Con poder territorial de
sus pueblos y comunidades.
Nos
exige comenzar por prestar atención al del Partido Justicialista, al de la Unión Cívica Radical y
al de
sus derivados hasta el actual del PRO. Necesitamos dejar de naturalizarlos
para asumir su devenir en:
Multiplicación de democracias de baja intensidad en toda la Argentina y profundización de las ya
existentes. Sucede conforme a los intereses lucrativos de la alianza de
capitales y estados imperialistas con los locales que va expandiendo los
enclaves e IIRSA-COSIPLAN.
A fin de ir aproximándonos a su percepción (conocimiento y
posicionamiento correspondiente), cabe tener en cuenta la labor K que
vigorizó la creencia popular en el antagonismo irreconciliable de la
democracia con la dictadura y la afirmó, aún más, institucionalizando a la mayoría de los
organismos de derechos humanos. También modeló el desprecio al "que se vayan
todos" de fines del 2001 por rechazar el sistema político y la democracia
representativa. Ahora brega por convencer que el gobierno de Macri "implicó
una ruptura con el proyecto kirchnerista inaugurado en mayo del 2003 por
Néstor Kirchner y continuado por su esposa Cristina Fernández de Kirchner".
Con semejante aseveración
Rossi
no sólo olvida el
balotaje entre dos derechas después de doce años del Kirchnerismo ejerciendo
control político e ideológico sino además que Néstor Kirchner no inauguró. Prosiguió con la
recomposición del patrón de acumulación gran capitalista que estableciera
Roberto Lavagna como ministro de Duhalde y luego suyo. Consideremos:
Argentina, a un año del
gobierno de Mauricio Macri
“Democracia de baja intensidad”
“Democracia de baja intensidad”
25 de noviembre de 2016
Sergio Ferrari
La asunción de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina el 10 de diciembre
del 2015 implicó una ruptura con el proyecto kirchnerista inaugurado en mayo del
2003 por Néstor Kirchner y continuado por su esposa Cristina Fernández de
Kirchner. A pesar de la retórica pacificadora de la Alianza Cambiemos durante la
campaña electoral, la tensión política no ha desaparecido en la sociedad
argentina en estos últimos doce meses. En la actual pugna entre el gobierno y la
oposición no se dirime solamente un proyecto de país sino también el concepto
mismo de lo que es la democracia y la política. Así lo enfatiza Agustín Rossi,
diputado en el Parlamento del Mercosur, ex diputado nacional por el Frente para
la Victoria (FpV) y ex ministro de defensa del Gobierno de Cristina Kirchner
entre 2013 y 2015. Entrevista exclusiva.
P: ¿Qué es la política para el actual gobierno?
Agustín Rossi: Tiene
un profundo desprecio por la política. Desde su inicio, el discurso oficial
intentó identificar a los militantes políticos con “ñoquis”, (ndr:
aprovechadores del Estado). Crítica conceptual que viene de un gobierno donde
los principales ministros y muchos funcionarios son o han sido CEO de grandes
empresas multinacionales. El modelo macrista no imagina la política como
herramienta de transformación de la sociedad. En la práctica, promueve una
democracia de baja intensidad, es decir con muy escasa participación. Y que
incluye un esquema que se nutre en el acuerdo con los poderes corporativos,
donde éstos imponen las condiciones. El gobierno prioriza el protagonismo de
dichos poderes corporativos. Es decir, el interés empresarial por sobre el
interés general. Protegido, además, por los grandes grupos mediáticos. (...)
Leer
Sobre la falsedad de "la política K como herramienta de transformación de la sociedad" examinemos dos ejemplos que, en simultáneo, ilustran la democracia constantemente perfeccionada para la expansión de invasiones imperialistas sin guerra. También muestran el bloqueo totalitario a la protesta social contra el avasallamiento de derechos humanos. Aplastamiento al protagonismo popular que existe fundamentalmente en las provincias periféricas donde el extractivismo ha fortificado sus semifeudos con origen primero en los latifundios y exportación de la potencia colonial. Cabe más aún recordar que fueron colapsados por implementación del Consenso de Washington a cargo de Cavallo-Menem-Partido Justicialista y la colaboración de la UCR.Gioja: El lobista de oro de Barrick GoldOctubre de 2015
El derrame de un millón de litros de cianuro por parte de Barrick Gold en el rio
Jáchal provincia de San Juan, volvió a poner la íntima relación entre la minera
y el gobernador José Luis Gioja.
En esta investigación exclusiva te contamos como durante 25 años, primero como
diputado, luego como senador, y finalmente como gobernador, el mandatario cuyano
fue un gran protector de los negocios Barrick en Argentina. Enumeramos, con
detalles, cada una de sus acciones políticas, que llegaron hasta permitirle a
Barrick que al oro extraído en Chile, lo procese en nuestro país, con agua
Argentina, pero tribute en Chile, dejando acá sólo la contaminación, sobre la
Cordillera, gran reservorio de agua dulce del mundo.
Por Lázaro Llorens y Javier Llorens.
“No hay ninguna contaminación del Río Jáchal” aseguró
el gobernador José Luis Gioja,
ni bien comenzó a hacerse pública la noticia de contaminación del río Jachal por
parte de la minera Barrrick Gold en
la provincia de San Juan. “Hay que
tratar estos temas muy seriamente, porque sabemos lo que circula por las redes
sociales. Quienes quieran tergiversar esto o llevar agua para su molino usándolo
políticamente, se van a equivocar”, amenazó el mandatario cuyano, uno de los
defensores número uno de la minería a cielo abierto en Argentina y de los
emprendimientos de Barrick Gold.
Gioja, máxima autoridad pública de San Juan, se equivocaba. Hubo contaminación y mucha. Así lo constató la prestigiosa, Universidad Nacional de Cuyo -UNCUYO-quien encontró residuos altamente peligrosos 14 veces más lo permitido en elsuministro de agua local en la localidad de Jácha. “El vertido furtivo del 13 de septiembre producido por la minera Barrick en Veladero contaminó al agua de los ríos de deshielo. Se encontraron aluminio y manganeso (en gran proporción), además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos” detallaba el informe de la UNCUYO.
Claro que nada es casual. Durante estos últimos 25 años, primero
como diputado, luego como senador y finalmente como gobernador, Gioja ha sido el
gran lobista de Barrick en Argentina, implementando una serie de políticas,
a favor de la multinacional, cuyos dueños son grandes fondos de inversión
estadounidenses. Entre estas: la aprobación de media docena de leyes a favor de
la gran minería; el derrocamiento del gobernador radical Alfredo Avelín; la
entrega de los Hielos Continentales a Chile; la aprobación del Tratado Minero
con Chile redactado por Barrick, la firma del proyecto binacional “Agua Negra”;
la aprobación del proyecto Pascua Lama, y el más grosero, el veto a la primera
Ley de Glaciares aprobada en el 2008, renombrado como “el veto de la Barrick”.
Hecha la ley, hecha la megaminería
Actualmente, los vitales metales como oro, plata, el cobre y otros, escasean en
el mundo. Sólo se encuentran diseminados adentro de la montaña, en ínfimas
proporciones. En el caso del oro, en el orden de un gramo por tonelada de roca.
En ese marco, sintéticamente, la minería a cielo abierto, consiste en dinamitar
la montaña, moler la roca en enorme molinos hasta reducirla casi a polvo, y
finalmente rocíarla con cianuro para producir la separación del metal de la
roca. Este proceso se lo conoce como lixiviación y termina con el cianuro en un
gran dique de cola, en alta montaña, protegido por una membrana supuestamente
impermeable, que queda como secuela más peligrosa de todo el proceso.
En Argentina, estos emprendimientos comenzaron a instalarse a mediados de los
noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, del cual Gioja fue una de sus
principales espadas en el congreso. Para su radicación, un paso fundamental fue
el establecimiento de su marco legal. Es decir las leyes que regularían este
millonario negocio. Al respecto, como si fuese un maravilloso logro, el propio
Gioja en su sitio web, www.joseluisgioja.com, enumera las principales leyes
favor de las grandes mineras y Barrick que contaron con su participación como
diputado y senador de la Nación. Estas fueron:
·
Ley de Inversiones Mineras (24.196).
