viernes, 14 de agosto de 2015

Necesidad de ver qué Estado falsifica la democratización social.

 Es indagar cómo la versión K del PJ afianzó la gobernabilidad de
la constante concentración y transnacionalización  económica.
Es tener en cuenta el desarrollo del capitalismo en Nuestra América y situar el surgimiento de los gobiernos progresistas en respuesta a la ruptura popular con el neoliberalismo. Algunos resultan del triunfo electoral de partidos de izquierda (Uruguay y Brasil) y otros de insurrecciones populares.
El gobierno K se ubica entre los segundos y para adentrarnos en cómo construyó amplio consenso reflexionemos sobre:
Maristella Svampa:: Argentina, una década después del
«que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular*.
(...)El peronismo como hegemonía
Varias hipótesis recorrían el escenario político en los primeros años del siglo xxi argentino. Para algunos, era previsible que las formas políticas que se multiplicaron a partir de diciembre de 2001 no podrían sostener un eterno estado de efervescencia y fracasarían en su intento de recomposición política desde abajo. Como hemos señalado, parte de ese fracaso se debió tanto a la tentación hegemonista de la izquierda clasista como a la escasa aspiración de construir una nueva institucionalidad estatal que expresaba el ethos autonomista.
Aun así, en medio de la crisis, pocos auguraban una rápida recomposición política desde arriba. Aunque el sistema político partidario no había estallado, frente a la aguda crisis de representación se apuntaba a un cierto recambio de las elites políticas. Esto no sucedió finalmente, pero tanto el colapso de la coalición gobernante en 2001 (la alianza entre la tradicional Unión Cívica Radical y sectores progresistas) como la resolución posterior de la crisis fortalecieron la hipótesis de que el peronismo es el único partido político que puede asegurar gobernabilidad, en medio de una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, bien podía pensarse que mucha agua había corrido bajo el puente peronista y que el neoliberalismo había dejado marcas indelebles en la memoria militante de los argentinos. Más simple: parecía inconcebible que luego del notable giro neoliberal del peronismo en los años 90, que se tradujo en una profunda crisis de la militancia política y en un gran desdibujamiento en términos de contracultura política, éste pudiera
reactualizar y potenciar los componentes nacional-populares, visibles en la revaloración del Estado, la centralidad del líder y el rearmado de un aparato militante (sindical, social, político y cultural).
En contraste con Eduardo Duhalde y su fórmula «default más represión», Néstor Kirchner, el presidente inesperado, propuso una fórmula viable y atractiva que combinaba el reciente progresismo latinoamericano con apelaciones tradicionales (pragmatismo político, concentración de poder, subordinación de los actores al líder, entre otros), en un contexto económico favorable. Cabe observar en retrospectiva que, desde el retorno a la institucionalidad democrática, en 1983, el peronismo gobernó 20 sobre 28 años, y que ha sido sucesivamente neoliberal –en los 90, bajo las dos gestiones de Carlos Menem–, progresista y tendencialmente nacional-popular –desde 2003, con Néstor Kirchner como presidente– y exacerbadamente nacional-popular desde 2008 –bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner–. Como afirma Juan Carlos Torre, en realidad el peronismo es un sistema político en sí mismo, pues reúne a la vez gobierno y oposición. Un ejemplo reciente ilustra lo dicho: en las primeras elecciones generales primarias, realizadas en agosto de 2011, las corrientes que se reivindican dentro del campo peronista reunieron en total 70% de los votos válidos emitidos. 50,4% votó por la actual presidenta, anticipando su reelección. Este fenómeno tiene su contracara también en la creciente división de la oposición, tanto dentro del peronismo más conservador, de los sectores de derecha, como en la volatilidad de los proyectos alternativos de centroizquierda. En 2011, el único triunfo que la oposición puede mostrar como incontestable es la reelección del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien se perfila como el candidato de los sectores de derecha para las elecciones de 2015.

Por primera vez en la historia argentina, el partido peronista (en su versión kirchnerista) gobernará por 12 años consecutivos, algo que ni el mismísimo Juan D. Perón logró, ya que gobernó entre 1946 y 1955, año en que fue derrocado por un golpe militar. Mucho menos podía esperarse tal continuidad en los años 70, cuando la inestabilidad institucional y la violencia política eran parte del clima de época.
Nuevamente, y mucho más que otros populismos latinoamericanos, el peronismo probó ser capaz de contener las más diversas corrientes político-ideológicas en su seno, así como volvió a dar pruebas de una gran productividad política. No es extraño entonces que, debido a una combinación de lógica política y estrategia adaptativa, propia de la amplitud y la plasticidad de su marco ideológico, las mismas personas que fueron fervorosamente neoliberales en una etapa pudieran devenir nacional-populares en la siguiente. Con los años, el éxito económico del gobierno y la posterior ampliación de un sistema de alianzas en clave nacional-popular (no sólo desde el sindicalismo tradicional, sino también desde el ámbito de la cultura y la educación, y la nueva militancia política juvenil), con la consiguiente reducción y simplificación del espacio político, terminaron por ensanchar las espaldas del proyecto político gubernamental, con ingentes bases provenientes de las clases medias urbanas. Asimismo, por primera vez en su historia, desde el poder, el peronismo parecería superar la oposición entre pueblo y cultura, entre masas e intelectuales, que tanto ha sobrevolado como maldición sobre anteriores experiencias nacional-populares.
En el orden de los «populismos realmente existentes», la actualización de lo nacional-popular, realizada a través de la profundización de los antagonismos y la activación de estructuras de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de las clásicas versiones organicistas de la hegemonía que de una visión pluralista. No obstante, aunque la matriz nacional-popular puede reclamar hegemonía (asentada sobre todo en una construcción cultural-mediática), se muestra incapaz de aglutinar y contener todos los frentes de conflicto y todas las formas de expresión de lo popular. La explosión de una conflictividad ligada a las políticas de mercantilización de las tierras, en la que se mezclan fenómenos como la urbanización forzada con la concentración de la tierra, la expansión del agronegocio y la minería transnacional, revelan algo más que el costado «débil» del gobierno: en realidad, estas políticas forman parte del sistema de dominación; son sostenidas y promovidas desde el aparato estatal y marcan la profundización de una lógica de desposesión, en una perturbadora continuidad con lo sucedido en los años 90.
Una particularidad que afianza la construcción hegemónica es que, en el campo de las luchas, la coexistencia actual entre modelos de desarrollo diferentes (industrial/servicios; agronegocio/minero) se expresa a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Entre otros,
uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional-popular, en clave desarrollista, que potencia los rasgos corporativos de los sindicatos y acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos minero y de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores intelectuales kirchneristas y la nueva juventud política militante tiendan a mantener «blindado» el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza determinadas políticas de Estado, y a subrayar, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.(…)
*Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 235, septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552. 
Maristella Svampa: socióloga. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, profesora de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) y directora del Programa de Estudios Críticos del Desarrollo (pecs).
Podemos sopesar otra manera en que el gobierno K garantiza la seguridad jurídica de los grandes capitales locales e imperialistas son los aparatos clientelares. Son los que hacen posible las satrapías predominantemente del Partido Justicialista. Ya presidentes, los K los ampliaron y reforzaron.
 Alberto Bonnet señala: "El kirchnerismo no constituyó un emergente de la insurrección, sino una respuesta restauradora proveniente del propio orden establecido. Para que se entienda bien este punto, podemos comparar las salidas que encontraron los procesos de ascenso de las luchas sociales y de crisis del neoliberalismo en los casos argentino y boliviano. Los Gobiernos de Evo Morales fueron un emergente del proceso previo de resistencia contra el neoliberalismo. El mismo Evo era un campesino indígena y dirigente cocalero que había desempeñado un rol decisivo dentro de ese proceso de resistencia (en la “guerra del gas”, sin ir más lejos); la organización política que le permitiría el ascenso al poder (el MAS) se había gestado en el interior de dicho proceso".  Sin embargo también Evo Morales hizo a:

El Estado clientelar
25 de octubre de 2014

Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión)

Ciertamente es una metáfora hablar del Estado clientelar, lo mismo que dijimos cuando tratamos el Estado rentista[1]; lo hacemos para ilustrar las características que conllevan los gobiernos populistas, llamados hoy gobiernos progresistas. Características que trasladan desde la forma de gobierno a la forma de Estado estas adecuaciones políticas[2]. Llamamos entonces Estado clientelar a esa forma de gobierno, persistente y reiterada, que conforma una relación de dominación afectiva entre gobernantes y gobernados.  Los gobiernos populistas, extendidos en los llamados gobiernos neo-populistas,  orientan sus capturas institucionales y no institucionales a la conformación de clientelas; es decir, de grupos, estratos sociales, incluso masas populares, dependientes del mito del caudillo, dependientes de las dadivas del caudillo y de su gobierno, que los sitúa en la condición degradante de  víctimas y dramáticos demandantes de favores. En otras palabras, esta relación clientelar es también una relación corrosiva, una relación que se mueve en los circuitos de la economía política del chantaje; en pocas palabras, de la corrupción.


Es humillante el espectáculo clientelar expandido a nivel nacional de la ejecución del “Bono Juancito Pinto”. Colas de padres acompañando a sus hijos, recibiendo el bono de oficiales del ejército, reducidos a oficiales de asistencia social. Esto es no sólo formar clientelas, es decir poblaciones rehenes del poder, sino corromper a las poblaciones, ahora de niños. No se atiende la calamitosa situación de la educación; se la vea por donde se la vea, ya sea sólo como educación, al estilo tradicional, o como educación descolonizadora. La formación de niños, niñas, adolescentes, es desafortunada. No sólo por mallas curriculares retrasadas, en relación a los avances de las ciencias, sino porque ni si quiera estas se cumplen. Profesores, en su mayoría, mal preparados para enseñar, incluso sin vocación, pues acudieron a las normales con el objeto de tener un sueldo de por vida garantizado. Escuelas sin bibliotecas adecuadas, ni hablar de salas de internet apropiadas; niños, niñas, adolescentes, atiborrados de tareas sin sentido. Nuestros jóvenes salen, en su mayoría mal preparados para la formación superior. Esta situación calamitosa se prefiere encubrir con el demagógico espectáculo inconsolable de estas relaciones clientelares, que aparecen de una manera singularmente extraviada, en la efectuación del “Bono Juancito Pinto”.
El Estado clientelar, así como el Estado rentista, es un Estado destructivo de la cohesión social, Estado asentado en la economía política del chantaje. Estamos tentados a decir es un Estado aparente, pues corresponde a una de las formas de la simulación; empero, sabemos que todo Estado, como institución imaginaria de la sociedad, lo es.  Es un Estado como todo Estado que captura fuerzas; empero, a diferencia del Estado-nación clásico, si se puede hablar así, si incluso existe un Estado-nación promedio, hipertrofia las relaciones clientelares convirtiéndolas en primordiales en la reproducción del poder. Hablando en el lenguaje de la ciencia política, con la que no estamos de acuerdo; pero, ayuda al objetivo de ilustrar, no forma ciudadanos, correspondan a la figura de las pretensiones universales liberales, correspondan a las ciudadanías complejas, extendidas, plurinacionales, sino forma dependientes, asistidos, forma esclavos emociónales, enamorados dramáticamente del mito del caudillo. Esto es ciertamente vergonzoso. Es este espectáculo triste el que se presenta como logro de la revolución cultural descolonizadora.
En el Estado clientelar todos juegan no solamente a esta dependencia afectiva sino también al bluff. Se entregan títulos a los bachilleres, se entregan títulos a los profesores, incluso de postgrados, sin que estos cartones sean respaldados por una formación sólida. Se decreta que ya estamos en el Estado plurinacional, cuando lo que efectivamente ocurre es la consolidación del Estado-nación. Se manejan indicadores estadísticas en su forma relativa, sin atender a los datos absolutos, menos a sus valores conmensurados de acuerdo al valor real, mucho menos a lo que significan en términos de la estructura económica. Se habla de una victoria electoral contundente, sin evaluar el contraste abismal entre las últimas elecciones y las anteriores; se perdió el entusiasmo, el contenido político, que todavía se mantenía hasta las elecciones del 2009; sin ver la decadencia política del periodo; comprendiendo la última gestión, peor de la que viene. Todos prefieren ilusionarse; es decir, adormecerse, para no atender lo que efectivamente acaece.

Ciertamente esto no es sostenible a largo plazo; sobre arenas deleznables no se construye nada que dure;  con madera carcomida no se sostiene nada que dure. No solamente es una decadencia, no solamente se ha entierrado el cadáver del “proceso de cambio”, sino que se asiste al hundimiento de un gobierno progresista, acompañado por abundantes flores de sepelio, los cuantiosos votos de despedida.

Como dijimos, la anterior gestión de Evo Morales Ayma no corresponde, de ninguna manera, al Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, como establece la Constitución; corresponde al Estado-nación consolidado. No vamos a repetir toda la argumentación, nos remitimos a los escritos que tratan el tema; lo que interesa es comprender cómo se consolida este Estado-nación subalterno[3].

