Otro país-mundo es posible si los pueblos se adueñan de su destino común

El desafío exige ante todo que nosotros, los diversos de abajo, dejemos de delegar la soberanía popular en representantes que han legalizado y legitimado, desde 1984 hasta hoy, al proceso de reorganización nacional con origen en la dictadura genocida. Es decir, han centrado el papel del Estado en honrar la deuda o en desendeudarse  y han promovido la concentración y transnacionalización económico territorial. Veamos en la actualidad cómo se lleva a cabo lo último. La Presidenta explicita su orgullo de que la empresa estadounidense Monsanto haya anunciado, durante la reunión del Council of Americas en Nueva York, su decisión de invertir casi 1.800 millones de pesos para instalar una nueva planta en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba) para la producción de semillas de maíz. Cristina Fernández de Kirchner se ufanó en momentos en que se iniciaba el primer juicio por fumigaciones del país en la ciudad de Córdoba gracias a la movilización de las Madres de Ituzaingó acompañadas por el  Colectivo Paren de Fumigar Córdoba y Médicos de los pueblos fumigados. Leer

El juicio se ha profundizado desde el anuncio de una nueva planta en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba) mediante la lucha  por “No instalación de Monsanto en Córdoba” y el respeto a la Soberanía Alimentaria. Leer

En contraste, desde Nueva York, la Presidenta convirtió en plausible a la expansión de la ocupación económico territorial de la "corpo" imperialista, combatida internacionalmente por ser genocida,  e incluso le ofreció la Patagonia. Esta impunidad de Cristina Fernández se completó, meses después, con el Ministro de Agricultura de la Nación haciendo público su estar al servicio de Monsanto. Así desembozadamente Pablo Vaquero, vice de Monsanto Argentina, anunció junto al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que la nueva soja “Intacta RR2 Pro” estará disponible en la campaña 2013/14 (en la próxima siembra sólo se realizarán ensayos en el norte). Y calculó que la mejoría de los rendimientos podría llegar al 11%: se producirían 5 millones de toneladas más, que al valor actual serían ingresos por US$ 3.000 millones. Al mismo tiempo del monocultivo de la nueva soja transgénica, en 2013, el país adoptará también un sistema que le garantizará a Monsanto y a otras empresas de biotecnología agrícola el cobro de regalías o derechos por las patentes de semillas. En ese mismo acto el ministro adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contempla el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.

Sin embargo,  abajo crecen la autoorganización y la comunicación social a favor de derechos y  necesidades populares que son violados por la monopolización y mercantilización de los bienes comunes que realiza el capitalismo al progresar.

El documento "10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina" del Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras organizaciones sociales comienza señalando que:"Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales. Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos. (...)

Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación. Leer

A su vez  Carlos Vicente  (de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas) explicó: “El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”. Leer

Este acaparamiento de semillas que "son parte esencial de la vida" Leer se agrava con la apropiación de territorios, agua y energía para el auge del extractivismo de minería, petróleo, agronegocios y su constante expansión en forma de agrocombustibles, hidrocarburos no convencionales. De este modo el capitalismo progresa  devastando, destruyendo comunidades y ecosistemas y despoblando el país.

"Con el respaldo de una riqueza apenas sospechada hasta hace unos años, la minería vive su momento dorado en la Argentina, de la mano de políticas oficiales que -en detrimento de otros sectores- no ha hecho más que alentar el desembarco de grandes capitales del exterior.

De ahí que, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la actividad duplicará su contribución al PBI local en alrededor de tres años y promete "pisarle los talones" a los ingresos originados por la soja, con exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares.

A partir del buen presente que vive el sector, los inversionistas incluso se permiten vaticinar que la minería pasaría a enrolar unos 132.000 empleados en los próximos cuatro años, desde los 77.000 promedio de 2011 y 2012. Más aún, esta cifra podría trepar hasta casi 200.000 si se agregan las tareas complementarias que comprende la actividad.

Pero, a la par de este crecimiento que entusiasma a los mineros, crece un sinfín de cuestionamientos y polémicas que, cada mes, parecen incorporar nuevas voces y ejemplos.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.

Precisamente este último punto volvió a cobrar protagonismo durante los últimos días con la confirmación de los permisos para el proyecto Don Nicolás, que prevé la extracción de oro y plata en el área del Parque Bosque Petrificado, en Santa Cruz". Leer

Las transnacionales y las elites locales están arrasando el país en nombre del progreso y las fuentes laborales.

Por eso, la socióloga Maristella Svampa se refiere a que la megaminería debe contemplarse a partir de las categorías de desarrollo y democracia pensadas desde Latinoamérica y requiere un análisis interdisciplinario. “Nuestro continente concentra más del 40 por ciento de la exploración y explotación minera del mundo”, dijo. Y sostuvo que “hay otros conceptos de territorio que no implican que la naturaleza sea sólo una mera canasta de recursos. Se ve el territorio como socialmente vaciable y sacrificable”. También aludió a los informes de impacto ambiental que se realizan en cada proyecto minero, que “presentan varias fallas de metodología porque los hacen profesionales que tienen vínculos con las empresas. Es necesario contar con profesionales independientes y con un Estado que intervenga en el control de la actividad que ya se expande de forma vertiginosa”.

En relación con la normativa vigente (ley 24.196 de inversión minera y 24.585 de protección ambiental), Svampa opinó que son “demasiado permisivas” respecto de la actividad extractiva. “El actual modelo de desarrollo no contempla audiencias, consultas públicas, legislación vigente y no le interesa la discusión democrática de las decisiones colectivas. Hay que pensar dispositivos que contengan la simetría de poder y la igualdad.” Leer

De ahí que la resistencia al modelo extractivista dio origen a las asambleas para participar en la construcción de la democracia real que ponga fin a la desterritorialización y reterritorialización de enclaves exportadores o turísticos e inmobiliarios.

