Es negarse, desde la cotidianeidad
grupal e individual, a
subordinarse a la normalidad del sistema y
prestar atención e
involucrarse en
las luchas por el buen vivir de todos los de abajo.
Aclaremos
que los significados de honestidad, solidaridad social y de su binomio indisoluble
son los puestos en práctica durante la hominización. Hoy se dan como compromisos colectivos e
individuales que van construyendo otro país-mundo posible. Consideremos porqué
la CTEP se desvía de ese rumbo emancipatorio escuchando primero sus opiniones:
Agremiando la precarización laboral
Juan Grabois es militante y fundador del Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE) y miembro del Consejo Promotor Nacional de la Confederación
de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Nos cuenta de qué se trata.
MAREA: ¿Qué es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular?
Juan Grabois: La CTEP se conforma como organización
sindical que aspira a reagrupar al sector de la clase trabajadora que, pese
al importante proceso de crecimiento económico que atravesó nuestro país en
los últimos años, quedó afuera de los derechos
laborales, las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo.
M: ¿Cuándo nace? ¿Quiénes son sus integrantes?
JG:
Nace a mediados de 2011 como herramienta
reivindicativa promovida por organizaciones políticamente diversas como el
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento de Empresas
Recuperadas y el Movimiento Evita, entre otros. Necesitábamos una
herramienta gremial que nos permitiera luchar por los derechos laborales,
organizándonos no ya por territorio, ni mucho menos por afinidad ideológica,
sino por actividad: cartoneros, vendedores
ambulantes, trabajadores de programas sociales, artesanos, motoqueros,
campesinos, obreros de empresas recuperadas, etc.
M: ¿Cómo logran organizar tanta diversidad?
JG:
La estructura actual de la CTEP es una estructura de transición. Nuestro
Consejo Promotor Nacional está integrado por representantes de las entidades
preexistentes: el MTE, el Movimiento Evita, el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, MP La
Dignidad, la Organización Los Pibes, el MTD Anibal Verón, el Movimiento 8 de
octubre, MAREA Popular, entre otras. Nuestro objetivo es ingresar pronto en
un proceso de “normalización” que permita sustituir el Consejo Promotor por
una Comisión Directiva integrada por delegados de las distintas
Federaciones por rama de actividad. Los
“movimientos” pasarán a ser tendencias al interior de este sindicato.
M: ¿Por qué utilizan el término “economía popular”?
JG:
Porque las unidades productivas “informales” están en manos de los sectores
populares, en los barrios, en las casas, en la calle, en las plazas, en los
espacios públicos. Además, nos aleja de la estigmatización propia del
término informal.
Esto no significa que la Economía Popular sea una prefiguración del socialismo ni mucho menos. En efecto, no hay que idealizar esa suerte de “capitalismo popular”: las relaciones sociales de la “informalidad”, en general, se estructuran en forma jerárquica e injusta, además de estar siempre “formalmente subsumidas” a la hegemonía del capital trasnacional. En ese contexto, creemos que sólo el Poder Popular permitirá organizar a este sector económico en clave solidaria y transformadora. La intervención del Estado regulando, planificando, complementando y subsidiando las unidades productivas populares es fundamental para alcanzar los pisos de dignidad que nuestro pueblo se merece.
M: A mediados de septiembre, tanto el MTE como la CTEP
se movilizaron al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles fueron las principales
demandas de la movilización?
JG:
En primer lugar, que los derechos laborales sean
para todos: salario mínimo, asignaciones familiares, vacaciones pagas, obra
social, ART, condiciones dignas de labor, un registro único de trabajadores
de la economía popular, la posibilidad de reclamar ante un tribunal
imparcial cuando hay arbitrariedad. En segundo lugar, el derecho a
agremiarnos que establece la Constitución: que inscriban a nuestra
organización como sindicato y que convoquen a paritarias populares para que
trabajadores, empresarios y
Estado busquemos una solución al trabajo informal y precario,
negociemos las condiciones laborales en cooperativas y programas de
empleo. En tercer lugar, que se eliminen la arbitrariedad y trabas
burocráticas para que todos podamos acceder a los programas de empleo y
capacitación como el PTA, Construir Empleo, Entrenamiento Laboral, Formación
Profesional, etc. En cuarto lugar, que se creen programas de formalización
y dignificación para las distintas categorías de la economía popular:
cartoneros, empresas recuperadas, vendedores ambulantes, ferias populares,
motoqueros independientes, campesinos y agricultores familiares,
cooperativas de infraestructura barrial, microemprendimientos, talleres
textiles, etc.
M: ¿Qué respuestas han recibido de parte del ministro Tomada?
JG:
El ministro Tomada permanece en una actitud autojustificatoria de su
gestión, no tolera las críticas y adopta una posición defensiva frente a los
reclamos en vez de buscar soluciones. Los canales de diálogo están abiertos
y esperamos tener novedades en las próximas semanas.
M: ¿Cuáles creés que son los principales desafíos para las organizaciones
populares de cara a los próximos años?
JG:
En cuanto a los reclamos más concretos y coyunturales, además de la
necesidad de trabajo de nuestros compañeros, nosotros caracterizamos que en
la actual etapa sociopolítica se hace indispensable aprovechar estos meses
para dejar bien parada a las organizaciones populares que en última
instancia van a ser las que resistan cualquier avance de las corporaciones
sobre las conquistas sociales; por eso apretamos el acelerador.