·
Ley de Reordenamiento Minero (24.224).
·
Ley de Modificación de Código de Minería (24.498).
·
Ley de creación del Sistema Nacional de Comercio Minero (24.523).
·
Ley de Creación del Parque Nacional San Guillermo en la provincia de San Juan
(25.077).
·
Ley de definición el valor de bocamina (25.161).
Como un detalle, esta última Ley, la 25.161, definió el valor del metal en la
boca de mina. Mediante ella, siendo senador Gioja logró la gran proeza anti-argentina
de reducir el ínfimo canon minero que cobra el Estado establecido un 3 %, a la
mitad. Para ello, en dicha Ley, aprobada por el Congreso, como senador Gioja
logró que se descontaran de ese 3%, todos los costos de transformación,
incluidos fletes al lugar de destino. De esta manera, favoreciendo enormemente a
las mineras, logro reducirlo a un casi insignificante… ¡1,5%! Eso es lo que le
deja una empresa minera al estado Argentino, por llevarse el oro y dejarnos el
cianuro en la Cordillera.
“Hace
relativamente poco tiempo que la Argentina está en la consideración mundial como
una de las últimas fronteras mineras del mundo, es decir como uno de los grandes
puntos del globo de grandes yacimientos mineros prácticamente vírgenes. Pero un
inadecuado marco jurídico para esta actividad y la crónica inestabilidad
institucional conspiraron siempre en contra del desarrollo de la gran minería en
el país”,
dijo al respecto Gioja, en el congreso, para justificar estas generosidades a
favor de las mineras.
“Conscientes de esta realidad se encaró la política de desarrollo minero en la Argentina como una cuestión de Estado, por encima de toda diferencia partidaria. Una acción concertada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo nos permitió establecer un nuevo y moderno marco legal en concordancia con la transformación económica del país que se operó en esta década. Fueron sancionadas una serie de leyes, desde la de Inversiones Mineras, que marcó el camino, hasta la modificación del Código de Minería, incorporando la Ley Ambiental para la actividad productiva minera” añadió el gobernador sanjuanino.
Y no exageraba. Gracias a esas leyes, que regulan la producción metalífera, en
nuestro país las grandes mineras multinacionales, gozan de un rosario de
beneficios impositivos y fiscales que no goza ninguna PYME argentina.
Entre
estos:
·
Estabilidad fiscal por 30 años.
·
Amortización acelerada de capital.
·
Doble deducción del IVA.
·
Deducción del 100% impuesto a las ganancias por lo invertido en la etapa de
factibilidad del proyecto.
·
Exenciones de aranceles y tasas aduaneras.
·
Autorización para liquidar el 100% de sus divisas en el exterior.
·
Potestad para deducir del impuesto a las ganancias los gastos por remediación
ambiental.
·
Exención del impuesto a las ganancias en las utilidades obtenidas por
capitalización de sociedades.
·
Pago del 3% de regalías a los cuales hay que descontarle los costos del
extracción.
·
Exención 100% del impuesto a la ganancia mínima presunta.
·
Capitalización hasta un 50% en las apreciaciones de reservas mineras.
·
Subsidios energéticos.
Este rosario de beneficios, el actual gobernador sanjuanino, casi como un
empresario minero, lejos de ocultarlos, los defiende a ultranza destacando: “hoy
podemos decir con orgullo que contamos con una legislación minera clara,
precisa, coherente, que garantiza transparencia, previsibilidad y seguridad;
valores que son indispensables, para atraer grandes capitales a esta actividad
(…) En 1992 sólo cuatro empresas extranjeras operaban en el país. Hoy son más de
ochenta las empresas que están radicadas en la Argentina, entre las que se
ubican las de primer nivel en el orden mundial”.
Barrick en San Juan
De todas las leyes que Gioja aprobó a favor de la gran minería, la principal es
la Ley 24.196, más conocida
como Ley de Inversiones Mineras. Esta fue aprobada en 1993 durante el gobierno
de Carlos Menem, que Gioja
integraba como diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería del
congreso.
Inmediatamente después de su aprobación, en septiembre de 1994, con el giño de
Gioja, Barrick Gold desembarcó en San Juan. Lo hizo a través de una compañía
subsidiaria “Minera Argentina Gold S.A.”, para explotar el yacimiento de
oro Cerro Veladero, donde se
rompió la cañería del circuito de cianuro. También ese año, Barrick puso
había puesto su primer pie en Pascua Lama, al adquirir en Chile las acciones de
la minera LAC Minerals Ltd.
Compañía aurífera que tenía en la Tercera Región de ese país, en la zona de
Pascua, un pequeño yacimiento que luego por las necesidades de agua, se expandió
hacia el lado argentino, en la provincia de San Juan, dando nacimiento al primer
yacimiento binacional del mundo: Pascua-Lama.
Por ese entonces, San Juan estaba gobernada por el empresario
menemista Jorge
Escobar, un polémico mandatario que en 1992 había sido destituido por
“delitos contra la
administración pública”, pero que en 1994, en el mismo momento en que
Barrick hacía su desembarco en San Juan, logró retornar al poder, gracias a un
polémico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controlada por el
menemismo.
El “arquitecto” político de Escobar era Gioja. Fueron justamente ellos dos
quienes, a principio de los noventa, comenzaron a realizar continuos viajes a
Canadá y Australia, para reunirse con ejecutivos de Barrick Gold y poder
concretar los dos proyectos mineros que tienen en San Juan: Cerro Veladero y
Pascua Lama. Así nacía “San Juan Minero”.
La entrega de Los Hielos Continentales a Chile
Claro que no todo fue color de rosa Gioja y Barrick. Para poder llevar adelante
el proyecto binacional minero de Pascua Lama, donde se planea sacar el oro de
Chile, trasportarlo hasta la Argentina, para acá procesarlo, y luego tributar en
Chile, se necesitaban aceitar las relaciones con los chilenos, resolviendo
algunos históricos conflictos.
Con ese propósito, en 1998, Gioja, que en ese entonces había saltado al senado
de la Nación, tuvo que interceder para que el congreso controlado por el menemismo, aprobara el polémico y famoso acuerdo entre Chile y Argentina por Los
Hielos Continentales Patagónicos.
Este acuerdo había sido firmado por los presidentes Carlos Menem –Argentina- y Patricio Alwyn –Chile-. Vino a poner fin a un largo pleito entre Chile y Argentina de más de 100 años, donde nuestro país tenía todas las de ganar. Consintió en la entrega de más de 1.000 kilómetros cuadrados de superficie de hielo que pertenecían a la provincia de Santa Cruz, y que hoy son una de las reservas de agua dulces más importante del mundo.
“Nos
encontrábamos en los años ´90 con 23 conflictos no resueltos con Chile. Se
resuelven 22 coordinadamente y sin perjuicios para ambos países, pero surge un
problema en los Hielos Continentales (Santa Cruz)… En 1990, se reúnen los
presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin, y dan instrucciones para la
demarcación. Esta se concreta en julio de 1991, donde Argentina decide hacer una
poligonal… Esta fue aprobada por mayoría en el Senado (en 1998), en la que uno
de los principales expositores fue el actual gobernador de José Luis Gioja”, relató
el por entonces senador de San Juan
Alfredo Avelín, autor del libro “Hielos
Continentales Patagónicos: la Historia nos Juzgara”.
En esa oportunidad, Avelín acusó públicamente a su coterráneo Gioja de ser un “instrumento de la Barrick”, denunciando que esa entrega a favor de Chile era para hacer viable el emprendimiento binacional de Pascua Lama de Barrick. También relató que el acuerdo con Chile fue aprobado, violando la Constitución de Santa Cruz, que taxativamente prohibía esta entrega; omitiendo los informes de Instituto de Hielos Continentales Patagónicos; y omitiendo 67 pedidos de informes que había sobre este tema. “Preguntando a sectores de Cancillería nos dicen que la decisión de la poligonal fue política (…)” detalló el senador Avelin.
