viernes, 22 de abril de 2016

II. A 40 años, el Nunca Más al poder real exige comprobar qué país nos está dejando su extractivismo.

  
   Es plantear la unión programática 

considerando que las diversas luchas abajo
 
lo están enfrentando en
 
su avasallamiento de la vida y de los derechos humanos.
 
 
Podemos pensar, abajo y a la izquierda, que los privilegios al poder real y los embaucamientos a las grandes mayorías son propios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, examinemos algunas realidades concretas de más de una deKada que están ninguneadas e invisibilizadas por afectar, directamente, a poblaciones de la Argentina profunda pero que están anticipando la gravedad de nuestro futuro como país-continente-mundo:

Los beneficios de la megaminería son para las multinacionales

7 de abril de 2014

Cartilla informativa. Esta megaminería en nuestros países, es realizada por empresas transnacionales que se apropian de nuestras riquezas y nos dejan destrucción. Nuestros gobiernos, bajo el argumento falso 'que necesitamos de la inversión extrangera', alientan a las transnacionales, promueven leyes que las favorecen y les permiten super ganancias, mientras a cambio a nuestros países les dejan las migajas económicas y contaminación devastadora. Es más lo que perdemos que lo que dicen que ganamos.
Fuente: Conciencia Campesina
¿Y quién se beneficia con esta megaminería?
Esta megaminería en nuestros países, es realizada por empresas transnacionales que se apropian de nuestras riquezas y nos dejan destrucción.
Nuestros gobiernos, bajo el argumento falso 'que necesitamos de la inversión extrangera', alientan a las transnacionales, promueven leyes que las favorecen y les permiten super ganancias, mientras a cambio a nuestros países les dejan las migajas económicas y contaminación devastadora. Es más lo que perdemos que lo que dicen que ganamos.
Aunque el oro y las riquezas del subsuelo son nuestras, a nosotros nos quedan las migajas y una larga herencia de contaminación y destrucción.
Efectos ambientales de la minería a cielo abierto
Las empresas mineras, por la magnitud de trabajo que realizan expulsan a la atmosfera partículas como polvos y otros, fruto de las explosiones, transporte y molienda, además de emisión de gases de efecto invernadero e incluso gases tóxicos.
Se produce la pérdida de la capacidad productiva de la tierra debido a la contaminación con compuestos tóxicos y a la erosión del suelo. Esta afectación, sobre todo por la contaminación puede llegar a zonas relativamente alejadas a la operación minera.
Los tóxicos de la megaminería afectan la salud de las especies animales nativas del lugar. La devastación del medio ambiente implica la pérdida de sus lugares naturales de reproducción y la eliminación de sus principales fuentes de alimentación.
La flora también es afectada al retirarse la cubierta vegetal de la tierra, resecarse las aguas superficiales y subterráneas, por la emisión de polvo y materiales tóxicos al medio natural.
Efectos sociales de la minería a cielo abierto 
Destrucción de la base económica comunitaria y las actividades productivas agropecuarias de los pueblos y las comunidades. La contaminación incide directamente en la actividad económica de las poblaciones campesinas, ya que se pierden terrenos cultivables, ganado y sobre todo agua.
Existe riesgo de envenenamiento de las personas del lugar debido a la explosión, a los tóxicos utilizados en la operación.
Destrucción de la infraestructura comunal por las constantes explosiones. Afectación a las tradiciones y costumbres y destrucción de lugares sagrados. La minería provoca conflictos por derechos de uso de la tierra, se altera la estructura social y termina implicando para la población, migración y reubicación de sus actividades tradicionales en otras zonas son vocación productiva.
Consecuencias los derechos humanos
Desplazamiento de las comunidades y pueblos indígenas que ven su territorio ocupado y a disposición de los requerimientos de las empresas debido a las servidumbres que les imponen para beneficiar la explotación minera.
Violación de los derechos de las personas y comunidades a vivir en un ambiente sano. Violación a los derechos de consulta previa y consulta pública que genera conflictos permanentes con la empresa y con el estado.
Además de la pérdida de la actividad productiva natural, las poblaciones no cuentan con fuentes laborales en la empresa, pues éstas son escasas y en muchos casos no se cumple con las normas de seguridad social.
Consecuencias políticas de la minería a cielo abierto 
Generalmente las empresas mineras inician un proceso de ablandamiento a las comunidades, les ofrecen trabajo y ventajas para el ingreso de la empresa. Pero dada la permisividad de las leyes, ocurre lo contrario y la minera se va con jugosos dividendos dejando migajas al país y las comunidades.
Una de las estrategias de las empresas mineras, es la división de las comunidades con chantajes y prebendas, aislando a quienes luchan por la defensa de sus derechos y recursos. En muchos países las mineras recurren a fuerzas paramilitares para amenazar, agredir e incluso eliminar físicamente a quienes se oponen a su 'emprendimiento'. En estos países, además tienen un potencial socio que es el gobierno y su fuerza pública.
Cuando las operaciones concluyen la empresa se va del lugar dejando sólo miseria y un medio ambiente destruído.
 
 
 
Darío Aranda, en un informe especial (25/05/2013) nos advierte: (…)El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva. (…) Leer
 
Recordemos:
  • junio de 2012, casi en simultáneo, Cristina Fernández de Kirchner -desde el Concil of the Americas- decía sentirse orgullosa que Monsanto expandiera sus negocios en Argentina y en esos mismos días el oligopolio estadounidense operaba como principal golpista en Paraguay.
 
  • Viernes 12 de Junio 2015 - La oposición al gobierno detuvo otro atropello de Monsanto. Los chicos de "La Mar en Coche" publicaron hoy el siguiente informe: LA LEY QUE NO FUE

    Donde explican que "el miércoles pasado estaba en el temario de la Cámara de Diputados tratar un proyecto de ley de registro y comercialización de plaguicidas".