Personalmente creo que sin descuidar la necesaria construcción de una
estructura política de cuadros, de una conducción alternativa verdaderamente
popular para el movimiento nacional y latinoamericano, hay que priorizar el
fortalecimiento, institucionalización y unificación de las organizaciones de
base en los
dos “espacios” emblemáticos en los que se desarrolla,
silenciosa pero frontalmente, la lucha por la justicia social hoy: las
villas y la economía popular. Por eso, la CTEP y la Corriente Villera son
instrumentos complementarios de nuestro pueblo que tenemos que fortalecer
desde la militancia, respetando siempre el liderazgo de los referentes
surgidos de cada sector pero aportando sin miedo la energía de la juventud
movilizada.
Fuente:
mareapopular.org/revista/agremiando-la-precarizacion-laboral
La CTEP no sólo apoya la
conciliación de clases o la de los oprimidos con los opresores y
desconoce que el Estado la impone para garantizar la seguridad jurídica
de los últimos sino también se autopercibe, junto a la Corriente Villera,
como sujetos principales del hacer realidad a la justicia social.
Pero la lucha por la justicia social en
todas sus dimensiones está siendo concretada por asociaciones en diversidad
de los de abajo. Es que el
capitalismo, al
maximizar el acaparamiento de los bienes comunes y destruir hábitats, interpela a una creciente
mayoría y la compromete a participar. La motiva a afirmarse en la honestidad y solidaridad
como principios básicos de una sociedad que aprecie la vida y la dignidad humana de pueblos e
individuos.
Constatamos que los de abajo van
creando poder de transformación social al ir destapando y juzgando: la
conversión del
transporte público en
ámbito privilegiado de acumulación de los grupos económicos locales por
contubernio con gobiernos y estados desde los noventa; el papel de gobierno y estado
(en
sus distintas jurisdicciones) de garantizar la impunidad de los grandes capitales
locales e imperialistas; la destrucción tanto de comunidades como de
ecosistemas por el progreso del modelo, a la vez, expoliador de todos los
trabajadores y degradador de las condiciones de vida tanto urbanas como
rurales.
Esta
lucha popular o de la diversidad de
abajo por justicia y
contra la impunidad va avanzando en derrotar a las distintas facetas del progreso capitalista.
Enfrenta al sistema que mata, enferma,
discapacita y despoja de derechos a los de abajo. Instala en la agenda pública la importancia de los ideales para
dejar de estar representados y gobernados por quienes
miran en exclusivo el tener cada vez más dinero y propiedades.
Visibiliza que nada de ideales sólo negocios
personales hace que Carlos Tomada, Gerardo Martínez, la CGT de los
Gordos, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad defiendan los intereses del
poder económico e imperialista contra los trabajadores. Rompe con el
mandato tácito "de eso no se habla" poniendo en debate al Estado corporativo.
No sólo desenmascara que esos representantes se benefician sino sobre
todo que
posibilitan la superexplotación de sus representados, en constante
intensificación desde que el neoliberalismo se implantó con terrorismo de estado y
paraestatal en los setenta.
En suma se está arraigando otra sociedad debido a las luchas, denuncias e investigaciones que se realizan a pesar de los problemas y amedrentamientos que este ejercicio de nueva ciudadanía acarrea. Se originan y adquieren firmeza en la honestidad-solidaridad que da sentidos verdaderos a la vida en común e individual y apasiona en erradicar el privilegio de las ganancias por sobre la vida y los derechos humanos de todos.
Un reto clave, para la comunicación popular y alternativa, es
facilitar la deliberación creciente de los diversos de abajo que
cuestione naturalizar la precarización tanto de su vida como
de su trabajo y la idea fuerza de que el muy regresivo régimen tributario
y la continuidad estructural neoliberal son asignaturas pendientes del gobierno CFK. Es
empezar a profundizar en el modelo y en la "década ganada"
así como a percibir que el elogiado crecimiento fue extraordinaria acumulación de
riquezas y poder de los grandes capitales locales e imperialistas.
Durante más de una década, el gobierno K agravó la desigualdad e injusticia social. Es que el notable crecimiento implicó maximización de la concentración y centralización económico territorial. Significó consolidación de la transnacionalización de Argentina que fue posible mediante construcción de consenso y mediante represión. Esta última es la faceta oculta y ninguneada, silenciada e invisibilizada. Por eso es fundamental ver, desde 2003, el ataque al movimiento piquetero de Néstor Kirchner no sólo como imprescindible para desplegar la postconvertibilidad sino también por la identificación plena del Presidente con la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, firmada en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas que se realizó a fines de octubre de 2003 en México.El presidente Néstor Kirchner aplicó la definición de la pobreza y la exclusión social como nueva amenaza a la seguridad hemisférica, dispone la ocupación policial y militarizada de tres grandes asentamientos precarios del conurbano bonaerense. Leer En el año 2004 sigue profundizando la criminalización de la pobreza mediante reforma penal que es la ley Blumberg y además el código contravencional de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De resultas de la década K, en todo el país, hay cárceles superpobladas de jóvenes desposeídos y están bajo estado de excepción; y hay menores asesinados por el gatillo fácil.
En continuidad con los gobiernos
constitucionales desde fines de 1983, el K no sólo siguió perfeccionando
el saqueo a los fondos públicos con la justificación de
des-endeudamiento y el consiguiente sometimiento del país a estados e
'inversores' imperialistas sino también prosiguió
legalizando y legitimando al Estado terrorista. Ejemplifiquemos con la
provincia de Chaco.
Leer Recordemos
Santa Cruz, Santa Fe, CABA y el conurbano bonaerense.
