fue la segunda -después de la región metropolitana de Sao Paulo en concentración de domicilios en “aglomerados subnormales” con el 14,9% del total nacional. En la región metropolitana de Rio de Janeiro estaban las mayores cantidades de viviendas en fajas laterales de dominio de ferrovías y carreteras /16.
La ocupación militar de las favelas de Río
Definitivamente, las comunidades miserables de Haití sirvieron de laboratorio para la actuación del ejército brasileño en las favelas de Rio. Así como la Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) sirven como modelo para la organización de la policía haitiana. En mayo de 2013 el gobernador Sergio Cabral y el primer ministro haitiano Laurent Lamothe firmaron un acuerdo de intercambio de profesionales y de experiencias entre la policía militar de Rio y la policía nacional de Haití en el tema de intervención policial en las comunidades pobres. En enero de 2014 llegó a Rio un grupo de policías haitianos, para interiorizarse sobre la metodología de las UPPs y la estructura de la policía militar fluminense. La nueva policía nacional de Haití que impone la intervención de la Minustah bajo dirección de Brasil, está siendo desarrollada con todos los vicios y transgresiones a los derechos ciudadanos, de las unidades expertas en represión como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). La intermediaria entre ambas fuerzas policiales es una ONG, Viva Rio no Haití, cuyo coordinador Ubiratá Angelo explicó: “el proceso de pacificación engloba la decisión del gobierno, cual área será pacificada, ahí entra la inteligencia policial, después entran las tropas de intervención, por eso los visitantes conversan con esos tres sectores inicialmente” /17.
Morro da Providencia. En 2008 cerca de 200 hombres del ejército, del Comando Militar del Este, ocuparon el “Morro da Previdencia” en la zona portuaria de Rio supuestamente para garantizar obras de un proyecto denominado “Cimento social”. “En este morro lo principal era favorecer el proyecto del Porto Maravilha, donde algunas familias fueron removidas por la construcción de un teleférico, y otras sin ninguna justificación desde áreas sin riesgo”...“Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones empresariales y los negocios y se realizaron a través de un proceso decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simbólicamente muy violento” /18. En 2014, en una confraternización con empresarios de la construcción, donde participaba Carlos Carvalho que remodela la zona portuaria, el prefeito de Rio, Eduardo Paes (PMDB) se vanaglorió: “Hoy, el puerto es el lugar de la ciudad donde hay más especulación inmobiliaria, y gracias a dios es así.”
Bajo la ocupación, en junio de 2008, once militares participaron de la muerte de tres jóvenes supuestos “minoristas de traficantes” de dicho “morro”, que fueron entregados a narcos antagónicos del “Morro da Mineira” para ser torturados y muertos. En realidad los militares vendieron los jóvenes por R$ 60 mil a los traficantes de la “Mineira”. Los hechos se hicieron públicos porque una moradora de la favela salvó a uno de los jóvenes que estaban siendo golpeados por el grupo de militares introduciéndolo en su casa y trancando la puerta.
A raíz de este acontecimiento que se hizo público intervino una jueza de Rio que dictaminó la salida de los militares de la favela. Pero una instancia judicial superior decidió mantener los militares en el “morro”. Los efectivos del ejército se redujeron a 60 y la justicia estableció restricciones a su actividad. Según decisión judicial los militares no podrían ejercer actividades que impliquen seguridad pública o garantía de la ley y el orden, ya que dichas funciones les están impedidas constitucionalmente. Este fue el primer intento de ocupación militar de una favela bajo gobierno de Lula, para crear un antecedente en ese sentido. La importancia de esta “operación experimental” y su descrédito fue tal, que el propio presidente Lula se entrevistó con las madres de los jóvenes asesinados y se comprometió a indemnizar a las familias, para detener cualquier acción judicial.
Complexo do Alemão. El último fin de semana de noviembre de 2010 todas las cadenas de TV de Brasil realizaron una cobertura “espectacular” de la invasión a algunas favelas de Rio por centenares de policías militares (PM) de elite -el varias veces acusado de corrupción, Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y 800 infantes de marina del Comando Militar del Este -integrantes de las Fuerzas Armadas con experiencia de represión a civiles en Haití- apoyados por helicópteros y vehículos blindados. La operación comenzó el jueves 25 de noviembre en la Vila Cruzeiro y continuó el domingo 28 sobre el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas donde viven unas 150 mil personas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dejó como saldo la acción represiva. Ni imágenes de TV sobre detalles del operativo.
Durante la operación en la Vila Cruzeiro y el Complexo do Alemão el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) derrumbó puertas y allanó viviendas y destruyó o sustrajo pertenencias de los pobladores sin ninguna clase de autorización o fiscalización judicial. Ni la Orden de Abogados de Brasil (OAB) ni su filial de Rio de Janeiro reclamaron por este obvio abuso del truculento BOPE. Tampoco la Justicia hizo declaraciones al respecto. Se considera axiomático que los favelados no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos.
Comencemos por decir que en los tres años anteriores a la intervención, la policía y los servicios del Estado no ingresaron para nada en dichas favelas. Después de tres años sin aparecer, el lunes 29 de noviembre de 2010 se realizó allí una escenificación de recolección de residuos y de basurales para las cámaras de TV. Escuelas, guarderías y policlínicas o no existen o son insuficientes. La TV Record News combinó escenas anodinas del operativo policial-militar con llamamientos a los favelados para que aplaudieran la intervención de los uniformados y publicidades de la faja abdominal “abdomil” que “le garantiza la pérdida instantánea de 8 centímetros de cintura”. En una modesta guardería para niños de 2 a 5 años estos ya habían aprendido que, al sentir los primeros disparos de una balacera, debían concurrir a un pequeño salón resguardado y cobijarse bajo una mesa. “Para que no nos maten” explica con convicción un niño de 3 años.
El territorio invadido poseía poco más que el 7% de la población de las favelas y no mucho más del 1 o 2% de la superficie favelada de la ciudad. Pero la acción fue presentada como una batalla definitiva contra el narcotráfico de Rio. Las fuerzas permanecieron en dichas favelas por casi 2 años.
Favela Santo Amaro. Desde mayo de 2012, cerca de 150 hombres de la Força Nacional /19 ocupan la favela de Santo Amaro, en Catete, Zona Sur de Rio de Janeiro. Para este comando de la Força Nacional el 21/07 pasado hubo una ampliación del plazo de permanencia por más 90 días para “continuar dando un supuesto apoyo al programa ‘Crack, é Possível Vencer’. Y ya se prevé que su actuación podrá ser prorrogada nuevamente /20.
Complexo da Maré. Desde abril de 2014, 2700 hombres del ejército y la marina substituyeron parte del efectivo de la policía militar de la Maré en la zona norte de la ciudad. El Complexo da Maré es un denso territorio donde viven más de 130 mil personas, auto-organizadas en dieciséis favelas. Estas existen porque sus moradores resisten la exclusión de la ciudadanía y luchan por el derecho a ser parte de la ciudad de Rio de Janeiro. Para la gente del “asfalto” el Complexo da Maré, es un lugar peligroso pero de pasaje obligatorio pues arterias fundamentales de movilidad urbana en Rio -Avenida Brasil, Linha Vermelha y Linha Amarela- cruzan o circulan el territorio. La ocupación preveía facilitar el desplazamiento de turistas por la Copa del mundo. Es simbólico que el Complexo de Maré sea también conocido como “Faja de Gaza”. El 31/07 la presidente Dilma Rousseff postergó hasta el 31/10 la permanencia del ejército y la marina en el Complexo da Maré.
Fuerza Nacional de Seguridad. Para la Copa del Mundo de 2014, la Força Nacional aportó un efectivo de más de 10 mil hombres para actuar en el control y la represión de protestas populares en las 12 ciudades sede de la Copa. En Rio de Janeiro, el pedido de prórroga para el mantenimiento de los efectivos en la ciudad, hecho por el gobernador Luiz Fernando Pezão (sustituto de Sérgio Cabral por la campaña electoral de este año). Pezão argumentó que prevé aumento de las demandas populares durante el período electoral, lo que va a requerir la movilización de todo el efectivo de la Policía Militar (PM). O sea las razones para el mantenimiento de la tropa son abiertamente represivas.
