jueves, 15 de septiembre de 2016

A 10 años, JJ López nos interpela a asumir qué mundo hay por creciente impunidad del capitalismo.


Con ese propósito urge deschavar el postneoliberalismo por impulsar

al sistema mundo exterminador de la vida y la humanidad.

Consideremos:

La barbarie civilizada del capitalismo
19 de septiembre de 2015

Por Homar Garcés (Revista Amauta)
El escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura, auguró: “El desplazamiento del sur al norte es inevitable; no valdrán alambradas, muros ni deportaciones: vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. No hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la pitanza. El reparto está cada vez más cerca. Las trompetas han empezado a sonar. El odio está servido y necesitaremos políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias”.
Los pueblos de Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen -víctimas desde 2001 de la codicia inconmensurable de las grandes corporaciones transnacionales petroleras que operan desde Estados Unidos y Europa occidental- se han visto obligados a sufrir penurias de todo tipo, gracias a la cruzada protagonizada por estos países “civilizados” en su combate sin límites ni fecha de terminación contra el “terrorismo internacional”, el cual sólo tiene como enemigos presuntos o potenciales a aquellos pueblos y regímenes que no comulgan con su credo de superioridad racial, religiosa y/o cultural, ni aceptan continuar sometidos a una tiranía mundial compartida donde sobresale Estados Unidos -con su mando de la OTAN- como el policía de mayor rango. Esto sin incluir la ofensiva militar de Arabia Saudita a Yemen o las decenas de miles de muertos y heridos provocados por los bombardeos y ataques de Israel a zonas residenciales de Gaza y Cisjordania en su empeño por exterminar de la faz de la tierra al pueblo ancestral de Palestina, condenado a sufrir privaciones de toda clase bajo el régimen sionista israelí.
Con Libia, Estados Unidos y la OTAN cambiaron en parte el formato de agresiones aplicado en el resto de naciones invadidas. Esta vez la agresión a Libia (a diferencia de Afganistán e Irak) estuvo concentrada en los bombardeos y el uso de mercenarios pro-occidentales, los mismos que darían nacimiento al grupo Al Qaeda, acaudillado por Osama Bin Laden, ex pupilo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) durante la Guerra Fría, del cual -a su vez- deriva el denominado Estado Islámico (ISIS o Dáesh). Además, se debe mencionar que dicha agresión neo-imperialista se basó en dos resoluciones de la ONU, las números 1970 y 1973, emanadas del Consejo de Seguridad, con lo que sus acciones adquirían cierta dosis de legitimidad ante el mundo, ya que se trataba de “proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques” por parte de las fuerzas leales a Muamar el Gadafi. Esto ha servido de fundamento para aspirar en hacer lo mismo en territorio sirio. No obstante, ni Estados Unidos ni Europa occidental supieron calcular las consecuencias de sus acciones belicistas en Oriente Medio y África subsahariana.
Al producirse abruptamente la disminución de sus condiciones materiales de vida, con destrucción sistemática de toda la infraestructura existente hasta entonces y, además, padecer el terrorismo y la inestabilidad política en sus países, viendo completamente trastornada la realidad socio-política, socio-económica y socio-histórica en la cual se desenvolvieran toda su vida, muchos de sus habitantes optaron por migrar en masa a las naciones responsables de su nueva condición, convertidos así en una “onda expansiva” de migrantes, al parecer incontrolable, que ahora sí preocupa a los gobiernos europeos. Éstos son los residuos poblacionales que antiguamente constituían el ejército de reserva del sistema capitalista avanzado y periférico; y que hoy, a riesgo de perder la vida -como pasó con muchos durante la travesía por el mar Mediterráneo, incluyendo a niños que no rebasan la edad de tres años- prácticamente, ante la indiferencia absoluta de la ONU y la opinión pública mundial, constituyen la mayor demostración respecto a que el sistema capitalista no contabiliza como haberes la dignidad ni los sueños rotos de los demás seres humanos; incluyendo en ello la destrucción irracional de poblaciones enteras y de vestigios de civilizaciones antiguas, en una estrategia por acabar con cualquier sentido nacionalista y/o de pertenencia de quienes resisten la barbarie civilizada del capitalismo actual.