Ha habido descomunal
despliegue de fuerzas de
seguridad pública, privada y militarizada hasta llegar hoy a la
prohibición de movilizaciones y protestas callejeras. Este proceso de
afianzamiento de la democracia restringida no ha provocado reacción
popular
de envargadura. Es que
durante más de una década rigió: "La disociación del discurso con
la práctica ha sido una característica distintiva del kirchnerismo desde
su asunción en el 2003".
Pero esta
explicación no
basta. En fuerzas progresistas e izquierdistas y en la mayoría de los
intelectuales con prestigio hubo contento de sentirse participando de un
imaginado postneoliberalismo. Incluso ambas operaron para acallar y atacar el
disenso de izquierda más que al de la ultraderecha. También dentro de
las izquierdas no subordinadas al liderazgo K, actuaron quienes
apreciaban medidas gubernamentales y convocaban a priorizarlas
como si fuesen cambios a favor de los pueblos de Argentina y
de Nuestra América.
Cuando los últimos le
formulan propuestas a la Presidenta para resolver problemas
fundamentales, es verificable que creen en el reformismo del
capitalismo. No reconocen la continuidad CFK en la modernización del
Estado que lo vuelva más eficiente para la transnacionalización
económico territorial. Por eso, entre las distintas izquierdas nos
debemos debates para esclarecernos mutuamente sobre qué cambios
proponemos y analizar porqué es fundamental confrontar con el
kirchnerismo, es decir, comprometerse con deconstruir conceptos y mitos
imbuidos por los K pero, sobre la base, de una variedad de flaquezas de
los izquierdistas para ser consecuentes con el binomio
honestidad-solidaridad social.
¿Qué contenidos y sentidos tiene el indisoluble binomio honestidad-solidaridad social? Ante todo es anticapitalista. Porque exige, por ejemplo, superar:
-
El egocentrismo mediante la duda constante sobre sus conocimientos e ideas a reconstruir con los diálogos implícitos en su vivir y su hacer. Es ir creando el estar siendo con los otros más o menos distantes y distintos. Es desechar su pertenencia a círculos de iluminados y su constituirse en dueño de la verdad o en vanguardia. Es escuchar para aportar al intercambio propiciador de convivencia entre pares o a proyectos de buen vivir abajo.
-
La disociación entre su cotidianeidad y su rol profesional, entre su ideología revolucionaria y sus concesiones al sistema, entre su entrega a cuidar por la familia y su indiferencia a cómo se está destruyendo presente-futuro según planes de enriquecimiento sin límites de una minúscula minoría de la humanidad.
-
El acostumbramiento a tener miedo a expresarse, denunciar, rebelarse y la naturalización del malvivir, del maltrato, etc.
-
La fragmentación, la linealidad, el maniqueísmo y la descontextualización del pensamiento.
Sobre estos límites
mayoritarios, el gobierno K ha
conducido a la proliferación de mega emprendimientos destructores de
los ecosistemas, las comunidades y el país que, en simultáneo,
demandan una sociedad supercontrolada y sin conciencia de estar
presa, amedrentada, sometida.
"Y nos siguen pegando
abajo", nos quitan defensas al consagrar la impunidad de los altos funcionarios y la casta
política en la nueva ley
Leer, nos militarizan y vuelven sospechosos.
La CTEP tiene presupuestos
falsos:
-
"El Poder Popular permitirá organizar a este sector económico en clave solidaria y transformadora.
-
La intervención del Estado regulando, planificando, complementando y subsidiando las unidades productivas populares es fundamental para alcanzar los pisos de dignidad que nuestro pueblo se merece".
-
Las paritarias populares sean para que "trabajadores, empresarios y Estado busquemos una solución al trabajo informal y precario"
-
"Nuestro objetivo es ingresar pronto en un proceso de “normalización” que permita sustituir el Consejo Promotor por una Comisión Directiva integrada por delegados de las distintas Federaciones por rama de actividad"."Organizándonos no ya por territorio, ni mucho menos por afinidad ideológica, sino por actividad".
A diferencia de la CTEP,
las organizaciones en
lucha desde los diversos de abajo
por la justicia social o contra el avasallamiento de derechos humanos afirman
la dignidad de cada uno y todos los implicados al:
-
crear poder popular según y conforme se esmeran por concretar la solidaridad y las transformaciones propias de la sociedad mirando por necesidades e intereses populares;
-
denunciar y luchar contra el Estado capitalista, neocolonial.
