Será tomar conciencia a qué
Estado es esencial desde
los 70
hasta hoy.
Ubiquémonos en cómo y porqué
el Justicialismo( con liderazgos de Menem y de los Kirchner) ha sido el más
eficiente partido de estado. Aparta a las mayorías de ser sujetos colectivos
del cambio social no sólo reforzando su subsunción en el sistema sino
también mediante:
La judicialización de la
protesta social
Argentina: En nombre de la ley
Las
acusaciones contra los militantes de Quebracho, la acusación de sedición a
organizaciones piqueteras y un proyecto de ley antiterrorista dan el marco de la
actual embestida del sistema contra el campo popular.
La criminalización de la protesta social es un proceso que el Estado argentino mantiene con insistencia como forma de suspender los conflictos sociales y los posibles cambios. La judicialización de militantes populares y las reformas a medida en las leyes son formas en las que se manifiesta esta complicidad entre poder político, judicial y fuerzas represivas.
El 26 de
febrero, el Tribunal Oral Federal n° 4, ubicado en el edificio de Comodoro Py,
inició el juicio oral por la causa "Quebracho". Los militantes Fernando Esteche,
Guillermo Caviasca, Leonardo del Grosso y Carlos Franca fueron acusados de
"incitación a la violencia colectiva"; además, a Fernando Esteche se le sumó la
acusación de "portación ilegal de armas". El ex ministro del Interior menemista,
Carlos Corach, fue el que inició la causa, presentando unos informes de
inteligencia que derivaron en una acusación por desmanes en la marcha 100 y 150
de los jubilados y en la marcha contra la reforma de la ley universitaria.
Pese a que
la fiscalía había requerido la pena de tres años de cárcel en suspenso, el
Tribunal absolvió a los militantes por el delito de incitación a la violencia,
pero dictó tres años de prisión en suspenso por el delito de "tenencia ilegítima
de arma de guerra" a Fernando Esteche.
Según Gabriel Lerner, militante de CORREPI y defensor de los imputados, "Corach y Menem trataban de eludir la situación social de disconformidad que se iba generalizando, trataban de focalizar todo en un grupo de activistas enojados, intoxicados con ideologías raras que, cuando todo el pueblo estaba feliz y contento, se encargaban de agitar. En sintonía con esa postura, Corach inicia una causa contra Quebracho acusándolos de desmanes en todas las ultimas marchas. Había agrupaciones que frente a esto respondían de manera más o menos violenta o activa. Al principio la causa se inicia como una investigación muy genérica contra Quebracho y Patria Libre por su participación en esas marchas. Finalmente con distintas modificaciones en las resoluciones que se fueron adoptando a lo largo del proceso quedaron imputados sólo militantes de Quebracho".
El entonces ministro del Interior, especialista en las "tareas sucias", presentó en agosto de 1995 una denuncia contra Quebracho y Patria Libre, donde se documentaba con videos y dos carpetas de información de inteligencia, material fotográfico y antecedentes "por la supuesta comisión de desmanes y disturbios por parte de los militantes". Estas carpetas contienen información sobre las actividades de más de 250 personas ordenadas según cada organización. Así Quebracho, Patria Libre, el Partido de la Liberación, el PTS, entre otros, tenían su dossier. Las más de 500 fotocopias (Corach no presentó ningún original) carecían de todo tipo de sellos, membretes, firmas y signo alguno que pudiera identificar al servicio que había recabado la información. Estas "pruebas" (tareas de inteligencia) se habían recabado sin orden judicial, es decir eran ilegales. Y esto consta en los informes pedidos por el juez Mariano Bergés a la SIDE y a la Policía Federal, quienes indicaron que los militantes no eran ni habían sido objeto de vigilancia. De esta manera se contradecían con Corach y nadie pudo mostrar una orden judicial. Corach proveyó las carpetas ocultando el carácter ilegal de la información recabada en los "dossiers". Sin embargo esta información es usada hoy como prueba en la causa contra los cuatro integrantes de Quebracho.
El defensor
de los militantes, Gabriel Lerner, afirmó a RedAcción que "son varias las
nulidades que se plantearon. Por un lado hay orfandad de pruebas porque no fue
probado que ellos hayan incitado a la violencia y también hay compañeros que
están imputados en participar en marchas que no fueron. Y aun en los casos que
se probara que estuvieran, hay muy pocas pruebas de que hayan estado en actitud
violenta. Y aun en los pocos casos que se probara la actitud violenta no
significa incitar a la violencia colectiva. Es decir, si una marcha de jubilados
yo veo a un policía pegarle a un viejo, y yo le pego a ese policía, puede ser
lesión o tentativa de lesión pero no incitación a la violencia colectiva.
Nosotros creemos que no hay pruebas. Pero en definitiva, hay una nulidad en el
origen de esta causa: se han cometido un conjunto de violaciones a garantías
constitucionales, el Estado ha iniciado una causa con una serie de pruebas
recabadas cometiendo delitos. Esto es inválido por la regla de exclusión
probatoria. Por ejemplo,
si se persigue penalmente a una persona con pruebas
obtenidas mediante la tortura. Si admitimos esto le estamos dando un valor
positivo a un delito. Y esto es una fascistización del Estado, porque el Estado
termina cometiendo delitos más graves que los particulares; y esa indefensión
generalizada termina siendo Terrorismo de Estado".
Las causas
políticas de este caso judicial resultan evidentes. Según el abogado de CORREPI,
"hay un principio que dice que las fuerzas de seguridad pueden investigar cuando
hay elementos fundados para prevenir un delito. Pero por qué el Estado no
investiga también la evasión fiscal y le hace tareas de inteligencia a Techint o
a Macri, o por qué no hace tareas preventivas para evitar delitos contra los
derechos humanos y le hace inteligencia a la policía. Está claro que hay una
actividad de persecución política sobre los luchadores de izquierda. Desde el
punto de vista del campo popular esta situación es complicada porque a muchos
compañeros esto les podría hacer pensar que su libertad corre peligro por el
simple hecho de participar en una movilización. Si estas situaciones resultaran
penadas con cumplimiento de prisión efectiva sería una señal antidemocrática muy
fuerte".
