Lula reafirma su posible
candidatura para 2018
13 de enero de 2017 | Edición del día
13 de enero de 2017 | Edición del día
“Prepárense, porque si es necesario, seré candidato a la presidencia”, afirmó
Lula durante el 29º Encuentro Estadual del MST. El PT prepara nuevas alianzas y
se ubica como alternativa del régimen brasilero en crisis.
Por Daniel
Avec
A principios de
esta semana el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participó del 29º
Encuentro Estadual del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra),
en Salvador. En su primer acto público del año anunció la posibilidad de su
candidatura presidencial, si fuera necesario, para las próximas elecciones
presidenciales de la República.
"Prepárense,
porque, si es necesario, seré candidato a la presidencia. Si fuera candidato, es
para ganar las elecciones de este país", afirmó Lula. Además planteó que
pretende viajar por el país para recuperar la imagen del PT y su propia imagen,
reafirmando que el partido viene siendo criminalizado por los medios y la
Justicia.
En su discurso
Lula sostuvo que Brasil necesita volver a crecer mediante la inversión en el
mercado interno y mediante el estímulo a los pequeños y medianos empresarios, la
financiación de la agricultura familiar y del consumo.
A pesar de las
declaraciones del ex presidente, Rui Falcão, actual presidente nacional del PT,
destacó que el partido aún no ha tomado una decisión final sobre la candidatura
de Lula, pero dejó indicado que es una "aspiración nacional".
La candidatura de
Lula viene apareciendo como posibilidad desde el final de 2016 cuando el
expresidente pasó a ser foco de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Con una estrategia que va desde el fortalecimiento jurídico de Lula frente a las
investigaciones hasta la reubicación del partido frente al desgaste presentado
por el gobierno golpista de Temer, el PT ha abandonado cualquier lucha contra el
golpe buscando cerrar alianzas incluso con los sectores más reaccionarios de
derecha y articuladores del golpe a Dilma Rousseff en función de volver a ganar
espacio como un partido del régimen político brasilero.
En la Cámara de
Diputados, el PT ha negociado su apoyo a Rodrigo Maia (DEM-RJ) - brazo derecho
de Temer e impulsor del impeachment - a la presidencia de la Cámara de Diputados
a cambio de preservar y ampliar las escasas posiciones que aún detenta. En el
Senado, dejando de ser la principal oposición a Calheiros (PMDB-AL) en la
elección, evalúa ser parte de la lista única armada por Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Los indicios,
cada vez más firmes, sobre la candidatura de Lula a las elecciones
presidenciales es utilizado por los petistas en sus negociaciones para cargos
políticos dentro del Parlamento. Basando sus movimientos en las recientes
encuestas de opinión que muestran el triunfo de Lula en varias hipótesis y
escenarios políticos, el PT intenta mostrar a la élite nacional que aún tiene
potencial para la contención y el mantenimiento del régimen político.
El PT ha
defendido abiertamente el adelantamiento de las elecciones presidenciales para
octubre de este año y ha mantenido una política ofensiva al comparar su política
económica con la del gobierno golpista de Temer. Trata de presentarse como
víctima y con discursos “rojos”, mientras se muestra dispuesto a descargar los
ajustes sobre las espaldas de los trabajadores, controlándolos a través de la
CUT y de la burocracia sindical. El PT ha demostrado su completa y reaccionaria
integración al régimen político y buscar a través de las ilusiones que despierta
la figura de Lula mantener sus posiciones y cargos dentro del sucio juego
político capitalista.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Lula-reafirma-su-posible-candidatura-para-2018
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Lula-reafirma-su-posible-candidatura-para-2018
Recordemos:
Nuevos escenarios, nuevas resistencias.