"En Junio de 2008 las Asambleas de La Rioja reunidas en Plenario decidimos provincializar nuestra  Lucha bajo el nombre “Asambleas Ciudadanas Riojanas”, espacio colectivo, autónomo, horizontal e históricamente integrado a nivel nacional a otro movimiento: la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En esa fecha emitimos un comunicado a la sociedad en el que entre otros tópicos señalamos:

• "Nuestras acciones no se limitan a la cuestión ambiental, porque no somos ambientalistas, sino  ciudadanos dispuestos a recuperar los espacios perdidos, cuestionar el modelo impuesto, que sólo sirvió para enriquecer a unos pocos, participar en la construcción de un nuevo modelo de Provincia y de país. Un modelo en el que los ejes de la lucha sean la denuncia, la participación activa, el compromiso, la solidaridad y la esperanza bajo el lema La Democracia Real No Se Toca”. Leer

Cada vez con más contundencia continúa "el compromiso, la solidaridad y la esperanza bajo el lema La Democracia Real No Se Toca".

La Agencia de Noticias Red Acción advierte: A pesar del creciente rechazo y denuncias de las poblaciones en cuyos terrenos se emplazan proyectos de Megaminería, los gobiernos provinciales, con la aprobación del gobierno nacional, siguen ajenos a las demandas. Mañana será el turno de Chubut, al tratarse el Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras, que habilitaría el ejercicio de la Megaminería en dicha provincia. Ante esto, hay estado de alerta y movilización máxima de la población. Reproduce:

Comunicado de prensa de la Unión de Asambleas Chubutenses.

La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el dia 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que:

Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut. Entendemos que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de nuestra provincia.

Por ello, advertimos:

1) La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.

Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país. Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.

En forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:

a)El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto -tal como él mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira provincial.

b)El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.

c) El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.

Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.

Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero, Mario Pichiñan y Jefes de Comunas Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la población.

En el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.

Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que muchos están haciendo.

Trelew, Chubut, 10 de Noviembre de 2012.

Facebook: FASP paraprohibirlamegamineria

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article5547

Impunidad de los poderes establecidos con terrorismo de estado

Si volvemos la mirada a la celebración del día de la industria (02-09-2012)tenemos un cuadro de situación de la impunidad vigente. La Presidenta anuncia modificaciones al sistema de riesgos del trabajo y la UIA aplaude, después respalda al proyecto de ley para su sanción. ACTA explica porqué la UIA está contenta y presiona la promulgación: "(...)Las modificaciones propuestas sólo procuran evitar los costos de la prevención, la participación de los trabajadores y fomentar un sistema elusivo de la justicia; al mismo tiempo que, propiciar el subregistro, la omisión de denuncias, la negación de las enfermedades de origen laboral, el desconocimiento de los más mínimos derechos de todos aquellos que el sistema no contempla e invisibilizar más de 7500 muertes anuales de trabajadores por causas relacionadas con el trabajo.

El sistema vigente fracasó no sólo en su faz preventiva, sino además en lo prestacional; por lo que al sumir en el desamparo a los trabajadores accidentados, lesionados o afectados en su salud por enfermedades laborales, no les dejó otra alternativa que apelar a la Justicia. Es fácil inferir, pues, que mediante el aumento de los montos previstos en la tarifa que habrá de fijar el remozado régimen, se procura oxigenar una ley agonizante que ha sido parida bajo la matriz ideológica y cultural del neoliberalismo.
 

Sin embargo, no es descabellado suponer que el gobierno ha estimado que con las modificaciones planteadas no logrará el saneamiento constitucional del régimen. Mientras consigue un valioso tiempo hasta que un caso llegue a la Corte Suprema y ésta comience nuevamente a recorrer el camino de demolición de la Ley de Riesgos del Trabajo accede a las pretensiones de la Unión Industrial Argentina, satisface la codicia del capital financiero, dueño de las ART y regala un nuevo negocio al Sindicalismo Empresario. Tres actores sociales estratégicos para asegurar la estabilidad al orden social y económico(...)". Leer

Reflexionemos sobre la impunidad de la UIA desde larga data:

 Verónica Baudino (El Aromo nº 52) señala: "La Revolución Argentina, comandada por el general Juan Carlos Onganía, contó desde sus inicios con el apoyo político de la Unión Industrial Argentina. Ésta demostró su total confianza en las autoridades militares tanto en el acto de su asunción, como a través de comunicados oficiales. En este contexto, la UIA expuso su programa económico. Consistía en una serie de medidas tendientes a relanzar la economía por la vía de la disminución del gasto público, la reducción impositiva, la estabilización de la inflación, el destino exclusivo de los fondos de los bancos oficiales para la promoción agraria e industrial, el impulso del comercio exterior y la modificación del sistema previsional, a su juicio oneroso e ineficiente.
No se olvidaron de la clase obrera: la dictadura debía anular aquellas “pseudo-conquistas” sociales que atentasen contra el desarrollo industrial general. Completando un programa tendiente a favorecer el avance de los sectores más concentrados del capital, la UIA sostuvo que si bien la industria necesitaba cierta protección de la competencia extranjera, “ésta no debía ser tal que la libere de preocuparse de producir bien y a bajo costo”. Así se entiende su apoyo a la dictadura: las demandas que expresaba implicaban abrir un proceso de liquidación de capital sobrante y un ataque a la clase obrera. Medidas altamente impopulares que difícilmente podían realizarse en democracia (...)". Leer

“La última dictadura tenía un beneficiario muy preciso”

Por Manuel Barrientos 

El ensayista Alejandro Horowicz analiza la significación política y moral de las causas en las que se investiga a las corporaciones empresarias por su participación en crímenes de lesa humanidad.(...)