Sobre esta acusación, fue el propio Gioja desde
el Senado quien, en momentos que se aprobaba el polémico acuerdo, se encargó de
explicar los motivos “políticos” que empujaban de esa entrega. “El
acuerdo fue esencialmente político (…) El camino de la integración
argentino-chilena tenía una piedra en el zapato. Y esa piedra era precisamente
este problema de los Hielos Continentales. Por ejemplo, esa piedra se hace
llaga, luego se infecta y te puede costar un pie o la vida, y esto a nosotros
nos puede costar la integración. Creo que el acuerdo es lo más maduro que hay. Y
lo demuestran los hechos. Estamos pasando por un momento espectacular en las
relaciones con Chile (…) Esto ha abierto muchos beneficios como el tratado de
integración minera que está firmado por el Poder Ejecutivo y yo calculo que en
el presente período legislativo va a hacer aprobado por ambos parlamentos”,
explicó Gioja en su alocución parlamentaria.
Aun así, sus explicaciones no convencieron a Avelín ni tampoco a la actual
presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
actual socia política de Gioja,
que por ese entonces era senadora nacional por la provincia Santa Cruz. Mediante
un duro informe de 52 páginas, desechó el convenio sosteniendo que “la
integración con Chile es algo cotidiano, fundada en la convivencia diaria en
nuestra región”, por lo tanto no se justificaba, bajo ningún concepto, la
entrega de Los Hielos Continentales.
El “Tratado Minero” de Barrick
Un año después de entregar Los Hielos Continentales a Chile, en 1999, desde el
senado Gioja ayudó a Barrick a dar otro paso fundamental.
Fue con la aprobación
del controvertido “Tratado
sobre Integración y Complementación Minera con Chile”, cuyo exclusivo
propósito era consolidar el emprendimiento Pascua Lama.
Este acuerdo, firmado por Menem y Eduardo Frei, no sólo fue un traje hecho a medida de los intereses auríferos que Barrick tiene en Pascua Lama, si no que tal como se conoció después, había sido redactado por la propia Barrick. Así lo reconoció Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia, dos ejecutivos de la empresa en Chile, ante el senador chileno Jorge Lavandero, presidente de la comisión de minería del senado de ese país, quienes en un increíble arrojó de sinceridad afirmaron: “Fue la Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina.”
Sintéticamente este tratado, lo que hizo fue destruir las fronteras políticas
que separaban Chile de Argentina, y generó un nuevo país llamado “área de
operaciones”, dentro del cual, Barrick Gold puede utilizar de manera
indistinta, todo los recursos naturales que hay en esa zona (agua o minerales)
sin importar el país de origen. A su vez dispuso que los tributos del oro
extraído en Chile, y procesado en Argentina, se pagaran en Chile.
“A lo largo de la Cordillera de los Andes, Argentina y Chile comparten numerosos yacimientos que, por una cuestión de costos o por restricciones legales, en las zonas fronterizas son inviables, a menos que sean explotados desde ambos países, en forma integrada y complementaria. Entonces, ello motivó que se iniciaran las conversaciones para encontrar las soluciones” destacó Gioja, desde su banca en el senado, hablando casi como un ejecutivo Barrick. “Es una iniciativa formidable, cuya aprobación tendrá una influencia decisiva en la calidad de vida de muchísimos argentinos, entre ellos los que habitan regiones empobrecidas y aisladas del país” agregó.
Nuevamente, uno de los pocos que se opuso a este nuevo tratado con Chile, fue el
doctor Avelin, que por ese entonces, con un discurso antiminería, había sido
electo gobernador de la provincia de San Juan por la UCR. “Queremos
integrarnos con Chile y con todos los países; integrarnos en forma económica,
espiritual, cultural y social… Pero también hay que tener en cuenta todas estas
cosas para que no equivoquemos el camino y para que sigamos defendiendo el
patrimonio geográfico, el patrimonio cultural, el patrimonio de nuestra propia
identidad…¿Sabe lo que se ha globalizado? La corrupción y las estructuras
supranacionales para ser dependientes de los grandes países… Una vez que asuma
como gobernador de la provincia de San Juan el 10 de diciembre, vamos a aplicar
la estabilidad jurídica, sin coimas, sin corruptela, sin que se convierta la
política en negocio, sino con la transparencia y virtudes republicanas que
tenemos que mostrar porque es la única forma de dar garantías a los inversores” advirtió
Avelín.
Avelín gobernador, problemas para Barrick
Con un discurso antiminería, en mayo de 1999, Avelín, un viejo caudillo radical,
medico de profesión, le arrebató al peronismo imprevistamente la gobernación de
San Juan imponiéndose por más de 15 puntos. Como era de prever, y lo había
anticipado en sus discursos como senador, su llegada a la gobernación sanjuanina
implicó un duro revés para Barrick, que justo ese año tenía previsto comenzar
sus actividades en su codiciado yacimiento Pascua Lama por el que tanto había
bregado.
Este distanciamiento esta en el sitio web de Barrick Gold –http://www.barricksudamerica.com-.
Allí se observan las sucesivas trabas administrativas con que se encontró
Barrick, luego de la llegada del doctor Avelín, para poder avanzar con el de
Pascua Lama.
Comenzó el 2 de agosto del 2000 con el expediente 0292-B-00 donde
Barrik Gold presentó ante las autoridades de San Juan su primer Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), fundamental para poder empezar con la explotación del
yacimiento. El mismo fue objetado, en lo que respecta a sus diques de cola de
cianuro. Por eso, la empresa minera debió presentar la “Addendum N° 1”
especificando algunas cuestiones.
Cuatro meses después, el 21 diciembre del 2000, ante nuevos cuestionamientos,
Barrick Gold tuvo que presentar la “Addendum Nº 2” “Balance de Aguas”. En ella la multinacional
canadiense respondió una serie de precisiones respecto al uso de agua. Uno de
los puntos más controvertidos que tiene el proyecto de Pascua Lama dado que será
Argentina la única proveedora de este vital recurso.
Luego, el 30 Marzo 2001, mediante la “Addendum
N° 3”, la
corporación minera tuvo que efectuar otra ampliación más en relación a los
peligrosos diques de cola. Y otras más el 1 Octubre 2001, dando más precisiones
sobre el uso del agua en el proceso de extracción. A partir del allí la relación
se cortó. “Durante este primer
proceso, -de Pascua Lama- las autoridades de la provincia, coordinadas por el
Departamento de Minería, solicitaron información complementaria en cuatro
oportunidades. Barrick respondió tales requerimientos a través de la
presentación de informes (o addendum) con antecedentes adicionales, el último de
ellos en octubre de 2001”explica textualmente, la empresa, en su sitio web.
El derrocamiento de Avelín
Urgidos por la necesidad de comenzar con Pascua Lama, al comprobar que el
gobierno del doctor Alevín oponía trabas administrativas al proyecto,
aprovechando la feroz crisis del 2001, que se llevó puesto cinco presidentes en
pocos días, comenzaron las maniobras de desestabilización en contra el viejo
caudillo radical, que para una gran mayoría, por la grave crisis política
reinante en el país, pasaron casi inadvertidas.
“José Luis Gioja es un golpista. Un hombre que hizo un golpe de estado
institucional para derrocar a un gobernador legítimamente elegido por el pueblo,
el Dr. Alfredo Avelín”, denunció
al respecto Alfredo Avelín hijo del
ex gobernador de San Juan ya fallecido. “Gioja
hizo un boicot contra el gobierno de mi padre porque nosotros no queríamos que
entrara la megaminería con lixivación de cianuro cielo abierto. Que lleva a una
posible contaminación de la tierra y el agua que son nuestras reservas” añadió.
