domingo, 17 de agosto de 2014

Qué mundo edifican los BRICS se desprende de su subordinación a la acumulación global del capitalismo.

Protagonizan la tendencia de ésta a maximizar
la súper explotación de los pueblos y la naturaleza.
 Averigüemos porqué la reunión de los BRICS en Fortaleza, Brasil, creó el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y no asumió el boicot contra el Estado terrorista de Israel que está exterminando al pueblo de Palestina:

Los BRICS… o ¿el entierro de la iniciativa latinoamericana?

  
BRICS es la sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque de naciones de los llamados “mercados emergentes” que desde 2008 (Sudáfrica se incorporó en 2011) vienen reuniéndose y articulando políticas con la idea de contrapesar a la Unión Europea y los Estados Unidos. Tienen en común sus extensos territorios, enormes poblaciones, una gigantesca cantidad de recursos naturales y PBIs que han crecido fuertemente en la última década -si bien Brasil acusa un marcado declive en los últimos años. La tesis que conlleva este agrupamiento es que serán las economías dominantes del globo hacia el 2050. Para orgullo de la cancillería brasilera inicia con la “B” mientras esconde la “C” de China que es la verdadera artífice de esta iniciativa.
Más allá de las declamaciones de la presidente Dilma Roussef de que los BRICS no buscan una nueva hegemonía y de que los países de la UNASUR tendrán “una oportunidad de comenzar un diálogo constructivo con naciones con las que existen muchos intereses compartidos”, varios expertos en relaciones internacionales sostienen que los BRICS están enterrando la iniciativa de integración y emancipación latinoamericana con la que nació la UNASUR y que se da en coincidencia con la muerte de Hugo Chávez. También otras voces saludan la aparición de este actor y señalan el “fortalecimiento de las relaciones sur-sur”… Habrá que ver cuál será el carácter de estas “relaciones”.
Elaine Tavares del IELA (Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Santa Catarina, Brasil) sostiene que: “El proceso de integración latinoamericana que tuvo un profundo crecimiento durante la ascensión del presidente Hugo Chávez en Venezuela está cada vez más roto. Todas las ideas de unión de los países de la Patria Grande, como la creación de Telesur para la diseminación de la cultura que nos une, hasta la creación del Banco del Sur, que debía ser la alternativa de los países para la lógica del FMI, están en franco decline. Ya no soplan más vientos revolucionarios de la parte norte de América del Sur. Venezuela, sin Chávez, se desmorona; Ecuador busca articulaciones con la Comunidad Europea; Bolivia sigue su camino en soledad y Cuba intenta sobrevivir en las revueltas aguas de una economía que no tiene mucho por donde avanzar. Así que el núcleo duro del cambio que incendiara a América Latina en el inicio del siglo XXI ya no está más agitando la posibilidad de una integración propia, abyayálica.”
El punto central de la reunión de los BRICS en Fortaleza, Brasil, fue la creación del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS con un capital inicial de 50.000 millones de dólares aportado por las cinco naciones en partes iguales, y un Acuerdo de Reservas de Contingencia, fondo que contará con 100.000 millones de dólares y al que el mayor aporte lo realizará la República Popular China. Los representantes de los BRICS en las declaraciones oficiales afirman que la unión de todos en un proyecto de banco de fomento significará autonomía para actuar con otro modelo de desarrollo, que una crecimiento económico con sustentabilidad e inclusión.
Para el profesor de Economía y presidente del IELA, Nildo Ouriques, esa es una idea que no se sustenta en la realidad.
“¿Qué son los BRICS? Iniciales de algunos países con pesos distintos y proyectos distintos. En verdad, sólo existe un país que tiene una estrategia afirmada de hegemonía en el mundo, que es China. Sólo ella tiene un proyecto de transformación en su interior, en el estado nacional, y a escala global. Los demás son coautores de un guión que no dominan bien, países que siquiera tienen un proyecto nacional de desarrollo”.
Ouriques sostiene que el Banco de los BRICS es una oposición abierta al Banco del Sur, iniciativa de Chávez que Lula boicoteó en la práctica más allá del apoyo declamado. “La aceptación de un Banco de los BRICS es la subordinación de la integración latinoamericana en nombre de un proyecto que es chino. El Banco del Sur, que sería una propuesta latino-americana, es una idea extraordinaria que podría generar grados de autonomía en áreas importantes como ciencia, tecnología y cultura. Renunciar a eso es seguir en la dependencia”.

Hacia el “consenso de Beijing”

Ariel Slipak, economista de la UBA y doctorado en la Universidad de General Sarmiento, describe la situación de China. “En simultáneo a los cambios en las formas de producción y acumulación global –las cadenas globales de valor se reorganizan desplazando gran parte de las actividades manufactureras hacia la región de Asia-Pacífico–, se produjeron en China reformas económicas y políticas que permitieron la consolidación de este país, hacia inicios de la segunda década del siglo XXI, como la segunda economía del planeta detrás de Estados Unidos, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense, el principal productor mundial de manufacturas y el quinto emisor global de inversión extranjera directa (IED). No es menos importante agregar que las altas tasas de crecimiento económico han ubicado también al país asiático como el primer consumidor global de energía eléctrica y el segundo de petróleo”.
Los cambios citados produjeron una creciente necesidad de China de productos básicos provenientes de actividades primario-extractivas lo que se tradujo en un fuerte incremento de los vínculos comerciales con América Latina desde la década de 1990, así como en el desembolso de inversión directa en la región a partir de 2009-2010 y en crecientes vínculos diplomáticos.
Un ejemplo nítido de la influencia creciente de las transnacionales chinas se cristaliza en que, hacia 2013, 89 firmas de las 500 de mayor facturación global son de capitales de ese origen. De ellas, tres se sitúan entre los diez primeros lugares (Sinopec, presente en Santa Cruz, y China National Petroleum, del rubro hidrocarburífero, y State Grid, abocada a la construcción)*1.
Los “optimistas” ven oportunidades en la relación China-Latinoamérica. Haciendo una lectura histórica de lo que ocurrió en la historia argentina y citando a Jauretche, nos preguntamos si estamos cerca de cambiar una vez más de collar para seguir siendo perro. De la relación monopólica con la España colonial, los vientos republicanos y liberales nos llevaron a recostarnos en los brazos de la corona británica y sus agentes comerciales y bancarios. Iniciado el siglo XX dejamos la relación servil con albión para pasar a la órbita del influjo estadounidense y ahora los gritos de sirena de los gerentes locales del capital se aprestan a darnos de comer chop suey por un nuevo período histórico. Parece ser que Brasil se apresta a ser el capataz de la estancia esta vez.
Fuentes originales: 
*Ariel Slipak. “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»?” en Revista Nueva Sociedad Nº 250, marzo-abril 2014.
*1: Fortune. “Global 500: The 500 Largest Corporations in the World”, 2013.

