Se comprueba con la deKada donde los
bancos son de los pocos ganadores y hay aumento de la deuda externa.
Examinemos
cómo nuestra condena a pagadores seriales se basa en la vigencia de:
La herencia de la dictadura militar
25 de marzo de 2011
Por Mario Rapoport
*
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.
El
terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación
regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos
económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el
comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de
estas políticas.
Una segunda
etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”,
que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas
apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales,
imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran
salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los
intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit
se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya
en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de
las tasas de interés internacionales.
De todas las
medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han
sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron
en los años ’90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras Nº
21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas
nacidas como decretos de la dictadura militar.
La primera
de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al
Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar
depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas,
sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley
Nº 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la
facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el
medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.
Los efectos
de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo
produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la
producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las
grandes corporaciones de colocar sus superávit de liquidez y obtener mayores
rentabilidades aprovechando la diferencias entre las tasas de interés locales y
las internacionales.
También,
como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable
extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos
privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado
por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación
de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo.
Esta ley
constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del
2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones
regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del
sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la
acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos
problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la
anterior.
En cuanto a
la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de
capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para
este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones
extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización,
porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley
no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local
de las ganancias empresariales.
El gobierno
de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden
colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en
cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la
intervención de instituciones internacionales como el Ciadi, que obliga a
resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del
exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior
argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.
Esta ley
debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados
Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que
restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de
la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por
otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico
de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de
nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la
repatriación de capitales.
Para
culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de
las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios
intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora
acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.
El país ha
avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de
exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se
refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura
militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas
son diferentes la persistencia de la instituciones constituye un palenque donde
puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.
* Economista
e historiador.
Investigador superior del Conicet.
Investigador superior del Conicet.
Sigamos profundizando en el compromiso K con el neoliberalismo implícito en el
ufanarse de condenarnos a pagadores seriales y en oponerse a los cambios en
las leyes dictatoriales:
Economía › temas
de debate: reforma de la ley de entidades financieras
El huevo de la serpiente
5 de octubre de 2009
Una vez que concluya el tratamiento del
proyecto de ley de Servicios Audiovisuales, el Gobierno podría avanzar con una
reforma financiera. Los especialistas analizan por qué es indispensable revertir
la desregulación heredada de la dictadura y el menemismo.
Producción:
Tomás Lukin
Un pilar del neoliberalismo
Por
Cecilia Allami
*
La Ley de
Entidades Financieras constituyó la base jurídica de la Reforma Financiera de
1977, uno de los principales pilares del programa económico de la última
dictadura militar. A nivel discursivo, esta reforma se basaba en las supuestas
virtudes del mercado como mecanismo asignador de recursos y fijador de precios,
y condenaba al mismo tiempo la intervención estatal en el sistema financiero.
Según se argumentaba, la liberalización financiera mejoraría la competitividad
del sector e incrementaría el ahorro y la inversión, fomentando así el
desarrollo económico al liberar recursos de su estado de “represión”. De esta
forma, en un contexto de liberalización creciente del mercado internacional de
capitales, la nueva orientación desarticuló los instrumentos de intervención
estatal característicos del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones vigentes hasta el momento, como el control de las tasas de interés
o el crédito subsidiado. Este proceso tendió a profundizarse durante la década
de 1990 a partir de la introducción de las normas de regulación prudencial de
Basilea y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, resultando en
una transformación radical de la estructura del sistema financiero.
Así, entre
1977 y 2008 la cantidad total de entidades financieras cayó de 723 a 84. El
número de bancos públicos –que abarcaban casi la totalidad del territorio
nacional y manejaban una alta proporción de depósitos y créditos– se redujo a
más de la mitad en el mismo período, observándose un particular debilitamiento
de la banca provincial que fue en gran parte privatizada. Por su parte, el
número de entidades extranjeras creció sostenidamente. Este fenómeno de
concentración no sólo se circunscribió a la reducción absoluta del número de
bancos, sino que también se verificó en términos de la creciente concentración
de los activos y pasivos en pocas entidades. Simultáneamente, este esquema
estimuló la conformación de conglomerados financieros, es decir, la
participación de un grupo económico en más de un segmento de la intermediación
financiera.
A su vez,
estas transformaciones determinaron fuertes cambios en la estructura regional y
sectorial del crédito. En líneas generales, los bancos han asignado recursos
hacia los sectores que les han asegurado una mayor rentabilidad en el corto
plazo. A partir de la década de 1990, el crédito a los sectores productivos se
ha contraído considerablemente, priorizándose los préstamos para consumo.
Asimismo, el acceso al crédito de las pymes se vio restringido por las altas
tasas de interés, la desaparición de fuentes de financiamiento y los cambios en
las regulaciones. Adicionalmente, una menor proporción de los préstamos estuvo
destinada al interior del país, impactando negativamente en el desarrollo
regional. En términos macroeconómicos, la desregulación del mercado financiero
local y la cuenta de capital –que favorecieron la vigencia de altas y volátiles
tasas de interés– generaron una significativa ciclicidad en el sector externo y
potenciaron la fragilidad e inestabilidad de la economía.
Si bien los
sucesivos gobiernos modificaron parcialmente algunos artículos de la Ley de
Entidades Financieras, su espíritu se mantuvo inalterado durante más de 30 años.