¿Por qué en su último libro define al régimen iniciado en 1976 como una “dictadura burguesa terrorista unificada y contrarrevolucionaria”?
En primer lugar, porque tradicionalmente se suele hablar de dictadura a secas, como si fuera una especie de institución romana, cuando en rigor fue una dictadura de clase, que tiene un beneficiario muy preciso y que quedó absolutamente claro cuando terminó el Proceso. En el libro El nuevo poder económico, Eduardo Basualdo, Miguel Khavisse y Daniel Aspiazu demuestran que, al final de la dictadura, poco más de treinta grupos económicos globalizados financieramente transan el setenta por ciento del producto bruto de la Argentina. Es decir, se trató de una etapa de altísima concentración económica. 

¿Qué aspectos emblemáticos permiten evidenciar esa concentración?
Si uno mira ese modelo empresarial y lo compara con el de 1960, se puede observar que el fenomenal proceso de crecimiento de las PyMES -el más importante de América Latina- había sido totalmente destruido. Además, ese rango de concentración no sólo es excepcional en la historia argentina, sino que tiene ramas aun más concentradas que la economía norteamericana. Entonces, se observa un proceso de concentración que se hizo con intencionalidad previa y que no es el resultado de una situación azarosa. Se produjo a partir de la valorización de activos financieros que permitieron conformar -deuda externa mediante- una especie de sociedad anónima que reemplaza el conflicto que había anteriormente entre campo y ciudad. 

¿Cómo se integra esa sociedad?
La valorización de los activos financieros permitió transformarlos en activos líquidos y colocarlos en el mercado financiero internacional. Y esa política que ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz convirtió al bloque de clase dominante en rentistas financieros a perpetuidad, y volvió mucho mayor la significación de los activos radicados en el exterior que los radicados en territorio argentino. En consecuencia, el eje de la economía argentina pasó de la producción y el mercado interno al pago de la deuda externa. Esa lógica que se desarrolla entre 1975 y 1983 es la lógica que tiene como resultado un nuevo ciclo económico político que recién estalló en 2001. El derecho de tener derechos se canceló. El único derecho legítimo era el de propiedad y, todos los demás, estaban sometidos a éste. Y el derecho de propiedad era, simplemente, el derecho de la burguesía a transformar en capital líquido aquello que había estado encerrado en los límites del mercado interno. Eso explica por qué es una dictadura de clase, por qué es burguesa y por qué es unificada, porque los conflictos que antes dirimían sus diferencias desaparece. Y es unificada no de cualquier forma sino bajo un método de política terrorista.
¿Por qué fue Martínez de Hoz el encargado de poner en marcha el plan económico de la última dictadura? ¿Qué sectores económicos permitía anudar su figura?
Martínez de Hoz sintetiza a los sectores tradicionales. Cuando uno mira los debates que se dan entre 1971 y 1975, ve que los integrantes del bloque de clases dominantes -a través de las cámaras empresarias- modifican su postura en esos años. En 1971 se planteó el Plan Gelbard, entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT. En ese programa, José Ber Gelbard arrastraba detrás al movimiento obrero encabezado por José Rucci y las 62 Organizaciones, sobre todo porque ellos habían quedado fuera de la cancha política ya que los sectores dinámicos del movimiento obrero -que son los que encabezan las luchas populares- no eran exactamente ellos. Al mismo tiempo, el general Alejandro Agustín Lanusse respaldó esa idea y, siendo él el caudillo azul del Ejército, se lo planteó como el nuevo plan para el conjunto de bloques de la clase dominante y el sustrato del Gran Acuerdo Nacional, con la idea de que Juan Domingo Perón también respaldara ese plan. Pero Perón les hizo un terrible corte de manga y les dijo que de ninguna manera lo iba a acompañar. 

¿Cuál fue la postura de los grupos empresarios?
La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel), el grupo empresario encabezado por Martínez de Hoz, rechazaron airadamente el plan porque era estatista y socializante. Sin embargo, cuando Héctor Cámpora ganó las elecciones, el 11 de marzo de 1973, quedó claro que el peronismo iba a ser el pivote de esa nueva versión del Plan Pinedo. Y, en el marco de la CGE, la UIA se fusionó con la Confederación General de la Industria. Por su parte, la Sociedad Rural firmó, ni bien asumió Héctor Cámpora, un acta de compromiso por la que aceptaba que los valores de la producción tenían que incrementarse en un quantum determinado para acercar las divisas requeridas por el programa industrial. Pero cuando murió Perón, el programa estalló; en especial, porque el mercado negro había liquidado el funcionamiento de la gran paritaria nacional. Esto es, el acuerdo de mantener los precios de bienes intermedios, los precios finales y los salarios.

¿Por qué se rompió el pacto?
Por un lado, porque la presión sindical exigía un reparto mayor. Por otro, porque la vida real de la economía argentina imponía que las cajas registradoras no aceptaran los precios máximos y el mercado negro se devoraba el mercado formal. Desaparecían cosechas enteras. Los precios que figuraban en las facturas y los que se pagaban efectivamente estaban disociados. Ahí se produjo la construcción de una nueva entidad empresarial, que es una especie de institución clandestina, porque nunca terminó de fundarse, que fue la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que reunió la vieja base de la CGE, la UIA y la Aciel, capitaneados por Martínez de Hoz. Este grupo elaboró un programa de conjunto que fue el que presentó el ingeniero Celestino Rodrigo en 1975. En otras palabras, el plan Rodrigo no es simplemente el proyecto que se le ocurrió a un seguidor sectario de López Rega, sino que fue el nuevo plan del bloque dominante que había sido rehecho por el conjunto de las clases dominantes bajo la fórmula de Martínez de Hoz. Y ese nuevo programa económico va de la mano de la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán (...)". Leer

En el año 2008, el gobierno CFK consigue que la Mesa de Enlace sea el enemigo, encubriendo:

La ofensiva del capital en la agricultura

Por Rebelión

La Asamblea Continental de la CLOC-VC se realiza en un momento histórico para el futuro de la clase campesina y trabajadora del mundo, señaló Roberto Baggio, militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil al iniciar el debate en la mesa de la Ofensiva del Capital en la Agricultura. Hoy nuestro continente campesino, indígena y negro tiene la tarea fundamental en este periodo de defender los intereses de la agricultura popular, soberana desde una perspectiva socialista, afirmó.

