domingo, 20 de diciembre de 2015

La degradación capitalista de la democracia desafía, a las izquierdas, a generalizar el legado del 2001 de desnaturalizar el orden establecido desde arriba.

   

Es  la toma mayoritaria de conciencia sobre

qué economía se ha ido desplegando desde los '70 para no ver a

Macri como restauración conservadora e ir avanzando en la unión anticapitalista abajo.


Partamos de lo que propone Martín Schorr:

“Hay que dejar de correr detrás de la coyuntura y empezar a discutir lo estructural”.

15 de julio del 2014
Por Fernando Bercovich – @FERBERCOVICH
Notas entrevistó al sociólogo Martin Schorr, especialista en Desarrollo Industrial y autor de diversos libros y artículos, acerca de los principales problemas de la estructura económica argentina actual. Un dialogo sobre la restricción externa, los fondos buitre y el panorama económico de cara al 2015.
¿Cuáles creés que pueden ser las consecuencias de cada uno de los escenarios planteados con respecto a la negociación con los fondos buitre?
Lo primero que yo diría es que el tema con los fondos buitres es bien complicado desde el punto de vista de la resolución económica y política. Está clarísimo que tiene que ver con una avanzada de los sectores más concentrados de la economía y del sector financiero, que quieren vetar ciertos aspectos de la política económica del gobierno, pero yo creo que ahí no hay que poner el eje de la discusión. Me parece más acertado plantear por qué la Argentina, sobre todo en el último año, ha estado en una carrera medio desesperada por volver a colocar deuda en los mercados financieros internacionales. Y esto se vincula a una restricción externa cada vez mayor, que explota a partir de 2011, y tiene que ver con cuatro factores que son más que presiones del imperialismo internacional, son decisiones de política económica y acciones y omisiones estatales.
Esos cuatro factores son: la crisis energética y cómo el gobierno, hasta la estatización de YPF, sostuvo en sus pilares esenciales las mismas políticas del neoliberalismo. El segundo factor tiene que ver con un déficit de comercio industrial ligado con un gobierno que en los últimos años no hizo nada en políticas industriales activas, por lo que hubo un crecimiento económico muy importante pero con muy poca sustitución de importaciones. Entonces lo que termina sucediendo es que la industria crece y el mismo sector industrial genera una demanda de divisas muy fuerte y aparece un problema de restricción externa muy importante. El tercer factor tiene que ver con la fuga de capitales, con picos en 2008, 2009 y 2011, que está asociada, no como en los años 90 a la bicicleta financiera, sino con las empresas que tuvieron rentabilidades extraordinarias en este período y, en la medida que no invirtieron, buena parte de esos recursos engrosaron lo que se conoce como fuga de capitales. Por último, el cuarto factor es la extranjerización de la economía.
 
En el año 2011, antes del “cepo”, el sector empresario extranjero tuvo utilidades por 10 mil millones de dólares y remitió afuera el 65%. Esto tiene que ver con un nivel de extranjerización elevadísimo, heredado de los 90 por supuesto, pero que en esta década no sólo no fue corregido sino que fue fortalecido. Argentina sigue teniendo la misma ley de inversiones extranjeras de la última dictadura y en particular en los 90 se firmaron aproximadamente 60 tratados de inversión extranjera de los cuales hoy se encuentran vigentes 55, por lo que ahí se da una restricción a la hora de pensar políticas de tratamiento al capital extranjero.
 
Entonces me parece que es indudable que el escenario que se abre con los buitres es crítico y que es correcta la estrategia que lleva adelante el gobierno, en el sentido de que no puede decir tan fácilmente que va a honrar la deuda porque se le viene un problema grande con el resto de los bonistas, pero a mí me parece que, más allá de los buitres, hay una pregunta anterior que es por qué la Argentina tuvo que volver a sentarse a negociar con estos actores, con el Club de París, con el CIADI, indemnizar a Repsol por YPF, y me parece que todo conduce a la necesidad de complementar la política de ajuste que se viene aplicando en los últimos meses con un nuevo ciclo de endeudamiento.
 
Mencionaste como uno de los factores de la restricción externa al sector energético. Hace unos días fue nombrada Mariana Matranga al frente de la secretaría de energía y dijo que uno de los objetivos es bajar el nivel de importaciones ¿pensás que puede haber un cambio en la orientación de las políticas energéticas a partir de su nombramiento?
Primero que nada, me parece una persona súper formada y eso es un elemento positivo desde ya, sumado a otro elemento positivo que es desplazar al que fue el responsable del desastre energético en la Argentina que fue Daniel Cameron, alineado con De Vido.
Dicho esto, me parece que hay que dejar que la cosa camine pero si uno va viendo lo que se ha hecho en YPF, que no tiene que ver con Mariana Matranga sino con la política energética del gobierno, que apuesta casi todo por Vaca Muerta, en un acuerdo con Chevron, que en la medida que son cláusulas secretas uno no tiene forma de saber bien cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes, pero evidentemente hay una apuesta estratégica del sector de Galuccio que piensa a YPF mas como una empresa estatal. El otro aspecto es la suba de precios que me parece que está siendo bastante fuerte y creo que hay un intento del gobierno por decirle al sector privado “acá hay un sendero de precios razonable, entonces esperemos que inviertan”.
 
Otra consecuencia de la restricción externa que se da en una economía tan concentrada como la argentina es la inflación ¿Creés que si se mejora eso puede bajar la inflación? ¿Qué pensás del programa “precios cuidados”?
Para mi es medicina de corto plazo y con final incierto. No me parece que el programa “Precios Cuidados” sea hoy una variable o un elemento clave a la hora de controlar los precios. Lo que está ayudando a bajar la inflación un poco es la recesión, que es resultado de la política económica de ajuste del gobierno que vino a partir de enero de este año, con la devaluación y la suba de tasas de interés.
El programa “Precios Cuidados” habla un poco de lo que le pasó históricamente a este gobierno. El gobierno interviene cuando los problemas se desenlazan y esa intervención lo que hace es tratar de dar soluciones a corto plazo, que no siempre son exitosas, y posponer la discusión acerca de los factores estructurales que provocan la inflación. Es clarísimo que la cuestión inflacionaria tiene que ver con varios factores pero uno muy importante es la concentración y también es clarísimo que las políticas económicas del kirchnerismo potenciaron ese proceso de concentración. Por lo tanto, la solución a esos problemas no puede ser solamente el esquema de “Precios Cuidados”. Hay que dejar de correr detrás de la coyuntura y empezar a discutir lo estructural.