Fuente: http://www.laolla.tv/2014/07/los-brics-o-el-entierro-de-la-iniciativa-latinoamericana/

Tomemos conciencia del espejismo implícito en:

 

Expectativas con los BRICS
11 de julio de 2014

Por Julio C. Gambina
Existen expectativas, en el país y en la región por las presencias en estos días de los gobernantes de Rusia y de China, dos de los grandes que disputan su lugar en el poder político y económico mundial. Vladimir Putin y Xi Jinping, pasarán esta semana por Argentina, donde se esperan inversiones externas para sostener y potenciar la economía local en recesión.
Entre otras inversiones están las comprometidas por China para las represas en el Sur y la red ferroviaria, también las probables en hidrocarburos que pudiera ofrecer Rusia. Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que transformará en Ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.
La lógica de la inmunidad para otorgar seguridad jurídica a las inversiones externas reproduce la esencia de la institucionalidad de los tratados de libre comercio, o los tratados bilaterales de inversión, todos en defensa de inversores externos y por los cuales la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.
 (…)La razón comunicativa apunta a desmarcar el modelo productivo de los BRICS respecto de la especulación exacerbada en tiempos de una crisis que iniciada en 2007/8 no termina de ser superada. Es un dato que la burbuja financiera sigue expandiéndose y puede explotar nuevamente, lo que servirá como excusa para potenciar el ajuste y la regresiva reestructuración del orden capitalista, tal como se generaliza ahora en territorio europeo, último bastión del reformismo capitalista, Estado benefactor mediante.
La afirmación resulta más vigente ante la situación generada por el fallo estadounidense contra la Argentina. Se intenta mostrar la existencia de dos caras del capitalismo. Una despreciable radicada en la especulación financiera, los fondos buitres y otra apreciada en lo productivo, como si pudiera escindirse la producción de la circulación. Como si las transnacionales petroleras, mineras, tabacaleras, farmacéuticas, automotrices, de la comunicación, la energía o el transporte, entre otras, fueran menos buitres que Goldman Sachs, el City, El Santander, el Bilbao Viscaya, u otras entidades del sistema financiero mundial, incluido el Banco Mundial o el FMI
Para ser más precisos, la producción de hidrocarburos de Rusia necesita de la inversión y tecnología de las transnacionales privadas del petróleo; del mismo modo que la fábrica china es resultado de inversiones provenientes del capitalismo desarrollado para valorizarse en territorio oferente de abundante fuerza de trabajo barata.
Ambos países, Rusia y China, son parte del ciclo mundial del capital y forman parte del fenómeno de los países emergentes, es decir, importantes receptores de inversiones externas en tiempo de baja rentabilidad en el capitalismo desarrollado. Rusia se destaca en la economía mundial capitalista por sus cuantiosos recursos naturales, especialmente petróleo y gas. China es el país más poblado del mundo, con un 20% de la población mundial, sustento de la ampliación de la relación salarial a escala global.
Es más, los excedentes generados por esa producción terminan financiando el déficit fiscal de EE.UU. y sosteniendo la militarización de la sociedad mundial que domina Washington.
La reconquista de Rusia y de China para el régimen del capital era una aspiración que se logra en el último cuarto del Siglo XX. No solo producción y circulación mundializada, sino en una territorialidad única, abierta a la libre circulación del capital. Es un objetivo que continúa ampliándose con renovados tratados de libre comercio y por la seguridad de las inversiones externas.
Con la caída del socialismo en el Este de Europa en los 90´, y especialmente la desarticulación de la Unión Soviética, fue gigantesco el flujo de inversores externos para consolidar el nuevo rumbo del capitalismo en esos territorios. Con la modernización de China y el Socialismo de Mercado desde fines de los 70´, se atrajeron enormes cantidades de financiamiento para la expansión  de las relaciones capitalistas hasta convertir al país de Mao en el de mayores reservas internacionales acumuladas y gran prestamista de la potencia hegemónica del capitalismo mundial.

¿Emergentes o independientes?
Ambos procesos son funcionales al desarrollo capitalista contemporáneo, ahora como países emergentes. El problema no es ser emergente, sino independiente. Es una cuestión nacional y de articulación regional contra el orden mundial del capitalismo contemporáneo.(…)

 Veamos una prueba central de la criminal mentira implícita en "gobierno nacional, popular y de derechos humanos:

Los rasgos del “Efecto China” y 

sus vínculos con el extractivismo en América Latina
9 de febrero de 2014


Por  Emiliano Teran Mantovani* (OPSur).

(…) La política oficial del gigante asiático para América Latina (2008) enuncia que “ China tratará a los países latinoamericanos y caribeños en pie de igualdad y respeto mutuo (…) De acuerdo con el principio de beneficio recíproco ” [25]. Sin embargo, la disputa geopolítica, los intereses estratégicos chinos, y en primera instancia, la lógica del capital, orientan esta relación hacia la profundización de nuestra función específica en la División Internacional del Trabajo y de nuestra condición de dependencia sistémica, en un contexto de crisis global que incrementa las vulnerabilidades de nuestra región.

La orientación extractivista de esta relación sino-latinoamericana se hace evidente al comparar el porcentaje de exportaciones de bienes primarios respecto a las exportaciones totales de América Latina en el mundo entre 2008 y 2012, que fue de 56%, y las exportaciones de la región sólo al país asiático, que en bienes primarios representaron la significativa cifra de 86,4%. Si advertimos que el 63,4% de lo que importa China son bienes manufacturados [26], se hace más notorio el papel de provisor de commodities que los asiáticos necesitan que cumplamos, lo que va en dirección opuesta a las reivindicaciones históricas de que Latinoamérica salga de la dependencia de únicamente vender naturaleza al mercado mundial capitalista.
Varios países de la región han visto como prácticamente se duplica su dependencia en la exportación de bienes primarios a China, tales como Brasil (hierro y soja), Argentina (soja), Perú y Chile (cobre y metales no ferrosos para ambos países) [27] . Lo que es fundamental resaltar, es que mientras China crece en importancia como mercado de exportación y genera presiones a la profundización del extractivismo en la región, cae el peso de la exportación de bienes manufacturados respecto al total de ALC, pasando de representar el 53% del total de exportaciones en 2002, al 39,7% en 2012, típico efecto de los ciclos de crecimiento y boom de los ingresos rentísticos por commodities. Además, desde 2008, el 70% de las exportaciones latinoamericanas a China provienen sólo de 6 sectores de 2 o 3 países cada uno, lo que refleja notables niveles de concentración extractiva de productos en su mayoría no refinados, que expone a la región a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos [28] , en buena medida influidos por la especulación financiera.
El posicionamiento de las mercancías chinas por la vía de la importación en numerosos países de la región está estrechamente vinculado con las consecuencias “desindustrializadoras” propias del llamado «Efecto China». Nueve de las principales diez importaciones provenientes de China hacia ALC son manufacturadas con un fuerte énfasis en electrónica y vehículos. El tipo de producto manufacturado que se importa primordialmente (en orden de importancia relativa) son equipos y repuestos de telecomunicaciones (9.3% 2008-2012), máquinas y equipos de procesamiento automático de datos (3.8%), barcos, botes y estructuras flotantes (4.0%), instrumentos y aparatos ópticos (3.3%), productos derivados del petróleo (2.7%), calzado (2.5%), maquinaria y aparatos eléctricos (2.3%), motocicletas, ciclomotores, bicicletas y carros (2.0%), repuestos para máquinas de oficina (2.1%), carritos de bebé, juguetes, juegos y productos deportivos (2%) [29] . ¿Son estas importaciones las más convenientes para favorecer a un proceso de transición hacia modelos menos dependientes del capital globalizado?
Las muy significativas diferencias en precio y productividad de la industria china en comparación con la mayor parte de la producción industrial de la región genera grandes presiones que reafirman los procesos de reprimarización económica e impulso extractivista, profundizando los rasgos de la relación funcional centro-periferia. Mientras los exportadores latinoamericanos dependen de unos pocos productos básicos, vulnerables a las fluctuaciones de precios, las exportaciones chinas manufacturadas hacia la región, que son más diversas y menos concentradas, han crecido en cantidad y valor al punto que desde 2011 existe un déficit en la balanza comercial de ALC. Estos efectos mencionados en general, tienen muy importantes implicaciones en el curso de las transformaciones políticas que vive Latinoamérica.