La
siguiente petición a las autoridades públicas ejemplifica razones de
posicionarse a favor de la diversidad de abajo y en contra del Estado
construido, fundamentalmente, por la dictadura genocida y por la democracia
continuadora del proceso de reorganización del país para la acumulación de
los oligopolios locales e imperialistas:
Iván
Andrés Poncetta
señala:
(…)
Esta nueva ley y sus normas violan
los Derechos de los agricultores del
Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), al no dejarlos hacer
libremente prácticas agrícolas tradicionales como el simple hecho de guardar
el excedente de grano de la cosecha anterior para la próxima siembra. Por
esto prohíbe a los agricultores, comunidades
campesinas y aborígenes la
libre multiplicación, selección, mejoramiento e intercambio de semillas,
procesos por los cuales se crearon todas las especies vegetales que hoy en
día sustentan a la agricultura. El Tratado protege de la siguiente manera
los Derechos de los agricultores: “El
Tratado reconoce la contribución enorme que los
agricultores y sus comunidades han aportado y siguen aportando a la
conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Esta es la base
de los Derechos
de los agricultores, que incluyen la
protección de los conocimientos tradicionales, y el derecho aparticipar equitativamente en la
distribución de losbeneficios y en la adopción dedecisiones
nacionales relativas a los recursos fitogenéticos. Otorga a los gobiernos la
responsabilidad de aplicar estos derechos.” Por eso también se
corrompe El Tratado al facilitar la privatización de los recursos
fitogenéticos como la flora nativa de nuestro país y su biodiversidad
agrícola, por parte de empresas extranjeras o nacionales. Esto solamente le
abre las puertas a más cultivos transgénicos en el mercado, si nos ponemos a
observar que para obtener el título
de propiedad sobre una variedad vegetal nueva (Evento), no se
exige que ésta sea significativamente más productiva ni siquiera tiene que
ser inocua, solo hace falta la diferencia de un carácter y que éste sea
capaz de transmitirse de manera homogénea en los individuos a través de las
generaciones. Con sólo añadirles un gen y que este cambie algún rasgo
fenotípico de las plantas, podrán
ser inscriptas en el registro sin contemplar si es tóxica o no para los
consumidores. Todo esto como dijimos
genera un monopolio
creciente en manos de pocas empresas
permitiendo así en pocos años un apoderamiento total sobre
las semillas, el primer eslabón en la
cadena de producción de los alimentos. Lo que traerá un alza en los precios
de ellas y consigo arrastrará una inflación inevitable en el valor de los
alimentos, dejando al pueblo muy vulnerable ante esta situación. Ya
sufriendo hoy en día las problemáticas económicas de tener el peso argentino
tan devaluado, con respecto a la moneda mundial. No somos el primer país del
mundo en querer aplicar esta ley de propiedad industrial sobre las plantas,
en Chile está pasando lo mismo y ya hay experiencias en otros países como en
la República
de la India donde se ven las consecuencias negativas de este modelo.
Con la introducción del algodón transgénico y malas políticas agrícolas por
parte del gobierno, se han expulsado a millones de productores pequeños de
sus tierras natales. Hoy en día se estima que más de 250.000
agricultores indios se quitaron la vida a causa de quedar en la ruina.
Los rindes de algodón Bt tuvieron un incremento en las primeras cosechas y
un posterior decrecimiento, lo cual sumado a la exagerada inflación en los
precios de los insumos favoreció aún más la quiebra de los productores.
En mi humilde posición de ciudadano argentino creo que vivimos en un país en democracia y nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. El debate de este proyecto de ley se hizo puertas adentro entre el CONASE (Comisión Nacional de Semillas) y las corporaciones beneficiadas, dejando a los agricultores excluidos sin poder opinar sobre el tema. Esto una vez más es una falta grave ante nuestros derechos y se quebranta de nuevo El Tratado. Por favor les pido funcionarios públicos que empiecen por escuchar al pueblo argentino quien fue que los votó, no se olviden que nosotros los pusimos en el lugar que se encuentran hoy.
Necesitamos un replanteamiento en nuestro modelo de producción agrícola nacional, porque la agricultura certificada no permite la sustentabilidad a lo largo del tiempo, imposibilitando así el abastecimiento adecuado del mercado en un futuro. Para ello debemos replantearnos también para quienes queremos producir, si para llenar los bolsillos de los grandes empresarios o para darle verdaderamente de comer al pueblo. El modelo de agricultura actual centraliza más de la mitad del recurso suelo en dos o tres cultivos, dejando en un espacio cada vez más reducido muchos de los alimentos que consumimos los argentinos. Por ende hay una baja disponibilidad de productos para mercado interno, lo que hace elevar su precio al haber poca oferta.
Confío en su poder para comprender todos estos motivos y en su capacidad de razonamiento para discernir lo que es políticamente correcto, de lo incorrecto. Por eso tomé estos recursos para llegar a ustedes y pedirles que por favor no apoyen el nuevo proyecto para modificar la ley Nº 20.247, que violenta contra muchos derechos de los ciudadanos argentinos.
En mi humilde posición de ciudadano argentino creo que vivimos en un país en democracia y nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. El debate de este proyecto de ley se hizo puertas adentro entre el CONASE (Comisión Nacional de Semillas) y las corporaciones beneficiadas, dejando a los agricultores excluidos sin poder opinar sobre el tema. Esto una vez más es una falta grave ante nuestros derechos y se quebranta de nuevo El Tratado. Por favor les pido funcionarios públicos que empiecen por escuchar al pueblo argentino quien fue que los votó, no se olviden que nosotros los pusimos en el lugar que se encuentran hoy.
Necesitamos un replanteamiento en nuestro modelo de producción agrícola nacional, porque la agricultura certificada no permite la sustentabilidad a lo largo del tiempo, imposibilitando así el abastecimiento adecuado del mercado en un futuro. Para ello debemos replantearnos también para quienes queremos producir, si para llenar los bolsillos de los grandes empresarios o para darle verdaderamente de comer al pueblo. El modelo de agricultura actual centraliza más de la mitad del recurso suelo en dos o tres cultivos, dejando en un espacio cada vez más reducido muchos de los alimentos que consumimos los argentinos. Por ende hay una baja disponibilidad de productos para mercado interno, lo que hace elevar su precio al haber poca oferta.
Confío en su poder para comprender todos estos motivos y en su capacidad de razonamiento para discernir lo que es políticamente correcto, de lo incorrecto. Por eso tomé estos recursos para llegar a ustedes y pedirles que por favor no apoyen el nuevo proyecto para modificar la ley Nº 20.247, que violenta contra muchos derechos de los ciudadanos argentinos.
¡Por
estas y muchas otras razones decimos NO al
avance de las multinacionales en el territorio argentino!
