martes, 22 de septiembre de 2015

Necesidad de deschavar el progresismo poniendo en evidencia qué economía promueve.


 Es descentramiento de la mirada mayoritaria hacia cuestionar 

la subsunción del trabajo en el capital.

Es generalizar la conciencia de porqué se profundiza el reparto desigual de las riquezas generadas por los trabajadores y no por los capitalistas como la Presidenta inculca. También es superar el mito de la política K de subsidios a favor de los de abajo.

El Escandaloso Subsidio Petrolero
16 de septiembre de 2015

Por Félix Herrero

En nuestro país se vive el final de un gobierno que tiene una continuidad de doce años, colmatado de  actos económicos irracionales basados en la gran corrupción. Uno de los principales es el subsidio económico a las grandes compañías petroleras internacionales del petróleo, que también recibe la mixta asociada a la YPF de hoy, que no termina por ser una compañía nacional petrolera (NOC en inglés) por tener socios a inversores extranjeros, incluso a fondos buitres, y con una gestión complicada con ex funcionarios de la empresas norteamericana (ex francesa)  Schlumberger.
Nuestro país, que ha perdido su carácter de naftas baratas y autoabastecido (todo lo contrario a lo que prometieron y justificaron los privatizadores), tanto de petróleo crudo y de gas natural, lleva a cabo una política suicida de subsidios económicos a empresas superavitarias y usando como excusa las legítimas subvenciones sociales, vía precios o aportes del Estado, tanto en la extracción del petróleo crudo como en el gas natural. Es la evidencia del fracaso de la privatización energética realizada por las expresiones neoperonistas del menemismo y kirchnerismo. Hoy, hasta en Gran Bretaña están criticadas las políticas privatistas de la conservadora M. Thatcher y del socialdemócrata Blair. El nuevo presidente del Partido Laborista acusa al privatismo de ser asunto de los “bolsillos corporativos” que deterioraron los servicios y las tarifas públicos.
Para Jeremy Corbyn, “la eficiencia privatizadora es sustancialmente un mito de conveniencia” (Roberto Kuttner, “El significado más grande de Jeremy Corbyn”, Huffington Post, 14 de septiembre de 2015).

1. La tercera crisis petrolera en 45 años. Cuando en 1969 se formó la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEC en inglés) ya se avizoraba que la unión de los países exportadores contra los países adictos al consumo petrolero y dueños de las compañías que constituían el oligopolio internacional (recordar a las siete hermanas), lograrían subir el precio de este bien estratégico. Así, las crisis de 1973 y 1979/80 fueron crisis que produjeron el alza del precio del petróleo.
Pero ahora vivimos una crisis (2014/15) de carácter diferente: una importante baja del precio del petróleo la caracteriza. Desde abril del año pasado a hoy, la baja del precio del barril de petróleo en dólares (d/b) ha alcanzado un 62%, y esto sin tener en cuenta que pocos años antes el precio cerró a más de 150 d/b en una sesión de la bolsa de Nueva York.
Hay dos bolsas que cotizan la mayor parte del petróleo que se comercializa en el mundo industrial capitalista: la de Nueva York, cuya cotización es también referencia en América Latina, con el  petróleo Intermedio del Oeste de Texas (WTI) y la de Londres con el petróleo Brent.
El 12 de septiembre, por ejemplo, el WTI cotizó a 44 d/b mientras que el europeo estaba en 47 d/b. Hay que saber que los petróleos que tienen mayor densidad (pesados) o son sulfurosos (agrios) como el Escalante argentino de la cuenca de San Jorge (Chubut y Santa Cruz) son más baratos (incluso por el distanciamiento a los centros industriales nuestros petróleos son castigados por la lejanía), motivo por el cual el petróleo Medanito (neuquino) recibe un subsidio mayor, de 77 d/b.