La
continuidad del sistema represivo
Este ataque a los sectores en lucha desde la judicialización tiene múltiples facetas. Otra de ellas es la activación de la causa por sedición contra las organizaciones piqueteras que cortaron el puente Pueyrredón el 26 de junio, la jornada en que las fuerzas represivas asesinaron a Santillán y a Kosteki. Así el Estado pretende culpabilizar a las víctimas.
La maniobra
fue ejecutada por el ex ministro Jorge Vanossi, por encargo del presidente
Duhalde, el mismo día de la masacre. Y otra vez aparece la SIDE (por entonces a
cargo de Carlos Soria), que basa su informe en recortes periodísticos y en
declaraciones tomadas durante la Asamblea Nacional de Desocupados. La causa se
encuentra actualmente en manos del juez Norberto Oyarbide.
Las fotos y
las filmaciones no dejaron dudas sobre la labor policial. Es por eso que el
gobierno tuvo que dar marcha atrás en su estrategia de culpabilizar a las
organizaciones piqueteras de un complot contra el orden democrático y reconocer
los asesinatos. Ahora, en un escenario más propicio desde el punto de vista de
la opinión pública, resurge esta
causa que es una herramienta más del duhaldismo contra las organizaciones que no
le responden, las denominadas "duras".
Seremos todos Ben Laden
Desde los
atentados en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, todos los gobiernos mundo
fueron afectados por la palabra "terrorismo". Tuvieron que asumir posición. En
nuestro país tomó conocimiento público un proyecto de ley antiterrorista que fue
presentado por quien preside el bloque de senadores justicialistas, Miguel
Pichetto, con apoyo de Miguel Angel Toma (SIDE) y Jorge Matzkin (Interior).
El
proyecto, presentado en septiembre del año pasado y que es discutido en alguna
comisión, tiene dos ejes fundamentales. Primero,
abrirle las puertas a las FF.AA.
para que vuelvan a realizar tareas en el territorio nacional (algo prohibido por
las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior). Segundo, permitirle a los
organismos de inteligencia la realización de tareas represivas y policiales y
eliminarles las restricciones judiciales para la realización de tareas de
inteligencia
(algo prohibido por la ley de Inteligencia Nacional, y que es lo
que se realizó efectivamente en la causa contra Quebracho).
La ambigüedad de las
definiciones en torno al terrorismo hace que como amenaza pueda ser utilizado
políticamente.
En palabras de alguien difícilmente sospechado de terrorista: "No deben
ignorarse los reclamos legítimos... (hay que tener cuidado) con el uso de la
palabra terrorismo, que puede ser utilizada para demonizar a los opositores
políticos, para estrangular la libertad de expresión y de prensa y para
deslegitimar las protestas políticas", dijo Kofi Annan,
secretario general de la ONU.
La
judicialización y sus herramientas
El Código
Penal establece los siguientes "delitos contra el orden público", que son los
que estuvieron en danza en esta causa:
- Artículo
210 bis, sobre la asociación ilícita calificada
- Artículo 211, sobre la intimidación pública
- Artículo 212, sobre la incitación a la violencia colectiva (delito con el que se acusó a los militantes de Quebracho) que tiene una pena de prisión de 3 a 6 años.
- Artículo 213 bis, sobre la prepotencia ideológica
- Artículo 211, sobre la intimidación pública
- Artículo 212, sobre la incitación a la violencia colectiva (delito con el que se acusó a los militantes de Quebracho) que tiene una pena de prisión de 3 a 6 años.
- Artículo 213 bis, sobre la prepotencia ideológica
Leyes que actualmente definen la seguridad nacional
Ley Nº
23.554, de Defensa Nacional, sancionada en 1988. Ley Nº 24.059, de Seguridad
Interior, sancionada en diciembre de 1991. Ambas leyes prohíben y limitan las
actividades de las FF.AA. en el territorio nacional.
Ley Nº
25.520, de Inteligencia Nacional, sancionada en noviembre de 2001. Esta ley
restringe el uso de la inteligencia sobre la población civil y la subordina al
poder judicial.
Este es el cuerpo legal que el Estado pretende vulnerar mediante una ley antiterrorista para tener mayor poder represivo sobre el conflicto social y las organizaciones de izquierda.
Este es el cuerpo legal que el Estado pretende vulnerar mediante una ley antiterrorista para tener mayor poder represivo sobre el conflicto social y las organizaciones de izquierda.
Agencia de
Noticias Red Acción (ANRed)
www.anred.org
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Margen
Edición Nº 58 - junio 2010
Criminalización y judicialización
de la protesta social en Argentina:
cuando la lucha y la resistencia
popular se vuelven delito
Por Ana Musolino
Capítulo IV
El Estado Argentino y la criminalización de la protesta.
Algunas respuestas dadas al conflicto. Las políticas de
«limpieza» en Mendoza.
Introducción
El presente capítulo tiene la
intención de delinear las particularidades que asume el análisis que venimos
haciendo en la actualidad, primeramente a nivel nacional, para terminar
esbozando la situación en la provincia de Mendoza. Aún sosteniendo, como venimos
haciéndolo, que la criminalización es una política de Estado que trasciende los
gobiernos de turno, es decir, que va más allá del partido en el poder por ser
una variable configuradora del neoliberalismo; creemos que en los últimos años
las respuestas del Estado a la organización popular se han complejizado,
marcando algunas aristas importantes que intentaremos analizar.