    Este mismo proyecto fue debatido y rechazado el año pasado, "El Diputado Eugenio Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura, del Frente para la Victoria (de Formosa) fue quien lo presentó", indica La Mar en Coche.

    El rechazo a esta Ley es esperanzador. Otra vez el PRO, la UCR, y Proyecto Sur, así como las demás fuerzas políticas opositoras al régimen K, prefirieron unirse por la vida dejando a un lado las banderas partidarias.
    El kirchnerismo presentó DOS VECES un proyecto de Ley sobre pesticidas para favorecer a Monsanto, pero en ambas ocasiones fue rechazado por la oposición.
    - See more at:
    http://bwnargentina.blogspot.com.ar/2015/06/ley-rechazada-duro-golpe-monsanto-y.html#sthash.fxTsjmUc.dpuf
Veamos cómo a partir del golpe de estado en junio de 2012 se desarrolla el capitalismo en el Paraguay anticipando al de Argentina:
 


La avanzada de las Multinacionales del Agronegocio para
la apropiación total del Paraguay

16 de abril de 2016

Por Adilio Lezcano (Rebelión)
Las multinacionales realizan una nueva ofensiva sobre el Paraguay, a fin de agudizar la acumulación de capital, y con ello, se están generando las condiciones para despojar a los pequeños productores de sus tierras, atendiendo a que la producción de riquezas y acumulación de capital está ligada a la tenencia de la tierra.
La arremetida neoliberal está afectando a la sociedad paraguaya. La afectación está evidenciada en la necesidad acuciante, que obliga a la movilización de los campesinos, cooperativistas y otros sectores quienes están pidiendo la condonación de la deuda a los campesinos y el no gravado con el IVA a los actos cooperativos.
Este fenómeno, el de la movilización histórica en el Paraguay en la era democrática, en contra de las medidas económicas-políticas del gobierno de Horacio Cartes, se la debe observar como consecuencia de la expansión de la frontera del agronegocio; así como la intención de ir ocupando más territorio. Pues el modelo de desarrollo extractivista y agroexportador no beneficia al pequeño y mediano productor, sino a unos pocos empresarios.
La agricultura capitalista o agricultura Farmer tiene como antecedente el despojo y la enajenación histórica de la tierra. El primer gran despojo se dio “una vez finalizada la Guerra Contra la Triple Alianza, grandes extensiones de las mejores tierras fueron transferidas a manos de empresas inglesas, anglo-argentinas, francesas, brasileñas o mixtas” (Palau Viladesau, 2012, pág. 97).
La agricultura capitalista adquiere una primera forma en el Paraguay; según Palau (2012), con la colonización de los japoneses y europeos en Itapuá, donde los productores se organizaban en cooperativas para la comercialización de los productos en la región.
Esta extranjerización según Palau (2012) ”completado el primer proceso de extranjerización de la tierra y con ello de la economía en el país” se desarrolla a partir de la década del 70 del siglo XX con los comodities: algodón y soja. Estos dos cultivos se constituirían en las cuñas para la acumulación por desposesión o por despojo, con el objeto de dejar desprovistos a los ciudadanos de su patrimonio social, siendo en este caso la tierra.
La agricultura Farmer llega con la soja  a su expansión a partir de los años 90 del siglo pasado, desarrollándose en base a la expulsión de los agricultores minifundiarios, cuyas tierras hoy son ocupadas y utilizadas por grandes extensiones de sojales. Muchos de los campesinos tenedores de pequeñas extensiones de tierra se vieron obligados a vender sus fincas a inicios de los años 90, principalmente por las deudas adquiridas para el plan algodonero, atendiendo a que el precio del algodón cayó considerablemente.
Teniendo en cuenta estos datos históricos se puede comprender lo que está ocurriendo en el Paraguay: históricamente los pequeños productores del modelo farmer se respaldaron a través de la cooperativización, es decir, se sostuvieron a través de las cooperativas.
La lógica de concentración de riqueza del neoliberalismo desata una agenda, minando la permanencia de los medianos productores; en primera instancia instando desde la institución encargada de la política agraria del país a cultivar ciertos productos agrícolas, con la promesa de contar con mercados a buenos precios. Los campesinos creyendo en la política propuesta desde el gobierno de Cartes, acceden a cultivar los rubros sugeridos y recurren a créditos para financiar la campaña agrícola del año.
Llegado el tiempo de cosechar los productos sugeridos, los labriegos se encuentran con la sorpresa que no tienen el mercado prometido, y si las hay, el precio de venta es muy por debajo de lo que se les había prometido. Ante esta situación los campesinos deciden agolparse y trasladarse hasta la capital del país, Asunción, a fin de solicitar la condonación de la deuda atendiendo a que el gobierno no cumplió con lo pactado, exigiendo una política seria con un fuerte apoyo a la agricultura familiar campesina.
A esta movilización se adhieren los cooperativistas quienes exigen la derogación del cobro del IVA a los actos cooperativos. Estas reivindicaciones llevaron a marchar por las calles de la capital del país a aproximadamente 20.000 personas, por más de 12 días sin que sus reclamos sean escuchados por las autoridades
La desatención a los reclamos del trabajador del campo, evidencia varios aspectos de la política de Cartes, uno de ellos de la indolencia criminal ante el reclamo del sector popular, sea esto por ignorancia, corrupción y/o complicidad, principalmente de los poderes tanto Legislativo como del Ejecutivo.
Por otro lado, y es lo sustancioso de la línea acción del gobierno, su obsecuencia al capital financiero internacional. Este servilismo se evidencia en cómo genera las condiciones para minar la presencia de los pequeños y medianos productores en zonas agropecuariamente rentables, obligándolos ya por necesidad y la extrema presión, a despojarse de sus tie
El socavamiento se da con la implementación de leyes con fuertes sesgos oligárquicos desde su creación y aplicación; como es el caso del Iragro (Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias) y el IVA a los actos cooperativos.
Estos elementos expuestos, desnudan que el fondo de la crisis actual se funda en la necesidad de expansión del modelo agroexportador, y ante la necesidad de más extensiones de tierra están provocando el despojo a través de la deuda, que siendo estas impagas, finalmente son amortizadas con el humilde pecunio del productor, y en este caso, al no contar con el capital el resultado: es el despojo de sus tierras.
Por otro lado, se intenta neutralizar la fuente de financiamiento principal de este importante sector, que son las cooperativas. Históricamente el pequeño y mediano productor, para permanecer en la actividad agrícola capitalista, su puntal siempre fueron las cooperativas. Y al ser gravados los actos cooperativos con el IVA, aparte de cargar sobre los hombros de los sectores más pobres la estructura del Estado, estas prácticamente se asemejan a las entidades financieras, casi sin diferencia en materia de intereses. Hecho que coarta la posibilidad de sostener el modelo de trabajo que históricamente venían implementando, en el actual sistema de mercado.
El productor se queda inerme, pues las leyes los empuja a despojarse de sus bienes. Este estrategrama se oculta con discursos construidos desde los medios cooperativos concentrados fieles al modelo económico actual, quienes instalan realidades a los efectos de que no se condonen las deudas, como así también, se mantenga el gravado a los actos cooperativos con el IVA.
Las discusiones en los medios, en su gran mayoría, dejan estos temas de interés, para dar mayor espacio a las frivolidades.
Dar paso a lo superfluo, es dar paso a los ataques personales a instancias de defender los intereses creados, que motivan tales arremetidas. Es así que se desata una campaña violenta desde el gobierno apoyado fuertemente por estos medios, que en su gran mayoría son del propio presidente Cartes y/o sus socios comerciales.
Los abordajes de estos temas de relevancia, para el país, se sustituyeron por la priorización de temas de intereses privados, desarrollándose la discusión en torno a las prioridades de conveniencias particulares, llámense estos políticas o económicas, ya que “la circulación de mucha información no está controlada, sino que depende de grupos de influencia, fuentes interesadas, manipulaciones, etc.”(Günther Cyranek y Gustavo Gómez, 2009, pág. 15)
Estos “Grupos de influencia” ligados al capital financiero internacional y al agronegocio, sumado a la indiferencia del gobierno, apuntan a la apropiación solapada por desposesión, viabilizada en una crisis provocada, del recurso generador de riqueza, cual es la tierra, con el propósito aumentar la cantidad de terreno cultivado de soja transgénica. Negocio que es manejado por las multinacionales.
Bibliografía
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211205