2. El Escándalo ¿en qué consiste? Los que extraen (el petróleo no se produce) petróleo en Argentina reciben un subsidio singular en el mundo actual. En Argentina, siempre lo dijimos, el precio del petróleo no debía ser el internacional (que por supuesto no surge del mercado, es decir del corte de las rectas de la oferta con la de la demanda) sino que debería referirse al costo nacional más un tasa de ganancia que permita la expansión y la premiación a la inversión. Pero ahora, Argentina no sigue el precio internacional, pero tampoco el de su costo interno, sino una imprecisa y caprichosa fijación que nada tiene que ver con el precio internacional: 77 d/b no es 44 d/b en el petróleo de la fecha mencionada y 7,50 dólares no es 2,50 dólares el millón de BTU que es el costo y el precio en varios de los nodos de distribución del gas natural en Estados Unidos.
El escándalo de este subsidio consiste en que en el momento en que el Estado nacional tiene un déficit fiscal importante (1.300 millones de dólares) subsidia a las compañías petroleras internacionales (IOC en inglés) que tienen ganancias (si bien en 2015 descendieron, en promedio estaría en un 9% sobre las ventas, y en el caso de ExxonMobil cerca del 19%).
3. La historia del escándalo. La explotación fraquinera fue la justificación del subsidio. Como su explotación, en promedio, exige gastos de inversión tres veces al del petróleo convencional y los gastos operativos lo doblan, se trató de convencer que para poder lograr el autoabastecimiento había que invertir en Vaca Muerta, y que para ello se debía auxiliar con precios elevados más que los internacionales. Pero el curro extendió el subsidio económico al total de  la extracción de petróleo y gas natural, sea convencional o no-convencional. Esta nueva política de subsidios fue legalmente sustentada por los contratos secretos con Chevron, Dow Oil, Petronas y Sinopec, con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, con el Decreto de fomento para el autoabastecimiento de hidrocarburos número 29.007, y con resoluciones de un ente coordinador de políticas hidrocarburíferas y de la secretaría de Energía.
Hay que hacer conocer la Tesis Hidrocarburífera del Escandaloso Subsidio Petrolero de Argentina (The Spar, en inglés espato, o baritina, componente del barro o lodo que se aplica al trépano cuando se hacen las perforaciones). Por su parte, los gobernadores de las diez provincias petroleras (justicialistas menos Mendoza, Río Negro y Neuquén), proponen que en el caso que ganara la presidencia el gobernador de Buenos Aires se mantenga el subsidio petrolero nido de la corrupción. Claro que se va dejando de usar el término subsidio, al que se reemplaza con palabras eufemísticas como compensaciones o adicionales.
4. El  cálculo anual de la estafa. El cálculo es por demás sencillo, pero no siempre se cuenta con toda la información necesaria, gracias al secretismo cada vez más utilizado: si al valor subsidiado de 77 d/b le restamos el precio internacional (WTI 44,62 el 14 de setiembre) obtenemos el valor del regalo a las compañías, o sea 27 d/b. Si al subsidio lo multiplicamos por la extracción anual de nuestro país, tenemos el monto aproximado del subsidio a las petroleras, o sea alrededor 5.700 millones de dólares, un cálculo a propósito estrechado por varias razones (el barril vale en Argentina menos que el internacional porque no es dulce, ni liviano y tiene lejanía de los mercados internacionales), no toma en cuenta los valores de 3 dólares que se otorgaban durante los primeros meses de 2015 y finales de 2014 por aumento de extracción, y por incremento de exportación (se sigue exportando pesado de Cerro Dragón). A todo esto se deber sumar el subsidio empresario por la extracción de gas (7,50 dólares por Mbtu sobreelevando los 2,50).
No es materia de eufemismos el subsidio. Es simplemente subsidio económico sin incidencia social, porque lo pagan las clases (¿medias’) cuando cargan el tanque de sus coches o el Estado nacional con el dinero que en una economía fiscalmente regresiva y poca progresiva lo soportan los sectores sociales de menores ingresos.
5. Un nuevo relato petrolero: ni autosuficiencia ni petróleo fraquinero. La política actual tiene pocas posibilidades de mantenerse, y ya está herida como la Vaca Muerta por la caída de los precios del petróleo, que según Goldman Sachs bajará a 20 d/b el año próximo (ver N. Fridman y B. Faucon,  “El piso del petróleo puede estar en 20 dólares”, en The Wall Street Journal, La Nación, 14 de septiembre). Claro, que los subsidios sociales no pueden dejar de mantenerse mientras no sean clientelistas, abonados a quienes no buscan trabajo, ni instrumento de creación de una economía del no-trabajo. Claro, sin trabajo no hay acción laboral, y se puede hacer lo que se quiera.
6. La Tesis Hidrocarburífera del Escandaloso Subsidio al Petróleo Argentino (The Spar). Estamos viendo una situación increíble e inexistente en el mundo: ningún Estado en déficit fiscal subsidia a las grandes compañías petroleras. En Argentina, se disimula este tipo de subsidio económico, confundiendo estos beneficios propios de la corrupción con la ayuda social a los que no pueden obtener ingresos legítimos.
En ningún país el crudo vale 77 dólares, para el gozo de las compañías petroleras que se reúnen en Neuquén con las complicidades de las Provincias extractoras para pedir el mantenimiento del subsidio petrolero. La presencia del funcionario principal de YPF es positiva porque tuvo que comprometerse políticamente con el gobierno del FpV.  La tesis The Spar muestra valores que espantan: alcanzan a la mitad del actual déficit fiscal del Estado nacional, a la cuarta parte de la inversión total hasta el 2020 para terminar con los cortes eléctricos, al valor similar de las exportaciones de energías en el 2015. Es un muy grande regalo para tantas necesidades insatisfechas.
No es con eufemismos ni con evasivas, como la de la actual ministra de industria, Débora Giorgi, la “prorrogadora” de las petroleras en Loma de la Lata durante el gobierno de De la Rúa, y hoy defensora confesa de las concesiones de Vaca Muerta para solucionar la actual crisis energética. D. Giogi dice (Perfil, 12 de septiembre) que no es materia de su ministerio mantener los 77 d/b. ¿No se afirmaba que el subsidio se hacía para que las industrias locales pudieran desarrollarse y crecer? Claro que no, el subsidio petrolero no es materia del Ministerio de Industria sino de las petroleras superavitarias.
Fuente: http://www.emancipacionsur.com.ar/el-escandaloso-subsidio-petrolero
Es  reparar que los poderes establecidos y constituidos a partir del desarrollo neoliberal desde los setenta proyectan perforar todo el país sin importarles desertificarlo o volverlo inhabitable.
 

Te llevaré hasta el extremo

 
Los excepcionales beneficios otorgados a proyectos para explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales y plataforma continental confirman que los hidrocarburos fáciles de extraer se agotaron en el país. Ante esto, los candidatos presidenciales con posibilidades de llegar a la Casa Rosada repiten un discurso de diversificación energética en abstracto. Los escenarios que buscan complementar a Vaca Muerta no son menos riesgosos que el fracking, tanto en términos ambientales, sociales y financieros.
 