1. Del 2001 a la
actualidad. Los gobiernos justicialistas: ruptura y continuidad del modelo
menemista en el marco neoliberal
En este caso vamos a tomar la
periodización que parte de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de
2001, por considerarlos un hito fundamental dentro de la historia de Argentina,
historia que se va desarrollando en una síntesis entre las particularidades
propias del país y las características intrínsecas a la estructura mundial
dentro de la cual dicho país está inserto, el sistema capitalista. Analizamos en
el capítulo introductorio que el sistema capitalista, como un tipo específico de
sociedad dividida en clases, en su actual fase neoliberal va a precisar de un
tipo de Estado Nacional que traduzca esas necesidades del capital en actuaciones
y políticas concretas. Marcamos además, que los estados se mueven en el par
consenso-coerción, en la medida que van logrando hegemonizar sus proyectos
societarios. En el caso argentino, durante los ‘90, el Estado siguió con enorme
fidelidad los dictámenes del modelo neoliberal. En la década menemista, década
de privatizaciones, apertura económica y convertibilidad; como vimos, el
desempleo y la pobreza comenzaron a mostrar su característica es tructural,
alimentadas por políticas sociales compensatorias dirigidas a la gestión de las
necesidades mínimas sustentadas en un «clientelismo afectivo» -1-. Práctica que
comienza a ponerse en cuestión a mitad de los ´90, siendo quizás la emergencia
de las organizaciones de desocupados (en crítica a dicho clientelismo y
afirmando los valores de dignidad e igualdad) la nota más original en cuanto a
formas de organización y acción colectiva en resistencia a las políticas
neoliberales de ese momento.
Marca Marcelo Gómez que
«entre 1995 y 1996 los conflictos comienzan a adquirir significados y
características nuevas. Ya no son resistencias a la implementación de las
reformas, sino las reacciones a las consecuencias estructurales de su
consolidación: reconversión con achicamiento industrial, crisis económicas
regionales (fiscales y productivas) y desempleo endémico. Empieza a
generalizarse la percepción de que el «modelo» dejaba un tendal de víctimas, ya
no coyunturales por los costos transitorios de implementación de las reformas
sino «estructurales».
-2-. Igualmente, las
protestas y acciones colectivas no obtuvieron del gobierno menemista una
atención importante, al punto que en su mayoría fueron ignoradas por los
funcionarios de turno -3-, cuya legitimidad política permitía ampliamente tal
actitud. Esta situación de indiferencia estatal frente al reclamo va a
modificarse durante el gobierno de De la Rúa, cuando a las protesta de los
sectores desocupados y ocupados, se suman los ahorristas y la clase media al ver
confiscados sus depósitos bancarios en lo que se conoció como «corralito
financiero». Frente a este panorama de conflictos sociales, cortes de ruta,
movilizaciones, etc.; la respuesta estatal y la capacidad del gobierno radical
para mantener el consenso entra en crisis. «La crisis de la respuesta estatal de
concesiones pasivas mostraba la imposibilidad de «contener» el conflicto
disruptivo, sin lograr evitar el desarrollo de mayores capacidades de
organización y acción colectivas de los desocupados a quienes comenzaban a
sumarse ahora otros sectores descontentos» -4-. De tal modo,
el proceso de
consolidación neoliberal tiene un punto de inflexión con la crisis ocurrida en
diciembre de 2001, donde colapsa el sistema económico al tiempo que la
fragilidad del sistema político y su legitimidad hace imposible la contención
del conflicto social. Es decir, desde el concepto de Gramsci de Estado Integral,
se trata de una crisis no sólo económica, sino política, una crisis orgánica, de
hegemonía del proyecto dominante, cuando frente a la pérdida de consenso se
construyen luchas, resistencias, que eventualmente se proponen contrahegemónicas.
En este sentido entonces, es importante resaltar que el 19 y 20 de diciembre de 2001 significó también un quiebre del modelo hegemónico de los 90, el cual expresaba la alianza de las empresas privatizadas con el capital financiero. Así, la crisis del 2001 también expresa una lucha entre dos fracciones al interior de la clase dominante -5-, visualizada en la disyuntiva «dolarización vs. devaluación», resolviéndose a favor de la segunda, siendo primero Duhalde y luego Kirchner quienes expresarían las expectativas del capital nacional y sus posibilidades a partir de un modelo devaluacionista que favorecería un esquema volcado a la exportación. Así, la irrupción popular deja entrever el agotamiento político del sistema económico; cuyo punto de ruptura se expresa en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, las cuales culminan con la destitución del gobierno radical, la sucesión de varios presidentes hasta la proclamación del justicialista Eduardo Duhalde, y un saldo de represión que marcará un antecedente en las políticas represivas que se sucederán.Es decir, estos acontecimientos llevados a cabo por movimientos sociales y políticos, trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales, ahorristas, vecinos autoconvocados, etc.; no fueron pacíficamente aceptados por los detentadores del poder político – que no expresan otro proyecto societario que el de la clase dominante – sino que, en ese clima de rebelión popular, el Estado, priorizando su lado coercitivo, saca a la calle a las fuerzas de seguridad, reprimiendo a los sectores populares, dejando como saldo treinta y cinco muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y procesados. La complejidad de la situación se expresa en un escenario social, como marca Maristela Svampa, «ambivalente y contradictorio» ya que por un lado, se llamaba a la solidaridad y a la autoorganización, lo cual rápidamente desembocaría en la conformación de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogéneos y por el cuestionamiento al sistema institucional. Por otro lado, la crisis expresaba un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social» -6-. El gobierno de Eduardo Duhalde asume en este cuadro de crisis económica, conflictividad social, organización territorial y protesta. Durante dicho gobierno las represiones se vuelven, cada vez más, política de un estado que necesitaba contener el conflicto social y «normalizar» el país, actuando allí donde el pueblo se estaba organizando. Un blanco perfecto de esto fueron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD).«Hasta mediados de 2002, el gobierno debió afrontar una colosal movilización de las capas medias y de los desocupados, frente a los que no tenía ni respuestas favorables ni actitud «negociadora», al tiempo que las respuestas represivas que venían recibiendo muchos conflictos no hacían más que potenciarlos e incrementar la incertidumbre institucional»-7-. Esta oleada represiva tiene un punto máximo que marca la salida de Duhalde de la presidencia: durante una protesta social reprimida fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho que, por la trascendencia mediática y la presión y organización de sus compañeros en busca de justicia, significó el adelantamiento del llamado a elecciones presidenciales y el movimiento de algunos funcionarios de la política nacional. «La gigantesca movilización de repudio a la represión aceleró cambios en el discurso ante la protesta social, apuró la implementación de planes sociales, precipitó los anuncios del cronograma electoral y provocó cambios ministeriales» -8-. Como parte de la estrategia justicialista de mantener el control de la situación política, aparece la figura de Néstor Kirchner en el año 2003.1.1 El gobierno a partir de la presidencia de Néstor Kirchner Como parte del sistema capitalista, el gobierno kirchnerista significa una continuidad con las políticas neoliberales al tiempo que una ruptura en cuanto al modo de legitimar y llevar a cabo dichas políticas.El ejercicio de la hegemonía, en el sentido gramsciano -9- del término, se vale de herramientas que marcan una diferencia sustancial con las utilizadas durante los ‘90 por los gobiernos de Menem y De la Rúa. Teniendo en cuenta el poco apoyo popular con que llega al poder sumado a la fuerza que habían acumulado las organizaciones populares; la reconstrucción de la institucionalidad «democrática», del tejido social y la relación con las bases estaba entre los objetivos primordiales del nuevo gobierno. Las herramientas utilizadas a tal fin son varias: modificaciones en la legislación de Derechos Humanos en el marco de las políticas de «memoria», cambios en la Corte Suprema, aumento (en cantidad) de planes sociales y subsidios en las grandes barriadas, asignación de cargos públicos a dirigentes y militantes populares, etc. A estas medidas se sumaron las estrategias de integración e institucionalización de algunos movimientos y organizaciones, combinadas con acciones de «disciplinamiento y criminalización, a través de la estigmatización mediática, política y social, dirigida hacia los grupos sociales más movilizados» -10-, grupos, claro está, opositores o al menos, autónomos, al gobierno.Así, «la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras» -11-.