Los Estado-nación subalternos son, en su mayoría, estados que nacen de la guerra de la independencia o de las guerras de liberación nacional; son estados que no pierden la referencia con la colonialidad, pues la continúan en las condiciones de la república. Los estallidos sociales, vinculados a levantamientos indígenas, a luchas campesinas, a rebeliones proletarias, a sublevaciones e insurrecciones populares, tratan de “nacionalizar” sus estados, por así decirlo, usando un término manejado, primero por Sergio Almaraz Paz, luego por Marcelo Quiroga Santa Cruz; lo logran, en parte, a partir de las nacionalizaciones económicas; empero, no logran desprenderse de su herencia colonial.  No se trata solamente de la condición de dependencia, tampoco solo de la condición de subalternidad, sino de la estructura misma del Estado-nación.  En el orden mundial, emergido de la revolución industrial, orden universal consolidado en la posguerra, los Estado-nación forman parte de la composición de poder del orden mundial, del Imperio, además de formar parte del sistema-mundo capitalista. Entonces los Estado-nación subalternos nacen con una herencia colonial, que los hace ilegítimos históricamente, por así decirlo, también nacen con la crisis estructural política y social, que no logran resolverla. No logran resolver la crisis múltiple del Estado,  a pesar, por el lado conservador y oligárquico, de buscar resolverla con las guerras anti-indígenas;  a pesar, por el lado popular, buscar resolverla con nacionalizaciones y democratizaciones. Los regímenes populistas, por cierto más legítimos que los regímenes conservadores, incluso los regímenes liberales,  si bien logran consensos amplios de la población, además de encaminarse a procesos de modernización, que no pueden ser sino masivos y de inclusión, no pueden romper con la herencia colonial, no pueden tampoco romper con el orden mundial, el imperio, ni el sistema-mundo capitalista; son parte componente. Cuando las convocatorias logradas y los consensos que las acompañan pasan del periodo de entusiasmo, recurren a sustituir este decaimiento con la irradiación de relaciones clientelares, basadas en relaciones afectivas con el pueblo. La legitimidad política se la suelda con la legitimidad afectiva.

El problema aparece cuando el único recurso que queda es ampliar las relaciones clientelares, convirtiendo a la sociedad en rehén del caudillo o del partido populista. Es el momento cuando todo lo que había de democrático en la revolución nacional se convierte en todo lo contrario, en un régimen autoritario, que recurre al mito del caudillo, al chantaje de la relación afectiva. En estas condiciones no se puede hablar de democracia; se trata de una experiencia política del drama popular, donde el pueblo se convierte en el espejo plural de la imagen del caudillo. Ha perdido toda libertad, toda iniciativa, toda capacidad creativa, mucho más, esta exento de toda posibilidad de crítica. Los regímenes populistas apuestan a esta complicidad afectiva para preservarse en el poder. Comparando lo que aconteció con la revolución nacional de 1954-1964 y lo que acontece con la revolución democrática y cultural de 2006-20014, se puede observar que las relaciones clientelares se han extendido mucho más de lo que pudo hacerlo el Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR) de ese periodo. Se puede hablar, aunque sea metafóricamente, de un Estado clientelar.    
[1] Revisar de Raúl Prada Alcoreza Critica de la Economía política generalizada. http://pradaraul.wordpress.com/2014/09/09/critica-de-la-economia-politica-generalizada/
[2] Revisar de Raúl Prada Alcoreza Las mallas del poder. http://pradaraul.wordpress.com/2014/10/20/las-mallas-del-poder/
[3] Ver de Raul Prada Alcoreza: Cartografías histórico-políticas. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.
Podemos preguntarnos cómo  coinciden gobiernos tan distintos en sus orígenes. Busquemos hipótesis mediante el siguiente análisis:
El Estado rentista y las políticas monetaristas
1 de septiembre de 2014

Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión)
 Aclaración
Ciertamente no se puede hablar teóricamente del Estado rentista; conceptualmente no hay tal Estado; el Estado es el Estado-nación, en sentido moderno. El Estado es el campo burocrático, núcleo del campo político; es la institución imaginaria de la sociedad. El instrumento administrativo y político de la acumulación de capital. Hablar de Estado rentista es como elevar a la condición política institucional total a un conjunto de políticas económicas, procedimientos y prácticas vinculadas al sistema tributario, de impuestos y de renta. Estas políticas, procedimientos y prácticas, incluso técnicas administrativas, yendo más lejos, concepción económica rentista, no hacen un Estado. Es pues inapropiado hablar de Estado rentista, lo mismo que hablar de estados canallas o de estados fracasados, que es un uso ideológico, calificador, del conservadurismo académico norteamericano; sin embargo, hay que distinguir el uso teórico de los conceptos, es decir, la práctica conceptual, del uso “ideológico” de los términos y las palabras. Los mismos nombres pueden dejar de ser conceptos para adquirir un carácter más superficial, de uso operativo en el lenguaje práctico. Cuando se habla de Estado rentista se hace hincapié en un uso operativo del término, se remarca el perfil rentista de la economía de un Estado dado. Se está hablando entonces de su forma económica, si se quiere, arriesgando un poco, de su estructura económica; empero, el Estado, aunque sea una institución imaginaria de la sociedad, sostenida materialmente  por el campo burocrático, por el campo político y por el campo institucional, no puede reducirse a un perfil económico determinado.  El Estado sigue siendo el Estado-nación, vale decir, la malla institucional que administra, que legisla, que define estrategias y políticas, que atraviesa las redes y estructuras sociales. Es pues una improvisación discursiva, con pretensiones teóricas, hablar de Estado rentista, mucho más si se habla de los términos descalificadores de “Estado canalla” y de “Estado fracasado”.   
Se trata entonces de una política rentista sostenida por una economía extractivista. Ahora bien, ¿se puede hablar de economía extractivista? Ciertamente cuando lo hacemos nos referimos a la economía capitalista, a su sistema integral, que llamamos sistema-mundo capitalista, cuya geopolítica divide centros y periferias del sistema-mundo, estableciendo una división del trabajo, donde los centros acumulan y concentran capital, en tanto que las periferias trasfieren recursos naturales, en las condiciones impuestas de los términos de intercambio desiguales, sufriendo el despojamiento y la desposesión. Cuando usamos economía extractivista lo hacemos también operativamente para remarcar el carácter intenso, expansivo y demoledor del ciclo del capitalismo vigente, dominado por el capital financiero, capital que impone una acumulación especulativa, sostenida por la acumulación originaria reiterada del despojamiento y desposesión de los recursos naturales. Entonces ¿cuál es la caracterización apropiada de los países periféricos, cuyo perfil económico es más próximo al modelo primario exportador? ¿Economías dependientes? La dependencia es consecuencia de una subordinación económica a la división del trabajo mundial, impuesta colonialmente por la geopolítica del sistema-mundo. No dejan de ser economías capitalistas, partes componentes de la economía-mundo capitalista. La caracterización no puede sostenerse aisladamente, sino en relación a esta articulación al sistema-mundo.
En realidad, el perfil económico, más que definirse como rentista, se conforma estructuralmente como modelo extractivista; el rentismo es un efecto de esta forma de articulación de la explotación de recursos naturales a la producción mundial, si se quiere, al modo de producción capitalista mundial. Ninguna economía nacional está aislada del sistema-mundo, forman parte del sistema, son lo que son en la medida que están integradas al sistema-mundo capitalista.

Cuando se critica la opción extractivista de los gobiernos, la administración rentista de los ingresos, por el concepto de transferencia y comercialización de recursos naturales, no se debe olvidar esta integración y la articulación de las economías nacionales a la economía-mundo capitalista.
Si bien, en el mejor de los casos, esta problemática puede ser asumida emancipadoramente, contando con la decisión consensuada por parte de la población y el pueblo del país de referencia, la realización efectiva de esta salida depende de lo que acontezca en el ámbito de las relaciones del país con el sistema-mundo; de los efectos en el sistema-mundo por la decisión autónoma tomada por el país, así como de los efectos de las decisiones tomadas en el sistema-mundo respecto del país. Esto no quiere decir que se tenga que renunciar a nada; al contrario; de lo que se trata es de proseguir sobre la base de intervenciones autónomas en este ámbito de relaciones inter e infra mundo.

Que un gobierno progresista se haya entrampado en el círculo vicioso de las políticas monetaristas tiene que ver con la debilidad de este gobierno, de sus políticas de Estado, ocasionando poco impacto en el ámbito de relaciones con el sistema-mundo, a pesar de los discursos altisonantes. Esta actitud, a pesar de quererla justificar con discursos “antiimperialistas”, que no hacen mella en el imperio,
habla de la inconsecuencia del gobierno progresista en cuestión.

En lo que viene usaremos el término Estado rentista figurativamente, no tanto metafóricamente, aunque parezca lo mismo, pues la metáfora, que también es figura, tiene connotaciones mayores en la producción de sentido.
El Estado rentista será una figura operativa para remarcar el carácter pasivo de las políticas económicas, en contraste con el carácter dinámico de políticas económicas activas, vinculadas a inversiones productivas.

Gubernamentabilidad rentista

A modo de ejemplo, para ilustrar gráficamente, de una manera pedagógica, podríamos decir que el Estado rentista es el Estado que alquila, concesiona, transfiere temporalmente, fragmentos geográficos y geológicos de su territorio a las empresas capitalistas. Así como se decía que, cuando los terratenientes alquilaban o rentaban sus latifundios a empresas capitalistas para que las exploten de una manera capitalista, se trataba de una clase ociosa, que vive y se reproduce de su renta, también podríamos decir lo mismo del Estado rentista; es un Estado ocioso.

Ciertamente éste es un ejemplo muy simple; sin embargo, puede servir de entrada al tema. Se comenzó a hablar de Estado rentista a partir de la renta percibida por los países petroleros, principalmente árabes; especialmente abastecedores de la energía fósil de los centros industriales del sistema-mundo capitalista. Se comenzó a usar el denominativo de Estado rentista a partir de la crisis del petróleo y de la conformación de la OPEP; toda una corporación internacional de estados petroleros, cuyo principal objetivo es intervenir en la definición de los precios del petróleo. Sin embargo, a pesar de este nacimiento, circunscrito a los países petroleros, se puede extender la acepción a los países que generan su economía a partir de la exportación de materias prima; es decir, la transferencia de recursos naturales a los centros industriales del sistema-mundo capitalista. Por lo tanto, perciben una renta por este concepto, renta que depende de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Entonces
su economía no solamente puede llegar a definirse como modelo primario exportador, sino que termina adquiriendo el perfil de una economía rentista. Una economía moldeada por este flujo de la renta, la misma que se obtiene, aplicando impuestos y tributaciones al comercio de los hidrocarburos y minerales. Es decir, la renta se obtiene por la venta de las materias primas en el mercado internacional; se trata pues de un ingreso “externo”, en gran parte ajeno a la economía “interna” y al mercado interno del país. Esta relación entre las estructuras económicas “internas” y las estructuras y circuitos “externos” ocasiona deformaciones perturbadoras y duraderas en la economía del país. La economía del país se adormece, pierde dinamismo, se amolda a la recepción de la renta. Las distorsiones son mucho más graves cuando la renta es grande, cuando ocupa la proporción más grande de los ingresos económicos. Cuando el cuadro de los indicadores macroeconómicos es configurado fundamentalmente por la economía rentista. Las distorsiones no se quedan en el plano económico, sino que llegan al campo social, también afectándolo y deformando sus composiciones, sus relaciones y las estructuras de cohesión.
La economía rentista es pues una decisión política, no sólo por las características de consolidación del Estado rentista, sino por las políticas efectuadas a nivel gubernamental; entonces, el efecto deformador vuelve a alcanzar al campo político, cerrando el círculo. El gobierno promueve políticas económicas, incluso políticas de Estado, es decir, estratégicas, de largo aliento, que preservan la condición rentista del Estado y el país. Ya no se trata solamente de un país dependiente, de la manera como se analiza la dependencia desde la teoría de la dependencia, sino de un país condicionado por la economía rentista; un país anclado en el adormecimiento de la renta. Aunque sus estadísticas muestren crecimiento económico; estas variaciones positivas numérica no expresan otra cosa que incremento en los flujos cuantitativos de la renta; no implican transformaciones económicas, menos transformaciones económicas y sociales. Lo que los economistas llaman desarrollo. 

El Estado rentista no solamente corresponde al modelo económico extrativista; es decir, a una economía basada en la transferencia de sus recursos naturales, lo que lo hace dependiente, sino corresponde, en cuanto al carácter de los ingresos, a una economía adormecida, estancada en el círculo vicioso de la absorción de la renta. No importa si su economía crece cuantitativamente,  debido al aumento de las exportaciones o al incremento de los precios de las materias primas, lo importante es el cuadro de distribución de la renta y las maneras de absorción de este ingreso.
La tendencia es a absorber la renta de una manera no productiva, aumentando el gasto público, incluso el gasto social; pero, en este caso, el gasto social seleccionado prioritariamente tiene alcance coyuntural; no se efectúan inversiones sociales de impacto estructural. Ocurre como si la economía rentista, condicionara las estructuras ociosas de su propia reproducción. 
En lo que respecta a los actores de la economía rentista, éstos se aparecen tanto en los perfiles políticos neoliberales así como en los perfiles políticos populistas; la diferencia radica en que los primeros aceptan los términos de intercambio impuestos por el orden mundial, en tanto que los segundos buscan modificar los términos de intercambio. El recurso más consecuente para conseguirlo son las nacionalizaciones. No hay que olvidar que las nacionalizaciones no son requisito suficiente para salir de la economía extrativista y del Estado rentista; pueden más bien afirmarlo, si es que no se trastocan las estructuras de la dependencia y del rentismo, sino se abandona el modelo extractivista, sino, como se dice comúnmente, se industrializa; empero, enfocando la industria prioritariamente al mercado “interno” y no al mercado “externo”. Si se da lugar este último caso, la orientación más al mercado “externo”, se pueden generan deformaciones parecidas a la economía rentista, aunque con otras características y en otro contexto.

