Debe surgir de la construcción
de contrahegemonía
cultural e
ideológica
Porque así como se ha consumado la usurpación
del poder de representación a les trabajadores por Pacto de todas las centrales
sindicales con el poder real e instauración de un falso enfrentamiento mediante
el Plan Argentina contra el hambre cuya conducción incluye a les
hambreadores principales.
Tampoco el pensamiento crítico de las izquierdas es tal debido a que quienes lo
ejercen, con mayor prensa, se han conformado con su modo de vida y de su modo de estar
siendo social. Han sucumbido, ante todo, por privilegiar la batalla de ideas y
no los incesantes diálogos con las luchas e iniciativas organizativas de la plurinacionalidad, el feminismo, el ecologismo popular y político en la
Argentina, en el Abya Yala y en el mundo. Además, se han estancado
en esquemas conceptuales que los restringen a descripciones e historias
desconectadas entre sí; y en posicionamientos de autopercepción como cuadros
políticos e ideológicos. Es decir, no sólo se insensibilizan a gravísimas
consecuencias de los extractivismos o a las violencias de discriminaciones
sistémicas y no sólo menosprecian elaboraciones de praxis de las diversidades de
abajo sin fronteras sino, al no ejercer la constante confrontación de sus
concepciones con la realidad social e internacional, son anacrónicos u
oportunistas. Ejemplifiquemos:
Hay creencia en el gobierno del PJ, fetichización del Estado y concepción
de sociedad-mundo compatible con el sistema mundo
capitalista. En efecto, Carlos del Frade manifiesta:“Estamos
discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de
la Nación en forma indirecta, la soberanía alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la
Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta
el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si
perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos cualquier tipo de participación
estatal para defender la riqueza nacional”.
En el título
“La intervención es
fundamental para sacarnos de encima a los corruptos de Vicentin y del Estado”
, el diputado de la provincia de Santa Fe ya apela a movilizar desde la bronca
contra la podredumbre sistémica pero circunscripta a unes y no les más
importantes de quienes deciden en el sistema mundo capitalista. Es que encubre no poner en cuestión el modo capitalista de
producción en su carácter ecocida-genocida y sólo plantea la mayor participación
del estado en el reparto de beneficios de ese exterminio en gran escala.
Carlos del Frade (como todes que convocan a apoyar intervención a Vicentín)
no reflexionó sobre qué sucedió después del año 2008: implantación de CFK del
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial a favor del
sistema imperialista de agronegocios. No reflexionó
sobre
las
muchas
pruebas que esa mejor distribución no resulta en bienestar popular sino en
enriquecimiento de los oligopolios imperialistas (y sus socios menores, los
locales); de los oficializados como acreedores; y del alto funcionariado de
todos los
poderes públicos. Aún más, no le choca que el delegado interventor es Gabriel
Delgado, defensor a ultranza del sistema de soja transgénica. Tampoco reflexionó
que si se expropia la empresa, el gobierno FF
creará el Fondo
Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado
Nacional y el Fiduciante la empresa YPF SA a través de YPF agro. Claro no
analiza el trasfondo del relato de
Marcelo Colombres (Tiempo
Argentino):
"YPF
Agro, la unidad de negocios de la petrolera con mayoría estatal que tiene
una buena red de distribuidores en toda la región de la pampa húmeda y en
algunas provincias del norte, provee de bienes y servicios a los
pequeños y medianos productores, desde combustible a granel hasta fertilizantes,
plaguicidas y silobolsas. Además, como buena parte de su operación comercial la
hace por medio de canje, exporta granos y derivados".
Leer Por supuesto Colombres no menciona a los herbicidas y que YPF agro es
el principal productor de glifosato en Argentina. Entonces esos bienes y
servicios como el canje sostienen el sometimiento al sistema imperialista de
agronegocios. Para que no quede dudas que la intervención o la expropiación de
Vicentín es contraria a la soberanía alimentaria y a necesidades e intereses
populares, pensemos sobre qué anuncia Néstor Restivo: "La
nueva empresa con participación estatal podría articular todo el negocio del
comercio exterior con China de productos del campo y ser la cara argentina de
ese fundamental lazo con la potencia asiática".
Leer
La
actual inflexión histórica de nuestro estar siendo nosotres, o humanidad, nos interpela a decidir por continuar devastando el planeta para la acumulación
del 1% de nosotres o hacer que el actual sistema (mirando por el lucro de esa
minúscula minoría) vire hacia buenos vivires abajo. Esto es posible mediante recuperación o
creación de territorios geográficos y laborales en expansión abarcadora de todo
el país-continente. Se trata de cultivar comunalidades o entretejernos en
reciprocidades (sociales, plurinacionales e internacionales) para
disfrutar-proteger los bienes comunes. Estas nuevas relaciones entre nosotres,
cada vez más extensas y comprensivas, avanzan hacia la sociedad confraternal de
todos los pueblos y en armonía con la Madre Tierra.
Sin embargo, antes habrá que
deconstruir la obediencia debida y obsecuencia al
Partido Justicialista. Porque después del terrorismo paraestatal y estatal desde el
gobierno Perón-Perón, se homogeneizó a la derecha o sea en su carácter promotor
del subdesarrollo de Argentina conforme a exigencias del sistema mundo capitalista
o de los oligopolios que dominan al último. El PJ se impone por sobre el otro partido de estado, la Unión Cívica Radical,
en razón de su poder
sindical y el simbólico, éste le fue fundamental para sus cambios camaleónicos
ante la necesidad del poder económico e imperialista de legitimar cada etapa de
acumulación gran capitalista por maximización creciente de la expoliación tanto
a los trabajadores y a los
pueblos como a la naturaleza.
Hemos
subrayado que el Covid-19 se origina en el avasallamiento de la naturaleza y su
mayor contagiosidad-mortalidad se da entre les desposeídos de todo por el
capitalismo a través principalmente de los extractivismos. Sin embargo,el gobierno de
Alberto Fernández y Cristina Fernández deja sin cuarentena tanto a la
devastación como al envenenamiento a gran escala bajo la justificación de que son
actividades esenciales. Las promueve y subsidia de modo directo (como a las
poderosas petroleras imperialistas) e indirecto, por ejemplo, el gratuito
consumo de agua y energía que, a la vez, deja sin esos derechos básicos a las
comunidades locales. En simultáneo a planificarlas y facilitar su ejecución,
modela el amplio consenso antidemocrático y contrario al presente-futuro tanto
de la vida como del trabajo en el país-continente.