El boicot comenzó desde el Gobierno Nacional, a cargo del ex presidente Eduardo
Duhalde, quien durante todo el 2002,
le pisó a la provincia de San Juan los recursos de la coparticipación y los
planes sociales “Jefas y Jefes”, que había implementado para apagar el
incendio social apenas asumió. Por eso, el clima social que se vivía en esa
provincia era casi irrespirable. A punto tal que a mediados de ese año, por los
graves estallidos sociales que se dieron en esa provincia, Gioja debió encabezar
una reunión de urgencia, en plena madrugada, en Casa Rosada, donde se autorizó
el envío de 12 millones de pesos
en Lecop para pagar una parte de
los salarios atrasados a los empleados públicos sanjuaninos, para evitar que San
Juan se incendiara.
Eran momentos donde el gobernador Gioja tenía mucho poder político. Dado que
luego de la renuncia del presidente de la Alianza Fernando De la Rúa a fines del
2001, el sanjuanino había logrado quedarse con la presidencia de la cámara del
Senado. Con lo cual, en los hechos, era un virtual vicepresidente, dado que tras
las sucesivas renuncias de Carlos “Chacho” Alvarez y De la Rua, este cargo quedó
bacante durante toda la presidencia de Duhalde. De esa manera en diciembre del
2002, durante el viaje de Duhalde a Brasil para la asunción de Ignacio Lula da
Silva, el actual gobernador de San Juan llegó hasta ejercer la presidencia de la
Nación.
Y este poder, Gioja, empujado por Barrick, lo hizo sentir. Hasta que en
septiembre del 2002, agobiado por la crisis económica, Avelín fue destituido por“incumplimiento
de los deberes de funcionario público”, al no poder pagar los sueldos a sus
empleados públicos. Así, la gobernación quedó en manos Ubaldino
Acosta, un político de otra extracción partidaria, quien tuvo como asesor
número uno al senador Gioja. De esta manera, Barrick volvía a respirar
tranquilo.
Gioja Gold, un hombre de oro
Tras la destitución de Avelin, con algunas reformas, de la mano de Gioja, los
proyectos de Barrick comenzaron inmediatamente a reactivarse en San Juan. El 14
marzo 2003, cinco meses después de la destitución del gobernador radical,
Barrick Gold presentó ante el nuevo gobernador Acosta el “Plan Corporativo
de Barrick”.En él, la empresa indicaba que antes de comenzar con el
proyecto Pascua-Lama, iba a comenzar con el desarrollo del yacimiento de Cerro
Veladero, donde acaban de ocurrir los volcamientos de cianuro, y que para ello,
según su prospecto iba a actuar sobre los glaciares que hay, en la zona como se
puede ver en la imagen abajo.
Este cambio de planes tenía como objeto empatizar con el pueblo sanjuanino que
hasta ese entonces, en su gran mayoría, rechazaba la minería a cielo abierto. El
objetivo principal seguía siendo Pascua Lama, donde para poder explotar el oro
chileno, Barrick Gold se vio obligada a avanzar sobre el agua argentina, donde
quedaran para siempre los desechos industriales en la Cordillera de los Andes
con enormes diques de cianuro. Y donde además, según denuncias, también se
afectaron los glaciares.
Tras cartón, en octubre de ese año, con el 41%
de los votos, Gioja, a esa
altura un gran lobista de Barrick, se consagró gobernador de San Juan, cargo que
retiene hasta el día de la fecha. Tres días antes de asumir, en noviembre del
2003, el gobernador interino Acosta, asesorado por Gioja, con una velocidad
inusitada, aprobó sin observación alguna el Estudio de Impacto Ambiental del
nuevo proyecto de Cerro Veladero, que se componía por seis extensos tomos.
Sin dudas la llegada de Gioja a la gobernación marco un antes y un después para Barrick. Un año después de su asunción al cargo, 12 Noviembre 2004, mediante el expediente 414.0657-B-04 Barrick Gold presentó ante el gobierno sanjuanino, un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para su anhelado proyecto binacional de Pascua-Lama. A la velocidad de un rayo, el mismo fue sometido a dos consultas públicas. La primera se realizó el 5 de febrero del 2005, en plenas vacaciones. La segunda, el 30 de diciembre del 2005, en plenas fiestas.
Luego de esas audiencias, el 14 de diciembre del 2006, dos años después de la
llegada de Gioja al poder, el gobierno de San Juan mediante la
Resolución 121/06, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama. De
esta manera, gracias a la tenaz labor de Gioja, en tan solo tres años, logró que
los dos principales proyectos que Barrick tiene en Argentina, Cerro Veladero y
Pascua Lama, estuvieran listos para comenzar a operar.
Al respecto, el ex gobernador Avelín, destacó: “Gioja
no merece ser gobernador de San Juan y debe ser juzgado por los tremendos daños
que le hizo al país y a la provincia. Levantó las dos manos para entregar un
patrimonio nacional: los hielos continentales patagónicos (mil kilómetros
cuadrados), que es una de las reservas más importantes del mundo; y cedió la
minería a empresas extranjeras, que sólo dejan el 1 por ciento de sus ganancias
en la provincia”.
El veto de la Barrick
Luego de la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Veladero y
Pascua Lama, conseguido gracias a la tenaz labor de Gioja, el camino parecía
allanado para Barrick al menos en Argentina. Sin embargo, a fines del 2007
surgió, en el seno del congreso de la Nación, un gran imprevisto que puso en
jaque sus emprendimientos en Argentina.
Este sucedió el 22 noviembre del
2007, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley
26.148, más conocida como Ley
de
Protección de Glaciares.
Esta ley, diseñada por la ex senadora del ARI Marta Maffei, procuraba resguardar
los glaciares y la zona periglaciar -área que rodea el glaciar- como reserva de
agua dulce. Con ese fin prohibía la realización de una serie de actividades
industriales en los glaciares y las zonas periglaciares, entre estas las
actividades mineras.
Esta Ley de Protección de
Glaciares, hería de muerte los dos emprendimientos de la Barrick en San
Juan, por los que tanto había bregado durante años. En Cerro Veladero, porque la
propia multinacional había reconocido que por sus trabajos un glaciar había sido
destruido. Y en Pascua Lama, porque la planta de procesamiento, donde se iba a
volcar la roca molida con cianuro, estaba del lado argentino en una zona
periglaciar.
Sin que muchos se percataran de ello, la Ley
26.148 fue aprobada por la cámara
de diputados, por unanimidad, en noviembre del 2007, a libro cerrado. Su
tratamiento se hizo dentro de un paquete de once leyes, donde los proyectos sólo
estaban identificados por un número. Por eso, uno de los diputados que votó a
favor de la Ley de Glaciares fue Carlos
Gioja, hermano del actual gobernador, que por levantar la mano de manera
automática, no estuvo al tanto de lo que votaba.
Tras su aprobación, el proyecto pasó al Senado y allí comenzó a gestarse un
escándalo, que derivó en su veto, renombrado luego como “el veto de la
Barrick”. Este se inició el 22 octubre del 2008, el mismo día en el que
el senado aprobó la ley. En esa sesión, el miembro informante fue el senador
oficialista Daniel Filmus del
FPV quien su alocución afirmó que “el
objeto de la ley es preservar los glaciares, como reservas estratégicas de
recursos hídricos y proveedores de agua.. (Por
eso)se prohíbe y restringe la ejecución de proyectos y actividades cercanas
a las inmediaciones de los glaciares o a áreas de influencia que los pueden
dañar”.
Como da cuenta el diario de sesiones del senado, en la apertura de la sesión
donde se trató la ley de Glaciares, estuvo presente el senador Cesar
Gioja, otro hermano del gobernador Gioja, por entonces presidente
de la Comisión de Minería de la
cámara alta. Sin embargo, al momento de la votación, Cesar
Gioja estuvo misteriosamente
ausente, dejando su banca vacía.
¿Qué pasó en el ínterin? La ex secretaria de Medio Ambiente Romina
Picolloti comentó al respecto: “Cuando
se votó la primera ley en Senadores, leyeron artículo por artículo. Recién ahí,
Gioja entendió lo que estaba votando. Entonces salió del recinto y empezaron los
llamados telefónicos que derivaron en el veto”.
Y estos llamados tuvieron sus frutos. Quince días después de aprobada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contrariando lo que su propio bloque había votado, pagando un alto costo político, vetó la flamante Ley de Protección de Glaciares votada por unanimidad.