¡NO al
nuevo proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas y aplicaciones
biotecnológicas!
¡Por un proyecto de ley adecuado que respete las prácticas agrícolas
tradicionales!
Colaborando con tu firma te estas ayudando a vos mismo y a muchos
argentinos.
Aún
más, el gobierno K ha culminado la reforma neoliberal del Estado al consolidar
la perversión de la democracia representativa.
No sólo por
proyectar la prohibición de las movilizaciones y protestas callejeras sino
también por legalizar la impunidad del estado y sus funcionarios de
garantizar el privilegio de los súper negocios oligopólicos por sobre la
vida y la dignidad de los pueblos.
PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012 SOBRE LA LEY DE LIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
IRRESPONSABLES
Los integrantes del colectivo Plataforma 2012 repudiamos la ley de limitación de la responsabilidad del Estado frente a las demandas que pudieran presentar los particulares, que el oficialismo y sus aliados aprobaran de forma definitiva el pasado 2 de julio en el Senado Nacional.
La inconstitucionalidad de esta ley es manifiesta: se ha establecido una nueva clase con privilegios, violando la igualdad ante la ley al restringir irracionalmente la responsabilidad del Estado y sus funcionarios/as por los daños que sus conductas y omisiones pudieran causar a un particular.
La ley transfiere las demandas contra el Estado de la justicia civil al ámbito más amigable de los tribunales administrativos; impide que la justicia establezca multas directas contra los funcionarios/as del Estado que no respondan a las obligaciones que se le impongan (multas como las que la justicia ha establecido en la causa de la contaminación del Riachuelo, frente a los funcionarios que incumplen con sus obligaciones de garantizar el saneamiento de la cuenca); considera que la responsabilidad del Estado por actividades legítimas es “de carácter excepcional”, que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”, y que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”. Esto significa, por ejemplo, que si por insolvencia, la empresa concesionaria no invierte en frenos para el transporte público, y por dicha razón se produce un accidente, el Estado –frente a un concesionario que no cuenta con recursos para pagar por los daños causados por su culpa- no asumirá ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
Los integrantes del colectivo Plataforma 2012 repudiamos la ley de limitación de la responsabilidad del Estado frente a las demandas que pudieran presentar los particulares, que el oficialismo y sus aliados aprobaran de forma definitiva el pasado 2 de julio en el Senado Nacional.
La inconstitucionalidad de esta ley es manifiesta: se ha establecido una nueva clase con privilegios, violando la igualdad ante la ley al restringir irracionalmente la responsabilidad del Estado y sus funcionarios/as por los daños que sus conductas y omisiones pudieran causar a un particular.
La ley transfiere las demandas contra el Estado de la justicia civil al ámbito más amigable de los tribunales administrativos; impide que la justicia establezca multas directas contra los funcionarios/as del Estado que no respondan a las obligaciones que se le impongan (multas como las que la justicia ha establecido en la causa de la contaminación del Riachuelo, frente a los funcionarios que incumplen con sus obligaciones de garantizar el saneamiento de la cuenca); considera que la responsabilidad del Estado por actividades legítimas es “de carácter excepcional”, que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”, y que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”. Esto significa, por ejemplo, que si por insolvencia, la empresa concesionaria no invierte en frenos para el transporte público, y por dicha razón se produce un accidente, el Estado –frente a un concesionario que no cuenta con recursos para pagar por los daños causados por su culpa- no asumirá ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
Repudiamos el dictado de una ley que va en dirección contraria a la exigida por la responsabilidad histórica del Estado; que viene a garantizar impunidad cuando lo que se requiere es asumir mayor compromiso estatal; que fue sancionada sin discusión técnica a pesar de la complejidad del tema, y de los reclamos recibidos al respecto, aún de parte de los legisladores; y que fue sustraída del debate y la atención pública, por las condiciones en las que se la aprobó.
Para medir la dignidad o estatura moral de un gobierno, es esencial prestar
atención al modo en que el mismo responde a los mayores dramas que enfrenta,
ya sea un atentado, una catástrofe natural, un intento de ruptura
democrática, o una tragedia como la que ocurriera en Once. Ésta es,
finalmente, la respuesta más importante que ha dado el gobierno frente a lo
ocurrido: limitar aún más su propia responsabilidad y la de los
funcionarios oficiales, haciendo más difícil para la ciudadanía reclamar y
obtener justicia frente a hechos respecto de los cuales el Estado es
principal responsable.
A
diferencia de CTP que procura
condiciones dignas de vida y trabajo para su sector dentro del capitalismo
aceptando la división de éste del trabajo e institucionalidad mediadora,
cabe asumir el presente en acuerdo con la supervivencia pero, a la vez,
enfocar la multiplicación de debates sobre la autoorganización popular para
un futuro postcapitalista porque el sistema está en crisis estructural y ha
hundido a la humanidad entera en crisis civilizatoria.
Sin embargo el kirchnerismo ilusiona con el capitalismo serio. Es que
la Presidenta sique convenciendo, por ejemplo, al decir: “No voy a
firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones argentinas”, en
relación al conflicto con los holdouts durante un acto en General Rodríguez.
Hay una mayoría que prefiere el relato del gobierno CFK a escuchar e
interpretar a las organizaciones populares en lucha que desenmascaran la
mentira de esa afirmación presidencial y nos previenen de la desertificación
(en todos los sentidos del concepto) causada por el modelo.
El enfoque del futuro postcapitalista arraiga en la resistencia a la privatización y
mercantilización de los bienes comunes que es el modelo esencialmente
extractivista exportador.También esta acumulación oligopólica de riquezas y
poder implica optimización tanto de la superexplotación laboral como la
represión a la protesta frente al creciente avasallamiento de derechos
humanos.