Venezuela, el “Efecto China” y la acumulación por desposesión
China es hoy el segundo socio económico de Venezuela (según estudio del INE) y un aliado geopolítico estratégico. El gigante asiático es uno de los principales inversores en los proyectos de explotación petrolera de la Faja del Orinoco, acompañando al gobierno nacional en su objetivo de aumentar la cuota extractiva en el futuro próximo. China importa casi el 12% del petróleo que consume de América Latina, siendo que cerca de la mitad de éste (46%) proviene de Venezuela.
Según expresara en su momento el presidente Chávez, entre 2001 y 2011 se suscribieron más de 350 acuerdos e instrumentos entre ambas naciones [30] principalmente en áreas de infraestructura —como un proyecto de ferrocarril y la Gran Misión Vivienda Venezuela—, energía, agricultura, minería, petroquímica y transporte, entre otros. Estos proyectos están siendo financiados a partir de la creación del Fondo Chino, establecido una vez que Venezuela iniciara el suministro petrolero a los asiáticos en 2007, y los dos gobiernos firmaran acuerdos denominados de Cooperación Financiera de Largo Plazo para “acelerar el desarrollo social y económico de Venezuela” [31].
Destaca que Venezuela representa casi dos terceras partes del total del financiamiento de infraestructura que China dio en toda Latinoamérica (unos 28.000 millones US$) [32]. A su vez, será el país asiático quien financie nuestro camino a la ampliación de los proyectos de minería —insólito para el país con la mayor reserva de petróleo del mundo—, al firmar Venezuela un convenio a fines de 2009 por mil millones US$ (casi la cuarta parte de lo financiado para minería por China en ALC) con el CDB. La empresa transnacional china Citic elabora en la actualidad, junto con el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), el llamado mapa minero de Venezuela –«la exploración geológica de las reservas minerales en el país»–, misma empresa que, luego de la nacionalización del oro en 2011 por parte del Gobierno Nacional, firmó a fines de febrero de 2012 un acuerdo con éste, en la figura de empresa mixta, para la explotación de oro en una de las minas más grandes del mundo, Las Cristinas —unas 17 millones de onzas de reservas estimadas [33] .
Además de créditos en forma de financiamientos conjuntos para inversiones discrecionales, un préstamo para el proyecto de refinería Abreu e Lima (2011), y otro para compras de productos relacionados con el petróleo (2012), en 2010 se estableció específicamente una línea de crédito relacionada con el comercio. El plan de créditos de 20.000 millones US$ del Fondo Pesado (2010) también se orienta a proyectos e importación de bienes chinos. Esto se conecta, por ejemplo, con la ampliación en el mercado venezolano de teléfonos celulares marca Haier, y las facilidades de bajos precios y créditos a largo plazo y sin intereses de aires acondicionados, televisores, lavadoras, entre otros, en el marco de la Misión Mi Casa Bien Equipada [34] y la llamada “Cédula del Buen Vivir”.
La recreación de una sociedad de abundancia sostenida en la renta petrolera y articulada a tratados comerciales externos, tiene su génesis en la firma por parte de Pérez Jiménez en 1952 de la versión revisada Tratado Comercial entre EEUU y Venezuela de 1939 para mantener condiciones muy favorables para la importación de bienes manufacturados de ese país, en “defensa del acceso del público a bienes de alta calidad a precios razonables”. La fórmula parece similar en la actualidad, pero sustituyendo en los tratados a los EEUU por China.
Es importante subrayar que los créditos chinos son pagaderos con petróleo, lo que implica que una serie de gastos y compromisos futuros, y la expectativa de realizar otros nuevos en nombre del mentado “desarrollo”, se respaldan en la naturaleza “rentable” que comprende el territorio nacional, y un porcentaje de la producción nacional se destina para pagar dichos préstamos, lo que en un contexto de severas dificultades y desequilibrios económicos en el país, amenazan con la viabilidad económica de la Revolución Bolivariana. Basta pensar en un hipotético escenario de caída de los precios internacionales del crudo —como ya ocurrió en 2009— para hacer más claro la notable vulnerabilidad de esta situación.
A estas alturas, aún si sumáramos los préstamos chinos, los del BID y del BM en América Latina desde 2005, tendríamos a Venezuela en primer lugar de la región en créditos adquiridos, destacando que sólo ella ha recibido casi la mitad de los mismos emitidos por China en toda ALC. El presidente del BANDES, Gustavo Hernández, reconoció en enero de 2014 que el financiamiento de China “supera en todos los tramos más de los 40 mil millones de dólares” [35], de los cuales, según afirmara en agosto de 2013 el Ministro para la Energía y Petróleo, se habrían cancelado 20.000 millones US$ [36]. La extensión de 5 mil millones US$ del Fondo Chino para “viviendas e industrias” depositada en diciembre de 2013, así como nuevas solicitudes crediticias, supondrían un aumento de la cuota de envío de petróleo al país asiático como pago de la deuda, que en la actualidad se encuentra en alrededor de 250.000 barriles diarios, lo cual achicaría y comprometería aún más los montos disponibles para gastos corrientes.
Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones que el tipo de encadenamiento bilateral que mantenemos con China pueden tener tanto en las pretensiones de transformar el modelo rentista y llevarlo a formas productivas alternativas —en el caso de las corrientes más voluntariosas de la Revolución Bolivariana, ir hacia el “Estado Comunal”—, como en las propias posibilidades de viabilidad futura de un proyecto social de inclusión popular nacional, en un mundo donde las fuerzas del capital globalizado presionan enormemente para avanzar hacia procesos masivos de acumulación por desposesión.(...)
* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y hace parte del equipo promotor del Foro Social Mundial Temático Venezuela.
Fuentes consultadas (…)


jueves, 14 de agosto de 2014

El desafío abajo es la revalorización de la honestidad y la solidaridad social.


Es negarse, desde la cotidianeidad grupal e individual, a 
subordinarse a la normalidad del sistema y
prestar atención e involucrarse en 
las luchas por el buen vivir de todos los de abajo.
Aclaremos que los significados de honestidad, solidaridad social y de su binomio indisoluble son los puestos en práctica durante la hominización. Hoy se dan como compromisos colectivos e individuales que van construyendo otro país-mundo posible. Consideremos porqué la CTEP se desvía de ese rumbo emancipatorio escuchando primero sus opiniones:
 

Agremiando la precarización laboral

Juan Grabois es militante y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y miembro del Consejo  Promotor Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Nos cuenta de qué se  trata.


MAREA: ¿Qué es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular?

Juan Grabois: La CTEP se conforma como organización sindical que aspira a reagrupar al sector de la clase trabajadora que, pese al importante proceso de crecimiento económico que atravesó nuestro país en los últimos años, quedó afuera de los derechos laborales, las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo.

M: ¿Cuándo nace? ¿Quiénes son sus integrantes?

JG: Nace a mediados de 2011 como herramienta reivindicativa promovida por organizaciones políticamente diversas como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Movimiento Evita, entre otros. Necesitábamos una herramienta gremial que nos permitiera luchar por los derechos laborales, organizándonos no ya por territorio, ni mucho menos por afinidad ideológica, sino por actividad: cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de programas sociales, artesanos, motoqueros, campesinos, obreros de empresas recuperadas, etc. 

M: ¿Cómo logran organizar tanta diversidad?

JG: La estructura actual de la CTEP es una estructura de transición. Nuestro Consejo Promotor Nacional está integrado por representantes de las entidades preexistentes: el MTE, el Movimiento Evita, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, MP La Dignidad, la Organización Los Pibes, el MTD Anibal Verón, el Movimiento 8 de octubre, MAREA Popular, entre otras. Nuestro objetivo es ingresar pronto en un proceso de “normalización” que permita sustituir el Consejo Promotor por una Comisión Directiva integrada por delegados de las distintas Federaciones por rama de actividad. Los “movimientos” pasarán a ser tendencias al interior de este sindicato.

M: ¿Por qué utilizan el término “economía popular”?