Intercede en impedir reflexiones y discusiones
ante la actual emergencia económica y ecológica-sanitaria. En efecto, la pandemia y los proyectos postpandemia
desde los poderes globales y locales nos
interpelan, a los diversos pueblos de Argentina y el Abya Yala, a comprometernos
en generalizar el análisis sobre cómo
el sistema mirando en exclusivo por el PBI o el crecimiento competitivo en
rentabilidad del gran capital nos condujo a la actual situación de impotencia
frente al Covid-19 sobre todo por empobrecimiento mayoritario y desmantelamiento
de la salud pública. Ya Rodolfo Walsh, en su carta a la junta militar, nos
anticipó la miseria planificada que procuraba el contubernio de capitales y
estados imperialistas con los locales después de haber concretado el triunfo
sobre la lucha de clases mediante desaparición forzada de
dirigencias sociales y políticas de las izquierdas.
Todos los gobiernos constitucionales desde Alfonsín hasta hoy hicieron centro en el funcionamiento económico que estableció el poder real mediante la dictadura genocida para la acelerada transnacionalización de Argentina. También modelaron el consenso para la gobernabilidad de la creciente desigualdad e injusticia social. Pero la democracia restringida entró en crisis de representación social y vino el kirchnerismo a recomponer la gobernabilidad del capitalismo local del mundializado. Desde agosto de 2019 Alberto Fernández se ha esforzado por la paz social mediante un pacto con las centrales de trabajadores y el plan de Argentina sin hambre que comparten el objetivo principal de conciliar las mayorías con las corporaciones expoliadoras.
En febrero de 2020 el gobierno comenzó a realizar foros
multisectoriales con la oposición para combatir la "grieta" y resolver los
problemas "micro" que tienen las provincias. Dentro de esta ruta emerge
"Argentina Armónica" es el nombre del programa que encabeza el secretario de
Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando "Chino" Navarro.
En junio 2020
Gustavo Grobocopatel,
Fernando Chino Navarro y Enrique Palmeyro presentan un documento
titulado Una
Argentina armónica
como su tema medular es la agricultura industrial que prometen convertirla en
capitalismo verde,
la
discusión de ambos abre una oportunidad para la tan
imprescindible unión en diversidad de las luchas por justicia social y la
ecológica mediante espacios en común a lo largo y ancho del país donde haya
deliberación y toma de decisiones de cómo poner en práctica la soberanía
alimentaria o la creación de otra sociedad hermanada en solidaridad con los
pueblos originarios, por la agroecología y por relaciones recíprocas de comunidades urbanas con las rurales.
El documento
plantea hacer cambios centrados en atender
necesidades humanas y un Estado regulador de los monopolios dando por sentado
que los monopolios son compatibles con la democracia socioeconómica y política
cultural. Habla de capitalismo verde que dialogue con la naturaleza pero
sostiene: “Esta
nueva modalidad de organización (sea que se denomine «capitalismo»,
«sustentabilismo» o de otro modo) requiere de renovados liderazgos y organizaciones transparentes, orientadas a satisfacer sus múltiples
grupos de interés -
clientes, proveedores, talentos, inversores, sociedad-, dispuestas a crear
bienes públicos e interactuar con el sector publico construyendo una sociedad
del siglo XXI. La sublimación de la relación publico/ privado está en esa
búsqueda colectiva. El modo de organización de la producción y los servicios que
surja requiere a trabajadores, con vocación de emprendedores, con el entusiasmo
que los convierte en protagonistas comprometidos, dispuestos a aprender y
transformarse. (…)Las oportunidades hay en la agroindustria. El PEA2020 indica
que se pueden exportar US$ 30.000 millones por año más con el crecimiento de la
agricultura, su transformación en productos industriales y las economías
regionales. El PBI podría incrementarse un 100% en 10 años generando masiva
creación de trabajo en el ecosistema con una regulación inteligente”. En suma,
conserva la normalidad previa a la pandemia( cuya causa principal es el PEA 2020).
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial rige desde
2010(PEA2020) ha beneficiado a la concentración económico territorial de
oligopolios que dominan al sistema global de agronegocios y donde es un
protagonista principal Gustavo Grobocopatel. El PEA2020 deforesta, desertifica,
contamina los subsistemas vitales del planeta y a las poblaciones directa e
indirectamente multiplicando muertes (por asesinatos y enfermedades). Lleva a
cabo etnocidios y genocidios invisibilizados. También al expandirse los
monocultivos de transgénicos se intensifican el uso de agrotóxicos y
fertilizantes derivados del petróleo, el uso de las tierras para
agrocombustibles y forraje en vez de destinarse a producción de los alimentos.
Genera desempleo masivo al destruir las economías regionales, al desalojar a
comunidades campesinas e indígenas que migran a malvivir en las villas miseria y
por tecnología agroindustrial casi sin mano de obra. Profundiza la pobreza
estructural, el hambre y la malnutrición.
Que ese
proyecto gubernamental-empresario no mira hacia
otro capitalismo, por cierto imposible en nuestra época, lo prueba que señala:
"El
crecimiento no se sostiene si no fortalecemos 3 patas: la exportación,
la satisfacción de las necesidades internas y la inversión”.
Como es habitual en la modelación de consenso a la acumulación gran capitalista
que, para remate, se la considera "la" economía, el documento hace referencia a
la satisfacción de las necesidades internas que es incompatible con las
otras dos patas. Sólo se la señala
para justificar la gran escala que por serlo es destructiva en
extremo y el dominio de los oligopolios locales e imperialistas y
subimperialistas. Por eso, oposición y oficialismo se ponen de acuerdo.