El 2014 está siendo uno de los años más difíciles desde 2003 en materia económica ¿se puede volver a despegar en 2015 o habrá otras medidas de ajuste como hubo a principios de este año?
Mi sensación es que el kirchnerismo hoy está en una encrucijada muy complicada y lo que viene haciendo desde que empezó el año es una política de ajuste que pivotea entre dos elementos: la devaluación, que es una transferencia de ingresos fenomenal desde el trabajo al capital, particularmente hacia los sectores exportadores que en Argentina son los ligados al agro; y una suba de la tasa de interés que apunta a que la gente apueste al plazo fijo con su excedente y no demande dólares. Ahí lo que se está tratando motorizar es una transferencia de ingresos al sector financiero, que tiene además consecuencias en la tasa de interés que tiene que pagar cualquier persona o empresa para hacer una inversión.
 
Si la política de ajuste le sale bien al gobierno y en unos meses, producto de la caída del salario y de la recesión, volvemos a crecer va a tener un problema político muy serio que es que esas medidas de ajuste castigan fundamentalmente a los trabajadores, o sea a una parte importante de su base social e implican una fuerte transferencia a los sectores financieros y agroexportadores, por lo cual se redefine el carácter sociológico del gobierno porque está atacando a su base social y enriqueciendo a sectores que siempre los planteó como enemigos políticos.
La pregunta importante acá es por qué se llegó a tener que implementar una política de ajuste y ahí volvemos a lo que hablamos al principio: la restricción externa que se vincula con acciones y omisiones desde el Estado que profundizaron muchas de las herencias del neoliberalismo. No es como en 2005 donde todo era culpa del menemismo. Ahora hay mucho para discutir en torno a la “calidad” de la intervención estatal durante el kirchnerismo.

 
Constatamos que ya el año pasado sufríamos una política de ajuste o "fuerte transferencia a los sectores financieros y agroexportadores" a causa de "acciones y omisiones desde el Estado que profundizaron" la herencia del neoliberalismo. De modo que el desafío actual es hacer balance de más de una deKada para orientar la lucha contra la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales y no por la vuelta de CFK. Examinemos la historia de este bloque dominante e impune:
 

Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo
 
Por Alejandro Gaggero, Martín Schorr y Andrés Wainer 
La preocupación por el desarrollo económico ha sido una constante en los países “atrasados”. Desde mediados del siglo pasado se ha venido discutiendo y analizando cuáles son los obstáculos para superar el cuadro de subdesarrollo y cuál sería el sujeto histórico que podría emprender tal tarea y de qué manera. En América Latina esta problemática ha sido abordada, desde diferentes ópticas, por el liberalismo, el estructuralismo, el neoinstitucionalismo y las distintas vertientes de la teoría de la dependencia y del marxismo.
Naturalmente, las conclusiones a las que arribaron los representantes de dichas corrientes han sido bien disímiles, siendo que para unos el agente del desarrollo podían (y debían) ser las oligarquías exportadoras de materias primas y para otros el capital extranjero, las incipientes burguesías industriales nacionales, la burocracia estatal o la clase obrera y otros sectores populares.
Con la hegemonía del neoliberalismo esta discusión fue marginada al quedar relegada toda preocupación por el crecimiento económico a las manos “impersonales” del mercado, dado que, se supone, éste asigna los recursos de la manera más eficiente. Desde esta concepción, el máximo nivel de crecimiento económico posible (no de desarrollo) estaría dado por la proliferación y la expansión de empresas insertas en sectores que cuentan con ventajas comparativas, en tanto las firmas de rubros tradicionalmente no competitivos deberían reconvertirse o desaparecer, generando de esta manera una mayor eficiencia agregada en la economía y una elevación general en el nivel de productividad.
 
Contrariamente a lo pregonado por la ortodoxia económica, pero sin demasiadas sorpresas para los críticos del neoliberalismo, algunos de los principales resultados de la aplicación del programa neoconservador en la Argentina durante la década de 1990 (con sus prolegómenos desde 1976) han sido la enajenación del patrimonio público, un drástico proceso de desindustrialización, una suba exponencial de la deuda externa y, como “frutilla del postre”, cuatro años consecutivos de caída del producto con un costo social altísimo, entre otras dimensiones en materia de niveles de desempleo, precarización laboral, pobreza e indigencia.
 
Como ha sido analizado de manera exhaustiva por numerosos investigadores, la etapa que se abre en nuestro país con las primeras reformas neoliberales impulsadas por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) derivó en la conformación de un nuevo poder económico hegemonizado por un conjunto de grupos empresarios locales y conglomerados extranjeros. En esa primera etapa de reformas el “mercado” lejos estuvo de ser omnipresente dado que el Estado, bajo diversas modalidades, tuvo una participación activa y determinante en el crecimiento y la consolidación de los estamentos empresarios dominantes, rasgo que se afianzaría con el correr del primer gobierno democrático. Por su parte, la profundización de las políticas neoliberales a comienzos del decenio de 1990 con epicentro en la convertibilidad y las reformas estructurales (privatización de empresas públicas, desregulación, liberalización comercial y financiera, etc.) desembocaron en un intenso proceso de extranjerización económica.
De allí que el poder económico haya estado concentrado fundamentalmente en estos dos núcleos centrales de la burguesía: los grupos nacionales y el capital extranjero. Justamente, son estas dos fracciones las que nos hemos propuesto analizar en este libro. Los conglomerados locales fueron el principal sustento civil y económico del proyecto refundacional implementado a sangre y fuego entre 1976 y 1983, al tiempo que crecieron significativamente durante el gobierno de Alfonsín y en los primeros años del menemismo; sin embargo, desde mediados de la década de 1990 entraron en una etapa de retroceso marcado, aunque signado por trayectorias heterogéneas en su interior. Si bien estos capitales no han desaparecido completamente, y menos aún lo ha hecho su capacidad de influir en el sistema político, en las últimas dos décadas el aumento en el predominio económico del capital extranjero ha sido muy acentuado, lo cual ha reforzado, en algunos casos de manera notable, ciertos aspectos estructurales del carácter dependiente de la economía argentina.
 