Para el Ministerio de Defensa, movimientos sociales son “amenazas”
Luego de un cierto ocultamiento gubernamental de las disposiciones que se estaban tomando para defender el Mundial de Futbol, a fines de enero de 2014 se dio a conocer la Portaría 3.461 del Ministerio de Defensa, con la firma del ministro Celso Amorim. El documento considera a los movimientos sociales como “fuerzas oponentes” y “amenazas” (p. 15) del Ejército, Marina y Aeronáutica en las situaciones en que éstas fueran accionadas para garantir la ley y el orden, e iguala a las organizaciones populares con cuadrillas contrabandistas y facciones criminosas.
El texto está redactado en un lenguaje que recuerda la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional de los golpistas del 64. Empleo de “inteligencia y contra inteligencia” y el “uso progresivo de la fuerza” (p. 26). Incluye entre las “principales amenazas” (p. 29) el “bloqueo de vías públicas”, “disturbios urbanos”, “invasión de propiedades e instalaciones rurales y urbanas” y hasta mismo “la paralización de actividades productivas”. Es decir en el documento inquisidor militar no se excluyen de la condena ni las huelgas de los trabajadores /21.
La Comisión Nacional de Verdad (CNV) había solicitado a los comandos de las tres fuerzas -ejército, marina y aeronáutica- que informaran a la Comisión sobre el uso ilegal de siete unidades militares, durante la dictadura cívico/militar/empresarial de 1964 a 1985. En esos locales fueron torturados por lo menos 15 personas y muertas por lo menos 9. Sin embargo, en las respuestas enviadas en junio/2014 a la Comisión, los comandantes presentaron tres informes similares sobre el histórico de dichas unidades, afirmando que ellas siempre actuaron de acuerdo con las leyes de la época, sin hacer referencia a casos de muerte o tortura. Argumentaron que mucha documentación fue destruida y concluyen que “no existen registros formales que permitan comprobar el uso de las instalaciones militares para fines diferentes de los que tenían prescripto”.
Las Comisiones de Verdad en todo el país comprobaron hechos vergonzosos de tortura y muerte, en el combate militar a un supuesto “enemigo interno”. Las respuestas de las tres fuerzas muestran que el actual comando de las FFAA brasileñas se niega a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus integrantes.
Los informes del comando de las FFAA fueron desmentidos al mes siguiente (31/07/2014) por las declaraciones del juez militar jubilado Nelson Guimarães que admitió en su exposición ante la CNV que había tortura sistemática en las prisiones ilegales en dependencias militares y policiales durante la dictadura. Y que tanto el sindicalista Olavo Hansen, como el líder estudiantil Paulo Vannuchi y Frei Tito murieron a consecuencia de la tortura /22.
Pero existe un hecho incontrovertible que ubica a los comandantes en jefe de las tres armas en actitud de prepotencia y desprecio a la legalidad democrática. Uno de los 7 centros de represión mencionados por la CNV en su requerimiento de informes a las FFAA, es el conocido DOI-CODI del II ejército, ubicado en la calle Tutoia de la capital paulista. En él fue torturada durante 22 días una estudiante mineira integrante del grupo guerrillero VAR-Palmares, conocida bajo el seudónimo de “Estela”. Cuatro décadas después, la ex-guerrillera Dilma Vana Rousseff, es hoy, como presidente de Brasil, supuesta comandante suprema de las fuerzas armadas. Y éstas, vuelven a ultrajarla con su respuesta a la CNV.
Es indudable que estos hechos son el resultado de la impunidad de sus crímenes bajo la dictadura; su desempeño como invasores y represores del pueblo haitiano, en la Minustah, y las nuevas funciones que les está adjudicando el gobierno petista en la ocupación y control de la “seguridad” en la favelas de Río de Janeiro.
Inocentes pueden acabar como reos de la justicia militar /23
Cualquier persona acusada de cometer un crimen contra militares o instituciones militares federales puede ser juzgada por un tribunal militar de la Unión, sin necesidad de validez de pruebas por la justicia civil. Con la ocupación militar de espacios urbanos, esta posibilidad se acrecienta ya que se convive con posibles abordajes autoritarios de militares que se sienten protegidos por un sistema de justicia en el cual ellos mismos están en el comando.
Y esto no es sólo una posibilidad remota. En el Complexo do Alemão en 2011, una joven de 22 años salió de la casa para ayudar un vecino que pedía socorro en cuanto era forzado a entrar en un jeep por militares. Sin entender que pasaba pidió para hablar con él y la respuesta fue un tiro de bala de goma en el pie izquierdo. En el hospital donde la atendieron por tres dedos quebrados, se recusó a firmar un papel en blanco presentado por un oficial militar. La detuvieron acusándola de desacato y otros crímenes. En primera instancia, 5 jueces -cuatro militares y un civil- la condenaron a 6 meses de prisión en base al testimonio de militares del mismo agrupamiento que la agredió. Como apeló fue nuevamente juzgada por el superior tribunal militar -integrado por 15 jueces, 10 militares y 5 civiles- que mantuvo -como era obvio por su integración- la decisión de primera instancia. Los militares agresores contaron con total impunidad. Al contrario de la justicia federal no existe un tercer recurso antes del supremo.
Es decir, a pesar de vivirse en una democracia, cualquier ciudadano civil puede transformarse en reo por acusación de desacato o cualquier otra forma de supuesta insubordinación a las fuerzas armadas. La procuraduría general de la república entró con una acción en el supremo tribunal federal (STF) para terminar con ese absurdo. Los militares no quieren perder ese privilegio e intentan presionar a los ministros del STF. Sin embargo la sociedad civil ya comenzó a organizar una gran movilización para desmilitarizar la justicia.
La ocupación militar en las favelas favorece crecimiento de las “milicias”.
En el caso del Complexo da Maré, la ocupación militar, tiene un comportamiento permisivo respecto a las milicias parapoliciales. El “enemigo interno” es el traficante y no el policial corrupto que integra las milicias. La tarea de “pacificar” se centra en las áreas de influencia del tráfico. Existe un proceso de decadencia de los comandos narcos que se inició en 1990 con la caída del precio de la cocaína y el surgimiento y popularización de drogas sintéticas como ecstasy o LSD comercializados fuera de la favela por traficantes de clase media y media alta. Indirectamente la acción estatal fortaleció las milicias pues su territorio no fue casi alterado desde el inicio del programa de “pacificación”.
Existen estimativas de que en cuanto las tres fracciones del tráfico (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) controlan hoy el 40,6% de todas las favelas cariocas, las milicias dominan el 42,5% del área total. Pero con el agravante, que el tráfico posee los mercados consumidores menos dinámicos y de más bajo poder adquisitivo. La expansión de las milicias fue muy agresiva por el consentimiento e incluso el estímulo del propio Estado, como solución alternativa a los narcos.
El favorecimiento a las milicias pudo comprobarse desde el alcalde (prefeito) de Rio de Janeiro César Maia (1993-1996, 2000-2003 y 2005-2008) que apoyó a los grupos de milicias y llegó a llamarlas “autodefensas comunitarias” y un “mal menor que el tráfico” asegurando en 2004 que el fenómeno de las milicias era una reacción natural de los habitantes de las favelas. La gobernadora del estado Rosinha Matheus (2003-2006) no reconocía la existencia de las cuadrillas parapoliciales. El gobernador Sergio Cabral contó con los jefes de las milicias en los actos de su primera campaña electoral de 2006. Reelecto en 2010 por la coalición que lideraba Lula, anunció al inicio de su gobierno que reprimiría las milicias. Pero luego, tanto la policía como el Ministerio Público de Río de Janeiro declararon que la “integración a una milicia no constituye un delito criminal” y la expansión de los parapoliciales se siguió extendiendo. Y Eduardo Paes, actual prefeito carioca, “enumeró y colocó en Internet durante su candidatura al gobierno del estado, en 2006, los ‘benefícios’ que los “milicianos” aportaban a sus territorios en Jacarepaguá.