JG: Porque las unidades productivas “informales” están en manos de los sectores populares, en los barrios, en las casas, en la calle, en las plazas, en los espacios públicos. Además, nos aleja de la estigmatización propia del término informal.  

Esto no significa que la Economía Popular sea una prefiguración del socialismo ni mucho menos. En efecto, no hay que idealizar esa suerte de “capitalismo popular”: las relaciones sociales de la “informalidad”, en general, se estructuran en forma jerárquica e injusta, además de estar siempre “formalmente subsumidas” a la hegemonía del capital trasnacional.  En ese contexto, creemos que sólo el Poder Popular permitirá organizar a este sector económico en clave solidaria y transformadora. La intervención del Estado regulando, planificando, complementando y subsidiando las unidades productivas populares es fundamental para alcanzar los pisos de dignidad que nuestro pueblo se merece.
M: A mediados de septiembre, tanto el MTE como la CTEP se movilizaron al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles fueron las principales demandas de la movilización?

JG: En primer lugar, que los derechos laborales sean para todos: salario mínimo, asignaciones familiares, vacaciones pagas, obra social, ART, condiciones dignas de labor, un registro único de trabajadores de la economía popular, la posibilidad de reclamar ante un tribunal imparcial cuando hay arbitrariedad. En segundo lugar, el derecho a agremiarnos que establece la Constitución: que inscriban a nuestra organización como sindicato y que convoquen a paritarias populares para que trabajadores, empresarios y Estado busquemos una solución al trabajo informal y precario, negociemos las condiciones laborales en cooperativas y programas de empleo. En tercer lugar, que se eliminen la arbitrariedad y trabas burocráticas para que todos podamos acceder a los programas de empleo y capacitación como el PTA, Construir Empleo, Entrenamiento Laboral, Formación Profesional, etc.  En cuarto lugar, que se creen programas de formalización y dignificación para las distintas categorías de la economía popular: cartoneros, empresas recuperadas, vendedores ambulantes, ferias populares, motoqueros independientes, campesinos y agricultores familiares, cooperativas de infraestructura barrial, microemprendimientos, talleres textiles, etc.

M: ¿Qué respuestas han recibido de parte del ministro Tomada?

JG: El ministro Tomada permanece en una actitud autojustificatoria de su gestión, no tolera las críticas y adopta una posición defensiva frente a los reclamos en vez de buscar soluciones. Los canales de diálogo están abiertos y esperamos tener novedades en las próximas semanas.

M: ¿Cuáles creés que son los principales desafíos para las organizaciones populares de cara a los próximos años?

JG: En cuanto a los reclamos más concretos y coyunturales, además de la necesidad de trabajo de nuestros compañeros, nosotros caracterizamos que en la actual etapa sociopolítica se hace indispensable aprovechar estos meses para dejar bien parada a las organizaciones populares que en última instancia van a ser las que resistan cualquier avance de las corporaciones sobre las conquistas sociales; por eso apretamos el acelerador.

Personalmente creo que sin descuidar la necesaria construcción de una estructura política de cuadros, de una conducción alternativa verdaderamente popular para el movimiento nacional y latinoamericano, hay que priorizar el fortalecimiento, institucionalización y unificación de las organizaciones de base en los dos “espacios” emblemáticos en los que se desarrolla, silenciosa pero frontalmente, la lucha por la justicia social hoy: las villas y la economía popular. Por eso, la CTEP y la Corriente Villera son instrumentos complementarios de nuestro pueblo que tenemos que fortalecer desde la militancia, respetando siempre el liderazgo de los referentes surgidos de cada sector pero aportando sin miedo la energía de la juventud movilizada.
Fuente: mareapopular.org/revista/agremiando-la-precarizacion-laboral 



La CTEP no sólo apoya la conciliación de clases o la de los oprimidos con los opresores y desconoce que el Estado la impone para garantizar la seguridad jurídica de los últimos sino también se autopercibe, junto a la Corriente Villera, como sujetos principales del hacer realidad a la justicia social.

 
Pero la lucha por la justicia social en todas sus dimensiones está siendo concretada por asociaciones en diversidad de los de abajo. Es que el capitalismo, al maximizar el acaparamiento de los bienes comunes y destruir hábitats, interpela a una creciente mayoría y la compromete a participar. La motiva a afirmarse en la honestidad y solidaridad como principios básicos de una sociedad que aprecie la vida y la dignidad humana de pueblos e individuos.



Constatamos que los de abajo van creando poder de transformación social al ir destapando y juzgando: la conversión del transporte público en ámbito privilegiado de acumulación de los grupos económicos locales por contubernio con gobiernos y estados desde los noventa; el papel de gobierno y estado (en sus distintas jurisdicciones) de garantizar la impunidad de los grandes capitales locales e imperialistas; la destrucción tanto de comunidades como de ecosistemas por el progreso del modelo, a la vez, expoliador de todos los trabajadores y degradador de las condiciones de vida tanto urbanas como rurales.



Esta lucha popular o de la diversidad de abajo por justicia y contra la impunidad va avanzando en derrotar a las distintas facetas del progreso capitalista. Enfrenta al sistema que mata, enferma, discapacita y despoja de derechos a los de abajo. Instala en la agenda pública la importancia de los ideales para dejar de estar representados y gobernados por quienes miran en exclusivo el tener cada vez más dinero y propiedades. Visibiliza que nada de ideales sólo negocios personales hace que Carlos Tomada, Gerardo Martínez, la CGT de los Gordos, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad defiendan los intereses del poder económico e imperialista contra los trabajadores. Rompe con el mandato tácito "de eso no se habla" poniendo en debate al Estado corporativo. No sólo desenmascara que esos representantes se benefician sino sobre todo que posibilitan la superexplotación de sus representados, en constante intensificación desde que el neoliberalismo se implantó con terrorismo de estado  y paraestatal en los setenta.

En suma se está arraigando otra sociedad debido a las luchas, denuncias e investigaciones que se realizan a pesar de los problemas y amedrentamientos que este ejercicio de nueva ciudadanía acarrea. Se originan y adquieren firmeza en la honestidad-solidaridad que da sentidos verdaderos a la vida en común e individual y apasiona en erradicar el privilegio de las ganancias por sobre la vida y los derechos humanos de todos.
Un reto clave, para la comunicación popular y alternativa, es facilitar la deliberación creciente de los diversos de abajo que cuestione naturalizar la precarización tanto de su vida como de su trabajo y la idea fuerza de que el muy regresivo régimen tributario y la continuidad estructural neoliberal son asignaturas pendientes del gobierno CFK. Es empezar a profundizar en el modelo y en la "década ganada" así como a percibir que el elogiado crecimiento fue extraordinaria acumulación de riquezas y poder de los grandes capitales locales e imperialistas.

Durante más de una década, el gobierno K agravó la desigualdad e injusticia social. Es que el notable crecimiento implicó maximización de la concentración y centralización económico territorial. Significó consolidación de la transnacionalización de Argentina que fue posible mediante construcción de consenso y mediante represión. Esta última es la faceta oculta y ninguneada, silenciada e invisibilizada. Por eso es fundamental ver, desde 2003, el ataque al movimiento piquetero de Néstor Kirchner no sólo como imprescindible para desplegar la postconvertibilidad sino también por la identificación plena del Presidente con la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, firmada en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas que se realizó a fines de octubre de 2003 en México.
El presidente Néstor Kirchner aplicó la definición de la pobreza y la exclusión social como nueva amenaza a la seguridad hemisférica, dispone la ocupación policial y militarizada de tres grandes asentamientos precarios del conurbano bonaerense. Leer  En el año 2004 sigue profundizando la criminalización de la pobreza mediante reforma penal que es la ley Blumberg y además el código contravencional de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De resultas de la década K, en todo el país, hay cárceles superpobladas de jóvenes desposeídos y están bajo estado de excepción; y hay menores asesinados por el gatillo fácil.