Razones para un veto
El veto de la presidenta desató la polémica. Sin vueltas, el diputado Miguel
Bonasso, ex periodista de Pagina 12 y hasta entonces aliado del gobierno
nacional, denunció que la abolición de la ley de Glaciares había sido
promovida por el gobernador Gioja y la Barrick para
salvaguardar los emprendimientos Pascua Lama y Cerro Veladero, que con la ley
debían bajar sus persianas.
“Según una confidencia que me hizo Romina Picolotti, la presidenta vetó por presión del gobernador Gioja (de San Juan), vinculado estrechamente a la Barrick Gold, que está llevando adelante el proyecto de Pascua Lama. Si hubiera una Ley de Glaciares, no podrían trabajar” explicó el diputado, por ese entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales, autor del libro “El Mal” donde relata el poder de la Barrick en Argentina.
“El
autor intelectual del veto decidido por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner fue el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja.
La Ley de Protección de los Glaciares fue vetada por la injerencia de intereses
bastardos, vinculados a la minería, que cuestionaron la
norma porque prohibía el desarrollo de emprendimientos en la zona de los hielos
cordilleranos”, añadió.
Por su parte el senador Cesar
Gioja, quien luego fue denunciado ante la justicia federal de tener
negociosos incompatibles con la función pública, al ser proveedor de la Barrick
Gold mediante su empresa Bentonitas Santa Gema, encargada de proveer la membrana
para los dique de cola de cianuro, alegó que la denuncia del diputado Bonasso
era falsa. Sostuvo que él había votado a favor de la Ley de Protección de
Glaciares que la presidenta había vetado. Coartada que según los registros de
asistencia del Senado no era cierta. Dado que si bien cuando comenzó la sesión
Cesar Gioja estuvo presente, no lo estuvo al momento de la votación. Por eso
figura ausente en ella.
Más beneficios para Barrick
Luego de este escandaloso veto, que tuvo un alto costo político para el gobierno
nacional que aparecía claramente defendiendo a una multinacional extractora de
recursos naturales, los beneficios para los emprendimientos mineros de Barrick
en San Juan, lejos de menguar continuaron. El primero de diciembre del 2008, el
gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, aprobó la Resolución
1310/2008 firmada por Daniel
Camerón, donde le encomendó al Comité de Administración del Fondo Fiduciario
para el Transporte Eléctrico Federal “iniciar el proceso de gestión de la
Ampliación ‘Interconexión San Juan – Rodeo’, Tercer Tramo de la denominada Línea
Minera”.
Esta “Línea Minera” de 500 Kv tenía como único propósito interconectar
las tres principales provincias mineras de Argentina: Mendoza, San Juan y La
Rioja. Y su ampliación a la provincia de San Juan fue pergeñada únicamente para
proveer energía a los emprendimientos mineros de Pascua Lama y Cerro Veladero de
Barrick.
La idea había surgido en 1994, justo cuando Barrick, apoyado por Gioja, comenzó
con sus proyectos de Pascua Lama y Cerro Veladero en San Juan. Adquirió carácter
formal el 5 de diciembre del 2006, cuando Gioja y Barrick Gold suscribieron un
acta acuerdo manifestando su interés por las obras, y donde el actual gobernador
cuyano comprometió a la provincia de San Juan a efectuar aportes para el tramo
San Juan–Rodeo.
Poco meses después, en abril del 2009, el Secretario
de Hacienda de la Nación, Juan Carlos Pezoa y
el Director de Servicio de
Impuestos Internos de Chile Ricardo Escobar, firmaron un acuerdo tributario
para el emprendimiento de Pascua Lama. Mediante él, para evitar la doble
tributación entre Argentina y Chile, quedó establecido que la tributación en
el área internacionalizada de Pascua Lama, se hará conforme el origen del
material, o sea Chile.
De esta manera, quedó plasmado un acuerdo ruinoso, por el cual la Barrick y
Chile se llevarán las ganancias y los tributos provenientes de la actividad
minera desarrollada en esa área, mientras que en Argentina, proveedora del agua,
quedará la contaminación con los diques de cianuro y los desechos industriales.
Con lo cual, el emprendimiento Pascua Lama para Argentina básicamente consiste
en darle gratuitamente una servidumbre de agua a Barrick para poder explotar el
oro chileno, convirtiéndose en un basurero de sus desechos mineros, sin recibir
nada a cambio.
Inmediatamente después de firmar de este vergonzoso acuerdo tributario, en octubre del 2009, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner –Argentina- y Michel Bachelet –Chile- respaldaron el proyecto de Barrick Pascua Lama. Es esa oportunidad, ambas mandatarias, también firmaron un “protocolo de complementación” donde se comprometieron a concretar el súper túnel de “Paso Agua Negra”, que atravesará la cordillera de Los Andes interconectando la ciudad de Coquimbo (Chile), con San Juan (Argentina) y Porto Alegre (Brasil), favoreciendo a Barrick enormemente.
“Con
2.600 kilómetros cuadrados de terrenos, los cuales serían difíciles de juntar
hoy, Barrick está estratégicamente posicionado para seguir explorando esta
región en busca de nuevos depósitos de oro. La aplicación exitosa del Tratado de
Integración Minera, y los protocolos asociados entre los dos países, que ha
permitido iniciar Pascua-Lama, potenciará el atractivo de descubrimientos
futuros”dijo
al respecto Aaron Regent director
ejecutivo de Barrick Gold en
Argentina, aplaudiendo a rabiar las iniciativas del gobierno.
Para concretar el “Paso Agua Negra”, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Bachelet, crearon una “Entidad Binacional” y, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares, le adjudicaron los trabajos al grupo Eurnekían, cuyo abogado es el ex canciller kirchnerista Rafael Bielsa. “Espero que todos estos años sirvan para que aquel sueño estratégico, como lo es el paso de Agua Negra, se concrete y pronto sea realidad, y así generar mayor integración entre chilenos y argentinos. Esto, además de ser un sueño, es una necesidad” reclamó Gioja en consonancia con Regent, CEO de Barrick.
Nueva Ley de Glaciares
Como si toda la estructura burocrática del estado argentino funcionase para los
intereses de Barrik Gold, en octubre del 2009, poco después de derogar, de
relanzar la “Línea Minera”, de firmar el acuerdo tributario con Chile y
formalizar el “Paso Agua Negra”, a los efectos de tratar de reparar el costo
político que generó el veto la Ley de Protección de Glaciares del 2008, en
silencio el gobierno nacional hizo aprobar en el senado de la Nación un
nuevo proyecto de Ley de Protección de Glaciares.
El mismo era totalmente favorable a los intereses mineros de Barrick en San Juan. Había sido plagiado de dos proyectos presentados previamente por los dos hermanos del gobernador Gioja, Carlos y Cesar Gioja -diputado y senador respectivamente-. Por eso, su aprobación, contó con el voto y la defensa del senador Cesar Gioja.
Nuevamente el miembro informante de este nuevo proyecto de Protección de
Glaciares pro Barrick, fue al senador K, Daniel
Filmus.
El mismo que el año anterior también había sido el miembro
informante del proyecto vetado por la presidenta, gracias a las gestiones de Gioja. Quien sin medir sus acciones, había incurrido en evidente y comprobable prevaricato. Delito
que ocurre cuando un funcionario público o juez cambia su posición sobre un
asunto, sin fundamento alguno y
que le fue enrostrado a Filmus por el diputado Bonsasso.
“Entre
todos hemos avanzado durante estos meses cosa que no fue fácil, y logramos un
proyecto común que no sólo recupera lo mejor de la iniciativa original sino que,
también, profundiza y avanza en temas fundamentales como definir a los glaciares
como un bien de carácter público, y aclara y precisa las zonas en las que hay
que defender los glaciares y los periglaciares” destacó
Filmus en su alocución, contradiciendo totalmente lo que él mismo había
manifestado un año antes.