Se define el modelo administrativo y político del rentismo como deformación exógena en la economía endógena;  esta deformación aparece representada cuando se cuantifican los efectos de las rentas “externas” en los indicadores macroeconómicos, así como en la estructura sectorial. No es del todo acertada esta definición, pues la noción de rentismo quedaría incompleta si no se toma en cuenta el campo político, sobre todo el núcleo gubernamental. Es indispensable saber cómo se gestionan y distribuyen las rentas, cómo se dan y funcionan los mecanismos de reproducción de la economía extractivista y del Estado rentista.

Los ingresos provenientes de las rentas de los hidrocarburos son ajenos a la estructura económica propia, sobre todo a la estructura productiva.  Esos ingresos tienen su origen en el mercado internacional, conforman y realizan su valor por el procedimiento de compra y venta de los recursos hidrocarburíferos. Esta es una de las características de los estados petroleros rentistas.

Otras características son también rotundas.
  • Una de las afectantes, en sentido subjetivo, es la propagación de una “mentalidad” rentista. Las tendencias económicas y políticas responden a esta lógica extractivista y a la vez rentista; el comportamiento es depredatorio, contaminante y destructivo, además de tener un alcance coyuntural. Olvidan que la renta es la cuantificación de la concesión geográfica y geológica, que es la obtención de un ingreso dependiente del comercio de los recursos naturales no-renovables. La perspectiva de la inversión productiva y de largo plazo desaparece de la estrategia de estas políticas rentistas;  la estrategia económica se reduce a formar parte del flujo de rentas derivadas de los hidrocarburos.
  • Otra característica de esta economía rentista radica en su vulnerabilidad y dependencia  respecto de los vaivenes del mercado de las materias primas.
  • La tercera característica de la economía rentista tiene que ver con los problemas de absorción de la renta hidrocarburíferas por parte de las economías nacionales involucradas. Lo que acontece entonces es la salida por el despilfarro, ocasionando ineficiencia en el manejo y administración de los recursos,  repercutiendo en el fenómeno de la inflación.
En resumen, el Estado rentista  se circunscribe a componer el cuadro de la distribución de las rentas de los hidrocarburos; este cuadro de distribución coadyuva a la pretendida legitimación buscada, por motivos políticos. Se persigue el logro de la legitimación o, por lo menos, de la aceptación social, por medio de designación de partidas destinadas a los servicios sociales, en el mejor caso, a la inversión social, que contemple la construcción de infraestructuras de salud, en el peor caso,  destinadas al acrecentamiento de la burocracia.(...) Leer

 
Podemos prever que los países de Nuestra América con gobiernos neoliberales anticipan hacia dónde el sistema-mundo capitalista precipita a todos los pueblos del continente. Veamos primero la exitosa lumpen burguesía estatal (predominantemente del PJ) y cómo los K profundizaron la corrupción: "factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización y desorganización de la clase obrera".
Pero porqué la envergadura de la corrupción y de sus nexos con el crimen organizado, Rolando Astarita nos aclara sobre: "la íntima relación entre las llamadas “burguesías nacionales” (y los gobiernos “nacionales y populares”) con el capital financiero internacional."

Por último atendamos qué Gilberto López y Rivas dice desde México y nos permite aplicar el concepto de desvío de poder al PJ como principal partido de estado:
"A lo largo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, el concepto desvío de poder contribuyó a comprender lo que ocurre en nuestro país y a tipificar los actos criminales que han cometido reiteradamente los gobiernos neoliberales. Este desvío es definido como:
a) el uso faccioso del derecho y los poderes del Estado para favorecer los intereses de los grandes capitales trasnacionales, así como para perseguir y afectar las garantías de los pueblos;
b) la aplicación de una ingeniería constitucional e institucional dolosa que configura un estado de guerra social permanente y ocupación interna, una situación estructural, sistemática y de largo plazo por la que el edificio jurídico del Estado se abre a las corporaciones, mientras se cierran los canales legales a la población, que se ve obstaculizada en sus anhelos de justicia por las mismas entidades que deberían defenderla;
c) la violencia, despojo, fragmentación y devastación como programa de gobierno;
d) el abandono por parte del Estado de su deber primordial de velar por el interés general de la sociedad para satisfacer los intereses de corporaciones y grupos particulares;
e) el ejercicio institucional y estructural por parte del Estado como guardián de los intereses privados para facilitar la mundialización capitalista, utilizando su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo".
Corrupción y capitalismo (2)
8 de mayo de 2013
Por Rolando Astarita
 (…)Hoy podríamos hablar de lumpen burguesía estatal para significar esa capa de altos funcionarios del estado, que no sólo recibe plusvalía bajo la forma de salario, sino también se apropia de otra tajada en tanto intermedia y habilita el enriquecimiento, o la formación, de nuevos capitalistas, sin transformarse por eso en explotadora directa del trabajo. Por lo general, estos sectores acumulan en los mercados financieros internacionales (bonos, acciones, depósitos en cuentas externas), o en propiedad residencial (en Miami, por caso). Tienen una lógica especulativa, que ni siquiera es la del prestamista que gana en el circuito “dinero – más dinero”; aquí es “dinero que surge de la nada” y se reproduce de la nada, para blanquearse y fundirse luego con el capital financiero internacional. Se trata de una lumpen burguesía estatal y financiera, que no pasa al estatus de capitalista productivo; es una especie particular de parásito, un tipo humano desfachatado y dilapidador sin límites, habituado a realizar todo tipo de fraudes y engaños, en combinación con fracciones del capital privado, interno o externo. Es curioso cómo un amplio abanico de la izquierda K (peronismo de izquierda, militantes y ex militantes del PC, intelectuales estilo 6,7,8 y similares) disimulan, o incluso justifican, con las más diversas excusas, la existencia de este fenómeno.
Corrupción, clase obrera y movimientos sociales
Si bien los marxistas rechazamos la idea de que la corrupción es la principal causa del atraso económico, o de los sufrimientos de la clase trabajadora, en el socialismo siempre existió una aguda conciencia de sus efectos negativos sobre la clase obrera y los movimientos revolucionarios, o incluso democrático reformistas. La preocupación ya estaba en Marx y Engels. Por ejemplo Marx, en carta a Liebknecht del 11 de febrero de 1878, decía que la clase obrera inglesa había sido “la más corrompida desde 1848 y había terminado por ser el furgón del gran partido Liberal, es decir, lacayos de los capitalistas. Su dirección había pasado completamente a manos de los corrompidos dirigentes sindicales y agentes profesionales”. Marx y Engels también estaban convencidos de que la clase obrera británica se beneficiaba de la explotación que realizaba Gran Bretaña en el resto del mundo, lo que daba lugar a un “proletariado burgués” (carta de Engels a Marx del 7 de octubre de 1858). Y Marx se refirió incluso al rol negativo de las cooperativas obreras sostenidas por el gobierno prusiano; en carta a Engels, del 18 de febrero de 1865, decía que “el apoyo del gobierno real prusiano a las sociedades cooperativas… carece de valor alguno como medida económica, pero en cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe a un sector de los obreros, y castra el movimiento”.
La idea de que la corrupción es un factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización y desorganización de la clase obrera, también está presente, incluso de manera más aguda, en Lenin y en Trotsky. Este último, por ejemplo, llegó a decir que la burocracia sindical “es la columna vertebral del imperialismo británico”, y “el principal instrumento de la opresión del estado burgués”; pensaba que en los países atrasados el capitalismo creaba “un estrato de aristócratas y burócratas obreros”, y que los sindicatos se transformaban (era el caso de México) “en instituciones semiestatales” que asumían “un carácter semitotalitario” (véase Trotsky, 1977). En un texto de los años 1920 sostenía que la burguesía norteamericana, como antes había hecho la británica, “engorda a la aristocracia obrera para mantener maniatado al proletariado” (1975, p. 67).
Todo esto es aplicable a la actualidad argentina (y sospecho, a la actualidad de la mayoría de los países capitalistas). Históricamente, la clase dominante -a través del capital privado, o del estado- ha buscado dividir, desmoralizar, desorganizar a los movimientos sociales o críticos. Es conocida la historia de los sindicatos. Hoy la burocracia sindical es socia del capital y del estado, a través de múltiples conexiones, como el manejo de obras sociales, la administración del ingreso de trabajadores a las empresas, la participación directa en negocios capitalistas, con colaboración, o no, de instancias estatales, y otras vías. La burocratización trae aparejadas, inevitablemente, las prácticas burguesas y represivas al interior de las organizaciones obreras.
Pero el mal se extiende también a los movimientos de desocupados, a organismos defensores de derechos humanos, y de cualquier tipo. Por ejemplo, actualmente las cooperativas de desocupados opositoras del gobierno K son discriminadas en la asignación de recursos, en tanto las adictas son recompensadas de múltiples formas. De esta manera, se consolida un sistema de tutelaje y corrupción de dirigentes sociales, a cargo del estado. Los casos son muy conocidos, y no hace falta abundar en ello. Señalemos también el rol de la corrupción para convertir a intelectuales críticos en apologistas del sistema, o defensores de alguna fracción de la clase dominante. En esta vena, es frecuente encontrar esos sujetos en los cuales, y al decir de Marx, “el charlatanismo en la ciencia y el acomodo en la política son inseparables”. Como es costumbre, estos intelectuales “progres” dirán -sesudamente, faltaba más- que no hay que denunciar esta corrupción porque “le hace el juego a la derecha” o porque “desprestigia a los sindicatos, a los movimientos sociales, o a la política”. Según esta tesis, no habría que denunciar la corrupción y la represión de la burocracia sindical, aunque son principales factores del debilitamiento de los sindicatos, para no debilitar a los sindicatos. Y lo mismo se aplicaría al resto de las organizaciones; y a ellos mismos. Es, por supuesto, un razonamiento absurdo (aunque acomodaticio). Los marxistas son conscientes de que la emancipación de la clase obrera no se logrará ocultando los problemas y las contradicciones. La crítica debe ir hasta la médula, y el principio de toda crítica es el rigor.
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Corrupción y capitalismo (1)
2 de mayo de 2013

Por Rolando Astarita

(…)En cuanto Argentina, todo indica que buena parte del dinero proveniente de la corrupción sale del país y se integra a las tenencias de argentinos en el exterior, que algunos calculan en unos 202.000 millones de dólares. Posiblemente, sólo una pequeña fracción vuelve al país. Un ejemplo sería la compra de la gráfica Ciccone por el oscuro Old Fund (no es casual que los legisladores hayan estatizado la empresa sin averiguar el origen de esos fondos).