Uniones
en diversidad de los de abajo que abren caminos a poner fin a la impunidad
de los poderes establecidos y constituidos las hallamos en la Multisectorial
de Chaco y en las nacionalizadas como:
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia que expresa la realidad integral en:
Documento
24 de
julio de 2014
Compañeras y compañeros
Hoy
levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a
las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno
nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.
Las
organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y
estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos
a esta jornada nacional contra la represión y la criminalización de la
protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y
suspensiones, que luchan en defensa de sus salarios y contra la
confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los
pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus
tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y
vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto,
el frackingy la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que
sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que
actúan a cuenta de las multinacionales saqueadoras de los recursos del
país.
A medida que se profundiza el ajuste y la entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas.
En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos
obreros.
El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía
Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido
recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y
Kromberg.
Este gobierno-que se
dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas
imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano.
Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir
ysuspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad
vayan a ser afectados.
En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la
responsabilidad de la patronal en la masacre de Once. La multinacional LEAR
incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad de
Ministerio de Trabajo. En ambos casos la política del gobierno nacional ha
sido la de amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los
trabajadores. Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza
de choque del gobierno contra el movimiento obrero.Pignanelli–al igual que
José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez-
actúan como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los
trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad
de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de
los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores, fueron trasladados
a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia
del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual
Comisión Interna.
En materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy. Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron también durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones. El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata. Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan.
En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra los
pacientes, los trabajadores y vecinos en el Borda donde fueron procesados
compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista.
El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de
espionaje contra los trabajadores. Hace unos días fueron absueltos los
policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen
procesados los dirigentes sociales del lugar. Las policías municipales de
Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven
con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de
la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados
de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.
El
gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los
trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de
las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo. Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial, a Repsol y al Club de París.Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.
El
reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria
pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad
social suscitada por la entrega y el ajuste.
El
bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente
Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son
cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti
piquetes. En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha
impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que
plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su
raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de
cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros
condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar,por
Fernando Esteche y Raul "Boli" Lescano, por los municipales de Río Gallegos
presos y los compañeros de Las Heras condenados,por los compañeros de Corral
de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del
Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley
represiva por una amnistía fraudulenta.
Desde
esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus
derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases
explotadas,desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue
ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que
enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de
Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el
río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a
la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante,
por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz
durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por
trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.
La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales. Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales. El Proyecto X , el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto. El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.
La
represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la
acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los
delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las
movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los
trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las
huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril,
las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la
disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.
Desde el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí, al igual que los
compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta
Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta
tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la
opresión y la entrega. Por eso, reafirmamos:
NO
A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
NI
AJUSTE NI ENTREGA!
POR EL
TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!
BASTA
DE REPRESIÓN!
La
Unión
de Asambleas Ciudadanas de Chubut
emite
comunicado ante la impugnación de diputados a iniciativa popular
Diputados provinciales obstaculizan la participación ciudadana
y generan conflicto de poderes.
La
democracia participativa asusta al Gobierno
10 de
julio de 2014
Pese a haber cumplimentado las instancias
legales para su ingreso en Legislatura, la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Justicia elevó al Tribunal Electoral un pedido a fin de
que se aplique diferente legislación para regular el proceso de verificación
de firmas de la iniciativa popular contra la megaminería. A principios de
junio la iniciativa popular de la UAC Chubut tomaba estado parlamentario
transformándose en el proyecto de ley Nº 075/14. La minuta de la sesión del
3 de junio de la legislatura no deja lugar a dudas cuando fundamenta el
envío a comisiones del proyecto de ley, dice: “con el porcentaje de firmas
previsto en el Artículo 263 de la Constitución Provincial y con el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley XII Nº5”. Esta
legislación especial reglamenta el artículo 263 de la Constitución
Provincial para ejercer el derecho de Iniciativa Popular. Establece los
mecanismos, los plazos y la forma de recolección de avales. Sin embargo, lxs
legisladores pretenden ahora que se aplique otra norma que requiere se
acompañe junto a la firma una constancia de haber emitido sufragio en la
última elección general, intentando desconocer la decisión del Tribunal
Electoral, único órgano legitimado para verificar la legalidad de las
firmas. Incluso van más lejos, al entender junto al asesor letrado de la
Legislatura, Alfredo Martín Meza, que deberíamos “acompañar constancias de
haber emitido sufragio en las elecciones del 20 de marzo y del 27 de octubre
de 2013”. Claramente están intentado sacarse de encima la Iniciativa Popular
contra la megaminería y limitando seriamente la aplicación de los mecanismos
constitucionales de la democracia semidirecta.
Desde el año 2012 las Asambleas de Chubut ingresamos toda clase de
notas dirigidas a lxs diputadxs solicitando se habiliten los mecanismos para
la recolección de firmas. No hubo respuesta. En marzo del 2013, se pedía al
Defensor del Pueblo de Chubut que interceda para “agilizar el trámite
administrativo para iniciar la recolección de firmas”. Continuó el silencio.
Posteriormente, y ante nuestra constancia, el Tribunal Electoral, conociendo
la existencia de dos normativas vinculadas a la recolección de firmas,
estableció los criterios a utilizar. Estos criterios fueron cumplidos a
rajatabla por quienes impulsamos la iniciativa popular contra la megaminería,
con un trabajo de control riguroso, contrastando cada firma con el padrón
electoral.