6 de julio
de 2004
Por Raúl Zibechi
Los escenarios de los combates sociales latinoamericanos cambian a una velocidad
sorprendente. Un síntoma de estos cambios de escenario lo está protagonizando el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que sostiene que
su principal enemigo ya no es el latifundio sino el agronegocio
La
profundización del capitalismo en las áreas rurales está provocando cambios
económicos, políticos, sociales y culturales en varios países de América Latina.
El cultivo de soja en Argentina, segundo productor mundial luego de Estados
Unidos, provocó entre 1991 y 2001 la emigración del 33% de la población activa
rural, además de una fuerte polarización económica y social y la destrucción del
patrimonio cultural y natural del país. Ahí donde es cultivada de forma intensa
y extensa, "la soja deja secuelas devastadoras"(1)
.
En Brasil, el agronegocio está en alza, tanto en el terreno económico como en el político. En 2003, primer año del gobierno de Luiz Inazio Lula da Silva, el agronegocio fue el responsable del mayor superávit comercial en la historia del país. Con 30 mil millones de dólares exportados, el negocio agropecuario es responsable del 42% de las exportaciones brasileñas. El llamado "complejo soja" lidera este proceso con el 25% de las exportaciones del sector; las exportaciones sojeras crecieron en un año un espectacular 35%. El alza de los precios internacionales y la tracción de mercados importantes, sobre todo China, explican en gran medida este suceso. Pero la exportación de productos agropecuarios por el agronegocio obliga a la importación de otros productos, tanto para el consumo popular como para uso industrial. Así, Brasil exporta algodón pero a su vez debe importar algodón para abastecer la industria nacional, en tanto está importando alimentos básicos como arroz, frijoles, maíz, trigo y leche(2) .
Nuevos equilibrios
El
agronegocio no sólo afecta la soberanía alimenticia del país sino también los
equilibrios políticos. En los próximos años las exportaciones del
agronegocio seguirán creciendo, y con ello el poder político del sector,
representado en el gabinete de Lula nada menos que por el ministro de
Agricultura, Roberto Rodrigues. Una de las razones que explica la apuesta de
Lula al agronegocio es que la explosión de las exportaciones (están creciendo a
un ritmo del 22% anual desde comienzos de 2003) disminuye la vulnerabilidad
externa del país, mejorando la relación entre producto bruto y deuda externa(3)
.
La trampa es evidente: las exportaciones sólo crecen en aquellos rubros dominados por las multinacionales (soja y agronegocio son el mejor ejemplo de dominio absoluto de ese sector), lo que su vez provoca desequilibrios internos que redundan en un aumento de la dependencia (alimenticia) y, sobre todo, en un crecimiento del poder de las multinacionales. El caso argentino debería eximir cualquier comentario.
Los
desequilibrios sociales que provoca el agronegocio están modificando la
geografía de las luchas sociales. Bernardo Mançano Fernandes, geógrafo y asesor
del MST, sostiene que las grandes empresas en el campo brasileño concentran más
la tierra y la renta, no generan empleos ni alimentos y sus exportaciones están
destinadas a pagar los intereses de la deuda externa que nunca termina de
crecer. Por eso sostiene que "los sin tierra no luchan más sólo contra el
latifundio" y que ahora "su principal enemigo es el agronegocio"(4) . Y
concluye: "El latifundio improductivo está siendo arrendado para plantíos de
soja. Eso no genera empleo ni mueve la economía local".
Tampoco es cierto que la explosión exportadora promovida por el agronegocio
redunde en una menor vulnerabilidad internacional. Según un informe de la OMC, la corriente
mundial indica un crecimiento de los productos procesados entre las
exportaciones agrícolas, pero Brasil redujo las exportaciones de alimentos
procesados en siete puntos entre 1990 y 2002. En el mismo período, crecieron las
importaciones de productos agrícolas procesados(5) . Se trata del mismo proceso
de "reprimarización" de las exportaciones que registró Argentina desde la
aplicación del modelo neoliberal a comienzos de la década de 1990.