Fuente original: http://revista-amauta.org/2015/09/la-barbarie-civilizada-del-capitalismo/

Reflexionemos qué realidad actual del mundo describe un periodista cubano y qué avizora como oposición a esa profundización de la impunidad capitalista:

G-20, hechos y no palabras
8 de septiembre de 2016

 Por Hedelberto López Blanch (Rebelión)
Una desafiante verdad expuso el presidente de China Xi Jinping durante la celebración en Hangzhou de la Cumbre del Grupo G-20, “ eviten las palabras vacías" al tratar de acelerar el crecimiento económico mundial.
"Frente a los riesgos y desafíos que enfrenta la economía global, la comunidad internacional tiene enormes expectativas del G-20 en esta cumbre", aseguró el presidente.
Con toda razón Jinping exhortaba a sus interlocutores a que eran tiempos de tomar decisiones para tratar de solventar otra crisis económica mundial que se avecina.
Varios analistas y publicaciones especializadas afirman que nuevos vientos huracanados amenazan con atacar a la economía mundial y provocar una nueva crisis.
Los participantes en el cónclave puntualizaron que los más acuciantes problemas son la volatilidad potencial de los mercados financieros, las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la lentitud en comercio e inversiones y el lento crecimiento de la productividad.
Cierto que son elementos que atentan contra el buen desarrollo de la economía mundial, sin embargo existe uno mucho más grave y que provoca enormes inestabilidades en el orbe: la creciente desigualdad entre ricos y pobres que ha llevado a que el 1 % de la población tenga más capital que el 99 % restante.
La globalización de la economía mundial continuó su negativo avance a lo largo de 2015 con el incremento de la inequidad poblacional.
Los datos aportados por Bloomberg ratifican la denuncia realizada anteriormente por un grupo de investigadores encabezado por el profesor Jason Hickel de la Escuela de Economía de Londres, cuando señaló que actualmente las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riqueza que los 3 600 millones de personas consideradas pobres.
Todos los beneficiados en la acumulación de capitales, aparecen como propietarios o relacionados directamente con compañías transnacionales.
Las leyes neoliberales y de libre mercado impuestas en los últimos años por las naciones poderosas y sus transnacionales han incrementado abruptamente esas diferencias.
Ante la perspectiva de una nueva crisis parecida a la de 2008, las empresas de servicios financieros (como ya es costumbre para preservar sus intereses) han elaborado una estrategia que tiene en cuenta el peor escenario que podría suceder a finales de este año.
A mediados de 2016, las acciones de los bancos europeos más importantes han estado cayendo en picada: Deutsche Bank ha perdido casi un 45%, Credit Suisse ha caído un 41 % y el Royal Bank of Scotland ha bajado un 35 %. La incertidumbre y la volatilidad han afectado a todas las áreas de la economía mundial, desde la minería hasta la producción de automóviles.
El G-20, integrado por 20 países desarrollados y potencias emergentes, se creó en 1999 pero alcanzó relevancia en 2008 cuando se hizo necesario actuar a nivel global para intentar controlar la crisis financiera que, con más o menos fuerza, aún persiste. El grupo representa el 80 % del comercio mundial y el 85 % del Producto Interno Bruto global.
Las naciones que lo conforman son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
Pese a los intentos de adoptar políticas financieras y económicas asequibles a los actores y al resto del orbe, ya se ha hecho una constante que las diferencias de enfoques dentro del Grupo no permitan alcanzar acuerdos objetivos.
Recordemos que hace solo seis meses, a finales de febrero, en una reunión efectuada en Beijing el G-20 trató infructuosamente de buscar soluciones para solventar la posibilidad de una venidera crisis. Nada o muy poco se ha logrado al respecto.
La interconectividad, inclusión de todos los países y un desarrollo económico sostenible, suenan muy bien para que los medios de comunicación realicen su trabajo de propaganda pero habrá que ver en la práctica si las naciones desarrolladas de occidente y las poderosas transnacionales abran sus corazones, o mejor dicho, sus capitales para tenderle una mano a los menos desarrollados.
Inequidad, aumento del desempleo, baja del precio de las materias primas y hasta del petróleo, han puesto en jaque en los últimos tiempos, a muchos países en desarrollo y algunos de economía emergente.
Innegablemente que si todos sus miembros se pusieran de acuerdo, la conformación del Grupo resultaría un centro importante para coordinar políticas económicas pero a lo largo de sus 17 años de creado sus encuentros no han pasado de ser largas charlas.
Veamos este aleccionador ejemplo: En la X cumbre celebrada en 2015 en Turquía, los líderes mundiales acordaron 113 propuestas sobre diversos temas como la ayuda a los refugiados que llegan a Europa huyendo de guerras y hambruna, pero casi todas quedaron en el olvido lo cual han rebajado enormemente la credibilidad y seriedad del Grupo.
Los fracasos de las cumbres en cumplir con las promesas del pasado aumentaron las interrogantes sobre la credibilidad de promesas futuras.
La nación que ha salido fortalecida de ese cónclave ha sido China, pues sus dirigentes han demostrado que ese país puede jugar un papel más importante en la toma de decisiones mundiales.
China apuesta por una transformación de la economía mundial para convertirla en innovadora, vigorosa, interconectada y, sobre todo, inclusiva. Esperemos que en esta ocasión y frente a los riesgos y desafíos que enfrenta la economía global, las proyecciones de la cumbre de G-20 no se transformen en cenizas.