Claro que esta vez la maniobra no salió como se esperaba. Tras el polémico veto del 2008, debido a los cuestionamientos de la oposición y algunas organizaciones ambientales, el tema de la Ley de Glaciares se había instalado con fuerza en la sociedad y se exigía una aprobación. En ese contexto, cuando el nuevo proyecto de Ley de Filmus y Gioja pasó a la cámara de diputados, se encontró con una fuerte oposición y con otro Proyecto de Ley, presentado por el diputado y periodista Bonasso.Este otro proyecto de Bonasso era una copia fiel de la ley que había vetado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del 2008, y por ende volvía a poner en la picota los proyectos de Barrick en San Juan.
Fue así que el 14 de julio del 2010, luego de una durísima batalla en ambas
cámaras, acusación de pago de coimas mediante, finalmente se aprobó el proyecto
de Ley de Protección de Glaciares de Bonasso -Ley 26.639- que al ser una
insistencia de la ley anteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, impedía ser
vetado nuevamente. Proyecto que como se dijo, dañaba profundamente los
emprendimientos de Pascua Lama y Cerro Veladero donde los glaciares se habían
afectado.
“Vamos
a revertir esta situación adversa en todos los estrados, en toda las instancias
y con todas las armas legales disponibles” amenazó
visiblemente contrariado el senador Gioja, casi como un ejecutivo de Barrick, en
el mismo momento en que el congreso, por mayoría aprobaba la nueva Ley de
Protección de Glaciares.
Y así fue.
Tras cartón, el gobernador de San Juan, junto a sectores vinculados con la
actividad minera, presentaron ante la Justicia Federal de esa provincia, a cargo
del juez Miguel Ángel
Gálvez, ex diputado menemista
y funcionario de la dictadura, un
pedido de inconstitucionalidad de la flamante ley. En él, Gioja y los
empresarios mineros, solicitaba la no aplicación de la nueva Ley de Protección
Glaciares 26.639, en toda esa provincia cuyana, solicitando incluso que se
impidiera el relevamiento de glaciares por parte del IANIGLIA (Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que funciona en
Mendoza, depende del CONICET, y estipulaba la Ley.
Con una celeridad llamativa, su pedido fue aceptado un mes después por el juez
Gálvez, quien a los poco días, dictó dos medidas cautelares más, extendiendo
específicamente estos mismos “beneficios” a los emprendimientos Veladero
y Pascua-Lama de Barrick Gold. Con lo cual, la polémica en torno la Ley de
Glaciares volvió a resurgir.
En julio del 2012 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación anuló las
medidas cautelares dictadas por el juez menemista Galvez, diciendo que, al ser
una ley legitima, aprobada por el congreso, las cautelares había sido apresurada
y sin fundamentos. Por lo cual, era absurdo impedir el relevamiento de los
glaciares como esta lo disponía. Y que en todo caso, luego de efectuado este
relevamiento, recién se podría plantear la existencia de derechos que podrían
haber sido afectados por la Ley 26.639.
Sin embargo, para el gobernador Gioja, parece que poco importa lo que diga el congreso, la Corte, o quien sea, cuando está Barrick en el medio. El inventario de glaciares, que según la Ley debía hacerse en 180 días, cinco años después de su sanción, sigue sin haberse concretado en la provincia de San Juan. ¿Las razones? El IANIGLIA, quien comenzó por relevar a los glaciares de baja altura no los de alta montaña donde la Barrick tiene sus emprendimientos, no tiene presupuesto para hacerlo.A lo anterior se le añaden denuncias, por parte de los ambientalistas, donde señalan que la cúpula del IANIGLIA estaría infectada de intereses mineros. Y que ésta se las habría ingeniado para delegar directamente en las provincias, la concreción del inventario de glaciares. Es decir, en el caso de San Juan, en Gioja Gold. Lo que equivale aponer a un zorro a contar las gallinas y huevos que hay en un gallinero.
Por su parte en Chile, por los graves daños infligidos por la Barrick a los
pequeños glaciares chilenos en el lado de Pascua (Toro I y II, y Esperanza) a
los que proponía incluso trasladar de lugar, poniendo en serio riesgo la
disponibilidad de agua en esa desértica región, la
Corte Suprema de ese país convalidó la paralización indefinida del proyecto de
la Barrick, hasta tanto se concreten todas las medidas ambientales
comprometidas. Medida que la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó a mediados
de este año.
Por esa razón a fines de 2013 Barrick anunció la desaceleración en la ejecución
del proyecto Pascua Lama.
Medida que tras el fallo de la Corte de Copiapó, se transformó directamente en
la suspensión de este proyecto por tiempo indefinido. Así la Barrick y su aliado
Gioja Gold, pese a las trapisondas de este último, han sido momentáneamente
derrotados en sus salvajes emprendimientos mineros, por la conciencia del valor
superior del agua por sobre el oro, existente en el desierto de Atacama chileno.
Agua que Gioja Gold está dispuesto a regalar a cambio de nada en el lado
argentino. Incluso aunque para su gente termine siendo cianurada como sucedió en
la mina Veladero, de la que según afirma, se puede “tomar medio vaso sin que
pase nada”.
---
Petroleros de Las Heras
condenados a perpetua
28 de enero de 2014
Con penas que van desde cinco años hasta perpetua, fueron condenados los
trabajadores petroleros de Las Heras, acusados del crimen de un policía cometido
durante el caliente conflicto de 2006 por trabajo, contra el impuesto a las
ganancias y por su encuadre sindical. Recibieron prisión perpetua por homicidio
agravado Ramón Inocencio Cortés, José Rosales y Hugo González. A Franco Padilla
también lo condenaron por homicidio pero por ser menor fue remitido a tutoría.
Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Ruben Bach
recibieron condenas de cinco años de prisión por coacción agravada, y Darío
Catrihuala, cinco años como partícipe necesario de lesiones graves. Sólo
resultaron absueltos Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez.
Hace casi siete
años atrás Las Heras ardía. Había sido escenario de intensas protestas
sindicales de los trabajadores petroleros, al tiempo que sus calles se llenaban
de uniformados. El paro y los piquetes iban por la tercera semana cuando su
vocero fue encarcelado. Sus compañeros acudieron a la alcaidía a pedir que lo
liberaran y la policía intentó que se fueran, primero con palabras, luego con
tiros al aire y por último con disparos al piso que rebotaron e hirieron a una
concejal. Siguió la secuencia piedras, balas, piedras, balas, más policías
especiales surgían y más gente se iba sumando hasta formar la pueblada. Los
gases lograron dispersar a los manifestantes pero los balazos seguían. Los
estruendos y el humo ya se sentían en toda la ciudad. “Cayó uno”, dijo alguien.
Un oficial caído, otros que lo llevaban y al rato una ambulancia abandonaba la
alcaidía.
El policía Jorge
Sayago había sido herido y murió horas después. El juicio oral a los acusados de
ese crimen comenzó en junio, y en pocas horas se conocerá la sentencia. De los
13 petroleros imputados, seis podrían recibir prisión perpetua por el homicidio.
En el inicio de las audiencias, el tío de Sayago, Víctor Alvarez, había
reiterado que quienes están sentados en el banquillo son unos “perejiles”. Una
de las abogadas defensoras, Claudia Ferrero, afirmó que
“no hay ninguna prueba
concreta, todas fueron armadas por la brigada de investigaciones de Santa Cruz
en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y
consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”. La
letrada fue recibida la semana pasada por el subsecretario de Derechos Humanos
de la Nación, Luis Alén, junto a representantes de los organismos que integran
el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Le entregaron unas 500 firmas –entre
ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Patricia Walsh, Carlos
“Perro” Santillán, Pablo Micheli y Osvaldo Bayer—de entidades gremiales,
estudiantiles y políticas del país y del
exterior que piden la absolución de los acusados
“en esta causa
armada para criminalizar la protesta social”, según sostuvieron.
Alén confirmó a Infojus Noticias que tras el encuentro pidió informes a los
jueces que integran el Tribunal Oral de Caleta Olivia sobre la denuncia por
torturas y la actuación de la fiscalía en el caso. “Cuando haya una respuesta
evaluaremos nuestra intervención porque, según dijeron, el fiscal llamó a
apartarse de la ley”, comentó el funcionario. El tribunal fue consultado pero no
dio contestación alguna.