En ese marco, no resulta casual que tras la debacle de la convertibilidad diferentes exponentes de la clase política plantearan la necesidad de recrear una burguesía nacional. Así, por ejemplo, a comienzos de 2002 el entonces presidente Eduardo Duhalde señalaba: “A mí realmente me apena que cuando llamo a los grandes empresarios argentinos, en una mesa pequeña caben todos. Un país realmente grande, importante, es un país que cuando convoque a sus grandes empresarios, no tenga lugar porque son muchos. Eso es lo que quisiera para mi Argentina y para eso tenemos que trabajar. La mayoría de los grandes empresarios argentinos han vendido, se ha extranjerizado el sector empresario argentino y los que han quedado, han quedado porque quieren a su país, a su empresa, y tenemos que darles la mano que podamos, porque de ellos dependen cientos de miles de trabajadores”1.
La búsqueda por la reconstrucción de una burguesía nacional asociada al Estado como forma de recuperar un “proyecto nacional y popular” en la Argentina fue manifestada en forma recurrente durante distintos momentos de los gobiernos kirchneristas. A simple título ilustrativo cabe recuperar las dos referencias siguientes: “es fundamental que el capital nacional participe activamente de la vida económica en la reconstrucción de un proceso que consolide la burguesía nacional en la Argentina. Es imposible consolidar el proceso de una dirigencia nacional, es imposible consolidar un proyecto de país, si no consolidamos una burguesía nacional verdaderamente comprometida con los intereses de la Argentina, un fuerte proceso de capitalismo nacional que nos permita recuperar decisiones perdidas en todas las áreas de la economía” (Néstor Kirchner, 29/9/2003)2; “vamos a hablar claro, argentinos: hasta el año 2003 y basta mirar los números, la posición dominante en el sector financiero, era la banca extranjera. Hoy es la banca nacional y los banqueros son los mismos, no es que vinieron algunos más inteligentes. Lo que vino es un Estado que desarrolló la industria nacional que les permitió a ellos desplazar en el ranking a la banca extranjera y ser hoy más importantes… Lo mismo pasa con los industriales, con los empresarios, con los comerciantes” (Cristina Fernández de Kirchner, 9/7/2013)3.
 
En teoría, la concreción exitosa del objetivo mencionado sentaría las bases de un nuevo proyecto de país ya que se trataría de una clase empresaria consustanciada directamente con el devenir nacional. Se supone que el interés de una genuina burguesía nacional pasa por el desarrollo económico autocentrado, lo cual permitiría una mayor inclusión social y una menor dependencia económica. Ahora bien, esta idea de generar un proyecto de país propio a través de la recuperación de una burguesía nacional fue, en cierto sentido, parte del “clima de época” de estos años, ya que estuvo lejos de ser patrimonio exclusivo de gobernantes en el poder o de un determinado signo político, siendo que también se extendió, quizá impensadamente poco tiempo antes, entre algunos de los principales dirigentes de la oposición: “Me siento más cerca de las ideas de [Arturo] Frondizi. Siempre Frondizi sirvió como inspiración: la búsqueda de un espacio en el mundo y de lo que la Argentina debería emprender, entendiendo que hay que recrear una burguesía nacional y que hay que recrear un perfil productivo propio” (Mauricio Macri, 15/8/2004)4.
 
Sin embargo, más allá de los discursos y las intenciones, en la última década se han profundizado varios de los procesos característicos de la etapa neoliberal, entre los que se encuentran los muy elevados niveles de concentración y extranjerización de la economía doméstica. Estos elementos de continuidad, muchas veces soslayados, se manifestaron de modo diferente en la convertibilidad y en el período que se inicia tras su colapso. En efecto, como surge de los análisis que se incluyen en el Capítulo 1, pareciera haber variado la modalidad principal bajo la cual el capital extranjero ha extendido y consolidado su presencia en la economía argentina: mientras que en la década de 1990 predominó la “desnacionalización” (es decir, la venta de empresas nacionales a inversores foráneos), en la posconvertibilidad, si bien este fenómeno siguió manifestándose, el capital extranjero afianzó su protagonismo a partir de las diferencias estructurales y de comportamiento que presenta vis-à-vis el resto de las fracciones empresarias.
 
La consolidación de la extranjerización en los años recientes, y la pérdida de “decisión nacional” que ello acarrea para el Estado argentino, no implica que no haya habido lugar para el surgimiento y/o la consolidación de algunos grupos económicos locales “viejos” y “nuevos”. En ese marco, en el Capítulo 2 se analiza la relación entre el Estado y los empresarios nacionales y se concluye que la apuesta por la reconstrucción de una burguesía nacional derivó, en los hechos, en la expansión de actores que poco tienen que ver con fortalecer el desarrollo del país y disminuir los lazos de dependencia. Ello, por cuanto en la posconvertibilidad, pari passu el afianzamiento estructural de la extranjerización, el gran capital local parece haberse replegado a sectores que cuentan con ventajas comparativas basadas en los recursos naturales o bien a actividades que, por diferentes razones, no están expuestas a la competencia. En este contexto, las posibilidades de que estos grupos empresarios se conviertan en “campeones nacionales” que permitan complejizar el perfil productivo y posicionar a la Argentina de otra manera frente al mundo parecen ser más bien exiguas, cuando no inexistentes.
A partir del conjunto de los desarrollos analíticos que se realizan en los dos capítulos mencionados, de los que resulta posible identificar una diversidad de elementos estructurales que condicionan sobremanera el manejo de la coyuntura, el libro cierra con unas breves conclusiones en las que se busca reflexionar críticamente sobre las características del poder económico realmente existente en el país a comienzos del siglo XXI. Y, en ese marco, problematizar en qué medida los intereses de las distintas fracciones de la gran burguesía argentina y sus proyectos de país permiten superar las trabas al desarrollo nacional o si, por el contrario, las refuerzan.
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(*) Este texto perteneca a la “Introducción” del libro Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo, de Alejandro Gaggero, Martín Schoor y Andrés Wainer, Futuro anterior / Crisis, Buenos Aires, 2014.
Notas
 
 
Sigamos indagando sobre el poder económico, el principal impune de ayer y hoy, durante más de una deKada:
 

 

Apuntes vol.41 no.75 Lima jul./dic. 2014

 

RESEÑAS
GAGGERO, Alejandro; Martín SCHORR y Andrés WAINER, 2014, Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo, Buenos Aires, Futuro Anterior. 176 pp.
 Por Ana Castellani*
El libro de los investigadores Alejandro Gaggero, Martín Schorr y Andrés Wainer presenta una radiografía exhaustiva del poder económico argentino durante los años de la postconvertibilidad. Se trata de un análisis minucioso del perfil de las grandes empresas nacionales y extranjeras a lo largo de la década de 2000 y de sus estrategias económicas más relevantes. Este análisis permite establecer puntos de continuidad y de ruptura con las tendencias consolidadas durante el periodo inmediatamente anterior, el de las reformas estructurales de la década de 1990, y a su vez nos convoca a pensar sobre las posibilidades futuras de construir un sendero de desarrollo.