Breve recorrido histórico de los cambios en la agricultura

Con el nacimiento del capitalismo en la agricultura, se organiza una forma de producción en el mundo. Durante la fase inicial, el capitalismo comercial, utilizaba el trabajo esclavo y exportación de materias primas. Durante la fase industrial la agricultura se torna dependiente y subordinada a la industria, en esta fase los campesinos podían tener pequeñas propiedades pero siempre subordinadas a la gran industria.

A partir de los años 90, con la hegemonía del capital financiero, éste controla toda la economía. Ahora el movimiento del capital en la agricultura entra en una nueva fase, usando los bancos que compran las acciones de las grandes empresas transnacionales y monopolizan toda la producción. El origen de esta acumulación y de esta riqueza no viene de la producción, sino de la especulación. En esta fase del capitalismo la economía se dolarizó y hay precios únicos de los commodities que son determinados por la bolsa de valores y  por los grandes centros de comercio. Antes del capital financiero, los estado-nación de los países definían sus políticas públicas en la agricultura, ahora los instrumentos son la OMC, el Banco Mundial, la FAO, entre otros.

Este modelo del capital en la agricultura depende de insumos de las empresas transnacionales y de los créditos bancarios. Los bancos pasan los recursos a las empresas transnacionales y éstas a su vez pasan a los campesinos, es un modelo hegemónico conocido como agronegocio, un proyecto de dominio de toda la agricultura, de apropiación de la naturaleza.

Según, denuncia Roberto Baggio, la ofensiva del capital en la agricultura es resultado de una alianza de clase, en torno a un proyecto de clase, que involucra al sistema bancario internacional, las grandes empresas transnacionales que son propietarias de los paquetes tecnológicos y los insumos, los capitalistas locales que aplican este modelo, los medios de comunicación social que reproducen esa ideología y este proyecto, y los aparatos de los estados nacionales al servicio de este modelo agrícola.

Las áreas prioritarias de expansión del capitalismo en la agricultura son: el monopolio de las semillas, las nuevas leyes de patentes a escala internacional, el control de la tierra, por eso en este momento histórico no hay espacio para hablar de reforma agraria popular, el control del agua, de los ríos, de las fuentes, de los bosques, los minerales y la celulosa.

El modelo del agronegocio genera contradicciones, por eso debemos estar atentos, porque en la medida que se acumule fuerzas podemos disputar las contradicciones que este modelo tiene.

Entre las principales contradicciones que se identifica desde los movimientos sociales son: la poca generación de trabajo, pues no requiere mano de obra, una alta dependencia de químicos que son importados, el control de las empresas de semillas transgénicas que tienen control de los países centrales. Los precios de los commodities agrícolas son muy caros. Además, hay una contracción pues genera un desequilibrio con el medio ambiente y no desarrolla las economías municipales, locales.

En este contexto histórico, compete a la CLOC y Vía Campesina desarrollar un proyecto político con la perspectiva de construir un modelo de agricultura soberano y popular en todo el continente, afirma Baggio.

En ese sentido señala una serie de tareas:

- Construir grandes jornadas de lucha contra nuestros enemigos estratégicos como las grandes empresas transnacionales del agronegocio, los bancos. Jornadas masivas y prolongadas. Sólo las luchas alteran la correlación de fuerzas.

- Dar ritmo y velocidad en la construcción de este proyecto popular y soberana, organizando la producción, organizando la educación sólo la educación nos emancipa, transformando la matriz productiva en agroecología.

- Articular el apoyo y construir alianzas políticas con la clase trabajadora y los pobres de la sociedad, construir una práctica internacionalista de los pueblos. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157975

 

Aún más, la ofensiva del capitalismo e imperialismo se da contra la vida y la dignidad de los pueblos. Avanza quitando y envenenando el agua. Destruye la cordillera y las reservas y fuentes hídricas. En síntesis, mercantiliza la naturaleza y la monopoliza sobre todo mediante el extractivismo. Al asumir la resistencia a esta destrucción de las condiciones y medios de vida, las asambleas ponen en cuestión los conceptos de especialistas universitarios.