A
los desequilibrios anotados se suma la desigual distribución de la ayuda
estatal, que los profundiza. Los pequeños productores de Brasil
(responsables del 40% de la riqueza producida en el medio rural y del 70% de los
alimentos que llegan a la mesa de los brasileños) ocupan 14 millones de personas
mientras el latifundio exportador ocupa sólo 421 mil trabajadores. Sin embargo,
son esos latifundios los que concentran el grueso de la ayuda estatal: durante
el primer año del gobierno de Lula se liberaron 4.500 millones de reales en
apoyo de la agricultura campesina, la misma cifra que recibieron sólo 15
empresas transnacionales del sector agropecuario, entre ellas Nestlé, Bunge,
Cargill, Bayer y Monsanto(6) . Las previsiones para la zafra 2003/2004
establecen que el Estado apoyará con 7 mil millones de reales la agricultura
campesina pero con 38 mil millones al agronegocio.
Un viraje de largo aliento
Los
campesinos y sin tierra brasileños enfrentan un enemigo poderoso que intenta
expulsarlos de las zonas rurales. La capacidad de las grandes multinacionales
agropecuarias de avanzar sobre la tierra es hoy mucho mayor que la de los
campesinos de recuperarlas. Mançano Fernandes asegura que en la zona más
conflictiva del estado de San Pablo, el Pontal do Paranapanema, los sin tierra
recuperaron en diez años 100 mil hectáreas en las que se asentaron cinco mil
familias. Pero el reciente avance de la soja en la misma región ocupó otras 100
mil hectáreas en apenas dos años.
Uno de los escenarios que están cambiando tiene que ver con el tipo de argumentos que utilizan los sin tierra. Se señala que el latifundio es improductivo, pero no puede decirse lo mismo del agronegocio. Se trata de poner en cuestión el carácter de la producción: o está dirigida al mercado internacional o a las necesidades de la población; o a las exportaciones o al mercado interno. Ambas opciones son incompatibles. Ciertamente, nadie en su sano juicio puede negar la importancia de las exportaciones, pero la producción como tal debe no debe estar orientada al mercado internacional, siempre en manos de unas pocas multinacionales.
Un
segundo cambio de escenario está relacionado con el carácter de las luchas. Como señala Mançano Fernandes en el Jornal
Sem Terra, la táctica de las ocupaciones se acentuará hacia las áreas del
agronegocio. Esto supone una confrontación inédita, no ya con la vieja
oligarquía terrateniente en decadencia, sino con el más pujante sector
neoliberal. Este viraje en las luchas sociales rurales enfrenta al movimiento a
desafíos inéditos, que lo pueden llevar a profundizar su confrontación con el
sistema.
En
tercer lugar, el agronegocio está sólidamente instalado en el gobierno de Lula. Esta alianza crea también una situación nueva
y compleja al movimiento, que no podrá enfrentarla con una táctica simplista, en
virtud de la relación de fuerzas existente hoy en Brasil. Hasta ahora el MST ha
demostrado que ningún gobierno, ni siquiera el de Lula, es capaz de cooptarlo o
domesticarlo. Las luchas desarrolladas en el "abril rojo", mes en el que fueron
ocupadas unas cien haciendas, es una clara señal de que la autonomía del MST no
decae sino que se mantiene en todo su vigor. Pero los sin tierra tampoco buscan
un enfrentamiento frontal con el gobierno. De alguna manera, están construyendo
un nuevo escenario, más complejo que el anterior pero que, a su vez, abre nuevas
posibilidades para profundizar la lucha que llevan desde hace más de 20 años.
Este nuevo
escenario posneoliberal tiene algunas similitudes con la situación que
atraviesan los movimientos en Argentina, y parcialmente en Bolivia, donde ya no
es posible seguir peleando igual que antes de los gobiernos de Kirchner y Mesa.