Por Hernán Scandizzo*
A pesar del relato épico que alimenta percepciones asociadas al bienestar y la abundancia, el fin de los hidrocarburos fáciles de extraer es un hecho asumido por la dirección de YPF y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, al plantear que los crudos pesados, los hidrocarburos de formaciones compactas y los de aguas profundas son su horizonte de conquista. Por otra parte, a pesar de que los candidatos con posibilidades de suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada mencionan la diversificación de la matriz energética como una necesidad, mantienen como norte la exploración y explotación de cuencas de frontera –onshore y offshore– y no desplazan a Vaca Muerta de su sitial. Tampoco aclaran qué entienden por diversificación, dado que por ejemplo, Franco La Porta, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y referente de Daniel Scioli en materia energética, promueve como alternativa la gasificación subterránea de carbón en la Cuenca Claromecó.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos en 2014 no sólo incorporó beneficios para el desarrollo de yacimientos no convencionales sino también para proyectos de recuperación terciaria, offshore y crudos extra pesados, en consonancia con la estrategia de producción y visión exploratoria diseñada por la conducción de YPF.[1] Estos cambios, que pueden ser interpretados como un intento de acelerar el lento desarrollo Vaca Muerta y la galaxia shale, atrayendo nuevos inversores, y promover vías rápidas para sostener los niveles de extracción, a través de proyectos de recuperación terciaria y de explotación de arenas compactas; en realidad anuncian el ingreso de Argentina al universo de la energía extrema. Un contexto donde la extracción de hidrocarburos entraña mayores riesgos geológicos, ambientales y sociales, debido a que no siempre se tiene un acabado conocimiento de las formaciones a intervenir, las técnicas que se aplican -generalmente- son experimentales y las condiciones operativas muy rigurosas. Además el costo financiero es más elevado y la tasa de retorno energético más baja, dado que la extracción de cada barril demanda más energía.[2]
Aunque tanto desde la petrolera de bandera, ámbitos técnicos y políticos también se alimenten expectativas en torno al descubrimiento de yacimientos convencionales en cuencas productivas -fundando sus escenarios en campañas exploratorias más exhaustivas-, el interés en estos remanentes, al igual que en el rejuvenecimiento de yacimientos maduros (recuperación mejorada)[3], radica más en la posibilidad de incorporarlos rápidamente al mercado -debido a que existe la infraestructura y logística para hacerlo- que en la probabilidad de que acontezcan importantes hallazgos. Por otra parte, tras la euforia de 2012, y a pesar de las políticas de estímulo al sector y reformas normativas, la galaxia shale quedó reducida a Vaca Muerta. Los avances sobre cuencas de frontera, como la Chaco-paranaense, e incluso el promocionado lanzamiento de la formación de lutitas D-129 en Chubut, con la televisación del inicio de la perforación del pozo El Trébol, pasaron a un segundo plano. Lo mismo sucedió con el fugaz interés por los crudos extra pesados de Llancanelo, en Mendoza. Si conseguir financiamiento para un rápido y masivo desarrollo de la formación insignia constituye un obstáculo difícil de sortear, mejor no puede ser la suerte de las otras, supeditadas al devenir de la Cuenca Neuquina.
Pese a reconocer estas dificultades, Miguel Galuccio, CEO de YPF, continúa aferrado a la convicción de que el tight y el shale representan el futuro. “El desarrollo del primero está mucho más avanzado, pero el shale es muy promisorio. Por eso prevemos que en 2020 el tight equivalga al 28% de la producción de gas, el shale contribuya con un 26% y la producción adicional de reservorios convencionales con otro 20%” (Petroquímica, 26/05/2015 y El Inversor Online, 06/08/2015). En tanto las empresas del sector consideran que la explotación de arenas compactas es el puente entre los yacimientos convencionales en declinación y la explotación del shale gas, mucho más costosa. Destacan que éstas cuentan con algunas ventajas: se trata de formaciones conocidas -estudiadas para la explotación de reservorios convencionales- y que el Plan Gas -que fija en 7,5 dólares el millón de BTU- garantiza una rentabilidad que se acerca a la que buscan (Petroquímica, 26/05/2015). Este interés por el tight se verifica en el Alto Valle de Río Negro y en la provincia de Neuquén, donde se han incrementado los proyectos tanto de YPF y su subsidiaria YSUR como de Pan American Energy (PAE), Total, Pluspetrol y Petrobras.
 
Un mar de dudas
“La exploración en aguas profundas en la Argentina tiene el potencial de ser el único remanente en reservorios convencionales con grandes cantidades de petróleo y gas. YPF iniciará la exploración en Cuenca del Colorado y del margen norte de la Plataforma Continental Argentina. Además, nos proponemos relanzar la exploración en las cuencas Austral y Malvinas”, asegura la petrolera de bandera en la Visión Exploratoria publicada en su web. Si bien lo presenta como un objetivo a largo plazo, el vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF, Jesús Grande, asegura que “el mar es la próxima frontera a la que hay que tratar de aspirar”. Desde la conducción de la compañía afirman que la plataforma continental ofrece un millón de kilómetros cuadrados sin explorar, de los cuales 600.000 probablemente sean prospectivos. “Estimamos recursos en el mar por 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Es decir, volúmenes de una magnitud similar a la que encontramos en el No Convencional en la Argentina, pero con un riesgo bastante más elevado por la falta de información absoluta”, reconoció el ejecutivo de la petrolera de bandera (El Inversor Online, 11/05/2015 y Petroquímica, 26/05/2015 y 13/07/2015).
La visión del mar como la Nueva Frontera, con mayúsculas, está en sintonía con la tendencia global que avanza sobre los crudos de las profundidades del presal o los de las gélidas aguas del Ártico, entre otros horizontes extremos.[4] En el caso argentino, el objetivo es el área Colorado Marina, frente a las costas bonaerenses, cuya concesión la compañía de mayoría estatal comparte con Petrobras, Petrouruguay (subsidiaria de Ancap) y Enarsa. Cuando YPF todavía era controlada por Repsol se proyectó la perforación de un pozo exploratorio cuya profundidad final se estimaba en 3600 metros, de los cuales 1600 corresponderían a la columna de agua. La iniciativa luego fue desestimada por las bajas posibilidades de éxito y el alto costo: US$ 200 millones. Si bien para el comienzo de esta nueva campaña debería resolverse primero la participación de Enarsa en el consorcio, dado que a partir de la reforma de la Ley de Hidrocarburos esta sociedad anónima controlada por el Estado debe revertir sus permisos y concesiones en la plataforma continental, YPF apuesta a retomar la exploración en 2016.
Respecto al promisorio horizonte que yacería bajo aguas profundas, el geólogo Daniel Kokogian, presidente de la consultora New Milestone, aseguró hace un lustro que el potencial exploratorio está enmarcado en un ambiente de alto a muy alto riesgo y “los posibles recursos, sumados a los datos existentes, no parecen ser tan obvios ni estar en los rangos que suelen discutirse en público”. “No parece prudente hacer descansar las expectativas de autosuficiencia energética en las supuestas bondades aún no descubiertas ni comprobadas del subsuelo del Mar Argentino”, afirmó en un extenso artículo publicado en la revista del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (Petrotecnia, diciembre 2010). Las campañas offshore en Argentina comenzaron en la década de 1960, sin embargo la producción se inició en 1989, a partir del desarrollo del yacimiento Hidra, por parte de Total, y se consolidó en 2005 con la puesta en producción de Carina y Aires, yacimientos también ubicados en la Cuenca Austral Marina, frente a las costas de Tierra del Fuego. Según datos de la Secretaría de Energía, los reservorios offshore actualmente aportan el 2,8% de la oferta total de petróleo y el 17,4% de la de gas.
El primer pozo exploratorio en aguas profundas se perforó en la Cuenca Malvinas a fines de 2010, el cual superó los 2 mil metros, sin registrarse la presencia de hidrocarburos. En aquella oportunidad se invirtieron más de 150 millones de dólares. Un dato aportado por YPF y subrayado en las crónicas periodísticas fue que los trabajos se realizaron bajo condiciones climáticas absolutamente hostiles: con vientos de casi 180 kilómetros por hora y olas de 8 metros de altura (MDZ, 06/07/2011). Por otra parte, y en relación a las cuencas sedimentarias del extremo sur de América, si bien a principios de 2015 se anunciaron importantes descubrimientos de crudo y gas en Malvinas Norte, en zona de usurpación británica, éste sería el primer indicio del potencial que se le adjudica a la plataforma continental. La información surgida de las restantes campañas exploratorias realizadas en diferentes cuencas aledañas a las islas lejos estuvo de certificar la existencia de un mega reservorio (Petrotecnia, diciembre 2010).
Además del interés en las aguas profundas, YPF evalúa el potencial en yacimientos someros del Golfo San Jorge, en tanto la francesa Total y la chilena Enap Sipetrol apuestan a ampliar sus proyectos en el Mar Argentino. La compañía europea apunta a extraer en el bloque Vega Pléyade alrededor de 6 millones de metros cúbicos diarios de gas -un 5% de la oferta nacional. La campaña de perforación incluye, además, dos pozos de producción en el yacimiento Carina, a través del consorcio que integra con PAE y Wintershall Energía. Mientras que Enap Sipetrol, que opera en área Magallanes, al sur de Santa Cruz, está renegociando la prórroga de concesiones que vencen en 2016 (El Inversor Online, 29/05/2015).
 
