I. ¿Qué economía se halla implícita en la visión abajo de la reforma agraria anticapitalista?

Con construcción de territorios según avanza la soberanía alimentaria que requiere ir desestructurando a

enclaves e IIRSA.

 

Concebimos la reforma agraria anticapitalista como erradicación del extractivismo por multiplicación de colectivos autoorganizados e interrelacionados confraternalmente para transformar sus cotidianeidades según creación del poder de satisfacer necesidades e intereses abajo en vez de al 'Mercado' o sea a las crecientes rentabilidades gran burguesas.

Situémonos en el hoy mediante indagación sobre:

 

¿Cómo reprimen las industrias extractivas

y los agronegocios a las comunidades rurales de América Latina?

3 de enero de 2018

Los conflictos y resistencias que involucran territorios y recursos naturales han estado aumentando en América Latina en los últimos años. ¿Dónde y cómo se están produciendo estos conflictos y quién se ve más afectado?

 

Por Juan Wahren, 15 de diciembre de 2017

 

América Latina se encuentra atravesada por el avance acelerado del modelo extractivo. Esta aceleración implica corrimientos de las fronteras productivas a través de la incorporación de nuevas tecnologías a la extracción petrolera y a actividades antiguas como la minería y la agricultura. En todo el continente se verifican procesos de resistencia que, al mismo tiempo que se erigen como alternativas desafiantes al modelo hegemónico, sufren la represión violenta de sus diferentes formas de protesta, a través del uso de la fuerza, la intimidación y el sometimiento a procesos judiciales.

 

En las últimas décadas, el capital profundizó su carácter extractivo. Como veremos, la actividad extractiva contemporánea implica un avance territorial que arrincona, desaloja y despoja las actividades productivas y las poblaciones que habitan esos territorios reconvertidos en la mercancía por excelencia del extractivismo. El modelo extractivo supone la acumulación por desposesión. Este modelo está basado en la ampliación del capital por medio del uso intensivo de la naturaleza, que se constituye como mercancía.

 

Este proceso de acumulación por desposesión se entrelaza con la reproducción ampliada del capital por la explotación del trabajo y por la reproducción financiera del capital a escala global, estas tres formas de acumulación/ampliación se complementan a escala global de forma permanente.
Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza o recursos naturales.

 

Hidrocarburos

La explotación hidrocarburífera ha generado desde sus comienzos grandes conflictos territoriales, por el poder económico y político que significa el control de este recurso natural en un sistema capitalista cuya reproducción depende de la energía fósil. La actividad hidrocarburífera ha causado innumerables conflictos entre países y guerras civiles. Pero también ha avanzado sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas, campesinos y medianos productores.

Si bien en América Latina el avance sobre estos territorios ocurre desde comienzos del siglo XX; en las primeras décadas del siglo XXI vemos como se registra en diferentes países de la región un nuevo avance de la frontera hidrocarburífera. Esto ocurre de la mano de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo de zonas que anteriormente no eran rentables por sus condiciones geológicas. Son los denominados hidrocarburos no convencionales, cuya técnica principal de extracción consiste en la fractura hidráulica (por ello son más conocidos como fracking) que permite obtener hidrocarburos (shale gas y shale oil) aprisionados en rocas o en arenas compactas (tight gas). De esta manera, sea en el formato convencional o no convencional, en este siglo se observa un creciente ciclo de conflictos por las actividades hidrocarburíferas que afectan diversos territorios de América Latina.

En la Argentina se encuentra el yacimiento Vaca Muerta -ubicado en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- que es el más grande de la región, luego de los yacimientos explotados en los Estados Unidos. Se calcula que en Vaca Muerta se han realizado hasta ahora casi 1400 pozos no convencionales. Allí, el avance de la explotación de petróleo y gas convencional y no convencional se encuentra con las resistencias de diferentes comunidades del Pueblo Mapuche en Neuquén (Campo Maripe, Tratayén, Kaxipayiñ, Paynemil, Winkul Newen, entre muchas otras), así como de los pequeños productores campesinos de ganado extensivo o “crianceros” de la región y de medianos productores frutícolas del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. En estos casos, el avance de los hidrocarburos ha generado importantes impactos ambientales y sanitarios a las poblaciones, a partir de derrames y zonas contaminadas por las perforaciones y emanaciones de gas hacia la superficie. También esta actividad ha impactado fuertemente sobre la flora y fauna de la región, ya que incluso hay perforaciones en áreas naturales protegidas como Auca Mahuida.

Resistencias contra el fracking fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche.

Estas resistencias fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche. Tomando sólo en cuenta a la Comunidad de Campo Maripe, se registran tres hechos represivos dentro de su comunidad, donde funcionan más de 200 pozos de petróleo convencional y no convencional. La Comunidad de Tratayén fue recientemente desalojada de parte de su territorio comunitario, en el que también funcionan perforaciones hidrocarburíferas. Casi todos los líderes y autoridades comunitarios mapuche se encuentran judicializados por participar de diferentes protestas (cortes de caminos y de rutas, toma de instalaciones petroleras, movilizaciones, etc.) contra el avance de los hidrocarburos en sus territorios ancestrales.

Estas resistencias y movilizaciones han logrado establecer la prohibición de esta actividad en más de medio centenar de municipios en todo el país, aunque tanto los gobiernos provinciales como el nacional continúan profundizando una activa política de promoción de la industria hidrocarburífera en general y del fracking en particular.

En México, por su parte, la extracción de hidrocarburos no convencionales no se ha expandido tanto como en la Argentina, pero ya se pueden ver sus consecuencias sociales y ambientales. Se calculan casi 30 pozos no convencionales en el país y se ha conformado una organización a nivel nacional, la alianza Mexicana contra el Fracking, que nuclea a comunidades de indígenas, campesinos y pobladores de pequeñas y medianas ciudades que se ven afectados por el fracking, así como a 44 organizaciones sociales que han logrado establecer la prohibición de esta actividad en algunos municipios, como Tanlajás y Xilitla del Estado de San Luís Potosí, el municipio de Cuetzalan en el Estado de Pueblay en cientos de comunidades indígenas y ejidos campesinos de las zonas petroleras.

Por su parte, en Colombia, en el municipio de San Martín, hubo diversas manifestaciones y levantamientos populares en oposición al fracking que se estaba empezando a instalar en sus territorios. Por ello, sufrieron intimidaciones, amenazas y represión por parte de la policía en 2016. Estas movilizaciones lograron generar empatía con otras zonas donde también se está comenzando a explorar hidrocarburos no convencionales y en ese mismo año la Asamblea Departamental de Santander rechazó de manera unánime el uso del fracking en ese departamento.

 

Megaminería

La minería es una actividad constitutiva de la Conquista y el saqueo de América. Gran parte del los países latinoamericanos tienen una fuerte tradición minera y esas riquezas han sido una de las bases de la dominación y dependencia de todo el continente. En las últimas décadas la actividad minera tuvo un nuevo impulso a través de la innovación tecnológica que permite obtener minerales valiosos (oro, plata, entre otros) por medio de la técnica de lixiviación, que consiste básicamente en dinamitar grandes porciones de los yacimientos en las montañas y proceder a separar los minerales valiosos de los que no lo son por medio de una mezcla química que utiliza cianuro y una gran cantidad de agua para ese proceso. Si bien la minería es también una actividad contaminante, la “megaminería a cielo abierto” -tal como se denomina a este proceso de minería a gran escala- provoca fuertes impactos sociales y ambientales, aun mayores que la tradicional minería de socavón. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona.

 

A lo largo de toda la Cordillera de los Andes -y también en selvas y bosques del continente- se encuentran estos grandes emprendimientos mineros y también los movimientos de resistencia. También aquí los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las pequeñas y medianas poblaciones urbanas protagonizan las resistencias y defienden los territorios frente al uso intensivo del agua, la destrucción de los paisajes montañosos y la contaminación de glaciares, arroyos, lagos, ríos y otras fuentes de agua dulce.

 

Un ejemplo paradigmático de estas resistencias contra la megaminería puede observarse en Perú. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona. Lo mismo sucede con el emprendimiento megaminero de Yanacocha, también en Cajamarca, el emprendimiento aurífero más grande del mundo, así como el de Tía María en Arequipa, al sur del país.

En todos los casos miles de pobladores, muchos de ellos campesinos e indígenas, han realizado numerosas protestas reclamando el cese o la no implementación de estos emprendimientos a través de petitorios, referéndums, movilizaciones y cortes de ruta. Por estas protestas, que comenzaron en 2002, los pobladores de estas regiones han sufrido fuertes represiones que causaron cientos de manifestantes heridos, decenas de muertos y presos y sometidos a proceso judicial. Al día de hoy, las resistencias a la megaminería son uno de los factores más importantes de movilización social y también de casos e criminalización de la protesta social en Perú. En la Argentina, también las protestas contra la megaminería comenzaron en 2002 con las movilizaciones en la ciudad sureña de Esquel. Sus pobladores, junto a las comunidades indígenas de la zona, se opusieron a la instalación de un emprendimiento megaminero aurífero y lograron frenarlo tras un referéndum donde más del 80% de la población votó en contra de la instalación de la minera. Por ese antecedente, en la Argentina no se aceptaron oficialmente más referéndum de este tipo para que las poblaciones locales pudieran decidir directamente sobre los emprendimientos extractivos a realizarse en sus regiones.