Vinculación con el capital financiero
Lo anterior demuestra la íntima relación entre las llamadas “burguesías nacionales” (y los gobiernos “nacionales y populares”) con el capital financiero internacional. No sólo porque la colocación en activos financieros internacionales es un destino favorito de muchos fondos, sino también por la misma naturaleza de las operaciones involucradas en hacer “productivos” los flujos de dinero sucio. Es que entre el atesoramiento de los flujos líquidos, y su lanzamiento al circuito de acumulación, debe mediar el lavado. Como es conocido, el lavado es el proceso por el cual el dinero recibido por una acción criminal, que no ha pagado impuestos, etc., se convierte en dinero aceptable legalmente, borrando las vinculaciones con su origen. Puede realizarse al interior del país, o en el exterior, y se realiza de diversas maneras, que involucran, en diferentes grados, la colaboración del Estado y del sistema bancario. Por ejemplo, se montan negocios que mueven mucho líquido; la mafia norteamericana, por caso, operaba con restaurantes, lavanderías y similares para blanquear dinero. Naturalmente, los órganos de recaudación y fiscalización, hacen “la vista gorda”. También se lava dinero mediante la confección de facturas apócrifas. Otra forma de lavado se da cuando los gobernantes aumentan sustancialmente, año tras año, sus declaraciones patrimoniales, en la seguridad de que la Justicia no averiguará sobre el asunto, o desestimará cualquier denuncia. Apuntemos que todas estas operaciones implican sumas destinadas a actividades improductivas; desde ese punto de vista, y contra lo que afirma Chang, se trata de un factor negativo para el desarrollo de las fuerzas productivas.
A su vez, cuando se trata del blanqueo en el exterior, es imprescindible la cooperación de las instituciones financieras internacionales, tanto para abrir cuentas, como para mover el dinero. Es que una de las operaciones más usuales consiste en mover el dinero muchas veces entre diferentes países y cuentas, a fin de que se pierda su rastro. Dado que en la actualidad el sistema financiero está altamente conectado, el dinero puede ser transferido a través de muchas jurisdicciones en cuestión de minutos. Los lavadores de dinero explotan la complejidad de estas interconexiones, así como las diferencias entre las leyes nacionales sobre lavado de dinero. Evidentemente, no es posible el lavado de esas siderales sumas de dinero sin el concurso de grandes bancos de las principales potencias. Al respecto, existen múltiples investigaciones y denuncias. Por ejemplo, Global Witness ha denunciado muchas veces la renuencia de los grandes bancos de EEUU a rechazar fondos sospechosos. Un caso representativo es lo sucedido con el HSBC. Según Global Witness, entre 2007 y 2008 la sucursal de México introdujo 7.000 millones de dólares en EEUU, que solo podían provenir de los negocios de la droga. En 2012 un subcomité del Senado de EEUU llegó a la conclusión de que el HSBC había permitido a lavadores de dinero, traficantes de drogas y terroristas mover sus dineros a través del sistema financiero estadounidense. La Justicia probó que por lo menos había lavado 880 millones de dólares para el cartel de Sinaloa, y fue condenado a pagar 1.900 millones de dólares en multas.
Global Witness también ha dado una lista de otros bancos que operan en grandes centros financieros y hacen negocios con funcionarios corruptos de Nigeria, Angola, Turkmenistán, Liberia, Guinea Ecuatorial y República del Congo. A su vez, en 2011 un estudio realizado por las autoridades reguladoras del sistema financiero británico encontró que los bancos de Gran Bretaña sistemáticamente no realizaban los controles anti lavado, en especial cuando se trataba de cuentas sospechosas. El sistema también colabora para que capitalistas de todo el mundo estén a salvo de los impuestos de sus países. Por ejemplo, en 2011 los miembros de la Delegación Florida de la Cámara de Representantes sostuvieron que, debido a las leyes de privacidad vigentes en el país, habría depósitos de no residentes en instituciones financieras estadounidenses por unos 1,3 billones de dólares. Indudablemente, con la extensión de las relaciones mercantiles, “todo se vuelve venal y adquirible” (Marx), y afecta incluso a las almas más puras y santas: en 2012 el economista Gotti Tedeschi, al frente del banco del Vaticano (el Instituto para las Obras de la Religión), encontró que detrás de algunas de las cuentas cifradas del banco se ocultaba dinero sucio de empresarios, políticos y jefes de la mafia. Entre estos últimos, estaba Matteo Denaro, jefe de jefes de la Cosa Nostra. Como vemos, no se trata solo de los paraísos fiscales, o de Suiza.
En cualquier caso, y con lo visto en este punto, se hace insostenible el argumento “nacional” de que la corrupción contribuye a las fuerzas “progresistas antiimperialistas”. Más bien parece tratarse de un intento de fracciones de burguesías atrasadas, y sus agentes y representantes, de insertarse en la mundialización financiera. Desde el punto de vista de la acumulación global, los fondos que salen del país -que no se destinan a ampliar la infraestructura productiva, la obra pública, etc.- constituyen una sangría de excedente.
Acumulación “primitiva”, corrupción y la deidad del dinero
La persistencia y extensión de la corrupción, y sus conexiones con el crimen, obligan a pensar en las razones del fenómeno. Como hemos señalado antes, desde el punto de vista de la teoría marxista, la explotación del trabajo y la acumulación de lo producido, no exigen, necesariamente, el fraude y la corrupción. Tampoco se puede sostener que las grandes orientaciones económicas son regidas por la corrupción, como piensa una parte del progresismo izquierdista argentino (véase aquí). Esta tesis (aunque aplicada sólo al menemismo) constituye el reverso de la que sostiene que “el” problema del país es la corrupción. (…)
Pero también la envergadura que adquiere la corrupción debería vincularse a la extensión y profundidad de las relaciones mercantiles y capitalistas. Nunca debería perderse de vista que la sociedad capitalista tiende a la mercantilización de todas las relaciones. Por eso, en última instancia, las virtudes y la decencia, incluidos votos de parlamentarios, y sentencias judiciales, se compran y venden, como cualquier otra mercancía. Detrás de las promesas de “nos preocupamos por la gente”, está el contenido de toda política burguesa (esto es, de toda política que defiende la propiedad privada y la explotación). Y el dinero, la encarnación misma del valor y del poder social, es el centro de la atracción. “La triste esclavitud en que el dinero mantiene al burgués se trasluce claramente en el mismo lenguaje de la burguesía. Es el dinero el que da valor al hombre. … Quien tiene dinero es respetable, figura en la “mejor clase de gentes”, escribía Engels en una de sus obras juveniles (1981, p. 513). Y por la misma época Marx, inspirado en Shakespeare, anotaba que “el dinero es la deidad visible que se encarga de trocar todas las cualidades generales y humanas en lo contrario de lo que son, la confusión y la inversión general de las cosas…. el dinero es la ramera universal, la alcahueta universal de los hombres y los pueblos” (1987, p. 643).
Ante esta “deidad-ramera-alchahueta” todo se sacrifica. ¿Qué importa que no se hagan obras para evitar inundaciones? ¿Qué importa que se desvíen fondos destinados a mejorar los ferrocarriles? ¿Qué importa que se utilicen subsidios para afianzar mi poder? ¿Qué me importan los muertos por inundaciones, por accidentes ferroviarios? ¿Qué me importa la gente sin trabajo ni recursos? ¿Qué me importa todo esto, si yo me enriquezco de la noche a la mañana? ¿Qué me importa si “el dinero convierte la lealtad en felonía, el amor en odio y el odio en amor, la virtud en vicio y el vicio en virtud, el siervo en señor y al señor en siervo, a la estupidez en talento y al talento en estupidez”? Ésta es la civilización burguesa “en acto”; y es la razón última de la corrupción generalizada.
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Elecciones
6 de junio de 2015

Por Gilberto López y Rivas  (La Jornada)
Este domingo tendrá lugar un proceso electoral intermedio en el contexto del mayor desastre nacional en la historia del México postrevolucionario: las ejecuciones extrajudiciales cotidianas se elevan ya a una cifra cercana a los 150 mil muertos en una década; las desapariciones forzadas, ese recurrente crimen de Estado y lesa humanidad, se estiman en más de 40 mil casos, mientras la práctica de la tortura no cesa, y los desplazamientos internos y externos rondan el medio millón de personas. Ayotzinapa mostró al mundo el contubernio entre crimen organizado y crimen de Estado, entre delincuencia y clase política, entre delito e impunidad. Ha quedado al descubierto la red de corrupciones y complicidades que como cascada viene desde la cúspide del poder: el Presidente de la República, su gabinete, el Congreso de la Unión, jueces, magistrados, funcionarios electorales, entornos familiares, vinculaciones corporativas, mutuas protecciones y favores, así como fueros castrenses intocados en una guerra social interna.
Asimismo, nunca antes el ejercicio de la soberanía ante el poder imperialista estadounidense, y sobre la política económica, control de los recursos naturales y estratégicos para el desarrollo y bienestar de la nación, había sido tan erosionada, con las injerencias de fondo de las agencias militares, policiales y de inteligencia de nuestros buenos vecinos, así como con las reformas estructurales y leyes reglamentarias que han aniquilado los fundamentos y la esencia misma de la Constitución de 1917. Considerar las exploraciones y explotaciones mineras y petroleras de compañías privadas nacionales y extranjeras como preferentes sobre cualquier otro uso de la tierra significa, en los hechos, una felonía a lo establecido en el artículo 27 constitucional, así como una entrega sin condiciones al capital trasnacional del territorio del país y sus recursos. Representa también una desposesión agraria de enormes proporciones que está provocando resistencias de dimensiones también históricas, que la clase política pretende minimizar.
A lo largo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, el concepto desvío de poder contribuyó a comprender lo que ocurre en nuestro país y a tipificar los actos criminales que han cometido reiteradamente los gobiernos neoliberales. Este desvío es definido como: a) el uso faccioso del derecho y los poderes del Estado para favorecer los intereses de los grandes capitales trasnacionales, así como para perseguir y afectar las garantías de los pueblos; b) la aplicación de una ingeniería constitucional e institucional dolosa que configura un estado de guerra social permanente y ocupación interna, una situación estructural, sistemática y de largo plazo por la que el edificio jurídico del Estado se abre a las corporaciones, mientras se cierran los canales legales a la población, que se ve obstaculizada en sus anhelos de justicia por las mismas entidades que deberían defenderla; c) la violencia, despojo, fragmentación y devastación como programa de gobierno; d) el abandono por parte del Estado de su deber primordial de velar por el interés general de la sociedad para satisfacer los intereses de corporaciones y grupos particulares; e) el ejercicio institucional y estructural por parte del Estado como guardián de los intereses privados para facilitar la mundialización capitalista, utilizando su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo.
Presento esta apretada sinopsis de la trágica realidad nacional porque en frecuentes análisis y exhortos sobre la sacralidad del ejercicio ciudadano del voto y los argumentos chantajistas sobre que la nulidad y el abstencionismo hacen el juego a la derecha, no se toman en cuenta estas violencias de Estado ni la naturaleza criminal y entreguista del mismo; tampoco se asume el grado de descomposición de la clase gobernante y la crisis terminal de los partidos políticos. Se parte de un análisis formal y atemporal de la democracia representativa, sin profundizar críticamente en la historia de los últimos procesos electorales; se pasan por alto las reacciones nada autocríticas de las dirigencias partidistas frente al fraude sistemático, persistente y multiforme. En particular, no se examina hasta qué punto la corrupción estructural de la izquierda institucionalizada ha llegado a penetrar prácticas, formas y contenidos de agrupamientos políticos que se autoafirman la esperanza de México; no se indaga sobre el tipo de democracia tutelada que imponen los poderes fácticos y los gobiernos trasnacionalizados, despojada de toda posibilidad de cambio real y basada sólo en la alternancia de partidos que una vez en el poder, son asimilados a la maquinaria de la actual forma de dominación capitalista.

El subcomandante Moisés, vocero actual del EZLN, durante el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, afirmó que su organización no llama a no votar ni tampoco a votar: “Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita…Lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba… Nosotros entendemos que hay quienes creen que sí van a poder cambiar el sistema con votar en las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque es el mismo mandón el que organiza las elecciones, el que dice quién es candidato, el que dice cómo se vota y cuándo y dónde, el que dice quién gana, el que anuncia y el que dice si fue legal o no. Las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidistas. Y no es que lo estamos diciendo porque se escucha bonito. Es porque ya lo vimos en la realidad, es porque ya lo hacemos. Nosotr@s zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso. Porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y sólo así va a existir un nuevo sistema de gobernar”.
Votar para entregar nuestra representación en una clase política repudiada por el pueblo es acción de un día. Organizarse para construir o fortalecer poder popular desde abajo es un quehacer de toda la vida.

  

Necesidad de ver qué Estado falsifica la democratización social.

   Es ver qué economía  ha establecido más de una deKada.
 
Con ese fin prestemos atención a:
 
La economía argentina y el presupuesto para el 2014.
¿Qué propone y qué oculta? Los debates que necesitamos.
septiembre 2013
Por: Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
El poder ejecutivo presentó al Parlamento el pasado jueves 12/9 el proyecto presupuestario para el 2014, incluyendo el pronóstico del cierre del 2013. El crecimiento previsto del PBI para este año es del 5,1% y para el próximo un 6,2%, con la hipótesis de mejoras en la economía de EEUU y Brasil, dos importantes socios comerciales del país. La inflación se supone en 10,3 para el 2013 y del 10,4 para el 2014, y el dólar se establece a un promedio de 6,33 pesos por dólar. Es verdad que cuesta creer en las cifras de evolución de precios para este año y el próximo, aunque en los próximos días puede presentarse una nueva metodología de medición de precios por el INDEC, según compromiso asumido por el gobierno con el FMI.
A priori señalemos que el presupuesto presentado al Congreso pone de manifiesto la continuidad de la política económica y de los instrumentos en curso, sea escamotear la verdadera inflación de precios con impacto en la ponderación de la medición de la propia actividad económica, como eludir los problemas que presenta el modelo productivo y la inserción internacional subordinada. En este último sentido destaca la hipoteca de la deuda pública, la gigantesca importación de combustibles y la sostenida fuga de capitales. Son datos que no favorecen el mentado objetivo de la inclusión social y la distribución del ingreso, mucho menos de la riqueza socialmente generada.
Superávit fiscal para seguir pagando deuda

El superávit fiscal primario establecido en el Presupuesto, es decir, antes de pagos por la deuda, alcanza a 83.889,3 millones de pesos, equivalentes a 14.614,8 millones de dólares (tipo de cambio= 5,74). Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto incluye 80.310 millones de pesos para hacer frente a compromisos de pago de intereses de la deuda pública, unos 13.991 millones de dólares al tipo de cambio actual. En definitiva, el ahorro previsto tiene destino en la cancelación de la deuda, un tema que estuvo en la entrevista de la Presidenta que difundió la TV pública el sábado 14/9.

Lo curioso es que CFK, a dos días de presentado el proyecto presupuestario, al historiar el endeudamiento del Estado Nacional, explica el fraude de la deuda, resaltando que la banca no pretende la cancelación de la deuda, sino la renovación, lo que explica que pese a pagos por más de 173.000 millones de dólares en una década, el país registre una deuda superior a los 209.000 millones de dólares. El argumento presidencial remite a que por más que se cancele deuda, el mecanismo es la refinanciación y la hipoteca estructural. Argentina es “pagador serial” de una deuda imposible de cancelar. Encima de ello, en el Parlamento, con voto mayoritario del oficialismo y la oposición sistémica, con muy pocos votos por la negativa, se reabrió el canje de deuda en forma “indefinida”. Un pronóstico nada halagüeño en el futuro del endeudamiento y compromisos públicos que postergarán una vez más demandas sociales de empleo, salud, educación, seguridad o promoción de un modelo productivo y de desarrollo alternativo.