Pero bien pronto entran en conflicto y como en 2008 arrastran a falsa
polarización. Prestemos atención al llamado siguiente:
Urge multiplicar el apoyo a la intervención de Vicentín
La derecha, los
dueños del agro-negocio y los medios de comunicación concentrados han lanzado
una campaña para impedir o neutralizar la intervención de Vicentin. Pretenden
retomar el rumbo de la extranjerización o desguace de la firma para garantizar
la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento y la quiebra
fraudulenta de la compañía.
Urge poner en
movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se
intentan instalar en la opinión pública. Es falso que Vicentin es una empresa
privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un Estado
invasor para expropiarla. Lo cierto es todo lo contrario.
Quebró y no paga
y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión impositiva, empresas
off shore evidencian una operatoria delictiva.
La estafa de Vicentin
es contra el pueblo de la Argentina.
El grupo hizo
negocios y acumuló excedentes y patrimonio con fondos públicos, del Banco de la
Nación, de otras entidades financieras públicas y de organismos de recaudación,
incurriendo en el delito de evasión y elusión fiscal. Se trata de un accionar
asociado a la extranjerización y al amparo de un modelo productivo que promueve
el agro negocio de exportación en beneficio de la transnacionalización de la
economía.
Con la intervención se puede
evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión
con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores
proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la
actividad de la empresa.
El
concurso no impide la posibilidad de la intervención y con ello, asegurar la
gestión en el marco del procedimiento concursal y en defensa del patrimonio
público afectado por el accionar delictivo de la empresa que llevó a la actual
situación de falencia, facilitado por la corrupción desde la actividad pública.
Hace falta una campaña popular para denunciar lo que representa el caso Vicentin y la maniobra de encubrimiento de la gran corrupción, asunto desplegado por los principales medios de comunicación y la derecha política, que en definitiva buscan otra “125”.
Los poderosos
quieren impedir la intervención o atarla de manos para seguir manejando el
concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o
extranjerización, incluso la “argentinización” a favor de grupos concentrados.
Lo que necesita el
país es Vicentín “pública, no estatal con control social”.
Solo una amplia
unidad política del movimiento popular puede generar la condición de posibilidad
para la intervención y la transformación de una gran empresa en la perspectiva
de la soberanía alimentaria.
La intervención
urgente de Vicentin resulta preventiva y habilita la posibilidad de discutir el
modelo agrario para pensar en términos de soberanía alimentaria.
Los firmantes nos comprometemos en una campaña
que estimule el debate público y la movilización social. Es el paso inicial
para intervenir en la discusión del modelo productivo y de
desarrollo a favor de la mayoría social empobrecida.
República Argentina, 22 de
junio de 2020
FIRMAS: (...)
Contextualicemos
para revertir este nuevo desvío de posibilitar la democracia a la plebeya
instalando en la agenda popular que nos están engañando otra vez para el
salvataje del capitalismo local del mundializado.
A diferencia del año 2008,
nos ubican de espaldas a que nuestro futuro próximo ya es presente en el
gran desempleo, en la sobreexplotación laboral, en la mayor
gravitación del Estado policial y de la sociedad vigilada, en la destrucción
de la Amazonía y El Impenetrable, en etnocidios, en planes de megaminería y
fracking con construcción de consenso, etc.. Limitémonos a cómo Gustavo
Beliz, secretario de asuntos estratégicos de la nación, de nexos estrechos
con el BID y apoyado en quienes conforman aparatos estatales, promueve:
Nuevo asalto tecnológico a la agricultura
17
febrero 2020
En noviembre de
2019 nos reunimos en México los y las integrantes de la Red de Evaluación Social
de Tecnologías en América Latina, Red TECLA, a celebrar nuestra tercera asamblea
y compartir en público reflexiones críticas sobre las tendencias tecnológicas,
en el seminario internacional Navegar la tormenta digital. 5G, blockchain y
otras perturbaciones. Los textos de esta sección se presentaron en dicha
reunión, y ahora los compartimos como parte de nuestra discusión continua, pues
varias y varios integrantes de la Red TECLA son a la vez integrantes de la
Alianza Biodiversidad.
Agricultura 4.0, insostenible
Por Verónica Villa (Grupo ETC)
A fin de 2019, el
Grupo ETC-México presentó La insostenible Agricultura 4.0 —digitalización y
poder corporativo en la cadena alimentaria. Hablamos con decenas de
estudiantes de agronomía, profesores, sembradores y representantes de
organizaciones afectadas por la industrialización agrícola en Jalisco, entidad
que se promueve internacionalmente como “el gigante agroalimentario de México”.
La insostenible
Agricultura 4.0 es la versión en
castellano de Blocking the Chain, documento investigado y escrito por Pat
Mooney, fundador del Grupo ETC. “Bloquear la cadena (industrial de producción de
alimentos)” sería su traducción más directa pero quisimos hacer explícito que se
enfoca en lo que hoy llaman “Agricultura 4.0”, la convergencia de nuevas
tecnologías robóticas, ciber-financieras o genómicas susceptibles de usarse para
la producción agrícola industrial. Quieren hacernos creer en una agricultura de
generación 4, ultra automatizada y súper sustentable.
Son tres sus
componentes:
1. Hardware o
maquinaria. Para la siembra,
cuidados y cosecha de cultivos, de tractores a drones, polvo inteligente,
sensores incorporados a robots en campo. Para el océano, cercas eléctricas y
jaulas movibles para criar y capturar especies, entre otros ejemplos. Todo
conectado a satélites y bases de datos sobre clima, condiciones de los suelos,
historia de los cultivos y su propiedad intelectual.
2. Software o
interfaz entre datos masivos y biociencias. Técnicas
de edición genética, series o “patrones” numéricos [algoritmos] que permiten
aprovechar la información digital de secuencias genómicas y encontrar tendencias
comercialmente atractivas (un compuesto botánico de alto costo en el mercado o
las características genéticas deseables para insertar en cultivos comerciales),
manipulaciones genéticas en ganado y peces para potenciar su rendimiento.
3. Tecnologías
financieras. Que facilitan la
ejecución de los contratos de compra y venta, la especulación con futuros, la
transferencia de valores, la vigilancia y sujeción de quien trabaje a las
condiciones de los contratos electrónicos.