 

Surgieron entonces en diferentes zonas de la cordillera asambleas ciudadanas que se opusieron a distintos emprendimientos megamineros en las ciudades de Tinogasta y Andalgalá (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Tupungato, San Martín, Lujan de Cuyo y Maipú (Mendoza) entre muchas otras localidades de las provincias cordilleranas. En estos casos fueron también las movilizaciones, asambleas y cortes de ruta el repertorio de acción elegido para visibilizar las protestas.

 

En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales.

Simultáneamente en México también se han registrado fuertes movimientos de resistencia a la megaminería en diferentes Estados: Chihuahua presenta 13 conflictos, Zacatecas 12, Puebla 8, Oaxaca 7, Chiapas, Michoacán y Baja California Sur 5 cada uno, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima cuatro, Veracruz, Querétaro e Hidalgo 3, Jalisco, Coahuila y Estado de México, con 2; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente. En México se registran en la actualidad más de cien conflictos por emprendimientos mineros siendo, según la revista Forbes (2016), el país con mayor cantidad de conflictos mineros de América Latina.

 

En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales. En el caso de la Argentina, sin embargo, se sancionaron leyes que en algunas provincias prohibieron la instalación de emprendimientos de megaminería a cielo abierto. Algunas de ellas fueron recientemente derogadas abriendo nuevamente la posibilidad que avancen empresas megamineras en esas provincias, como es el caso de La Rioja.

 

Agronegocios

Desde fines del siglo XX, la agricultura hegemónica en América Latina se encuentra signada por el denominado “Agronegocio”, que implica una profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores. Este despliegue territorial se da en el marco de grandes innovaciones tecnológicas y de gestión empresarial en forma de red que implicó una hegemonía de los cultivos transgénicos en gran parte de la tierra cultivable de América Latina, como la soja, el maíz, la palma africana y otros cultivos que fueron conformando un paisaje uniforme de oligocultivos orientados a las exportaciones y en grandes establecimientos que generan una mayor concentración de la tierra, en el continente con los mayores índices de desigualdad del mundo, particularmente en relación con el acceso a la tierra.

Estos conflictos atraviesan a todos los países de América latina y las protestas y movimientos sociales que resisten este avance territorial del capitalismo agrario son innumerables. En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es donde mayor extensión territorial ha tenido este modelo productivo. También en Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica aparece con mucha intensidad el Agronegocio e, incluso, en países como México donde la distribución de la tierra ha sido mucho mayor, este modelo viene creciendo de forma exponencial.

 

Las respuestas más importantes contra el agronegocio la ejercen los pueblos indígenas y diversos movimientos campesinos que desde la década del noventa resisten desalojos e incluso toman tierras para producirlas de una forma alternativa al modelo dominante. El caso más conocido es el de los movimientos campesinos de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), que han recuperado miles de hectáreas en sus ocupaciones y asentamientos. Luego de ocupar, comienzan un proceso productivo alternativo al hegemónico que les permite afianzar en sus territorios la reforma agraria de facto, así como la construcción de la denominada “soberanía alimentaria”.

 

Estas ocupaciones han recibido fuertes represalias por parte de los terratenientes y sus guardias privadas y los campesinos también han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad públicas. Existen casos de asesinatos de campesinos, así como centenas de heridos, presos y militantes judicializados por ejercer estas protestas, como tomas de edificios públicos y grandes movilizaciones.

 

Diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos

En la Argentina también existen diversos movimientos campesinos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) y más recientemente la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que resisten desalojos y/o han ocupado tierras para ponerlas a producir bajo esquemas productivos ligados a lógicas campesinas, con un horizonte agroecológico. Por estas ocupaciones, resistencias a desalojos y cortes de ruta hay más de diez campesinos e indígenas asesinados en los últimos diez años –entre ellos, Javier Chocobar, Miguel Galván, Cristián Ferreyra, Roberto López– y Santiago Maldonado, el joven que desapareció en el contexto de la represión de una protesta de una comunidad mapuche en Cushamen en la Patagonia argentina y apareció muerto casi tres meses después.

Por su parte, en Paraguay diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos de decenas de campesinos en los últimos diez años. Este esquema se replica en otros países donde el agronegocio se ha fortalecido como modelo de producción hegemónico en los mundos rurales.

 

Otros conflictos en torno al extractivismo

Además de las mencionadas, existe una serie de actividades extractivas y emprendimientos de infraestructura a gran escala que afectan las áreas rurales del continente americano y generan procesos de lucha y resistencia de diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, emprendimientos forestales de pino y/o eucalipto de las grandes empresas papeleras, la construcción de represas hidroeléctricas, plantas nucleares, grandes carreteras, oleoductos, gasoductos, grandes puertos comerciales, etc. que causan importantes impactos sociales y ambientales.

Algunas de esas resistencias podemos observarlas en el caso de las comunidades mapuches al sur de Chile, que vienen resistiendo las plantaciones de pinos en sus territorios comunitarios, al tiempo que sufren fuertes represiones por parte de los carabineros, la policía chilena, judicialización y encarcelamiento de sus líderes comunitarios, así como estigmatización y racismo social muy intensos desde los medios de comunicación masivos, parte de la clase política, y una importante porción de la población. En los últimos años se reportan cientos de mapuches judicializados, a los que se suma una decena de presos políticos indígenas, varios asesinados y cientos de heridos por las fuerzas represivas y, cada vez más, la aplicación de la ley Antiterrorista para perseguir a las comunidades mapuche que protestan contra estos emprendimientos extractivos y por la recuperación de su territorio y cultura ancestral.

Otro ejemplo es el caso de las comunidades indígenas de los pueblos Moxeños, Tsimanaes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia que, desde 2011, se oponen a la construcción de una carretera que se proyecta para atravesar el parque nacional y el territorio indígena para unir las regiones de Cochabamba y Beni, que se encuentran actualmente incomunicadas. Esta carretera forma parte del planeamiento de desarrollo regional de infraestructura para Sudamérica (el Plan IIRSA) que promueve obras de infraestructura a gran escala para mejorar la extracción de recursos naturales así como la movilidad de mercancías a través de “corredores interoceánicos” entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

 

 

Estos pueblos han realizado movilizaciones y cortes de carreteras para protestar contra este proyecto del gobierno de Evo Morales que mantiene en la actualidad la vigencia de este proyecto y que ha dividido a parte de las comunidades del TIPNIS. Ha generado un punto de inflexión de su gobierno en relación con los movimientos sociales campesinos e indígenas: mientras algunos siguen apoyando al gobierno, otros movimientos protestan y denuncian que, pese a identificarse como un “gobierno indígena y de los movimientos sociales” el gobierno promueve el extractivismo, en actividades relativas a los hidrocarburos, la megaminería, el agronegocio y los grandes emprendimientos de infraestructura, como la carretera del TIPNIS.

 

Alternativas al modelo hegemónico desde abajo

Dentro del modelo hegemónico extractivo coexiste una serie de formas de vida que se presenta como opuesta: mayormente los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las poblaciones afrodescendientes, los pescadores artesanales y otros actores subalternos de los mundos rurales. Algunos de estos movimientos sociales proponen y construyen en sus territorios formas de vida alternativas a la del modelo extractivo del capitalismo actual.

En toda América Latina perviven formas ancestrales de producción de alimentos y de formas de reproducir la vida que conviven, en muchos casos subsumidas, en otros en franca disputa, con las lógicas productivas del capitalismo agrario hegemónico. Estas formas productivas ancestrales -que podemos denominar como alternativas- son llevadas a cabo predominantemente por los pueblos indígenas y comunidades campesinas que habitan gran parte de los territorios del continente. A estos se suman las actividades productivas para el auto sustento en complementariedad con la producción de alimentos para los mercados locales y/o nacionales.

También existe una gama diversa de productores de pequeña y mediana escala que, sin ser necesariamente sujetos campesinos-indígenas, producen alimentos para el mercado local y/o nacional por medio de sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos en parte o totalmente a las lógicas de producción, distribución y comercialización del modelo de agronegocios o agroindustrial. Por otra parte, en las últimas décadas se fueron conformando diversas corrientes dentro de la agronomía, ligadas a las luchas campesinas e indígenas, que sistematizaron formas de producción alternativa al modelo hegemónico del agronegocio, realizando un proceso de relación de saberes técnicos y agronómicos con saberes campesinos, indígenas y de otros actores rurales subalternos que cristalizaron en lo que hoy se denomina como agroecología.

Estas experiencias presentan alternativas posibles para reproducir la vida en común y producir alimentos sanos y baratos. Son, aquí y ahora, alternativas a las actividades extractivas como los hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio que se presentan como las portadoras del “desarrollo” y el “progreso” pero que terminan generando mayores desigualdades sociales, la destrucción de la naturaleza y la desarticulación de otras formas de vida. Es en esas resistencias y en las alternativas que emergen de las luchas campesinas, indígenas y rurales que aparece la esperanza de un cambio social que ya ha comenzado en los territorios en re-existencia de América Latina, Nuestra América.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

Open Democracy

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Generalicemos, abajo y a la izquierda, la toma de conciencia estigmatizada como "ambientalista". Se trata de multiplicar el involucramiento en la defensa de los bienes comunes naturales tan esenciales a la vida como el agua.