 
 
Al creciente apoderamiento económico territorial de Argentina por el sistema global de agronegocios y sus socios locales, se agrega que:
 
 

La política forestal y de agronegocio de todos los gobiernos tiene sus consecuencias
 30 de diciembre de 2015

 
Los mapas de la deforestación coinciden con los de las multinacionales sojeras.
 
 
Ante la catástrofe la solidaridad del pueblo argentino se muestra con vehemencia. Es emotivo ver como distintas organizaciones de distinta índole colaboran en reunir elementos necesarios para los damnificados. Pero las inundaciones no son producto del mero azar de la feroz naturaleza, sino que son más bien consecuencias de políticas ligadas a un modelo de saqueo de la misma que busca la máxima ganancia en el presente, a pesar de los graves problemas del futuro. “La política forestal y de agronegocio fomentada por todos los gobiernos desde hace décadas tiene sus consecuencias”, señaló el militante socioambiental concordiense Facundo Scattone Moulins. En esa línea, Scattone afirmó que no se puede llamar “accidente natural” a cuestiones que derivan de “la concatenación de políticas como la ampliación de la frontera agropecuaria y la deforestación a límites indiscriminados”. La tala de árboles para dar lugar a la soja y el monocultivo de este grano son parte de lo que provocó este panorama desolador.
Facundo Scattone Moulins fue uno de los procesados -ya absuelto- por la Justicia Federal entrerriana por ponerle el cuerpo a la defensa del Acuífero Guaraní y contra la instauración del fracking en la región. Además, se destaca por una formación militante de compromiso y, sobre todo, de un sustento basado en el conocimiento que vale la pena destacar. Asimismo, Scattone siempre busca el anclaje político en cada cuestión ambiental, eliminando la falencia de muchos sectores que defienden el medio ambiente sin poner el punto de conflicto en el ámbito de la política, donde se definen las cuestiones en concreto.
 
Ante esto, el militante señala dos ejes de discusión: por un lado la situación de emergencia, que requiere acción inmediata para salvaguardar la integridad de los afectados; mientras que por el otro, la necesidad de criticar al actual modelo económico que rige en el país desde siempre, profundizado desde la última dictadura cívico-militar. El agronegocio, que ha mutado en sus formas pero no en sus protagonistas, es uno de los puntos centrales que explican las “catástrofes naturales”.
 
“Ante la emergencia (para nosotros, los ciudadanos) la solidaridad es la salida más inmediata y eso debe fomentarse. Ver la ciudad movilizada es formidable, muestra que cuando todos nos unimos, se puede. Las donaciones llegan de todos lados y es importantísimo sumarse con acomodarlas y llevarlas a los que hoy sufren la tragedia. Sin duda que ahora debe darse una política de atención inmediata desde el Estado, porque tenemos una situación de emergencia. Pero la emergencia tiene antecedentes de políticas productivas, no fue algo que al Estado lo agarro de sorpresa”, señaló Scattone.
 
Como se dijo antes, la solidaridad en estos tiempos es emocionante. Las diferencias de cada día, la tan mencionada grieta, quedan de lado a la hora de colaborar con los que están pasando los peores de sus días. Cada inundación se lleva no sólo lo material -de gran importancia- sino que con el agua se van los recuerdos, las vivencias, la vida.
 