Complejidad no es sinónimo de parálisis, sino de creación de nuevas formas de
acción para seguir avanzando
Notas:
(1) "Desojando",
informe en Cash, suplemento económico de Página 12, Buenos Aires, 13 de junio de
2004.
(2) Ariovaldo
Umbelino de Oliveira, "Os mitos sobre o agronegócio no Brasil", en Jornal Sem
Terra No. 24, mayo-junio de 2004.
(3) Véase O Estado
de Sao Paulo, "País fica mais forte para enfrentar risco externo", sección
Economía, 6 de junio de 2004.
(4) "MST volta
suas baterías contra o agronegócio", en O Estado de Sao Paulo, 30 de mayo de
2004.
(5) "País vai a
contramao do agronegócio, diz OMC", O Estado de Sao Paulo, 12 de junio de 2004.
(6) "Pequeno
produtor sustenta setor agrícola, mas tem créditos restritos", en www.mst.org.br
26 de mayo de 2004.
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Se impone el agrobusiness en Brasil y
aplasta la
agricultura familiar, con el apoyo del gobierno
27 de marzo de 2013
27 de marzo de 2013
"La
pugna entre un proyecto de campo basado en la agricultura familiar para la
producción de alimentos y otro de una zona rural de latifundios y producción
enfocada en la exportación de granos está lejos de ser justa. A pesar de los
programas y auxilios anunciados por el gobierno, es evidente que la báscula del
poder favorece al agrobusiness. Aparte de su expresiva presencia en la
administración, cuentan con recursos excesivos, sin ninguna proporción con
aquellos destinados a la agricultura familiar."
Gobierno Lula: el sueño frustrado
No hay dudas de que la
llegada del primer obrero a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva,
llenó los movimientos sociales brasileños de esperanza. 2002 fue el año de la
histórica victoria de la izquierda en el país más grande de América Latina – en
área y en población. Su toma de posesión llevó a miles de militantes y
apoyadores del Partido de los Trabajadores (PT) a Brasilia, que vio un mar rojo
saludar al nuevo presidente. Más allá de la simbología de tener un presidente
que viene del pueblo, la plataforma de gobierno petista traía la promesa de la
eliminación de la pobreza, la generación de millones de empleos y la promoción
de mayor justicia social en un país cuya desigualdad era una de sus
características más estructurales.
Para el Movimiento de
los Trabajadores Sin Tierra (MST) ese escrutinio representó la potencial llegada
de una nueva etapa. El conocido movimiento defendía y defiende la reforma
agraria y la redefinición de los patrones de ocupación, producción y
sociabilidad en el campo brasileño. Por su estrategia de lucha – la ocupación de
latifundios improductivos – fueron perseguidos duramente en el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso, anterior al de Lula, y rotulados como criminales por
los grandes medios de comunicación y las clases altas defensoras de la propiedad
privada. La llegada del Partido de los Trabajadores al poder significó, en ese
entonces, la posibilidad de descriminalización del movimiento, de diálogo y
negociación y de realización de una reforma agraria estructural. Lula había sido
gran simpatizante del movimiento desde sus orígenes y dejó muy claras sus
intenciones de, una vez presidente, tratar la reforma agraria y al MST con la
dignidad que merecían.
A pesar de promesas y
expectativas, lo que se observó en Brasil durante el gobierno Lula respecto a la
situación del campo fue la disminución, año tras año, del número de latifundios
expropiados para la reforma agraria. La Constitución brasileña de 1988 contiene
la función social de la propiedad, determinada en el ámbito urbano por la
sustitución del individualismo propietario por el de la dignidad humana y, en el
ámbito rural, por la protección a los derechos laborales y ambientales. La
propiedad rural debe cumplir con los patrones del desarrollo sostenible y,
aunque lo haga, puede ser expropiada por el gobierno, una vez que lo que debe
prevalecer es su utilidad pública – es el caso de propiedades que no tienen
producción o número de funcionarios compatible con su área.