Sin duda los paramilitares se debilitaron con la CPI de las “milicias” realizada en Rio en 2008, donde se identificó sus principales áreas de actuación y sus estrategias para lucrar, posibilitando la acusación formal y la casación de muchos agentes públicos de seguridad y políticos envueltos con las cuadrillas. Esto los ha llevado a hacer menos visible su presencia y evitar demostraciones de fuerza públicas. Actuando ahora en centros de tortura clandestinos y casas de muerte con desaparecimiento garantido de cuerpos /24.
Primeros presos políticos del siglo XXI en Brasil
El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del sospechoso atentado con una bengala contra el camarógrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade y el “brote histérico” represivo promovido por los medios para aprobar una ley anti-terrorista auspiciada por la FIFA, anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En él se agravan las penas para crímenes cometidos en protestas callejeras.
Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos “cometidos en protestas callejeras”, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía.
José Mariano Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias y de la inmensa “burbuja” de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió luego del fallecimiento de Andrade a la comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica “desorden” como crimen.
En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 años de reclusión y multa por “causar desorden en lugar público o accesible al público”...”con el pretexto de protestar o manifestar desaprobación o descontento con relación a actos o situaciones con los cuales no se concuerde” Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena de cárcel.
Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de reclusión y multa, por la simple participación en la protesta, en caso que haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un proyecto que intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el derecho al descontento.
Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye “El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital" /9.
Mientras el tema habitacional se destacó como el principal problema urbano de las capitales estaduales. São Paulo ya engendró un enorme movimiento urbano por vivienda que se organiza en el Movimento dos Trabalhadores Sem-teto (MTST) y que obtuvo con sus movilizaciones y ocupaciones de tierra un importante reconocimiento en la votación por los vereadores (ediles) de la ciudad, del Plano Director de São Paulo (julio 2014), con la aprobación de varias Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), para construcción de viviendas populares.
Este factor de déficit de vivienda, aumenta en Rio de Janeiro la situación de rebelión social de las favelas. Río es la segunda ciudad del país con el mayor déficit habitacional en números absolutos. Sólo pierde para São Paulo. Pero en relación a la población, São Paulo tiene casi el doble de pobladores, tanto en la ciudad propiamente dicha, como en su región metropolitana /10. Lo que convierte al déficit habitacional carioca en el peor del país, en relación al número de pobladores. Déficit que se concentra en las favelas.
En Rio, en la medida que el problema de la ausencia o pésima calidad de las viviendas se fue transformando en consciencia de necesidad /11, la comprensión sobre la desigualdad social se hizo más evidente y la lucha popular por viviendas se intensificó. Es lo que pasó en los últimos años. Pero alcaldes -prefeitos- y gobernadores estaduales con apoyo federal han dado prioridad a una política de “seguridad” exacerbada contra las poblaciones de favela, con el objetivo de entorpecer la organización y el desarrollo de las luchas de los sin-techo y de las poblaciones sin los servicios públicos indispensables del Estado.
De cualquier forma la situación social de Río por la complejidad y diversidad de factores que la enervan se ha convertido en algo explosivo. Durante junio y julio de 2014 el escenario de las luchas populares en la ciudad se ha visto agravado por la persecución policial y judicial contra los activistas de las protestas. A la vez que, a la tradicional violencia mortífera de policías militares y milicias para-policiales se sumó una intervención de las fuerzas armadas en varias favelas y el intento judicial de instalar una abierta ilegalidad de “estado de excepción” en su territorio. Lo que ha transformado a la ciudad en un escenario de intolerancia institucional negativa, ejemplar para todo Brasil.
Amarildo: los crímenes de la PM y de la “policía pacificadora”
La notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la construcción Amarildo de Souza, de la favela Rocinha, desaparecido en las manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.
La investigación presionada por la movilización social, terminó comprobando que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) y que ese “método” era utilizado allí con asiduidad. Las “técnicas” usadas incluían asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la planta de los pies mojados y “submarino” en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo estadounidense de “técnicas innovadoras de interrogatorio”. Lo de las torturas de la “policía pacificadora” volvió a revelarse el mes pasado: la organización Human Rights Watch denunció el 28 de julio, 64 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos en Brasil en los últimos cuatro años y afirmó que por lo menos 150 policías estarían implicados. La denuncia está en un comunicado enviado por el grupo de DDHH a presidencia y al Congreso Nacional /12.
Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los “tipificados” como “auto de resistência” en la jerga policial, es decir muertes de civiles en falso “enfrentamiento con la policía” que eran la norma, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como “muertes violentas de causa indeterminada”, para prescindir en ambos casos de cualquier investigación. Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual convencimiento sobre este tema /13.
El abogado João Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define con claridad esta tesis:
“Para mí, el ‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado desaparecimiento. ¿Por qué? El “auto” tiene los nombres de las víctimas y de los policías militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la víctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecutó cobardemente va a la cárcel. Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente” /14.
En el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral como gobernador de Rio, las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado de Rio y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumarían más de 40 mil. Lo que hace imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al mismo ISP, en 22 años las desapariciones sumaron 92 mil personas /15.
Río: prototipo de desigualdad e injusticia
Según el censo demográfico de 2010 de IBGE, el primer mundo y el último conviven en los 1.182 kilómetros cuadrados del estado de Rio de Janeiro. Los barrios “nobles” poseen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los diez primeros mayores IDH del mundo. Gávea tiene el mismo IDH que Australia (0.970) que está en segundo lugar en el listado mundial. Leblon tiene un IDH (0.967) mayor que Canadá (0.966) que ostenta el cuarto lugar en el mundo. Jardim Guanabara iguala en IDH a Suecia (0.963) que se ubica séptimo e Ipanema con 0.962 supera a Francia (0.961) octavo en el ranking, Lagoa iguala a Finlandia (0.959) décimo en el mundo.
En el extremo opuesto tenemos el barrio de Manguinhos con un IDH (0.726) menor que el de Mongolia (0.727) que se ubica en el lugar 115 en el mundo; el Complexo do Alemão con un IDH (0.711) menor que Guinea Ecuatorial (0.719); la favela de Rocinha con un IDH (0.735) menor que los Territorios Palestinos y Jacarecinho con un IDH (0.731) menor que el de Honduras (0.732).
De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) en los denominados por el Instituto “aglomerados subnormales” en términos de vivienda (con que se nombra a todos los asentamientos irregulares conocidos como favelas, invasiones, grotas, baixadas, comunidades, vilas,, ressacas, mocambos y palafitas, entre otros) dan la pauta de la desigualdad social en las ciudades. La explicación no es difícil: en Rio de Janeiro la cuarta parte (25,6%) de la población favelada tiene un rendimiento nominal domiciliar de hasta medio salario mínimo. Mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje baja a poco más del 10% (10,7%).
En educación sólo el 1,2% de la población favelada de Rio contaba con curso superior, mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje alcanzaba casi el 15%. En las viviendas de las favelas también hay menos electrodomésticos y menor conexión a Internet, por domicilio.
La circulación interna en las favelas se realiza a través de una infraestructura vial precaria de escaleras, callejones, callejuelas y rampas. La región metropolitana de Rio de Janeiro fue la segunda -después de la región metropolitana de Sao Paulo en concentración de domicilios en “aglomerados subnormales” con el 14,9% del total nacional. En la región metropolitana de Rio de Janeiro estaban las mayores cantidades de viviendas en fajas laterales de dominio de ferrovías y carreteras /16.
La ocupación militar de las favelas de Río
Definitivamente, las comunidades miserables de Haití sirvieron de laboratorio para la actuación del ejército brasileño en las favelas de Rio. Así como la Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) sirven como modelo para la organización de la policía haitiana. En mayo de 2013 el gobernador Sergio Cabral y el primer ministro haitiano Laurent Lamothe firmaron un acuerdo de intercambio de profesionales y de experiencias entre la policía militar de Rio y la policía nacional de Haití en el tema de intervención policial en las comunidades pobres. En enero de 2014 llegó a Rio un grupo de policías haitianos, para interiorizarse sobre la metodología de las UPPs y la estructura de la policía militar fluminense. La nueva policía nacional de Haití que impone la intervención de la Minustah bajo dirección de Brasil, está siendo desarrollada con todos los vicios y transgresiones a los derechos ciudadanos, de las unidades expertas en represión como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). La intermediaria entre ambas fuerzas policiales es una ONG, Viva Rio no Haití, cuyo coordinador Ubiratá Angelo explicó: “el proceso de pacificación engloba la decisión del gobierno, cual área será pacificada, ahí entra la inteligencia policial, después entran las tropas de intervención, por eso los visitantes conversan con esos tres sectores inicialmente” /17.