Recordemos que Norteamérica, Europa y China progresan sobre la base de la acumulación de oligopolios por desposesión, exterminio y superexplotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza en Nuestra América, África y Asia. Es decir del:

Extractivismo o muerte
18 de agosto de 2015

Por Sergio Federovisky (contaminacioncero)
El combustible del crecimiento de la última década en América latina, y lógicamente en la Argentina, es el que deriva de las “ventajas comparativas”, es decir de la dotación de recursos naturales demandados desde economías centrales. Se lo bautice como “desarrollo independiente” (con demasiadas comillas) o como extractivismo puro y duro, es sencillo consensuar que se trata de un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos, principalmente no renovables, y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados “improductivos”.
Los resultados del modelo podrán ordenarse de acuerdo con el plazo en que interese analizarlos. El pensamiento predominante, tomando ya sin originalidad la crisis de 2001 como punto de partida, insiste en que los ingresos extraordinarios (de la soja o la minería) y la ampliación del gasto social “están relacionados”. Una lectura no coyunturalista detalla al menos tres elementos prácticos que relativizarían las bondades del modelo: una tendencia a la reprimarización de la economía –que no se compensa con el slogan desarrollista de “incorporar valor agregado”-, un comprobable deterioro de las variables ambientales presentes y futuras, y una alta conflictividad social desatada a partir de la resistencia a dichas consecuencias. Y un último elemento, quizás más ideológico, que altera las conciencias más progresistas que defienden este modelo: al ser la extracción y la comercialización el nudo del negocio, la propiedad de los recursos pasa a ser secundaria, con lo que la condición estatal de esa propiedad no garantiza soberanía a la hora de su explotación.
José Natanson ha escrito que el extractivismo ha sido más cuestionado por círculos intelectuales antes que políticos . Allí puede estar parte de la explicación acerca de la ausencia de un debate sobre este modelo en la actual campaña electoral. Claro que, aun sin pretenderlo, se desliza la idea de cierta futilidad en la discusión intelectual al tiempo que se sugiere que el pragmatismo de la política es el que define la ecuación a favor de “lo real” como sinónimo de “lo importante”.
Podría entonces presuponerse que el debate acerca del extractivismo está ausente no porque la política no se haya anoticiado de su trascendencia, sino porque quienes encarnan las candidaturas predominantes concuerdan en que del modelo imperante sólo se pueden discutir matices y no su esencia. Es probable que por convicción, por conveniencia o por no correr el riesgo electoral de salir de la corriente, las distintas opciones políticas convoquen a esta presuntamente única opción de “desarrollo”. Y que por aquellos mismos motivos, descalifiquen cualquier cuestionamiento como fruto de la antimodernidad, la negación del progreso o el fundamentalismo ecologista.
A lo sumo, cuando se alerta acerca de las anomalías, los discursos electorales adjuntan menciones respecto del “cuidado del medio ambiente” o similares. Pero siempre dejando en pie la idea de que los problemas del desarrollo se resuelven acentuando este modelo: el extractivismo se combate con más extractivismo.
Lo que no se discute es si este modelo, entre cuyos atributos también están la desigualdad, el saqueo, el derroche y la contaminación escalofriante, sólo requiere “retoques” o si en verdad se trata de un “maldesarrollo”, como muchos intelectuales se obstinan en señalar. Gudynas, en representación de quienes ven las anomalías no como “problemas de praxis” del modelo sino como daños esenciales a su concepción, habla de la búsqueda de un “desarrollo otro”.
Básicamente, y no como eslogan, se trataría de un desarrollo sustentable en sus aspectos sociales, económicos y, por supuesto, ambientales. Pero al no integrar la batalla electoral, quizás haya que presumir que se trata de una mera jactancia de intelectuales.
[N. de E.] Artículo relacionado: Politica, Lacan y medio ambiente. Le Monde Diplomatique. [Enlace].
Sergio Federovisky es el presidente de la Agencia Ambiental La Plata y docente de “Política ambiental” en la Universidad Torcuato Di Tella, además de conductor del programa “Contaminación Cero” y columnista de política ambiental en “Tercera Posición” por América 24.