A los gobiernos
posteriores a la redemocratización les quedó la importante tarea de promover el
uso social de la tierra y propiedades urbanas y se supone que Lula era el más
calificado para cumplir con esta demanda, dado su origen y cercanía al MST.
Empero, el número de expropiaciones en sus dos mandatos fue bastante inferior al
su antecesor, el social-demócrata Fernando Henrique Cardoso. Lula expropió tan
sólo mil 990 propiedades, ante 3 mil 532 durante el gobierno de Cardoso.
El año 2005 fue el
punto de inflexión de las expropiaciones – desde entonces, se han visto cada vez
menos propiedades parceladas para la agricultura familiar. Coincidentemente o
no, este mismo año trajo un decreto presidencial que tornó legal el uso de
semillas transgénicas para la producción agrícola.
Las semillas de soya de
Monsanto empezaron a ser contrabandeadas desde Argentina a Brasil en 1998, sin
cualquier tipo de regulación hasta la medida tomada por Lula siete años después.
Hoy se estima que las semillas genéticamente modificadas representan un 85 por
ciento de la producción total de soya en el país – porcentaje que puede ser
todavía más grande, una vez que estas semillas son altamente contaminantes, lo
que hace que no sea posible controlar estrictamente su presencia.
La combinación de esos dos factores, aliados al crecimiento de exportaciones a Asia, especialmente, benefició a los grandes empresarios del agrobusiness. Las publicitarias cifras de la balanza comercial dieron a Brasil nacional e internacionalmente la imagen de una verdadera revolución social. Mientras tanto, la bancada rural de la Cámara de Diputados y el Senado (que representa los intereses de los empresarios agroexportadores) hacía crecer su influencia en el gobierno petista, la propuesta de reforma agraria seguía intocada y el MST, olvidado.
Las cifras no son
fiables, el incremento en la productividad y la creciente presencia de Brasil en
el escenario internacional ocultan datos menos estimulantes: el 10 por ciento de
los propietarios retienen el 85 por ciento de la producción y 85 por ciento de
las tierras cultivadas en Brasil están reservadas para la producción de maíz,
soya, pasto y caña de azúcar – es decir, o se destinan a la producción de ración
animal y a la exportación, o son productoras del combustible etanol. La
producción de caña, históricamente conectada al esclavismo colonial, fue
celebrada por Lula como la gran solución para la excesiva dependencia del
petróleo como combustible. Lo que se le olvidó decir es que la planta de caña de
azúcar, cuando es cultivada extensiva y continuamente, causa la destrucción de
suelos y la transformación radical de ecosistemas. Del mismo modo, se le olvidó
comentar que las haciendas de caña son las que más emplean trabajadores en
condiciones indignas, incluyendo esclavos y niños.
Gobierno
Dilma: ¿erradicación de la miseria o todo el apoyo al agrobusiness?
Dilma Rousseff llegó al
poder con una percepción un poco menos onírica desde los movimientos sociales.
Aún así, representaba un cambio más: la primera mujer, ex-guerrillera que luchó
en contra del autoritarismo en el período dictatorial. Con fama de rigidez para
el trabajo y una imagen de honestidad, la “hija” de Lula ganó las elecciones
después de gran campaña de unión de toda la izquierda en contra de la amenaza
del regreso de la derecha al poder, sintetizada en la figura del autoritario
José Serra (PSDB).
Su principal bandera de
gobierno es la erradicación de la pobreza y la expansión del desarrollo del país
– llevadas a cabo a través de dos programas multiministeriales: Brasil Sin
Miseria y los Planes de Aceleración del Crecimiento (PACs).
El Plan Brasil Sin
Miseria concentra 47 por ciento de sus esfuerzos en el campo, a través
primordialmente del fomento a la agricultura familiar, generando beneficios
financieros a fondo perdido para la compra de insumos y equipo para la
agricultura. Con el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el gobierno
federal busca incentivar a la agricultores familiares con la compra de la
producción para su uso en entidades asistenciales, hospitales, universidades,
unidades prisionales y para formación de estoques. Además de eso, el programa
también cuenta con la ampliación del acceso al agua.