El trabajo está atravesado por la pregunta sobre las continuidades y rupturas y deja claro desde el inicio que las primeras son más importantes que las segundas. Precisamente, estas evidencias permiten abrir el debate sobre interrogantes que son claves para entender las restricciones al desarrollo en los países latinoamericanos. Entre otras, se destacan: ¿Qué papel juegan las burguesías nacionales en la explicación del subdesarrollo de la región? ¿Realmente existen patrones de comportamiento disímiles entre el capital concentrado nacional y el transnacional? ¿Los cambios en la orientación de la intervención económica estatal alcanzan para producir transformaciones estructurales en el perfil del poder económico o son insuficientes? ¿El Estado es capaz de disciplinar al capital para garantizar la reinversión de utilidades y el cumplimiento de las metas establecidas en los esquemas de subsidios?

Veamos algunos de los aportes más sugerentes de esta obra que nos brinda herramientas para reflexionar sobre éstas y otras cuestiones:
1) Los autores plantean que el proceso de concentración y extranjerización de la economía argentina se sostiene durante los últimos diez años a pesar de los cambios en la orientación de las políticas públicas implementadas durante el kirchnerismo. Si bien no se aborda en detalle el análisis de los factores que explican el porqué de esta situación, queda claro que el poder económico argentino sigue siendo mayoritariamente extranjero y está cada vez más concentrado. Igualmente, los autores señalan algo muy interesante, que puede ayudar a entender en parte este fenómeno: más allá de los cambios en la orientación general de la intervención económica estatal realizados durante el lapso 2003-2013, aún se mantienen vigentes marcos normativos heredados de periodos previos, en especial las leyes que regulan la inversión extranjera y el funcionamiento de las entidades financieras, sancionadas durante la última dictadura.
2) El grado de extranjerización de la cúpula empresaria (las doscientas firmas que más venden) no se desprende de una mayor presencia de empresas extranjeras en el panel, producto de la venta de activos nacionales, como en la década de 1990, sino de la mejor inserción sectorial que despliegan este tipo de firmas. O sea, no es que haya crecido el número de empresas extranjeras dentro de las primeras doscientas en comparación a los años 1990, sino que estas presentan desempeños relativos, vis a vis las nacionales, mucho mejores que antaño. Los autores definen este proceso como una estrategia de expansión del capital extranjero de tipo intensivo, orientada a incrementar la productividad en nichos claves mayoritariamente orientados al mercado externo.
3) Con respecto a las empresas nacionales, el aporte del trabajo es muy valioso. Hasta el momento prácticamente no existían estudios académicos dedicados a establecer el perfil y desempeño de los grupos económicos locales o de otras grandes firmas nacionales durante los años kirchneristas. Los autores señalan que los grupos nacionales más tradicionales que se mantuvieron en la cúpula durante la década de 2000 operan mayoritariamente en sectores claves –generalmente vinculados a la agroindustria– y con fuerte inserción exportadora; mientras que los grupos nuevos que aparecen en esa cúpula –incluso algunos creados durante estos años– están principalmente ligados a actividades muy reguladas por el Estado (juegos de azar y servicios públicos) o directamente vinculados al sector público (grandes construcciones, obras de ingeniería, etc.). Esto permite marcar un punto de continuidad con las transformaciones ocurridas en la década de 1990, ya que la reconversión de los grupos nacionales en esos años se orientó a la producción de commodities y a la agroindustria, pero también nos remonta a periodos aun más lejanos, de auge de la patria contratista. ¿Cuánto de nuevo hay en estas empresas y grupos que surgen y/o se consolidan en la postconvertibilidad, si el grueso de sus actividades se desarrolla en mercados altamente protegidos, regulados o directamente controlados por el Estado? La expansión del capital nacional al calor de la conformación de ámbitos privilegiados de acumulación sostenidos por el Estado es un rasgo que en la Argentina se remonta, como mínimo, a fines de la década de 1960.
4) Estas características de ambas fracciones del capital –extranjero y nacional– reviven viejas discusiones político-académicas sobre el sujeto económico que debería liderar el proceso de desarrollo. Lo que el libro muestra es que, más allá del origen del capital, las tendencias estructurales en el comportamiento de tales fracciones son similares y se mantienen a lo largo de las décadas, más allá de los cambios de gobierno y de orientación de las políticas públicas.
Además de su valiosa contribución al entendimiento de lo que pasó con el poder económico en los últimos años, los resultados que presentan Gaggero, Schorr y Wainer abren las puertas a nuevas investigaciones que busquen comprender de una forma más integral la naturaleza y el accionar de ese poder económico. Por un lado, es necesario abordar el estudio de la acción empresaria en sus diversos niveles: microeconómico, corporativo y político. Por otro lado, posiblemente, los cambios en la acción política del empresariado sean los más relevantes en estos últimos años. En efecto, la oposición pública a diversas medidas que se han ido tomando desde 2008 y el temor manifiesto del gran empresariado ante lo que considera un avance feroz del Estado sobre la economía han unido recientemente a las más diversas fracciones del gran capital en el denominado Foro de la Convergencia Empresaria. Este tipo de movimientos no es casual y se da muy pocas veces. Por lo general, prima la representación sectorial y por eso, cuando el empresariado unifica sus reclamos más allá de los sectores, está dando cuenta de un fenómeno que es necesario estudiar.
Asimismo es ineludible profundizar el análisis de las elites económicas (dirigentes de corporaciones y de empresas) para establecer la relación entre los cambios a nivel económico-estructural y los de nivel político-institucional; y complementar esto con el estudio de la forma en que se relacionan el poder económico y el Estado, también lo es. Finalmente, establecer diversas acciones, mapas de actores, tipo de capacidades estatales, niveles de autonomía, existencia de redes informales, etc. permitiría entender la persistencia de muchas de las tendencias señaladas en el libro.
En resumen, Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo es un material ineludible porque oxigena el debate político y académico, presenta nuevas evidencias sobre procesos económicos que estaban poco investigados y, especialmente, coloca al poder económico en el centro de la escena a la hora de pensar las restricciones al desarrollo en nuestro país. 
*Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires.
* Correo electrónico: anagcastellani@gmail.com

 
Saquemos conclusiones como que hemos estado más de un año absortos en elecciones totalmente controladas por los poderes (establecidos con terrorismo de estado) cuando ellos, frente al estancamiento de su alta rentabilidad, nos aplicaban ajuste o nos forzaban a transferirles fondos públicos e ingresos familiares con intervención de Kicillof, ministro 'izquierdista'. De ahí lo bueno de ver qué nos advierte Rolando Astarita:
"lo central a retener es que en estos momentos prevalece la unidad del capital contra el trabajo. Buscan que los mayores costos de la crisis los paguen los asalariados y los sectores populares. Por eso, está planteado un conflicto de clase. En esta situación, tal vez lo más importante, en el futuro inmediato, pase por la unidad en la acción, por puntos concretos en defensa de las posiciones del trabajo. Empezando por el rechazo de todo pacto social, o techo impuesto desde el Gobierno, a los aumentos salariales".
 