Proyectos offshore y economías preexistentes
Así como la explotación de formaciones de lutitas y arenas compactas ha despertado movimientos de oposición tanto en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén como en Comodoro Rivadavia, la campaña de exploración sísmica realizada por PAE en el Golfo San Jorge, en 2009, dio lugar a un fuerte conflicto. Pescadores artesanales de Santa Cruz denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido la centolla y la merluza del caladero. En 2014 loshombres de mar se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense. La flota amarilla de Caleta Olivia teme que una nueva incursión en las aguas del Golfo tenga impactos similares y ponga en peligro 1.500 puestos de trabajo (La Opinión Austral, 17/08/2014).
En julio de 2013, fruto de una sostenida movilización, los pescadores artesanales de Santa Cruz lograron que se promulgue la ley provincial 3313 de Exploración de Hidrocarburos, norma que prohíbe en aguas del dominio público provincial “la exploración de hidrocarburos que utilicen detonaciones submarinas en las formas 2D y 3D por medio de prospecciones sísmicas, cuya intensidad supere los ciento veinte (120) decibeles”. Mientras que autoriza la realizada por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina, el lecho marino y las actividades pesqueras. Cabe destacar que la explotación de hidrocarburos costa afuera en el país no tiene un marco regulatorio específico, más allá de dos resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía -219/77 y 189/80- que refieren al cuidado del ambiente (Petrotecnia, diciembre 2008).
El interés por ampliar la frontera extractiva hacia aguas profundas, formaciones compactas, crudos extra pesados e incluso yacimientos de carbón no sólo confirman el fin de los hidrocarburos fáciles de extraer sino también la obstinación de perpetuar la dependencia de los fósiles por el mayor tiempo posible sin problematizar la alta y creciente demanda de energía. A pesar de su importancia, el elevado riesgo ambiental y costo financiero son variables que inciden en decisiones coyunturales pero no en políticas de fondo. Por otra parte, más allá de los discursos corporativos que intentan transmitir seguridad y certezas, todas estas explotaciones se basan en técnicas experimentales, que se prueban y perfeccionan sobre la marcha, y cuyos impactos en el mediano y largo plazo se desconocen.
 
Claromecó, la frontera del carbón 
A fines de 2014 el secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta, había asegurado que el gobernador Daniel Scioli estaba interesado en explotar gas y carbón de la cuenca Claromecó y sumar a Buenos Aires al grupo de provincias petroleras nucleadas en la Ofephi. En esa oportunidad el funcionario aclaró que era necesario realizar estudios complementarios de cuantificación y calificación de recursos de los yacimientos para definir la primera etapa de extracción de gas intersticial y proseguir la gasificación subterránea. También se anticipó el interés de la provincia de participar en la explotación a través del esquema de alianza público-privado, predominante en el desarrollo de no convencionales. Ya en 2010, cuando PAE denunció el hallazgo de carbón mineral en dicha cuenca, el Ministerio de Producción bonaerense ejecutó el Estudio de Tecnologías “Limpias” para la Explotación y Utilización del Carbón Mineral, con el objetivo de “desarrollar las políticas y fijar las normas y regulaciones de aplicación en la explotación y utilización de carbón mineral de su propio territorio, con tecnologías ‘limpias’ respetuosas del medio ambiente” (OPSur, 19/06/2015).
La gasificación subterránea de carbón, presentada por sus promotores como la alternativa limpia para el aprovechamiento de recursos de baja calidad, alojados en mantos profundos, es, sin embargo, una técnica experimental y de alto riesgo. Un estudio reciente del Departamento de Medio Ambiente del estado de Queensland, Australia, señaló a la empresa Linc Energy, a cargo de un proyecto de gasificación subterránea de carbón en Chinchilla, como responsable de la contaminación de suelos utilizados para el cultivo de trigo, cebada y algodón y pastoreo de ganado. Según el informe publicado por el diario ABC, de ese país, el Gobierno del Estado impuso una “zona de exclusión de excavación” en una superficie de 314 km2, debido a las filtraciones de hidrógeno y metano liberado en el subsuelo. Los agricultores tienen prohibido cavar pozos de más de dos metros de profundidad (ABC, 10/08/2015).
A principios de este año trascendió que el grupo argentino australiano Delmo proyecta la generación de electricidad en el centro/sur de la provincia de Buenos Aires a partir de la gasificación subterránea del carbón de la Cuenca Claromecó. La firma asegura que adquirió derechos de exploración sobre 600 mil hectáreas, sin embargo, el ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, aclaró que están analizando los pedidos de prospección y cateo de las firmas Delmo Group S.A., Claromecó Energy S.A. y Delmo PTI S.A, debido a que el Código de Minería de la Nación no permite que una persona física o jurídica concentre más de 200 hectáreas, y el directorio de las tres empresas tiene miembros en común.
*Periodista e investigador del OPSur, coordinador de Oilwatch Latinoamérica.
 