Los componentes de
la Agricultura 4.0 son muy nuevos. Que tengamos muy poca información sobre ello
ya representa un enorme problema, pero algo tal vez de mayor alarma es que no se
han creado regulaciones que puedan evitar el abuso de las máquinas (muchas
diseñadas en su origen como armas de guerra), el robo de recursos genéticos, la
liberación de organismos que pueden extinguir especies completas o la
especulación con las cosechas y el trabajo de agricultores, pescadores, u
operadores de las empresas. La “legalidad electrónica” se auto-ejecuta en el
universo cibernético de los negocios. Éste sería el escenario de ensueño de la
Agricultura 4.0.
Si para que
funcione esta insostenible agricultura tiene que exacerbar la extracción de
recursos (en aras de conectividad absoluta) y anular la iniciativa humana
(sometiendo todo a las decisiones algorítmicas más convenientes para el mercado
mundial), entonces su modelo ideal acarrea consecuencias terribles para las
comunidades y redes que ya alimentan al mundo; su modelo imperfecto puede ser
aún más escabroso y destructor.
Los mayores
comerciantes y procesadores de materias primas creen que pueden reducir los
costos de transacción entre 20% y 40% utilizando cadenas de bloques (blockchains),
para librarse de las burocracias domésticas y los servicios de contadores,
abogados y otros operadores, pero como los registros en estas plataformas de
datos masivos son anónimos, cárteles de la droga, traficantes de personas y
distribuidores de armas por igual pueden usarlos para cortar sus costos
administrativos.
En los diálogos
con organizaciones escuchamos reiteradas críticas a la propuesta de la
Agricultura 4.0. Aquí una muestra.
Los campesinos no
podrán tener opinión, participación o control sobre una tecnología diseñada por
aplicaciones programadas según las tendencias interesantes para los agronegocios
y no para las redes campesinas o los agricultores más pequeños.
Una agricultura
robotizada nunca podrá entablar diálogo o resolver las diferencias entre
empresas y comunidades. Los drones servirán para espiar y obtener información
que tal vez las comunidades no quieran dar sobre su biota, sus formas de
relacionarse con la naturaleza y sus planes para enfrentar los retos a la
supervivencia.
El hecho de
colocar por encima de las comunidades de carne y hueso el quehacer de los robots
disloca totalmente la voz de los pueblos sobre su relación con la naturaleza.
Así se obvian los consensos duramente trabajados en asambleas sobre qué hacer
con tal o cual parte del territorio, de lo que hay en él, o cómo intercambiar
los productos de sus trabajos.
Si agricultores
asumen elementos de la Agricultura 4.0, como las máquinas muy sofisticadas,
¿podrán adaptarlas a sus necesidades, o las máquinas tienen su “propia agenda”
(la de las empresas que las diseñaron)?
Ya existe en
Estados Unidos un movimiento de agricultores contra los tractores automatizados,
“por el derecho a reparar”, pues quieren poder modificar el equipo que adquieren
a costos muy altos. En un caso extremo de la anulación de la autonomía laboral,
intelectual, creativa de los agricultores no se permite acceder al hardware o el
software de las máquinas, ni logran comunicarse con el agente de ventas de la
compañía que puede estar en cualquier lugar del mundo, lejos de las parcelas.
Pero el movimiento ya comenzó a intervenir digitalmentesus propios tractores y a
organizar foros de software libre para enfrentar el problema.
¿Cómo puede traer
beneficios la generalización de una Agricultura 4.0 controlada por las mismas
empresas que se han fusionado en oligopolios, y de las que todo mundo tenemos
quejas? Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, Shell, John Deere y Nestlé, por
mencionar sólo algunas.
¿Cómo confiar en quienes impulsan la Agricultura 4.0? A muchas organizaciones no les interesa siquiera conocer qué propone, pues prevalece el resentimiento hacia las empresas abusivas de siempre, que aunque dicen promover una agricultura eficaz y limpia siguen envenenando el agua, destruyendo los suelos, fumigando a los pueblos y contaminando los cultivos nativos, además de cabildear para poner a su modo las leyes nacionales.
Agricultores en
San Louis Missouri, (hogar de Monsanto) se preguntan cómo es posible que de
pronto haya un sistema que lucre con todos los datos que sus territorios,
cultivos y saberes producen, pasando por alto que esa información y esas formas
de relacionarse con la naturaleza son trabajo colectivo a lo largo de miles de
años de habitar sus territorios. Para la gente que trabaja el campo es difícil
creer que una corporación que vende herbicidas esté dispuesta a vender cada vez
menos cantidad de su producto bajo el supuesto de que las maquinarias de la
Agricultura 4.0 sabrán exactamente cuánto aplicar y no habrá desperdicios.
La supuesta eficiencia y sustentabilidad de la Agricultura 4.0 queda en entredicho desde el momento en que es inconmensurable la materia prima que necesita sacarse de la tierra para construir laboratorios, computadoras y robots; los kilómetros de cables y enormes enfriadoras de las centrales donde se alojan los descomunales procesadores de “datos masivos” [big data], junto con los satélites lanzados a la órbita terrestre. No existe modo de compensar el insumo energético y de recursos de la Agricultura 4.0 y otros desarrollos tecnológicos que presumen sustentabilidad, eficacia e “invisibilidad”.
La Agricultura 4.0
necesita una base de agricultura industrial de generación previa, y consolidar
estructuras y prácticas que le permitan dar el salto. ¿Qué tan realista o
deseable es eso en Mesoamérica, África, el Caribe, o la extensa zona campesina
de Asia? ¿Cómo y por qué va a instalarse la Agricultura 4.0 con su requerimiento
de total conectividad cuando existen en incontables áreas del mundo problemas
relativos a la propiedad de la tierra, corrupción de las autoridades, falta de
servicios e infraestructura básicos, prácticas no formales de producción y
circulación de los bienes?
¿Y si presenta
fallas el satélite que gobierna la convergencia entre máquinas, datos y valores?
¿Cuánto se estará mermando el milenario saber agrícola en aras de capacitar a
las nuevas generaciones en el manejo de autómatas que desempeñen las labores del
campo? La Agricultura 4.0 promueve la extinción de los agricultores. La erosión
de los saberes sobre la naturaleza ocurre velozmente: en esta época, el
desarrollo técnico equivale directamente a la producción de ignorancia.