Morro da Providencia. En 2008 cerca de 200 hombres del ejército, del Comando Militar del Este, ocuparon el “Morro da Previdencia” en la zona portuaria de Rio supuestamente para garantizar obras de un proyecto denominado “Cimento social”. “En este morro lo principal era favorecer el proyecto del Porto Maravilha, donde algunas familias fueron removidas por la construcción de un teleférico, y otras sin ninguna justificación desde áreas sin riesgo”...“Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones empresariales y los negocios y se realizaron a través de un proceso decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simbólicamente muy violento” /18. En 2014, en una confraternización con empresarios de la construcción, donde participaba Carlos Carvalho que remodela la zona portuaria, el prefeito de Rio, Eduardo Paes (PMDB) se vanaglorió: “Hoy, el puerto es el lugar de la ciudad donde hay más especulación inmobiliaria, y gracias a dios es así.”
Bajo la ocupación, en junio de 2008, once militares participaron de la muerte de tres jóvenes supuestos “minoristas de traficantes” de dicho “morro”, que fueron entregados a narcos antagónicos del “Morro da Mineira” para ser torturados y muertos. En realidad los militares vendieron los jóvenes por R$ 60 mil a los traficantes de la “Mineira”. Los hechos se hicieron públicos porque una moradora de la favela salvó a uno de los jóvenes que estaban siendo golpeados por el grupo de militares introduciéndolo en su casa y trancando la puerta.
A raíz de este acontecimiento que se hizo público intervino una jueza de Rio que dictaminó la salida de los militares de la favela. Pero una instancia judicial superior decidió mantener los militares en el “morro”. Los efectivos del ejército se redujeron a 60 y la justicia estableció restricciones a su actividad. Según decisión judicial los militares no podrían ejercer actividades que impliquen seguridad pública o garantía de la ley y el orden, ya que dichas funciones les están impedidas constitucionalmente. Este fue el primer intento de ocupación militar de una favela bajo gobierno de Lula, para crear un antecedente en ese sentido. La importancia de esta “operación experimental” y su descrédito fue tal, que el propio presidente Lula se entrevistó con las madres de los jóvenes asesinados y se comprometió a indemnizar a las familias, para detener cualquier acción judicial.
Complexo do Alemão. El último fin de semana de noviembre de 2010 todas las cadenas de TV de Brasil realizaron una cobertura “espectacular” de la invasión a algunas favelas de Rio por centenares de policías militares (PM) de elite -el varias veces acusado de corrupción, Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y 800 infantes de marina del Comando Militar del Este -integrantes de las Fuerzas Armadas con experiencia de represión a civiles en Haití- apoyados por helicópteros y vehículos blindados. La operación comenzó el jueves 25 de noviembre en la Vila Cruzeiro y continuó el domingo 28 sobre el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas donde viven unas 150 mil personas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dejó como saldo la acción represiva. Ni imágenes de TV sobre detalles del operativo.
Durante la operación en la Vila Cruzeiro y el Complexo do Alemão el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) derrumbó puertas y allanó viviendas y destruyó o sustrajo pertenencias de los pobladores sin ninguna clase de autorización o fiscalización judicial. Ni la Orden de Abogados de Brasil (OAB) ni su filial de Rio de Janeiro reclamaron por este obvio abuso del truculento BOPE. Tampoco la Justicia hizo declaraciones al respecto. Se considera axiomático que los favelados no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos.
Comencemos por decir que en los tres años anteriores a la intervención, la policía y los servicios del Estado no ingresaron para nada en dichas favelas. Después de tres años sin aparecer, el lunes 29 de noviembre de 2010 se realizó allí una escenificación de recolección de residuos y de basurales para las cámaras de TV. Escuelas, guarderías y policlínicas o no existen o son insuficientes. La TV Record News combinó escenas anodinas del operativo policial-militar con llamamientos a los favelados para que aplaudieran la intervención de los uniformados y publicidades de la faja abdominal “abdomil” que “le garantiza la pérdida instantánea de 8 centímetros de cintura”. En una modesta guardería para niños de 2 a 5 años estos ya habían aprendido que, al sentir los primeros disparos de una balacera, debían concurrir a un pequeño salón resguardado y cobijarse bajo una mesa. “Para que no nos maten” explica con convicción un niño de 3 años.
El territorio invadido poseía poco más que el 7% de la población de las favelas y no mucho más del 1 o 2% de la superficie favelada de la ciudad. Pero la acción fue presentada como una batalla definitiva contra el narcotráfico de Rio. Las fuerzas permanecieron en dichas favelas por casi 2 años.
Favela Santo Amaro. Desde mayo de 2012, cerca de 150 hombres de la Força Nacional /19 ocupan la favela de Santo Amaro, en Catete, Zona Sur de Rio de Janeiro. Para este comando de la Força Nacional el 21/07 pasado hubo una ampliación del plazo de permanencia por más 90 días para “continuar dando un supuesto apoyo al programa ‘Crack, é Possível Vencer’. Y ya se prevé que su actuación podrá ser prorrogada nuevamente /20.
Complexo da Maré. Desde abril de 2014, 2700 hombres del ejército y la marina substituyeron parte del efectivo de la policía militar de la Maré en la zona norte de la ciudad. El Complexo da Maré es un denso territorio donde viven más de 130 mil personas, auto-organizadas en dieciséis favelas. Estas existen porque sus moradores resisten la exclusión de la ciudadanía y luchan por el derecho a ser parte de la ciudad de Rio de Janeiro. Para la gente del “asfalto” el Complexo da Maré, es un lugar peligroso pero de pasaje obligatorio pues arterias fundamentales de movilidad urbana en Rio -Avenida Brasil, Linha Vermelha y Linha Amarela- cruzan o circulan el territorio. La ocupación preveía facilitar el desplazamiento de turistas por la Copa del mundo. Es simbólico que el Complexo de Maré sea también conocido como “Faja de Gaza”. El 31/07 la presidente Dilma Rousseff postergó hasta el 31/10 la permanencia del ejército y la marina en el Complexo da Maré.
Fuerza Nacional de Seguridad. Para la Copa del Mundo de 2014, la Força Nacional aportó un efectivo de más de 10 mil hombres para actuar en el control y la represión de protestas populares en las 12 ciudades sede de la Copa. En Rio de Janeiro, el pedido de prórroga para el mantenimiento de los efectivos en la ciudad, hecho por el gobernador Luiz Fernando Pezão (sustituto de Sérgio Cabral por la campaña electoral de este año). Pezão argumentó que prevé aumento de las demandas populares durante el período electoral, lo que va a requerir la movilización de todo el efectivo de la Policía Militar (PM). O sea las razones para el mantenimiento de la tropa son abiertamente represivas.
Para el Ministerio de Defensa, movimientos sociales son “amenazas”
Luego de un cierto ocultamiento gubernamental de las disposiciones que se estaban tomando para defender el Mundial de Futbol, a fines de enero de 2014 se dio a conocer la Portaría 3.461 del Ministerio de Defensa, con la firma del ministro Celso Amorim. El documento considera a los movimientos sociales como “fuerzas oponentes” y “amenazas” (p. 15) del Ejército, Marina y Aeronáutica en las situaciones en que éstas fueran accionadas para garantir la ley y el orden, e iguala a las organizaciones populares con cuadrillas contrabandistas y facciones criminosas.
El texto está redactado en un lenguaje que recuerda la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional de los golpistas del 64. Empleo de “inteligencia y contra inteligencia” y el “uso progresivo de la fuerza” (p. 26). Incluye entre las “principales amenazas” (p. 29) el “bloqueo de vías públicas”, “disturbios urbanos”, “invasión de propiedades e instalaciones rurales y urbanas” y hasta mismo “la paralización de actividades productivas”. Es decir en el documento inquisidor militar no se excluyen de la condena ni las huelgas de los trabajadores /21.