Es aclarar cómo gobiernos locales e imperialistas con Estado Unidos a la cabeza posibilitan a las grandes petroleras la expansión del fracking en Nuestra América.
 
 
Hidrocarburos y ajedrez geopolítico
11 de septiembre de 2015

 

Acuerdos internacionales para el avance de la energía extrema
Lejos de ser una apuesta puramente corporativa, el avance de los no convencionales ha sido fuertemente promovido por distintos gobiernos a nivel global, con Estados Unidos a la vanguardia. La más reciente de estas iniciativas es un informe pro-fracking surgido en el seno del Eurolat.
El impulso global a la extracción de gas y petróleo de lutitas (shale) ha sido motorizado desde su inicio por el gobierno de EEUU. Bajo el concepto de seguridad energética la administración Obama diseñó una política exterior fuertemente ligada a una agenda de diversificación de fuentes de energía -nuclear, agro-combustibles, entre otras alternativas- donde el shale tiene un lugar central. Documentos filtrados por Wikileaks y publicados por la revista norteamericana Mother Jones muestran cómo las autoridades de ese país, a través del Departamento de Estado y su Programa para el Compromiso Técnico en Gas no Convencional alentaron la aplicación del fracking por todo el mundo. La misma Secretaria de Estado, Hillary Clinton (2009-2013), viajó por Rumania, Polonia y Bulgaria buscando asegurar el desarrollo de los no convencionales y eliminar la prohibición a la fracturación hidráulica en este último país (Mother Jones, octubre 2014; OPSur, 05/12/2012). Similar situación ocurrió con la gira latinoamericana del entonces Secretario Adjunto de Energía norteamericano, Daniel Poneman, en mayo de 2014. Tras recorrer Chile y Colombia, visitó Argentina para firmar un “convenio de cooperación energética”. Sus objetivos fueron dejados en claro por el bloque de legisladores del Frente para la Victoria en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados: “El financiamiento que ofrecen las empresas norteamericanas es uno de los principales intereses detrás del acuerdo, por el ingreso de inversiones al país. (…) En este sentido, el convenio se utilizará para el intercambio de experiencias y transferencia de tecnología” (Cámara de Diputados de la Nación, 2014: 2). Aunque la intervención estadounidense a favor del shale fue más activa en México, donde desplegó un fuerte lobby en favor de la reforma energética (Sin Embargo, 13/09/2014).
Así, durante el último lustro se han desarrollado distintas iniciativas de fomento internacional del fracking -bilaterales o dentro de acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos (Martin-Sosa y Rico, 2014)- en el marco de un delicado ajedrez geopolítico donde se busca asegurar el control de la mayor cantidad de recursos hidrocarburíferos en la perspectiva del agotamiento global de estos. Sin embargo la promoción pública de mayor envergadura multilateral del fracking es la que se intentó a través de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Creado en 2006, este espacio conocido como Eurolat reúne a legisladores de ambos continentes, los que buscan influir en políticas comerciales y sociales en ambas regiones. Definido por su co-presidente, el socialista español Ramón Jáuregui, como “el brazo parlamentario” de la relación birregional (EFE, 4/9/2014), su capacidad real de intervención se relaciona con los documentos de recomendaciones que emana, los que buscan ser utilizados como antecedente en los respectivos ámbitos nacionales.
En dicha instancia la diputada de la derecha española Pilar Ayuso (Partido Popular) impulsó en la Comisión de Desarrollo Sostenible el informe Sobre Oportunidades y Desafíos del Gas de Esquisto, cuya redacción compartió con el diputado colombiano Mauricio Gómez (Partido Liberal). El documento se basa en la supuestamente exitosa experiencia norteamericana para promover el aprovechamiento de estos recursos en ambas regiones, con foco en América Latina. El documento no sólo busca avanzar en una imposible replicación de la experiencia estadounidense con el fracking -debido a los distintos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en el resto del mundo (Amigos de la Tierra Europa, 2014)-, sino que además oculta las numerosas controversias y oposiciones que ha tenido esta técnica, incluso en ese país. En resumen, se hace eco del discurso corporativo para promover irrestrictamente el desarrollo de yacimientos de lutitas como alternativa energética segura, llamando a crear “las condiciones adecuadas para la atracción de inversiones”, considerándolos una “fuente de independencia energética y crecimiento económico y (…) elemento central de política energética de la Unión Europea para la diversificación y la seguridad del abastecimiento” (Ayuso y Gómez, 2015).
En marzo de este año el informe recibió el rechazo de más de 200 organizaciones ambientales, sociales, sindicales y políticas de ambos continentes, las que a través de la Declaración internacional contra acuerdo euro-latinoamericano pro fracking alertaron que la aprobación de la iniciativa se constituiría en el primer antecedente de promoción pública birregional de esta técnica y podría ser utilizado por los parlamentos nacionales como referencia para despejar el camino a los no convencionales. Dentro de numerosas críticas, solicitaron una modificación en su redacción basándose en tres aspectos centrales: la denuncia del doble estándar con que operan las petroleras en América Latina, ausencia del requisito de consulta previa a las comunidades locales y, finalmente, que el documento llame a una moratoria a la aplicación del fracking basándose en el principio precautorio.
La fuerte oposición al informe del Eurolat también movilizó a los sectores pro-fracking del continente. La senadora argentina, María de los Ángeles Higonet (Partido Justicialista, La Pampa), invitó a varios miembros del Eurolat a visitar el área Loma Campana, en Neuquén, para “promover una mesa de trabajo sobre el proyecto de informe” previo a la presentación de enmiendas. La gira, que incluyó una cena con el gobernador neuquino Jorge Sapag, inspiró fuertemente al colombiano Mauricio Gómez, a juzgar por sus declaraciones durante la asamblea del Eurolat realizada en junio en Bruselas. Durante la discusión en comisión, Gómez repitió varios de los argumentos de la publicidad de YPF: como que los químicos utilizados durante la fractura se encuentran en la mesa de cualquier familia, que el fracking es seguro y que la operación se realiza en una zona “desértica”. Para luego agregar que después de viajar a la Argentina, lo habló con su gobierno: “porque a mi presidente le interesa avanzar con el tema del fracking ya que nosotros tenemos reservas de gas”.
La masiva oposición empantanó el desarrollo del informe, que sus redactores buscaban aprobar durante 2015, debido a que 177 enmiendas presentadas obligaron a aplazar la votación para el próximo año. En su mayoría estas apuntan en la misma dirección que las críticas realizadas por las organizaciones de ambos continentes, llamando a aprobar una moratoria al fracking, lo que constituye un giro en 180 grados en el debate. “El informe va en la línea de promoción al fracking y por eso ha recibido más de 170 enmiendas, porque debe ser cambiado de arriba a abajo”, señaló el eurodiputado Ernest Urtasun, del partido ecosocialista catalán ICV, en diálogo con OPSur. Urtasún, que es co-vicepresidente del Eurolat, destacó la importancia que tienen estos espacios multilaterales para que los parlamentarios y la sociedad civil sean “capaces de poner cuestiones en la agenda que los gobernantes sino no pondrían”. En tanto su par Florent Marcellesi, del partido ecosocialista español EQUO, consideró que este debate se da en el marco de la disputa geopolítica por promover el fracking. “Más que una cosa local, esto es una búsqueda loca por tener algo de energía que nos permita seguir con el modelo energético. Y para eso tienes detrás un doble empujón: privado, de las multinacionales, y al mismo tiempo uno muy fuerte de lo público. Porque lo público no siempre es lo sostenible y eso lo podemos ver en América Latina, donde tienen un debate muy importante en torno al extractivismo”, aseguró.
El empuje público internacional se hace presente en la especulación que busca el avance de la energía extrema en la región. Este va más allá de Estados Unidos, como demuestra la discusión en el Eurolat: los no convencionales también tienen aliados europeos y apoyos locales que los posibilitan. Igualmente el Eurolat es un precedente para la resistencia al fracking, que busca que la región no sea usada como peón del tablero energético internacional.
 Referencias
Amigos de la Tierra Europa, 2014; Fracking Frenzy.
Cámara de Diputados de la Nación (Comisión de Energía y Combustibles), 15/07/2014.Sesiones Ordinarias. Orden del Día Nº 393.
Martín-Sosa, Samuel y Rico, Luis (2014); El TTIP, un espaldarazo al fracking, Revista El Ecologista nº 81.
Observatorio Petrolero Sur (OPSur, 05/12/2012); Regulando los mercados globales: EEUU y la promoción del shale.
Notas relacionadas:(…)
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/11/hidrocarburos-y-ajedrez-geopolitico
 