“En lugares como
Mesoamérica, y en los infinitos centros campesinos del planeta” —dijo Ana de Ita
del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano—, “la Agricultura 4.0
se va a enfrentar a la terquedad y resistencia de campesinos e indígenas por
cultivar su tierra en laderas, en nichos ecológicos tan pequeños que no aceptan
fórmulas de fertilizantes y plaguicidas estándar, con infinita diversidad en sus
sistemas productivos, y mano de obra familiar que no labora por un pago sino por
la supervivencia comunitaria, y que se negará a ser remplazada por robots”.
Todos los
problemas relativos a las tecnologías más avanzadas de comunicación e
información (espionaje, manipulación de tendencias, control del disenso, pérdida
de autonomía e iniciativa, vulnerabilidad por extrema dependencia de entes
centralizados sea un satélite, una central eléctrica o un módem casero; consumo
insaciable de energía), todos estos problemas se trasladan al ámbito rural y en
especial al sostenimiento de los sistemas alimentarios.
Cuando presentamos
La insostenible Agricultura 4.0 en Jalisco, el investigador Humberto
González dijo: “los avances tecnológicos no se detienen, todos los días hay
noticias espectaculares al respecto, pero el hambre sigue, la miseria sigue, y
los informáticos y los biotecnólogos se sienten dioses. La resistencia a la
Agricultura 4.0 vendrá de los lugares que hacen el tejido minucioso de los
saberes y acciones locales que son incontrolables por el robot, aquello que
responde con inteligencia creativa ante cada problema”.
La sustentabilidad
de las nuevas tecnologías es muy cuestionable, tanto si nos fijamos en su modelo
ideal como si lo traducimos a las duras circunstancias reales en nuestros
espacios latinoamericanos.
La Agricultura 4.0 en Argentina y
la aceleración de un campo sin gente
Por César
Marchesino
Una importante
preocupación entre comunidades campesinas en Argentina y algunos ingenieros
agrónomos que trabajan con ellas, es que la Agricultura 4.0 viene a acelerar el
proceso de un campo sin gente, algo que comenzó en en este país hace tiempo.
Brasil y Argentina son los países de punta en el cultivo extensivo de soja, y
han ido desplazando a la agricultura convencional y a la campesina. Las
comunidades avizoran que se va a acelerar la desaparición de empleos y tareas en
el campo.
Hay algunos datos recientes. El Censo Nacional Agrícola (CNA) de 2018 revela que
hay una pérdida del 25.5% de las Explotaciones Agropecuarias de Producción (EAP)
respecto al CNA de 2002, y en relación al CNA de 1988, la pérdida es del 41.5 %,
una cifra alarmante.
Algunas unidades
de producción (EAP) revelan una mayor concentración de hectáreas. El 1.08% de
las EAP tiene el 36.4 % de la propiedad de la tierra (entre 10 mil y 20 mil
hectáreas), mientras que el 54.62% tienen menos del 2.25% de la propiedad
agraria (menos de cien hectáreas). Éste es un claro ejemplo de concentración de
la tierra. Otro dato significativo: más de 20% de la superficie se explota bajo
arrendamiento, quienes detentaban la tierra originalmente se van a las grandes
ciudades y entregan las tierras bajo arrendamiento para la producción. Un dato
final: existen más de 31 mil contratistas y prestadores de servicios de
maquinaria agrícola. Para el caso de las oleaginosas, el 66.5% de sus
superficies son cosechadas por contratistas. Esto significa vaciamiento de las
zonas rurales, donde sólo en 45.9% de las EAPs la gente vive cerca de sus
cultivos. Hoy existen más de 75 mil viviendas deshabitadas de quienes trabajaron
la tierra. El resto de EAP, más del 50%, son explotadas por grandes compañías.
El 6 y 7 de
noviembre de 2018 se presentó la Agricultura 4.0 en Argentina, en un gran
encuentro titulado Silicon Valley Forum. Participó una de las personas
que se perfilaba para ser parte del gabinete en el nuevo gobierno: Gustavo Beliz,1
quien entonces llegó como parte del staff del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y se encargó de introducir y presentar lo que será la Agricultura 4.0 en
el país junto con distintos organismos oficiales y representantes de los
agronegocios a nivel local. En su intervención se reveló la clara visión del
movimiento político que pasa a ser oficialismo desde diciembre de 2019,
expresado en un discurso de construcción de una Agricultura 4.0 “con justicia
social”, por decirlo de alguna manera. Lo interesante del discurso es el uso de
conceptos mediante los cuales se está creando la idea de una gobernanza 4.0,
un empleo 4.0, entre otros afines.
Dijo Gustavo Beliz
durante el cierre del evento: “El piloto automático no funciona. Son los Estados
quienes deben garantizar un reparto equitativo de los dividendos digitales a
partir de un nuevo contrato social tecnológico entre trabajadores, empresarios y
gobiernos”. Para esta tarea alentó a construir una “justicia algorítmica” que
garantice “la vigencia de valores éticos y humanos junto con una mayor
eficiencia”, y aseguró que “las ventajas innovativas pueden ser motor del
crecimiento si las tecnologías se aplican con sentido ético”. También sugirió
“buscar un salto de calidad, reentrenar a los trabajadores antes de
automatizarlos” e incluir en los programas de ayuda social “la capacidad
tecnológica, al tiempo que se construyen alianzas estratégicas entre los
diferentes actores sociales y la academia.”2
Argumentos oficiales a favor de la Agricultura 4.0
El
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) plantea lo siguiente en un
documento recién publicado:
“Considerando que
el nivel de adopción de la agricultura de precisión se estima entre un 25 y un
30%, el impacto de estas prácticas promovidas desde la red público/privada que
coordina el INTA genera un aumento del saldo exportable de unos 650 millones de
dólares. Valor que supera 3.3 veces el presupuesto total asignado al INTA.”3
El INTA argumenta
que la productividad que vendrá con la Agricultura 4.0 fortalecerá al mismo INTA
porque los impuestos que se van a cobrar generarían inversión vinculada al
desarrollo del sector agropecuario.