En continuidad con los gobiernos constitucionales desde fines de 1983, el K no sólo siguió perfeccionando el saqueo a los fondos públicos con la justificación de des-endeudamiento y el consiguiente sometimiento del país a estados e 'inversores' imperialistas sino también prosiguió legalizando y legitimando al Estado terrorista. Ejemplifiquemos con la provincia de Chaco. Leer Recordemos Santa Cruz, Santa Fe, CABA y el conurbano bonaerense.


Ha habido descomunal despliegue de fuerzas de seguridad pública, privada y militarizada hasta llegar hoy a la prohibición de movilizaciones y protestas callejeras. Este proceso de afianzamiento de la democracia restringida no ha provocado reacción popular de envargadura. Es que durante más de una década rigió: "La disociación del discurso con la práctica ha sido una característica distintiva del kirchnerismo desde su asunción en el 2003". Pero esta explicación no basta. En fuerzas progresistas e izquierdistas y en la mayoría de los intelectuales con prestigio hubo contento de sentirse participando de un imaginado postneoliberalismo. Incluso ambas operaron para acallar y atacar el disenso de izquierda más que al de la ultraderecha. También dentro de las izquierdas no subordinadas al liderazgo K, actuaron quienes apreciaban medidas gubernamentales y convocaban a priorizarlas como si fuesen cambios a favor de los pueblos de Argentina y de Nuestra América.

Cuando los últimos le formulan propuestas a la Presidenta para resolver problemas fundamentales, es verificable que creen en el reformismo del capitalismo. No reconocen la continuidad CFK en la modernización del Estado que lo vuelva más eficiente para la transnacionalización económico territorial. Por eso, entre las distintas izquierdas nos debemos debates para esclarecernos mutuamente sobre qué cambios proponemos y analizar porqué es fundamental confrontar con el kirchnerismo, es decir, comprometerse con deconstruir conceptos y mitos imbuidos por los K pero, sobre la base, de una variedad de flaquezas de los izquierdistas para ser consecuentes con el binomio honestidad-solidaridad social.

¿Qué contenidos y sentidos tiene el indisoluble binomio honestidad-solidaridad social? Ante todo es anticapitalista. Porque exige, por ejemplo, superar:
  • El egocentrismo mediante la duda constante sobre sus conocimientos e ideas a reconstruir con los diálogos implícitos en su vivir y su hacer. Es ir creando el estar siendo con los otros más o menos distantes y distintos. Es desechar su pertenencia a círculos de iluminados y su constituirse en dueño de la verdad o en vanguardia. Es escuchar para aportar al intercambio propiciador de convivencia entre pares o a proyectos de buen vivir abajo.
  • La disociación entre su cotidianeidad y su rol profesional, entre su ideología revolucionaria y sus concesiones al sistema, entre su entrega a cuidar por la familia y su indiferencia a cómo se está destruyendo presente-futuro según planes de enriquecimiento sin límites de una minúscula minoría de la humanidad.
  • El acostumbramiento a tener miedo a expresarse, denunciar, rebelarse y la naturalización del malvivir, del maltrato, etc.
  • La fragmentación, la linealidad, el maniqueísmo y la descontextualización del pensamiento.
Sobre estos límites mayoritarios, el gobierno K ha conducido a la proliferación de mega emprendimientos destructores de los ecosistemas, las comunidades y el país que, en simultáneo, demandan una sociedad supercontrolada y sin conciencia de estar presa, amedrentada, sometida.
"Y nos siguen pegando abajo",  nos quitan defensas al consagrar la impunidad de los altos funcionarios y la casta política en la nueva ley Leer, nos militarizan y vuelven sospechosos.






La CTEP tiene presupuestos falsos:

  • "El Poder Popular permitirá organizar a este sector económico en clave solidaria y transformadora.
  • La intervención del Estado regulando, planificando, complementando y subsidiando las unidades productivas populares es fundamental para alcanzar los pisos de dignidad que nuestro pueblo se merece".
  • Las paritarias populares sean para que "trabajadores, empresarios y Estado busquemos una solución al trabajo informal y precario"
  • "Nuestro objetivo es ingresar pronto en un proceso de “normalización” que permita sustituir el Consejo Promotor por una Comisión Directiva integrada por delegados de las distintas Federaciones por rama de actividad"."Organizándonos no ya por territorio, ni mucho menos por afinidad ideológica, sino por actividad".

 
A diferencia de la CTEP, las organizaciones en lucha desde los diversos de abajo por la justicia social o contra el avasallamiento de derechos humanos afirman la dignidad de cada uno y todos los implicados al:
  • crear poder popular según y conforme se esmeran por concretar la solidaridad y las transformaciones propias de la sociedad mirando por necesidades e intereses populares;
  • denunciar y luchar contra el Estado capitalista, neocolonial.
La siguiente petición a las autoridades públicas ejemplifica razones de posicionarse a favor de la diversidad de abajo y en contra del Estado construido, fundamentalmente, por la dictadura genocida y por la democracia continuadora del proceso de reorganización del país para la acumulación de los oligopolios locales e imperialistas:

Iván Andrés Poncetta señala: (…) Esta nueva ley y sus normas violan los Derechos de los agricultores del Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), al no dejarlos hacer libremente prácticas agrícolas tradicionales como el simple hecho de guardar el excedente de grano de la cosecha anterior para la próxima siembra. Por esto prohíbe a los agricultores, comunidades campesinas y aborígenes la libre multiplicación, selección, mejoramiento e intercambio de semillas, procesos por los cuales se crearon todas las especies vegetales que hoy en día sustentan a la agricultura. El Tratado protege de la siguiente manera los Derechos de los agricultores: “El Tratado reconoce la contribución enorme que los agricultores y sus comunidades han aportado y siguen aportando a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Esta es la base de los Derechos de los agricultores, que incluyen la protección de los conocimientos tradicionales, y el derecho aparticipar equitativamente en la distribución de losbeneficios y en la adopción dedecisiones nacionales relativas a los recursos fitogenéticos. Otorga a los gobiernos la responsabilidad de aplicar estos derechos.” Por eso también se corrompe El Tratado al facilitar la privatización de los recursos fitogenéticos como la flora nativa de nuestro país y su biodiversidad agrícola, por parte de empresas extranjeras o nacionales. Esto solamente le abre las puertas a más cultivos transgénicos en el mercado, si nos ponemos a observar que para obtener el título de propiedad sobre una variedad vegetal nueva (Evento), no se exige que ésta sea significativamente más productiva ni siquiera tiene que ser inocua, solo hace falta la diferencia de un carácter y que éste sea capaz de transmitirse de manera homogénea en los individuos a través de las generaciones. Con sólo añadirles un gen y que este cambie algún rasgo fenotípico de las plantas, podrán ser inscriptas en el registro sin contemplar si es tóxica o no para los consumidores. Todo esto como dijimos genera un monopolio creciente en manos de pocas empresas permitiendo así en pocos años un apoderamiento total sobre las semillas, el primer eslabón en la cadena de producción de los alimentos. Lo que traerá un alza en los precios de ellas y consigo arrastrará una inflación inevitable en el valor de los alimentos, dejando al pueblo muy vulnerable ante esta situación. Ya sufriendo hoy en día las problemáticas económicas de tener el peso argentino tan devaluado, con respecto a la moneda mundial. No somos el primer país del mundo en querer aplicar esta ley de propiedad industrial sobre las plantas, en Chile está pasando lo mismo y ya hay experiencias en otros países como en la República de la India donde se ven las consecuencias negativas de este modelo. Con la introducción del algodón transgénico y malas políticas agrícolas por parte del gobierno, se han expulsado a millones de productores pequeños de sus tierras natales. Hoy en día se estima que más de 250.000 agricultores indios se quitaron la vida a causa de quedar en la ruina. Los rindes de algodón Bt tuvieron un incremento en las primeras cosechas y un posterior decrecimiento, lo cual sumado a la exagerada inflación en los precios de los insumos favoreció aún más la quiebra de los productores.