Quienes legitiman la violación de nuestros derechos ponen en
evidencia su miserable forma de hacer política, esa que desprestigia a la
política y a la clase política, van en contra de la idea de democracia que
se enseña en las escuelas, que usan en los discursos, nos hacen trampa,
trabajan para obstaculizar la participación popular legítima y respetable.
El 2 de julio pasado integrantes de distintas
localidades de la UAC Chubut fuimos recibidos por la misma comisión que
ahora impugna la iniciativa popular. En ningún momento expresaron que estaba
en duda la legitimación de las firmas. Simularon que el proyecto de ley
estaba en marcha, y se comprometieron a definir una agenda de trabajo con
fechas para recibir a especialistas, técnicxs y personalidades que
defenderían los fundamentos que sostienen el proyecto de ley contra la
megaminería. Paradójicamente el dictamen del asesor legal (realizado tres
días antes) ya estaba firmado por lxs diputadxs Gustavo Reyes, “Ika”
Martinez, Héctor Trotta, Ana María Barroso, José Luis Lizurume y Exequiel
Villagra exigiendo al Tribunal Electoral “se cumpla con lo previsto en la
Ley V Nº 115” Esto es, cuando menos, una falta de respeto hacia lxs vecinxs
y a la división de poderes. Es lamentable, pero lxs mismos diputadxs que
ponen en duda la recolección de firmas avaladas por otro poder
constitucionalmente establecido, recibieron un petitorio del intendente de
Paso de Indios con casi 1500 firmas a favor de la explotación minera.
Cientos de éstas eran una reiteración (firmas mellizas), fotocopias que se
adjuntaban públicamente como firmas válidas, rayando la falsificación de
documento público. Otro tanto eran ilegibles e inexistentes en el padrón
electoral. No hubo objeción, ni denuncia mediática o judicial de parte de
lxs diputadxs.
Este dictamen pone en evidencia la falacia del discurso del
“debate” que dicen promover, muestra el temor a un proyecto de ley que
cuenta con una fenomenal legitimación social, y busca restringir la
participación ciudadana, base de toda democracia sana. Los asusta el pueblo.
Las reflexiones del asesor Alfredo Martín Meza,
refrendadas por lxs diputadxs, muestran el verdadero objetivo de este
dictamen. Dice el letrado: “tales mecanismos (por los mecanismos de la
democracia semi directa) deben tener un uso normativamente acotado, so pena
de ser utilizados casuísticamente, en forma desmedida y caprichosa,
trastocando el régimen constitucional y democrático de derecho mediante la
suplantación de la función de los poderes de representación popular
legítimamente constituidos” Y continua: “En tal sentido, … lejos de
enriquecer y fortalecer la vida democrática, se pueden convertir en
instrumentos censores o legitimadores, según el caso, de la representación
política (…)” sic. Interpretan las leyes a su antojo y a la medida de sus
intereses, la participación ciudadana los apabulla. Desconocen que el poder
de decisión también puede estar en la gente y que la democracia
representativa es respetar la decisión del pueblo.
Por otra parte, reconocen que la legislación
local - a diferencia de la nacional - carece de un mecanismo para impugnar
el proceso de recolección de firmas, sin embargo, pretenden impugnarlo.
Denunciamos públicamente que este “asesor” y estxs legisladores
solicitan el cumplimiento de una ley, cuando ellos mismos arremeten contra
la Constitución Nacional y Provincial, desconocen una ley especial que
reglamenta la Iniciativa Popular y pretenden deslegitimar un proyecto de ley
que pondría freno definitivo a las transnacionales del saqueo, la
destrucción y la contaminación. Advertimos que las asambleas defenderemos
los derechos constitucionales y realizaremos las denuncias públicas y
penales pertinentes ante este ataque a la participación ciudadana y a la
división de poderes. La adversidad nos fortalece.
Contactos: (...)
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve9762
Contactos: (...)
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve9762
En consecuencia, frente a los problemas de superexplotación tanto de los hombres y pueblos como de la naturaleza y de creciente presidio, exterminio e injusticia social que causa el progreso del capitalismo mundializado, hay autoorganización de los diversos de abajo en todo el país. Pero, como demuestra el amplio consenso al planteo del gobierno CFK en el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou que está en curso. Leer
De ahí la importancia de que las grandes mayorías tomen conciencia sobre la necesidad de cuestionarse su vida subsumida en el capitalismo y de asumir el binomio honestidad-solidaridad social que plantea el imperativo de conciencia colectiva sobre:Malas palabrasPor: Juan Carlos Giuliani (ACTA)Pobreza, discriminación, desigualdad, explotación. Palabras que azotan la conciencia colectiva. Dependencia, corrupción, extractivismo, represión. Malas palabras. Contra lo que ellas representan hay que lidiar todos los días si lo que se quiere es cambiar la historia y no dejarse enredar en los hilos argumentales de los profetas de la resignación.En el principio existía la palabra. Sujeto, verbo y predicado. Palabras y frases vacías que tratan de explicar lo inexplicable apelando al diccionario del posibilismo. Palabras que duelen cuando nombran a un chico que muere de hambre o por causas evitables en un país regado con los frutos generosos de la naturaleza.Un mundo de palabras que conforman el relato oficial tan distante de la realidad como la tierra del cielo. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Algo tan sencillo y tan ausente en la conducta de la mayoría de los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos que cultivan con pasión cipaya el Pacto de Gobernabilidad que permite mantener inmodificable el sistema de expoliación basado en la injusticia social. Patrimonio intocable de los que mandan en el altar del sacrificio de las mayorías. El cinismo y la hipocresía terminan barriendo cualquier atisbo de sensatez. (...) Leer
Para que las organizaciones populares profundicen en su conciencia colectiva y en su unión en diversidad requieren tener en cuenta análisis como el siguiente sobre la crisis estructural y sistémica del capitalismo mundializado y alternativas.
Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestasPolis [Revista Latinoamericana], 27 | 2010Por Humberto Márquez Covarrubias(...)42 El capitalismo en general y su configuración neoliberal en particular representan un modelo de civilización a todas luces insostenible. El inexorable proceso de concentración de capital, poder y riqueza en pocas manos, el modelo de acumulación centralizado y la innovación tecnológica basada en los países centrales han consolidado un sistema de civilización que profundiza el desarrollo desigual, por lo que no reviste validez universal ni es garante de la existencia humana. Ese modelo civilizatorio le confiere al capital una enorme capacidad de dominación que va más allá de la subsunción del trabajo directo, ahora abarca el control material de las condiciones generales de producción y reproducción social, es decir, los recursos naturales, el medio biótico y abiótico, las tecnologías, el entorno ecológico, las pautas culturales, la generación y aplicación de conocimiento, los patrones de consumo, las estructuras de pensamiento y los principios del sentido común. Este modelo descansa en una distribución desigual del conocimiento científico-tecnológico, el intercambio ecológico desigual, la transferencia de excedente, la superexplotación del trabajo inmediato, la devastación del medio ambiente, la privatización de los recursos naturales, la militarización de las relaciones internacionales y la precarización de la vida humana.43 La acumulación capitalista centralizada es un proceso que paralelamente al crecimiento económico, impulsa un proceso destructivo que afecta las fuentes mismas de la producción de toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. El parámetro único de tasa de ganancia activa una máquina de destrucción, con el agravante de que la desvalorización del trabajo, y con ello el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población se convierte, bajo el neoliberalismo, en condición sine qua nonpara acrecentar los márgenes de ganancia, lo que le permite al capital generar ahorros incluso en materia de innovación tecnológica, pero no por mucho tiempo. Las corporaciones capitalistas están orilladas a maximizar sus ganancias como condición se supervivencia, por lo que no escatiman recursos para participar en esta escalada de destrucción. 44 Bajo este modelo civilizatorio basado en la “destrucción creativa”, la vida humana se convierte en un recurso desechable, que se puede destruir en aras de alcanzar los mayores beneficios posibles para el capital, al final de cuentas existe una vasta reserva laboral de trabajadores en el mundo que pueden suplir a los desechados. En el plano laboral, se implementan modelos de gestión laboral que conducen a la explotación extenuante del trabajo inmediato, lo cual incluye la disminución salarial, la inseguridad laboral, la mayor intensidad, incluso la extensión de la jornada laboral; también las políticas de subcontratación y las políticas de flexibilización y precarización laboral. Las formas de explotación laboral se han diversificado, no sólo se trata del asalariado, sino también del informal, infantil, femenil, entre otras. Se trata de un ataque sistemático y permanente en contra de los trabajadores y sus familias, lo que obra en condiciones de exclusión económica como productores, trabajadores y consumidores. Esto redunda en un deterioro dramático en sus condiciones de vida y trabajo. Otro capítulo nefasto de la destrucción, en este caso abrupta, de la vida humana es la violencia estatal, las guerras de conquista, que con el objetivo de apropiarse de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el agua, se destruyen vidas, infraestructuras, sociedades. En suma, para subsistir, este modelo civilizatorio se ve compelido a destruir capitales, empleos, infraestructuras, culturas, poblaciones. Sólo un nuevo sistema civilizatorio, basado en otros principios societales, detendrá esta loca y frenética carrera de destrucción compulsiva.
45 La respuesta pragmática a la crisis que en los hechos se está imponiendo, encabezada por el Estado, se orienta por la necesidad de rescatar al sector financiero y las grandes corporaciones que incurrieron en las prácticas especulativas. Bajo esta operación, se encubre las pérdidas, fraudes y especulaciones del gran capital, mediante la canalización de ingentes recursos públicos, pero también mediante la transferencia de excedente social de los países periféricos hacia los centrales, como sucede con el trasvase de ganancias de las sucursales a las matrices de los grandes bancos privados. Por añadidura, se refuerza la ofensiva en contra de los trabajadores, mediante programas de despido o profundización de la precarización laboral. En tanto, los desposeídos, desempleados, migrantes y trabajadores precarizados no merecen mayor atención. En ese contexto, el llamado a contener la especulación voraz de los financistas mediante la regulación es un llamado moral para regularizar la dinámica de acumulación capitalista, pero no va al fondo de la crisis.46 La respuesta crítica a la crisis debe de tomar en cuenta su carácter sistémico y la debacle civilizatoria que concita. En contraposición a la idea burguesa de poner en el centro las necesidades de valorización del capital, sin reparar en los sacrificios humanos y ambientales que esto representa, se plantea la necesidad de comenzar por desarticular los férreos controles del capital sobre el poder, la naturaleza, el dinero, el conocimiento, la información y, en general, la humanidad.Dicha proposición es de gran calado, y nos remite a la idea de cambiar de rumbo para construir un mundo donde quepamos todos, como proclaman los movimientos sociales alternativos. En esa inteligencia, emergen, cuando menos, cuatro criterios básicos para, más allá de las preocupaciones coyunturales de la crisis financiera, construir una alternativa de desarrollo crítico orientada a generar el bien común social:
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