La Comisión Nacional de Verdad (CNV) había solicitado a los comandos de las tres fuerzas -ejército, marina y aeronáutica- que informaran a la Comisión sobre el uso ilegal de siete unidades militares, durante la dictadura cívico/militar/empresarial de 1964 a 1985. En esos locales fueron torturados por lo menos 15 personas y muertas por lo menos 9. Sin embargo, en las respuestas enviadas en junio/2014 a la Comisión, los comandantes presentaron tres informes similares sobre el histórico de dichas unidades, afirmando que ellas siempre actuaron de acuerdo con las leyes de la época, sin hacer referencia a casos de muerte o tortura. Argumentaron que mucha documentación fue destruida y concluyen que “no existen registros formales que permitan comprobar el uso de las instalaciones militares para fines diferentes de los que tenían prescripto”.
Las Comisiones de Verdad en todo el país comprobaron hechos vergonzosos de tortura y muerte, en el combate militar a un supuesto “enemigo interno”. Las respuestas de las tres fuerzas muestran que el actual comando de las FFAA brasileñas se niega a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus integrantes.
Los informes del comando de las FFAA fueron desmentidos al mes siguiente (31/07/2014) por las declaraciones del juez militar jubilado Nelson Guimarães que admitió en su exposición ante la CNV que había tortura sistemática en las prisiones ilegales en dependencias militares y policiales durante la dictadura. Y que tanto el sindicalista Olavo Hansen, como el líder estudiantil Paulo Vannuchi y Frei Tito murieron a consecuencia de la tortura /22.
Pero existe un hecho incontrovertible que ubica a los comandantes en jefe de las tres armas en actitud de prepotencia y desprecio a la legalidad democrática. Uno de los 7 centros de represión mencionados por la CNV en su requerimiento de informes a las FFAA, es el conocido DOI-CODI del II ejército, ubicado en la calle Tutoia de la capital paulista. En él fue torturada durante 22 días una estudiante mineira integrante del grupo guerrillero VAR-Palmares, conocida bajo el seudónimo de “Estela”. Cuatro décadas después, la ex-guerrillera Dilma Vana Rousseff, es hoy, como presidente de Brasil, supuesta comandante suprema de las fuerzas armadas. Y éstas, vuelven a ultrajarla con su respuesta a la CNV.
Es indudable que estos hechos son el resultado de la impunidad de sus crímenes bajo la dictadura; su desempeño como invasores y represores del pueblo haitiano, en la Minustah, y las nuevas funciones que les está adjudicando el gobierno petista en la ocupación y control de la “seguridad” en la favelas de Río de Janeiro.
Inocentes pueden acabar como reos de la justicia militar /23
Cualquier persona acusada de cometer un crimen contra militares o instituciones militares federales puede ser juzgada por un tribunal militar de la Unión, sin necesidad de validez de pruebas por la justicia civil. Con la ocupación militar de espacios urbanos, esta posibilidad se acrecienta ya que se convive con posibles abordajes autoritarios de militares que se sienten protegidos por un sistema de justicia en el cual ellos mismos están en el comando.
Y esto no es sólo una posibilidad remota. En el Complexo do Alemão en 2011, una joven de 22 años salió de la casa para ayudar un vecino que pedía socorro en cuanto era forzado a entrar en un jeep por militares. Sin entender que pasaba pidió para hablar con él y la respuesta fue un tiro de bala de goma en el pie izquierdo. En el hospital donde la atendieron por tres dedos quebrados, se recusó a firmar un papel en blanco presentado por un oficial militar. La detuvieron acusándola de desacato y otros crímenes. En primera instancia, 5 jueces -cuatro militares y un civil- la condenaron a 6 meses de prisión en base al testimonio de militares del mismo agrupamiento que la agredió. Como apeló fue nuevamente juzgada por el superior tribunal militar -integrado por 15 jueces, 10 militares y 5 civiles- que mantuvo -como era obvio por su integración- la decisión de primera instancia. Los militares agresores contaron con total impunidad. Al contrario de la justicia federal no existe un tercer recurso antes del supremo.
Es decir, a pesar de vivirse en una democracia, cualquier ciudadano civil puede transformarse en reo por acusación de desacato o cualquier otra forma de supuesta insubordinación a las fuerzas armadas. La procuraduría general de la república entró con una acción en el supremo tribunal federal (STF) para terminar con ese absurdo. Los militares no quieren perder ese privilegio e intentan presionar a los ministros del STF. Sin embargo la sociedad civil ya comenzó a organizar una gran movilización para desmilitarizar la justicia.
La ocupación militar en las favelas favorece crecimiento de las “milicias”.
En el caso del Complexo da Maré, la ocupación militar, tiene un comportamiento permisivo respecto a las milicias parapoliciales. El “enemigo interno” es el traficante y no el policial corrupto que integra las milicias. La tarea de “pacificar” se centra en las áreas de influencia del tráfico. Existe un proceso de decadencia de los comandos narcos que se inició en 1990 con la caída del precio de la cocaína y el surgimiento y popularización de drogas sintéticas como ecstasy o LSD comercializados fuera de la favela por traficantes de clase media y media alta. Indirectamente la acción estatal fortaleció las milicias pues su territorio no fue casi alterado desde el inicio del programa de “pacificación”.
Existen estimativas de que en cuanto las tres fracciones del tráfico (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) controlan hoy el 40,6% de todas las favelas cariocas, las milicias dominan el 42,5% del área total. Pero con el agravante, que el tráfico posee los mercados consumidores menos dinámicos y de más bajo poder adquisitivo. La expansión de las milicias fue muy agresiva por el consentimiento e incluso el estímulo del propio Estado, como solución alternativa a los narcos.
El favorecimiento a las milicias pudo comprobarse desde el alcalde (prefeito) de Rio de Janeiro César Maia (1993-1996, 2000-2003 y 2005-2008) que apoyó a los grupos de milicias y llegó a llamarlas “autodefensas comunitarias” y un “mal menor que el tráfico” asegurando en 2004 que el fenómeno de las milicias era una reacción natural de los habitantes de las favelas. La gobernadora del estado Rosinha Matheus (2003-2006) no reconocía la existencia de las cuadrillas parapoliciales. El gobernador Sergio Cabral contó con los jefes de las milicias en los actos de su primera campaña electoral de 2006. Reelecto en 2010 por la coalición que lideraba Lula, anunció al inicio de su gobierno que reprimiría las milicias. Pero luego, tanto la policía como el Ministerio Público de Río de Janeiro declararon que la “integración a una milicia no constituye un delito criminal” y la expansión de los parapoliciales se siguió extendiendo. Y Eduardo Paes, actual prefeito carioca, “enumeró y colocó en Internet durante su candidatura al gobierno del estado, en 2006, los ‘benefícios’ que los “milicianos” aportaban a sus territorios en Jacarepaguá.
Sin duda los paramilitares se debilitaron con la CPI de las “milicias” realizada en Rio en 2008, donde se identificó sus principales áreas de actuación y sus estrategias para lucrar, posibilitando la acusación formal y la casación de muchos agentes públicos de seguridad y políticos envueltos con las cuadrillas. Esto los ha llevado a hacer menos visible su presencia y evitar demostraciones de fuerza públicas. Actuando ahora en centros de tortura clandestinos y casas de muerte con desaparecimiento garantido de cuerpos /24.
Primeros presos políticos del siglo XXI en Brasil
El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del sospechoso atentado con una bengala contra el camarógrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade y el “brote histérico” represivo promovido por los medios para aprobar una ley anti-terrorista auspiciada por la FIFA, anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En él se agravan las penas para crímenes cometidos en protestas callejeras.
Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos “cometidos en protestas callejeras”, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía.
José Mariano Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias y de la inmensa “burbuja” de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió luego del fallecimiento de Andrade a la comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica “desorden” como crimen.
En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 años de reclusión y multa por “causar desorden en lugar público o accesible al público”...”con el pretexto de protestar o manifestar desaprobación o descontento con relación a actos o situaciones con los cuales no se concuerde” Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena de cárcel.
Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de reclusión y multa, por la simple participación en la protesta, en caso que haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un proyecto que intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el derecho al descontento.
Aún sin haber sido aprobado, este proyecto se ha comenzado a aplicar en Río de Janeiro desde la víspera del último partido de la Copa del mundo. En una operación denominada “Firewall” la policía ha salido a detener a los que identifica como “activistas” de las protestas, los lleva ante la justicia y ésta los condena a prisión temporaria sin cualquier indicio o pruebas que puedan comprobar las acusaciones. De esta forma se realizaron más de dos decenas de detenciones. Varios diputados federales (Jandira Feghali - PCdoB; Chico Alencar e Ivan Valente - Psol; etc.) han acusado al juez Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau por actuar como si se tratara de un “Estado de Excepción” y accionaron el Consejo Nacional de Justicia contra la decisión judicial. Por eso estas detenciones ya son denunciadas como los primeros presos políticos bajo presidencias petistas.
La activista, abogada Eloisa Samy, 45 años, fue presa en
Río de Janeiro acusada
de hacer reuniones en su casa y de abandonar su actividad profesional para
intervenir en las protestas. En base a esos “delitos” se le tipificó “formación
de cuadrilla” por la policía civil carioca. Fue detenida en el presidio de Bangú,
liberada por un “habeas corpus” y vuelta a procurar por un nuevo pedido de
prisión. Samy ganó atención al huir de la detención y pedir asilo en el
consulado de Uruguay. Lo que abrió un debate sobre la vigencia del estado de
derecho democrático en Brasil.
Para ella el país ya no es de hecho un estado de libertades democráticas. Y agrega: “quien experimenta esa situación todos los días son los favelados, las comunidades carentes”...“Yo vivo en una clase privilegiada, por eso tengo el deber de reconocer las personas más vulnerables en ese sentido. Es mi responsabilidad, por los privilegios que tuve, que recibí por los estudios, por el color de mi piel y por los salarios que gano”.
La trascendencia de estos hechos obligaron al presidente del PT Rui Falcão, al secretario de Movimientos Populares, Bruno Elias y al coordinador de Derechos Humanos del partido, Rodrigo Mondego a realizar una declaración donde consideran dichas prisiones como violación de derechos y libertades democráticas.
Pero lo cierto es que estas graves transgresiones policiales y judiciales en Río son resultado de una política gubernamental, que desde hace algunos años incentiva la compra de armamentos, proyectiles y tanquetas contra movilizaciones callejeras, (principalmente al estado genocida de Israel); creó y desarrolló cuerpos de élite para agredir y perseguir todo tipo de protestas populares. Ha hecho intervenir en la represión a las fuerzas armadas no sólo en aspectos puntuales -como el “resguardo” de la licitación internacional de la cuenca de Libra, del pre-sal sino también en invasiones y ocupaciones de favelas en la capital carioca.
Para ella el país ya no es de hecho un estado de libertades democráticas. Y agrega: “quien experimenta esa situación todos los días son los favelados, las comunidades carentes”...“Yo vivo en una clase privilegiada, por eso tengo el deber de reconocer las personas más vulnerables en ese sentido. Es mi responsabilidad, por los privilegios que tuve, que recibí por los estudios, por el color de mi piel y por los salarios que gano”.
La trascendencia de estos hechos obligaron al presidente del PT Rui Falcão, al secretario de Movimientos Populares, Bruno Elias y al coordinador de Derechos Humanos del partido, Rodrigo Mondego a realizar una declaración donde consideran dichas prisiones como violación de derechos y libertades democráticas.
Pero lo cierto es que estas graves transgresiones policiales y judiciales en Río son resultado de una política gubernamental, que desde hace algunos años incentiva la compra de armamentos, proyectiles y tanquetas contra movilizaciones callejeras, (principalmente al estado genocida de Israel); creó y desarrolló cuerpos de élite para agredir y perseguir todo tipo de protestas populares. Ha hecho intervenir en la represión a las fuerzas armadas no sólo en aspectos puntuales -como el “resguardo” de la licitación internacional de la cuenca de Libra, del pre-sal sino también en invasiones y ocupaciones de favelas en la capital carioca.
En Río de Janeiro 2010 el PT apoyó la reelección del gobernador Sergio Cabral Filho, que bajo su ejercicio impulsó la expansión de las milicias parapoliciales y las desapariciones forzosas; y la elección del actual prefeito Paes (PMDB) un candidato de las grandes constructoras, que no se avergüenza de hacer declaraciones públicas a favor de la especulación inmobiliaria en la ciudad y que también ensalzó las ventajas de la expansión de las milicias en Río.
***
Como podemos apreciar por todo este panorama, la intervención militar en Río de Janeiro es algo que ha contado con la ayuda y la anuencia del gobierno petista. Y su objetivo es aplastar el movimiento de demandas de un proletariado incipiente y una población ultra-explotada y discriminada por su pertenencia étnica.
La acción conjunta de gobernantes estaduales y municipales aliados a las policías, los parapoliciales, los militares y la justicia, ha significado una enorme pérdida de derechos y libertades en la población más pobre de la ciudad. Con las justificaciones de la “seguridad” y el gran embuste de la ficticia “guerra contra las drogas”.
Los militares que ocupan las favelas en su gran
mayoría vienen de reprimir a la población pobre de Haití. Las fuerzas brasileñas
de la Minustah se ejercitan en el pequeño país ocupado hace 10 años por orden
del imperialismo, para continuar desplegando su oficio represor en las favelas
de Rio de Janeiro. Y la naciente policía haitiana es entrenada por la policía
militar carioca y sus batallones especiales de pésimos procederes como el BOPE.
Por todo esto la capital carioca se está transformando en la Haití de Brasil. Y
la intervención en Haití, como ejemplo de ultraje al derecho de
autodeterminación de los pueblos, es una afrenta para todo el continente.
Notas
1/ Edward Palmer Thompson, Costumbres en Común Barcelona, Crítica. Grijalbo 1995.
2/ Roberto Rocco, Favela: Gueto ou enclave? Correio da Cidadania - Columna Cidade Aberta. Rocco es arquitecto-urbanista y doctorado por la Universidad Técnica de Delft, Holanda.http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed388/cidadeaberta.htm
3/ Peter Marcuse The Ghetto of Exclusion and the Fortified Enclave Columbia University 1997.
4/ J.L.B. Brasil: Estrategia del “lulismo” para el próximo decenio Rebelión.org Julio 2014.http://www.rebelion.org/docs/187283.pdf
5/ ONU: negros ainda sofrem racismo estrutural institucional e interpessoal Instituto Humanitas Unisino 20 12 2013.
Un grupo de trabajo sobre afro-descendientes de la ONU en una visita de 10 días a Brasil, elaboró un informe para presentar en el Consejo de Derechos Humanos de ONU en setiembre de 2014. Allí se afirma que en Brasil existe racismo estructural, institucional e interpersonal; que existe falta de oportunidades para la población afro-descendiente en las áreas de educación y de trabajo; que a pesar de que el grupo de personas de ascendencia africana son más de la mitad de la población brasileña permanecen sub-representadas o invisibles en la mayoría de las estructuras de poder, en los medios de comunicación y en el sector privado; y destacó que además existe situación de desventaja para los negros en la áreas de vivienda, salud e infraestructura. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526844-onu-negros-ainda-sofrem-racismo-estrutural-institucional-e-interpessoal
6/ Roberto Rocco, Ibíd.
7/ Carolina Gonçalves. Déficit habitacional cai 12% em 5 anos, aponta estudo do Ipea Rede Brasil Atual 18 05 2013. http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/05/deficit-habitacional-cai-12-em-5-anos-6300.html
Gabriel Brito y Paulo Silva Junior O déficit habitacional no Rio é gritante; vai provocar mais lutas e mobilizações’ Correio da Cidadania 28 04 2014. http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9557:manchete280414&catid=63:brasil-nas-ruas&Itemid=200
8/ La constructora Delta que obtuvo la participación en la construcción de varios estadios tenía como socio oculto al “bicheiro” Carlinhos Cachoeira (banquero de máquinas caza-níquel ilícitas) relacionado amistosamente a todo el espectro partidario del Congreso brasileño y a varios gobernadores estatales.