Defendiendo al capital
16 de diciembre de 2015
 
Por Rolando Astarita
En julio de este año, en un debate que organizó Pateando el tablero, TV La izquierda diario, cuando me preguntaron por las perspectivas de lo que podría traer el gobierno que asumiría en diciembre, respondí que, ganara quien ganara, el eje estaría puesto en crear las condiciones para la inversión (ver aquí). Luego, en las notas publicadas durante la campaña electoral, volví varias veces sobre la misma idea. En particular, cuando se llamó al ballotage, uno de los argumentos principales a favor del voto en blanco fue que tanto Scioli como Macri aplicarían, frente a la crisis, un programa económico de características más o menos similares.
De manera que estos primeros seis días que lleva Cambiemos en el gobierno no han traído sorpresas: la quita de retenciones para el campo y la industria, y la devaluación están en la lógica de lo planteado, y han despertado un comprensible entusiasmo entre los representantes del capital, de conjunto. Es cierto que se han cruzado algunas tensiones y disensiones –los nombramientos por decreto de los jueces de la Corte Suprema; también en torno a cuánto asume el Central por la pérdida ocasionada con el negociado de los futuros-; pero por ahora, lo que prima es el beneplácito y la unidad del establishment económico.
Esta unidad se ha manifestado en declaraciones que son significativas. Scioli, después de la reunión con Macri: “Si mi presencia contribuye a dar mayor solidez, voy a estar”. Massa: “No somos opositores, somos propositores, una fuerza constructiva. Vamos a apoyar cuanto haya que apoyar y vamos a oponernos con propuestas cuando estemos en desacuerdo”. A todo esto, Macri, después de la reunión con los gobernadores, dijo: “Todos [los gobernadores] ratificaron que entendían que en Argentina lo que hace falta es unir esfuerzos. Estamos todos entusiasmados por esta nueva etapa que comienza. Se planteó que tenemos que ser un equipo y trabajar juntos para todos los argentinos”. Y Urtubey, el gobernador de Salta, se deshizo en elogios al “nuevo clima”.
Digamos también que es lo acostumbrado: durante la campaña electoral se exageran las diferencias, aunque se sabe que, de fondo, las diferencias no son tales. Así, entre “el cambio justo” (Massa), “el cambio con continuidad” (Scioli) y el “cambiemos lo que hay que cambiar y conservemos lo que hay que conservar” (Macri), las diferencias pasaban por los matices. Para usar la terminología de moda, “cambio” fue el “significante vacío” (Laclau) que se llenó discursivamente de cualquier cosa en el momento del engaño y el disimulo, pero se concreta, una vez instalado el nuevo gobierno, en el ajuste en marcha y la unidad burguesa en torno al mismo. Por eso, los que votaron a Scioli pensando que apoyaban una alternativa frente al ajuste, ahora deberían digerir que su voto terminó siendo funcional al ajuste. Aunque no hay sorpresas desde un enfoque materialista, esto es, que pone el acento en las relaciones sociales subyacentes y las pulsiones que derivan de ellas. Como sucede siempre en las crisis capitalistas, todo pasa por desvalorizar al trabajo para valorizar al capital. Es la esencia de las devaluaciones y la suba de precios (ver aquí).
Por eso, ahora el peso de la clase dominante está puesto en las paritarias. Lo dijo Macri en su tan elogiado discurso ante la Unión Industrial Argentina: “hay que bajar la conflictividad gremial, que es permanente”. O sea, los sindicatos tienen que “tragarse” la suba de precios. Tengamos presente que este año la inflación estaría entre el 28 o 30%, y todo indica que se aceleraría con la devaluación y la suba de las tarifas. En el mismo sentido, referentes de las cámaras empresarias (por caso, Mendiguren, del partido de Massa) dicen que las paritarias no deben tomar en cuenta la inflación  pasada, sino la esperada. El ministro de Trabajo agregó que los aumentos deben otorgarse “según productividad” (otro argumento clásico de los empresarios en tiempos de crisis y ajuste). En consecuencia, por todos lados se presiona para que se imponga, pacto social mediante, un techo a los incrementos salariales. Para esto se recurre a la amenaza de toda la vida: si no aceptan, habrá desocupación. “Tienen que cuidar el empleo”, les dijo Macri a los trabajadores. Es el mismo argumento-amenaza que esgrimía, hasta hace poco, Cristina Kirchner. Así, todo discurre según el necesario orden causal del orden capitalista. Por supuesto, nadie habla del trabajo precarizado, ni de los millones de subocupados, o de los que ni siquiera buscan trabajo porque están desanimados. La otra arma con que cuenta la clase dominante es, como siempre, la siempre presente burocracia sindical.
De todas maneras es indudable que, en un escenario de crisis, habrá tensiones entre las fracciones del capital. Por ejemplo, la eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación pone toda la tensión en qué productos serán incluidos en las 1000 posiciones arancelarias de protección mediante licencias no automáticas, que se anunciaron desde el ministerio de la Producción. Asimismo habrá conflictos con las provincias, sumidas en un profundo déficit, por el reparto de la coparticipación. Por eso se acentúan los rasgos de “presidencialismo”, en detrimento del Congreso, y llueven los “decretos de necesidad y urgencia” (¿en qué quedan las denuncias al “autoritarismo” de los gobiernos kirchneristas?).
Pero por encima de estas tensiones, lo central a retener es que en estos momentos prevalece la unidad del capital contra el trabajo. Buscan que los mayores costos de la crisis los paguen los asalariados y los sectores populares. Por eso, está planteado un conflicto de clase. En esta situación, tal vez lo más importante, en el futuro inmediato, pase por la unidad en la acción, por puntos concretos en defensa de las posiciones del trabajo. Empezando por el rechazo de todo pacto social, o techo impuesto desde el Gobierno, a los aumentos salariales.
 
Aclaremos qué significa nuestro desafío hoy de "unidad en la acción, por puntos concretos en defensa de las posiciones del trabajo". Lo hace el mismo Rolando Astarita al señalarnos: "avanzar hacia una acción independiente de clase (que no excluye la más amplia unidad de acción). Una comprensión de las relaciones reales que están detrás de la devaluación redundará en el fortalecimiento político del trabajo frente al capital. El enfrentamiento no se reduce a Macri. Es un enfrentamiento de clase. En este respecto la crítica a la “ilusión estatista” adquiere toda su relevancia".
 