 
Es prestar atención a, e involucrarse en, cómo los pueblos de "zonas de sacrificio" están siendo avasallados y resisten.
 
 
YPF paga $44.000 "por las molestias”
15 de septiembre de 2015
 
La petrolera nacional repartirá hasta 44.000 pesos a unas 15 familias afectadas por la actividad petrolera en Estación Fernández Oro. Dice que es una compensación por las molestias.
 
ALLEN (AA).- La petrolera Ysur, subsidiaria de YPF, resarcirá a unos 15 vecinos de un asentamiento rural de Allen por las "molestias" que causa la actividad en una locación lindera al lugar. A cada familia, la operadora le entregará una suma superior a los 40.000 pesos, con una entrega inicial de dinero y cuotas durante un año.
El resarcimiento económico, indicaron desde la empresa, es una medida más de un conjunto de acciones que buscan reducir impactos y mejorar la convivencia con los vecinos.
Los vecinos que evalúan firmar el acuerdo con petrolera nacional viven en el asentamiento denominado calle ciega Nº 10, ubicado en la zona de chacras de Allen entre la Ruta 22 y la calle rural Nº 11. Allí, los pobladores denunciaron que desde que arrancó la producción no convencional de gas en el yacimiento Estación Fernández Oro sus vidas se vieron modificadas de manera rotunda por los ruidos molestos que generan los equipos de perforación, el tránsito de camiones y las maniobras de excavaciones.
Como parte de las denuncias, los vecinos habían reclamado que sus viviendas se deterioraron por el paso de los equipos pesados.
 