El último 8 de marzo,
la presidenta anunció una medida que presuntamente colaborará para el desarrollo
de la agricultura familiar – responsable del 70 por ciento de los alimentos
consumidos en hogares brasileños: todos los productos de la canasta básica pasan
a ser exentos de impuestos federales, lo que representa la reducción en el costo
de 9.25 por ciento para los alimentos incluidos (carnes, leche entera, huevos,
arroz, frijol, pan, frutas, legumbres, entre otros) y 12.25 para papel
higiénico, jabón de ducha y pasta de dientes. Además de permitir mayor consumo
entre las clases más bajas, la medida busca generar mayor dinamismo y expansión
en los negocios en pequeñas comunidades – bien como el crecimiento de la
presencia de la agricultura familiar.
Todas esas medidas son
obviamente bienvenidas, pero es necesario ponerlas en contexto para entender
hasta qué punto la “revolución en el campo”, de la que habla con orgullo Dilma,
es verdadera.
A pesar de las
recurrentes promesas de realización de la reforma agraria – la última de ellas
realizada en reunión con trabajadores rurales para la firma de la Política
Nacional para Trabajadores Rurales Empleados, en los primeros días de marzo -,
ya acercándose a la mitad de su tercer año de gobierno, Dilma casi fue la jefe
de gobierno que menos expropió tierras para la reforma agraria, con solamente 86
propiedades destinadas a este fin. Por encima de ella está solamente Fernando
Collor de Mello, presidente entre 1990 y 1992, impedido por una política
económica que confiscaba los ahorros de los ciudadanos y por involucrarse con la
corrupción – quien expropió en su período solamente 28 latifundios. Dicho sea de
paso, el ex-presidente, hoy Senador de la República, es parte de la gran base de
apoyo de Dilma en el Poder Legislativo.
Hablando del
Legislativo, es imposible no darse cuenta del gran incremento de la influencia
de la bancada rural en el transcurso del gobierno de Dilma. En 2012 este grupo
de legisladores logró aprobar una propuesta de Código Forestal que significaba
una afrenta a los movimientos sociales rurales, los ambientalistas y los pueblos
indígenas. Permitiendo que se colocaran en el mercado para especulación títulos
de carbono y cuotas de reservas ambientales, la legislación ponía a la Amazonia
brasileña en la ruta de la globalización. Los dueños de latifundios
improductivos pasarían a justificar la función social de sus propiedades bajo la
justificación de explotar carbono en zonas que cuentan con cuotas de reservas
ambientales. En caso de que decidieran usar las tierras para producción agrícola
– y acabar con los bosques – nada más necesitarían compensar la devastación con
la reforestación de una pequeña parcela de su propiedad (que no llegaría al 10
por ciento). Además de eso, dio una salida a los grandes propietarios para que
no necesitaran abrir mano de sus tierras con el fin del crecimiento de las
tierras de agricultura familiar, otorgando a la agricultura familiar 4,9
millones de hectáreas en zona de devastación de la selva amazónica – para que ya
no se tocaran los latifundios improductivos ni consideraran a los productores
responsables de la devastación de los bosques. Otra medida fue no penalizar a
propietarios que acabaran con zonas de bosques.
El gobierno federal no
fue capaz de generar oposición dentro del legislativo para bloquear la nueva
legislación – por el sencillo motivo de que la mayor parte de sus proponentes
componían la base gobiernista -, lo que hizo necesario que la presidenta la
vetara. La expectativa de los movimientos sociales y ambientalistas era que el
veto a la propuesta fuera integral. Empero, la presidenta prohibió solamente
nueve artículos de la ley y pasó el Programa de Regularización Ambiental, que
exentó de multa a propietarios rurales que generaron devastación en los bosques,
bajo la condición de que presentaran un plan de recuperación de las áreas
degradadas. Dicha recuperación será de máximo el 20 por ciento de la propiedad,
sin tomar en consideración que muchas propiedades de las regiones centro-oeste y
norte del país vienen integralmente del desmate de la Amazonía.