Devaluación, Gobierno y relaciones sociales

18 de diciembre de 2015
Por Rolando Astarita
Un criterio que recorre los análisis que he presentado en anteriores notas es que las políticas de los Estados y gobiernos capitalistas están condicionadas, ineludiblemente, por las relaciones de producción subyacentes, y por la ley del valor trabajo (por ende, por las leyes de la generación, apropiación y acumulación de plusvalía). Esta reflexión viene a propósito de las últimas notas que publiqué sobre el gobierno de Cambiemos y la devaluación.
En ellas planteé, en primer lugar, que hay un hilo de continuidad entre la actual devaluación y el gobierno kirchnerista. No sólo porque el kirchnerismo dejó preparado el escenario de la devaluación (véase aquí, por ejemplo), sino también, y más fundamental, porque en los últimos 12 años no se alteró la estructura dependiente y atrasada del país. En segundo término, enfaticé que estamos ante una política que favorece al capital en general. O sea, no se trata sólo de las grandes empresas, de la oligarquía criolla o de las multinacionales agroexportadoras y de la energía, como se afirma desde la oposición izquierdista, sino de una política condicionada por los intereses de toda la clase dominante; y exacerbada por la crisis de la balanza de pagos, el estancamiento y la recesión. Las tensiones y peleas por el botín de la plusvalía se desarrollarán al interior de esta unidad.
En este marco adquiere relevancia el planteo de la izquierda durante las elecciones –que he defendido-, a saber, que ganara Massa, Scioli o Macri, iban a hacer aproximadamente lo mismo. Podían alterarse matices y ritmos, pero no el contenido. Y cualquiera de ellos iba a devaluar. Esto se debe a que la devaluación no es, en esencia, un acto “libre”, esto es, contingente, que podría haber ocurrido, o no. Recordemos que el tipo de cambio está condicionado, en el sentido más estructural, por la productividad relativa de la economía; y en un segundo nivel, por las variables macroeconómicas, tales como la inflación, la cuenta corriente, y la tasa de crecimiento del producto (ver aquí, aquí, aquí). Así, dado un nivel de productividad relativa, las devaluaciones son una respuesta a las crisis externas, y tienen como objetivo restablecer las condiciones de la acumulación. Por eso, la devaluación no es “causa libre”, sino efecto determinado por la misma naturaleza capitalista de la crisis. Y cuando es “exitosa” es sinónimo de una redistribución regresiva del ingreso.
En vista de este análisis decimos también que las críticas más o menos habituales ponen en evidencia lo que podemos llamar “la ilusión de subjetividad del Estado”, o la “ilusión de agencia del Estado”, consustancial a la ideología del reformismo burgués izquierdista, y sus críticas al “neoliberalismo desalmado” (en este punto me inspiro en Hasana Sharp (2007) “The Force of Ideas in Spinoza”, Political Theory, vol. 35, pp. 732-755 y su análisis de Spinoza y el concepto de ideología en Althusser). Llamo ilusión estatista a la creencia de que el Estado, o el gobierno, pueden actuar libremente, como si fueran el centro y origen de las políticas y acciones que despliegan, y no estuvieran determinadas, en última instancia, por las leyes de la sociedad capitalista. Es la ideología del socialismo burgués y su prédica de que todo se arregla cambiando el gobierno “neoliberal” por otro “progresista y nacional”. De ahí que la ilusión estatista ponga el acento en el cambio de nombres.
Pero la realidad es que las opciones de los gobiernos capitalistas ante las variantes de política económica resultan de toda una serie de condiciones previas, de las cuales la voluntad es sólo un determinante. En el fondo, la libertad que tiene el gobierno capitalista (sea “de derecha” o “de izquierda”) es la de actuar dentro de la racionalidad del capital. No existe “reino dentro del reino”, o sea, ningún gobierno capitalista es un reino al interior del reino del capital, aunque ese gobierno se pretenda independiente, y hasta “socialista”. Por eso, frente a la convocatoria –que circula entre el progresismo de izquierda- a un “frente nacional contra el neoliberalismo”, hay que oponer este argumento materialista. Nunca debería olvidarse que el Estado actúa bajo constricciones sistémicas, entre las cuales se encuentra, en un primer plano, garantizar las condiciones para la acumulación. Es lo que está detrás del “ajuste” en curso (en la secuela inmediata de devaluación, suba de precios, baja del salario real, recesión arrastrada por la caída del consumo popular, aumento del endeudamiento y/o del déficit fiscal) que, eventualmente, debería dar lugar a la recuperación de la inversión (no hay crisis capitalistas sin salida).
En definitiva, lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos no se explica por las características psicológicas de Macri, o de sus ministros (“son perversos”, como dicen algunos indignados); ni por sus conexiones con tal o cual grupo económico. Para decirlo una vez más: en estas circunstancias, un gobierno “burgués de izquierda” (al estilo PT de Brasil o Syriza de Grecia) haría más o menos lo mismo que lo que está haciendo hoy Macri (como lo demuestran los actuales gobiernos del PT o Syriza). Sería importante retener esta idea ante las luchas que se avecinan; es el primer paso para avanzar hacia una acción independiente de clase (que no excluye la más amplia unidad de acción). Una comprensión de las relaciones reales que están detrás de la devaluación redundará en el fortalecimiento político del trabajo frente al capital. El enfrentamiento no se reduce a Macri. Es un enfrentamiento de clase. En este respecto la crítica a la “ilusión estatista” adquiere toda su relevancia.
 
 
 
Sopesemos si  para el enfrentamiento de clase es imprescindible ir enmarcando la unidad de acción (lo más amplia posible respecto a problemas concretos) en una crítica al capitalismo que procure articulación de las luchas y orientación del cambio deseado. También para atender a que medidas gubernamentales contra los diversos de abajo son valoradas por los últimos como sucedió durante el gobierno CFK y ahora con Mauricio Macri se ha agravado. Pero sobre todo es crucial contextualizarlas aprovechando que la gestión MM transparenta más como el sistema es para el enriquecimiento de las elites al precio de profundizar la desigualdad e injusticia social. Ejemplifiquemos:
 

 
 

Con el fin del cepo, se viene una devaluación que significará una fenomenal transferencia de ingresos desde los asalariados y jubilados hacia el sector financiero y los grandes exportadores.





El levantamiento del llamado “cepo cambiario” fue uno de los principales ejes de la campaña electoral de Cambiemos. Finalmente el día de ayer (16/12), el actual presidente cumplió sus promesas, claro que a costa de una fenomenal transferencia de ingresos desde los asalariados y jubilados hacia el sector financiero y los grandes exportadores. Estos últimos, además, se vieron beneficiados a comienzos de la semana también con la supresión de las retenciones a las exportaciones de todos los productos excepto la soja, lo cual tendrá un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores.
 