El fiscal de
instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la
instrucción luego de haber recibido “dos o tres cachetadas”, pero en su alegato
agregó que “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo)
no implica decirle lo que debe declarar”. Consultado por Infojus Noticias,
Candia expresó que prefería no hablar antes de la sentencia. Sin embargo,
ratificó que el fiscal de Cámara Carlos Rearte se había negado a desempeñarse en
este juicio después de plantear la nulidad del requerimiento de elevación por
considerar que era “impreciso e infundado”. Fue su último recurso dado que había
rechazado en dos oportunidades que la causa llegara a instancia oral por estar
“plagada de nulidades”. Candia, en cambio, sí se hizo cargo de la acusación.
El Comité por la
Absolución de los Petroleros de Las Heras, integrado por comisiones internas,
centros de estudiantes y otras organizaciones gremiales, políticas, sociales y
de derechos humanos, partió hacia Caleta Olivia para presenciar la sentencia y
participar de la movilización organizada por los gremios estatales de la ciudad.
Otro grupo en Capital corta Callao y Corrientes desde las 7. “La familia Sayago
necesita un juicio justo y éste no lo es”, d
ijo Juan José Ortega, secretario
general de los empleados judiciales.
Los hechos
En diciembre de
2005 los desocupados exigían el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de
otorgar 149 puestos de trabajo. En ese contexto, los petroleros de Las Heras
expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas
provinciales. Al reclamo contra el impuesto a las ganancias se sumó el del
encuadre sindical (hacían el mismo trabajo que los petroleros pero estaban en la
Uocra y cobraban mucho menos), además de mejoras en las condiciones de trabajo.
Ya entonces denunciaban la tercerización laboral y establecieron una estratégica
alianza inter-sindical. Luego de veintitrés días de huelga y cortes, la justicia
emitió una orden contra los “cabecillas” de la protesta, tal como decía el
escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro,
vocero de los petroleros
del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado el 6 de febrero de 2006
mientras daba una entrevista en la FM local, Radio Soberanía. “Si lo habían
metido preso a él venían por todos. Los concejales Lalo Camino, que ahora es
intendente, y Roxana Tonino siempre habían estado apoyando, y fueron a hablar
con el jefe de policía. Les dijo que Navarro estaba detenido e incomunicado por
48 horas. Y quería que la gente se fuera, pero ya había unas cien personas,
varios compañeros míos de Indus, contratista de YPF”, declaró en el juicio
Adrián Saucedo, uno de los detenidos de esa jornada.
Las Heras tenía 9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. Había pasado la medianoche cuando se escucharon disparos y Sayago cayó herido. La abogada Ferrero afirma que “los investigadores dejaron el lugar sin perimetrar permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo. Lo que siguió fueron detenciones masivas para buscar un chivo expiatorio”. La ciudad quedó bajo permanente patrullaje policial. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron las de algunos vecinos. Los medios locales fueron dando cuenta de que a muchos testigos les habían allanado su vivienda antes de declarar. El cura de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Tres años más tarde fueron liberados los últimos presos. En ese momento el juicio oral por la muerte de Sayago había sido anulado “por fallas en la instrucción”, pero el gobierno de Santa Cruz apeló y siguieron imputados. Algunos de ellos acudieron a declarar en una causa que se abrió por las torturas, en la que había policías procesados. En ese expediente consta que durante los traslados los sacaron de los patrulleros en marcha para ser golpeados. Además, uno de los compañeros de Sayago, el oficial Raúl Varela, inició acciones contra la policía de Santa Cruz por el mal desempeño de los jefes policiales en el hecho.
El juicio
La abogada Ferrero, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), compartió la defensa con Andrea Forgueras y otros ocho letrados. Cuando comenzaron las declaraciones testimoniales, el testigo Leonardo Martínez dijo que no recordaba nada. Lo detuvieron 24 horas y en la siguiente audiencia declaró acorde a la posición de las querellas, que enseguida hicieron su alegato y pidieron prisión perpetua por homicidio agravado para seis de los acusados: Darío Cuatrihuala, Ramón Inocencio Cortés, Juan Pablo Bilbao. José Rosales, Hugo González y Franco Padilla. En tanto, para Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach pidieron seis años por el delito de coacción agravada, es decir, por incitar a la violencia. El abogado querellante Eduardo Iglesias se refirió a las denuncias por apremios ilegales diciendo que “que la defensa consideraba que Vialidad”, el lugar donde se realizaron los interrogatorios, “era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.
La abogada Ferrero, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), compartió la defensa con Andrea Forgueras y otros ocho letrados. Cuando comenzaron las declaraciones testimoniales, el testigo Leonardo Martínez dijo que no recordaba nada. Lo detuvieron 24 horas y en la siguiente audiencia declaró acorde a la posición de las querellas, que enseguida hicieron su alegato y pidieron prisión perpetua por homicidio agravado para seis de los acusados: Darío Cuatrihuala, Ramón Inocencio Cortés, Juan Pablo Bilbao. José Rosales, Hugo González y Franco Padilla. En tanto, para Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach pidieron seis años por el delito de coacción agravada, es decir, por incitar a la violencia. El abogado querellante Eduardo Iglesias se refirió a las denuncias por apremios ilegales diciendo que “que la defensa consideraba que Vialidad”, el lugar donde se realizaron los interrogatorios, “era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.
Casi ninguno de
los imputados quiso hablar, pero quienes lo hicieron causaron conmoción en la
sala. Catrihuala está acusado de haber gritado a los compañeros que abran paso
para que un francotirador, de quien se desconoce su identidad, disparara contra
los policías. A Cortés lo acusan de haber golpeado en el cráneo al policía. A
González le imputan haberle propinado un golpe con un objeto contundente, al
igual que a Rosales. En tanto, Pérez está acusado de haber pateado la cara del
policía cuando estaba en el suelo.
La abogada Ferrero dijo a Infojus Noticias que le cuesta pensar en una condena. “Nunca sentí que habíamos destruido tanto una acusación, en términos técnicos, porque ni siquiera está determinado cómo fueron los hechos, que tres tiraron pero ninguno tiró, que Sayago tenía o no tenía casco, se superponen las versiones. Pero allá tienen la sensación de que serán condenados, y sí, políticamente, y más en este momento, puede pasar cualquier cosa”, afirmó. “Una condena en este juicio nada tendrá que ver con la justicia sino con la defensa y preservación de un régimen de excepción contra los trabajadores y será un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales, entre ellos 52 maestros de Las Heras imputados en los últimos meses”, agregó.
El tribunal
compuesto por los jueces Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera
dictará sentencia a las 12. Olivera ha fallado con anterioridad en disidencia,
como en el mediático caso de las gemelas Casas, y es miembro de Justicia
Legítima.
(Nota publicada originalmente en Infojus
Noticias el 12 de
diciembre de 2013, actualmente borrada de su archivo)
Comprobemos cómo avanza el
poder territorial de las comunidades y pueblos sin fronteras.
Declaración OLCA
Santiago, 18 de
enero 2017
CLAUSURA
TOTAL Y DEFINITIVA DEL
PROYECTO PASCUA LAMA:
EL PODER
DE LA CONVICCIÓN Y LA PORFIA
Durante más
de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el
proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los
estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro
del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena
minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su construcción.
Desde las primeras reuniones de participación ciudadana en que los arrieros dijeron que en la zona que querían hacer el proyecto estaban los glaciares y nada de eso hablaban los estudios, se desató, en condiciones de brutal asimetría, y ante el descrédito del sentido común impuesto que establece que nada se puede hacer contra una minera transnacional, uno de los conflictos socioambientales más relevantes de nuestro país: el caso Pascua Lama.