De
este modo, cooptando sectores históricamente de oposición, disciplinando a los
opositores, combinando presencia territorial en los barrios con control de
subsidios y planes sociales; fue logrando tanto el apoyo popular como la
desmovilización sociopolítica en pos de pautas clientelares y asistencialistas.
«Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner,
quien retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones
con los sectores populares, con la idea de «recuperar» el espacio perdido en
manos de nuevas organizaciones de tipo territorial. Sin lugar a dudas, los
planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo
neoliberal» -12-.
En este proceso de construcción de la hegemonía, la
masificación de los planes sociales vino a cumplir dos objetivos claves a corto
plazo: «por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social
que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener el
conflicto social, frente a los reclamos cada ves mayores, del conjunto de las
organizaciones piqueteras» -13-.
Este
marco resulta ser la base necesaria para legitimar la continuidad del modelo y
de las políticas neoliberales que le corresponden:
se agudiza la entrada
de capitales trasnacionales, concentrando y centralizando aún más el capital y
las riquezas, se promueve el desarrollo de áreas de producción como el petróleo,
la siderurgia, el complejo sojero, la minería a cielo abierto, etc.; bajo un
discurso de desarrollo industrial, pero de poca sustentabilidad ambiental,
social, laboral y económica para la población. Como contracara, si bien en
principio se muestran signos de reactivación económica, se profundiza la
precarización laboral, el subempleo, la pobreza, al tiempo que aumenta la
concentración económica, la riqueza de una minoría, la segregación residencial,
la privatización del mundo de la vida y la criminalización y localización de la
pobreza, quebrándose cualquier vestigio de la solidaridad entre clase media y
sectores populares surgido durante el 2002, acentuando la polarización de clase
-14-. La continuidad y consolidación del «Proyecto K» se vio garantizada cuando,
en octubre de 2007, las elecciones presidenciales dieron como resultado el
triunfo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mostrando la hegemonía de
este modelo. En la actualidad, a dos años de presidencia de la mandataria
argentina, comienzan a mostrarse algunos signos de la fragilidad de su
construcción política, se explicitan los quiebres, se dan nuevas alianzas; todo
lo cual debe analizarse a la luz de la coyuntura actual y el advenimiento de
nuevos comicios, situaciones en las cuales las fracciones de la clase dominante
van retomando la puja para reacomodarse en el poder.
1.1.1. Los derechos humanos: una cosa del pasado Una apuesta fuerte de este gobierno es, entonces, el discurso de los derechos humanos. Y en ese sentido, los avances en cuanto al juzgamiento de los represores y participantes del último golpe de Estado, así como la tarea de recuperación de la memoria histórica resultan sumamente importantes. Sin embargo, existe una gran brecha entre las políticas para con el pasado y la realidad actual respecto de los derechos humanos. Aparece como un doble discurso, pues si bien se condena la actuación del Estado democrático con respecto a la protección de los derechos humanos en la época post-dictadura de 1976, se debilita bastante la fuerza del discurso para referirse a igual temática en el presente. Es decir, el gobierno actual «ha asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual ha contribuido a echar por tierra la «teoría de los dos demonios» que habían avalado los gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria. (...) Ahora bien, este importante salto cualitativo no puede ni debe conducirnos a ignorar el contraste existente entre la política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, y la actual política de derechos humanos respecto del presente y el pasado reciente, la que en términos de «política de Estado» coloca al gobierno actual en peligrosa continuidad respecto de las administraciones anteriores» -15-.
Continuidad que se expresa en
la profundización de las condiciones de miseria y pobreza de una gran mayoría de
la población, en la precarización del trabajo, etc., es decir, en la violación
de los llamados derechos de segunda generación –los derechos económicos,
sociales y culturales básicos– que el Estado sigue sin garantizar -16-.
Continuidad que se remarca en el repliegue de los derechos políticos de la
población. Y en este sentido, se recrudece el control social de la protesta, se
la estigmatiza, se la niega y, en muchos casos, se la reprime. «El gobierno
nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo
la movilización callejera a la exigencia de «normalidad institucional»-
impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente
«acosada» por las organizaciones piqueteras» -17-, más que nada con las
fracciones del movimiento que, no siendo cooptadas por el gobierno, se mantienen
autónoma en su funcionamiento y acción.