Destaca también el
papel de los colegios profesionales y su compromiso explícito con la Agricultura
4.0. Cuando se llevó a cabo el Silicon Valley Forum, la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos hizo una publicación especial en la que
expusieron sus argumentos en favor de esta agricultura. Éste discurso
corporativo de los técnicos no refleja necesariamente las necesidades de las
comunidades y de la agricultura familiar, pues no toman en cuenta la visión
campesina.
Otros argumentos
similares tienen la idea de que es importante generar estrategias para que
Argentina consolide sus sistemas extensivos de producción conviviendo con la
agricultura orgánica y celular en contextos donde se plantean modificaciones
institucionales para la introducción de la Agricultura 4.0.
Un técnico como
Sergio Feingold, ha planteado de un modo casi filosófico: “¿Qué es lo natural y
lo artificial? Hemos modificado a las plantas y animales de tal manera que se
cuestionan los transgénicos, pero no nos cuestionamos la aplicación de la
biotecnología en otros ámbitos como la salud”.4 Feingold hace estos
planteamientos para problematizar las fronteras entre lo natural y lo
artificial, y desmontar toda la idea de que podemos cuestionar la
artificialidad. Otra participación muy preocupante fue la de Dragan Macura,
cuando plantea que “el cambio climático es un desafío más y el secreto para
enfrentarlo está en el suelo […] Los microbiomas del suelo existen desde
siempre, pero ahora se los está diferenciando para poder estudiarlos en
detalle”.5 Y es que una de las argumentaciones a favor de esta “nueva
agricultura” tiene que ver justamente con esta idea de que las cosas siempre han
estado allí, y ahora simplemente lo que estamos haciendo es conocerlas mejor
para poder usarlas a nuestro favor.
Los “argumentos” del mercado
Si la gente en el
mundo quiere comer más carne entonces es necesario, por ejemplo, desarrollar la
tecnología de la carne sintética, nos dice el mercado. (La sustitución de
productos animales es una de las vertientes de las nuevas agriculturas.)
Si Argentina es una de las principales productoras de carne, también, debido al
desarrollo de su industria biotecnológica,nos insisten, tiene la posibilidad de
producir carne en laboratorio.6
Las “críticas” de los profesionales
Lo que dicen los
técnicos es interesante de analizar. Supuse que harían argumentos relativos a la
sustentabilidad, pero lo que dicen tiene que ver con el cuestionamiento de
“¿para qué la Agricultura 4.0 si tenemos un montón de técnicas que ya utilizamos
y que podrían funcionar igual?”. O bien: “… la revolución 4.0 es una moneda de
dos caras. En los próximos cinco años, destruirá 7 millones de profesiones
‘tradicionales’ en los países más avanzados del mundo, y sólo se van a generar 2
millones de puestos nuevos”.
También sostienen
argumentos como “la biotecnología y la información darán la posibilidad de
diseñar la vida de nuevo”, basados en lo que afirma el pensador israelí Yuval
Noah Harari, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Para afrontar los
desafíos del siglo XXI estamos obligados a caminar por encima del orden liberal
que conocemos y crear algo nuevo. Para ello, necesitamos también parte del orden
liberal. Si agarramos el sistema y nos negamos a cambiarlo, no seremos capaces
de afrontar los desafíos, especialmente los desafíos de las nuevas tecnologías,
la inteligencia artificial y la biotecnología”, nos indica en su último libro:
21 lecciones para el siglo XXI. Y cuestiona: “¿Qué posibilidades tenemos
de no perdernos estas tendencias y crecer?”7 Resulta interesante preguntarse en
qué medida estas reflexiones y argumentos establecen algún diálogo con las
miradas y saberes de las comunidades campesinas y la agricultura familiar. Ya
que en primera instancia parecen ser sólo reflexiones teóricas en manos de
técnicos fuera de todo contexto, y desde una pretendida superioridad epistémica.
Agricultura 4.0 en el terreno
¿Qué quiere decir
esta agricultura en concreto? ¿y si la consideramos sobre el terreno?
El 35% de las EAPs
argentinas tiene acceso a internet, de aquí podríamos predecir que el terreno de
las EAPs que usan Agricultura 4.0 es de 35%, sin embargo no es necesario tener
acceso a internet para acceder a la tecnología satelital o los drones. Puesto
que 35% es una cantidad considerable, si trasladamos ese porcentaje sobre 32
millones 700 mil hectáreas agrícolas (extensivas) de la campaña 2018/19
significan unos 11 millones 440 mil hectáreas.
La tecnología 4.0
en Argentina se utiliza sobre todo en agricultura extensiva (soja, maíz, trigo,
girasol, algodón y ahora en el norte de Córdoba hay casos de garbanzo y otros),
pero muy poco en producción de frutas u hortalizas; se utiliza casi nada en
viñedos de grandes empresas y producciones frutícolas de escala (manzana,
ciruela, limón, cereza). Se usa en la producción lechera en tambos de grandes
empresas que producen en forma concentrada, de tipo engorde a corral. En
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hay en total 55 establecimientos en producción
bajo techos, y éstos son los únicos que podrían usar 4.0.
En el caso de la
ganadería es muy escaso el uso de esta tecnología, son muy pocos los
establecimientos de engorde a corral con encierre de más de 10 mil cabezas
anuales. Menos de 2% de estos productores pueden usar 4.0. Debe haber unos 400
establecimientos en todo el país, y si bien no se cuenta con datos actualizados,
son cerca de 1 millón de cabezas encerradas sobre una faena de 12-13 millones.
Los productores dicen que la Agricultura 4.0
no tiene nada que ver con el sistema de producción agroecológica. Que la 4.0
utiliza tecnología y procesos de producción con muchos productos e insumos
químicos. Los pequeños productores la consideran parte del paquete de la
agricultura basada en químicos y maquinaria y no creen que eso sea algo que les
pueda ayudar. Por el contrario, la perciben como una amenaza para el tipo de
producción que ellos tienen. Sin embargo, algo que debe discutirse es el
planteamiento de algunos ingenieros agrónomos, que utilizan estas tecnologías,
pero dicen estar desarrollando un tipo de Agricultura 4.0 “artesanal”; y generan
prestaciones de servicios que pueden incluso prescindir del manejo de “datos
masivos” [big data] si lo deciden. Sucede incluso que algunos productores
de producción extensiva eligen contratarlos a ellos y no a las grandes empresas.