Si con relación al
medio ambiente, Rousseff fue permisiva y permitió la ampliación del poder de los
latifundiarios, en lo que dice respecto a los derechos indígenas la situación no
es mejor. El gobierno brasileño, desde Lula, hace propaganda de haber demarcado
la mayor cantidad de tierras indígenas de América Latina. Lo que no dice es que
el 95 por ciento de estas tierras están localizadas en la Amazonía o en regiones
cercanas a centros urbanos – por lo tanto, en zonas con menor disputa por la
tierra. Los pueblos indígenas que habitan regiones con presencia de haciendas
destinadas al agronegocio han sido prácticamente ignorados en sus demandas por
demarcación de reservas, y sufren violencia cotidiana por parte de capataces de
los latifundistas – violencia que pone en riesgo la existencia de esos pueblos.
Un ejemplo es el caso de los Guarani-Kaiowá, del estado de Mato Grosso do Sul,
que en 2012 recibieron del Estado orden de despojo de sus tierras ancestrales,
en un contexto de asesinatos, violaciones y suicidio de indígenas.
La pugna entre un proyecto de campo basado en la agricultura familiar para la producción de alimentos y otro de una zona rural de latifundios y producción enfocada en la exportación de granos está lejos de ser justa. A pesar de los programas y auxilios anunciados por el gobierno, es evidente que la báscula del poder favorece al agrobusiness. Aparte de su expresiva presencia en la administración, cuentan con recursos excesivos, sin ninguna proporción con aquellos destinados a la agricultura familiar.
En febrero, la
presidenta anunció en su plan agrícola para 2013/2014, que invertirá 133 mil
millones de reales. El monto impresiona, pero su división impresiona más: 115
mil millones de reales estarán destinados a la agricultura empresarial, ante 18
mil millones para la agricultura familiar. Dinero que será invertido
primordialmente en la compra de máquinas para la modernización de la producción.
En una feria destinada al agronegocio, Dilma Rousseff afirmó que siempre habrá
más recursos: “Todo lo que gasten, lo cubriremos”. Días después, la petista
volvió a apapachar a los agroexportadores, anunciando su gran orgullo: en 2013
Brasil tendrá la mayor cosecha de granos de su historia, llegando a 185 millones
de toneladas. Claro, todo esto sin considerar la cosecha de alimentos – que
mereció nada más que una mención en el discurso de la presidenta.
El contexto como un
todo marea: si Dilma quiere fomentar la agricultura familiar y las economías
locales, y para eso quita los impuestos de la canasta básica y compra las
cosechas de los pequeños productores, ¿por qué no aplica la reforma agraria?,
¿por qué permite la promulgación casi integral de un Código Forestal que en la
práctica acaba con la legitimidad de las expropiaciones de latifundios
improductivos?, ¿por qué otorga inversiones fuera de proporción a los
latifundistas?, ¿por qué no defiende a los pueblos indígenas y garantiza su
derecho a la tierra?
Con un discurso
amigable y mucha inversión en publicidad, el gobierno del PT muestra que en su
proyecto nacional la agricultura familiar sólo tiene cabida si no interfiere en
el desarrollo y la inserción del país en la globalización. “Un país rico es un
país sin miseria”, slogan del gobierno Dilma, vale para elevar a Brasil en las
clasificaciones internacionales y para crear un gran conjunto de ciudadanos
consumidores. ¿Hasta qué punto el país rico de Dilma es, como dice el slogan del
gobierno de Lula, “un país de todos”?
Publicado el 25
de marzo de 2013