Por eso, más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias,
todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.

Llama la atención en el discurso presidencial la mención crítica al papel de la vigente reforma financiera de 1977 con relación a la deuda y el papel de la banca en el privilegio a la especulación. Recordemos que al modificarse recientemente la Carta Orgánica del BCRA, el argumento de CFK remitió a lo innecesario de reformar la legislación financiera heredada de la dictadura genocida. Hay que reiterar que el país, con estos datos de deuda pública y las propias reflexiones de CFK, debería denunciar la deuda, iniciar un proceso de investigación, o de auditoria, máxime cuando el discurso presidencial manifiesta que la ganancia de los inversores externos que demandan a la Argentina en Nueva York pretenden una ganancia del 1.300%, es decir, más que usuraria. Con esa rentabilidad, dice la Presidenta, quién quiere invertir en la producción, siendo mucho más rentable la especulación financiera.

Claro que mientras la Argentina siga formalizando contratos que permita que los inversores externos demanden en sede judicial extranjera, caso YPF-Chevron, el tema no se termina nunca.
No alcanza entonces con investigar y mientras suspender los pagos de deuda, sino que también deben anularse la pérdida de soberanía jurídica y los tratados internacionales en defensa de las inversiones y la presencia en el CIADI, base de la enorme presión judicial extranjera que pende sobre el país y augura nuevas expansiones del total de la deuda pública.
Los datos del comercio exterior

El superávit de comercio exterior se estima en 10.556 millones de dólares para el 2013, y de 10.124 millones de dólares para el 2.014. Esta misma semana, el titular de YPF ha señalado la gravedad de la situación energética del país, que este año insumirá una factura del orden de los 13.000 millones de dólares, y si la previsión es de crecimiento para el próximo año, todo augura un mayor gasto en la importación de combustibles.

Por ello,
pese a los auspiciosos datos expresados en el presupuesto, los problemas de fondo siguen sin solución alternativa y se repite una estrategia que supone un freno deliberado a las importaciones para intentar sostener la situación superavitaria y contener la pérdida de reservas internacionales.
No existen pistas de cambios en la inserción internacional de Argentina, ni señales de discusión regional para otra inserción regional en la economía mundial. Se sigue apostando a la superación de la crisis capitalista de los principales compradores del país, en lugar de proponer modificaciones al modelo productivo y de desarrollo que suponga otro orden económico, financiero y social sobre la base de una mayor integración y articulación productiva regional.

Vale lo sostenido porque la proyección de la economía latinoamericana para el 2014 no reproduce altas tasas de crecimiento y empieza a manifestar explícitamente efectos de la crisis mundial. El impacto llegará con afectación a las variables sociales de ingresos populares, desempleo, subempleo y precariedad, carestía de la vida y empobrecimiento.
El Banco del Sur se anunció en diciembre del 2007 y aún no está funcionando, retrasando las ideas de una nueva arquitectura financiera en la región, e intentar una relativa desconexión del capitalismo mundial. Hugo Chávez insistió hasta el cansancio en una política energética común para Nuestramérica, y la tendencia es a la asociación con transnacionales a fines de intentar “soluciones” nacionales.

No se trata s
ólo de una crítica relativa a la Argentina, sino a la situación que en general se presenta en la región como desafío. O se asume una nueva inserción de Nuestramérica unida en el mundo, o cada país resuelve como puede sus problemas en asociación con el poder económico mundial.

Algunas conclusiones
Son reflexiones a propósito de un Presupuesto para el 2014 que sugiere la continuidad de la política económica en curso y sin perspectiva de cambio para otro modelo productivo y de desarrollo.

En el balance presidencial se sostiene que en el 2013 se vive mejor que en el 2007, base para pensar en los apoyos logrados hacia el 2011 y que no explican el retroceso de las recientes PASO.
El problema es que la percepción de amplios sectores de menores ingresos de la sociedad no coincide con los datos oficiales y demanda rupturas y no continuidades. Remito al tercio de trabajadores precarizados; a los trabajadores cuyo ingreso promedio mensual ronda los $4.000, insuficiente para pagar bienes y servicios para una vida digna; a los jubilados y pensionados, que aún con actualizaciones perciben en una gran mayoría ingresos menores a lo necesario para satisfacer la canasta familiar; a una mayoría de pequeños productores y empresarios que asocian su destino a la capacidad de compra de los ingresos populares. Solo por mencionar cuestiones económicas, motivo del presente escrito. Es cierto que también existen otras cuestiones en el descontento que manifiestan organizaciones sindicales y territoriales de trabajadores y otros sectores sociales, con reivindicaciones más allá de lo material y económico y que conducen a cuestiones democráticas en el ámbito de la política. Es un terreno que remite a la crisis presente de la política, y especialmente de la alternativa política popular.
Al debatir el proyecto presupuestario se debe intentar ir más allá de la cuestión numérica y habilitar una discusión sobre el país que se tiene y el que se pretende, algo que insinúa el movimiento por una constituyente social que sostiene la CTA e incluso la propuesta de una consulta popular en defensa de los bienes comunes, lo que implica discutir el modelo productivo y de desarrollo en curso y el que se pretende en una perspectiva emancipadora, no capitalista, por el socialismo.
Con el objetivo de ver cómo se expropian los fondos públicos persistamos en el análisis de la Ley anual donde se planifica cómo  se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población y cómo el gobierno CFK procede al revés. Lo hace continuando a todas las gestiones anteriores de la democracia restringida.
 
Presupuesto 2014: Más para pagar deuda que para salud y educación
 
Por: Fabiana Arencibia (RED ECO)
El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional vuelve a realizarse sobre la base estadísticas oficiales cuestionadas, mostrando una inflación irreal, datos de un crecimiento de dudoso alcance, aumento de la deuda intra-estado y un incremento del 73 por ciento en el pago de intereses de deuda pública a la cual se destinan más recursos que a Salud y Educación.

El próximo miércoles entrará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2014 presentado por el Poder Ejecutivo para su debate. El mismo plantea un crecimiento de la Economía (PBI) del 6,2 por ciento, una inflación del 9,9 por ciento y un dólar a $6,33. También contiene las prórrogas de los impuestos al cheque y del adicional de emergencia del cigarrillo, necesarias porque están incluidas como recursos en la recaudación que el proyecto prevé.

Además buscará la aprobación de
la prórroga de la ley de Emergencia Económica por dos años. Por esta vía el Poder Ejecutivo puede ampliar el gasto y reasignar partidas por fuera de lo aprobado en el Parlamento. Subestimando gastos y recursos se logran “excedentes” que, a través de esta ley, dejan a decisión del Ejecutivo cómo disponer de ellos.

Hace pocos días, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno amplió el gasto aprobado en el presupuesto en poco más de 23 mil millones de pesos para destinarlo principalmente a energía eléctrica e hidrocarburos (ENARSA y CAMMESA), a subsidios para empresas de transporte público de pasajeros y asignaciones a Vialidad Nacional. Además reasignó recursos cercanos a los 19.400 millones de pesos por no estar obligado a abonar el próximo diciembre los cupones de bonos atados al PBI de 2012 (el crecimiento en ese año no llego al 3,2 por ciento que es el porcentual que obliga al gobierno a su cancelación).

El economista y diputado nacional Claudio Lozano ya había denunciado el año pasado que
“entre el 2003 y el 2012 pasaron por fuera del Parlamento, gastos por 850.000 millones de pesos, el 43 por ciento del gasto total que se realizó”.

Al igual que años anteriores, cuando se presenta el proyecto de ley se conocen opiniones tanto de legisladores de la oposición política como de diversos economistas que cuestionan las proyecciones presupuestarias por no reflejar la realidad.

La más visible es la cotización del dólar que se estimó en $5,10 para el 2013, mientras que a la fecha la cotización oficial es de $ 5,75 pesos y el dólar paralelo trepó hoy a $9,35.

La más cercana a los bolsillos de los ciudadanos es la inflación. En 2013 el presupuesto la calculó en un 10,8 por ciento. Estimaciones que realizan diversos economistas y también quienes sin serlo asistimos al aumento regular de precios de bienes y servicios, la acercamos con optimismo a un 20 por ciento.
Estos tres elementos del presupuesto (dólar, inflación y crecimiento) son importantes en cuanto a su consistencia y veracidad porque de ellos se desprenden los cálculos de ingresos y gastos. Si esos datos no son reales es lógico que tampoco lo serán el resto de los que se presupuestan.

Al analizar esta compleja ley de 380 páginas y 79 artículos intentamos hacer una lectura política además de analizar las partidas que componen el presupuesto.
El Ministerio de Economía publicó los lineamientos del proyecto y en ellos se expresa la continuidad de la política de aumentar la deuda intra-estado para cubrir los vencimientos de deuda al afirmar que se llevarán a cabo “políticas públicas no dependientes de programas diseñado por terceros, sin necesidad de acudir a los mercados internacionales para refinanciar los servicios de la deuda pública”.

 
Respecto a los intereses de la deuda de 2014 que deberían cancelarse con los organismos públicos de los cuales se toman los recursos (fundamentalmente la ANSes), la cartera económica expresa que estos organismos “tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente para refinanciar sus obligaciones”, o sea, no será necesario cancelar las deudas con ellos.

Por otra parte, plantea la captación de fondos destinados al pago de intereses de deuda (mayoritariamente con organismos públicos) que no puedan cubrirse con recursos fiscales. Esto será así porque para cerrar los números de este proyecto de presupuesto se vuelve a cerrar con endeudamiento
.
Economía también manifiesta la decisión de “seguir avanzando en el proceso de regularización de pago de deuda pendiente de reestructurar” como una clara señal ante el conflicto con los llamados “fondos buitres”. Se suma como otra señal la confirmación de que 2013 cerrará con un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento lo cual habilita a los bonistas a cobrar el cupón PBI por una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares (cosa que no sucedió el año pasado).
Algunos números globales en el proyecto de presupuesto

Para explicarlo en forma sencilla,
el presupuesto muestra las entradas y salidas de dineros públicos que el Estado debe administrar como parte de su responsabilidad para satisfacer las necesidades colectivas así como fuentes de financiamiento. Es el instrumento de programación económica, financiera y social que prevé de dónde obtendrá los recursos para hacer frente a los gastos, a posibles déficits, a ahorros en inversiones.

Daremos algunos datos que nos parecen relevantes para el análisis político-económico.

Los ingresos presupuestados ascienden a 860.411 millones de pesos y los gastos a 768.295 millones de pesos. Esto muestra un superávit primario de 78.116 millones de pesos. Cifra que se reduce a sólo 869 millones (resultado financiero) ya que el pago de intereses de la deuda pública ascendería en 2014 a 77.247 millones de pesos. Tengamos en cuenta que uno de los “lineamientos” de Economía es la posibilidad de que los organismos públicos refinancien estos pagos.


Estos números se desprenden del cuadro “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”. Aquí queremos resaltar que cuando se elaboró el presupuesto 2013 se mostraba un Resultado Financiero con un superávit de 587 millones de pesos. Sin embargo el actual proyecto blanquea que el mismo no fue positivo ya que a fines de 2013 cerrará con un déficit de 44.612 millones de pesos. Lo marcamos como un elemento más para pensar los cuestionamientos que se le hacen a los números que presenta el gobierno en sus proyectos de presupuesto.
Ingresos en el proyecto de presupuesto

Tal como viene sucediendo, los ingresos para financiar los gastos reúnen tanto a los recursos tributarios como a las Contribuciones de Seguridad Social,
cuando estas últimas no son recursos presupuestarios que, por lo tanto, no deberían ser usados para cubrir los gastos.
Sin embargo son, en el ranking de ingresos del presupuesto, los primeros en la lista (250.040 millones de pesos) representando un 29% del total. Le sigue el IVA (18,6%), el Impuesto a las Ganancias (14%) y los Derechos de Importación y Exportación (14%). Atrás quedan el Impuesto al Crédito y Debito Bancario, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, los impuestos Internos y “otros”. Dentro de estos últimos está el Impuesto sobre los Bienes Personales que se paga sobre los bienes tales como inmuebles, rodados, acciones, saldos en cuentas corrientes bancarias, artículos suntuarios como yates, obras de arte, etc. Este ítem, que es una clara exteriorización de riqueza, aporta apenas un 1,4 % del total de ingresos presupuestados.

Respecto a los ingresos podemos decir que muestran un crecimiento del 27,2 por ciento respecto a los del año 2013. Sin embargo, planteamos que existe una subestimación que se viene dando desde hace varios años para disponer vía aplicación de la Ley de Emergencia de recursos reasignables en forma directa por el Ejecutivo.
Gastos en el proyecto de presupuesto

El crecimiento de los gastos presupuestados se prevé en un 19,2 por ciento. Estos incluyen los intereses de la deuda pública.

En este ítem el ranking lo encabezan los gastos de Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, seguro de desempleo) con un 44 por ciento del total de lo presupuestado. En segundo lugar se encuentran los de Energía y Combustibles que son de un 9,3 por ciento (mostrando nuevamente la crisis energética). El tercer lugar lo ocupan los intereses de la deuda pública con un 9 por ciento del total de los gastos presupuestados. Le siguen Educación y Cultura (7,9%), luego Transporte (6,5 %) y lejos, en sexto lugar, queda Salud con solo 3,4%.
Respecto a los gastos, el crecimiento sería superior a la tasa de inflación proyectada en el presupuesto pero inferiores a la inflación real que algunos economistas evalúan para el 2014 en cercana al 25% (Por otra parte los gastos del presupuesto 2013 están cerrando con un crecimiento del 32% anual). ¿Es un dibujo, es un ajuste social o es subestimar los gastos para no cerrar el presupuesto con déficit financiero?