Ésta es una situación que ocurre y es fundamental discutirla de modo amplio y
participativo para explorar las limitaciones y alcances de una tecnología como
ésta en relación con las comunidades campesinas y la agricultura familiar.
Notas:
[1] Beliz es secretario de Asuntos
Estratégicos de la Nación desde diciembre de 2019.
[2] https://conexionintal.iadb.org/2018/11/27/267_e_ideas5/
http://www.cpia.org.ar/agropost/201902/nota16.html
[3] https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-agricultura-y-ganaderia-de-precision-octubre-2018.pdf[4] Ibid
Consideremos porqué caracterizar como
criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza al PEA2020 y a todas las
políticas de estado (sea bajo gestión neoliberal sea progresista) de expansión
de todos los otros extractivismos que han implantado el poder económico
territorial de oligopolios imperialistas con socios menores en los locales: en
forma de contrarreforma agraria integral.
Mucha tierra en pocas manos: el arrasamiento de la vida
28 de mayo de 2020
#Biodiversidad104 |
El agronegocio ha significado el avance paralelo del acaparamiento de tierra
(que provoca una injusta distribución agraria), de los cultivos transgénicos y
de la deforestación que detona una pérdida de millones de hectáreas de
bosque. En 30 años desparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los
más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Como
efecto directo pero no considerado por las corporaciones, surgen los
descontroles climáticos a nivel global y los territorios de sacrificio.
Darío Aranda,
Agencia de Noticias Biodiversidadla, abril de 2020
En el Cono Sur se desarrolla una reforma
agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen
casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay
y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se
agravó el problema. Ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó esta
injusticia. El avance territorial empresario implica represión y asesinatos. Por
supuesto, la Vía Campesina exige reforma agraria popular.
En Argentina desapareció el 41% de las
explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2018. Son 169 mil chacras, según datos
oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó
la superficie promedio de las fincas. De 469 hectáreas pasó a 690 hectáreas. Se
confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1% de las explotaciones
agropecuarias controla el 36.4% de la tierra. Mientras que 55% de las
explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2.2% de la tierra.
En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron
18 mil 300 fincas. Pero aumentó la superficie cultivada en siete millones de
hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya
Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91%
de las fincas pero cuenta con sólo el 6% de la superficie. El agronegocio abarca
3% de las fincas, pero controla 85% de la tierra del país.
En Bolivia la injusta distribución de la
tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, con base en
datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentra 83% de las UPA
(Unidades de Producción Agropecuaria), y la enorme mayoría son de base
campesina-indígena. En esas regiones está el 38% de la superficie cultivada del
país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica 16%
de las unidades productivas, que abarcan el 62% de la tierra cultivada del país.
En Uruguay desapareció 40% de las
explotaciones de menos de 20 hectáreas y 31% de las explotaciones menores a 100
hectáreas. Mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2500
hectáreas. Sucedió entre 2000 y 2011 e implicó la desaparición de 12 mil 241
chacras.
Pablo Galeano, de las organización
Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de
fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual
cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendarle a
los grupos de empresarios (pooles de siembra). Quien era productor pasó a
convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y
Bolivia.
En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró
que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por
parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5 millones 072 mil 152
establecimientos agrícolas, en 350 millones 253 mil 329 hectáreas. En
comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16.5 millones de
hectáreas, pese a la desaparición de 103 mil 484 unidades productivas. Brasil
cuenta con 3287 fincas que controlan el 47.5% de la tierra cultivada (166
millones de hectáreas).
Avance territorial
En números redondos Argentina pasó de 6
millones 600 mil hectáreas con soja (convencional) en 1996, y alcanzó los 20
millones 500 mil hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4
millones 100 mil hectáreas en 1996 a 6 millones 900 mil hectáreas en 2015.
Paraguay creció de 1 millón 100 mil hectáreas con soja en 1997 a 3 millones 400
mil en 2018. El maíz llegó a un millón de hectáreas en 2016 desde un piso de 356
mil 600 hectáreas en 1997. En Bolivia se pasó de 200 mil hectáreas con soja en
1990 a 1 millón 200 mil en 2017. Uruguay pasó de 9 mil hectáreas con soja en el
año 2000 a 1 millón 100 mil en 2018. A fines de los noventa Brasil contaba con 3
millones de hectáreas declaradas. En 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.
El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que
estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que
eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.
En Argentina los territorios campesinos
indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las
provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del
Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, y Catamarca.
El informe oficial “Relevamiento y
sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en
Argentina”, de 2013, señala un piso de 9 millones 300 mil hectáreas en
conflicto.
En Bolivia el avance del modelo sojero se dio
sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres
décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una
de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se
expandió más de seis veces.
En Paraguay se avanzó sobre los territorios
campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa.
Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.
En Brasil la primera fase de avance
transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Desde Río
Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de
agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de “Matopiba”, 73 millones
de hectáreas que incluye Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.
Violencia
En las últimas décadas se repitieron hechos de
criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente
el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el
asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017
contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina,
considerada por la ONG como la “región más peligrosa del mundo para las y los
defensores” del ambiente. Tan sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.
El agronegocio avanzó con violencia: en
algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judiciales cómplices, en
otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada Masacre de
Curuguaty, en Paraguay, una matanza ocurrida el 15 de junio de 2012, donde
fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo
irregular.
La masacre ocurrió en la finca llamada Marina
Kue, en Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y
policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que
ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la
sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces,
fiscales y la policía estuvo marcada por la ilegalidad y la violación de
protocolos de actuación, lo que se documentó en el Informe de derechos
humanos sobre el caso Marina Kue. Incluso se confirmaron violaciones de
garantías elementales de los detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de
siete campesinos.
La masacre fue utilizada por la clase
propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el
entonces presidente Fernando Lugo.