 

Glaciares, periglaciares y expertos - Informe especial

11/08/10 Por Javier Rodríguez Pardo

(…)En el foro de abril 2009 en la Cámara de Diputados, me tocó exponer y comunicar, tal mi oficio, que cualquier definición debería contemplar el concepto de intangibilidad en ambas áreas y en todo cuerpo de hielo porque intervenir un ecosistema tan frágil significa acabar con las fuentes de agua, con la fábrica del agua, sin entrar en diletantismos mayores, porque en estas exposiciones y debates, aprendimos que la visión académica del caso, suele ignorar el método extractivo con que opera la minería a cielo abierto, desconoce la necesidad que tienen las mineras de derretir glaciares para obtener agua. Los titulados glaciólogos ignoran que miles de sondajes degradan glaciares cubiertos y descubiertos buscando agua porque las mineras la requieren a razón de más de mil litros por segundo, las veinticuatro horas del día durante 15 ó 20 años de explotación, en tan sólo una de las tantas plantas de lixiviación. Y este dato, oculto en anaqueles de la oficina minera de Estados Unidos, permanece “olvidado” por los acólitos de la minería y los espurios expertos en el consumo de aguas. Por lo menos, los versados en glaciología, preocupados verdaderamente por la sostenibilidad de los ecosistemas andinos, debieran estar al corriente de que en Chile se derriten glaciares para obtener el cobre y que del lado argentino, en Veladero, se omitieron más de 40 glaciares de roca para poder operar sobre ellos. El senador chileno Antonio Horvath Kiss, infería la imposibilidad de hacer una ley de protección de glaciares en el país trasandino; “Codelco, la minera estatal del cobre chileno -dijo el congresista- tiene más de 100 hectáreas de glaciares que interviene para obtener agua, por eso el gobierno no apoya legislación alguna” (…). Leer

 

A lo largo y ancho del país se constituyeron y constituyen asambleas. Ejercen la representación de necesidades y aspiraciones de los de abajo. Defienden derechos básicos como la salud, el agua, la permanencia en su comunidad y territorio identitarios, la participación en decidir sobre el destino común, etc. También denuncian al sistema de saqueo y desertificación. Sin embargo, la impunidad del capitalismo e imperialismo cuenta desde -los gobiernos K- con el apoyo de progresistas e izquierdistas. Lo ilustra:

"El dirigente cooperativista Ángel Petriella, adscripto al directorio del Banco Credicoop Cooperativa. Ltdo. y titular de IDELCOOP, una entidad destinada a la educación para la gestión cooperativa. Trató sobre “Las cooperativas como herramientas de transformación de la  sociedad” (...) y señaló que “ el cooperativismo tiene cosas para decir, ideas y modelos para sugerir porque la crisis financiera no puede seguir sustentándose sólo en el lucro y la ganancia, y la fabricación de pobres”.(...)

El otro principio que plantea el cooperativismo es que es posible organizar las sociedades con el concepto de la solidaridad, democracia e interés público en las organizaciones.

En ese sentido, Petriella afirmó que un capítulo central ha sido “haber declarado de interés público las actividades hidrocarburífera y minera por parte del Estado argentino”".Leer

Coincide con la Presidenta en la política de bloquear la lucha abajo y a la izquierda contra el crecimiento económico de corporaciones y bancos. Por un lado, contra la realidad del propio Credicoop, pretende convencer que el cooperativismo conduce a crear otra sociedad y oculta que el capitalismo (no su crisis financiera) se centra en la alta rentabilidad oligopólica. Por otro lado, también niega en qué se concretaron inmediatamente las medidas positivas del gobierno K, destaca como lo nuevo o lo emancipatorio a YPF y al COFEMIN cuando sirven al extractivismo imperialista.

Pienso en la necesidad abajo y a la izquierda de constituir un frente cultural político:

• "Frente" no sólo para potenciar las posibilidades de hacer retroceder el incesante hallazgo de súper negocios en los distintos territorios del país. "Frente", sobre todo, para aunar esfuerzos en el trabajo constante de elaboración conjunta de los marcos conceptuales para el enfoque de nuestros problemas fundamentales como pruebas de que el capitalismo e imperialismo es incompatible con la vida y dignidad de los pueblos; y de métodos para facilitar el diálogo abajo que instale y multiplique los espacios en común de deliberación y toma de decisiones sobre otra sociedad y otro país-mundo acordes con el buen vivir de los diversos de abajo.
   
• "Cultural" porque es un frente con origen en el establecimiento de un encuentro o hermanamiento de todas las organizaciones que hoy resisten al modelo, proponen otro modo de vida que el capitalismo y miran por la soberanía de los pueblos. También por tener el objetivo de entablar reciprocidad de la comunicación y los vínculos con los otros de abajo, apreciando que participen desde sus diferencias y discrepancias en qué hacer, porqué, cómo...en la autoorganización comunitaria y hermanada a las del país-mundo.
   
• "Político" porque todas las relaciones sociales de nuevo tipo que crea y crean los de abajo se dan en el estar cada vez más metidos en las luchas de resistencias, de reivindicaciones, de puestas en debate de los proyectos e ideas ninguneados, silenciados e invisibilizados; también de desenmascaramiento de la gran burguesía local e imperialista como  principal impune de genocidios, devastación y  malvivir de las mayorías. Además, porque contextualiza esas luchas tanto para asumirlas articuladas entre sí contra el capitalismo como por promover el viraje desde decidir por sí solo o grupalmente a responsabilizarse por el autogobierno de la comunidad y el internacionalismo que ponga fin al desarrollo del capitalismo imperialismo.
  
  

La otra comunicación es fundamental para constituir territorios de afirmación de "trabajo, dignidad y cambio social"

Debemos luchar por la valoración de las culturas de campesinos e indígenas y la soberanía alimentaria que haga a nuestra decisión de poner fin a los procesos de acaparamiento territorial como política continental del capitalismo mundializado. Reparemos que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial implica ese apoderamiento u ocupación territorial de modo 'democrático' pero Honduras y Paraguay ejemplifican cómo ese avance se da a través de golpe de estado. Reflexionemos sobre la siguiente nota:

 

Arranca Primera Asamblea Continental de la CLOC-VC

"Ante una política acaparadora debemos luchar para la democratización del acceso a la tierra", dice Rafael Alegría

Por Giorgio Trucchi (LIN y M)

Con la presencia de unos 300 delegados provenientes de toda América Latina y el Caribe, se inauguró formalmente el viernes en Managua, Nicaragua, la Primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - Vía Campesina (CLOC-VC).