Párrafo aparte merece los intereses de deuda pública que a valor dólar del presupuesto 2014 (6,33) se estarían llevando 12.203 millones de dólares en un año, o sea 33,4 millones de dólares diarios, 1,40 millones de dólares por hora, 23 mil dólares por segundo. Pero además representan un incremento del 73 por ciento respecto a los que se estiman terminarán de liquidarse en 2013. Por otra parte es necesario agregar que el presupuesto autoriza a endeudarse en 80.300 millones de pesos (12.690 millones de dólares a cotización presupuestada)

Tal como expresa el economista Julio Gambina: “Más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.”
A modo de cierre

Retomamos lo que decíamos el año pasado en la nota Presupuesto Nacional para principiantes:
Esta Ley de Leyes debería ser pensada y elaborada desde los datos más cercanos a la realidad actual y la que se proyecta para el próximo año. Como así no ocurre, pierde la utilidad sobre todo para poder luego exigir rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Conocer al menos lo básico de su estructura creemos que sirve para poder decodificar los mensajes y el relato de un gobierno que insiste en afirmar que seguimos el camino del desendeudamiento y de la distribución de la riqueza. Fuente: http://www.argenpress.info/2013/09/presupuesto-2014-mas-para-pagar-deuda.html
 
Con la mirada puesta en descubrir al Estado falsificador de la democratización social a través de la economía centrada en transferir los fondos públicos a los grandes capitales (y a sus socios menores, los altos funcionarios) mediante el sistema de la deuda externa pública,  hallamos razones de la Primera Conferencia Internacional: Deuda, Bienes Comunes y Dominación. Leer  En efecto:


Ley Hidrocarburos, evasión de impuestos, buitres petroleros, y pingüinos empetrolados
29 de Octubre de 2014
 
 
Por: Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

(...)Una ley absolutamente fuera de contexto
 
En concreto, se está emitiendo absurdamente una ley enteramente fuera de contexto, como si los legisladores oficialistas vivieran 50 años atrás, en 1967, y fueran senadores y diputados del Frente para la Victoria del Gral. Onganía y el industrial Krieger Vasena. Confeccionada cuando el petróleo valía u$s 2 el barril, que ajustado por inflación hoy sería u$s 20 el barril, y preveía una regalía del 12 %, que podía reducirse hasta un 5 %, y ahora puede hacerse hasta menos de un 4 %.

La que no obstante preveía una tasa especial sobre la renta petrolera del 55 % (art 56 Ley Hidrocarburos). Que en los ´90 fue dejada de hecho sin efecto por Menem y Cavallo, reduciéndola a la tasa general del 35 %, que hasta ahora se mantiene.
Siendo además otra notable carencia de contexto, el desconocimiento absoluto de los mecanismos de evasión y elusión de impuestos desarrollados por el sector petrolero, que se verán seguidamente, ante los cuales la AFIP parece estar enteramente en Babia. Y les permite pagar ínfimos montos por el impuesto a las ganancias, pese el notable aumento que han tenido en sus ingresos.

En concreto el quid de la cuestión es la renta petrolera, y quién disimuladamente se la lleva. Conforme el dicho de John Rockefeller, el legendario dueño de la Standar Oil -EXXON - MOBIL, quien decía hace un siglo que “el negocio más rentable del mundo, era una compañía petrolera bien administrada. Y el segundo negocio más rentable, era una petrolera mal administrada”. Y que sus inversiones las planificaba firmando cheques, como si fuera el Tío Rico. Como consecuencia de que el costo de los combustibles, llega a ser hasta menos del 10 % de su precio de venta al público. Generando así una enorme renta, que permite la autofinanciación de la actividad, potenciada por la modalidad de pago contado con que opera.
 
Ese viejo dicho del Tio Rico Rockefeller, ha cobrado ahora una notable actualidad, con el enorme aumento en el precio de los hidrocarburos registrados desde el 2000 en adelante. Cuestión que la troika de los ex secretarios de Energía, que proponen pomposamente establecer políticas de estado para el petróleo, se empeñan a toda costa en soslayar como si esa renta no existiera. Y para disimularlo se despachan hablando de generalidades siempre favorables a las compañías petroleras.

No siendo extraño que esa troika de ex, este liderada por Alieto Guadagni, el último secretario de Energía del Proceso Militar, que renegoció entonces los contratos de las petroleras con la YPF estatal, enteramente a satisfacción de éstas. Y luego durante la democracia lo fue del presidente Eduardo Duhalde, y se olvidó enteramente de recordarle a este el mandato del Congreso de ponerle retenciones a los hidrocarburos, hasta que fue apercibido con una denuncia penal.

También está Julio César Araoz, secretario de Energía de Menem, que fue acusado de reducir los muebles robados a los desaparecidos en el campo de concentración de La Perla en Córdoba. De ser “íntimo amigo” del jefe del mismo, el capitán Héctor Vergez de tétrica figura. Y de colaborar con el batallón de inteligencia cordobés, dedicándose a chantajear a familiares de las víctimas para que delataran a los amigos de estas, para así tener posibilidades de volver a encontrarlos con vida.

Figura también Julio Apud, que sólo estuvo unos días en el cargo, en el interregno de dos semanas de Ricardo López Murphy como ministro de Economía en el 2001, previo al ascenso de Cavallo. Y Raul Ollocco que estuvo menos de 30 días en el cargo en 1989, durante la estrepitosa caída del presidente Alfonsín. Y Daniel Gustavo Montamat, que llegó a ese puesto con el presidente Fernando De la Rua, gracias a ser yerno de Conrado Storani.

El que a su vez fue otro opaco ex secretario de Energía, quién pese ser médico obstetra, ocupó ese puesto dos veces. La primera durante la reversión de la rescisión de los contratos petroleros, durante la presidencia de Illia. Y la segunda durante la presidencia de Alfonsín, en la que convalidó e incluso mejoró a favor de las petroleras, la renegociación de los contratos petroleros efectuada por Guadagni en los estertores del Proceso Militar. Luego lideró el acuerdo por el Beagle con Chile, para que las megapetroleras internacionales pudieran poner en explotación los yacimientos que detentaban en el estrecho de Magallanes.
En los ambientes políticos se sabe que el puesto de secretario de Energía, igual que otros puestos estratégicos de la administración pública, se “vende” a cambio de la financiación de la campaña electoral. Pero además todos los últimos nombrados son dueños de consultoras de energía, que tienen que tienen como rumbosos clientes a las compañías del sector petrolero, por lo cual en cualquier país serio del mundo, en vez de ser presentados como expertos, como hacen CLARIN y LA NACION, serían calificados como lobistas rentados de dudosa credibilidad.
Hay un dicho que segura que el error conlleva una doble ignorancia: la ignorancia de lo que se afirma, y la ignorancia de la propia ignorancia. Eso es lo que me sucedió al analizar de apuro una ley que se refiere a una riqueza equivalente a 400 años de consumo de gas natural. Pero no obstante se la subsumió junto las regalías del petróleo, y a la ley en cuestión se le dio un tratamiento intempestivo de solo una semana, lo cual es otra clara muestra de la enorme degradación que sufre Argentina. Pero dicho error también fue un acicate, para refrescar conocimientos del pasado referidos a la evasión de la renta petrolera, que es el quid de cuestión actual, siendo propio de la condición humana, llegar a la verdad por aproximaciones sucesivas, o sea por vía del error.


Los dibujos contables del cartel petrolero

La estructura cartelizada del sector petrolero tiene, entre otras, una curiosa evidencia proveniente de la época del último gobierno militar, durante el cual afianzó su estructura notablemente. Al haber sido los petroleros que hoy siguen cortejando al poder, los principales socios comerciales de ese sangriento y cruento Proceso Militar.


Ella consiste en el dibujo de sus balances o estados contables legales, durante el periodo entre 1979 al 1981. En los cuales en forma consolidada se repitió a lo largo de esos años, una ganancia consolidada por parte de sus principales empresas intervinientes, de exactamente un cinco por ciento; conforme se puede verificar en el siguiente cuadro, cuyos datos se pueden constatar en el ranking anual de empresas publicado por la revista Mercado:
De esos guarismos, provenientes supuestamente de empresas independientes entre sí, surge un constante y exacto resultado en una tasa de ganancia clásica de Utilidades sobre Ventas, fija e invariable, del 5,000 anual con tres decimales. Pese a las enormes variaciones en las cifras de ventas nominales, que se incrementaron un 152 % en 1980, y un 92 % en 1981, fruto de la elevada inflación de entonces, como para que la Bolsa y la DGI AFIP, no se preocuparan demasiado por ese sector.
 
Resulta evidente a todas luces que ese resultado sólo puede provenir de un "dibujo contable", o sea de un hecho determinístico y no aleatorio, como sería de suponer. Lo cual indica la existencia de una contabilidad consolidada paralegal, y de un refinado sistema de evasión impositiva, a los efectos de poder dibujar ese módico resultado para el conjunto del cartel.


Al que no obstante se puede arribar fácilmente, mediante la curiosa modalidad de socios - competidores que adoptó dicha actividad tras el shock petrolero de 1983, que decuplicó (multiplicó por 10) el precio del petróleo, y
elevó sideralmente las ganancias del mismo. La que cual tiene su manifestación en la red o maraña de UTEs (Unión Transitoria Empresas) con que se desenvuelve el sector, conforme se puede visualizar en los sociogramas que se encuentran en el escrito antes referido.
En concreto, esa maraña o red de UTEs opera como vasos comunicantes, que conjugados con los cierres diferidos de sus balances legales, que están lejos de coincidir en una misma fecha, permiten mantener a sus Ganancias e incluso sus posiciones de IVA en el aire. Sin que se reflejen en la fotografía puntual de sus estados contables para una determinada fecha, distinta para cada uno de los integrantes del cartel.

El instrumento para también es muy concreto, son las ahora famosas facturas apócrifas, que han salieron a la luz con motivo de su uso por el socio del poder Lázaro Baez, pero están lejos de haber sido inventadas por este. Las que consisten simplemente en prestaciones ficticias, que nunca se realizaron, pero le permiten al pagador de ellas inflar gastos o costos, y generar créditos de IVA, con las que se pueden hacer múltiples combinaciones. No siendo casual que en el listado publicado recientemente por la AFIP, aparezcan petroleras como YPF, ESSO; EXXON, DAPSA, QUITRAL CO, etc. Aunque la emisión de las mayorías de ellas en el sector petrolero no provendrían de usinas del extra sector, sino de firmas del intra sector.
Radiografía del opaco negocio petrolero a la luz de los guarismos de la AFIP
Del cotejo de los Anuarios de Estadística Tributaria de la AFIP del 2001 y 2013, que brindan datos de los años 2000 y 2001, y 2012 y 2013 respectivamente, y de los datos que suministra la Secretaría de Energía en cuanto a precios y cantidades,
surge que el negocio petrolero se ha tornado muy próspero. Con un notable y sostenido aumento en sus precios, que aun no ha cesado, que ha compensado con creces una notable disminución de algunas de sus cantidades. Pero que no obstante a generado una bajísima tributación, que no alcanza a ser ni la mitad del 2001.

Volúmenes y precios

En el upstream (exploración y extracción) la cantidad de petróleo extraída disminuyo un 36 % entre el 2000 y 2013 (pasó de 42,8 a 27,6 millones m3) mientras que el gas natural bajo un 8 % (de 37,7 a 35,8 miles de millones m3). En TEP (Toneladas Equivalentes Petróleo) incluyendo los rubros menores de Gas licuado de petróleo y Gasolina y Condensados, la disminución fue de un 21 % (pasó de 75 a 60 millones).

Pero esta disminución de cantidades, fue compensada con creces con los precios internos. Al aumentar el petróleo entre el 2001 y el 2013 un 1.604 % en pesos, y un 216 % en dólares (pasó de u$s 23,3 a u$s 73,6 el barril, calculado con un dólar a $ 5,4 promedio anual) o sea un nivel cercano al precio internacional actual. Por su parte el gas natural aumento un 702 % en pesos, y un 49 % en dólares (pasó de u$s 45 a u$s 67 el millar de m3). Lo cual expresado en TEP equivale a un aumento del 1.353 % en pesos y un 170 % en u$s (pasó de u$s 119 a u$s 282 la tonelada), evolución con la cual cualquier actividad en Argentina se sentiría muy conforme.

En cuanto al downstream (Elaboración y Comercialización de combustibles) el volumen de venta entre 2001 y 2012 subió un 34 % en las motonaftas (pasó de 4,2 a 5,7 millones m3), y bajó menos un 12 % en Kerosene y Aerokerosene (pasó de 1,6 a 1,4 millones) menos un 21 % en Gas Oil y Diesel Oil (pasó de 10,8 millones a 8,6 millones) y menos un 82 % en Fuel Oil (pasó de 0,5 a 0,1 millón m3). Lo que representa una caída en el volumen comercializado de esos principales productos del 7 % (de 19,2 a 17,8 millones m3).