La “unificación” del tipo de cambio a partir de la eliminación de las restricciones a la adquisición de divisas para atesoramiento y viajes al exterior tendrá efectos inmediatos a pesar de los dichos del ministro de Hacienda, quien aseguró que la economía ya funcionaba con el precio del dólar “blue”. Es indudable que ello no es así, dado que de otro modo la Argentina no estaría sufriendo las consecuencias de la actual restricción externa.
 
La magnitud de la devaluación dependerá de muchos factores, entre los que se encuentran la velocidad con que los agro-exportadores liquiden la cosecha retenida, los préstamos que consiga el gobierno y el nivel de la tasa de interés doméstica. De todos modos lo que interesa no es tanto la variación nominal de la moneda sino la depreciación real. Es decir, en qué medida la devaluación se puede considerar “exitosa” en tanto no se traslade casi en su totalidad a los precios.
 
Nadie tiene la bola de cristal, como dijo Prat Gay, pero teniendo en cuenta la historia económica argentina y las circunstancias actuales, es muy probable que la depreciación real del peso se esfume en un período de tiempo relativamente corto. 
Ello se debe a que
una medida aislada como la devaluación no genera cambios en la estructura productiva argentina, la cual presenta importantes desequilibrios entre los sectores vinculados a la producción agropecuaria y agroindustrial y la mayor parte del resto de la industria. Ni tampoco permite un sustancial incremento de las exportaciones, que dependen de múltiples factores, como el nivel de demanda externa, los precios internacionales, la calidad de los productos y las barreras proteccionistas de otros países. Máxime cuando desde hace unos años se asiste a un deterioro de los términos de intercambio y los principales socios comercial de la Argentina están devaluando sus monedas y atravesando fases de crisis económica manifiesta (Brasil) o de desaceleración (China).
 
Entonces, el principal objetivo de la devaluación es reducir los salarios a nivel doméstico y en dólares. De esta manera, el esperado incremento de la inversión en el mediano plazo no vendría a partir de una mayor demanda sino de la recuperación de la tasa de ganancia merced un incremento en la tasa de explotación. Se supone que, transcurrido un tiempo, los beneficios del incremento de la inversión “derramarán” sobre el conjunto de la sociedad a través de un mayor nivel de empleo y, con ello, mejoras en el ingreso. Ello fue lo que sucedió, con sus más y sus menos, tras el fin de la convertibilidad en 2002.
Sin embargo, el escenario actual es muy distinto a aquél en muchos sentidos. La devaluación de 2002 no sólo se produjo tras tres años seguidos de fuerte contracción del producto y el default de una parte de la deuda pública, sino que se dio en un contexto de altísimo desempleo, inexistencia de negociaciones salariales colectivas y fuerte retroceso de los sindicatos. En este sentido, el relativo bajo nivel de desempleo en la actualidad y las mejores condiciones en las que se encuentra la clase obrera para defender las conquistas obtenidas seguramente harán más difícil que la caída del salario real sea lo suficientemente significativa como para producir una salida de este tipo.
Ello supone que el mayor impacto inmediato de la devaluación recaerá sobre la porción de la clase obrera más desprotegida (los trabajadores no registrados e informales y los desocupados). Lo cual no quiere decir que el resto de los trabajadores esté a salvo dado que, como seguramente los efectos reales de la devaluación durarán poco, se requerirá de nuevas devaluaciones que vayan erosionando el salario real a partir de la degradación del mercado laboral local. Ello, a menos que se ingrese en un nuevo ciclo de fuerte endeudamiento externo que aporte las divisas que la economía “real” no alcanza a generar en la medida necesaria. Pero en este último caso sólo se estaría postergando parcial y temporalmente el sufrimiento de la clase trabajadora en tanto el costo del endeudamiento será afrontado por las próximas generaciones de trabajadores. Y ello sin contar las potenciales condicionalidades que puedan restablecer los organismos multilaterales de crédito y el capital financiero sobre la política económica local.
Nuevamente el grueso de los trabajadores argentinos va a pagar el costo de la debilidad competitiva de la burguesía argentina, la cual, para colmo, es premiada con la posibilidad de volver a fugar dólares libremente.
 
Resulta fundamental ir destapando al capital y su sistema como antagónico con los buenos vivires abajo. Es comenzar a erradicar la impunidad de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Es asumir no sólo la contradicción del capital con el trabajo sino también del capital con los derechos de la naturaleza o sea con las condiciones y los medios básicos para la vida y la dignidad de los pueblos. Es comprender el cinismo criminal de "honrar la deuda" y del "desendeudamiento":
 


Después del Club de París, fondos buitres
20 de junio de 2014

 

Por Rolando Astarita
 
 
(…)Deuda y transferencia de excedente
Ahora hay que particularizar lo anterior en el movimiento histórico concreto de la deuda externa argentina. Recordemos que la deuda ha venido creciendo de manera sostenida desde 1976. Al momento de producirse el golpe militar era de 8500 millones de dólares; al llegar Alfonsín había subido a 44.000 millones de dólares; en 1989 era de 65.000 millones; con Duhalde alcanzó los 176.000 millones; y en diciembre de 2013 (no hay muchos datos oficiales, el gobierno oculta mucha información) el stock de deuda era de 202.000 millones de dólares. Pues bien, el cuento que se cuenta habitualmente sobre este proceso viene a decir que la deuda externa fue una pura imposición de la dictadura militar, en combinación con los bancos y los centros financieros, y que desde entonces se estableció un mecanismo de explotación por vía del pago de intereses y refinanciación de los principales prestados, cuya víctima fue el pueblo argentino de conjunto (hasta que llegaron los Kirchner a liberar al país).
La realidad, sin embargo, es otra. Por empezar, ya en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, hubo un intento de tomar grandes cantidades de deuda a tasa variable para superar la aguda crisis de la balanza de pagos que Argentina estaba atravesando. Luego, a partir de 1976, el endeudamiento fue aprobado, o por lo menos consentido, por amplios sectores de la clase dominante. Por este motivo continuó después de caída la dictadura militar, y se prolonga hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la lógica? Pues que la deuda sirvió para financiar las grandes salidas de capitales que ocurrieron a lo largo de todos estos años. En este punto, un trabajo de economistas K del Banco Nación (Gaggero, Casparrino y Libman, “La fuga de capitales. Historia, presente y perspectiva”, Cefidar, 2007) muestra con meridiana claridad cómo el stock de la deuda externa y el stock de capitales fugados crecieron casi a la par desde mediados de los 1970 hasta los mediados de los 2000. Esto no fue una “imposición” del imperialismo colonialista sobre una burguesía sometida, sino una operación consciente y libre de los explotadores criollos, obedeciendo a sus propios intereses. Por esta vía se operó concretamente la soldadura con el capital financiero internacionalizado.
Naturalmente, las refinanciaciones también dieron lugar a repetidos festivales de dinero -cada una de estas operaciones dejaba suculentos ingresos a quienes participaban de ellas-, saqueo de los fondos públicos y corruptos negociados de todo tipo. Es muy significativo que en los 1990 y comienzos de los 2000, cuando se anunciaban las reestructuraciones de la deuda externa -en el marco de un creciente empobrecimiento del pueblo trabajador- la clase dominante saludaba estas operaciones como “triunfos”. Subrayo: fue una política general, de clase. Y esa política se integró con las privatizaciones -que implicaban siempre nuevas y gigantescas transferencias de riquezas-, con las aperturas de los mercados, y el despliegue a pleno de las leyes del capital. La dirigencia K, que hoy se hace la víctima, no puede negar que participó de cuerpo y alma en el asunto.
Por otra parte, muchos de los que adquirían los bonos de deuda también eran argentinos. Para bancos, financieras y otros inversores, los títulos eran vistos como una oportunidad de buenas ganancias. De esta manera se estrechaban también los vínculos con el capital financiero internacional. Por eso no se puede decir que la clase dominante argentina fuera o sea actualmente “explotada” por medio de la deuda. Los argentinos que tienen colocaciones financieras en Suiza, Miami o paraísos fiscales como las Seychelles, no están oprimidos por los centros financieros internacionales, sino son partícipes de la explotación del trabajo a través del capital de préstamo, al mismo nivel que cualquier otro capitalista financiero, sea de EEUU o de cualquier otro país.