Cheques y reclamos
Roxana Valverde, vecina de la calle ciega Nº 10, reveló ayer que representantes de Ysur/YPF les propusieron firmar un acuerdo para que cada familia reciba un cheque de 20.000 pesos y 12 cuotas mensuales de 2.000 pesos cada una. "Nos dijeron que no querían que el acuerdo trascienda a los periodistas y que después de firmarlo no íbamos a tener derecho a hacer otros reclamos", explicó.
Fuentes de YPF reconocieron a este medio la existencia del acuerdo económico que abre la polémica. Indicaron que es una forma de resarcir a los vecinos por las molestias que generó y generará la actividad. El corrimiento del camino de acceso como así también la reubicación de la locación algunos metros hacia el oeste, fueron otras medidas que tomó la operadora para intentar reducir impactos. Además se aclaró que el acuerdo entre partes no priva a los vecinos de efectuar nuevos reclamos ante posibles sucesos que se generen cuando se retome la actividad.
La advertencia de Valverde sobre el acuerdo de resarcimiento provocó en la calle ciega Nº 10 una interna barrial que ayer generaba enfrentamientos y discusiones. "Yo voy a aceptar el dinero porque no llego a fin de mes y en mi casa tenemos que comer. La mayoría va a usar la plata para vivir, esa es la realidad", indicó otro vecino del lugar que fue consultado por este diario.
http://www.rionegro.com.ar/diario/ypf-paga-44-000-por-las-molestias-7932183-9701-nota.aspx
 
Comunicado de prensa de
La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y vecinos de Allen.
Allen, 17 de septiembre de 2015

EL DAÑO NO PUEDE SER LLAMADO MOLESTIA… EL DAÑO AMBIENTAL ES UN DELITO

La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y vecinos de Allen, manifestamos  nuestro posicionamiento sobre los hechos ocurridos y expresiones vertidas en  periódicos regionales los días 15 y 16 del corriente mes.

El daño es en la salud de los habitantes de Allen: de eso ya hay evidencias. Se traduce en el impacto psicosocial, cultural y ambiental sobre la población.
El daño es al agua, a la tierra, al aire; a la producción; no sólo a las viviendas. Afecta al ambiente
natural donde se desarrolla la vida y esto es un delito.

La actividad hidrocarburifera desarrollada durante las  24 horas, acarrea vivir en riesgo permanente. En consecuencia las actividades en las escuelas, centro de salud y demás instituciones ubicadas a escasos metros de las locaciones, se convierten en peligrosas. ¿cómo se resarce el peligro?

El barrio Calle Ciega 10, tiene más de 60 años de existencia, se formó con familias que optaron por vivir en cercanías de las chacras, fuentes de trabajo que corren peligro de extinción.
Cotidianamente, incluso en horas de descanso,  deben soportar explosiones de venteos por escapes de gas, derrames de fluidos, transito de maquinarias pesadas, traslado de material radiactivo, ruidos, vibraciones y gases tóxicos.

Desde la imposición de una matriz productiva hidrocarburífera, la complicidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal, dejo a los vecinos en total estado de indefensión.

La defensora del pueblo Nadina Díaz admitió que el  resarcimiento económico ofrecido por los problemas estructurales en sus viviendas,  “también es una forma de reconocer el impacto negativo que se generó” a  partir de la actividad de YSUR.  Nos preguntamos si al sugerir que  “Incluso podría pensarse en un resarcimiento mayor al planteado…“, ¿está desconociendo tácitamente que el derecho a la vida, está por encima de los bienes materiales?

La empresa no sólo soborna a un grupo de vecinos cuando les ofrece  40000 pesos a cambio del silencio; sino que además promueve la división y el enfrentamiento entre ellos cuando alguien rompe ese “acuerdo”.

También, les  impone  perversamente, la responsabilidad de constituirse en sus “defensores” si  surgieran  reclamos de otros vecinos que queden por fuera del “acta acuerdo”.

FINALMENTE
Queda en evidencia la manera delictiva de operar de esta empresa, heredera de APACHE. No permitiremos en Allen las prácticas implementadas en las comunidades mapuche de Neuquén.

Hablar de “molestias” tiene la intencionalidad de confundir a la comunidad. Pretender su resarcimiento sin cuestionar el modelo extractivista es demagogia.

 “Mejorar la convivencia y reducir impactos” nos será posible en tanto y en cuanto no se detenga la explotación hidrocarburifera. El dinero, los bienes y servicios no reemplazan la salud de las personas.

Repudiamos la actitud extorsiva de los funcionarios de YSUR-YPF, que pretende acallar a los vecinos con dinero, mediante la firma de un acta  acuerdo confidencial, aprovechándose de la vulnerabilidad social y económica de las familias.
POR EL AGUA, POR LA VIDA… PAREMOS ESTA LOCURA DEL FRACKING!!
¡NO ES NO! 
 
-- 
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac

(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa
 
Es tener en cuenta las consecuencias del fracking en el país que lo practica desde hace más años:
 
El gas de esquisto fractura comunidades de Estados Unidos
18 de septiembre de 2015

Por Emilio Godoy (IPS)
MONTROSE, Estados Unidos, 15 sep 2015 (IPS) - La estadounidense Vera Scroggins ha sido demandada cinco veces por la industria petrolera y desde octubre de 2013 pesa sobre ella una orden judicial de restricción permanente para acercarse a sus instalaciones.
“Me siento como una ciudadana a medias, porque las empresas pueden hacer lo que quieran y los ciudadanos no. Las corporaciones han violado las leyes ambientales y siguen operando”, lamentó a IPS esta agente inmobiliaria retirada, madre de tres hijos y con dos nietos.
Desde 2008, Scroggins, del movimiento Shaleshock Media, es una decidida activista contra la exploración y explotación del gas de esquisto (de roca o lutita) en el municipio de Montrose, en el estado de Pensilvania, en el noreste de este país.
El desarrollo de este hidrocarburo no convencional, también conocido por el vocablo inglés shale, requiere de la técnica de la fractura hidráulica, fracking en inglés.
 
En esta localidad, habitada por unas 1.600 personas y parte del condado de Susquehanna, hay unos 1.100 pozos en unos 600 campos, además de 43 estaciones que compactan el gas para transportarlo lejos.
Todas estas infraestructuras están próximas a viviendas y escuelas, y están en manos de siete empresas.
Este estado está atravesado por la cuenca gasífera Marcellus, una de los tres grandes depósitos del recurso que han convertido a Estados Unidos en “Frackistán“, por la utilización creciente del fracking en la industria del petróleo y del gas.
 