Sin embargo, ya marcamos que la
criminalización de la protesta es una cuestión de clase, por lo que los avances
en dichas acciones estatales que achican cada vez más el espacio público,
resultan ser más lentos cuando la protesta, aún utilizando los métodos
repudiados, provienen de sectores influyentes en el poder político y expresan,
más que derechos vulnerados, conflicto de intereses económicos en puja al
interior del bloque dominante. «El procesamiento de estos conflictos varía según
el perfil de clase del sujeto. Por ejemplo, en los casos de cortes de ruta que
han protagonizado los sectores de los productores del agro, no se ha considerado
vulnerado derecho alguno. A la luz de las respuestas habidas, se infiere que en
algunos casos la protección de derechos estaría dada considerando sólo a
«algunos derechos» y «según el perfil -de clase- del victimario» -18-. Así, si
bien discursivamente el tratamiento de los conflictos se realiza de manera
igualitaria, la acción estatal devela el carácter clasista del gobierno, que no
duda en desalojar las rutas con la gendarmería sin dar aviso a los docentes o a
los piqueteros, pero advierte por todos los medios de comunicación la
posibilidad de tal medida cuando los que están en la ruta son miembros de la
Sociedad Rural. Distintos modos de desalojar el Puente Pueyrredón que la ruta en
Gualeguaychú. Diferentes grados de tolerancia ante la obstrucción del tránsito.
Sin marcar, por lo mismo, que la desigualdad está en el reclamo: (retomando a
Gargarella) derecho o privilegio. Mientras que unos exigen derechos básicos, los
otros expresan defensa de intereses y privilegios. En estos casos, el
cuestionado método piquetero no genera tanto resquemor cuando esos otros que
protestan pertenecen a la clase dominante, protesta que en definitiva expresa,
como dijimos, una puja al interior del proyecto hegemónico. El gobierno actual,
entonces, refuerza la tesis del estado de excepción analizado en los capítulos
anteriores, expresada en sus decretos de necesidad y urgencia, en las políticas
que en cada lugar se plantean como «combate de la inseguridad», en la mencionada
Ley Antiterrorista, etc.
Lo que significa una regresión del estado de derecho –en contradicción lo que se sostiene desde el discurso dominante– cuyos márgenes de impunidad y arbitrariedad se alejan de la idea de justicia e igualdad propias de cualquier discurso ciudadano. Por lo tanto se produce un progresivo reforzamiento del sistema represivo institucional «visibles en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social. En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo (Svampa y Pereyra: 2003), reflejada en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (aumento de efectivos de la policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante -19-.
Las metodologías para
criminalizar la protesta van variando, se van combinando, habiendo, por
momentos, una represión más abierta y pública, y por otros una represión más
encubierta, casi imperceptible, pues también depende de los niveles de consenso
y legitimidad presentes en la sociedad en general. Pero los objetivos se
mantienen: frenar el conflicto, evitar la irrupción colectiva, profundizar el
capitalismo cambiando su denominación: «capitalismo con rostro humano», aunque
eso signifique profundizar sus consecuencias para la mayoría de la población.
2. Algunas respuestas del
Estado argentino frente a la organización popular
«Fuentealba no es una
consecuencia no deseada, un exabrupto, otra extralimitación, sino la manera
persistente que usa el Estado para disciplinar a los excluidos o a todos
aquellos que cuestionan el modelo de exclusión que, después de tres décadas
ininterrumpidas aprendimos a nombrar con el mote de neoliberalismo» Esteban
Rodríguez
Las respuestas dadas por el Estado para el tratamiento del conflicto,
dijimos, se van combinando y modificando según la coyuntura, la cual es
meticulosamente analizada por el poder político. En este sentido, la presencia
territorial del actual gobierno resulta clave. Organizaciones en las grandes
barriadas empobrecidas del país, agrupaciones estudiantiles en las universidades
y colegios secundarios fuertes, gremios y sindicatos. Entonces, para grupos
organizados, movimientos sociales, organizaciones que logran mantener su
autonomía, conviviendo incluso con la presencia clientelar del gobierno en sus
territorios, la criminalización adquirirá distintas vertientes. De tal modo, el
concepto de criminalización se amplia, siendo también el control de la esfera
económica un elemento utilizado para desarticular y debilitar a las
organizaciones populares.
«Por ello también entendemos como ejercicio del poder punitivo respecto de la protesta social a los ya clásicos hostigamientos mediante la excusa de averiguación de identidad, faltas y contravenciones, e incluso la caída en el pago de planes de empleo o la imposibilidad de acceder a los mismos por no adherir al rebaño del puntero de turno» -20-. Y si algo evidencia la afirmación anterior es que los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras. Con respecto a esto último, el dato que sigue es elocuente: «en la actualidad, existen en la Argentina más de 4.000 procesadas y procesados y más de 20 mujeres y hombres encarcelados, por defender sus derechos, a quienes se le desconoce el estatus de presas y presos políticos. Es la cifra más alta alcanzada bajo un gobierno democrático -21-.
Y ese desconocimiento del estatus político avanza aún
más sobre los derechos políticos, al ser interpelados como delincuentes comunes.
En este sentido, algunos ejemplos muestran el posicionamiento estatal,
posicionamiento aleccionador que apunta a ir más allá del reclamo puntual,
desentendiéndose del mismo, disciplinando a partir de la represión, dejando
tanto el reclamo sin resolver como marcando antecedentes para la futura
movilización popular.
2.1 Derechos
constitucionales vs. códigos de tránsito
Sabemos que una de las
mayores polémicas se genera cuando, como marcamos en el capítulo anterior,
«chocan» los derechos. El ejemplo más claro es el del corte de ruta, pues éste
generaría la confrontación entre el derecho a peticionar frente al derecho a
circular. Los cortes de ruta o piquetes, método de lucha históricamente
utilizados por los trabajadores, fueron resignificados por los trabajadores
desocupados, los cuales al quedar fuera de las fábricas o al privatizarse las
empresas estatales, toman las rutas para hacer valer sus reclamos. Los
antecedentes históricos de esta metodología se encuentran en las puebladas de
Cutral-Có y General Mosconi, ocurridas a mediados de los ‘90, cuando recrudece
la desocupación y la pobreza, de la mano de dicha privatización, siendo YPF un
ejemplo elocuente.