Pero los gobiernos que han sostenido un modelo económico que saquea los recursos naturales en post del bienestar de los poderosos y la relativa estabilidad económica de la clase media, son responsables de que la naturaleza se rebele de manera violenta. Ante esa rebelión natural, los que pagan son, en su gran mayoría, los que menos tienen -a excepción de la mansión inundada de Urribarri y otros poderosos-. “La repartición de los riesgos ambientales no es igualitaria, no afecta a todos de la misma manera. Afecta más duramente a los más vulnerables”.
 
“El Estado tenía información de antemano (estudios de hidrología, meteorología, impacto de deforestación y agronegocio, que tienen hace meses y años) y tiene su cuota de responsabilidad. Las imágenes -que ilustran este artículo- muestran como el mapa de las inundaciones es el mismo que el de la deforestación y el agronegocio. Hablar de accidente natural y que la salida pensada sea reforzar defensas y obras de infraestructura para futuras inundaciones, es no ocuparse del verdadero problema. Es, al fin y al cabo, proyectar políticas para inundarnos”.
 
En ese sentido, para Scattone no hay mayores diferencias en los gobiernos que han sucedido de forma democrática desde el 83 a esta parte. El modelo instaurado a sangre y fuego por la dictadura y profundizado por el menemismo, no cambio en su matriz económica durante los doce años de kirchnerismo, a pesar del relato. “En estos días se decía justamente que la tierra no podía absorber toda el agua. La política de incentivo a una agricultura basada en paquetes tecnológicos químicos fomenta la erosión de la tierra (además de la muerte por agrotóxicos y comida transgénica) y es pura responsabilidad de los gobiernos que apostaron por una política agroindustrial y mataron la orgánica”.
Cabe mencionar aquí, que el único ministro que dejó de lado las aparentes diferencias entre el kirchnerismo y el macrismo es Lino Barañao, quién continuó al frente de la cartera de Ciencia y Tecnología a pesar del recambio en el Poder Ejecutivo. Barañao es un ministro que jugó y juega a favor de empresas como Monsanto que imponen el agronegocio a base de agrotóxicos en las naciones 'subdesarrolladas'. Es la continuidad del agronegocio la única garantizada a pesar del voto que pidió un cambio.
 
Pero la hegemonización de la soja en el mercado del agro se impone por acciones políticas concretas que permiten su avance. No sólo los productores -especialmente quienes pueden optar y especular, los poderosos- han optado por dejar la ganadería y otros cultivos del agro para exportar el tan deseado poroto de soja. También la deforestación indiscriminada, apoyada en políticas permisivas, es una de las principales causas por lo cual el agua no drena y se generan este tipo de problemáticas de suma gravedad.
 
“La política forestal es otra causa de las inundaciones. Aquí, la ley de Bosques todavía duerme en su reglamentación porque no hay decisión política, porque su reglamentación le va a poner controles a los que se enriquecen con los desmontes. Hace días, el gobierno nacional redefinió el Ministerio de Agricultura como Ministerio de Agroindustria, profundizando el modelo vigente. En el discurso inaugural, el Gobernador de Entre Ríos dijo que iba a incentivar fuertemente la política forestal y le iba a dar valor agregado. Hace tiempo, los municipios destruyen los humedales y zonas de reserva, entregándolas a los negocios inmobiliarios y agronegocio. Distintos colores, mismo resultado. Esto debe ser revisado por los gobiernos, porque las consecuencias trágicas están a la vista”.
 
Para finalizar, Scattone afirmó: “Tomar los estudios de impacto ambiental como meros trámites administrativos y ajustarlos a favor de los negocios, es lo que debe cambiar en el Estado. Además, necesitamos urgente que los países latinoamericanos trabajen conjuntamente en este tema, porque no es sólo un problema de nuestro Estado”, agregó en función a que el modelo impuesto por el imperialismo no se reduce a nuestro país y que, así como sucedió durante el Siglo XX con las dictaduras, forma parte de un plan integral de dominación que no necesita de las balas -hasta en algunos casos de insurrección de militantes- para imponer el negocio.
 
 
 
Al tratar los de abajo de resolver problemas vitales, van situándose en el imperativo de encaminar el internacionalismo revolucionario porque:
 
 

La ofensiva del capital contra los territorios es en todo el mundo
15 de abril de 2016

 

Por Cristiane Passos
En el primer día de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria, que sigue hasta el 17 de abril en el municipio de Marabá, en Pará – Brasil, los 170 participantes discutieron sobre la realidad agraria en el mundo. Themba, representante del Movimiento de los Sin Tierras de África, destacó que el proyecto del capital es controlar todo, no solamente la producción. “No quieren controlar solamente los alimentos, quieren controlar tu mente, quieren controlar todo. 1% de la población del mundo quiere controlar todos los recursos naturales del planeta”.
 
A través del control de las formas de producción, Themba denuncia el alto valor de los alimentos en el sur de África. “Los campesinos no pueden producir de acuerdo con su modelo, tiene que producir de acuerdo con un modelo impuesto, con transgénicos y otros elementos del capital, como el veneno”.
Otro elemento destacado por el africano fue la represión por parte del Estado y la impunidad de las acciones violentas que él ejecuta. “Hay mucha impunidad, los responsables nunca son punidos por sus acciones. El gobierno envía la policía para garantizar esa política de represión, así es en África y así pasó también aquí en Pará”.
 