En estos depósitos, la molécula del hidrocarburo está atrapada en rocas profundas, perforadas y quebradas por la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, que se consideran nocivos para la salud y el ambiente.
De esa forma, el gas o el petróleo se liberan. Pero la tecnología genera masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.
“Los pozos contaminan el agua con el metano, y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente no sabe qué pasa, no tiene información. No me siento segura con el fracking”, denunció Scroggins, quien vive en Montrose con su esposo, un maestro jubilado, y tiene como vecino un pozo gasífero que opera a un kilómetro de su casa.
El fracking ha alterado el paisaje, pues el desarrollo de los pozos se ha traducido en la presencia de docenas de camiones que transportan tierra, arena y agua.
Las compañías plantan altas torres de acero para perforar el pozo y, cuando sale el gas es como si una plancha pasara por encima, porque el terreno queda visiblemente aplanado. Sólo florecen la tapa del pozo y los tubos que transportan el hidrocarburo, critican sus forzados vecinos.
La industrialización de estas áreas rurales las ha vuelto poco atractivas, mientras, aseguran los activistas, la acumulación de metano puede degenerar en explosiones o problemas respiratorios para las personas.
 
En su Prospectiva Anual de Energía 2015, la estatal Administración de Información Energética indica que en 2014 el sector del esquisto aportó 11,34 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas, equivalentes a 47 por ciento de la producción gasífera total del país.
La producción petrolera de esquisto, añade el informe, fue de 4,2 millones de barriles diarios el año pasado, equivalente a 49 por ciento de la extracción total de crudo en el país.
El petróleo es la principal fuente nacional de energía, con 36 por ciento del total, seguida del gas, con 27 por ciento, y el carbón, con 19 por ciento.
En Pensilvania, la producción de gas saltó de 9.757 pies cúbicos en 2008 a 3,05 millones en 2013.
En este estado, la cuna del primer boom petrolero estadounidense y de la fractura hidráulica, se han perforado9.200 pozos, mientras los permisos concedidos superan los 16.000.
Estados Unidos es el país que en forma más intensiva y comercial explota actualmente los hidrocarburos de esquisto.
Ese desarrollo se facilitó desde que en 2005 la Ley de Política Energética del país eximió a la industria petrolera de las siete mayores normas ambientales.
Con ese respaldo, la industria ha desatado una marejada de querellas para desmantelar regulaciones ambientales, sanitarias y contractuales de estados y municipios que eran adversas a sus intereses.
En el caso de Pensilvania, el Congreso legislativo del estado aprobó en septiembre de 2012 la Ley de Petróleo y Gas, conocida como Ley 13, que cancelaba la potestad de sus condados y municipios de avalar o vetar permisos de hidrofractura.
Luego de la apelación interpuesta por concejos municipales, personas y organizaciones ambientales, la Suprema Corte de Justicia del estado declaró inconstitucional esa ley. Ello facultó nuevamente a las administraciones locales a utilizar sus legislaciones territoriales para tomar decisiones sobre el desarrollo del shale en sus jurisdicciones.
El viajero se topa constantemente en la carretera con letreros que dicen “Mantenga hermosa a Pensilvania”, pero lo que sucede en sus arterias rurales poco contribuye con ese lema.
Ray Kimble, un mecánico de 59 años, puede atestiguar la contradicción con ese reclamo en Dimock, la cercana localidad donde vive. Denuncia a IPS que su pueblo sufre la contaminación del agua desde 2009, por los residuos de la industria gasífera, donde él trabajó como transportista.
“Han destruido el pueblo. No los queremos aquí”, afirmó Kimble, quien alega que tiene tos persistente y los tobillos inflamados por los gases y el contacto con esos desechos mientras laboró en el sector.
Ahora se niega a beber el agua que sale de los grifos y se dedica a transportar el recurso a familias afectadas por una denunciada contaminación.
Dimock es un pueblo de unos 1.500 habitantes y escenario del muy premiado documental “Gasland”, del estadounidense Joshua Fox, que expone los daños ocasionados por el fracking e incubó las primeras demandas legales en contra de los llamados “señores del shale”, que desembocaron en arreglos extrajudiciales.
La casa de Kimble está a poco más de 150 metros de un pozo de gas.
 
Con el esquisto, “hay ganancias a corto plazo, pero ¿qué pasa cuando los campos se secan y queda el legado de desechos?”, dijo a IPS el activista Tyson Slocum.
“Queda agua contaminada, fluidos de reflujo, transformación de áreas agrícolas rurales afectadas por la operación de los pozos. Hay pocas obligaciones legales y financieras a largo plazo para garantizar que el legado es abordado adecuadamente”, señalo este director del programa de Energía del no gubernamental Public Citizen.
 
Esa organización promueve la defensa del consumidor y ha asesorado a afectados por el fracking.
La industria se enfrenta ahora a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, la contracción del financiamiento y a una creciente oposición de la población a su tecnología.
En los últimos ocho meses unas 400 ciudades en 28 estados han aprobado vetos o moratorias al fracking. Los casos más trascendentes se produjeron en los estados de Nueva York, que censuró esa extracción en diciembre, y Vermont en 2012.
“¿Por qué no colocan un pozo al lado de la casa de un político? Los ciudadanos no lo queremos junto a nuestras casas”, planteó Scroggins.
“Ojalá no ocurra una fuga mayor, porque será devastadora. Pero la industria no acepta haber hecho algún mal”, añadió la activista.
Para Slocum, los estados se han acomodado a los intereses de la industria. “El balance entre ganancias y salud pública ha sido envilecido, el debate sobre empleos y beneficios económicos es secundario”, sentenció.
Editado por Estrella Gutiérrez
 
Procurar el descentramiento de la mirada de mayorías, entonces, es interpelar la indiferencia o incluso el rechazo de diversos de abajo frente a las autoorganizaciones de vecinos en resistencia al extractivismo poniendo en debate a cómo el capitalismo ha distorsionado el trabajo que está arrasando el presente y futuro de la humanidad en aras de la acumulación oligopólica de riquezas y poder.
 
  

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