Aún más, el progresismo o izquierdismo pro capitalista actuó:

Encasillando el Vivir Bien
22 de septiembre de 2015

Por Eduardo Gudynas (Página 7)
El gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denominan "desarrollo integral”.
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En las polémicas sobre los controles que el Estado exige a las asociaciones ciudadanas parecería que han pasado desapercibidas algunas consecuencias. Entre ellas estimo de enorme importancia señalar que podría desembocarse en extremos tales como cercenar las exploraciones sobre las ideas del Vivir Bien, las alternativas al capitalismo o incluso los modos de enfrentar el cambio climático.
Esto no es una exageración. Para explicarlo hay que comenzar por recordar que la Ley 351 sobre la otorgación de personerías jurídicas a ONG y otras asociaciones (aprobada en marzo de 2013) establece que en sus estatutos deberán indicar su "contribución al desarrollo económico y social” (artículo 7, sección II). El sentido del artículo se aclaró en el decreto de reglamentación parcial de la ley (DS 1597 de 2013), entendiéndola como las actividades "orientadas al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
Traduciendo esas exigencias, las ONG no pueden trabajar en cualquier tema, sino que deben necesariamente abordar la temática del "desarrollo”, y específicamente tal como el gobierno de turno entienda a ese concepto. Si abordan otras cuestiones que no están dentro de las visiones oficiales del desarrollo, o incluso si se critica esas concepciones o se alertan sobre sus efectos, las ONG y otras asociaciones podrían entrar en zonas de riesgo de ser declaradas irregulares o ser disueltas.
Estamos frente a un marco normativo que tiene la potencialidad para acortar temas de discusión o prácticas de las asociaciones ciudadanas. Esta situación es clara ya que, según los testimonios de algunas personas que tramitan las personerías jurídicas de las ONG, el gobierno les señala que en sus estatutos deberían indicarse que sus fines están en correspondencia con el plan nacional de desarrollo o la Ley de la Agenda Patriótica. Una vez que se comprende esto pueden advertirse algunas consecuencias. Si bien son muchas, deseo detenerme en algunas de ellas.

Encasillando el Vivir Bien
Un primer impacto afecta las capacidades para seguir avanzando en los conceptos del Vivir Bien. Las posiciones originales de esa idea expresaban una crítica radical a las propias bases de la ideas de desarrollo en cualquiera de sus variedades. Dicho de otro modo, aquel Vivir Bien buscaba trascender a todos los tipos de desarrollo, se llamaran sostenible, humano, endógeno, etc., y descansaba sobre un profundo respeto de la naturaleza. Es evidente que la profundización de una estrategia extractivista sería incompatible con esa versión del Vivir Bien.
Es bien sabido que el gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denomina "desarrollo integral” (formalizado en la ley sobre la Madre Tierra de 2012).
Lo que ahora está sucediendo con el estatuto sobre las asociaciones ciudadanas opera en el mismo sentido de limitar los contenidos y alcances sobre un Vivir Bien que pudiera ser radical. Las ONG deberían enfocarse en un tipo de Vivir Bien asociado al "desarrollo integral”, pero no podrían cuestionarlo ni avanzar en otras visiones. Es más, nada impediría que aquellas asociaciones que defiendan un Vivir Bien pongamos por caso, radicalmente andino y ecológico, cuestionando las invasiones petroleras o mineras, puedan ser observadas o disueltas. 