Shalmali, representante de la Focus on the Global South, organización de India aliada de La Vía Campesina, analizó la coyuntura asiática. De la misma manera que Themba, Shalmali destacó que la criminalización y la impunidad son elementos que marcan la realidad agraria en India. Según ella, eso es parte del proyecto de desarrollo presente en toda Asia.
Otro problema para los países de la región son los acuerdos de libre comercio. Las zonas francas, por ejemplo, próximas a las fronteras son áreas muy grandes y con políticas especiales para atraer los inversores, en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Muchas familias son expulsadas de esas tierras para que puedan garantizar esos proyectos. Además de las zonas francas, Shalmali destacó también otros mega proyectos que impactan directamente los pueblos del campo. “Esos proyectos de Mega Inversión son programas financiados por empresas y bancos internacionales, donde puedo incluir proyectos hidroeléctricos, referente a minas y otros proyectos que se apropian de enormes cantidades de tierra, expulsando los pueblos de sus territorios”.
La colonización, según ella, está asumiendo grandes espacios en Asia. “Cuando se compra una grande cantidad de tierra en Bangladesh no se sabe quién las está comprando, pues son fondos que están en paraísos fiscales y no conseguimos ver los nombres que están por detrás de ese dinero”.
Y de la misma manera que pasa en otras regiones, la represión y la impunidad marcan las luchas sociales. “Vemos los defensores de los derechos humanos, los trabajadores, los campesinos en sus luchas y ellos no están seguros. Pues quien resiste es considerado terrorista. Estamos acompañando muchas desapariciones, prisiones, asesinatos. Y muchas veces no sabemos quién es policía estatal o privada, pues trabajan coyuntamente. Y la impunidad reina. Ella está apoyada por muchas clases sociales en nuestros países, incluso por el sector de las ONGs. La buena noticia es que la población no está inerte. Hay resistencia, hay lucha en muchas partes de Asia”, concluyó ella.
 
De la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas de Palestina, Omar retomó la lucha del pueblo palestino ante las constantes tentativas de expulsión de su territorio originario. Según él “Palestina sufrió con sucesivas ocupaciones, un poco distinto de otros países. Después de salir del Imperio Otomano, entró en un mandato británico en que Inglaterra se alió a Egipto. Años después, la Gran Bretañaentregó todo el territorio a Israel, en 1947. El pueblo palestino se quedó restringido a una pequeña área de la zona de Gaza. Israel sabe que los palestinos son pequeños productores que viven de sus tierras, entonces lo que hacen es expulsar los palestinos de sus tierras, ofreciendo empleos con buenos salarios. De esa manera, cuando salen de sus tierras, los israelitas se las toman. La tentativa, por lo tanto, por parte de los Comités es intentar mantener los palestinos en sus tierras para garantizar que Israel no las tome. Además, Israel controla casi 90% de los fuentes de agua y, por lo tanto, los palestinos no tienen como acceder a agua sin la autorización de Israel”, destacó Omar.
 
El cultivo principal de Palestina son las aceitunas, oliveros para la producción de aceite. Las aceitunas ocupan casi 70% de las tierras productoras de Palestina. “Producimos pan, aceite de oliva, huevos e importamos la mayor parte de los cereales y otros alimentos que consumimos. E importamos, principalmente, de Israel. 25% de nuestra población trabaja en la agricultura. Como no tenemos industrias, el sector agrícola se torna muy importante para la economía de Palestina”, concluyó.
Miklos Attila, de Rumania, destacó que en Europa la realidad es similar. “El problema, tal cual en Rumania y Ucrania, es que grandes empresas detienen más de 1 millón de hectáreas de tierras. Todos los agricultores producen, pero así mismo compramos productos de Brasil, por ejemplo. Eso es consecuencia del modelo neoliberal. La tierra no está siendo utilizada para producir alimentos para su pueblo”. Federico, de Andalucía en España, también destacó que en el este europeo hay mucha concentración de tierras, de la misma manera que en muchas partes del mundo. “Están reduciendo las tierras públicas y las tierras comunes y aumentando las tierras que están bajo el control de pocas empresas”, concluyó.
 
La urgencia de la reforma agraria
Perla, de Paraguay, de la misma manera discutió sobre la concentración de las tierras que están sobre el dominio del capital, con destaque para la realidad de las Américas. “Nuestros territorios están concentrando proyectos del capital, que están disputando con los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad”. Para ella, “nuestras banderas de lucha por la reforma agraria hoy son todavía más urgentes y necesarias. Pero no es aquella reforma agraria que discutíamos hace 20 años, es un proyecto de reforma agraria integrada y popular, donde volvamos a convivir otra vez con la naturaleza, recuperando nuestros saberes ancestrales. Sin tierra y sin territorios no vamos a poder tener nuestra soberanía alimentaria. Somos muchos, somos muchas! Necesitamos unir nuestra lucha”.
 
El fraile Sérgio Görgen, del Movimiento de los Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), destacó la falacia existente en el discurso del agronegocio sobre ser el responsable por la producción de alimentos en el mundo. ”El grano torna posible que el capital pueda dominar la agricultura, pues es fácil plantar, cosechar, secar y transformar eses granos en commodities. La preocupación no es si hay gente padeciendo de hambre o no, sino si el capital retorna. Su producción, por lo tanto, no es destinada para la alimentación de la población”.
Además, según el fraile, ese modelo de agricultura es un mega productor de carbono. Es un modelo “petrodependiente” del principio hasta el final. Veneno, fertilizante, maquinas, transporte, todo es petróleo. “El monocultivo en sí reduce la biodiversidad, destruye biomas y ecosistemas. Él trabaja con pocos variedades de alimentos, vegetales y animales y con poca diversidad de semillas”, destacó.
De la misma manera se da el impacto de ese modelo de producción sobre las aguas. “Sobre el agua voy a dar el ejemplo del Cerrado brasileño, que es un grande tanque de agua. Aproximadamente todos los grandes ríos de Brasil nacen en el bioma del Cerrado, así que conforme la soya domina el Cerrado, eso perjudica todo el tanque de agua del territorio brasileño. No sabemos la consecuencia que eso puede tener a largo plazo”, analizó el fraile Sérgio.
 