Entre los principales objetivos de esta actividad, que concluirá el próximo 21 de octubre, destaca "desarrollar mecanismos para el adecuado funcionamiento y el fortalecimiento de esta articulación continental, así como avanzar en el análisis del modelo de desarrollo al que aspiramos: hoy el debate es entre capitalismo y socialismo", dijo Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina en Centroamérica.


Alegría recordó también que durante la Asamblea se desarrollará un acto masivo de solidaridad con los pueblos de Honduras y Guatemala, "que viven una situación muy difícil en cuanto a la falta de acceso a la tierra, la criminalización de la lucha agraria, la persecución y las amenazas en contra de la población y los dirigentes campesinos".

En el Bajo Aguán, al noreste de Honduras, el grave conflicto agrario que afecta la zona ha dejado un trágico saldo de 54 campesinos organizados, un periodista y su esposa asesinados en los últimos tres años. La concentración de las tierras en manos de unos pocos terratenientes y la expansión del monocultivo de palma africana a gran escala, son las principales causas de un conflicto que sigue enlutando al campesinado hondureño.

En el Valle del Polochic, Guatemala, más de 800 familias q'eqchi's fueron desalojadas violentemente y sus pertenencias destruidas y quemadas por el ejército y la policía. El Ingenio Chabil Utzaj, recientemente adquirido por el nicaragüense Grupo Pellas, extendió sus plantaciones de caña de azúcar y soltó sus guardias de seguridad para sembrar el terror entre la población indefensa.

El dirigente campesino hondureño, quien recientemente denunció graves amenazas en su contra y un plan para asesinarlo, señaló también el grave proceso de reconcentración y mercantilización de las tierras, así como el acaparamiento de los recursos naturales, la invasión transgénica, la destrucción de los bosques en toda América Latina.

"Nuestro continente tiene un problema central que es la desigualdad en cuanto al problema agrario. Debemos seguir avanzando en la articulación y en los procesos democratizadores, para alcanzar una justa distribución de los recursos que beneficie sobre todo a los campesinos, que constituyen el 50 por ciento de la población latinoamericana. 

Debemos impulsar leyes y marcos jurídicos - continuó - que garanticen el acceso a la tierra, la comercialización de los productos, un precio justo. Es decir, debemos ver cómo valorar la cultura y la soberanía alimentaria, contrarrestando los procesos de concentración impulsados por las grandes transnacionales y las oligarquías locales, que controlan la política y la economía de los países, con ejércitos propios para atacar a los campesinos", aseveró Alegría.

En este sentido, el dirigente hondureño dijo que la participación directa y plena de los campesinos en los gobiernos será otro tema de debate durante el desarrollo de la Asamblea. Leer

 

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020 implica no sólo destrucción socioambiental y sociocultural sino, sobre todo, la desaparición forzada de los campesinos e indígenas. El 54% de los votos está siendo aprovechado por el gobierno CFK para aprobar la ley anti-terrorista, el refuerzo a las ART, la explicitación de la subordinación a Monsanto y la nueva Ley de semillas. 

Para adentrarnos en porqué urge poner fin a esta impunidad examinemos:

Biodiversidad | 18 octubre 2012 | Biodiversidad - Oct 2012

Editorial

La foto nos muestra un mural con un niño comiendo una mazorca de maíz. Es una pared apropiada por la gente, que en alguna comunidad decidió expresar la importancia de comer maíz, de cultivarlo. En verdad, aunque no lo muestre el mural, esa mazorca en labios de un niño nos habla de la resistencia que crece en defensa de nuestra subsistencia más fundamental, ésa que en principio resuelven las propias familias, las propias comunidades. Los pueblos organizados. Soberanía alimentaria que le dicen, y reivindican más y más regiones. Qué más claridad para hablar de la urgencia que muros pintados con el sagrado maíz de tantos pueblos.

Hasta la misma FAO, tan ajena a como miran los pueblos hoy en día, no puede negar que un buen porcentaje de los alimentos, a nivel mundial, los produce la gente para sí misma y su región y alimenta a una buena porción de la humanidad. Y claro, no sólo es el cultivo, es también la recolección, el pastoreo, la caza y pesca, los animales de traspatio y sus lácteos, huevo y carne. Pero las semillas tienen un lugar fundamental en ese universo de cuidado certero, lúcido, obsesivo que es trabajar el campo por cuidar el mundo, y cuidarlo para subsistir con dignidad, imaginación y sentido de pertenencia.

Decir semillas es decir saberes colectivos. Esos llamados saberes locales que como hemos repetido, no son cosas, son tejidos misteriosos de relaciones que se remontan en muchas direcciones hacia la historia propia y común de comunidades, pueblos, regiones, naciones, que comparten un pasado común y búsquedas semejantes en el presente.

Reconocer que el saber se construye en colectivo es fundamental para entender cómo cuidar de las semillas. La pregunta es cómo ser respetuosos con lo que es herencia de millones de familias que vinieron antes de nosotros. Y que, como nosotros, tuvieron siempre en su vida la encomienda, el encargo, por el futuro.

Hoy, los gobiernos, las agencias multilaterales y las corporaciones a las que sirven, están empeñados en constreñir el flujo infinito de saberes comprometidos en la transformación y reforzamiento de las variedades inmemoriales de los cultivos mediante leyes de certificación, de propiedad intelectual, patentes o derechos de obtentor, de propiedad industrial o cualquier otro artilugio para someter la imparable transformación de las semillas.