Y nuevamente con los precios sucede todo lo contrario. El litro de nafta súper a mayoristas sin impuestos aumentó entre el 2001 y el 2013 un 1937 % en pesos y un 260 % en dólares (pasó de $/u$s 0,34 a $ 6,59 y u$s 1,22). Y el litro de Gas Oil grado intermedio aumentó un 1.826 % en pesos y un 239 % en dólares (pasó de $/u$s 0,28 a $ 5,11 y u$s 0,95). No obstante lo que significa un notable transferencias de impuestos a favor de las petroleras, y no del consumidor como se dice generalmente, esos aumentos no se reflejaron enteramente en el precio en el surtidor. Ya que la nafta súper tuvo ínterin un aumento del 918 % en pesos, y del 71 % en dólares (pasó de $/u$s 1 a $ 9,19 y u$s 1,71). Mientras que el gas oil intermedio tuvo un aumento de 1.219 % en pesos y 127 % en dólares (paso de $/u$s 0,6 a $ 7,3 y u$s 1,36).
Ventas

De esa manera las ventas totales declaradas a la AFIP por el sector petrolero aumentaron entre el 2001 y el 2013 un 1.516 % en pesos y un 200 % en dólares (pasaron de $/u$s 22 mil millones a $ 361 mil millones y u$s 67 mil millones). Superando incluso el sustancial crecimiento físico que tuvo el país, cuyas ventas crecieron ínterin un 1.450 % en pesos y un 188 % en dólares. Pese la notable reducción del volumen físico que registró el sector petrolero, cuyo crecimiento lo hizo a fuerza de precios.

En el mercado interno, las ventas del sector treparon un 1.683 % en pesos y un 231 % en dólares (pasaron de $/u$s 27 mil millones, a $ 329 mil millones y u$s 61 mil millones) mientras que las ventas totales del país subieron un 1.438 % en pesos y 186 % en dólares. O sea que superaron el nivel de estas, pese la dismución del volumen físico. E incluso del número de firmas intervinientes en el sector, que se redujeron un 6 %, al pasar de 5.967 firmas a 5.742 firmas. Evidenciado esto la concentración del sector, que detenta el 7 % del volumen total de ventas del país, con solo el 0,7 % del total de firmas. Y por su parte las exportaciones se incrementaron un 54 %, al pasar de u$s 4 a u$s 6 mil millones, equivalente a un 7,4 % del total del país.

No obstante el upstream superó esas cifras ya que sus ventas crecieron un 1.695 % en pesos, y un 233 % en dólares (pasaron de $/u$s 12,5 mil millones a $ 226 mil millones y u$s 42 mil millones). Siendo notable en este sector el crecimiento de las firmas dedicadas a servicios petroleros, pese a la reducción de su actividad, las que se incrementaron un 76 % (pasaron de 282 a 497) con un incremento en su facturación del 3.458 % en pesos y del 561 % en dólares (pasaron de $/u$s 1.013 millones a $ a 36 mil millones y u$s 6,7 mil millones). Poniendo esto en evidencia una agresiva política de tercerizaciones, que como se verá, es una de las maneras de inflar los costos para no tributar ganancias, cuya incidencia en el upstream pasó de un 8 % en el 2001, al 16 %, o sea el doble en el 2013.

En el dowstream se da a la inversa una reducción de su incidencia en el total del negocio, ya que paso de representar el 44 % del sector en el 2001, a solo el 37 % del mismo en el 2013. Poniendo esto en evidencia el traslado de la renta petrolera del dowstream al upstream, o sea de la refinación y comercialización, hacia la extracción del petróleo, actividad sobre la que se está legislando, para aumentarla aún más.

En el downstream entre el 2001 y 2013, hubo una disminución de las firmas intervinientes en un 9 % (pasaron de 5.465 a 5.000). Siendo esa disminución proporcionalmente mucho mayor en el refino, donde se redujeron un 28 % (pasaron de 138 a 108) que en la Comercialización, con estaciones de servicio incluidas, que registro una merma del 8 % (pasaron de 5.328 a 4.892). Siendo esto otra muestra de la concentración del sector.

Por su parte las ventas totales del dowstream aumentaron un 1.285 % en pesos, y un 157 % en dólares (pasaron de $/u$s 9,8 mil millones, a $ 135 mil millones o u$s 25 mil millones). Acrecentando por su parte la comercialización su participación, que pasó de un 52 % a un 57 %, con un aumento en sus ventas de 1.414 % en pesos, y del 181 % en dólares (pasaron de $/u$s 5,1 mil millones, a $ 78 mil millones, o u$s 14 mil millones. Y por su parte el refino aumento sus ventas en un 1.144 % en pesos, y un 131 % en dólares (pasaron de $/u$s 4,6 a $ 58 mil millones, o u$s 10,7 mil millones). Y además aumento sus exportaciones en un 146 %, las que pasaron de u$s 0,78 mil millones, a u$s 1,9 mil millones.
Empleadores y empleados
El análisis de los indicadores referidos al personal entre el 2001 y el 2013 es otra notable muestra de la bonanza en la que se desenvuelve el sector petrolero. En los grandes números ella se refleja en que en el 2013 tenía el 0,75 % de los empleadores, pero detentaba el 1,8 % de los empleados del país. Cuando en el 2001 eran el 1,12 % de los empleadores y detentaban el 1,5 % de los empleados.

O sea que su participación como empleadores decreció un 33 %, a la par que su participación en el empleo creció un 18 %. Habiendo aumentado solo un 2 % los empleadores (pasaron de 4.175 a 4.275) pero un 59 % los empleados (pasaron de 72.227 a 114.853). O sea que la casi la misma cantidad de empresas aumentaron sustancialmente sus empleados, en un marco de gran crecimiento de empleadores (pasaron de 371.950 a 571.064 en total, con un crecimiento del 54 %). Lo que vuelve a evidenciar la concentración con la que se desenvuelve el sector.
En cuanto al upstream específicamente, los empleadores crecieron un 71 % (pasaron de 221 a 378) mientras que los empleados crecieron un 174 % (pasaron de 18.942 a 51.985) lo que no se condice para nada con la notable caída en la producción que registra este subsector. Y la mayor incidencia de ese crecimiento la aportan las empresas de Servicios relacionadas con la extracción de petróleo, que crecieron un 90 % (pasaron de 157 a 298) y no la de Extracción de petróleo, que crecieron sólo un 24 % (pasaron de 65 a 80). Habiendo registrado las primeras un crecimiento de empleados del 304 % (pasaron de 8.295 a 33.484) contra un crecimiento de las segundas de sólo un 74 % (pasaron de 10.646 a 18.501) lo cual evidencia a las claras la notable tercerización de la actividad que se produjo ínterin.

Por su parte el downstream muestra por contrario un estancamiento, dado que los empleadores decrecieron un 1 % (pasaron de 3.953 a 3.897) mientras que los empleados crecieron un 18 % (pasaron de 53.285 a 62.868). La mayor incidencia en ese desarrollo lo aporta el subsector de la comercialización, donde los empleadores disminuyeron un 1 % (pasaron de 3.875 a 3.825) mientras que los empleados crecieron un 24 % (pasaron de 45.634 a 56.555). Por contrario en el subsector de la refinación disminuyeron los empleadores un 8 % (pasaron de 78 a 72) mientras que los empleados cayeron un 17 % (pasaron de 7.652 a 6.133).
Remuneraciones
La evolución de las remuneraciones del sector petrolero son otra notable muestra de la bonanza que atraviesa el sector, pese la notable caída en sus niveles de producción. La masa salarial para el total del sector registró entre el 2001 y el 2013 un aumento del 1.510 % en pesos y del 358 % en dólares (pasó de $/u$s 1,08 miles de millones a $ 28,5 miles de millones, o u$s 5,3 mil millones). Teniendo no obstante en el 2013 una participación de solo el 7,9 % sobre el total de ventas, que no obstante es sensiblemente superior al 5,9 % registrado en el 2001.

Pero es en el upstream donde se registran los mayores aumentos, pese la caída física de esa actividad, ya que allí masa salarial arroja un aumento de 3.750 % en pesos y 625 % en dólares (pasó de $/u$s 0,55 mil millones, a $ 21,4 mil millones, o u$s 4,0 mil millones). Repartiéndose esta última suma en u$s 1,6 millones para la Extracción, con un aumento del 320 %, y u$s 2,4 mil millones para los Servicios, con un aumento del 1.260 %. Lo que nuevamente habla a las claras del proceso de tercerización de la actividad, que registró en el 2013 un 59 % de la masa salarial tercerizada, cuando en el 2001 solo era del 31 %.

Por su parte en el downstream se registró un aumento del 1.220 % en pesos, y del 290 % en dólares (pasó de $/u$s 0,53 mil millones a $ 7 mil millones o u$s 1,3 mil millones) repartiéndose esta suma con u$s 0,3 mil millones para el refino, con un aumento de solo el 65 %, y 1,0 mil millones para la comercialización, con un aumento del 208 %. Lo que habla a las claras del estancamiento en la refinación de combustibles, que pasó de una participación del 38 % en el 2001 en la masa salarial de este subsector, a solo el 22 % en el 2013.

En cuanto las retribuciones promedio del sector, se pueden apreciar en el cuadro adjunto los notables aumentos que registraron desde el 2001, concentrados sobre todo en el upstream. Y también la enorme dispersión que tienen ellas, que pasan de un promedio mínimo de $ 8.000 y u$s 1.500 en el sector de Comercialización, semejante al del promedio del país, hasta un nivel de $ 39.000 o u$s 7.260 en la Extracción. Donde además se registran los mayores aumentos desde el 2001, que casi llegan a duplicar el promedio del país, mostrando esto la enorme bonanza de ese sector, adonde se ha traspasado la renta del petróleo.

Párrafo aparte merecen los aportes a cargo del empleado, y sobre todo las contribuciones a cargo del empleador. Los primeros aumentaron en el total del sector un 1.760 % en pesos, y un 250 % en dólares (pasaron de $/u$s 0,143 mil millones, a $ 2,7 mil millones, o u$s 5 mil millones). Pero los correspondientes al upstream aumentaron un 2.360 % en pesos y un 360 % en dólares (pasaron de $/u$s 73 millones a $ 1,8 mil millones o u$s 336 millones).

Pero a estos números lo superan largamente las contribuciones, que evidencian la generosidad de los petroleros en relación a la fuerza sindical, con el claro objeto de cooptarla a su favor. Lo cual se manifiesta en la ausencia de toda crítica y el apoyo explicito dado a la patronal, en cuestiones estratégicas para el sector, como el contrato con Chevron y la actual ley de hidrocarburos.

Ellas aumentaron en el total del sector un 2.610 % en pesos y un 400 % en dólares (pasaron de $/u$s 158 millones, a $ 4,3 mil millones o u$s 800 millones). Pero las correspondientes al upstream aumentaron un 3.890 % en pesos y un 640 % en dólares (pasaron de 79 millones a 3,2 mil millones, o u$s 585 millones).

En términos per cápita en el total del sector aumentaron un 1.600 % en pesos, y un 217 % en dólares (pasaron de $/u$s 2.196 a $ 37.509, o u$s 6.965). Por su parte las correspondientes al upstream aumentaron un 1.490 % en pesos, y un 180 % en dólares (pasaron de $/u$s 4.103 a $ 63.898, o u$s 11.865).
Las sospechas que arroja el IVA
No obstante el notable aumento en el precio registrado entre el 2001 y 2013 de los productos que surgen de las extrañas de la tierra, reseñados previamente, en el cotejo de la posición de IVA del sector petrolero entre ambos años, surge una notable y sospechosa regularidad. Como si esos productos minerales hubiesen surgido de las entrañas de la tierra con un crédito del IVA bajo el brazo, para neutralizar el debito del IVA que deparaba el gratuito mayor valor agregado a esos productos por efecto del precio.

En concreto el Debito fiscal del total del sector petrolero se incremento entre el 2001 y 2013 14,34 veces en pesos (pasó de $ 5,4 mil millones a 77,4 mil millones). Pero contra lo que era de esperar, el Crédito por el mayor valor agregado de lo extraído aumento aún mas, 14,56 veces (pasó de $ 4,76 mil millones a 69,3 mil millones). Por lo que la relación Débito/Crédito apenas varió de 1,13 en el 2001, a 1,12 en el 2013, e incluso descendiendo en vez de aumentar como era de esperar. Cabiendo apuntar al respecto que en el total de la economía, esa relación se mantuvo estable en 1,23 veces en ambos años, o sea bastante más arriba que la del sector petrolero.

En cuanto al upstream la estabilidad fue aún más notable, contra lo que cabía esperar, ya que el Débito aumento 21,48 veces (pasó de 2 mil millones a 42,8 mil millones). Mientras que el Crédito aumento 21,35 veces (pasó de $ 1,65 mil millones a $ 35,3 mil millones) conservándose en consecuencia con una mínina variación una relación Débito/Crédito de 1,21, parecida al de la economía en general.

Esto es consecuencia de que por un lado al revés de lo esperado, en la Extracción hubo mas aumento de Crédito que Débito, ya que el primero aumento 20,92 veces (pasó de $ 1,5 mil millones a 31,5 mil millones). Mientras que el Débito aumento solo 19,76 veces (paso de $ 1,8 mil millones a 35,3 millones) por lo cual la relación Débito/Crédito bajó notablemente de 1,19 a 1,12, en forma absolutamente contraria a lo que era de esperar.