Para el representante del MPA, los campesinos y movimientos sociales de lucha por la tierra poseen grandes desafíos y la tarea de ofrecer a la sociedad un modelo sostenible para el futuro. “Nosotros, campesinos y campesinas, pueblos originarios, representamos la única esperanza que tiene la humanidad para que pueda existir en el futuro servicios ecosistémicos saludables y comida en la mesa. Tenemos que tener una propuesta de calidad de vida, de autonomía genética y energética, de control saludable del territorio, entre otros, que sea diferente de un discurso de años pasados. Sólo nosotros podemos alimentar la población mundial, con capacidad y calidad”.
 
Silvia Ribeiro, de la ETC de México, destacó el momento de opresión y violencia que los movimientos sociales están pasando. “Estamos viviendo un momento de violencia. La muerte de Berta Cáceres, el asesinato de dos sin tierras en Paraná, este sitio donde estamos en Eldorado dos Carajás. Otra violencia fueron también los golpes de estado, como en Paraguay y en Honduras, que fueron apoyados por el agronegocio. El nivel de violencia sigue creciendo, pues estamos en un planeta finito. Las empresas también están en crisis y nos quieren trasmitirla. La reforma agraria además de justa es necesaria, es imprescindible e inteligente. La reforma agraria es necesaria pues se refiere a todos, es una cuestión de supervivencia. No se refiere solamente a los campesinos”, concluyó ella.
Autor: Cristiane Passos - Asesora de Comunicación de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) – Colectivo de Comunicación de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria. Investigadora de Derecho Agroambiental y Derechos Humanos de la Universidad Estadual Paulista – UNESP.
Traducción: Amanda Verrone
 
 
 
A cuarenta años, es hora de distanciarse del gobierno de turno y de la Argentina aislada del mundo. Se trata, por un lado, de percibir cómo la democracia tutelada desde 1983 hizo a la maximización de la acumulación de riquezas y poder por quienes hoy pretenden -no necesitan de mediación alguna para- completar el avasallamiento de derechos de los diversos de abajo. Por otro lado, urge descentrar la mirada en Macri a causa de Panamá Papers o la corrupción del gobierno CFK para ubicarlas en el funcionamiento mundializado que implica: 
 
 
Legalidad e ilegalidad económica en el capitalismo neoliberal

18 de abril de 2016

Por Amaru Barahona (Rebelión)
En la fase actual del capitalismo, bajo la hegemonía del capital financiero especulativo, la legalidad económica centrada en favorecer la especulación y concentración financiera, está cada vez más en contradicción con los intereses del bien común de las sociedades. La diferencia entre legalidad e ilegalidad se vuelve opaca y deviene en irrelevante. 
Cuando estalló la crisis de 2008, los llamados instrumentos “tóxicos” que transaban entre sí los bancos y entidades financieras, eran instrumentos legales. Todos sabían que el sustento de tales artificios en la economía real era una espiral de especulación inmobiliaria que en cualquier momento colapsaba. Sin embargo, lo importante para el capital especulativo era seguir ganando mayores cantidades de dinero en el plazo más inmediato. 

Fue legal la decisión, éticamente criminal, de los gobiernos del capitalismo central de regalarle (o prestarle a intereses simbólicos) a los bancos y corporaciones quebradas la cantidad aproximada de 30 trillones de dólares. Y después pasarles la cuenta del regalo a los pueblos para que asumieran la responsabilidad de pagarlo con las denominadas “medidas de austeridad”. 

Fue legal el maquillaje de las cuentas del gobierno griego que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs realizó, con datos falsos, con el propósito de que continuara endeudándose hasta convertir en económicamente inviable a la sociedad griega. El autor de esta hazaña, Mario Draghi, a la sazón vicepresidente de la rama europea del banco, fue premiado con la asunción del poderoso cargo de presidente del Banco Central Europeo. 

Fue legal la falsificación del tipo de interés interbancario, el llamado London Interbank Offered Rate, o LIBOR por sus siglas en inglés, que influye en la fijación de unos 350 billones de euros en créditos anuales. Realizada por 18 “honorables” corporaciones bancarias durante el período 2005 – 2010. La legalidad consideró que para reprenderlas por la travesura debían pagar unas cuantas multas. Y que después de las multas, seguían tan “respetables” como de costumbre. 
Las “offshore” y las estructuras de fideicomiso
Las llamadas empresas “offshore” como las estructuras de fideicomisos son legales en el mundo neoliberal. Sin embargo, las empresas “offshore” y los fideicomisos son herramientas jurídicas diseñadas para: ocultar activos, el origen y las magnitudes de los activos; ocultar las identidades de los accionistas o propietarios; realizar transacciones para el blanqueo de dinero; y eventualmente, según las legislaciones del país de procedencia del capital y del país de ubicación de la “offshore” y el fideicomiso, evadir el pago de impuestos. De igual manera, los bufetes especializados en empresas “offshore” y artefactos de fideicomisos, son bufetes legales. Especializados en la formulación de los dispositivos jurídicos que requiere su funcionamiento, y en asesorar a sus propietarios sobre el abanico de diligencias que su creación les permite. 
 El paso de la legalidad a la delincuencia en una actividad “offshore” o de fideicomiso, depende de varios factores: a) que haya una filtración que descubra identidades, activos ocultos, su origen y sus montos. b) Que exista una entidad estatal interesada en investigar las actividades de estos artefactos jurídicos. Y c), que descubierto un eventual delito, exista una instancia judicial interesada en aplicar consecuentemente la ley. Delincuentes o no, los creadores y asesores de empresas “offshore” y fideicomisos evidencian un inescrupuloso amor por la acumulación de dinero, y un distanciamiento sustantivo con los intereses del bien común de sus sociedades. Esta evidencia no es, ni más ni menos, que una internalización de los valores que intensamente promueve el capitalismo neoliberal entre los seres humanos. 