 

 

Geopolítica del agua: Agua para la guerra – Agua para la paz

Agua, el gran desafío

13 de enero de 2018

Por Amyra El Khalili

Opera mundi

 

“Cuando tratamos con el medio ambiente no podemos tratar de ese derecho fundamental como si fuera un producto empresario, una mercancía, cuando contratos y reglas son determinadas a puertas cerradas en reuniones entre pares. Por el contrario, deben ocurrir con el colectivo de la sociedad”

 

El Fórum Internacional de Gestión Ambiental (FIGA 2010) – Agua, el Gran Desafío, transcurrió en marzo de 2010, en la ciudad de Porto Alegre (RS), algunos meses antes de que la ONU reconociera el agua como derecho humano (julio 2010) y, años antes de que el saneamiento básico como derecho humano, separado del derecho a agua potable (enero 2016). En la conferencia de apertura, proferida por mí, busqué esclarecer las diferencias conceptuales entre las múltiples funciones del agua con la temática de la “Geopolítica del Agua: Agua para la Guerra – Agua para la Paz”.

Fueron analizados los conflictos en el país y en el mundo relacionado con el agua y su comoditización, como es el caso de la exportación de granos y carne en Brasil, que implica también en la exportación de los recursos naturales empleados en esa actividad, como el agua, la energía, el suelo, los minerales y la biodiversidad.

Según el periodista Lucio Flavio Pinto, en artículo ‘Las verdades amazónicas y los virajes utilitarias” (O jornal Pessoal, 2010):

“Un problema concreto es la utilización del agua como lastro por los navíos. Tan concreto que en 2004 la ONU adoptó una Convención para prevenir la contaminación cuando los buques bombean el agua que tienen y captan aquélla de que necesitan.” En ese canje provocan daños ambientales que pueden ser evaluados por datos suministrados por Antonio Domingues: todos los años esa operación movimiento 5 mil millones de toneladas (o de metros cúbicos) de agua, que deben causar pérdidas globales de 100 mil millones de dólares (identificándose el daño ecológico que, en general, no entra en el cálculo económico).

¿Cuánto de esa enorme pérdida es provocada en Brasil y, específicamente, en la Amazonía? Nadie sabe. Solamente del Pará, cuarto mayor Estado exportador del país, entre 130 millones e 150 millones de toneladas de riquezas naturales (predominantemente los mineras) han sido llevados para otros países en el año pasado. Si, apenas para efecto de cálculo, se considera un promedio de 50 mil toneladas por navíos, solamente para cargar esa exportación ingresan en la Cuenca Amazónica tres mil grandes buque (para el patrón de la navegación regional) por año. O casi diez por día. Es un movimiento excesivo”.

Además del concepto del agua como commodity, hay otros tres que también pueden ser confundidos y utilizados por intereses que no son los del bien común.

 

Agua como commodity

El agua como ecosistema (bien común) no es y ni puede ser considerada una commodity, pero el agua como sinónimo de vida en el planeta ya se está negociando hace décadas en las bolsas. No formalmente, como producto bursátil, como es el caso del petróleo, pero a través del agronegocio y de la minería en el mercado de balcón (o informal, fuera de las bolsas) como ocurre con el agua mineral y con la extracción en pozos artesianos sin control y fiscalización, impactando la calidad del agua del subsuelo con contaminaciones por tratar el agua tan solo como un producto mercadológico desconsiderando su importancia socioeconómica.

Cuando compramos las botellas de 500 ml de agua mineral en el supermercado, el lucro es de la empresa que la industrializó (embotelló). Todo lo que está en exhibición en el supermercado está, de cierta manera, comoditizado, es decir, normalizado para compra y venta adoptando criterios determinados por corporaciones y gobiernos, sin la participación proactiva de la sociedad. Pero, como la población no conoce los derechos y las reglas que deben ser respetadas, hay explotación desenfrenada de ese bien común por algunos grupos empresariales con la complicidad de gobiernos en detrimento del interés colectivo.

En ese contexto, el agua como ecosistema o bien común no podría ser commoditizada ya que esa palabra-expresión commodity significa “mercancía normalizada para compra y venta” para ser negociada con precios establecidos por el libre mercado, con sus valores fijados por las bolsas como ocurre con el petróleo. Por fin sería cotizada de la misma manera que los precios de las commodities minerales (oro, petróleo, gas) y de las commodities agropecuarias (soya, maíz, vacuno, café, azúcar).

 

Agua como ecosistema

Imagine un río o una catarata. No se puede apropiar  ese río o esa catarata y negociarlos, vendiendo o alquilando para una empresa o un grupo de empresarios interesados en explotarlos. De esa forma, no tenemos el derecho de tornarlos propiedad de un único empresario o de un oligopolio, ya que es parte de un ecosistema, que es bien difuso, de uso común del pueblo. Es lo que llamamos de “privatización”. Significa salir de las manos del gobierno y entregarlos como inversión y lucro para beneficiar financieramente el sector empresarial.

El agua por ser un bien que es parte de un ecosistema, por ser tutelada por el Estado, bien de uso público, jamás podría ser privatizada. El hecho de haber un ecosistema implica la interconexión e interdependencia entre todos los seres, los vivos y los inanimados. Cuando un ser se enferma, genera consecuencia en varios niveles a todos los demás. Si el agua se la contamina, degrada, maltrata, afectará a los seres humanos y demás seres vivos. El agua puede curar enfermedades, como también puede matar al tornarse vehículo de contaminaciones como son los riachuelos y ríos contaminados. Por lo tanto, la sociedad tiene derechos sobre el agua, pero también debe asumir los “deberes” al compartirla y cuidarla.

 

Agua como derecho fundamental

Los activistas Ricardo Petrella y Daniele Miterrand emprendieron una larga y ardua campaña contra la privatización del agua, contra el control de ecosistema por empresas privadas, contra la cotización del agua, para que ese recurso finito y fundamental para la existencia de los seres vivos no sufra la precificación como el petróleo que tiene el valor definido en las bolsas y las acciones de las empresas que lo privatizaron, valoradas en el mercado financiero. El petróleo es sustituible, independientemente del alto costo de cambiar la matriz energética de fósil para renovable. Pero el agua no es sustituible. El agua es una incógnita, un misterio de la vida. Puede ser renovable si cuidada y no renovable si degradada. Agua: descífrela o ella te devora.

La Organización de Estados Americanos (OEA) estimó en 2000 que, en 30 años, el barril de agua estaría más caro que el de petróleo, señalando de que ese era el objetivo de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, con la precificación del agua. Son esos bancos los principales financiadores del saneamiento básico y de infraestructura en el binomio “agua y energía” en países vulnerables y en desarrollo.

Como conocemos el engranaje de ese sistema “por dentro”, pues hemos negociado con commodities minerales (oro y petróleo), las commodities agropecuarias (soya, maíz, vacuno, café) y derivativos (derivado de activos), estamos convencidos de que cotizar el agua en bolsas de valores sería una tragedia mundial. Seguimos por dos décadas militando en redes internacionales y en los más diversos frente para que se dieran leyes y acuerdos internacionales que determinasen que el agua sea un derecho humano y de todos los seres. Hemos proclamado en todos los forum y en los medios de comunicación llamando la sociedad a su responsabilidad socio-ambiental. Así, la sociedad debe asumir los comités de cuencas hidrográficas. Si no existe uno en su ciudad, reúna líderes en su comunidad y creen el comité.

 

Agua, derecho a la vida

Siendo el agua fundamental a la vida en el planeta y fundamental hasta mismo para la existencia de la Tierra, desde siempre, defendemos que el agua debería ser un derecho constitucional como lo es el acceso a la salud o a la escuela. Toda la población debe tener el derecho de acceso, en cantidad y calidad garantizando la seguridad hídrica tanto cuanto a la seguridad alimentar. Por lo tanto, considerando que el agua es vida, reconocemos que ese derecho ya está asegurado por la Constitución con el principio de la “dignidad de la persona humana” como se observa más adelante con el fundamento jurídico-económico del concepto “commodities ambientales”.

 

Agua como commodity ambiental

Ese concepto ha sufrido la distorsión de parte de especuladores, de los oportunistas de turno y otros interesados en la privatización de este bien común, en la medida en que intentan disfrazar el uso de commodity convencional que hacen del agua. Por ejemplo, el caso de una fábrica de refrigerantes que instala una planta y explota agua del Acuífero Guaraní, imponiendo el riesgo a la humanidad del despilfarro y contaminación del agua – mientras que ya hay innumeras denuncias debidamente comprobadas por contaminación y degradación en diversas regiones en el país.