Expresan, por lo tanto, la necesidad de impacto y atención de una fracción de la clase trabajadora expulsada del mercado laboral, cuyos canales de acceso a la institucionalidad están negados u obstruidos, al tiempo que ya no tienen sindicatos ni gremios que respalden sus demandas. Tales acciones de protesta generan consecuencias que probablemente impliquen una «obstrucción» o una violación del derecho del otro (como lo sería la libre circulación).Ahora la cuestión está en el objetivo de la acción. En los casos de protesta social, el objetivo no es la obstrucción o la molestia de ese otro, ni la irritación de la opinión pública sino lograr la visibilidad necesaria para plantear la demanda. Y en tal caso, cabe reflexionar acerca de a quién le compete la responsabilidad por tales consecuencias, en línea con las causas y razones que motivaron tal acción de protesta.Sin embargo, la visión del resto de la población, los damnificados por el corte, es otra. «Los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayan prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apuntan a denunciar, acto seguido, su carácter «eminentemente político» -22-. Y, ya lo marcamos, esto invisibiliza el problema real ubicando la mirada exclusivamente lo que generó la acción al tiempo que deslegitima la politización de la población fortaleciendo la idea de no participación y pasividad.
Así, la fragmentación social es tal,
que frente a la organización de los sectores populares en reclamo de derechos
básicos, el resto de la población repudia y critica tales acciones,
contribuyendo, de manera indirecta, a la consecución de situaciones de
injusticia social. «Difícilmente se entienden los cortes de ruta en relación con
la violación de derechos humanos de que son víctimas sus promotores, tampoco se
las visualizan como expresión de la fragilidad del modelo de sociedad que
estamos construyendo» -23-.
El problema se transforma, entonces, en la
imposibilidad de paso. Y el problemático se vuelve el que no respeta ese derecho
a circular libremente. Y ese problemático, que no cumple la ley, que se mueve en
la ilegalidad, debe ser castigado. En esta lectura, «el derecho de tránsito
prima sobre el derecho a la vida expresado en el ejercicio del derecho de
peticionar que suele plantearse en medidas de esta naturaleza» -24-. Y se
argumenta en estos casos que el reclamo podría plantearse por otros canales
menos inoportunos para la población circulante que igualmente generaría un alto
impacto (como sería salir al aire en algún medio masivo de comunicación); sin
embargo, es claro que «en una sociedad donde esos medios resultan prácticamente
inaccesibles para los actores sociales, la manera de hacer visible sus demandas,
tampoco puede quedar circunscripta a la recepción por parte del periodismo
empresarial» -25-. Periodismo que, como analizaremos en el capítulo siguiente,
mide la mercancía noticia en términos lucrativos más que informativos o comunicacionales.
En este marco y evaluando
costos políticos, grados de consenso y respaldo social, en mayor o menor medida,
el Estado argentino acciona (de entre otros modos): reprimiendo, cuando la
situación se vuelve insostenible (algunos ejemplos bien claros resultan ser: la
Masacre de Avellaneda -26-, el asesinato del docente Carlos Fuentealba -27-),
judicializando y condenando a «algunas» personas participantes de acciones
colectivas (como el caso de la docente Marta Schifrin -28-), criminalizando y
legalizando la visión de la lucha y la protesta como delito y, consecuentemente,
su «combate» (por lo cual, aún pudiendo resolver los problemas políticamente,
decide hacerlo penalmente, utilizando el Código Penal Argentino, incorporándole
la legislación antiterrorista, etc.); combinando lo anterior con una «limpieza
preventiva» a través de ordenanzas municipales y decretos que echan a la gente
de las calles.
3. La criminalización de la protesta en Mendoza, la ciudad más
limpia del país
En línea con lo que venimos planteando, la Provincia de Mendoza
ha profundizado, en los últimos tiempos, este proceso de criminalización, al
tiempo que, en un clima de conflictividad social; las manifestaciones,
movilizaciones y acciones de protesta han aumentado; todo lo cual pone en la
agenda pública la temática en cuestión. Con una historia de lucha y resistencia
popular opacada y ocultada en el fortalecimiento de una identidad conservadora y
reaccionaria, nuestra provincia se caracteriza por ser «la más limpia del país».
Aunque la mayoría de las veces, esa limpieza se extiende de lo estrictamente
higiénico y se corresponde con una «limpieza social» importante. Con este
concepto bien claro se ha iniciado una serie de modificaciones a las
legislaciones provinciales y municipales que demuestran la tarea asumida por los
últimos gobiernos -29-. Este «higienismo social» -30- se corresponde,
causalmente, con el desarrollo económico que han marcado para la provincia una
combinación de la industria vitivinícola con la industria del turismo y una
apuesta al desarrollo minero. Para lo primero, pensando en una vitivinicultura
volcada a la exportación (de vinos de primera calidad) se profundizan los
procesos de concentración de la propiedad rural, que desplaza a miles de
campesinos poseedores de tierras y se elimina la diversidad en la producción de
otros cultivos -31-.
El turismo, por su parte,
requiere de una ciudad limpia. Limpia no sólo de residuos, sino de artesanos,
cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes, que son desplazados a las
periferias de la Capital, a los departamentos del Gran Mendoza, donde no sean
visibles. Este «ordenamiento urbano» poco tiene que ver con las necesidades de
los grupos en cuestión, sino con la «belleza» del paisaje para el turista que
llega. El último punto, la megaminería a cielo abierto, es bastante
controversial, pues implica poner en riesgo no sólo el agua (bien natural escaso
en la provincia) sino toda la sustentabilidad del suelo y los bienes naturales
de la provincia. Sin embargo, y aunque la lucha popular logró la aprobación de
una ley que los prohíben, los proyectos de explotación minera a cielo abierto de
empresas transnacionales como Río Tinto o Barrick Gold avanzan y son promovidos
por los funcionarios públicos de turno, y se corresponden con proyectos de la
misma índole en las demás provincias del oeste argentino. Como todas estas
medidas han encontrado una fuerte resistencia por parte de los directamente
implicados: campesinos organizados en defensas de sus tierras, militantes
sociales y políticos, trabajadores desplazados de las calles luchando por volver
a ellas, asambleas de vecinos contra el saqueo de los bienes naturales, etc.;
los gobiernos han profundizado la legalización de sus herramientas para poder
establecer, sin «obstáculos», las coordenadas que el desarrollo capitalista
marca.