Por su parte los servicios para la extracción lo hicieron a la inversa. El Débito fiscal aumento 36,36 veces (pasó de $ 0,207 mil millones a $ 7,5 mil millones). Mientras que el Crédito solo lo hizo 25,7 veces (paso de $ 0,148 MM a $ 3,8 MM). O sea que paso de una relación Débito/Crédito de 1,4 a 1,98, acorde con lo que supuestamente debería haber sucedido con la extracción, pero en un volumen mucho mayor.
Estos indicadores están señalando por donde se escurriría la renta petrolera sin su debida tributación. Que no sería otra cosa que mediante facturaciones apócrifas, sin que haya existido la correspondiente prestación. Que en la práctica permiten pagar como máximo a través del IVA, una tasa de ganancia subrepticia del 17,35 % (1/1,21-1), que es la mitad de la tasa de ganancia general del 35 %. Y menos de la tercera parte de la tasa especial del 55 % establecida en la ley de hidrocarburos vigente, pero que no se encuentra vigente.

Por su parte en el downstream también los Créditos aumentaron más que los Débitos. Los primeros lo hicieron 14,99 veces (pasaron de 1,55 mil millones a 23,3 mil millones) mientras que los Débitos lo hicieron 14,5 veces (pasaron de 1,7 mil millones a 24,7 mil millones. Por lo que la relación Débito/Crédito pasó 1,10 en el 2001 a 1,06 en el 2013, con un estrechamiento del margen de utilidad. Cifra que corresponde esencialmente al Refino, que pasó de una relación de 1,01 a 0,93 superando los Créditos a los Débitos, mientras que la Comercialización bajo levemente de 1,19 a 1,18.

La masiva evasión petrolera del impuesto a las ganancias
Las sospechas que arroja la evolución del IVA, se confirma plenamente al analizar las ganancias y los costos del sector petrolero, que en los Anuarios Estadísticos de la AFIP del 2001 y 2013 corresponden al ejercicio fiscal del 2000 y 2012 respectivamente. Por un lado, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las ganancias declaradas difieren sustancialmente entre las personas físicas y sociedades. Y además mientras las primeras aumentan sustancialmente entre el 2000 y 2012, las segundas se reducen sustancialmente en el mismo periodo.

Tanto en el cuadro y gráfico adjunto se puede ver que en el 2000 las Personas físicas declararon ganancias del 2,3 %, 11,4 %, 5,8 %, 13,1 %, y 2,1 % sobre ventas, en relación al Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 6,5 % y del 4,5 %, respecto el Total de actividades y Explotación de minas y canteras.

Y en el año 2012 acorde al sustancial aumento de la materia prima, esas ganancias suben sustancialmente , y pasan respectivamente a ser 17,6 %, 21,7 %, 17,9 %, 24,1 %, y 16,7 %, habiéndose multiplicado en promedio 7,74 veces la ganancia del sector. Frente una ganancia del 13,7 y 17,3 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, que también subieron entre 2 y casi 5 veces.


No obstante en las Sociedades, que concentra el 90 % de la actividad, se registró extrañamente todo lo contrario. Ya que en el año 2000 las ganancias fueron del 7,3 %, 13,3 %, 2,9 %, 0,2 %, y 0,7 % sobre ventas en el Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 2,1 % y del 11,4 %, en el Total de actividades y Explotación de minas y canteras, respectivamente.

Pero en el año 2012 en forma inversa al sustancial aumento de la materia prima, ellas se reducen sustancialmente, y pasan respectivamente a ser 3,3 %, 4,7 %, 2,8 %, y 1,1 %, y 1,6 %, habiéndose disminuido un 54 % la ganancia promedio del sector. Pese que curiosamente aumentaron las ganancias del dowstrean 3,44 veces, pero a la par que inexplicablemente las del upstream disminuyeron un 64 %.

Esto se dio frente una ganancia del 3,0 % y 5,4 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, registrándose en consecuencia un aumento del 51 % en la primera, y una caída del 53 % en la segunda, por la incidencia del sector petrolero. Indicando claramente esto que hay algo podrido, no en Dinamarca, sino en la tributación de la actividad hidrocarburífera argentina, y también en la minera, que pese a los sustanciales aumentos de las materias primas que se han registrado, han visto caer inexplicablemente sus ganancias.

Esto se ve visualizado elocuentemente en el gráfico adjunto, en donde las declaraciones de ganancias de las Personas físicas en la actividad petrolera, que crecen sustancialmente entre el 2000 y 2012, se convierten en testigos de la enorme evasión impositiva sistematizada por las Sociedades dedicadas a las actividades petroleras y mineras, que a la inversa decrecen sustancialmente entre esos años. Asimetría producida seguramente por los riesgos penales que afrontan las personas físicas por los delitos de evasión, que pueden ser diluidos o dispersados en las sociedades anónimas, sin tanto riesgo personal.

La clave de la evasión petrolera: Otros gastos vinculados al costo
El agujero por donde el sector petrolero evade las ganancias, parece estar directamente relacionado con el rubro Otros Gastos vinculados al costo. Respecto el cual lamentablemente la AFIP no informa en su Anuario Estadístico del 2001, ya que lo hace recién desde el 2008, por lo que no se puede repetir la metodología comparativa concretada hasta ahora.

No obstante en el siguiente grafico se visualiza la tremenda importancia que adquiere ese rubro estrictamente hablando, en relación a las ventas en el caso del upstream. Ya que en la extracción del petróleo ellos trepan nada menos que al 47 % de las ventas, cuando en el Total de Actividades solo llega al 13 %, y en la Extracción de minerales no metáliferos solo es del 15 %.

Siendo por lo tanto el subsector petrolero, y específicamente el Upstream el que levanta la proporción al 40 % en el sector de Explotación de minas y canteras. Y al 29 % en el Total petróleo, como promedio con el Dowstream, que solo registra un 1 % de Otros gastos vinculados al costo, contra el 44 % promedio que ostenta el Upstream.

A su vez en el cuadro subsiguiente se ha estimado el posible monto de evasión en juego por parte del sector petrolero en el año 2012, en base a ponderar que los Otros gastos vinculados al costo del Upstream, tienen una incidencia real del 15 % sobre ventas, igual que el correspondiente a la Extracción de minerales metalíferos no ferrosos (megamineras del cobre, oro, y plata, etc). Cálculándose de esa manera por diferencia con los montos declarados, y una alícuota del 35 %, el monto del impuesto a las Ganancias evadido.

Del mismo surge que existiría en el Upstream un impuesto a la Ganancia evadido del orden de los u$s 3,5 mil millones, habiéndose declaro efectivamente solo u$s 1,5 mil millones. Lo que representa un monto total de ganancias de u$s 5 mil millones, con una tasa de evasión del 70 %, y una rentabilidad real sobre ventas por parte del Upstream del 15 %.

El cual resulta superior al 12,5 % declarado por el Upstream en el año 2000, pero inferior al 19 % declarado por las Personas físicas para ese mismo subsector en este mismo año 2012. Que incluso en la Extracción se eleva al 21,7 %, y se ve promediado hacia abajo por los Servicios, que detenta una tasa de ganancia del 17,9 %. Y en base a estos parámetros el impuesto a la ganancia total podría elevarse a u$s 7,1 mil millones, llegando la evasión en este a un 79 % del mismo.

Dicha cifra equivale a nada menos que 2,7 veces el monto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el año 2012. Y además, si en vez de aplicar la alícuota general de ganancias del 35 %, se aplicara la tasa especial del 55 % prevista en la ley de hidrocarburos (art 56) el monto de ganancias en cuestión treparía a los u$s 11,2 mil millones, equivalentes a 4,2 AUH.

Ciñéndose a las cifras arrojadas por el cuadro, en el mejor de los casos una ínfima parte del monto de evadido del impuesto a las ganancias de u$s 3,5 mil millones, equivalente a 1,3 veces la AUH, podría haber vuelto como IVA, con una tasa efectiva de tributación sobre los montos evadidos del 17,4 %, conforme la incidencia de la tasa del IVA del 21 %. Lo que equivale a u$s 0,6 mil millones, quedando de tal manera un monto de evasión neto de u$s 2,9 mil millones, equivalente a poco mas de una AUH de ese año.

Pero si se considera la referida tasa especial prevista en la ley de Onganía y Krieger Vasena, que hoy no se aplica, el monto total del impuesto treparía a u$s 7,8 mil millones equivalentes a tres AUH. El que restándole los ingresos tributarios canalizados a través del IVA y el impuesto a las ganancias declarados por los petroleros, se reduciría a u$s 5,7 mil millones, equivalentes a 2,2 AUH.

En concreto, en términos socioeconómicos, la evasión y elusión en ganancias por parte de los petroleros por fraude contable, y no aplicación de la alícuota especial prevista en la ley de hidrocarburos, supone un monto que equivale anualmente a entre dos y cuatro AUH, que actualmente beneficia a 3,5 millones de niños, y 1,8 millones de adultos en situación de carestía extrema.

Muy otra sería la situación de estos, y de todos los argentinos en términos de seguridad y paz social, si esos dineros se recaudaran efectivamente, y se redistribuyeran en los más necesitados de la sociedad, y/o se destinaran a sustentar fuentes de empleo dignos que eleven su nivel social el bienestar general.

Párrafo aparte merece la labor de la AFIP y su supuesto sistema de control por parámetros de la actividad, que parece estar enteramente desenervado en relación al rumboso y muy próspero sector petrolero, ya que como dice el cancionero, “Poderoso caballero es Don don don Dinero”. Pero que celosamente pesca en una pecera, recaudando el impuesto a las ganancias que cae actualmente sobre los empleados en blanco de medianos ingresos. Como consecuencia de la actualización de las escalas y alícuotas.

El quid de la cuestión, cuánto le queda al pueblo de la renta petrolera

Conforme lo expuesto, la imagen de la portada donde un buitre hace retroceder al ministro Axel Kicillof, que pierde hasta su calzado en el retroceso, para quedarse con la bolsa, es lamentablemente una vívida metáfora de la actual situación. En la que conforme la imagen vecina, los antes orgullosos pingüinos parecen haber quedado atrapados y empetrolados.

En septiembre pasado el precio de paridad del combustible importado puesto en el sur de Sudamerica, era de u$s 0,795 el litro de nafta súper, y de 0,792 el del Gas Oil intermedio.

Mientas que en las estaciones de servicio el precio sin impuesto de esos especímenes en la Capital Federal, según datos de la Secretaría de Energía, era de $ 6,692 y $ 6,728. O sea u$s 0,7966 y u$s 0,8009 respectivamente. Por lo cual evidentemente el precio de los derivados de petróleo interno, sigue fielmente el nivel internacional.

Esos mismas especímenes tenían a su vez un precio de venta al público, que incluye márgenes del expendedor, ITC (Impuesto a la Transferencia Combustibles), Ingresos Brutos, IVA, etc, de $ 11,45 para la nafta súper, y $ 10,4 para el Gasoil intermedio. O sea un recargo del 71 % y 55 % respectivamente, a cargo de los sufridos bolsillos argentinos.

Por lo tanto actualmente ni el ITC, que en el 2013 recaudó $ 31 mil millones, ni el IVA son parte de la renta petrolera, sino que son tributos adicionales sobre esta, a cargo del consumidor final. Y de esa manera la renta petrolera se reduciría en esencia a las regalías petroleras, el impuesto a las ganancias, y los derechos de exportación (retenciones).

En circunstancias en que el petróleo aumento diez veces su valor, entre el nivel mínimo registrado en la década de los 90, y los máximos de la década actual. Hasta llegar a un pico de u$s 125 el barril del WTI, manteniéndose hasta ahora con oscilaciones, en un nivel de u$s 100 el barril, frente a costos de producción históricos que rondaban entre u$s 6 y u$s 10 el barril. O sea que claramente en el mundo del petróleo, al menos en el convencional, lo que realmente importa no son los costos, sino la renta.

No obstante en el año 2012, además del impuesto a las ganancias de u$s 1.738 millones declarados por el sector, este pagó otros u$s 2.119 millones en concepto de regalías hidrocarburíferas a las provincias. Al que se puede agregar un monto de u$s 530 millones, en concepto de ingresos brutos, tomando una alícuota del 3 % generalizada para todas las provincias.

Respecto a los derechos de exportación, por un lado no se consigue información desagregada de ellos en la web, y por el otro lado la consulta efectuada al mecon, es como recorrer un laberinto de derivaciones, en donde ni siquiera funciona la dirección de contacto de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Pero a su vez esa recaudación, como se verá seguidamente,
ha sido malversada a los efectos de subsidiar a la misma actividad petrolera, mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal que podían ser aplicados al pago de esos derechos.
De tal manera la renta petrolera recolectada en el año 2012, treparía a un monto de u$s 4.387 millones, contra ventas por u$s 52.166 millones, representando solo un módico 8,4 % de ellas. Por debajo incluso del mezquino 12 % fijado para las regalías por la ley de Onganía y Krieger Vasena, que se ha visto ratificado con la modificación que se pretende aprobar. Siendo este un monto enteramente inicuo para compensar la extracción y uso de una riqueza no renovable, que de esa manera sólo será aprovechada por algunas generaciones, sin dejar nada para las futuras. (...)
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/ley-hidrocarburos-evasion-de-impuestos.html