Once campesinos permanecieron injustamente
presos durante seis años, hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia revocó la condena.
Base-Is explica que la criminalización en
Paraguay es de las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se
identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50
condenados.
Un hecho histórico de violencia en Brasil
sucedió el 17 de abril de 1996, cuando veinte miembros del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar
del estado de Pará. La Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y
exigencia de justicia, movilizando a comunidades campesinas en todo el mundo. Y
declaró el 17 de abril como “Día Internacional de la Lucha Campesina” para
mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.
En 2017 se contabilizaron en Brasil 28
asesinatos de personas que resistían el avance del agronegocio. Según la
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, organización referente en todo lo referido
al estudio de la lucha rural), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia
contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118 mil familias afectadas.
La violencia contra campesinos, indígenas y
activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado
parlamentario contra Dilma Rousseff (2016).
La deuda eterna
Desde el nacimiento de La Vía Campesina como
movimiento internacional una de sus banderas principales fue la reforma agraria.
El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el
siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas
particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años: nos
muestran que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas
agrarias” con el fin de mercantilizar la tierra y, finalmente, entregar esas
parcelas a grandes empresas.
Un punto de inflexión se dio en 2016, en la
Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El
documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente
alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la
agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los
medios masivos de comunicación”.
Se concluyó con un llamado de La Vía Campesina
a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino
también para los sectores populares urbanos, “ambos víctimas del acaparamiento
de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló
que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y
viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los
derechos humanos.
“La nueva propuesta es por una alianza
política entre los trabajadores del campo y la ciudad [...] En el campo, éstos
son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los
pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños
productores de alimentos; en la ciudad, quienes habitan las barriadas y las
favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de
las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.
La reforma agraria popular no plantea sólo la
entrega de tierras. Es crucial la participación protagónica de los sectores
involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo,
créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural,
acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco
global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el
territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities
para exportación.
Arrasar con la vida
En paralelo al avance del modelo sojero en el
Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente
a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u
ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-Chem
China. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado
como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.
Millones de hectáreas
El avance transgénico tuvo su correlato de
devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5 millones 600 mil hectáreas
de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron
Santiago del Estero (1 millón 800 mil hectáreas), Salta (1 millón 400 mil),
Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al modelo
agroindustrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.
La Fundación Tierra de Bolivia precisó que ahí
se arrasaron 5 millones 100 mil hectáreas entre 1990 y 2016. La mayor
deforestación fue en Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas
agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La
Paz y Chuquisaca.
En Paraguay, entre 2001 al 2017, se
destruyeron 5 millones 400 mil hectáreas. Base-Is explicó que el desmonte
mayormente se produjo en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes,
Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde
se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.
En Brasil se desmontaron 19 millones 100 mil
hectáreas entre 1990 y 2019. Sobre todo en la llamada Amazonia Legal, un área
que engloba los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins y Mato Grosso, y una parte de Maranhao, todos pertenecientes a la
cuenca amazónica.
Un elemento fundamental, muchas veces
silenciado por organizaciones conservacionistas, es que en los territorios con
bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores, familias.
Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte
nativo.
Los millones de hectáreas devastadas fueron
transformadas en monocultivos. Las cifras están al principio de este texto.
Otro monocultivo, mismo modelo
Uruguay es un caso muy particular en el avance
del agro sobre sus bosques. La Ley 15939 (de 1987) prohíbe la tala de monte
nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la
Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. Así, la
superficie de monte pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la
ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del
monocultivo de árboles, parte del modelo agroindustrial. En 1987 la superficie
de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46 mil hectáreas. En 2017
llegó a las 2 millones 200 mil hectáreas. Esto implicó acaparamiento de tierras,
uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias
de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de
capitales finlandeses.
Región chaqueña
La ONG paraguaya Guyra analiza la situación
del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia.
Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011
contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en
2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2 mil hectáreas diarias. A modo
global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1 millón 600 mil hectáreas.
Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruidas.
En junio de 2018, último informe mensual
disponible, detectaron 34 mil hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas
por día. Argentina representó el 80% y Paraguay el 18%.
“Monitoreo desmonte”, es un sitio web
colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de
Argentina, en doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo
agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la
década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5
millones 700 mil hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas
de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y
están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este
proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la
preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales
asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red
Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y
Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley
de bosques” (26331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la
ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2 millones 400 mil
hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
El 80% de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero,
Salta, Formosa y Chaco.
Crisis climática
Además de las emisiones de gases con efecto de
invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido
de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del
planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129
millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica. El
agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la
destrucción de esos bosques.
“Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, es
el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019.
Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático,
sanitario y social.
Desde 1880 la temperatura mundial aumentó
entre 0.8 y 1.2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de
los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015)
establece que los países firmantes deben adoptar acciones para que la
temperatura del planeta no aumente por encima del 1.5 grados centígrados. Fue (y
es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de
consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la
extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de
Kioto, Japón, en 1997) y proponer “falsas soluciones” (monocultivo de árboles,
bonos de “compensación” para contaminar, geoingeniería para modificar el clima,
entre otros).
Las grandes potencias económicas del mundo
comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos
responsables de la crisis climática, del aumento de la temperatura global y los
consiguientes desastres ambientales: el 76% de las emisiones del dióxido de
carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países
del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión
Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.
El informe de la ONU es concluyente: “Las
actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y
socavado los cimientos ecológicos de la sociedad”. Aclara que es necesario
“adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir
esa situación y proteger así la salud humana y ambiental”. Algunas de las
medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de
biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el
cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya,
directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: “Estamos causando el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas
personas, a menos que nos detengamos”.
Este artículo es
parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado
con el apoyo de Misereor. La versión completa de los textos que lo conforman
pueden hallarse en
biodiversidadla.org.
Pueden descargar el Atlas del agronegocio transgénico en el
Cono Sur en:
www.biodiversidadla.org/Atlas
- Para descargar el
artículo en PDF, haga clic en el siguiente enlace:
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Mucha-tierra-en-pocas-manos-el-arrasamiento-de-la-vida
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