9/ Intervención de David Harvey en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre de 2012, en Buenos Aires.
10/ Ana Conceição Déficit habitacional cai no geral, mas cresce na baixa renda, diz Ipea Valor Económico, 25 11 2013. Esta caída del déficit habitacional no se manifestó en los domicilios con renta familiar menor a 3 salarios mínimos. En este sector de la población el déficit de vivienda aumentó. http://www.valor.com.br/brasil/3350444/deficit-habitacional-cai-no-geral-mas-cresce-na-baixa-renda-diz-ipea#ixzz38fDhLbf9
11/ “Las clases respiran desde el momento en que, al situarse de desigual manera en la génesis de riqueza, en cuanto a los medios de producción fundamentales, y respecto al consumo de excedente, sus intereses son distintos, aunque las facciones involucradas, en particular, las clases dominadas, puedan no ser conscientes de esos intereses... la construcción de una conciencia en torno a los intereses de clase por una clase, es una elaboración que llega más tarde, pero que supone la existencia de la clase que arribará a esa conciencia”. Edgardo Adrián López, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta capital, provincia de Salta, Argentina. http://www.fisyp.org.ar/media/uploads/thomp17.pdf
12/ Human Rights Watch denuncia torturas no Brasil e acusa 150 policiais Gazeta do Povo 28 07 2014. http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1487151
13/ Fabio Araújo. Das Consequèncias da “Arte” Macabra de Fazer Desaparecer Corpos - Violência, sofrimento e política entre familiares de víctima de desaparecimento forçado. http://es.scribd.com/doc/131456664/Tese-Fabio-Versao-Final
Daniel Cerqueira. “Mortes Violentas Não Esclarecidas e Impunidade n o Rio de Janeiro” Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Enero 2012. Michel Misse, Quando a polícia mata. Libro ISBN: 9788577291380, 196 páginas 2013. http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15129
Alba Zaluar y Christovam Barcellos “Saúde Urbana – Homicídios no entorno de favelas do Rio”. IESP - Universidad Estadual de Rio de Janeiro y Fiocruz. Ver reseña en link: http://www.icict.fiocruz.br/content/pesquisa-realizada-pelo-icict-avalia-novos-rumos-para-politica-de-seguranca-do-rio
Ignácio Cano No Sapatinho A evoluçao das milicias no Rio de Janeiro 2008-2011 Versión PDF.http://br.boell.org/downloads/no_sapatinho_lav_hbs.pdf
14/ Giuliander Carpes. Desaparecidos y Esquecidos. Brasil de Fato 27 02 2014.http://www.brasildefato.com.br/node/27590
15/ CPI do Amarildo: deputado propõe comissão para investigar desaparecimentos no Rio. SRZD 04 10 2013.http://www.sidneyrezende.com/noticia/21785
16/ Censo 2010 mostra as características dos aglomerados subnormais e suas diferenças das demais áreas das ciudades - IBGE 06 11 2013. http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2508
17/ Flavia Villela. Policiais haitianos estão no Rio para conhecer programa das UPPs Agência Brasil 29 01 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/policiais-haitianos-estao-no-rio-para-conhecer-programa-das-upps
18/ Sônia Fleury Megaeventos y violación de los derechos humanos en Rio de Janeiro. Instituto Humanitas -Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 28 05 2013. http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/520433-entrevista-especial-com-sonia-fleury
19/ La Força Nacional de Segurança Pública con sede en Brasilia (Distrito Federal) fue creada en la primera presidencia de Lula y depende de la Secretaria Nacional de Segurança Pública, del Ministerio de Justicia. El comando se comparte entre la Policía Federal y la Policía Militar y tiene una unidad de élite denominada batallón especial de despliegue rápido. Al parecer como las nutridas y variadas fuerzas represivas federales y estaduales no eran suficientes el gobierno de PT agregó un nuevo escuadrón.
20/ Força Nacional permanecerá no Morro do Santo Amaro por mais 90 dias Agência Brasil 21 07 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/forca-nacional-permanecera-no-morro-do-santo-amaro-por-mais-90-dias
21/ Portaria 3461 do Ministério da Defesa ¿Criminalização das ruas? EcoDebate e Instituto Humanitas Unisinos – IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, RS. http://www.ecodebate.com.br/2014/01/22/portaria-3-461md-do-ministerio-da-defesa-criminalizacaodas-ruas/
22/ Juiz militar admite tortura e prisões ilegais na ditadura Comissão Nacional da Verdade 31 07 2014. http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/513-juiz-militar-admite-tortura-e-prisoes-ilegais-na-ditadura
23/ Você sabia que no Brasil você ainda pode ser julgado por um tribunal militar? Desmilitarização da Justiça.http://desmilitarizacaodajustica.meurio.org.br/
24/ Lia Imanishi Rodrigues. Milicias como no tempo da ditadura 17 07 2014.http://outraspalavras.net/brasil/milicias-como-no-tempo-da-ditadura/
Preguntémonos cómo en
el Foro
Mundial del Pensamiento Crítico en Buenos Aires, convocado por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y a una semana de la
Cumbre del G20, también en CABA, no se desfetichizó al Estado ni se
demistificó a los líderes progresistas ni se cuestionó seguir menospreciando
a los pueblos y persistir en el vanguardismo, el paternalismo y el
autoritarismo del presidencialismo acérrimo que concilia con el capitalismo
e imperialismos.
Es hora de valorar:
Haití se levanta contra la corrupción,
el nepotismo, la
represión y la impunidad.
22 de
noviembre de 2018
Por
Jean-Luc
Mercier
(Rebelión)
El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el
nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el
despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y
75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.
Petrocaribe
es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez
en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del
Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser
invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y
sociales. Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han
logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de
esos fondos.
Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215
aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al
tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente
Jovenel Moïse.
Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de
3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones
en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo
Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío
de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.
Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800
millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al
Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento
y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más
manifestantes.
Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron
vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente
Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo
Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia
del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han
negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que
tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para
conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó
el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.
Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en
llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto
Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados
y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el
comercio informal quedaron completamente paralizados.
Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular,
aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel
Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del
mandatario.
Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a
exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en
el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido
procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de
dólares, según una investigación del Senado.
El líder opositor Moisés Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en
declaraciones a la prensa, que sólo con la salida del presidente Jovenel
Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.
El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en
octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente
electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis
política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del
vencedor se pospusiera por más de un mes.
De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha
Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de
noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga
Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal
electoral.
La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias
de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de
Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo
Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo
irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.
La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y
finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los
ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de
2016.
Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de
Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la
educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe,
considerada como el mejor centro académico privado de Haití.
"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el
departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del
país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se
detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con
la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.
Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década,
secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del
rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios
relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios
relacionados con la agricultura.
Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana
fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró
en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al
electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas
poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".
Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le
llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible
gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el
partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo
público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más
conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de
corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.
Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de
fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad
política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes
de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las
personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de
acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la
educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor
parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es
también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una
discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La
discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y
ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está
totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan
todo el país.
El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda
hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido
las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz
suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las
políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2%
y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir
con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como
desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme,
profesor haitiano e investigador para la paz
Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.
Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al
aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida
acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el
presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.
Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.
Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%,
del diésel en 47% y el del kerosene, utilizado por la mayoría de los
haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en
51%..
Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de
Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte
de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que
tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el
déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.
La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.
Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se
prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un
dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el
país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones.
Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de
dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca
transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una
situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.
Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que
acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que
hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la
ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo
300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La
mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.
El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘onegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”
El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una
necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y
sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la
paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué
no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informatico Ecuménico y
Popular.
La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de
los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado
capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y
ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa
a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez
más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.
Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El
periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011
con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en
España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado).
Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga
experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado
por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos
los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas
de negocios.
En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.
Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una
investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam,
cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual,
negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según infomó el ministro de
Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente
Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó
que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).
Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la
cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a
más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe
se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales
miles de personas siguen viviendo en campamentos.
El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).
Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro
Latinoamricano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Advirtamos los progresistas e izquierdistas afines demonizan o
descontextualizan al neoliberalismo y al imperialismo de Estados Unidos pero
no ponen en debate al capitalismo de modo que pueden ilusionar de
humanizarlo y eludir el balance crítico de sus gobiernos promotores de los
extractivismos y estados represores. También ocultan cuál es la democracia
de Colombia o México hacia donde tienden las del Abya Yala:
"El
paramilitarismo es
el alma del Estado en Colombia".
22 de noviembre de 2018
Por
Nathali Gómez
(RT)
El periodista colombiano Hernando Calvo Ospina, exiliado en Francia
desde los años 80, tras haber sido desaparecido, torturado y preso, analiza con
RT la conformación de las fuerzas paramilitares en el seno del Estado
colombiano.
El escritor y
periodista colombiano Hernando Calvo Ospina es directo:
"El Estado en
Colombia es la fuerza más asesina del país".Esta afirmación no la hace a la ligera. Ha investigado exhaustivamente el tema y parte de su trabajo ha quedado plasmado en el libro 'El terrorismo de Estado en Colombia', publicado por la editorial venezolana El perro y la rana y presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro en Venezuela.
Calvo Ospina posee una historia personal tan desconcertante como la información que desmenuza con precisión sobre la oligarquía colombiana y su relación con la violencia que ha asolado al país suramericano desde hace unos doscientos años.
Este escritor, que nació hace 57 años en Cali, Colombia, mientras fue estudiante de Periodismo en la Universidad Central de Ecuador, en Quito, fue detenido arbitrariamente y desaparecido por fuerza militares colombianas y ecuatorianas. Corría el año 1985.
Durante varios días fue torturado por ser un sospechoso habitual, es decir, ser un colombiano de izquierda con supuestos nexos con la guerrilla del M-19, que había retenido a un empresario ecuatoriano.
Como su presunta relación con el grupo irregular no fue demostrada, fue apresado sólo durante tres meses. De Ecuador fue enviado a Perú, tras la presión internacional por su caso. Sin embargo, debido a que el entonces presidente Allan García lo declaró 'persona non grata', voló a París, cuyo gobierno lo acogió. Era 1986.
Estado y paramilitarismo
En las casi
cuatrocientas páginas de su texto, Ospina traza de manera precisa la relación
que existe en Colombia entre el Gobierno, las clases privilegiadas, las empresas
transnacionales y el paramilitarismo.Al conversar con RT en Caracas sobre su libro, es tajante: "El Estado colombiano es responsable de más de 95 % de las violaciones a mujeres, a niños, de crímenes atroces, porque el paramilitarismo es el alma del Estado en Colombia".Esta afirmación se encuentra sustentada en su investigación, donde sitúa la conformación del paramilitarismo en los años cincuenta, cuando es legalizado como "autodefensa" ante los grupos subversivos. Ya en 1965 un decreto de la Doctrina de Seguridad Nacional permitía la constitución de estos grupos conformados por civiles que trabajaban en la defensa para el Gobierno. Tres años después ya gozaban de un estatus legal.
"Los paramilitares en Colombia nacieron antes de que los inventara EE.UU.", afirma el escritor, que agrega que el nivel de contrainsurgencia que existe en su país "es una escuela".
¿Dónde está el problema?
Calvo Ospina
sitúa el origen de la problemática de su país, al que no ha podido volver, en la
"intransigencia política".
"No hay la
posibilidad de una fuerza política alternativa, que se vaya a desarrollar,
porque le 'cortan la cabeza'", expone.De ese tema habla en su obra al hacer un recorrido histórico por la acción de figuras como el militar y político colombiano Francisco de Paula Santander (1792-1840), al que denomina como "el primer gran ejemplo de la traición e intransigencia política de la élite colombiana", que según su opinión, "vio en el asesinato de Simón Bolívar la sola posibilidad de desmembrar a la Gran Colombia".
En un recorrido de doscientos años, el también autor de 'Colombia, laboratorio de embrujos' recuerda la participación de la oligarquía criolla enfrentada a la peninsular por el poder, durante la Independencia, y la explotación y "ansias de lucro" de la clase dominante dueña de cultivos de café, cacao, caucho, bananos y de minas de metales preciosos.
La tierra
El problema en
Colombia y el resto de América Latina sigue siendo el mismo: la tenencia de la
tierra.Las condiciones para los trabajadores de la tierra y productores de rubros como el café, la papa, el plátano y el arroz son muy precarias y los precios que les dan por sus cosechas son muy bajos, continúa Calvo Ospina. Por esta razón, algunos se dedican a cultivos como el de la coca.
"No hay carreteras para sacar el producto, no tienes lo necesario para tener una buena producción. Es mucho más fácil con la coca, te dan todo: la semilla, los pesticidas", lamenta.
Así, desde su punto de vista, "el sistema está hecho para que el campesino siga produciendo coca porque la pagan bien", pese al impacto social negativo que causa.
El escritor se refiere también a los rubros que fueron iconos en la producción agrícola colombiana y que desde hace unos años son importados. "Nos debería dar vergüenza que el café que toman los colombianos sea de otro lado", expresa. La producción del mejor grano va al exterior y más de 80 % del que se consume internamente proviene de Ecuador y Perú, recoge La Tierra Esclava.
El vecino incómodo
Por otro lado,
Calvo Ospina cataloga la situación económica como "grave": "la mayoría de la
población tiene para escoger entre nada y nada".El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, refiere un crecimiento económico de 2,7 % en el tercer trimestre de este año, pero en 2017, el 26,9 % de los colombianos se encontraba en pobreza monetaria y un 7,4 % en extrema, según el mismo organismo.
Según el periodista, tanto la problemática económica como la política o militar hacen que "el principal problema que tiene Venezuela es un país que se llama Colombia".
"Desde la frontera en Cúcuta, hasta Bogotá, se vive de la gasolina venezolana, de alimentos, de medicinas subsidiadas por el Estado venezolano. Es una realidad. Si la frontera se cerrara veríamos a Cúcuta, Bucaramanga, pasando hambre", afirma.
El Gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente el contrabando de extracción que se hace del combustible y productos de uso prioritario, además de la moneda local que es vendida por un precio más elevado que su valor nominal en el país vecino. Según expertos, en 2015 unos 45.000 galones de gasolina ingresaban diariamente de manera ilegal a Colombia.
A principios de noviembre de este año, Caracas informó sobre la muerte de tres militares venezolanos en una "emboscada paramilitar" en el estado fronterizo de Amazonas. En esa oportunidad, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que Bogotá se había negado en varias ocasiones a establecer comunicaciones para tratar temas comunes, entre ellos el de la seguridad.
Democracia genocida
Calvo Ospina
dice sin ambages: "La democracia más genocida que he conocido es la de
Colombia", y apoya su afirmación en cifras: la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), recoge en su libro, determinó que entre 2002 y 2005,
durante el gobierno de Álvaro
Uribe, hubo 2.750 homicidios y desapariciones por
parte de grupos paramilitares.
Según la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
para los Derechos Humanos, en un documento del año 2000, el Estado colombiano
debe hacerse "responsable por omisión, tolerancia o apoyo de los crímenes
cometidos por esos grupos cobijados en las Autodefensas Unidas de Colombia",
plasmó en su texto.
Además, según
el Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, las Fuerzas Armadas
asesinaron extrajudicialmente a 3.330 personas en el 2003; 818 en el 2004; y
1.037 en el 2005.Incluso la Comisión Intercongrecional de Justicia y Paz, cuyo cálculo incluye en su obra, compara los fallecidos y desaparecidos durante la democracia en Colombia con los del cono sur en las dictaduras.
- En la presidencia de Virgilio Barco (1986-90) la cifra es de 13.635 víctimas.
- En el periodo de César Gaviria (1990-94), corresponde a 14.856.
- Durante agosto 2002 y junio 2004, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue de 10.586.
Al ser consultado sobre la perspectiva de
cambio en su país, tras el 44 % del total de la votación que obtuvo el
excandidato presidencial Gustavo Petro en los pasados comicios de junio, en los
que resultó ganador Iván Duque, dice que no es optimista. "No conozco oligarquía
tan sangrienta y tan tonta como la colombiana", concluye.