3.1. En busca del clima
social adecuado: «Acuerdo social por la seguridad de los mendocinos»
«Hace 200 años San Martín dio los primeros pasos
para liberar a la Patria de sus enemigos que no la dejaban ser libres. Hoy
tenemos que volver a luchar contra los enemigos que no nos dejan vivir con
libertad. Que sepan los delincuentes que los mendocinos vamos a vivir libres y
ellos entre rejas» Celso Jaque -32-
En el marco del
recrudecimiento del discurso de inseguridad, y del aumento de delitos y hechos
violentos, en cantidad y en gravedad; el Gobernador actual Celso Jaque, en
setiembre del año 2008, lanza el «Acuerdo social por la seguridad de los
mendocinos» -33-.
Dicho acuerdo llama a la discusión y al debate acerca de la
inseguridad a algunas carteras del gobierno (además de los tres poderes, son
parte del mismo el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, así como también el
Presidente del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad – parte del Ministerio
de Seguridad – las Fuerzas Nacionales de Seguridad y los municipios); pero
también llama a la participación a organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, partidos políticos, a los credos, a la universidad, a los medios de
comunicación, al Consejo Económico de Mendoza, entre otros actores. Bajo la idea
de que «la seguridad es responsabilidad de todos» y en el marco de la Ley Nº
7836 de Emergencia en Seguridad Pública, estas reuniones multiorganizacionales
marcaron algunos puntos básicos acerca de los cuales se irá plasmando, en
acciones concretas, dicho acuerdo. Rescataremos en este apartado algunos de esos
puntos: Desde lo policial, y penitenciario, el acuerdo plantea, entre otras
cosas: - la necesidad de localización de los delincuentes equiparando la
dirección como base de operaciones (recuperando el Mapa del Delito, ahora
llamado Mapa Inteligente) - la dotación de equipamiento de alta tecnología para
la policía - la creación del Centro de Inteligencia Criminal: con base de datos
e información precisa y ampliada. - el fortalecimiento de Líderes Policiales
Comunitarios - y, obviamente, más y nuevos policías. Se prevé la instalación,
como parte del proyecto, de Cámaras de video en distintos puntos del Microcentro
(«en eventos como Carrusel, en las manifestaciones de vendedores ambulantes y en
zonas conflictivas» -34-).
Además, en la arena legislativa y judicial, considera
urgente implementar reformas al código de faltas, para lo cual plantea la
necesidad de acción mancomunada con comisarios líderes y organizaciones sociales
con un fuerte apoyo de los jueces de faltas. Y tiene como punto fuerte y
polémico, el tema, cada vez más legitimado, de la baja en la edad de
imputabilidad de los menores, en un férreo intento de disminuir la misma de 16 a
14 años. Habla de la creación de una Red Preventiva Solidaria, un sistema de
comunicaciones para la prevención y atención de emergencias, basado en el
registro y transferencia de información en el menor tiempo posible entre la
comunidad y las agencias estatales frente a cualquier evento delictivo y/o
vinculado a la seguridad humana. Es decir, la comunidad puede denunciar la
presunta existencia de indicios delictivos a través de mensajes de texto, mails
o publicaciones en una página web creada para tal fin.
Desde lo social, el pacto se
asienta sobre diferentes programas: De la Esquina a la Escuela, Plan Familias
por la Inclusión social, Programa Comer en Familia, Plan Inclusión Jóvenes en
conflicto con la Ley, Servicio Cívico Voluntario, Seguro Adolescente. En los
cuales se multiplicará el número de beneficiarios (aunque no hace mención a un
aumento en los montos otorgados). El acuerdo además hace gran hincapié en la
recuperación de espacios públicos, así como en la necesidad de actividades
recreativas, deportivas y culturales para jóvenes. A la escuela, a través de la DGE, le toca implementar los Programa de Igualdad Educativa, el Programa
Nacional de Integración Educativa, entre otros. Así, analizando los elementos a
los cuales se remite el acuerdo, podemos esbozar algunas ideas, entendiendo
primeramente, que dicho pacto social fortalece el discurso de la
excepcionalidad, acompañado de la mano dura y la tolerancia cero, en una línea
de continuidad, como analizamos en el capítulo introductoria, con la doctrina de
la seguridad nacional, pues refuerza la idea del «enemigo» al que hay que
combatir. Lejos de analizar los procesos sociales y los contextos
socioeconómicos, se afianza en la individualización del delito, es decir, el
problema pasa a ser el delincuente en tanto individuo. En este sentido, no hace
más que reforzar la idea que venimos planteando de los parámetros de respuesta
del Estado frente a la cuestión social (ahora cuestión penal): por un lado, más
políticas sociales con iguales características (focalizadas, mínimas,
excluyentes). Por otro, desde una visión represiva de la seguridad y su
acotamiento al delito, la persecución, el acorralamiento del delincuente
caracterizado y localizado. Cuando el «orden» se vuelve lo primordial la
solución radica en controlar a los revoltosos. Así, ambos aspectos no sólo
fortalecen la criminalización de la pobreza y avanzan en la legalización de la
criminalización de la protesta, sino que recrean la ideología de la inseguridad
y de la peligrosidad. Desde esta concepción de la seguridad, y en consecuencia
de su combate, se explica, por ejemplo, que la mayoría de tareas o acciones
recaigan sobre el Ministerio de seguridad, particularmente en la Policía – sin
poner en cuestión su accionar. Se desarrolla una visión inmediatista, ahistórica
del delito, y la actuación estaría a la cola del hecho delictivo consumado: su
detección y consecuente castigo al delincuente. Aparentemente la historia de la
inseguridad actual comienza a partir del (generalmente y cada vez más) joven que
delinque. Entendiendo que la prevención del delito, en última instancia, será
tarea de la escuela, sin problematizar las condiciones educativas actuales.