Los paraísos fiscales
Los llamados mediáticamente “paraísos fiscales” se les ubica generalmente en la periferia (islas del Caribe, Panamá, Singapur, Hong Kong, etc.). Se promueven (en la periferia, con frecuencia se autopromueven) como espacios donde habitualmente no se cobran o se cobran muy pocos impuestos, y las operaciones financieras se protegen con un celo que otorga tranquilidad y seguridad para cualquiera de sus designios. 

Sin embargo, no es en la periferia donde se ubican los espacios que otorgan mayor protección al capital financiero especulativo. Tax Justice, red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres, elaboró una escala de países considerando la cantidad y calidad de leyes o regulaciones que favorecen las reservas de transacciones financieras.
El primer país que sigue protegiendo mejor las opacidades actuantes del capital financiero, es Suiza. El segundo lugar lo ocupa Hong Kong, pero bien podría estar también el Reino Unido, analizando que la City de Londres controla todos los centros financieros “offshore” que se ubican en Islas Caimán e Islas Vírgenes. El tercer lugar lo ocupa USA. El cuarto, Singapur. El quinto, Islas Caimán. El sexto Luxemburgo. El sétimo, Líbano. El octavo, Alemania… Panamá se sitúa dentro de la escala en el puesto número 13. 

Cabe también subrayar que la mayor parte del capital acumulado en las cadenas de la droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas y la mafia del fútbol, no se blanquea en la periferia. Se blanquea en USA y Europa Occidental.
 

A raíz del auge mediático que han adquirido los denominados “Papeles de Panamá”, el más hipócrita de los gobernantes europeos, especialista en alharacas de mal gusto, François Hollande, ha levantado su dedo acusador señalando a Panamá. 

En vez de mirar tan largo, podría con mayor fundamento echar un vistazo alrededor.

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Mundo offshore: crear dos, tres, muchos Panamá

6 de abril de 2016

OPSur y Taller Ecologista
 
La revelación de Panamá Papers estuvo precedida hace pocos días por la aparición de nuevos datos sobre empresas offshore de YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Es grave que un privado esconda capitales y evada impuestos en empresas en paraísos fiscales, pero es aún peor que lo haga el Estado, por más que sea a través de empresas mixtas como YPF.
Panamá Papers es la mayor filtración de documentos conocida hasta la fecha, salpicando a personalidades de todo el mundo y evidenciando el perverso mecanismo utilizado por las élites globales. El esquema de formación de empresas genera una compleja ingeniería, anclada en los denominados “paraísos fiscales”, donde miles de empresarios ocultan bajo llave sus secretos y bienes de origen poco claros.
Ante estos hechos, y la misma vinculación del Presidente Mauricio Macri, figuras destacadas de la oposición y del mismo oficialismo, han criticado la utilización de paraísos fiscales como mecanismo legal de ocultamiento y fuga. Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ, afirmó al Diario El Cronista.com que “nadie usa una sociedad offshore con fines buenos. Están para delinquir”. Por otro lado, el titular del bloque de Diputados de la Nación, Héctor Recalde, coincidió con Nissen e, incluso, llamó de forma urgente a “una sesión especial para tratar la creación de una comisión investigadora de sociedades offshore”. A su vez, buena parte de la oposición demandó la renuncia de la titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, quien defendió al Presidente de forma automática y no basada en una investigación previa, como debería debido a su rol y responsabilidad.
Queremos saludar la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas por parte del arco político. La gravedad del tema, como la recurrencia del mismo Macri en esta práctica, vuelve necesario poder movilizar diferentes mecanismos que aporten una efectiva claridad en el asunto. Y, al mismo tiempo, queremos recordar que, en la búsqueda de la verdad, no sean olvidados otros paraísos fiscales y actores, también importantes para el devenir de los asuntos públicos. En este sentido, insistimos con que a YPF se le han descubierto empresas offshore destinadas para el desarrollo de Vaca Muerta, hecho que no estaría motivando el mismo grado de repercusión. Someramente, la lista es la siguiente:
 
  • Para la explotación con Chevron se han creado YPF Shale Oil Invesment I, II, III, IV en Delaware, e YPF Shale Oil Invesment II, YPF Shale Oil Holding, en Bermudas.
  • La explotación de tight gas en las áreas frutícolas de Allen, Río Negro, entre otras diez concesiones, se realiza a través de YSur (de YPF) relacionadas con subsidiarias como YPF Europe BV en los Países Bajos, YSUR Argentina Investment S.à r.l. e YSUR Argentina Holdings S.à r.l. en Luxemburgo y, por último, YSUR Argentina Corporation en las Islas Caimán.
 
A diferencia de los casos de Panamá Papers, donde se resaltó a personas, aquí ha sido el mismo Estado quien se hizo cargo de la formulación de los entramados jurídicos. Las primeras son producto del acuerdo con Chevron, sobre el cual YPF niega su acceso y ha apelado nuevamente en los días pasados, incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperamos que las comisiones investigadoras puedan ampliar el foco y, para este fin, reiteramos la necesidad de que se conozca de forma integral el acuerdo celebrado con Chevron.
En suma, los datos que se publican de un paraíso fiscal y de un estudio jurídico deben motivar a que se siga avanzando para componer el conjunto del mapa y actores. Un mundo que produce situaciones que, por lo menos, parecen paradójicas: dos estructuras jurídicas subsidiarias de YPF, denominadas YPF Services USA CORP. e YPF Exploration and Production Overseas Inc., comparten la misma dirección legal (Orange Street 1209, Delaware) que las de Paul Singer y el Grupo Clarín. Por ello, una arquitectura más acabada dotará al campo popular y a la sociedad argentina luz sobre las sombras de las finanzas globales.
Contactos:
Gustavo García / gustavo.d.garcia89@gmail.com/ +54 (0341) 156707483
Pablo Bertinat / pablobertinat@gmail.com/ +54 (0341) 155429278
Sergio Arelovich / arelovich@yahoo.com.ar / + 54 (0341) 155018232
 
 
 
Es hora de la toma generalizada de conciencia sobre qué significa e implica la expropiación creciente del poder real y cómo los gobiernos progresistas la favorecieron:
 
 
Corrupción, extractivismos y daño ambiental, una íntima asociación

18 de abril de 2016

Por Eduardo Gudynas (Ambiental.net)
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias. Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.
 