En mi humilde posición de ciudadano argentino creo que vivimos en un país en democracia y nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. El debate de este proyecto de ley se hizo puertas adentro entre el CONASE (Comisión Nacional de Semillas) y las corporaciones beneficiadas, dejando a los agricultores excluidos sin poder opinar sobre el tema. Esto una vez más es una falta grave ante nuestros derechos y se quebranta de nuevo  El Tratado. Por favor les pido funcionarios públicos que empiecen por escuchar al pueblo argentino quien fue que los votó, no se olviden que nosotros los pusimos en el lugar que se encuentran hoy.

Necesitamos un replanteamiento en nuestro modelo de producción agrícola nacional, porque la agricultura certificada no permite la sustentabilidad a lo largo del tiempo, imposibilitando así el abastecimiento adecuado del mercado en un futuro. Para ello debemos replantearnos también para quienes queremos producir, si para llenar los bolsillos de los grandes empresarios o para darle verdaderamente de comer al pueblo. El modelo de agricultura actual centraliza más de la mitad del recurso suelo en dos o tres cultivos, dejando en un espacio cada vez más reducido muchos de los alimentos que consumimos los argentinos. Por ende hay una baja disponibilidad de productos para mercado interno, lo que hace elevar su precio al haber poca oferta. 


Confío en su poder para comprender todos estos motivos y en su capacidad de razonamiento para discernir lo que es políticamente correcto, de lo incorrecto. Por eso tomé estos recursos para llegar a ustedes y pedirles que por favor no apoyen el nuevo proyecto para modificar la ley Nº 20.247, que violenta contra muchos derechos de los ciudadanos argentinos. 
¡Por estas y muchas otras razones decimos NO al avance de las multinacionales en el territorio argentino!
¡NO al nuevo proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas y aplicaciones biotecnológicas!
¡Por un proyecto de ley adecuado que respete las prácticas agrícolas tradicionales!
Colaborando con tu firma te estas ayudando a vos mismo y a muchos argentinos.
Muchas gracias. Leer

Aún más, el gobierno K ha culminado la reforma neoliberal del Estado al consolidar la perversión de la democracia representativa. No sólo por proyectar la prohibición de las movilizaciones y protestas callejeras sino también por legalizar la impunidad del estado y sus funcionarios de garantizar el privilegio de los súper negocios oligopólicos por sobre la vida y la dignidad de los pueblos.

PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012 SOBRE LA LEY DE LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
IRRESPONSABLES

Los integrantes del colectivo Plataforma 2012 repudiamos la ley de limitación de la responsabilidad del Estado frente a las demandas que pudieran presentar los particulares, que el oficialismo y sus aliados aprobaran de forma definitiva el pasado 2 de julio en el Senado Nacional.

La inconstitucionalidad de esta ley es manifiesta:
se ha establecido una nueva clase con privilegios, violando la igualdad ante la ley al restringir irracionalmente la responsabilidad del Estado y sus funcionarios/as por los daños que sus conductas y omisiones pudieran causar a un particular.

La ley transfiere las demandas contra el Estado de la justicia civil al ámbito más amigable de los tribunales administrativos; impide que la justicia establezca multas directas contra los funcionarios/as del Estado que no respondan a las obligaciones que se le impongan (multas como las que la justicia ha establecido en la causa de la contaminación del Riachuelo, frente a los funcionarios que incumplen con sus obligaciones de garantizar el saneamiento de la cuenca); considera que la responsabilidad del Estado por actividades legítimas es “de carácter excepcional”, que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”, y que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”. Esto significa, por ejemplo, que si por insolvencia, la empresa concesionaria no invierte en frenos para el transporte público, y por dicha razón se produce un accidente, el Estado –frente a un concesionario que no cuenta con recursos para pagar por los daños causados por su culpa- no asumirá ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
Repudiamos el dictado de una ley que va en dirección contraria a la exigida por la responsabilidad histórica del Estado; que viene a garantizar impunidad cuando lo que se requiere es asumir mayor compromiso estatal; que fue sancionada sin discusión técnica a pesar de la complejidad del tema, y de los reclamos recibidos al respecto, aún de parte de los legisladores; y que fue sustraída del debate y la atención pública, por las condiciones en las que se la aprobó.
Para medir la dignidad o estatura moral de un gobierno, es esencial prestar atención al modo en que el mismo responde a los mayores dramas que enfrenta, ya sea un atentado, una catástrofe natural, un intento de ruptura democrática, o una tragedia como la que ocurriera en Once. Ésta es, finalmente, la respuesta más importante que ha dado el gobierno frente a lo ocurrido: limitar aún más su propia responsabilidad y la de los funcionarios oficiales, haciendo más difícil para la ciudadanía reclamar y obtener justicia frente a hechos respecto de los cuales el Estado es principal responsable.
Plataforma 2012 - Grupo Promotor
plataforma2012@plataforma2012.org.a



A diferencia de CTP que procura condiciones dignas de vida y trabajo para su sector dentro del capitalismo aceptando la división de éste del trabajo e institucionalidad mediadora, cabe asumir el presente en acuerdo con la supervivencia pero, a la vez, enfocar la multiplicación de debates sobre la autoorganización popular para un futuro postcapitalista porque el sistema está en crisis estructural y ha hundido a la humanidad entera en crisis civilizatoria. Sin embargo el kirchnerismo ilusiona con el capitalismo serio. Es que la Presidenta sique convenciendo, por ejemplo, al decir:  “No voy a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones argentinas”, en relación al conflicto con los holdouts durante un acto en General Rodríguez. Hay una mayoría que prefiere el relato del gobierno CFK a escuchar e interpretar a las organizaciones populares en lucha que desenmascaran la mentira de esa afirmación presidencial y nos previenen de la desertificación (en todos los sentidos del concepto) causada por el modelo.
El enfoque del futuro postcapitalista arraiga en la resistencia a la privatización y mercantilización de los bienes comunes que es el modelo esencialmente extractivista exportador.También esta acumulación oligopólica de riquezas y poder implica optimización tanto de la superexplotación laboral como la represión a la protesta frente al creciente avasallamiento de derechos humanos.
Uniones en diversidad de los de abajo que abren caminos a poner fin a la impunidad de los poderes establecidos y constituidos las hallamos en la Multisectorial de Chaco y en las nacionalizadas como:

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia que expresa la realidad integral en:

Documento
24 de julio de 2014
 Compañeras y compañeros
Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.
Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta jornada nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa  de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el frackingy la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las  multinacionales saqueadoras de los recursos del país.
A medida que se profundiza el ajuste y la entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales  para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas.
En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg. Este gobierno-que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano. Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir ysuspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once. La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad de Ministerio de Trabajo. En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de  amparar a la patronal y reprimir la  resistencia de los trabajadores. Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el  movimiento obrero.Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúan como una pata más del Estado  contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores,  fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.
En materia represiva  los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión  contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y  que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy. Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron también durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones. El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata. Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan.
En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra los pacientes, los trabajadores y vecinos en el Borda donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista.  El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores.  Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar. Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.
El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo. Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al  Banco Mundial, a Repsol y al Club de París.Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.
El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.
El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a  gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes. En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar,por Fernando Esteche y Raul "Boli" Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados,por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta.
Desde esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas,desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.

La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales. Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales. El Proyecto X , el nombramiento de Berni  y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto. El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.
La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí, al igual que  los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega. Por eso, reafirmamos:
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
NI AJUSTE NI ENTREGA!

POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!

BASTA DE REPRESIÓN!

La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut  emite comunicado ante la impugnación de diputados a iniciativa popular

Diputados provinciales obstaculizan la participación ciudadana 

y generan conflicto de poderes.

La democracia participativa asusta al Gobierno
10 de julio de 2014
Pese a haber cumplimentado las instancias legales para su ingreso en Legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia elevó al Tribunal Electoral un pedido a fin de que se aplique diferente legislación para regular el proceso de verificación de firmas de la iniciativa popular contra la megaminería. A principios de junio la iniciativa popular de la UAC Chubut tomaba estado parlamentario transformándose en el proyecto de ley Nº 075/14. La minuta de la sesión del 3 de junio de la legislatura no deja lugar a dudas cuando fundamenta el envío a comisiones del proyecto de ley, dice: “con el porcentaje de firmas previsto en el Artículo 263 de la Constitución Provincial y con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley XII Nº5”. Esta legislación especial reglamenta el artículo 263 de la Constitución Provincial para ejercer el derecho de Iniciativa Popular. Establece los mecanismos, los plazos y la forma de recolección de avales. Sin embargo, lxs legisladores pretenden ahora que se aplique otra norma que requiere se acompañe junto a la firma una constancia de haber emitido sufragio en la última elección general, intentando desconocer la decisión del Tribunal Electoral, único órgano legitimado para verificar la legalidad de las firmas. Incluso van más lejos, al entender junto al asesor letrado de la Legislatura, Alfredo Martín Meza, que deberíamos “acompañar constancias de haber emitido sufragio en las elecciones del 20 de marzo y del 27 de octubre de 2013”. Claramente están intentado sacarse de encima la Iniciativa Popular contra la megaminería y limitando seriamente la aplicación de los mecanismos constitucionales de la democracia semidirecta.
Desde el año 2012 las Asambleas de Chubut ingresamos toda clase de notas dirigidas a lxs diputadxs solicitando se habiliten los mecanismos para la recolección de firmas. No hubo respuesta. En marzo del 2013, se pedía al Defensor del Pueblo de Chubut que interceda para “agilizar el trámite administrativo para iniciar la recolección de firmas”. Continuó el silencio. Posteriormente, y ante nuestra constancia, el Tribunal Electoral, conociendo la existencia de dos normativas vinculadas a la recolección de firmas, estableció los criterios a utilizar. Estos criterios fueron cumplidos a rajatabla por quienes impulsamos la iniciativa popular contra la megaminería, con un trabajo de control riguroso, contrastando cada firma con el padrón electoral.
Quienes legitiman la violación de nuestros derechos ponen en evidencia su miserable forma de hacer política, esa que desprestigia a la política y a la clase política, van en contra de la idea de democracia que se enseña en las escuelas, que usan en los discursos, nos hacen trampa, trabajan para obstaculizar la participación popular legítima y respetable.
El 2 de julio pasado integrantes de distintas localidades de la UAC Chubut fuimos recibidos por la misma comisión que ahora impugna la iniciativa popular. En ningún momento expresaron que estaba en duda la legitimación de las firmas. Simularon que el proyecto de ley estaba en marcha, y se comprometieron a definir una agenda de trabajo con fechas para recibir a especialistas, técnicxs y personalidades que defenderían los fundamentos que sostienen el proyecto de ley contra la megaminería. Paradójicamente el dictamen del asesor legal (realizado tres días antes) ya estaba firmado por lxs diputadxs Gustavo Reyes, “Ika” Martinez, Héctor Trotta, Ana María Barroso, José Luis Lizurume y Exequiel Villagra exigiendo al Tribunal Electoral “se cumpla con lo previsto en la Ley V Nº 115” Esto es, cuando menos, una falta de respeto hacia lxs vecinxs y a la división de poderes. Es lamentable, pero lxs mismos diputadxs que ponen en duda la recolección de firmas avaladas por otro poder constitucionalmente establecido, recibieron un petitorio del intendente de Paso de Indios con casi 1500 firmas a favor de la explotación minera. Cientos de éstas eran una reiteración (firmas mellizas), fotocopias que se adjuntaban públicamente como firmas válidas, rayando la falsificación de documento público. Otro tanto eran ilegibles e inexistentes en el padrón electoral. No hubo objeción, ni denuncia mediática o judicial de parte de lxs diputadxs.
Este dictamen pone en evidencia la falacia del discurso del “debate” que dicen promover, muestra el temor a un proyecto de ley que cuenta con una fenomenal legitimación social, y busca restringir la participación ciudadana, base de toda democracia sana. Los asusta el pueblo.
Las reflexiones del asesor Alfredo Martín Meza, refrendadas por lxs diputadxs, muestran el verdadero objetivo de este dictamen. Dice el letrado: “tales mecanismos (por los mecanismos de la democracia semi directa) deben tener un uso normativamente acotado, so pena de ser utilizados casuísticamente, en forma desmedida y caprichosa, trastocando el régimen constitucional y democrático de derecho mediante la suplantación de la función de los poderes de representación popular legítimamente constituidos” Y continua: “En tal sentido, … lejos de enriquecer y fortalecer la vida democrática, se pueden convertir en instrumentos censores o legitimadores, según el caso, de la representación política (…)” sic. Interpretan las leyes a su antojo y a la medida de sus intereses, la participación ciudadana los apabulla. Desconocen que el poder de decisión también puede estar en la gente y que la democracia representativa es respetar la decisión del pueblo.
Por otra parte, reconocen que la legislación local - a diferencia de la nacional - carece de un mecanismo para impugnar el proceso de recolección de firmas, sin embargo, pretenden impugnarlo.
Denunciamos públicamente que este “asesor” y estxs legisladores solicitan el cumplimiento de una ley, cuando ellos mismos arremeten contra la Constitución Nacional y Provincial, desconocen una ley especial que reglamenta la Iniciativa Popular y pretenden deslegitimar un proyecto de ley que pondría freno definitivo a las transnacionales del saqueo, la destrucción y la contaminación. Advertimos que las asambleas defenderemos los derechos constitucionales y realizaremos las denuncias públicas y penales pertinentes ante este ataque a la participación ciudadana y a la división de poderes. La adversidad nos fortalece.
Contactos: (...)
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve9762
   
En consecuencia, frente a los problemas de superexplotación tanto de los hombres y pueblos como de la naturaleza y de creciente presidio, exterminio e injusticia social que causa el progreso del capitalismo mundializado, hay autoorganización de los diversos de abajo en todo el país. Pero, como demuestra el amplio consenso al planteo del gobierno CFK en el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou que está en curso. Leer

De ahí la importancia de que las grandes mayorías tomen conciencia sobre la necesidad de cuestionarse su vida subsumida en el capitalismo y de asumir el binomio honestidad-solidaridad social que plantea el imperativo de conciencia colectiva sobre:
Malas palabras
Por: Juan Carlos Giuliani (ACTA)
Pobreza, discriminación, desigualdad, explotación. Palabras que azotan la conciencia colectiva. Dependencia, corrupción, extractivismo, represión. Malas palabras. Contra lo que ellas representan hay que lidiar todos los días si lo que se quiere es cambiar la historia y no dejarse enredar en los hilos argumentales de los profetas de la resignación.
En el principio existía la palabra. Sujeto, verbo y predicado. Palabras y frases vacías que tratan de explicar lo inexplicable apelando al diccionario del posibilismo. Palabras que duelen cuando nombran a un chico que muere de hambre o por causas evitables en un país regado con los frutos generosos de la naturaleza.
Un mundo de palabras que conforman el relato oficial tan distante de la realidad como la tierra del cielo. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Algo tan sencillo y tan ausente en la conducta de la mayoría de los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos que cultivan con pasión cipaya el Pacto de Gobernabilidad que permite mantener inmodificable el sistema de expoliación basado en la injusticia social. Patrimonio intocable de los que mandan en el altar del sacrificio de las mayorías. El cinismo y la hipocresía terminan barriendo cualquier atisbo de sensatez. (...) Leer



Para que las organizaciones populares profundicen en su conciencia colectiva y en su unión en diversidad requieren tener en cuenta análisis como el siguiente sobre la crisis estructural y sistémica del capitalismo mundializado y alternativas.
 
Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestas
Polis [Revista Latinoamericana], 27 | 2010
Por Humberto Márquez Covarrubias
(...)42 El capitalismo en general y su configuración neoliberal en particular representan un modelo de civilización a todas luces  insostenible. El inexorable proceso de concentración de capital, poder y riqueza en pocas manos, el modelo de acumulación centralizado y la innovación tecnológica basada en los países centrales han consolidado un sistema de civilización que profundiza el desarrollo desigual, por lo que no reviste validez universal ni es garante de la existencia humana. Ese modelo civilizatorio le confiere al capital una enorme capacidad de dominación que va más allá de la subsunción del trabajo directo, ahora abarca el control material de las condiciones generales de producción y reproducción social, es decir, los recursos naturales, el medio biótico y abiótico, las tecnologías, el entorno ecológico, las pautas culturales, la generación y aplicación de conocimiento, los patrones de consumo, las estructuras de pensamiento y los principios del sentido común. Este modelo descansa en una distribución desigual del conocimiento científico-tecnológico, el intercambio ecológico desigual, la transferencia de excedente, la superexplotación del trabajo inmediato, la devastación del medio ambiente, la privatización de los recursos naturales, la militarización de las relaciones internacionales y la precarización de la vida humana.
43 La acumulación capitalista centralizada es un proceso que paralelamente al crecimiento económico, impulsa un proceso destructivo que afecta las fuentes mismas de la producción de toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. El parámetro único de tasa de ganancia activa una máquina de destrucción, con el agravante de que la desvalorización del trabajo, y con ello el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población se convierte, bajo el neoliberalismo, en condición sine qua nonpara acrecentar los márgenes de ganancia, lo que le permite al capital generar ahorros incluso en materia de innovación tecnológica, pero no por mucho tiempo. Las corporaciones capitalistas están orilladas a maximizar sus ganancias como condición se supervivencia, por lo que no escatiman recursos para participar en esta escalada de destrucción.                      44 Bajo este modelo civilizatorio basado en la “destrucción creativa”, la vida humana se convierte en un recurso desechable, que se puede destruir en aras de alcanzar los mayores beneficios posibles para el capital, al final de cuentas existe una vasta reserva laboral de trabajadores en el mundo que pueden suplir a los desechados. En el plano laboral, se implementan modelos de gestión laboral que conducen a la explotación extenuante del trabajo inmediato, lo cual incluye la disminución salarial, la inseguridad laboral, la mayor intensidad, incluso la extensión de la jornada laboral; también las políticas de subcontratación y las políticas de flexibilización y precarización laboral. Las formas de explotación laboral se han diversificado, no sólo se trata del asalariado, sino también del informal, infantil, femenil, entre otras. Se trata de un ataque sistemático y permanente en contra de los trabajadores y sus familias, lo que obra en condiciones de exclusión económica como productores, trabajadores y consumidores. Esto redunda en un deterioro dramático en sus condiciones de vida y trabajo. Otro capítulo nefasto de la destrucción, en este caso abrupta, de la vida humana es la violencia estatal, las guerras de conquista, que con el objetivo de apropiarse de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el agua, se destruyen vidas, infraestructuras, sociedades. En suma, para subsistir, este modelo civilizatorio se ve compelido a destruir capitales, empleos, infraestructuras, culturas, poblaciones. Sólo un nuevo sistema civilizatorio, basado en otros principios societales, detendrá esta loca y frenética carrera de destrucción compulsiva.
45 La respuesta pragmática a la crisis que en los hechos se está imponiendo, encabezada por el Estado, se orienta por la necesidad de rescatar al sector financiero y las grandes corporaciones que incurrieron en las prácticas especulativas. Bajo esta operación, se encubre las pérdidas, fraudes y especulaciones del gran capital, mediante la canalización de ingentes recursos públicos, pero también mediante la transferencia de excedente social de los países periféricos hacia los centrales, como sucede con el trasvase de ganancias de las sucursales a las matrices de los grandes bancos privados. Por añadidura, se refuerza la ofensiva en contra de los trabajadores, mediante programas de despido o profundización de la precarización laboral. En tanto, los desposeídos, desempleados, migrantes y trabajadores precarizados no merecen mayor atención. En ese contexto, el llamado a contener la especulación voraz de los financistas mediante la regulación es un llamado moral para regularizar la dinámica de acumulación     capitalista, pero no va al fondo de la crisis.  
46 La respuesta crítica a la crisis debe de tomar en cuenta su carácter sistémico y la debacle civilizatoria que concita. En contraposición a la idea burguesa de poner en el centro las necesidades de valorización del capital, sin reparar en los sacrificios humanos y ambientales que esto representa, se plantea la necesidad de comenzar por desarticular los férreos controles del capital sobre el poder, la naturaleza, el dinero, el conocimiento, la información y, en general, la humanidad.

Dicha proposición es de gran calado, y nos remite a la idea de cambiar de rumbo para construir un mundo donde quepamos todos, como proclaman los movimientos sociales alternativos. En esa inteligencia, emergen, cuando menos, cuatro criterios básicos para, más allá de las preocupaciones coyunturales de la crisis financiera, construir una alternativa de desarrollo crítico orientada a generar el bien común social:
  • colocar en el centro el objetivo de mejorar sustancial las condiciones materiales y subjetivas de la mayoría de la población.  En primera instancia se trata de garantizar la producción y reproducción de la humanidad en simbiosis con el entorno planetario;
  • generar cambios estructurales, políticos e institucionales que trastoquen el sistema de acumulación y poder organizado por la globalización neoliberal; 
  • promover la configuración de un sujeto colectivo de la transformación social, puesto que el gran capital no tiene ante sí un agente colectivo que le dispute el comando de la estrategia de acumulación y uso del excedente social. Esto requiere construir el poder popular, impulsar la democracia formal combinada con la democracia directa y articular a sectores sociales diversos que compartan este cometido; y 
  • como criterio estratégico de factibilidad, entendido como la posibilidad de realización concreta de un desarrollo alternativo crítico, se impone la necesidad de impulsar un proyecto en pauta posneoliberal. Entre sus tareas iniciales, se puede enunciar la reconstrucción del Estado, con la intervención de los movimientos sociales, de forma tal que se organice alrededor de un poder que “mande obedeciendo”. Pero también promover la intervención del mercado según los requerimientos sociales. Además es menester recuperar la soberanía política de los países periféricos y subdesarrollados y la construcción de nuevas modalidades de integración regional bajo pautas de solidaridad, complementariedad y solidaridad.
47 No obstante, es importante tomar nota de que la crisis no ha significado, por sí sola, un descarrilamiento del modelo neoliberal, ni la fulminación de su fundamento teórico —la economía neoclásica y neoliberal—, ni siquiera a contenido las operaciones especulativas. Todo lo contrario, se refuerzan los mecanismos de poder, se le confiere el respaldo político al FMI, a la vez que el neoclacisismo neoliberal sigue siendo el pensamiento dominante en las universidades y centros de investigación, y los programas de ajuste estructural continúan influyendo en gobiernos de derecha, centro y centroizquierda, y los financistas siguen acumulando ganancias. No obstante, hay experiencias alentadoras en algunos países de América Latina que intentan construir una ruta alterna al neoliberalismo.