El resultado a largo plazo fue la concentración, privatización y
extranjerización de un sistema financiero que no ha cumplido adecuadamente su
rol de canalizar recursos hacia la actividad productiva. Es por esto que un plan
integral de desarrollo debe incorporar una reformulación del marco regulatorio
de los mercados financieros, con el propósito de recuperar instrumentos de
política económica esenciales. En particular, es necesario identificar sectores
estratégicos y desarrollar herramientas específicas para orientar el crédito a
inversiones de mediano y largo plazo. En esta línea, y con el objetivo de
reducir las disparidades regionales, debería considerarse la necesidad de
financiamiento de las pymes del interior del país, ya que son las que más
dificultades encuentran a la hora del acceso al crédito. A largo plazo, la
reforma debería contemplar mecanismos tendientes a lograr un desarrollo
económico y social más equitativo y equilibrado.
Un aspecto
clave para el éxito de cualquier iniciativa de reforma es la firme voluntad
política del Gobierno, dado que se verían afectados sectores que cuentan con un
gran poder dentro de la actual estructura económica. Asimismo, el objetivo de
que el crédito se oriente efectivamente hacia los fines previstos exige
mecanismos eficientes de asignación y monitoreo del destino de los recursos. En
definitiva, la ley vigente no es consistente con un Estado que debe participar
activamente en los mercados financieros, favoreciendo el desarrollo productivo y
limitando la especulación.
*
Investigadora
docente de UNGS.
La ley de la selva
Por
Rodrigo López
*
Entre las
leyes vigentes de la dictadura pocas estorban tanto para el desarrollo nacional
como la Ley de Entidades Financieras de 1977. Si bien desde entonces ha sufrido
modificaciones menores, los puntos centrales se mantienen firmes. A diferencia
de países como Brasil y Chile, últimamente tan mentados por nuestra derecha pop,
la ley argentina en vez de señalar expresamente qué operaciones tienen
permitidas los bancos comerciales concede “todo aquello que esta ley no
prohíbe”, dando ventajas exclusivas a los bancos comerciales, siendo los únicos
habilitados para captar depósitos del público a la vista. En la configuración
del sistema, esto implica que dejamos de tener banca especializada (aconsejable
para organizar el desarrollo) para pasar a tener un sistema de banca universal
liderada por los bancos comerciales.
En nombre
del “libre mercado” la reforma del gobierno de facto liberalizó la tasa de
interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el
expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y
elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes. El
argumento esgrimido era fomentar el ahorro y que el mercado se encargara de
seleccionar la orientación del crédito. El resultado fue la crisis bancaria de
1980, que sería la primera de una conocida lista. Tal filosofía toma el crédito
como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio de mercado,
cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la
agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la
economía de toda la población. La moneda y las reservas provienen del trabajo
argentino, no es justo que sean apropiadas por algunos, pues sus consecuencias
afectan al resto. La regla de “el que llega primero gana” de la corrida de 2001
aún es recordada por muchos pequeños ahorristas argentinos.
Los bancos
no son una empresa cualquiera. La explicación intuitiva es que los ahorristas
depositan en los bancos los ahorros y éstos a su vez los prestan a terceros.
Luego tales préstamos se multiplican a través del mecanismo de creación de
dinero bancario. Pero en la realidad el orden es el inverso. El otorgamiento de
los préstamos expande la economía posibilitando la aparición de ahorros. A
partir de la ley de 1977 tal mecanismo es mutilado. Los bancos son cada vez más
concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas
extranjeras) o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales
suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo. La compra de
bienes suntuarios en su mayoría importados no permite generar la sinergia
prestamos-depósitos, impidiendo la potencialidad expansiva del crédito en el
proceso económico. En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es
el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera. En este caso, no
sólo se alejan recursos para la producción y se limita la expansión señalada,
sino que a la postre se ejerce una presión sobre un precio nodal como el tipo de
cambio.
Una reforma
podría establecer resguardos para evitar que el sistema financiero se siga
atrofiando. Garantizar créditos para pymes, instituir una banca pública de
desarrollo y reducir parte de los créditos para consumos suntuosos mejorarían el
desempeño de largo plazo (desarrollo), mientras que controlar maniobras que
alientan la crisis cambiaria como los préstamos que se sacan con el solo fin de
comprar dólares y especular (pedir) una devaluación podrían ser neutralizadas.
La reforma
de 1977 vino a abolir la de 1973, que se nutría de las reformas de 1946 y 1949.
En los gobiernos peronistas citados el crecimiento estaba orientado al mercado
interno, lo cual requería asegurar la canalización de los ahorros nacionales a
la inversión productiva local, fomentando la expansión industrial, el pleno
empleo, y evitando con controles cambiarios las crisis de balanza de pagos.
La reforma
de la dictadura vino a completar un programa de políticas que llevaron a la
desindustrialización del país y el comienzo de la pesada deuda externa que sigue
perforándonos el bolsillo. Por ironías del destino, a los militares les tocó
cumplir el bicentenario de la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776)
y, a juzgar por la entrega de los resortes de la economía al extranjero y la
sujeción política de la población nativa, parecen haber estado a la altura de
las circunstancias.
El período
abierto en 2003 dio buenos pasos al recuperar para la Nación los ahorros
apropiados por las AFJP y permitir canales populares de dirección del crédito a
través de cajas cooperativas. Pero resta terminar la obra. Los argentinos
deberíamos poder llegar al 25 de Mayo de 2010 con la Plaza de Mayo sin vallado y
que éste se establezca en el sistema financiero para disponer los canales del
desarrollo nacional y no los de la fuga, el vaciamiento y la crisis, porque el
bicentenario que vamos a festejar es el de la Revolución no el de la colonia.
* Investigador Cefid-AR y CCC Floreal Gorini.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-132928-2009-10-05.html
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