El agua como commodity ambiental es el insumo para producción de una mercancía originaria de los recursos naturales en condiciones sustentables, cuya matrices son: agua, energía, biodiversidad, floresta (madera), minerales, reciclaje y reducción de emisión de contaminantes –en el agua, en el suelo y el aire. Las matrices son ecosistemas y/o procesos renovables u no renovables. La materia prima es el fruto originado de la matriz que produce la mercancía. Una guayabera es matriz, no es mercancía. La materia prima es la guayaba que produce la mercancía, el dulce de guayaba de la mujer que hace dulces en la ciudad de Campos de Goytacazes, en Río de Janeiro. Campos es conocida por su famosa “goiabada cascão” (mermelada de guayaba) con receta enseñada de madre para hija de las mujeres indígenas Goytacá. El objetivo de ese concepto es incluir el trabajador y la trabajadora, o el colector, la mujer y el hombre del campo, el agricultor o agricultora entre otros combatiendo la discriminación étnica, promoviendo la igualdad de género, rescatando principios y valores universales al compartir y cuidar del agua como bien común.

Agua como commodity ambiental es la que fue retirada del río, por ejemplo, usada para irrigar la producción agroecológica, la orgánica, la permacultura, la biodinámica, la agro-biodiversidad, la producción de subsistencia y fue “transformada” en producto-mercancía. La commodity ambiental no es el río, no es el ecosistema ni el bien común. El agua como commodity ambiental es el agua virtual utilizada como insumo para sembrar y cosechar el fruto de esa frondosa árbol de la vida. Tampoco es la manzana del pecado de Eva seducida por la serpiente, la imagen bíblica en que la “mujer” es presentada como profanando el paraíso. Es el fruto del vientre materno que genera la vida, cargada en una “bolsa de agua” por nueve meses y que dará a la luz a un ser vivo en la presente y futura generación.

Agua como commodity ambiental es el agua bendita providencial que nos proporciona el alimento; la que sacia nuestra sed por justicia; la que fue negada al nordestino, excluido por la sequía y por el descaso político; la que ha sido arrancada de los manantiales palestinos y africanos; la que ha sido cuidada cuando retorna al ambiente en forma de prosperidad y de riquezas con valor económico.

Agua como commodity ambiental es el agua utilizada para irrigar los árboles frutales de las matas ciliares que protegen los ríos, presas y nacientes en el Cerrado, en la Caatinga, en la Mata Atlántica, del Pantanal, de la Pampa, de la Amazonía, mientras los frutos son alternativas socio económicas de trabajo y renta para el sufrido pueblo ribereño, para los pueblos indígenas y tradicionales, para los agricultores y los campesinas, y, por misericordia en misión de paz, sin excluir –también para los pequeños y medianos productores rurales, los que son “productores de agua”. Sobre ese tema está el artículo “Las commodities ambientales y la métrica del carbono”, publicado anteriormente en ese espacio.

La meta en este modelo económico, el socio-ambiental, es el desarrollo de una sociedad digna, igualitaria, ética, políticamente participativa e integrada. Como por ejemplo, el trabajo cooperativo en las áreas indígenas y quilombolas, donde todo el “fruto del trabajo colectivo” es revertido para la comunidad. Y cuando hablamos de cuenca hidrográfica, es el agua con la gestión hídrica compartida propuesta por la “cobranza por el uso del agua”, de los que pueden y deben pagarla porque la utilizan para producir bienes y servicios; son las industrias, el comercio y los prestadores de servicio, el agro-negocio, entre otros, cuyo recurso financiero debe retornar para la población. La sociedad tiene el deber de fiscalizar, además de la gestión ambiental en la cuenca hidrográfica, la destinación del dinero, y, sobretodo, decidir cuándo, cómo y de qué forma utilizarlo.

Así siendo, se trata de un proyecto en construcción colectiva para la gestión financiera de la cosa y no la cosa que se tornó financiera como lo están haciendo al imponer con el nuevo Código Forestal y con las leyes que vienen en ese mismo paquete de productos y servicios, los instrumentos de la ‘economía verde”, como los créditos de carbono, los créditos de compensación, los pagos por servicios ambientales, el REDD, entre otras pirotecnias financieras, también confundidas con la legítima propuesta, “la cobranza por el uso del agua”, discutida por años en las trincheras del bon combate, entre tantas otras propuestas e iniciativas que nos son tan caras,

 

El concepto “Bienes Ambientales

De acuerdo con el principio que nortea el concepto “bienes ambientales” trazado por el Consejo Jurídico de la Alianza RECOs:

La directiva trazada por el concepto del Proyecto “Bienes ambientales” encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico patrio, especialmente en la Constitución Federal, que define como bienes ambientales los que, en el plano normativo, son considerados esenciales a la sana calidad de vida (art. 225 de la CF).

Los bienes ambientales son considerados jurídicamente esenciales a los valores directamente organizados bajo el punto de vista jurídico, en faz de la tutela de la vida de la persona humana (el propio patrimonio genético, la fauna, flora, los recursos minerales, etc.), como, principalmente, ante la dignidad de la persona humana (art. 1º, III, de la CF), verdadero fundamento a ser seguido en el plano normativo.

La Constitución Federal, para garantizar los derechos considerados esenciales a la dignidad de la persona humana, destinó y aseguró a los brasileros y extranjeros residentes en el país, garantizando los derechos a la educación, salud, trabajo, vivienda, al entretenimiento, a la seguridad, a la previdencia social, a la protección a la maternidad, protección a la infancia y la asistencia a los desamparados como un verdadero piso vital mínimo, a ser necesariamente asegurado por el Estado Democrático de Derecho.

Conforme establece esa carta, el orden económico tiene por finalidad asegurar a brasileros y extranjeros residentes en el país una existencia digna, conforme principios explícitamente indicados en el artículo 170 (incisos I al IX).

La defensa del medio ambiente (art. 170, VI), asociada a la soberanía nacional (art. 170, I), asume importante destaque, influenciando evidentemente toda y cualquier actividad económica.

Los principios que iluminan jurídicamente el orden económico en Brasil es que el poder público –no sólo como agente gestor, normativo y reglador de la actividad económica, más principalmente en el sentido de asegurar la efectividad del derecho ambiental ante los recursos ambientales (art. 225, # 1º) – deberá exigir, como regla, “Estudio Previo de Impacto Ambiental” para instalación de toda y cualquier obra, o mismo actividad, que potencialmente pueda causar significativa degradación del medio ambiente –natural, artificial, cultural y del trabajo-, ante aquellos que pretendan lícitamente explotar recursos ambientales.

El bien ambiental, conforme el art. 22 de la Constitución, es “de uso común del pueblo”, es decir, no es bien de propiedad pública, sino de naturaleza difusa, razón por la cual nadie puede adoptar medidas que impliquen gozar, disponer, fruir del bien ambiental, destruirlo o hacer con él de forma absolutamente libre, todo lo que es voluntad, deseo de la persona humana en el plano individual o meta-individual.

Al bien ambiental solamente se le confiere el derecho de uso, garantizado el derecho de las presentes y futuras generaciones.

La naturaleza jurídica del bien ambiental como de único y exclusivo uso común del pueblo, elaborada por la Constitución de 1988 y vinculado a la orden económica, visando así atender a las relaciones de consumo, mercantiles y otras importantes relaciones destinadas a la persona humana, tiene en la dignidad de la persona su más importante fundamento.

Es de resaltar que la obligación de aquellos que explotan recursos naturales no se agota en la recuperación del medio ambiente natural degradado (art. 225, # 2º de la CF), pues deriva también del impacto ocasionado sobre la vida en todas sus manifestaciones (natural, cultural, medio ambiente artificial y medio ambiente del trabajo), en la forma de la ley”.

Estamos convencidos de que es imprescindible cambiar el modelo económico vigente, de que es preciso lanzar una mirada holística, integral de la realidad. La soberanía de las naciones está seriamente amenazada, como en el caso de Brasil, con las reformas legislativas en curso y con el desmantelamiento de la Constitución Federal, de modo a violentar vergonzosamente, el Estado Democrático de Derecho.

Brasil necesita seguir el ejemplo de sus vecinos bolivianos, ecuatorianos y uruguayos y luchar por el derecho al agua, comprendiendo que el agua también tiene valor económico por ser vida. Pero que la vida de valor inestimable, no tiene precio.

Notas:

1.   REDD – Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación

2.   En marzo de 2010, con el tema “Agua: el gran desafío”, el Fórum Internacional de Gestión Ambiental –FIGA, hizo su primera edición en que buscó promover un franco debate sobre la gestión de los recursos hídricos. El FIGA es realizado anualmente por la ARI –Asociación Riograndense de Prensa, con apoyo de diversas entidades e instituciones de enseñanza e investigación en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul y ya reunió, desde su primera edición, los mejores expertos en gestión de recursos hídricos de Brasil y del exterior.

Referencias:

EL KHALILI, Amyra. Commodities ambientais: novo modelo econômico para América Latina e o Caribe. Fórum de Derecho Urbano y Ambiental – FDUA , Belo Horizonte, año 12, n. 71, p. 9-22, sep./oct. 2013.

EL KHALILI, Amyra. As commodities ambientais e a métrica do carbono. Fórum de Derecho Urbano y Ambiental – FDUA , Belo Horizonte, ano 16, n. 93, p.26-31, maio./jun. 2017.

EL KHALILI, Amyra. O Rio São Francisco e a “cobrança pelo uso da água”. Jornal Pravda.RU. Acceso en: 14 ago. 2016. Capturado en: 10 mar. 2017. http://port.pravda.ru/sociedade/cultura/14-08-2016/41543-rio_sao_fransisco-0/  

FANTE, Eliege. Fórum Internacional de Gestão Ambiental – Água, o Grande Desafio. EcoAgência de Notícias . Acceso en: 23 mar. 2010. Capturado en: 02 sep. 2017. http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRFWWNlUspFVOdVMXJ1aKVVVB1TP  

PINTO, Lúcio Flávio. As verdades amazônicas e as visagens utilitárias. Publica o Jornal Pessoal (JP) – Acceso en: 09 oct. 2010. Capturado en: 03 sep. 2017.

http://idlocal.com.br/as-verdades-amazonicas-e-as-visagens-utilitarias?locale=pt-br  

TATSCH. juliano. Amyra afirma que Brasil é rico pelos recursos hídricos que tem. Jornal do Comércio. Acceso en: 23 mar. 2010. Capturado e: 03 spt.2017.   http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=23406  

ONU reconoce acceso al agua potable como derecho humano. Acceso en: 29 de jul. 2010. Capturado en: 03 sep. 2017. http://www.dn.pt/globo/interior/onu-reconhece-acesso-a-agua-potavel-como-direito-humano-1629749.html  

Asamblea General de la ONU reconoce saneamiento como derecho humano distinto do derecho a agua potable.https://nacoesunidas.org/assembleia-geral-da-onu-reconhece-saneamento-como-direito-humano-distinto-do-direito-a-agua-potavel/ . Acceso en: 04 ene. 2016. Capturado en: 03 sep. 2017.

Amyra El Khalili es profesora de economía socioambiental. Es editora de las redes Movimiento Mujeres por la P@Z! e Alianza RECOs – Redes de Cooperaçcióm Comunitaria Sim Fronteras. Es autora do e-book “Commodities Ambientais em Missão de Paz: Novo Modelo Econômico para a América Latina e o Caribe”.

http://operamundi.uol.com.br/dialogosdelsur/agua-el-gran-desafio/06102017/ 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236525

 

 

Reparemos, y expandamos este descubrimiento abajo y a la izquierda, en el porqué tenemos un antagonismo irreconciliable con los gobiernos progresistas e intelectualidad a su servicio:

 

 

 

Extractivismo o muerte
18 de agosto de 2015

Por Sergio Federovisky (contaminacioncero)

 

El combustible del crecimiento de la última década en América latina, y lógicamente en la Argentina, es el que deriva de las “ventajas comparativas”, es decir de la dotación de recursos naturales demandados desde economías centrales. Se lo bautice como “desarrollo independiente” (con demasiadas comillas) o como extractivismo puro y duro, es sencillo consensuar que se trata de un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos, principalmente no renovables, y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados “improductivos”.

Los resultados del modelo podrán ordenarse de acuerdo con el plazo en que interese analizarlos. El pensamiento predominante, tomando ya sin originalidad la crisis de 2001 como punto de partida, insiste en que los ingresos extraordinarios (de la soja o la minería) y la ampliación del gasto social “están relacionados”. Una lectura no coyunturalista detalla al menos tres elementos prácticos que relativizarían las bondades del modelo: una tendencia a la reprimarización de la economía –que no se compensa con el slogan desarrollista de “incorporar valor agregado”-, un comprobable deterioro de las variables ambientales presentes y futuras, y una alta conflictividad social desatada a partir de la resistencia a dichas consecuencias. Y un último elemento, quizás más ideológico, que altera las conciencias más progresistas que defienden este modelo: al ser la extracción y la comercialización el nudo del negocio, la propiedad de los recursos pasa a ser secundaria, con lo que la condición estatal de esa propiedad no garantiza soberanía a la hora de su explotación.

José Natanson ha escrito que el extractivismo ha sido más cuestionado por círculos intelectuales antes que políticos. Allí puede estar parte de la explicación acerca de la ausencia de un debate sobre este modelo en la actual campaña electoral. Claro que, aun sin pretenderlo, se desliza la idea de cierta futilidad en la discusión intelectual al tiempo que se sugiere que el pragmatismo de la política es el que define la ecuación a favor de “lo real” como sinónimo de “lo importante”.

Podría entonces presuponerse que el debate acerca del extractivismo está ausente no porque la política no se haya anoticiado de su trascendencia, sino porque quienes encarnan las candidaturas predominantes concuerdan en que del modelo imperante sólo se pueden discutir matices y no su esencia. Es probable que por convicción, por conveniencia o por no correr el riesgo electoral de salir de la corriente, las distintas opciones políticas convoquen a esta presuntamente única opción de “desarrollo”. Y que por aquellos mismos motivos, descalifiquen cualquier cuestionamiento como fruto de la antimodernidad, la negación del progreso o el fundamentalismo ecologista.

A lo sumo, cuando se alerta acerca de las anomalías, los discursos electorales adjuntan menciones respecto del “cuidado del medio ambiente” o similares. Pero siempre dejando en pie la idea de que los problemas del desarrollo se resuelven acentuando este modelo: el extractivismo se combate con más extractivismo.

Lo que no se discute es si este modelo, entre cuyos atributos también están la desigualdad, el saqueo, el derroche y la contaminación escalofriante, sólo requiere “retoques” o si en verdad se trata de un “maldesarrollo”, como muchos intelectuales se obstinan en señalar. Gudynas, en representación de quienes ven las anomalías no como “problemas de praxis” del modelo sino como daños esenciales a su concepción, habla de la búsqueda de un “desarrollo otro”.

Básicamente, y no como eslogan, se trataría de un desarrollo sustentable en sus aspectos sociales, económicos y, por supuesto, ambientales. Pero al no integrar la batalla electoral, quizás haya que presumir que se trata de una mera jactancia de intelectuales.

 

[N. de E.] Artículo relacionado: Politica, Lacan y medio ambiente. Le Monde Diplomatique. [Enlace].

Sergio Federovisky es el presidente de la Agencia Ambiental La Plata y docente de “Política ambiental” en la Universidad Torcuato Di Tella, además de conductor del programa “Contaminación Cero” y columnista de política ambiental en “Tercera Posición” por América 24.

Fuente original: http://www.contaminacioncero.com/ver_noticia.php?id=104
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202247

 

 

Insistamos en el imperativo de ruptura con los gobiernos progresistas e intelectualidad modeladora de consensos correspondientes y expandamos esta liberación abajo y a la izquierda. Destapemos qué sucede en Bolivia:   "El gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denominan «desarrollo integral»".

 

 

 

Encasillando el Vivir Bien

22 de septiembre de 2015

Por Eduardo Gudynas (Página 7)

En las polémicas sobre los controles que el Estado exige a las asociaciones ciudadanas parecería que han pasado desapercibidas algunas consecuencias. Entre ellas estimo de enorme importancia señalar que podría desembocarse en extremos tales como cercenar las exploraciones sobre las ideas del Vivir Bien, las alternativas al capitalismo o incluso los modos de enfrentar el cambio climático.

Esto no es una exageración. Para explicarlo hay que comenzar por recordar que la Ley 351 sobre la otorgación de personerías jurídicas a ONG y otras asociaciones (aprobada en marzo de 2013) establece que en sus estatutos deberán indicar su "contribución al desarrollo económico y social” (artículo 7, sección II). El sentido del artículo se aclaró en el decreto de reglamentación parcial de la ley (DS 1597 de 2013), entendiéndola como las actividades "orientadas al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.

Traduciendo esas exigencias, las ONG no pueden trabajar en cualquier tema, sino que deben necesariamente abordar la temática del "desarrollo”, y específicamente tal como el gobierno de turno entienda a ese concepto. Si abordan otras cuestiones que no están dentro de las visiones oficiales del desarrollo, o incluso si se critica esas concepciones o se alertan sobre sus efectos, las ONG y otras asociaciones podrían entrar en zonas de riesgo de ser declaradas irregulares o ser disueltas.

Estamos frente a un marco normativo que tiene la potencialidad para acortar temas de discusión o prácticas de las asociaciones ciudadanas. Esta situación es clara ya que, según los testimonios de algunas personas que tramitan las personerías jurídicas de las ONG, el gobierno les señala que en sus estatutos deberían indicarse que sus fines están en correspondencia con el plan nacional de desarrollo o la Ley de la Agenda Patriótica. Una vez que se comprende esto pueden advertirse algunas consecuencias. Si bien son muchas, deseo detenerme en algunas de ellas.

Encasillando el Vivir Bien

Un primer impacto afecta las capacidades para seguir avanzando en los conceptos del Vivir Bien. Las posiciones originales de esa idea expresaban una crítica radical a las propias bases de la ideas de desarrollo en cualquiera de sus variedades. Dicho de otro modo, aquel Vivir Bien buscaba trascender a todos los tipos de desarrollo, se llamaran sostenible, humano, endógeno, etc., y descansaba sobre un profundo respeto de la naturaleza. Es evidente que la profundización de una estrategia extractivista sería incompatible con esa versión del Vivir Bien.

Es bien sabido que el gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denomina "desarrollo integral” (formalizado en la ley sobre la Madre Tierra de 2012).

Lo que ahora está sucediendo con el estatuto sobre las asociaciones ciudadanas opera en el mismo sentido de limitar los contenidos y alcances sobre un Vivir Bien que pudiera ser radical. Las ONG deberían enfocarse en un tipo de Vivir Bien asociado al "desarrollo integral”, pero no podrían cuestionarlo ni avanzar en otras visiones. Es más, nada impediría que aquellas asociaciones que defiendan un Vivir Bien pongamos por caso, radicalmente andino y ecológico, cuestionando las invasiones petroleras o mineras, puedan ser observadas o disueltas. 

Desarrollo y cambio climático

Otros impactos inciden sobre las opciones para debatir alternativas sobre el capitalismo, y dentro de ellas, de uno de los problemas actuales más graves, el cambio climático. Existen muchos acuerdos en que la marcha del capitalismo global es insostenible por sus impactos sociales y ambientales, y por descansar en relaciones de desigualdad y poder. Varios componentes de este diagnóstico han sido dichos por distintos actores del Gobierno boliviano, lo que es muy bueno. Pero es necesario advertir que el capitalismo y el desarrollo son conceptos contenidos uno dentro del otro, íntimamente relacionados. Por ello, si se critica al capitalismo también se debería cuestionar al desarrollo, en cualquiera de sus variedades. No tiene sentido cuestionar al capitalismo pero abrazarse al desarrollo. Esos debates son nutridos sobre todo por ONG y centros de investigación, y por las visiones y testimonios de los movimientos sociales. Pero, como se demostró arriba, las ONG que podrían trabajar en esas cuestiones ahora están limitadas a operar dentro de una versión del desarrollo, llamado integral.

El debate sobre el capitalismo y el desarrollo además está directamente vinculado a la problemática del cambio climático. Este es un nexo especialmente relevante dada la invitación del Gobierno boliviano a una nueva "cumbre de los pueblos” para analizar esa cuestión.

En la actualidad son muchos los que reconocen que el avance de los cambios en el clima planetario se debe a las perversas expresiones de la pareja capitalismo – desarrollo. Es por eso que activistas y académicos proponen medidas como dejar sin explotar, en el subsuelo, al menos el 80% de los yacimientos petroleros (ya que si esos combustibles son quemados, el cambio climático se dispararía fuera de control). Esta es una medida postextractivista que se da la mano con las visiones originales del Vivir Bien. Pero también sabemos que el gobierno que convoca a esa cumbre tomó partido por un desarrollismo que se mueve en el sentido contrario, intentando extraer más hidrocarburos, que serán quemados y contribuirán al cambio climático. Estrategias similares siguen otros países, y dentro de muchos de ellos hay centenares de asociaciones civiles que les critican y que además exploran opciones postpetroleras.

Muchos de esos grupos, si llegan a participar del encuentro en Tiquipaya, se encontrarán que desde el gobierno y sectores cercanos se critican o imponen condiciones a las ONG nacionales que intentan promover ese tipo de debates. Asoman contradicciones para sostener un debate plural y abierto sobre el cambio climático.

Por todo este tipo de razones, detrás de la intención de encauzar a las organizaciones ciudadanas hay implicaciones que van mucho más allá de simples formalidades burocráticas. 

Fuente original: http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/9/20/riesgos-imponer-condiciones-debates-ciudadanos-70606.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203548

 

Desentramparnos, abajo y a la izquierda,  del progresismo por balance crítico de sus gobiernos no basta. Precisamos analizar porqué importantes izquierdas se incorporaron a hacer posible esa acumulación gran capitalista por conducción de las rebeliones antineoliberales hacia la sociedad de consumo y por distorsión conceptual de nación, patria grande, etc. Este esclarecimiento puede devenir de discutir y decidir sobre:

 

 

 

Frente a la urgencia ecológica

Proyecto de sociedad, programa, estrategia

 

17 de agosto de 2015

Por Daniel Tanuro (Viento Sur)

Transcripción (abreviada) de la exposición realizada el 28 de julio en el marco del 32 Encuentro Internacional de Jóvenes de la IV Internacional, organizado en Bélgica. Agradezco las aportaciones de quienes intervinieron, que me han llevado a retocar y precisar este texto en algunos puntos.

En abril de 2014, dos equipos diferentes de glaciólogos americanos especialistas en la Antártida llegaron -por métodos diferentes, basados en la observación- a la misma conclusión: debido al calentamiento global, una parte del casquete glaciar ha comenzado a derretirse y este deshielo es irreversible.(...)

 

(...)Un doble callejón sin salida del capitalismo

En realidad, lo habéis comprendido, la causa de estos fenómenos no es la población ni la naturaleza humana sino el capitalismo y la “naturaleza” de esta forma de producción contra natura. En realidad, las curvas exponenciales de la degradación medioambiental no son otra cosa que la manifestación de la ley fundamental del capitalismo: “Siempre más”.

Un capitalismo sin crecimiento es una contradicción en sus propios términos. La explicación es simple: en este sistema basado en la competencia por el beneficio, cada propietario individual de los medios de producción está obligado a buscar permanentemente reducir sus costes, especialmente sustituyendo a trabajadores por máquinas que aumenten la productividad del trabajo. Este requisito es completamente imperativo: quien quisiera sustraerse a él sería inmediatamente condenado a la muerte económica.

Por tanto, el capitalismo es por esencia, productivista. Siempre produce más mercancías, lo que implica apropiarse y saquear más recursos naturales, explotar siempre más la fuerza de trabajo -sea directamente en la producción, sea indirectamente en los servicios y en la reproducción de la fuerza de trabajo-, y destruir siempre los saberes y las lógicas alternativas a su propia “lógica” bulímica.

En esta lógica capitalista insensata, la “crisis ecológica” misma sólo se percibe como una “estupenda oportunidad para nuevos mercados”. Por eso, la prensa económica exalta las posibilidades del mercado de las renovables, del mercado de los derechos de contaminar, del mercado de la agricultura (seudo)bio, etc. Desaparecida la globalidad del problema, la solución global también desaparece tragada por el apetito de beneficio de los capitalistas particulares.

Es evidente que las seudosoluciones de este “capitalismo verde” no resolverán nada. No derrocharía mi tiempo en explicarlo. Como decía Albert Einstein, no se resuelve un problema con los medios que han causado el problema. No se resolverá la crisis ecológica mediante los mecanismos de mercado y el productivismo que son la causa de la crisis ecológica.

A propósito de esto, tomad nota: como he mencionado, el único aspecto de la crisis ecológica en el que la dinámica exponencial de la destrucción se ha roto, es la desaparición de la capa de ozono. Las emisiones de gas responsables del fenómeno disminuyeron mucho después del Protocolo de Montreal (1987). Ahora bien, justamente es en el único ámbito en el que los gobiernos (por una serie de razones muy particulares en las que no voy a a profundizar) recurrieron a medidas de regulación más que a mecanismos de mercado /6.

La conclusión salta a la vista: no es la naturaleza la que está en crisis, es la sociedad capitalista. Hemos llegado a un estadio en el que el absurdo de este modo de producción altera gravemente las relaciones entre la humanidad y la naturaleza de la que forma parte hasta el punto de poner en peligro mortal a una buena parte del género humano. Por esta razón no me gusta la expresión de “crisis ecológica”.

El término de “crisis” es además, incorrecto. Una crisis es un momento de transición entre dos estados de un sistema. En mi opinión, no se puede hablar de “crisis” para describir el conjunto de fenómenos exponenciales de degradación del medio ambiente que ya he recordado y que se amplían desde hace dos siglos.

No es a una “crisis” a lo que tenemos que responder sino a un doble callejón sin salida del capitalismo, a la vez en el plano medioambiental y en el plano social (en síntesis: la tendencia a la baja de la tasa de beneficio y la forma en la que el capital intenta contrarrestarla).

Es sorprendente que sobre estos dos planos -social y medioambiental- el sistema choca contra límites que ni él mismo es capaz de identificar. Esto valida el análisis de Marx, que decía que “el único límite del capital, es el capital mismo” y concluía que este Moloch, si no se elimina a tiempo, agotaría “las dos únicas fuentes de toda riqueza: la Tierra y el trabajador”.

Lucha ecológica, lucha de clases

Este enfoque permite enmarcar la lucha que debemos llevar. No es una “lucha ecológica”, en el sentido de una especie de lucha de lujo de quienes no tienen demasiados problemas sociales. Es una lucha social para salvar la existencia de este planeta, especialmente, el mundo del trabajo, las mujeres, la juventud, el campesinado, los pueblos indígenas, en resumen, las personas explotadas y oprimidas que el capitalismo amenaza con sacrificar en masa.

La lucha que debemos llevar por el medio ambiente es una lucha de clases, una lucha anticapitalista que engloba, por así decir, todas las otras luchas y que tiene el potencial de unirlas. Una lucha cuyo desenlace decidirá la elección entre una humanidad digna de ese nombre, que cuida con amor de sí misma y de la naturaleza de la que forma parte, o un caos bárbaro de destrucción social y medioambiental.

Esta lucha es a la vez poética -está cargada de emociones y de pasiones, pues se trata de salvar lo maravilloso de este mundo que nos hace plenamente humanos- y racional. Pero no nos hacemos ninguna ilusión: no se ganará ni por la poesía ni por la razón, cualesquiera que sean las la belleza de la primera y el rigor de la segunda.

Vista la actualidad de estas últimas semanas, ilustraría esta afirmación con una parábola griega: ¿que tienen en común Yanis Varufakis y las grandes organizaciones ambientalistas? La ilusión de creer que los dramas humanos y los argumentos racionales, apoyados por premios Nobel, podrían convencer al adversario de que su política es absurda, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses capitalistas.

Esta creencia es verdaderamente ilusoria. Antes que nada, no se trata de la ignorancia o de la falta de información de los “responsables”, sino de intereses materiales. Para salvar el clima, 1º ) las compañías petrolíferas, gasísticas y del carbón, deberían renunciar a explotar las cuatro quintas partes de las reservas de combustibles fósiles de los que son propietarias y que determinan su cotización en Bolsa y 2º) la mayor parte del sistema energético mundial -que equivale más o menos a una quinta parte del PIB global- debería desmantelarse antes de su amortización. En los dos casos, esta destrucción de capital acarrearía una enorme crisis financiera.

Se puede hacer otra comparación a la griega: ¿qué tienen en común Schäuble, Lagarde y los escépticos del cambio climático? Una férrea determinación de proteger el sistema, el de la clase capitalista de la que forman parte y que construye lo esencial de su potencia desde hace dos siglos sobre la explotación de las energías fósiles.

Este sistema, los Straüble y los Lagarde de todos los países están dispuestos a mantenerlo al precio de grandes destrucciones, del sacrificio de millones de seres humanos, incluso precipitando el mundo en un caos ingobernable a no ser por medios que no tendrán nada que ver con la supuesta “civilización” ni de cerca ni de lejos.

Cuando el mal esté hecho, los Straüble y los Lagarde verterán lágrimas de cocodrilo sobre las víctimas hablando de “catástrofe natural”. Pues esta gente cree que las leyes de mercado son leyes naturales, tan intangibles, sino más, que las leyes de la física.

El economista burgués Schumpeter decía que el capitalismo sale de sus crisis periódicas por la “destrucción creadora”. Lo que Ernest Mandel llamaba el capitalismo de la “tercera edad” solo puede salir de ese doble callejón social y ecológico por la “destrucción destructora”.

Ciertamente se trata de una lucha, no de un debate académico, y el ejemplo de Grecia nos muestra a pequeña escala hasta qué punto esta lucha será implacable.

Explicar, bloquear, “comunistizar”

¿Qué hacer? Como decía el otro... ¿Qué hacer para limitar al máximo la catástrofe climática?

• La primera tarea es explicar sin descanso y por todos los sitios la gravedad de la situación y sus causas, en particular en las organizaciones populares, el movimiento sindical, las organizaciones de mujeres y los movimientos juveniles. Es necesario un enorme trabajo de educación permanente en que que debemos participar. Hablar es ya actuar, es sembrar las semillas de la gran cólera indispensable.
• La segunda tarea es luchar en todos los lugares contra los grandes proyectos de inversión al servicio de la industria fósil: aeropuertos, los nuevos oleoductos, las nuevas autopistas, las nuevas perforaciones, las nuevas minas, la nueva locura del gas de esquisto, los nuevos caprichos de los geoingenieros que sueñan en dotar a la Tierra de un termostato... del que ellos tendrían el control.

Naomi Klein tiene toda la razón al llamar a reforzar en todas partes la respuesta que llama “Blokadia”. Tiene razón porque este bloqueo, en efecto, es de una importancia estratégica: el nivel actual de desarrollo de infraestructuras no permite al capital continuar quemando las masas de combustibles fósiles que nos coloquen en la vía de un calentamiento de 6ºC de aquí a 2100 /7. Las movilizaciones como las de Notre-Dame des Landes, o el oleoducto Keystone XL, o el parque Yasuni, son como barreras que bloquean el camino. Defendámoslas y coordinémonos para defenderlos.

• La tercera tarea es sostener todas las alternativas colectivas, sociales y democráticas que hacen avanzar la noción de lo común, de los bienes comunes y de la gestión común de la Tierra “como buenos padres y madres de familia”. No miremos con desprecio los grupos locales de compra de productos locales de agricultura orgánica y otras alternativas que, por ejemplo, favorecen la soberanía alimentaria. Por supuesto, no creemos que el capitalismo pueda ser derribado de esta forma, por contagio. Esto no impide que estas iniciativas puedan ser palancas de concienciación, en particular cuando organizan el diálogo y, consecuentemente, rompen la separación, generada por el capital, entre productores y consumidores, o cuando implican el movimiento sindical.

Sin embargo, la supuesta educación permanente, los bloqueos y las iniciativas de conquista del común no son suficientes. La lucha requiere un proyecto de sociedad alternativo, un programa y una estrategia. Pasaré rápidamente revista a estos tres aspectos.

 

Proyecto de sociedad: la actualización ecosocialista

Llamemos al pan pan y al vino vino: el proyecto de sociedad alternativo sólo puede ser de tipo socialista. Se trata de suprimir la producción de valores de cambio para el provecho de una minoría capitalista y reemplazarla por la producción de valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas reales, determinadas democráticamente. No hay otra elección posible, otra alternativa posible a este modo de producción. Ahora bien, esta alternativa corresponde fundamentalmente a la definición del socialismo.

El movimiento autónomo de las mujeres interpela a nuestras organizaciones para que tengamos en cuenta que el socialismo implica no solamente la supresión de la explotación del trabajo asalariado sino también la lucha contra la opresión de las mujeres. El trabajo doméstico gratuito al servicio del mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo es un pilar del sistema cuidadosamente ocultado por el patriarcado que oprime también a gays y lesbianas. Nuestro movimiento intenta extraer todas las conclusiones sobre qué tipo de socialismo queremos.

De igual manera, debemos explorar lo que la gravedad de la crisis ecológica implica para nuestro proyecto socialista. Aquí, también es necesaria una actualización. Citaré brevemente, tres puntos:

 

1.      La tecnología. Lenin decía que “el socialismo son los soviets más la electricidad”. Hoy está claro que esta definición es insuficiente. ¿Cómo se producirá la electricidad? ¿Con el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear? Un socialismo digno de ese nombre exige una electricidad producida exclusivamente por fuentes de energía renovables y usada con el máximo de eficiencia. En otras palabras, la “crisis ecológica nos lleva a concluir que las tecnologías no son neutras”.

2.      Los límites. Engels ensalzaba el “desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas” que sería posible, según él, una vez que la humanidad se desembarazase de los “obstáculos capitalistas”. Se puede debatir sobre el sentido exacto de esta frase, de la importancia que Engels daba a las fuerzas productivas no materiales como el conocimiento, etc. Pero una cosa está clara: el proyecto socialista está taponado por lo que Daniel Bensaid llamaba las “escorias productivistas”. Eliminémoslas. Luchamos por un socialismo que respeta los límites de los recursos, los ritmos y los modos de funcionamiento de los ecosistemas así como de los grandes ciclos naturales. Un socialismo que aplica el principio de precaución y renuncia al “dominio de la naturaleza”.

3.      La descentralización. Marx había dicho de la Comuna de París que era la “forma política por fin encontrada de la emancipación del trabajo”. Sobre la base de esta experiencia revolucionaria, abandonó concepciones más centralistas, se pronunció por una federación de comunas como alternativa al Estado y se puso a estudiar las formas comunales de las sociedades precapitalista. Una democracia real de productores asociados no es factible sin la destrucción del Estado y su sustitución por una federación de estructuras de autoorganización descentralizadas que se coordinan. La necesaria transición energética nos anima a optar de forma mucho más audaz por esta concepción, pues las renovables implican una descentralización avanzada que facilite la gestión por las comunidades o bajo su control. Podemos completar la fórmula de Marx: “la comuna es la forma política encontrada por fin de la emancipación del trabajo y de la sostenibilidad ecológica” (en el verdadero sentido del término).

 

Estos tres puntos son suficientes, creo, para mostrar que el ecosocialismo es algo diferente al mismo perro con otro collar: es un proyecto emancipador que integra los nuevos desafíos a los que se enfrenta la humanidad por la destrucción capitalista del medio ambiente y de la desastrosa experiencia del “socialismo real”.

 

Programa: una radicalidad ineludible

En lo referente al programa, diría que quienes piensan que la cuestión ecológica corre el riesgo de desviarnos de las respuestas anticapitalistas que se oponen a la austeridad se equivocan totalmente. La verdad es justamente lo contrario: en realidad, la urgencia y la gravedad de la crisis ecológica dotan de fuerte legitimidad a un programa extremadamente radical, revolucionario, cuya clave principal es la doble expropiación/socialización de la energía y del sector financiero, sin indemnización, ni compensación y bajo control obrero.

Estos dos sectores están profundamente imbricados, sobre todo, porque las gigantescas inversiones en el sector fósil (prospección, perforaciones, minas, refinerías, centrales eléctricas, líneas de alta tensión, etc.) son inversiones a largo plazo, financiadas mediante créditos. Visto lo que se ha dicho más arriba sobre el desguace del sistema energético antes de la amortización, así como sobre las reservas fósiles para dejar bajo tierra, la nacionalización es la condición sine qua non para que la colectividad disponga de palancas y de medios que le permitan organizar la transición energética independientemente del imperativo del beneficio, en un marco descentralizado.

Bajo esta clave, se pueden organizar numerosas reivindicaciones más inmediatas que no detallaré aquí. Solamente, diré que dos cuestiones me parecen de gran importancia en una doble perspectiva de respuesta a la austeridad y la propagación de la idea de lo común.

La primera es la de la gratuidad: por ejemplo, la gratuidad de los servicios de base correspondientes a las necesidades socialmente necesarias en materia de acceso al agua, a la luz, a la movilidad y a la calefacción (combinada con una tarificación rápidamente progresiva más allá de esas necesidades).

La segunda es la del repliegue de la esfera de mercado del beneficio de un sector público democrático con los mecanismos de control y de participación de la población: sociedades públicas de aislamiento tèrmico y rehabilitación de viviendas, sociedades públicas de transporte público, etc.

 

Estrategia: convergencia de las luchas campesinas, indígenas, obreras y feministas

Terminaré por la estrategia. Es obvio que la humanidad sólo podrá salir del callejón al que el capitalismo la ha arrastrado por medios revolucionarios. Es obvio también que la lucha anticapitalista que hay que llevar a cabo implica necesariamente un rol central de la clase obrera, es decir, de quienes su existencia depende de la explotación directa o indirecta de su fuerza de trabajo por el capitalismo en la producción, en los servicios o en la reproducción de la fuerza de trabajo.

Pero la revolución, no son dos ejércitos bien delimitados -la clase obrera y la burguesía- que se colocan frente a frente en un campo de batalla. Toda situación revolucionaria es el producto de una crisis de la sociedad entera, de una efervescencia confusa de iniciativas de las clases, pero también de fracciones de las clases, de las capas sociales, etc. En esta efervescencia, la clase obrera debe conquistar la hegemonía demostrando en la práctica que su programa aporta respuestas a los problemas y a las aspiraciones de todas las personas explotadas, de todas las personas oprimidas.

Esta puntualización es especialmente pertinente aquí puesto que la “crisis ecológica” es como la amenaza de la guerra atómica: interpela y moviliza a millones de hombres y mujeres de todas las capas de la sociedad porque sienten inquietud por el futuro del planeta y el de sus hijas e hijos.

Por eso, las grandes movilizaciones ecológicas, como las grandes movilizaciones pacifistas, tienen a menudo un lado interclasista. Sin duda, las trabajadoras y trabajadores son mayoritarios, al menos en los países “desarrollados” donde la clase obrera forma la mayor parte de la población, pero no participan en su condición de tales con conciencia de su papel específico.

En mi opinión, la tarea de los revolucionarios en este contexto no es quedarse al borde del camino para repartir panfletos llamando a una respuesta socialista. Ciertamente, esos panfletos son útiles pero nuestra tarea es también construir el movimiento de masas y orientarlo hacia soluciones anticapitalistas

Esta discusión de estrategia es tanto más importante, cuanto que la clase obrera esta hoy en la retaguardia de la lucha sobre el clima, mientras que los agricultores y los pueblos indígenas están en primera línea con reivindicaciones anticapitalistas, en los dos casos, las mujeres jugando un papel clave.

Construir el movimiento de masas, tenemos que hacerlo con la preocupación estratégica de arrastrar al mundo del trabajo cuyo papel será decisivo. Pero para ello, debemos comprender las razones específicas que explican la baja participación relativa del movimiento obrero en la lucha ecológica en general, climática, en particular.

La explicación no es complicada. Hoy, cuando los pequeños agricultores luchan por sus condiciones de vida contra el agronegocio, las reivindicaciones inmediatas que ponen por delante coinciden ampliamente con el programa agrario aplicable para salvar el clima. Además, saben que necesitan apoyo de la población en general para hacer frente a un adversario muy poderoso que quiere destruirlos, de manera que se inclinan mucho más hacia la alianza “obreros-agricultores” que hacia un programa pequeñoburgués. Igual sucede, mutatis mutandis, con los pueblos indígenas en defensa de su modo de vida basado en la simbiosis con el bosque, por ejemplo.

En estas dos categorías, no es sorprendente que las mujeres desempeñen un rol clave. No por por una “esencia femenina” ecológica sino porque las mujeres asumen el 80% de la producción de alimentos a nivel mundial por una parte, y por el papel de “cuidar” que el patriarcado les atribuye en la división del trabajo, se enfrenta directamente a alguno de los impactos más brutales del cambio climático como la escasez de agua, por otra.

Las cosas se presentan de forma diferente para las trabajadoras y los trabajadores. No hay coincidencia sino tensión, incluso oposición aparente, a primera vista, entre las reivindicaciones inmediatas que plantean espontáneamente para ganarse el pan, por una parte, y el programa que debería ser aplicado en materia ecológica, por otra.

Es evidente que esta oposición sólo es aparente pero por ello, no es menos obstáculo, sobre todo en los combates llevados empresa a empresa. A menudo, los trabajadores de empresas contaminantes afirman sentirse desgarrados entre la conciencia de carácter ecológico nocivo de su actividad y la obligación en que se encuentran de preservar su puesto de trabajo.

Este desgarro sólo puede ser superado por respuestas anticapitalistas, las únicas que permiten responder a la vez a las necesidades sociales y a las obligaciones ecológicas. Así es el camino estratégico general de ecosocialismo.

No voy a enumerar un catálogo de las reivindicaciones, están en gran medida por inventar en las luchas concretas, a partir, sobre todo, de las luchas por la salud en los lugares de trabajo, pero hay una que me parece crucial: la reducción radical del tiempo de trabajo sin pérdida de salario con una contratación compensatoria y fuerte disminución de los ritmos de trabajo bajo control obrero.

Es una reivindicación decisiva porque la reducción radical del tiempo de trabajo con bajada de ritmos constituye la mejor manera de luchar contra el paro luchando contra el productivismo. Para comprender la importancia estratégica de esta reivindicación desde el punto de vista ecológico, hay que saber, en particular, que reducir la producción material y los transportes es una condición sine qua non para una transición energética hacia las renovables en el respecto de la obligación climática

Numerosos elementos se oponen a la difusión de estas reivindicaciones ecosocialistas en el movimiento obrero. Entre ellos, uno es evidentemente, la existencia de una burocracia sindical que practica la colaboración de clases y que espera por esta argucia -¡ otra vez una ilusión!- acompañar una “transición justa” hacia un capitalismo social y ecológico.

Invertir en la construcción de este movimiento de masas en defensa del medio ambiente en general, y del clima, en particular, es tener capacidad de presentar cargos contra la lógica capitalista a partir de este movimiento, en la acción, a una escala masiva. Esto sólo puede incitar a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a la lucha con sus armas y jugar el papel decisivo que, en definitiva, será el suyo.

La estrategia revolucionaria, no es el obrerismo o el economicismo denunciados por Lenin. No se trata de correr detrás de los Verdes. Se trata de responder globalmente al callejón sin salida del capitalismo, en todos los terrenos y en todos los medios. Se trata de renovar con las más hermosas tradiciones revolucionarias del movimiento obrero, como se expresaban en esa bella canción de los obreros vieneses, un canto ecosocialista anticipado: “Somos los fundadores de un nuevo mundo/ Somos los campos, el sembrador y el grano/ Somos los recolectores de las próximas cosechas/ Somos el futuro y somos la vida”.

26/08/2015

Traducción VIENTO SUR

Notas: (...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202665

Distanciarnos del progresismo nos exige cuestionar su percepción tanto de China como del imperialismo partiendo de generalizar la comprobación sobre en qué consistió la implantación y el desarrollo del neoliberalismo. Es descubrir las principales impunes del terrorismo paraestatal y estatal en los setenta, de la democracia cada vez más restringida pero sobre todo del plan de miseria que se concretó desde 1983 hasta hoy.

De ahí la importancia de indagar en:

 

Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales
26 de agosto de 2015

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Revista Pueblos)

 

Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XX, no dejarían de mostrar su asombro ante el poder acumulado hoy en día por las empresas transnacionales. Es más, podríamos llegar a afirmar que el mismísimo Karl Marx (que no fue ni mucho menos ajeno a las dinámicas de centralización y concentración del capital) se quedaría perplejo si pudiera visualizar la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han alcanzado en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que vivimos en este mundo globalizado.

Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington (desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.

De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).

Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.

Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.

Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.

Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político 

y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.

El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.

En el centro del conflicto capital-vida

La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. (...)Su devenir camina entonces por la misma senda.

Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.

Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.

 

Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.

Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.

Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?

Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.

Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.

Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.

 

No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.

Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido.

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la demççocracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.

Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:

• asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
• gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
• democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
• desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
• redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
• redistribución igualitaria de los recursos;
• democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
• reconocimiento de economías diversas;
• fomento de economías no capitalistas;
• apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación. 

 

Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.

Notas

[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).

[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).

[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.

[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.

Gonzalo Fernández es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Euskaraz: “Transnazionalei boterea, izaera eta jakintza kentzeko alternatibak”

Fuente original: http://www.revistapueblos.org/?p=19678 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202530