Retomando análisis anteriores, el proceso de criminalización secundaria unido a
la excepcionalidad da un marco de actuación ilimitado a la policía mendocina, la
cual acumula antecedentes por demás preocupantes de situaciones de abusos y
casos de gatillo fácil. Desde allí también se entiende la ausencia de tareas
otorgadas a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. La generación de
empleo no estuvo como punto en la agenda, a lo sumo se plantearon pasantías en
empresas (lo que significa mano de obra a bajo costo por un par de meses) o
talleres de oficio. Pues no se entiende la seguridad de los ciudadanos desde la
estabilidad laboral, económica, alimentaria, sanitaria. Pues para este modelo de
ciudadanía, ya lo analizamos, no todos logran acceder a tal categoría, por lo
cual se concibe, o por lo menos se prioriza, la seguridad para aquellos que ya
resolvieron, privadamente, tales aspectos. Es posible en este punto recuperar el
planteo ciudadanos/no ciudadanos analizado en el capítulo anterior, con lo cual
se le traspasa la responsabilidad por la inseguridad de la provincia a ciertos
sectores localizados, de quienes el resto debe defenderse. Todos los elementos
que comportan el Acuerdo no sólo no están dando res mismo tiempo significa
endurecer aun más dicho acuerdo), sino que además se extienden más allá del
delito consumado, avanzando sobre la criminalización de la pobreza (con las
razzias y los allanamientos en los barrios populares, la detención por «portación
de rostro», etc.) y la criminalización de la protesta, pudiendo utilizarse estas
figuras creadas cuando el conflicto social se exprese por las calles mendocinas.
Es decir, el círculo recorte de garantías – ineficiencia – nuevo recorte de
garantías está cercenando cada vez más la esfera de los derechos de las mayorías
empobrecidas y de los grupos organizados, en pos de una búsqueda de seguridad
que más se nos aparece como excusa que parte de una política seria en materia de
seguridad pública. 3.2 Una herramienta legal más: Código Contravencional de
Mendoza «Isabel, 1572: a los mendigos sin licencia, mayores de 14 años, se los
azotará con todo rigor y serán marcados con hierro candente en la oreja
izquierda, en caso de que nadie quiera tomarlos a su servicio por el término de
dos años; en caso de reincidencia, si son mayores de 18 años deben
ser...ajusticiados, salvo que alguien los quiera tomar por dos años a su
servicio; a la segunda reincidencia, se los ejecutará sin merced, como reos de
alta traición» -35-. El proyecto para sancionar el Código Contravencional de la
Provincia de Mendoza, que establece modificaciones al Código de Faltas -36-, fue
presentado en septiembre del 2008 y ya cuanta con media sanción del Senado. La
idea básica de contar con esta herramienta es poder sancionar en forma más
severa aquellas conductas menores – que no llegan al rango de delito – para
evitar que éstos se produzcan en el futuro -37-. Se trata, entonces, de un
justificativo preventivo-aleccionador. Desde la visión de los funcionarios, las
conductas no requeridas por la sociedad, incluirían la prostitución, la venta
ambulante, los limpiavidrios, el consumo de alcohol en la vía pública, entre
otras actividades. Por lo tanto plantea penas -38- para aquellos que realicen
tales actividades, siendo el justificativo más difundido la obstaculización del
tránsito y la defensa del derecho a la libre circulación. Sin embargo,
enmarcándonos en el análisis anterior, estas políticas de «limpieza social»,
tienen un objetivo «visual» y estético, es decir, el problema no es el caos
generado en el tránsito ni mucho menos la situación de las trabajadoras
sexuales, de los jóvenes, la drogadicción o el alcoholismo. El problema es que
se vea. El problema es que estos grupos (no ciudadanos, ya fuera de la
perspectiva de derechos) molesten a los ciudadanos mendocinos y, eventualmente,
a los turistas. Una concepción de orden y limpieza entendida en su sentido más
estricto, que echa a la gente de los espacios de socialización, donde es difícil
ejercer el control. «En numerosas ocasiones esta persecución, criminalización y
expulsión de estos grupos se ha concretado al amparo de un discurso de política
de seguridad, pues aparentemente el hecho de «ver» menos limpiavidrios,
artesanos, cartoneros o músicos en las calles céntricas, hacen sentir más segura
a la ciudadanía» -39-. La echa de las calles, de las plazas, del espacio público
que va deshabitando. En este sentido, tales manifestaciones (de pobreza
estructural, de trabajo informal, de injusticia social) resultan ser además
peligrosas en tanto muestran los resultados de las políticas neoliberales, los
vacíos estatales en la garantía de derechos constitucionales, al tiempo que el
vaciamiento de los espacios públicos permite futuros y potenciales negocios
inmobiliarios.
A lo anterior se suma un
aspecto sumamente preocupante en el marco de la temática que venimos trabajando
y se refiere a las actividades públicas de grupos o colectivos organizados. Así,
el código también se propone penar las acciones de protesta, movilizaciones,
escraches y demás formas de lucha que vienen llevando adelante las
organizaciones sociales y políticas, por considerarlas, nuevamente desde el
discurso dominante, violatorias del derecho de transeúntes y conductores -40-,
tomándolas incluso como atentadoras de la libertad. Esta moralización de las
conductas, lejos de tener como preocupación central la libre circulación, es un
ataque directo a los derechos constitucionales de las personas, tanto a trabajar
como a manifestarse y ejercer el derecho de protesta. Al igual que ocurre en la
Ley Antiterrorista analizada en el primer capítulo, el Código -41- también
plantea figuras contravencionales abiertas a la más libre interpretación,
pudiendo ser considerada como contravenciones las más diversas actividades
públicas, estableciendo parámetros de «normalidad» por demás reducidos -42- .
Por lo antes dicho es que la
polémica se instala al interior de la Legislatura y en la opinión pública
mendocina, así como también fue tema de denuncias, marchas y movilizaciones por
parte del sector organizado -43-, acciones que frenaron su aprobación inmediata.
Sin embargo, al ser legislaciones que están siendo aprobadas en varias
provincias del país, la preocupación por su legislación en Mendoza sigue
vigente.
Notas: (...)
Ana Musolino. Lic. en Trabajo
Social. Universidad Nacional de Cuyo
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