Desarrollo y cambio climático
Otros impactos inciden sobre las opciones para debatir alternativas sobre el capitalismo, y dentro de ellas, de uno de los problemas actuales más graves, el cambio climático. Existen muchos acuerdos en que la marcha del capitalismo global es insostenible por sus impactos sociales y ambientales, y por descansar en relaciones de desigualdad y poder. Varios componentes de este diagnóstico han sido dichos por distintos actores del Gobierno boliviano, lo que es muy bueno. Pero es necesario advertir que el capitalismo y el desarrollo son conceptos contenidos uno dentro del otro, íntimamente relacionados. Por ello, si se critica al capitalismo también se debería cuestionar al desarrollo, en cualquiera de sus variedades. No tiene sentido cuestionar al capitalismo pero abrazarse al desarrollo. Esos debates son nutridos sobre todo por ONG y centros de investigación, y por las visiones y testimonios de los movimientos sociales. Pero, como se demostró arriba, las ONG que podrían trabajar en esas cuestiones ahora están limitadas a operar dentro de una versión del desarrollo, llamado integral.
El debate sobre el capitalismo y el desarrollo además está directamente vinculado a la problemática del cambio climático. Este es un nexo especialmente relevante dada la invitación del Gobierno boliviano a una nueva "cumbre de los pueblos” para analizar esa cuestión.
En la actualidad son muchos los que reconocen que el avance de los cambios en el clima planetario se debe a las perversas expresiones de la pareja capitalismo – desarrollo. Es por eso que activistas y académicos proponen medidas como dejar sin explotar, en el subsuelo, al menos el 80% de los yacimientos petroleros (ya que si esos combustibles son quemados, el cambio climático se dispararía fuera de control). Esta es una medida postextractivista que se da la mano con las visiones originales del Vivir Bien. Pero también sabemos que el gobierno que convoca a esa cumbre tomó partido por un desarrollismo que se mueve en el sentido contrario, intentando extraer más hidrocarburos, que serán quemados y contribuirán al cambio climático. Estrategias similares siguen otros países, y dentro de muchos de ellos hay centenares de asociaciones civiles que les critican y que además exploran opciones postpetroleras.
Muchos de esos grupos, si llegan a participar del encuentro en Tiquipaya, se encontrarán que desde el gobierno y sectores cercanos se critican o imponen condiciones a las ONG nacionales que intentan promover ese tipo de debates. Asoman contradicciones para sostener un debate plural y abierto sobre el cambio climático.
Por todo este tipo de razones, detrás de la intención de encauzar a las organizaciones ciudadanas hay implicaciones que van mucho más allá de simples formalidades burocráticas. 
Ante la creciente impunidad criminal de los oligopolios valoremos propuestas tentativas como:


 "Planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales".


Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales
26 de agosto de 2015

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Revista Pueblos)
Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XX, no dejarían de mostrar su asombro ante el poder acumulado hoy en día por las empresas transnacionales. Es más, podríamos llegar a afirmar que el mismísimo Karl Marx (que no fue ni mucho menos ajeno a las dinámicas de centralización y concentración del capital) se quedaría perplejo si pudiera visualizar la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han alcanzado en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que vivimos en este mundo globalizado.
Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las «empresas transnacionales» se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington (desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.
De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).
Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.
Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.
Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.
Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.
El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.

En el centro del conflicto capital-vida
La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. Sistema y trasnacionales son por tanto hermanas siamesas imposibles de separar: éstas no sobrevivirían sin un modelo de sociedad que no primara los valores civilizatorios del lucro, ganancia, competencia y acumulación; mientras que el sistema no se podría trascender sin enfrentar explícitamente a las transnacionales. Su devenir camina entonces por la misma senda.
Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.
Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.
Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.
Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.

Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?
Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.
Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.
Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.
No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.
Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.

Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:
  • asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
  • gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
  • democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
  • desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
  • redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
  • redistribución igualitaria de los recursos;
  • democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
  • reconocimiento de economías diversas;
  • fomento de economías no capitalistas;
  • apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación. 
Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.
Notas
[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).
[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).
[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.
[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.
Gonzalo Fernández es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

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