Condiciones para los buitres
Recurrir a la historia y ampliar la lente hasta las relaciones sociales subyacentes permite desnudar al impostor. La “niebla ideológica” del nacionalismo estatista no sólo pretende ocultar “el reino de las estructuras”, para sustituirlas por mera apariencia -bandera argentina, patria, unidad nacional- sino también su propia participación en el crimen que denuncia con palabrerío infinito. Por eso, escuchando en el día de hoy a Cristina Fernández, me vino a la memoria el pasaje de Marx que dice “si de verdad creyera en su propio ser, no lo escondería bajo la apariencia de un ser ajeno ni buscaría su salvación en la hipocresía y el sofismo”. Es que no fue “un ser ajeno” a los Kirchner el que estableció las cláusulas que posibilitaron a los fondos buitres litigar en Nueva York.
Los datos, los duros datos de la realidad y de la historia reciente -esos que nunca podrá “coordinar” el funcionario “coordinador del pensamiento nacional”- están allí para quien quiera verlos. Cuando se reestructuró la deuda en 2004, el decreto firmado por el presidente Kirchner (decreto número 319 del PEN) prorrogó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esta renuncia de soberanía fue mantenida en el nuevo canje de 2010 (decreto 1953 de 2009, presidencia Cristina Kirchner). Alejandro Olmos Gaona (del que tomo muchos de estos datos) señaló repetidas veces que los funcionarios argentinos que aceptaban los tribunales de Nueva York no podían desconocer las tradiciones del derecho anglosajón en cuanto hacer cumplir contratos de deudas. Pero el criterio sigue vigente: entre las cláusulas (que se intentan mantener en secreto) del convenio que el gobierno K firmó con Chevron, hay una que establece que en caso de existir desacuerdos entre Chevron e YPF, la jurisdicción para arreglarlos no serán los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en Francia. Y otra que dispone que la ley aplicable del acuerdo en caso de incumplimientos o disputas no es la de Argentina, sino la que rige en la ciudad de Nueva York.
Tengamos presente también que en los canjes de 2005 y 2010 actuaron como intermediarios grandes grupos financieros: Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc., UBS Limited y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que cobraron, como siempre, jugosas comisiones. Además, se fijaron otras cláusulas muy favorables a los acreedores, como las “cross default” (que disparan el default generalizado si no se cumple con el pago a algunos bonos), o la “RUFO” (siglas en inglés de derecho acerca de futuras ofertas), que garantiza que cualquier mejora que se otorgue a los que no entraron en el canje se aplicará a los que sí lo hicieron. Naturalmente, la Presidenta se niega a recordar estas cuestiones. Pero son datos históricos que no deberían olvidarse.
Permanencia de la dependencia y el subdesarrollo
Como lo hemos señalado más arriba, aquí hay un sendero que se profundiza y afianza. Los acuerdos con el Ciadi, con Repsol, Club de París, ahora con los fondos buitres, no se pueden separar de la devaluación y el ajuste de salarios, ni de cuestiones como la ley antiterrorista, la inteligencia sobre organizaciones de izquierda y movimientos sociales, o la designación de Milani. Y todos ellos conectan con algo fundamental, que hemos discutido en otras notas: el pretendido “modelo industrialista con inclusión social” no cambió en absoluto la matriz dependiente y atrasada del capitalismo argentino. Los “pilares” de la economía K durante la última década siguieron siendo el complejo sojero, maicero, la gran minería, la industria automotriz (deficitaria en términos de balanza comercial) y la industria liviana, con crecimiento más bien extensivo (esto es, basado en plusvalía absoluta). En este marco, desde 2007 a 2012 se produjo una nueva y gigantesca fuga de capitales (unos 80.000 millones de dólares hasta el cepo cambiario), expresión mayúscula del subdesarrollo. Agreguemos que en la “década ganada” los acreedores recibieron 173.000 millones de dólares (cifra proporcionada por Cristina Fernández). Y desde fines de 2013 la economía entró en estancamiento y recesión; a la vez, disminuyó el superávit comercial, y continuó aumentando el déficit fiscal. Por eso están dadas todas las condiciones para un nuevo incremento del stock de deuda. A los 9.700 millones de dólares que se comprometieron con el Club de París y a los 5000 millones de endeudamiento con Repsol, se sumarán ahora los montos que “arreglen” con los holdouts.
Cuando el gobierno devaluó en enero, los escribas K escribieron que “esta vez iba a ser distinto”. Desde este blog -y desde todas las publicaciones de la izquierda marxista- se pronosticó que venía más explotación y penalidades para el pueblo trabajador. No nos equivocamos. Ahora nos quieren vender que están “liberando la Patria” con este nuevo ciclo de endeudamiento masivo. La realidad es que esta “liberación” va a significar nuevos y mayores “ajustes” sobre los salarios y el bienestar de la clase trabajadora. De nuevo, esta vez tampoco será “distinto”.


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