No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.
 
Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.
 
La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias. Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.
La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).
 
Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
 
Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos.
Por esa razón no puede sorprender que un reciente análisis de la organización que nuclea a la mayor parte de los países industrializados (OCDE), sobre los sobornos en los negocios internacionales, ubicó al sector extractivista en el tope de la lista. En su revisión de 427 casos, ese primer lugar fue del 19% en los extractivismos, seguido por la construcción en segundo lugar (15%).
 
Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.
 
Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas. Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.
Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.
 
Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico. Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil). Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área. Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.
Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.
 
Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.
En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia políticos y partidos.
La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social, cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e indígenas.
Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos “mundos” indígenas. En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.
 
Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.
Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en ALAI (Quito); la versión definitiva en Ambiental.net Contacto: @EGudynas
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La orientación extractivista de la inversión pública en Bolivia
18 de abril de 2016

Por Marco Gandarillas Gonzáles (CLAES)
Bolivia es un país muy conocido por la enorme importancia que tienen las exportaciones de recursos naturales. En el año 2014, el 72% de sus exportaciones fueron materias primas: hidrocarburos, minerales y agrícolas. Si consideramos otros bienes primarios exportados bajo el rubro de industria manufacturera, la cifra se eleva a 95%. Desde el 2005 el valor exportado ha crecido enormemente, de Bs. 2,8 mil millones en esa fecha, a Bs. 12,8 mil millones en 2014,
En el pasado reciente, bajo un escenario internacional de altos precios de las materias primas y una demanda sostenida, se registró un aumento notable de los ingresos económicos que captaba el Estado boliviano. Evo Morales asumió la presidencia en 2006 cuando el presupuesto del Estado representaba Bs. 46,3 mil millones; en el 2014 el presupuesto consolidado ascendió a Bs. 195,4 mil millones.

Este gran incremento de ingresos estatales, provenientes en gran medida del extractivismo hidrocarburífero, detonó un exacerbado rentismo en que el Estado asignó crecientes proporciones de esos dineros a grandes obras.

Desde el 2010, año en el que el Ministerio de Economía formuló el nuevo Plan de inversiones, una creciente proporción de los recursos públicos se invierten en infraestructuras y obras que por su envergadura podemos considerarlas mega-obras.

Esta situación cambió con la caída de los precios y de la demanda global. Los ingresos del Estado se reducen por efecto de la baja generalizada de las materias primas y por las medidas de incentivo a las exportaciones (que implican una renuncia fiscal sobre exportaciones extractivistas y una reorientación de lo que se recauda sobre pequeños contribuyentes para sostener esos extractivsmos). Al reducirse los dineros disponibles para sostener el programa de inversiones públicas, el gobierno también prevé un mayor endeudamiento externo, con países como China.
Presenciamos un nuevo ciclo de endeudamiento. Las millonarias inversiones de los últimos años no han ayudado a paliar los efectos de la crisis, y a pesar de eso, se insiste en aumentar el volumen de inversión en construir más mega-obras.
A partir del examen de los presupuestos nacionales en Bolivia, su manejo, institucionalidad y sus destinos, se encuentra que:
1. La orientación extractivista de la inversión pública impone la realización de mega-obras también extractivistas que lejos de atender necesidades básicas, agudizan los problemas ya existentes de inequidad e injusticia social. La disminución del presupuesto de inversión social en el nuevo plan 2016-2020 es un ejemplo.
2. La exacerbación del extractivismo y el rentismo son la causa de la profunda crisis de las instituciones. La mayor parte de éstas se encuentran desinstitucionalizadas, obligadas a incumplir sus normas o incapacitadas para hacerse cargo de sus atribuciones. En el período de mayor inversión pública de toda nuestra historia, no existe planificación y las decisiones se toman de forma discrecional, por autoridades interinas, y sin participación de la sociedad.
3. El control de las instituciones responsables de ejecutar la inversión y de aquellas que las controlan por el poder ejecutivo, desvirtúa su naturaleza y genera prácticas irregulares, con baja información y participación, incluyendo casos de corrupción.
4. El financiamiento para la construcción de mega-obras, dada su magnitud y la disminución de los ingresos estatales por la baja de los precios del gas, amplia el endeudamiento interno y externo del Estado boliviano.
5. El nuevo ciclo de endeudamiento reviste condicionamientos que debieran ser debatidos. En el caso de los créditos de la China, asuntos como la contratación exclusiva de empresas de ese país y su desempeño social, ambiental y ético merecen ser examinados con más cuidado.
6. Las deudas contratadas son a largo plazo y comprometen a los próximos gobiernos y a las próximas generaciones de bolivianos/as, otra razón para la analizar la racionalidad y sostenibilidad de la política de inversión pública.
Resumen del reporte “La orientación extractivista de la inversión pública en Bolivia. Cambios institucionales y normativos bajo el imperativo exportador”, por M. Gandarillas G., publicado en la serie Observatorio del Desarrollo de CLAES, No 22, abril 2016. El documento está disponible en el portal de CLAES sobre economía y desarrollo en América Latina: www.economiasur.com
Marco Gandarillas Gonzáles- CEDIB Cochabamba

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