Como OLCA acompañamos el
proceso desde sus inicios,
fuimos testigos de todas las
estrategias de división, cooptación, intervención, hostigamiento, desprestigio,
servilismo funcionario (incluido el financiamiento de las campañas de alcaldes y
diputados de parte de Barrick), retroceso estatal para que la minera se hiciera
indispensable en el cotidiano local (becas, ambulancias, Junji, Prodesal, por
nombrar algunos ejemplos), todas cuestiones que a su debido tiempo se fueron
denunciando y neutralizando en sus alcances, pero que produjeron procesos de
desgaste, cansancio, vulnerabilidad de hondos impactos en el territorio.
Sin embargo,
el carácter colectivo del proceso de defensa, permitió que cuando algunos se
replegaran, surgieran otros y otras que fueran tomando el relevo e implementando
las estrategias que más se ajustaban a las nuevas capacidades, pero siempre con
la voz de doña Tina de fondo que hablaba de la necesidad de proteger los bancos
perpetuos, el amor a la tranquilidad y a la vida que enseñaron los abuelos, y la
certeza de que un proyecto de esta naturaleza sólo podía ser aprobado mediante
corrupción y violación de derechos humanos y eso
había que demostrarlo para que
se restableciera el respeto y el estado de derecho en este valle transversal de
la región de Atacama, que entre otras funciones ecosistémicas imprescindibles,
ayude a frenar el avance de la desertificación.
Los
científicos pagados por la empresa, porque así lo establece el sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, no supieron escuchar a la naturaleza,
y entonces ella habló más fuerte, como la comunidad del Valle sabe que a veces
sucede, y
se sucedieron aluviones que arrasaron con todo valle abajo, y aquí lo que no
había querido ser atendido, tuvo que considerarse. 5 años de investigación en
los que se acumularon más de 30 denuncias comunitarias de violación de la
Resolución de Calificación Ambiental RCA, dieron como resultado este fallo hoy
en la Superintendencia de Medio Ambiente: Clausura Definitiva del proyecto
Pascua Lama.
Si se hubiera oído desde un comienzo a los arrieros, a las campesinas, a las voces locales, toda la división, el daño, la pérdida patrimonial, la afectación ecosistémica, no se hubiera producido, pero gracias a la convicción y la porfía del territorio, y las múltiples muestras de solidaridad en todo Chile y desde muchos otros lugares del mundo, hoy se cuenta con un fallo histórico, que reivindica la voz local como fuente imprescindible, e impele a las comunidades a creer en sus saberes y capacidades y defenderlos, pese a la asimetría reinante.
Para que
esta resolución fuera posible, tuvieron que converger cientos de miles de
voluntades, desde el primer correo electrónico que alertó de la situación, las
diversas intervenciones callejeras, las marchas y carnavales, las misas, los
procesos rigurosos de fiscalización comunitaria, la difusión por todos los
medios, las tesis, documentales, libros, creaciones, las campañas
internacionales, las denuncias que provocaron el bloqueo de financiamientos al
proyecto, las denuncias a los servicios con competencia ambiental, los procesos
judiciales, el trabajo de funcionarios probos, pero sobre todo, la existencia de
una comunidad que ama tanto su territorio y su forma de vida, que logró
movilizar todas estas voluntades en defensa del bien común.
La lucha
sigue, sin duda, el extractivismo minero galopa sobre nuestra cordillera con
botas de siete leguas, pero digan lo que digan, mientras existan comunidades
dispuestas a valorarse a sí mismas y a defender ese valor ante cualquier precio,
el poder de la vida seguirá gestando maravillas en nuestro suelo, y contará con
la solidaridad y apoyo de muchas comunidades de Chile y el mundo. Gracias Valle
del Huasco.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Fono Contacto:
Lucio Cuenca Berger +56 9 9240 27 06
--
Comunicaciones OLCA
Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Alonso Ovalle 1618 A, Santiago, Chile.
-- --
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> https://goo.gl/c6AkmJ
Indaguemos cómo crean y se esmeran las diversidades del abajo sin fronteras por territorios donde "germinan mundos muy otros, basados en la solidaridad, la amistad y el amor".
Colombia: Tejiendo la vida,
intercambio entre Asprocig y la Escuela de Sustentabilidad Compadre Bototo
27 de
diciembre de 2017
Desde hace
cientos de años los pueblos de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, especialmente el
Zenú, han entendido que ellos también son parte del ciclo del agua, y es a
partir de esa comprensión cómo organizan la reproducción de su vida en común en
función de la naturaleza. Son, como lo describiera Fals Borda, culturas
anfibias, hombres y mujeres de agua.
Con la Escuela de
la Sustentabilidad del Compadre Bototo, donde participan personas de 7
municipios del Meta, estuvimos conociendo las estrategias y sentires que desde
Asprocig [1] han
permitido que las 32000 personas asociadas habiten sus territorios de forma
digna, y
que tanto condiciones climáticas adversas como amenazas y realidades extractivas
-manifiestas en fincas camaroneras, un puerto carbonífero, y la hidroeléctrica
de Urrá- se hayan convertido en oportunidades para germinar mundos muy otros,
basados en la solidaridad, la amistad y el amor.
A partir de
recorridos y visitas, donde generosamente, 4 de las 98 asociaciones que componen
Asprocig, nos compartieron el diseño de sus sistemas de soberanía alimentaria
familiar y comunitaria, de reforestación y cuidado comunitario de ecosistemas
estratégicos, de saneamiento básico, de comunalización y democratización
energética, formas propias de gestión comunitaria del agua, circuitos económicos
justos y solidarios, entre otros; nos fue posible identificar la necesidad de
trabajar juntos y con paciencia para lograr metas compartidas.
Para
lograr resolver la vida material y las necesidades cotidianas, Asprocig ha
transitado un largo proceso de aprendizaje que se ha nutrido de conocimientos y
sentires que dan cuenta de lo diverso del proceso. Afros,
índígenas, mujeres, campesinos, jóvenes, pescadores, todas y todos han
contribuido a cimentar un entramado cultural del cual emergen las alternativas
para gestionar la vida en colectivo. Aprendimos que es imposible pensar en
soluciones sustentables y duraderas si no hay una base moral sólida.
Unas ideas y
reflexiones que se desprenden de lo anterior apuntan a reconocer las diferentes
escalas, temporalidades y territorios propias de cada proceso organizativo. Esto
es importante, toda vez que nos permitió entender, desde la experiencia, cómo no
puede replicarse de forma idéntica lo que funciona en un territorio, como una
receta para aplicar a otros.
Así como la naturaleza es diversa, rica y cambiante, también en la diversidad de
los pueblos reside su fuerza.
Asprocig
nos demuestra que es posible ampliar el horizonte de la utopía siempre y cuando
los sueños sean colectivos y acordes a las culturas locales, a los tiempos
necesarios para madurar las esperanzas y enraizarlas en la vida diaria y
cotidiana. De esta forma las relaciones familiares y vecinales se convierten en
los espacios de transformación esenciales para garantizar cambios profundos y
duraderos.
Durante estos
días ratificamos que si bien no hay una única forma de luchar contra el
capitalismo y especialmente contra la configuración extractiva que ahora asume;
es desde la organización
popular para criar la vida en común, como podemos trascender el rechazo a las
injusticias para pasar a la construcción de los mundos nuevos que tantas y
tantos llevamos en los corazones.
El encuentro
entre organizaciones populares propiciado por las visitas que hacen parte de las
líneas de trabajo de Asprocig, ayuda a desempolvar el orgullo de saberse
campesino, indígena o afro, a reconocerse como un componente crucial del tejido
de la vida. El proceso de Asprocig actualmente está abierto a intercambios con
organizaciones sociales y universidades, lo cual constituye una invaluable
oportunidad de fortalecimiento mutuo: Para estudiantes y profesores es una
puerta abierta para ampliar las posibilidades de la utopía, para las
organizaciones sociales, un momento para recordar que somos pedacitos de
esperanza dispersa para un mundo en error.
En nuestro caso,
de este acercamiento salimos con la cabeza más en alto y con la solidaridad y la
reciprocidad vivas, recordando que en el Meta, en Córdoba o donde sea, somos
muchos quienes clamamos por recuperar el control de nuestras vidas implementando
formas otras de ubicarnos en la naturaleza y en la sociedad.
Notas:
[1] Asociación
de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo
Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú