Con emancipación del Capital al
tender a quitarle la superexplotación tanto de los trabajadores y pueblos como de la
naturaleza.
Pensemos que se trata del viraje desde el privilegio exclusivo a la
alianza de capitales y estados imperialistas con los locales hasta resolver:
Un problema de distribución
18 de
enero de 2018
Expertos recomiendan que los gobiernos alienten la agricultura campesina. Advierten
que la agricultura campesina produce el 70 por ciento de los alimentos del mundo
en el 25 por ciento de la tierra, mientras que el agronegocio, para producir el
25 por ciento de la comida, recurre al 75 por ciento de la tierra.
Por Darío
Aranda
Los campesinos,
indígenas y agricultores familiares producen el 70 por ciento de los alimentos
del mundo, a pesar de contar con sólo el 25 por ciento de la tierra. En
contraposición, las empresas del agronegocio cuentan con el 75 por ciento de la
tierra pero sólo producen el 25 de la comida. Así lo revela una investigación de
la ONG internacional Grupo ETC, que desarma los mitos de la agricultura
industrial y transgénica. El estudio asegura que si los gobiernos quieren acabar
con el hambre y frenar el cambio climático, deben aplicar políticas públicas
para impulsar la agricultura campesina.
“¿Quién
nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?”, es el nombre de la investigación del Grupo
ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) que, en base a
24 preguntas, aporta pruebas de las consecuencias de la agricultura industrial y
de la necesidad de otro modelo.
“Los campesinos
son los principales proveedores de alimentos para más del 70 por ciento de la
población del mundo, y producen esta comida con menos del 25 por ciento de los
recursos –agua, suelo, combustibles– “, afirma al inicio la investigación. Por
contraposición, la cadena agroindustrial “utiliza el 75 por ciento de los
recursos agropecuarios del mundo, es de las fuentes principales de emisiones de
gases de efecto invernadero y provee de comida a menos del 30 por ciento de la
población mundial”.
A lo largo del
trabajo se precisan 232 citas de otras investigaciones y publicaciones
científicas que son la base documental que da sustento teórico y argumental al
Grupo ETC.
En datos monetarios, precisa que por cada dólar que los consumidores pagan
dentro de la cadena agroindustrial, la sociedad paga otros dos dólares por los
daños ambientales y a la salud que la misma cadena provoca.
Cuando se refiere
a la “cadena agroindustrial” se trata de los eslabones que van desde los insumos
para la producción hasta lo que se consume en los hogares: empresas de genética
vegetal y animal, compañías de agrotóxicos, medicina veterinaria, y maquinaria
agrícola; transporte y almacenamiento, procesamiento, empacado, venta a granel,
venta minorista y finalmente la entrega a los hogares o restaurantes.
La investigación del Grupo ETC aborda una
crítica sistémica. “La cuestión de fondo es que al menos 3.900 millones de
personas padecen hambre o mala nutrición porque la cadena agroindustrial es
demasiado complicada, costosa y –después de 70 años de vigencia– ha demostrado
ser incapaz de alimentar al mundo”.
Desde hace
décadas, el trillado argumento de las empresas, científicos del modelo
transgénico, periodistas y funcionarios es que la población mundial aumenta y se
necesita más producción para alimentarla. La investigación cita decenas de
trabajos científicos que exhiben la falacia detrás del discurso del agronegocio.
Ya existen suficientes alimentos para toda la población, señala, y el problema
no es la producción, sino la injusta distribución.
“En un mundo lleno de comida, más de la
mitad de los habitantes no puede acceder a la comida que necesita. Lo más
trágico es que tanto en números duros como en porcentajes, la proporción de
personas mal nutridas va en aumento”,
alerta.
En relación al
ambiente, también existen grandes diferencias entre ambos modelos. El modelo
campesino utiliza sólo el 10 por ciento de la energía fósil y menos del 20 por
ciento del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola, con
“prácticamente cero devastación de suelos y bosques”.
En tanto, la cadena agroindustrial destruye anualmente 75.000 millones de
toneladas de capa de suelo arable y desmonta 7,5 millones de hectáreas de
bosque. También es responsable del consumo del 90 por ciento de los combustibles
fósiles que se usan en la agricultura.
El modelo
agroindustrial es el principal responsable del desperdicio de alimentos. Según
el Grupo ETC, de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que produce la
cadena agroindustrial anualmente, entre 33 y el 50 por ciento se desperdicia a
lo largo de las etapas de su procesamiento o transporte y almacenamiento.
Entre los ganadores del modelo están las
empresas de insumos agrícolas, que también son grandes promotoras y aliadas de
medios de comunicación, universidades y gobiernos.
En el mercado de semillas, negocio de 41.000 millones de dólares, sólo tres
empresas (Monsanto, DuPont y Syngenta) controlan el 55 por ciento del sector. El
modelo agroindustrial es dependiente de los agrotóxicos. Tres compañías (Syngenta,
Basf y Bayer) controlan el 51 por ciento de un mercado de 63.000 millones de
dólares. “Desde que se introdujeron las semillas transgénicas hace 20 años han
ocurrido más de 200 adquisiciones de pequeñas empresas semilleras. Y, si las
megafusiones corporativas que actualmente se están negociando prosperan,
solamente tres nuevas empresas monopolizarán el 60 por ciento del mercado
comercial de semillas y el 71 por ciento del mercado de agrotóxicos”, advierte
la investigación.
El estudio
asegura que, con las políticas adecuadas, el modelo campesino-agroecológico
podría triplicar el empleo en el campo, reducir sustancialmente la presión sobre
las ciudades ejercida por la migración, mejorar la calidad nutricional de los
alimentos y eliminar el hambre.
Observamos que la desigualdad social e internacional se ahonda y el
progresismo ha sido funcional a este crecimiento de la acumulación gran
capitalista.
Decio Machado y
Raúl Zibechi publican “Cambiar el mundo desde arriba.
Los límites del
progresismo” (Zambra y Baladre)
Estado,
neodesarrollismo y autonomía popular
28 de febrero
de 2017
Por
Enric Llopis (Rebelión)
Venezuela (1999), Brasil y Argentina (2003),
Bolivia y Uruguay 82005), Ecuador (2007), Paraguay (2008)... ¿Gobiernos de
izquierda, progresistas y transformadores? “Ha entrado en crisis un proyecto que
buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con
buenos modales”. Y al que se agregó el “ascenso de nuevas camadas de gestores
que se incrustaron en los altos escalones del Estado”. Más aún, sostienen los
periodistas Decio Machado y Raúl Zibechi, la lucha contra la pobreza y las
desigualdades encubrió la cooptación de los líderes populares y el aplanamiento
de los movimientos sociales. A desarrollar esta hipótesis dedican los dos
autores 120 páginas del libro “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del
progresismo”, editado en 2016 por Zambra y Baladre. El libro empieza el 27 de
febrero de 1989, cuando los pobres descendieron de los “ranchos” para tomar
Caracas. Fue el llamado “caracazo” contra el alza de los precios de la gasolina
y el transporte, cuya represión se saldó con una cifra de muertos que oscila
entre los 276 y el millar. Gobernaba Venezuela el socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez, de acuerdo con las recetas del FMI para afrontar el déficit fiscal. En
febrero de 1992 tiene lugar una rebelión cívico-militar frustrada en la que
participa Hugo Chávez, quien no saldrá de la prisión hasta dos años después. “A
partir de entonces Hugo Chávez Frías va ocupando el centro del escenario, nada
será igual en las protestas”.
Decio Machado es sociólogo y periodista de origen
hispano-brasileño, director de la fundación Alternativas Latinoamericanas de
Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA) y miembro del equipo
fundador del periódico Diagonal. Es coautor de “Rescatar la esperanza. Más allá
del neoliberalismo y del progresismo” (2016) y “La restauración conservadora del
correísmo” (2014). En cuanto a Zibechi, es responsable de la sección
Internacional del semanario uruguayo Brecha, columnista del periódico mexicano
La Jornada e investigador vinculado a los movimientos populares. Zambra y
Baladre han publicado una parte de su extensa obra, por ejemplo “Latiendo
Resistencia. Mundos nuevos y guerras de despojo” o “Descolonizar el pensamiento
crítico y las prácticas emancipatorias”.
En perspectiva histórica, uno de los periodos de fuerte pujanza de las organizaciones sociales en América Latina es el comprendido entre 1989 y 2005. En apenas 15 años, y de manera directa o indirecta por las movilizaciones en la calle, se produce la caída de once gobiernos (tres en Ecuador, dos en Argentina y otros dos en Bolivia). Excepto en Perú, en todos los países donde se ha desarrollado un ciclo de luchas y protestas, las tendencias progresistas y de izquierda accedieron al poder por la vía electoral. Una vez instalados y aunque pudieran gobernar en solitario, afirman Decio Machado y Raúl Zibechi, “tomaron el camino del fortalecimiento del aparato estatal”. Pese a la tipología diversa, los periodistas señalan trazos más o menos comunes: un modelo extractivo basado en los hidrocarburos, la minería a cielo abierto y el despliegue de monocultivos como la soja; éste sería el fundamento del “éxito económico”. Además, los gobiernos progresistas y de izquierda basarían su legitimidad en políticas sociales “ancladas en las transferencias monetarias”. El resumen de la idea central del libro tal vez se halle en las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista publicada por El Telégrafo en 2012: “Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo (...)”.Los autores de “Cambiar el mundo desde arriba” rebaten la afirmación de que los gobiernos progresistas hayan reducido las desigualdades. Sí que se redujo la pobreza, por ejemplo en Ecuador en el periodo 2007-2014, donde según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza nacional medida por ingresos disminuyó en un 14,2%. En una reciente entrevista publicada por el brasileño Instituto Humanitas de Unisinos-Adital, Decio Machado apunta lo que considera efectos de no haber intervenido en los desequilibrios de renta: actualmente el 10% más rico de la población latinoamericana concentra el 71% de la riqueza regional. El sociólogo advierte además de la recesión que padece América Latina, “la primera de carácter bianual en más de tres décadas”; existe el riesgo, por tanto, de que sectores incorporados a las clases medias puedan retroceder en el escalafón social. Machado apunta otro dato que hace presagiar nubarrones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015 el número de pobres en América Latina aumentó en siete millones.
Los dos periodistas toman como punto de referencia el gigante brasileño para desmentir lo que consideran lugares comunes. “Los grandes bancos de Brasil están obteniendo las mayores ganancias de su historia”, afirman. Si durante los ejecutivos neoliberales de Cardoso (1995-2003), los beneficios de la banca aumentaron entre el 10% y el 11%, durante el mandato de Lula da Silva (2003-2011) lo hicieron en un 14%. Uno de los factores que explica el fenómeno es el endeudamiento familiar destinado al consumo privado. En un artículo publicado el pasado 18 de febrero en La Jornada (“La vieja izquierda no recuperará hegemonía), Zibechi recuerda que el Partido de los Trabajadores (PT) “estrechó alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero; fue el gran defensor del agronegocio (…); la corrupción que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomalía, sino intrínseca al sistema”. Se refiere a la operación “Lava Jato” (en referencia al lavado de dinero), que investiga la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de la que se beneficiaron los principales partidos y constructoras de Brasil. La operación se hizo pública en marzo de 2014, y hasta noviembre de 2015 había más de cien personas encarceladas y más de 75 condenadas. La columna de Zibechi parte de un comentario del filósofo italiano, Antonio Negri, sobre el recorrido de la izquierda brasileña: “terriblemente decepcionante”.
El texto publicado por Zambra y Baladre se detiene en las burguesías emergentes que han promocionado con los gobiernos progresistas. Aunque los autores rechazan las generalizaciones, sí que apuntan en el cooperativismo minero boliviano la tendencia a una “élite bien posicionada, que atrapa una parte sustancial del plusvalor generado por los obreros”. Pero Raúl Zibechi y Decio Machado consideran que hace falta perspectiva y distancia para comprobar si estos casos se consolidan. Además la represión se configura como la otra cara del “neodesarrollismo”. “La historia represiva ha venido siendo una constante del régimen correísta”, afirman. Por ejemplo, con motivo del “levantamiento” indígena ocurrido entre el 2 y el 26 de agosto de 2015. Se contabilizaron hasta 229 agresiones, detenciones (o intentos de detención) y allanamientos, sobre todo en las provincias de la Amazonía y la Sierra Sur. En Bolivia, Evo Morales trató de “neutralizar” a dos de las organizaciones sociales más críticas, Cidob y Conamaq, apuntan Zibechi y Machado, a lo que añaden otro ejemplo de represión; las medidas adoptadas en Uruguay por el gobierno de Tabaré Vázquez durante las huelgas y paros de la enseñanza, ocurridos en agosto de 2015.¿Cuándo se produce el divorcio entre los movimientos sociales que elevaron al poder a los gobiernos progresistas y estos? Aunque no ha pasado tiempo suficiente como para realizar afirmaciones categóricas, tal vez en Argentina se produjera la separación en diciembre de 2010, durante la ocupación del Parque Indoamericano en Buenos Aires por miles de familias sin hogar; en Brasil, durante las manifestaciones masivas de junio de 2013 y en Ecuador, con motivo de las protestas populares e indígenas de agosto de 2015. “En Bolivia la población rechazó la propuesta oficialista sobre las autonomías y en Venezuela dos millones de personas le dieron la espalda al Gobierno de Nicolás Maduro el seis de diciembre de 2015”, apuntan los autores de “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”. El libro cuenta asimismo con artículos de Alicia Alonso, Rosa Zafra y Paloma Monleón (“¿Qué hay de la lucha contra el patriarcado?”); Luis González Reyes y Nacho García (“Entre la toma de las instituciones y la creación”); Ruth López e Isa Álvaro (“El escenario: 15 de mayo de 2011”); y Jordi Martí Font (“Las peligrosas relaciones entre institución y movimientos en la 'catalana terra'”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223518
Requerimos, entonces, generalizar la revisión crítica de la delegación en el
Estado de nuestro derecho a decidir sobre el destino común y que explica, en parte
fundamental, la confianza mayoritaria en el progresismo.
México: razón de Estado y resistencia de los pueblos
18 de febrero de 2014
Por
Magdalena Gómez
Tras dos décadas
de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización
indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una
estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos
y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los
pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su
profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural
históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del
discurso para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.
En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la
profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos
Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento
de las luchas sociales: pelean de cara al Estado pero con la mira puesta en las
transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de
los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de
Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o
lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario
anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la
exclusión para los pueblos indígenas al trivializar los reconocimientos
constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de
expresiones huecas.
Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.Si bien aún existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las maneras en que administran las políticas y la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y del Banco Mundial, que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales -hoy transformados en lógica neoliberal.
Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el
Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El Estado
nacional, en la nueva lógica, garantiza la preeminencia del capital y legisla a
modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la
supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho
sobre el territorio se encuentra ausente y ello no se subsana al considerarles
retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.
En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización
mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad. Se perfila
paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar
al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de
los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el
abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos
económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes
mayorías que han sido marginadas y excluidas).
Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está
recomponiendo a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los
territorios ancestrales de los pueblos.
Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en México y en el resto del continente.
Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas
indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal,
pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para
conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.
A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra
las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el
divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos
en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad
y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el
Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del
Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial en torno a la
supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta
energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la
importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las
energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los
pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes
empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de
Francia. Coexisten varios pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes,
zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para
convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen
nada y que los proyectos son del Estado mexicano y se realizarán aún en contra
de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras
ejidales y comunales.
Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco,
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en unidad, pues en esta nueva
etapa del despojo se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic
Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de
una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora quieren destruir los cimientos,
señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la
sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos
año con año porque así nos mandaron”.
Hacia el norte encontramos las batallas del pueblo yaqui contra el
Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la
Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.
Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las
resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.
Toda esta serie de amenazas se ciernen sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años, por qué veneran, por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar la importancia de los ritos y de los lugares rituales.
Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado reordenamiento
territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se
llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan
Sabines de las ciudades rurales, que son formas de concentrar a la gente,
“urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo.
Mientras, las Juntas de Buen
Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la
contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por
los paramilitares, mediante programas y proyectos que no mitigan la pobreza.
Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción
de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de Temacapulín ha dado la batalla
legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en
Michoacán, con su caudal de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la
Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía
Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus
territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.
Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la
embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho, así como la oposición a la construcción
de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán,
Michoacán, que logró instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su
legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en
defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan ¿hasta
dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?
Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]
Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos
un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con
aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación
colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman
comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países,
aunque la mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No
hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de
sobrevivencia.
Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran
que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En
el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir
con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de
control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.
Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.
Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y
recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que
se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir
territorios. Urge romper el ciclo de resistencias meramente reactivas y
trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados
como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y
discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o
progresistas.
Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.
Nota:
[1] Casos
planteados en reunión con movimientos indígenas realizada el 30 de noviembre de
2011 en el IIE UNAM.
Veamos porqué
identificarnos con:
“Seguiremos
protegiendo nuestros recursos naturales, como he dicho ya, todo lo que atente
contra la naturaleza, contra la tierra, tendrá conflicto. Vamos a continuar
trabajando en esta lucha, defendiéndonos, porque como mapuche, como kimche, como
autoridad, debemos pelear por nuestro
territorio”.
Chile: Las centrales hidroeléctricas que
amenazan los ríos del Valle de Elicura
29 de diciembre de 2017
“Elicura, territorio mapuche marcado por décadas de intervención de empresas
forestales y latifundistas. El evangelio y el paternalismo estatal. Ubicado en
la comuna de Contulmo, en el sur de la provincia de Arauco, desde el año 2006 ha
resistido a empresas saqueadoras de recursos naturales como la extracción de áridos”.
“Entonces cuando se llegaba la fecha de esa reunión se iba allá
arriba, a Provoque, y se tocaba el küll küll, escuchaban todos esos pa allá pa
Lebu, y llegaban todos y se reunían, jugaban el palin, nguillatun, todo,
formaban todos los kawines ahí ellos, y eso lo dirigía Eli, el cacique Eli que
era el lonko principal del Valle de Elicura. Él era muy práctico para hacer la
honda, para tirar la piedra, entonces por eso la piedra era de Eli, todo era de
él, él lo mandaba, él lo dirigía todo, y cuando se fue, quedó la piedra, se fue,
Eli Ñicura, Ñi, dejó su piedra, Eli se fue, dejó su piedra…” (Lonko José
Leviqueo)
Por Natascha
Olivera
Elicura, territorio mapuche marcado por décadas
de intervención de empresas forestales y latifundistas. El evangelio y el
paternalismo estatal. Ubicado en la comuna de Contulmo, en el sur de la
provincia de Arauco, desde el año 2006 ha resistido a empresas saqueadoras de
recursos naturales como la extracción de áridos, las que intervinieron
irremediablemente los ríos Elicura y Calebu, afluentes directos del lago
Lanalhue, hoy en peligro de empantanarse a raíz del luchecillo que ocasionaron
los cisnes de cuello negro que hoy habitan sus aguas luego de emigrar del río
Cruces, en Valdivia, como respuesta a la contaminación provocada por Celco.
Sumado a las forestales y al triste recuerdo
dejado por las empresas extractoras de áridos, hoy se suma una nueva amenaza:
Las centrales hidroeléctricas. Fue en julio de 2016, por una casualidad, que
habitantes del Valle de Elicura descubren la existencia del proyecto energético
impulsado por la empresa española, Hidrowatt, perteneciente al grupo empresarial
Impulso, cuyo director ejecutivo es el empresario hispano José María Grugues.
Hidrowatt pretende construir tres centrales
hidroeléctricas de paso en el territorio. Éstas son: Central Gustavito de 2,1
Mega Watts (MW) de potencia; Provoque de 1,6 MW y Calebu de 2,3 MW. Conocido el
proyecto, los habitantes del Valle de Elicura acudieron a las instituciones
pertinentes para exigir explicaciones respecto del proyecto. Sin embargo, el
entonces alcalde de Contulmo, Diego Ibáñez; el gobernador de Arauco, Humberto
Toro, ambos socialistas, sumado al seremi de Medio Ambiente del Biobío, Richard
Vargas y el director regional de la Dirección General de Aguas (DGA) César
Saavedra señalaron desconocer el proyecto argumentando que “no existía ninguna
presentación formal” en las instituciones antes mencionadas.
Si bien las autoridades negaron el proyecto,
los elicurache sabían de su
existencia y se dio paso a las movilizaciones. Es así como el 29 de julio de
2016, más de 100 habitantes del valle toman la carretera P-60R que une Contulmo
con Cañete, en oposición al proyecto hidroeléctrico.
Marcado el punto de inflexión los habitantes del valle se organizan, formando el Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura, compuesto por personas mapuche y no mapuche que buscan generar debate y concientizar a los habitantes del valle sobre esta nueva amenaza. En este tránsito, se organizan jornadas de propaganda, colmando las casas del valle de lienzos en contra de Hidrowatt, y se trabaja para instalar el conflicto en medios de comunicación, para así generar el apoyo de otras redes que comparten esta problemática en diferentes territorios.
A pesar de que las autoridades seguían negando
existencia del proyecto, en octubre de 2016 la empresa Hidrowatt ingresó al
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la solicitud de pertinencia del proyecto
“Gustavito”, la que fue autorizada por el director regional del SEA, Nemesio
Rivas Martínez. La resolución reza que Hidrowatt no requería pasar su proyecto
“Pequeña central hidroeléctrica Gustavito (2,1 MW)” por el Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dándole a través de la pertinencia luz
verde para comenzar a ejecutar el proyecto hidroeléctrico vulnerando de paso la
realización de la respectiva consulta indígena.
Si bien las autoridades negaron el proyecto,
los elicurache sabían de su existencia y se dio paso a las movilizaciones. Es
así como el 29 de julio de 2016, más de 100 habitantes del valle se toman la
carretera P-60R que une Contulmo con Cañete, en oposición al proyecto
hidroeléctrico.
“Gustavito” intervendría el curso del río
Provoque construyendo una estructura que generaría un caudal de pasada de 2 m3/s
considerando la altura de 500 metros de caída del caudal y así poder elevar la
potencia máxima a 2,1 MW. Para esto se necesita, desde su bocatoma, entubar el
río por 12 kilómetros hasta llegar a una cámara de carga que embalsará hasta
cincuenta mil metros cúbicos de agua, construyendo una estructura de cemento que
tendrá muros de hasta 5 metros de alto. La energía generada, sería transportada
por una línea eléctrica de 3,8 kilómetros por la ruta P-670R, ruta interior que
une al valle con Purén, en la Región de La Araucanía, siendo la ruta lógica de
la conectividad con los otros dos proyectos que tiene Hidrowatt en mente.
Los personajes clave de esta historia son
varios. Uno de ellos es Jhon Araneda Peña. Su rol ha sido realizar el lobby
entre la empresa, las instituciones públicas y los gobiernos locales. Además de
dedicarse a “vender” el proyecto a las comunidades, es el “dueño” de los
derechos de agua del río Provoque. También ha sido el encargado de hacer el
lobby con forestal Mininco, empresa que es la propietaria “legal” de las tierras
en las que Hidrowatt quiere construir la central de paso, dejando claro con
esto, que
el
proyecto que se vende como un supuesto puente para el desarrollo energético de
un territorio, no es más que un negocio entre particulares y el estado chileno
para consolidar el modelo extractivista en la zona. Así lo demuestra la
información pública que se puede obtener de la página del Servicio Nacional de
Geología y Minería –Sernageomin- donde se observa que Hidrowatt posee
derechos de exploración minera en
este sector de la cordillera de Nahuelbuta.
El otro personaje es Patricio Sandoval, lobista
y socio de la consultora C&S Limitada, que presta servicio a Hidrowatt. En
octubre de 2016, Sandoval llegó hasta la sede de la junta de vecinos de San
Ernesto, sector emplazado al oriente del valle, con la intención de explicar el
proyecto hidroeléctrico. En dicha ocasión comuneros mapuche y vecinos del sector
lo emplazaron a retirarse del territorio. Sandoval, acorralado, debió suspender
su exposición y retirarse del valle: no sin antes firmar un documento en el que
señalaba que “Hidrowatt no construiría ninguna central de pasada en el valle de
Elicura”.
“Fue una cuestión simbólica. Firmó ese papel
para poder irse del valle, porque la gente no lo dejó hablar y le dejó en claro
que no queríamos ninguna central en nuestro territorio y mucho menos hablar con
la empresa”, recuerda Pamela Rayman, werken del Lov Elicura.
Es en este contexto que los Elicurache deciden
comenzar la pelea jurídica en contra de la empresa de José María Grugues y las
instituciones públicas involucradas, decidiendo en conjunto presentar un recurso
de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción y así frenar la
resolución del SEA.
Fue en marzo de 2017, cuando se presentan
cuatro recursos de protección en favor de las comunidades del Valle y su
territorio y en contra de la empresa española y el Servicio de Evaluación
Ambiental del BIOBIO (SEA), emplazando a las entidades correspondientes a
generar las garantías de protección del estero Provoque y los ríos Elicura y
Calebu. Tres de estos recursos fueron declarados inadmisibles. Así explicó la
Corte el fallo: “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el
imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones
arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo
de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones
legales. Que, en consideración a lo anterior, la pretensión de los reclamantes,
por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad
en materia ambiental, esto es, por los Tribunales Ambientales, tanto más si no
se vislumbra en el presente caso un quebrantamiento de un derecho que haya de
restablecerse mediante la acción de protección intentada(…)”.
El cuarto recurso de protección, patrocinado
por el alcalde UDI Mauricio Lebrecht fue rechazado por haberse presentado fuera
del plazo legal.
“Lo resuelto por la Corte de Apelaciones en una
actitud bastante descuidada y negligente. Ha dicho que no se declara competente
para conocer este tipo de temáticas, lo que nosotros consideramos inaceptable ya
que someter ciertos proyectos a estudios de impacto ambiental es obligatorio, y
a las comunidades mapuche de la zona se les debe efectuar una consulta indígena
acorde a los estándares que señala en convenio 169 de la OIT que es una norma
obligatoria para el estado chileno”, explicó el abogado Pablo Rivas, asesor del
Lov Elicura Mapu.
Luego de la indolente respuesta de la Corte, el
Lov Elicura Mapu junto con el lonko Miguel Leviqueo, interpusieron un recurso de
reposición que también fue rechazado y posteriormente, el 31 de mayo, una
denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente en la ciudad de Concepción que
busca, según el abogado Pablo Rivas:
“Denunciar el fraccionamiento ilegal de un
proyecto de 6 MW, que necesita ser revisado en cuanto a su impacto ambiental y
sociocultural en el valle de Elicura, cosa que no se ha hecho porque Hidrowatt
tiene permiso para ejecutar sólo una parte de este gran proyecto, que es la
central Gustavito, escondiendo detrás de este fraccionamiento la real magnitud
de la intervención y bypasseando las instancias de evaluación e impacto
ambiental de nuestra legislación que dicta que todo proyecto de más de 3MW debe
pasar por los filtros de impacto y evaluación. Además queremos entregar a la
superintendencia, los antecedentes que muestran de hecho, los efectos nocivos de
estas represas en el ecosistema del territorio, en la cultura mapuche y en las
personas que viven en el valle”.
Palabras similares tuvo el lonko del Valle de
Elicura y lonko mayor del Consejo de Lonkos de la Provincia de Arauco, Miguel
Leviqueo.
“Este un paso más que estamos haciendo los
originarios del valle de Elicura, yo como autoridad mapuche, acompañaré a los
jóvenes en esta pelea que están dando contra esta empresa Hidrowatt, proyecto
que no nos beneficia en nada, sólo nos trae destrucción. Seguiremos protegiendo
nuestros recursos naturales, como he dicho ya, todo lo que atente contra la
naturaleza, contra la tierra, tendrá conflicto. Vamos a continuar trabajando en
esta lucha, defendiéndonos, porque como mapuche, como kimche, como autoridad,
debemos pelear por nuestro
territorio”.
En la actualidad, esta denuncia está en plena
investigación, sin embargo
los denunciantes creen que en esta instancia también
obtendrán resultados negativos, proyectando como último paso en este frente, la
judicialización del conflicto en el Tribunal Ambiental de Valdivia.
“Este es un camino más donde podemos dar la
pelea contra las empresas que insisten con saquear a nuestro pueblo y sus
recursos naturales.
El camino legal no será la única vía para luchar contra Hidrowatt,
porque como ya hemos visto, el estado y la justicia winka no se hacen presentes
en la defensa de nuestros territorios porque les permite a estas empresas entrar
a nuestros Lov para que se sigan haciendo ricos a costa de nuestro
empobrecimiento. El valle de Elicura va a seguir dando la pelea. Ya estamos
plagados de forestales, con Hidrowatt no será lo mismo”,
afirma Pamela Rayman.
A la espera de la acción judicial en el
Tribunal Ambiental de Valdivia, Hidrowatt no cesa en sus gestiones por intentar
convencer a la comunidad del valle de que apruebe el proyecto. En septiembre de
este año la empresa sostuvo una reunión en la Municipalidad de Contulmo con el
alcalde Mauricio Lebrech, donde también participó la Seremía de Energía del
Bíobio, según logró saber Aukin.
La información se puede verificar en la página de
Info Lobby en la que participaron el español José María Grugues, el lobbysta y
empresario de la consultora C&S Limitada Patricio Sandoval y Karina Meneses. Sin
embargo en este registro no se menciona a los funcionarios de la Seremía de
Energía.
En el mes de octubre, en una conversación con
algunos dirigentes y jóvenes mapuche, el administrador municipal de Contulmo
Óscar Muñoz, mencionó que en la reunión antes descrita, Hidrowatt intentaría
convencer a las comunidades y vecinos del valle de aceptar la construcción de
las represas a cambio de un porcentaje de las utilidades que genere el proyecto.
“Ahora intentarán sobornarnos, pero como
jóvenes mapuche nos opondremos de todas formas a este proyecto. Tal vez podrán
comprar a algunos dirigentes, pero esperamos que nuestra gente sea norchey
no se deje engatusar por el dinero de estas empresas que sólo traerá destrucción
a nuestro territorio”, cierra Rayman.
Pero eso no es todo. El pasado 22 de noviembre,
el alcalde de Contulmo Mauricio Lebrecht, sin acusar recibo de las reiteradas
veces que los Elicurache manifestaron la negativa de sentase a conversar con la
empresa española, convocó a los dirigentes de las comunidades y a los lonko del
valle a una reunión que resultó ser la presentación del proyecto de Hidrowatt.
Incluso se hizo presente el español José María Grugues y el lobista Patricio
Sandoval. Esta presentación no se logró llevar a cabo ya que, al enterarse que
Hidrowatt pretendía conversar con los habitantes del valle, pu lamuen ka pu peñi
se enfrentaron a Grugues, Sandoval y a las autoridades municipales.
Llenos de rabia e indignación les dejaron en claro que no había nada
que hablar con ellos, que el proyecto que quiere atentar contra pu leubu lo
conocían perfectamente y que harían lo que fuese necesario para que éste no se
ejecutara en el territorio. Grugues y Sandoval fueron verbalmente expulsados del
territorio por jóvenes del Lov Elicura Mapu, dirigentes de comunidades y por los
lonko Miguel y José Leviqueo.
La piedra de Eli sigue resistiendo.
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RENACE
RED
NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA de la Argentina
A
quien
quiera oír, a quien quiera conocer la verdad:
9 enero
2018
En los días 6 y 7 de enero nos encontramos reunidos en trawun en el territorio
recuperado de la Lof
Mapuche Pillán Mahuiza, a 100 km al sur de la ciudad de Esquel, Chubut,
convocados a partir del resurgimiento del proyecto hidroeléctrico La Elena sobre
el Río Corcovado-Carreleufú. El
proyecto amenaza con inundar 11.000 Has de bosque nativo generosísimo que
alberga una gran diversidad de flora y fauna donde además de esta lof habitan y
se sustentan varias otras familias. Las únicas orillas desalambradas de acceso
libre al río son las que protege la Lof Pillán Mahuiza en el territorio
recuperado hace ya 18 años. La Lof Pillán Mahuiza, decidida a defender la vida
del territorio y el resguardo del río, realiza este trawun.
El trawun analizó la coyuntura política represiva del país caracterizando la
grave situación que afronta la Nación Mapuche en la defensa de la vida en su
territorio. Ejemplos de esto son los testimonios que escuchamos de integrantes
de otras lof que participaron:
Gonzalo Cabrera, de la Lof Fentren Kimun de Gualjaina, contó como la policía lo
torturó para sacarle una declaración falsa en contra de otros mapuches. A partir
de que él desmintió esa declaración y denunció la tortura sigue siendo víctima
de hostigamiento policial. La Lof Fentren Kimun también informó que es muy
posible que haya un nuevo intento de avance de las mineras sobre sus territorios
y que las comunidades de la región acordaron en impedirlo como lo hicieron años
atrás .
Javier Cañió es el inan lonko la Lof Cañió de Buenos Aires Chico (El Maitén),
que viene resistiendo a la instalación de un centro de esquí en su territorio,
sufre un montaje judicial para incriminarlo en un delito que no cometió: el
ataque a un puestero de Benetton y el incendio del puesto, delito que
anteriormente se le quiso adjudicar a Santiago Maldonado.
La Lof Pillán Mahuiza
viene sufriendo diversas persecuciones como consecuencia del compromiso
solidario con la resistencia de las comunidades. Entre los últimos hechos: en el
2015 el espionaje ilegal contra integrantes de la lof quedó al descubierto con
el hallazgo del expediente clasificado de la ex-SIDE. En primavera del 2017,
Moira Millán, integrante de la lof, recibió amenazas de muerte y un mensaje
mafioso en la forma de una zorra torturada y muerta que apareció en la puerta de
su casa. Por último, el informe delirante y peligroso que acaba de presentar el
Ministerio de Seguridad de la Nación, señalándola a Moira Millán como vocera de
una supuesta organización llamada Restencia Ancestral Mapuche.
El presente trawn denuncia la presencia de dos efectivos de las fuerzas de
seguridad que se apostaron a orillas del río frente al lugar donde se realizó la
reunión. Esto último es indicador del nuevo discurso que tiñe al mapuche como
terrorista o enemigo interno, y sirve como justificación para la aplicación de
políticas represivas selectivas. Estas políticas pretenden frenar la resistencia
activa contra el extractivismo y los latifundios en la Patagonia, que en la
alianza estratégica entre la nación mapuche y la sociedad no mapuche ha logrado
importantes victorias en esas luchas. Esto demuestra que el consenso a favor de
la vida entre los pueblos es posible. Desde este trawun reconocemos la
plurinacionalidad de los territorios y el derecho a la libre determinación de
las 36 naciones que cohabitan con el pueblo argentino.
Denunciamos particularmente el racismo institucionalizado y las políticas
segregacionistas hacia los y las jóvenes de pueblos originarios en las grandes
ciudades,
llevando a la estratificación del valor de la vida humana donde algunas valen
más que otras. Un indignante ejemplo de esto es el asesinato reciente de Rafael
Nahuel, que fue perpetrado por el estado, y la poca repercusión que tuvo su
muerte en comparación con la del compañero Santiago Maldonado. Otro ejemplo es
el doble enjuiciamiento de Facundo Jones Huala, que a pesar de ser anulada su
causa por estar viciada de irregularidades, se encuentra preso de nuevo hace más
de 6 meses por la misma causa.
Reafirmamos el compromiso conjunto de acompañar a la Lof Pillán Mahuiza en la
defensa de la vida
del territorio y contra el asesinato del Río Corcovado-Carreleufú.
Lof Pillan Mahuiza
Lof Cañió, Buenos Aires Chico
Lof Fentren Kimun, Gualjaina
Lof Huisca Antieco, Alto Río Corinto
Ya Basta Edi Bese, Italia
ReNaCe, Red Nacional de Acción Ecologista
Asociación Ecologista Piuke, Bariloche
Colectivo Tinta Verde, La Plata
Sociedad Ecológica Regional, Comarca Andina
ECOS, Saladillo, Bs. As.
CEPRONAT, Santa Fé
Campaña Paren de Fumigar
BIOS Argentina
Foro Ecologista Paraná, Entre Ríos
Destaquemos que, en vez de mirar por la Patria Grande, UNASUR tuvo y tiene como
motor a "la iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA) con una plataforma de proyectos viales, energéticos
y de comunicaciones que pretende integrar, bajo lógicas mercantiles, los
territorios sudamericanos para facilitar y potenciar las dinámicas
extractivistas. (...) Imponen una nueva
territorialidad, que actualiza el rol de Sudamérica como región proveedora
de materias primas para la industria transnacional".
Comprobemos porqué posicionarnos con la:
Nación Mapuche. IIRSA-COSIPLAN acechando al Wallmapu
Resumen Latinoamericano / 11 de diciembre de 2017
Entendiendo las condiciones materiales que genera el plan IIRSA-COSIPLAN, es que debemos entender los proyectos de reposición de las carreteras P-70 que conecta Peleco (comuna de Cañete) con Tirúa en un tramo de 60 kilómetros y P60R que enlaza Cerro Alto (comuna de Los Álamos) con el límite regional del Biobío y La Araucanía. Bajo esta misma lógica también se explican las 72 solicitudes presentadas por empresas privadas para la crianza y cultivo de salmones en las costas de la Región del Bío Bío, de las cuales 25 acechan las costas de Lebu, Cañete y Tirúa.
1. IIRSA-COSIPLAN y los corredores del saqueo
La iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA) es una plataforma de proyectos viales, energéticos
y de comunicaciones que pretende integrar, bajo lógicas mercantiles, los
territorios sudamericanos para facilitar y potenciar las dinámicas
extractivistas1.
Esta iniciativa surge el año 2000, siguiendo los lineamientos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el año 2011 es asumida como Foro Técnico
del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de UNASUR.
En ella participan los 12 Estados de la región que, independientemente de la
orientación política de sus gobiernos, buscan una mejor inserción en las redes
globales de acumulación capitalista. Hoy en día, la plataforma cuenta con 562
proyectos, con una inversión estimada de USD 198.574 millones (www.iirsa.org).
La IIRSA-COSIPLAN reordena el mapa de Sudamérica en 10 Ejes
de Integración y Desarrollo (EID)2,
que se definen como “franjas multinacionales de territorio en donde se
concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos
comerciales” (www.iirsa.org).
Estos ejes dan lugar a corredores bioceánicos que, mediante carreteras,
ferrovías, túneles, hidrovías, sistemas portuarios, etc., conectan áreas ricas
en agua, minerales, hidrocarburos y biodiversidad con las costas del Atlántico y
el Pacífico. Más allá de la conectividad, la explotación de estos bienes se
potencia con proyectos hidroeléctricos y nucleares que nutren energéticamente
las faenas de extracción. Los EID imponen una nueva territorialidad, que
actualiza el rol de Sudamérica como región proveedora de materias primas para la
industria transnacional3.
Estos EID no sólo reordenan el espacio físico, también reconfiguran las relaciones sociales y disciplinan las subjetividades, pues las obras de infraestructura articuladas entre sí materializan determinadas visiones de desarrollo y, por ende, de orden social. En este sentido, podemos comprender a IIRSA-COSIPLAN como una nueva avanzada colonizadora, que somete los territorios, saquea sus bienes naturales y subordina los sistemas tradicionales de vida. De esta forma, la infraestructura cumple un rol claramente político. A través de sus obras, IIRSA-COSIPLAN desplaza las territorialidades preexistentes, particularmente aquellas que, tras siglos de resistencia, solo parcialmente fueron integradas al sistema capitalista4. Los corredores operan como ‘rutas del despojo’ que aceleran la explotación y circulación de bienes que fueron comunes, y que hoy se mercantilizan como ‘recursos naturales’. En toda Sudamérica la implementación de esta iniciativa ha generado verdaderas ‘zonas de sacrificio’, donde las economías tradicionales son desplazadas por la explotación intensiva de minerales e hidrocarburos y el desarrollo de la agroindustria o la industria forestal. Los gobiernos, fieles al empresariado transnacional, despliegan complejas estrategias de ‘pacificación social’, normalizando la sobreexplotación de la naturaleza como el único camino para ‘superar la pobreza’, cuando estas estrategias ya no funcionan recurren a la violencia explícita. La máquina extractivista funciona con violencia y corrupción.
Los puertos chilenos cumplen un rol estratégico en la
territorialidad extractivista impuesta por IIRSA-COSIPLAN, en tanto puerta de
salida a los mercados del Asía Pacífico, particularmente China, cuya acelerada
industrialización demanda grandes cantidades de materia prima. La imagen de un
‘Chile plataforma’ para la inversión y un ‘Chile puente’ se sostiene en los más
de 4.000 kilómetros de costa que permitirían comunicar Sudamérica con el
‘gigante asiático’. Por eso, 5 Ejes de Integración y Desarrollo (EID) atraviesan
este país: Andino del Sur, Capricornio, Interoceánico Central,
MERCOSUR-Chile, y Del Sur. Sin embargo, la iniciativa es prácticamente
invisible, no existe bibliografía especializada, ni documentación de las obras o
los conflictos que estas pudiesen generar. Aun así, IIRSA-COSIPLAN cumple un rol
central en la implementación de pasos fronterizos, la ampliación de puertos,
aeropuertos, redes viales, redes eléctricas e hidroeléctricas. Lo relevante de
este caso es que la territorialidad de IIRSA-COSIPLAN coincide con el
‘neoliberalismo de guerra’ imperante en Chile. De hecho, la estrategia de
regionalización según orientaciones productivas, que promueven los Ejes de
Integración y Desarrollo (EID), es similar al proceso de regionalización
aplicado por la dictadura pinochetista en la década del setenta. En ese periodo,
las reformas estructurales liberalizaron la economía y, paralelamente,
reorganizaron el territorio en función de las necesidades del comercio exterior.
Cuatro décadas después, los efectos ecológicos y sociales del modelo son
impactantes, pero también lo es la capacidad de gestión de conflictos de las
instituciones estatales. En Chile, la eficiencia neoliberal ha triunfado
invisibilizando IIRSA-COSIPLAN y atendiendo conflictos puntuales que se
presentan desconectados unos de otros, con escasa capacidad de articular
solidaridades.
2. El Eje del Sur en Wallmapu
La IIRSA-COSIPLAN se hace presente en Wallmapu a través del
Eje del Sur, que abarca las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos
(Chile), y las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y la porción sur de
Buenos Aires (Argentina). El área de influencia de este EID es de 686.527 Km2 ,
con tan solo un 2% de la población regional, correspondiente a 6.473.238
habitantes. Este EID contempla 47 proyectos, con una inversión estimada de USD
4.507 millones. Su cartera de proyectos está compuesta por 27 proyectos
carreteros, 6 ferroviarios, 3 pasos de frontera, 8 marítimos y 3 de
interconexión energética5.
Estos proyectos se organizan en dos grupos: el Grupo 1 Concepción- Bahía
Blanca-Puerto San Antonio Este y el Grupo 2 Circuito Turístico Binacional
de la Zona de Los Lagos. El foco productivo del EID son los hidrocarburos,
el mineral de cobre, los porotos de soja y las explotaciones forestales y
pesqueras, además del turismo.
Por el lado chileno, tenemos la siguiente cartera de
proyectos:
(a) Región del Biobío: Mejoramiento y pavimentación Ruta Q 45 Los
Ángeles- Paso Pichachén, Modernización del Puerto de Talcahuano, Ruta 180
Nahuelbuta (Negrete-Los Ángeles). Doble Vía Ruta 160 Coronel-Cerro Alto (ya
terminada).
(b) Región de La Araucanía:
Mejoramiento del Acceso al Paso Icalma, Adecuación y mantenimiento de la Ruta
Interlagos, Ruta 5 Temuco-Valdivia, Mejoramiento del acceso al paso Tromen –
Mamuil Malal, Pavimentación del tramo hasta la frontera con Argentina, acceso a
Pino Hachado Ruta CH-181, Mejoramiento Ruta 181 CH Curacautín-Pino Hachado,
Readecuación Túnel Las Raíces, Implementación del control integrado de frontera
en Pino Hachado.
(c) Región de Los Lagos: Construcción del camino de acceso al Paso
Fronterizo Río Manso, Construcción del Complejo fronterizo Hua Hum, Puerto
Varas-Puerto Mar y Aeropuerto, Implementación del control integrado de paso de
frontera Cardenal Samoré, Repavimentación de Ruta CH 215 Entrelagos– Paso
Cardenal Samoré y Pavimentación Ruta CH 231 Puerto Ramírez – Paso Futaleufú.
(d) Región de Los Ríos: Mejoramiento y pavimentación Ruta 201-CH Coñaripe
-paso Carirriñe y Mejoramiento del acceso al Paso Hua Hum.
Cabe señalar que los proyectos de la cartera IIRSA-COSIPLAN
van asociados a Programas Territoriales de Integración (PTI), mediante los
cuales se promueven otros proyectos que los hagan viales. En este sentido, cada
proyecto del Eje del Sur encadena obras locales de adecuación (infraestructura,
logística, desarrollo productivo, educación, etc.) además de encadenarse a
emprendimientos extractivos que, si bien no son parte de la plataforma, son
posibles gracias a las condiciones materiales que los proyectos IIRSA-COSIPLAN
generan. Consecuentemente, podemos plantear que el Eje del Sur está imponiendo
una territorialidad para el extractivismo, en la que el avance de las obras
supone el avance de un modelo de desarrollo que inserta violentamente a Wallmapu
en relaciones de explotación y dependencia, abriendo un nuevo ciclo de
colonización. Si comprendemos la ocupación del espacio como la dimensión
articuladora del conflicto político, es necesario analizar el rol de los
proyectos IIRSA-COSIPLAN en la configuración de un nuevo proceso de
‘Pacificación de La Araucanía’, donde los Estados empresariales de Chile y
Argentina, convergen intensificando las dinámicas de despojo territorial y
violencia sistemática sobre el mundo mapuche.
Un ejemplo que nos permite comprender la complejidad de
este proceso, es la relación entre la explotación de hidrocarburos no
convencionales en Neuquén (Argentina) y lo que se conoce como el ‘Corredor
Norpatágonico’ del Eje del Sur de IIRSA-COSIPLAN. De hecho, el potencial del
yacimiento de arenas para fracking de Vaca Muerta se asocia a la
promoción, por parte de los gobiernos y sectores empresariales de Chile y
Argentina, de la activación del Ferrocarril Trasandino del Sur6,
que permitiría la salida del producto por los puertos chilenos rumbo al Asía
Pacífico. La viabilidad de ese ferrocarril se asocia a su vez a la mejora de los
pasos cordilleranos con obras como la readecuación del Túnel Las Raíces, y la
modernización del Puerto de Talcahuano (ambas incluidas en la cartera IIRSA-COSIPLAN),
además de otras obras locales de infraestructura, como posibles puertos secos y
puertos menores, que están siendo promovidos en la comuna de Victoria y la costa
de Lebu7,
respectivamente. De hecho, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual ‘Embajador
extraordinario y plenipotenciario en misión especial para Asia-Pacífico’,
tras reunirse con autoridades de Neuquén y Chubut, ha enfatizado la importancia
de concretar una ruta bioceánica por la antigua ruta de Lonquimay, que tenga
salida por los puertos del Bío Bío. Frei subraya el potencial de Chile como
plataforma de servicios portuarios, desde donde se gestione el transporte de las
mercancías provenientes de Argentina y Brasil, cuyo destino sean los mercados
asiáticos8.
En este punto es necesario subrayar los fuertes conflictos que la industria del fracking ha
generado en la zona de Neuquén, parte del Puelmapu, donde se ha intensificado
tanto el rechazo a estas prácticas por los daños territoriales que conlleva,
principalmente la escasez de agua, como la represión militarizada por parte del
Estado argentino. Claramente, en este caso podemos ver la articulación de obras
IIRSA-COSIPLAN con el despojo extractivista que avanza de la mano de una nueva
ofensiva colonizadora, intentando someter las territorialidades en resistencia
de Wallmapu.
En este contexto, entendiendo las condiciones materiales
que genera el plan IIRSA-COSIPLAN, es que debemos entender los proyectos de
reposición de las carreteras P-70 que conecta Peleco (comuna de Cañete) con
Tirúa en un tramo de 60 kilómetros y P60R que enlaza Cerro Alto (comuna de Los
Álamos) con el límite regional del Bío Bío y La Araucanía en las comunas de
Contulmo y Purén. Ambos proyectos se encuentran en fase de diseño y el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en crear las condiciones que le
permitan sacar adelante los procesos de consulta indígena que den luz verde a
ambos proyectos carreteros.
Bajo esta misma lógica también se explican las 72
solicitudes presentadas por empresas privadas para la crianza y cultivo de
salmones en las costas de la Región del Biobío, de las cuales 25 acechan las
costas de Lebu, Cañete y Tirúa. Entendiendo la dinámica estratégica de IIRSA-COSIPLAN,
el mejoramiento vial de las rutas se hace indispensable para el éxito de los
planes extractivistas en zona lavkenche con fines exportadores. Lo mismo ocurre
con la posible construcción de tres centrales hidroeléctricas de paso en el
Valle de Elicura (comuna de Contulmo) y con la modernización del Puerto Lebu,
donde autoridades locales, sumado a reconocidos lobistas IIRSA (destacan entre
ellos el ex concejal por RN en Cañete Jorge Maldonado por el lado chileno; y el
empresario argentino Ricardo Partal por el lado trasandino), se encuentran
gestionando con autoridades centrales el financiamiento del diseño del proyecto
bajo el argumento de ser incorporados y recibir “las bondades económicas del
desarrollo” que traería consigo el cordón bioceánico “Ruta Lógica” que pretende
conectar los puertos de Lebu por el Pacífico y Bahía Blanca por el Atlántico en
un tramo de 1200 kilómetros estimándose que, de materializarse la iniciativa, el
transporte de materias primas entre ambos puertos aumentaría de 1.000 a 7.000
toneladas diarias9.
Notas
1.
Entendemos el
extractivismo comola explotación intensiva de bienes de la naturaleza a un ritmo
que sobrepasa sus capacidades de regeneración. Para el extractivismo, los bienes
de la naturaleza son ‘recursos naturales’ mercantilizables, cuyo destino es la
exportación.
2.
Si bien en su
documentación oficial se habla de 10 EID, solo se presenta información de 9 EID.
3.
Ver texto
“Aproximaciones críticas a la iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)” Jiménez Cortés, E. 2015.
Disponible en http://www.colectivoelkintral.cl/wp-content/uploads/2015/07/Aproximaciones-cr%C3%ADticas-a-IIRSA-20151.pdf
4.
En esta
categoría consideramos principalmente a pueblos y naciones indígenas que
mantuvieron ciertos niveles de autonomía en geografías de difícil acceso para el
capital, como la Amazonía, el altiplano, los boques australes, la Patagonia,
etc.
5.
“Informe de la
cartera de proyectos 2016” COSIPLAN. Disponible en https://www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-la-cartera-de-proyectos-del-cosiplan-2016.html Estas
cifras pueden variar según la actualización en línea del sistema de información
de COSIPLAN.
6.
Este sería la
continuación del Ramal Ferroviario Bahía Blanca -Cipolletti-Añelo de IIRSA-COSIPLAN.
Ver ficha de proyecto en http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=925
7.
Sobre Lebu,
revisar la siguiente nota http://www.lebu.cl/noticia/Id_noticia-154/
8.
Presentación en
el seminario internacional “Competitividad del Corredor Bioceánico Central (CBC)
en El Mercado Asiático” realizado en Coquimbo, 10 de agosto de 2017
Aukin.org
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