Hoy entonces debemos entender que cuando los saberes [y las semillas] se patentan, lo que se busca es ejercer un control corporativo y gubernamental sobre algo que sólo los pueblos y comunidades deberían decidir; es impedir tajantemente que los pueblos puedan seguir su camino infinito de creación. Debemos entender que eso es la muerte, la erosión, la destrucción de la creatividad social que durante milenios propició la biodiversidad, y la muerte misma de la biodiversidad, con todo el enorme impacto que eso tendrá sobre la subsistencia, la seguridad y la soberanía alimentarias.

Tal destrucción de bienes y ámbitos comunes avanza imparable al proliferar los intentos en Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Uruguay, Guatemala y México, sin contar los intentos de la Revolución Verde en África".

Biodiversidad, sustento y culturas, está entre otras cosas, para defender esta libertad, y sus cuidados milenarios, que siguen vivos. Propone cómo dejar atrás el presente y futuro de miseria que planifica el capitalismo:

"Nos debe quedar claro que toda certificación es un paso obligado para la privatización, y para el control policiaco que ésta entraña.

Tal vez por eso existe ahora un arco iris impresionante de iniciativas que buscan defender las semillas de libertad, el libre intercambio de semillas, la libertad irrestricta para custodiar, guardar, intercambiar y trasegar semillas y material vegetal de reproducción.

Y son iniciativas importantes que debemos valorar como una resistencia contra tales controles impuestos.

No obstante, debemos insistir entre nosotros, entre las organizaciones y comunidades que vamos reconociéndonos en la confianza, que lo crucial de las semillas es que son indisolubles de sus saberes. Y el saber se construye en colectivo, como ya decíamos. Si el saber y las semillas se potencian en colectivo, hay la premisa inescapable de poner en el centro de la libertad de las semillas, ése su ser tejido de relaciones. Su entramado de saberes asociados, que es inseparable de quienes durante milenios las cuidaron y siguen cuidándolas y cuya sabiduría no procede de unos cuantos meses o años sino de milenios de cuidado: los pueblos indios, los pueblos campesinos.

Si esto es así, terminamos reivindicando que las semillas no son cosas y su intercambio no puede ser locuaz, irresponsable, descuidado, sin miramientos. Debe tener sus cuándos y sus cómos. Debe obedecer a los canales de confianza que durante milenios han sido la mejor custodia conocida para mantenerlas vivas y fuertes.

Lo libre del intercambio siempre está inmerso en un nicho, obedece a una serie de cuidados —podría decirse que a normas no escritas—, a un entorno, a un ambiente de responsabilidad, de confianza, a un territorio: no puede ser nada más así ni en cualquier espacio o momento.

Aunque suena bien, hacerlas del dominio público no es suficiente, porque declararlas libres no les confiere de inmediato el cuidado que sí pueden garantizar las relaciones donde están inmersas las semillas (y sus saberes asociados). Porque el cultivador individual no es nada ante la comunidad con quien construye y remodela los saberes; una comunidad que obedece a la sabiduría acumulada de los pueblos ancestrales que en crianza mutua siguen conservando vivas las variedades existentes.

Apelar tan sólo a las técnicas agroecológicas contemporáneas descuida todo el saber acumulado que tenemos que valorar estableciendo un diálogo de saberes entre lo ancestral y su cotejo o contradicción contemporánea. Los campesinos indígenas actuales son los herederos directos de los miles de años de trabajo compartido, de construcción de saberes muy minuciosos que siguen funcionando. La demostración es que los cultivos están fuertes, son sumamente diversos y las corporaciones y agencias de investigación las ambicionan como locos.

Las semillas, sus saberes, son bienes comunes invaluables. Son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Sin la construcción histórica comunitaria de los pueblos indios y campesinos, sin esa sabiduría de tantos siglos, las semillas como las conocemos no existirían. No será posible defenderlas sólo con los conocimientos y las técnicas actuales. Siendo un reflejo directo de los pueblos con quienes conviven, es indispensable protegerlas fortaleciendo los territorios, la autonomía, la vida libre y abierta, con justicia y dignidad que reivindican los pueblos que en crianza mutua pugnan por la libertad de sus semillas.

Este fortalecimiento de territorios y autonomía, de la resistencia para defenderlos, tampoco es una obra individual; su saber y su manera es también algo construido en colectivo a partir de las visiones comunes de los pueblos, de las comunidades". Leer

Conflictos de los de abajo con el capitalismo que les indican la necesidad de recuperar el trabajo

Partamos de que la «seguridad jurídica» de los saqueadores, oficializados como acreedores e inversores, resultó en creciente concentración y transnacionalización económico territorial desde la dictadura genocida de los setenta hasta hoy.  Esta acumulación de riquezas y poder por la alianza de los grandes capitales imperialistas con los locales se implanta mediante terrorismo de estado y se impulsa mediante estatización de sus deudas externas e inclusión subordinada del país a la globalización financiera. La democracia existente desde 1983 también le fue y es funcional. En efecto, se beneficiaron con la prioridad de la "honra de la deuda externa pública" desde Alfonsín y el acaparamiento de bienes comunes sociales (las privatizaciones). Por supuesto el PJ, la UCR y la CGT son corresponsables del desmantelamiento del Estado social y de la flexibilidad, precarización e informalidad laboral. 

La impunidad de las transnacionales y los poderes locales se extiende a los despidos masivos, los pueblos fantasmas y la restricción y segmentación de los derechos a tener servicios públicos a los usuarios según poder adquisitivo. Abarca el hundimiento de las economías regionales extrapampeanas al punto que provincias del NOA y el NEA fueron señaladas como inviables. Suma la generación de la quiebra de muchísimos pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales. En fin, comprende la descentralización del Estado que empobreció y desprotegió aún más a los pueblos de las provincias propiciando el despliegue del extractivismo o neocolonialismo cuya normativa jurídica fue establecida en los noventa. La Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales (Publicada el 11 de noviembre de 2011) señala respecto a las responsabilidades: "Este Tribunal ha constatado que las formas de operar de las empresas transnacionales no serían posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder (...)". Agrega: 

"(…)-Los gobiernos abren las puertas de los países a las inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con el presupuesto nacional, colocando el aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que favorecieron su expansión y consolidación.

- La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)  provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

 

- La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

 

- La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresas se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y  que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”. (…)

 

La expansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.

Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación.

 

- La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente (…)". Leer

Así como UNASUR se organiza fundamentalmente para garantizar la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), el MERCOSUR se erige en estructura aseguradora de la gigantesca transferencia de recursos que el capitalismo de las potencias requieren para seguir desarrollándose, lo hace ampliando su funcionamiento conformado entorno a los negocios de las terminales automotrices globales en el intercambio desigual de Brasil con Argentina. A fines de julio de 2012 Venezuela ingresa al  MERCOSUR y  la presidenta Cristina Fernández define que el bloque regional ha pasado a constituirse en "la quinta economía mundial". Dice:"Con el ingreso de Venezuela se cierra la ecuación (...)porque es energía, alimentos, minerales, conocimiento y valor agregado". La mandataria advirtió que esta situación "también nos exige crear más temprano que tarde los instrumentos y las instituciones que tornen indestructible e indivisible este nuevo polo de poder". Leer

Volvamos la mirada abajo. Los trabajadores no sólo están sometidos a mayor superexplotación y siniestralidad laborales en acuerdo con esa dinámica reprimarizadora exportadora sino también llevan a cabo el modelo destructor de las condiciones y medios de vida tanto del presente como del futuro. Se enferman, se accidentan, mueren a causas de sus trabajos pero éstos a la vez generan contaminación ambiental, devastación, expulsión de pueblos y comunidades. Comparten este destino y se ven forzados a malvivir en las grandes ciudades o en sus alrededores sin transporte seguro, en viviendas sin infraestructura básica, con escuelas y hospitales públicos en situación de emergencia, etc.

 

Por otra parte, se denomina "inclusión social" a refuerzos para la subsunción de todos los de abajo en la acumulación de los grandes capitales. Ejemplos:

• La mayoría de los jóvenes consiguen empleo precarizado.
• El grueso de los microemprendimientos y las cooperativas se consagran a la subsistencia
• Las pymes asisten al funcionamiento del modelo y es lo que pretenden del campesinado.
• La cesión de terrenos para vivienda social por desarrolladores inmobiliarios en los countries permite su multiplicación arrasadora de la Pampa Húmeda y su visión de control sobre los trabajadores en ellos.

Ya el Banco Mundial en los 90 concibió la compensación a los planes de ajuste mediante organizaciones abajo que sustituyesen al Estado social  y se hiciesen cargo de autogestionar la sobrevivencia de los excluidos. Ahora, consideremos reflexiones del "dirigente cooperativista Ángel Petriella, adscripto al directorio del Banco Credicoop Cooperativa. Ltdo. y titular de IDELCOOP, una entidad destinada a la educación para la gestión cooperativa, afirmó que el sector creció un 49%  en los últimos años. La  charla que brindó fue sobre “Las cooperativas como herramientas de transformación de la  sociedad” (...) señaló que “ el cooperativismo tiene cosas para decir, ideas y modelos para sugerir porque la crisis financiera no puede seguir sustentándose sólo en el lucro y la ganancia, y la fabricación de pobres”. Según Petriella, “el mundo actual es rico y, de acuerdo a datos de la FAO de hace algunos años, en el mundo había equipamiento para darle de comer a 18.000 millones de personas (tres veces  la población mundial). Y sin embargo dos terceras partes de la población están debajo de la línea de pobreza”.Leer

Pero resulta que el neoextractivismo fabrica pobres y desertificación. Su avance genocida está justificado como la única posibilidad de fuentes labores, de progreso y de políticas sociales. Tal propaganda a favor de las transnacionales y sus socios locales no se fundamenta en la realidad e historia africana ni en la de Andalgalá o de Perú. Además tengamos en cuenta a: "la AGTCAP (sindicato que agrupa cooperativas autogestionadas incluidas en este programa "Argentina trabaja" aplauden el incremento de sueldo, que ha sido uno de sus más fuertes reclamos desde hace dos años. “Es un avance, pero nuestros haberes van a seguir siendo menores al salario mínimo legal”, suspiró con amargura una de las trabajadoras agrupadas en el gremio no oficial. 

La canasta de consumo total mínima se ubica en $5.502, de acuerdo a un estudio reciente de la Junta Interna de ATE-INDEC, mientras que para la intervención del citado organismo el guarismo se reduce a $1.424. La implicancia básica para el Gobierno Nacional del incremento salarial es que estos trabajadores dejarán de figurar en las estadísticas oficiales bajo la categoría de “pobres”. Sin embargo, estarán bordeando la línea de indigencia, estimada en $1.754 para Capital Federal y sus alrededores. 

El reclamo de AGTCAP por cobrar el salario mínimo vital y móvil ha sido desestimado por parte del gobierno por aludir a que está pensado para 8 horas de trabajo diarias, mientras que los cooperativistas sólo cumplen la mitad de la jornada. La postura de la administración central se contradice con los comentarios de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, encargada de dirigir el plan. Ella ha manifestado que esta política se creó “para integrar a quienes el modelo en algún momento excluyó; ellos obviamente no tuvieron posibilidades de inclusión social”. Dio a entender, entonces, que los trabajadores no tienen acceso a otro tipo de ingreso y por ello depende exclusivamente del Programa Argentina Trabaja para solventar sus gastos básicos. Para solucionar esta disputa, el sindicato de cooperativistas autogestionados propone subir la carga a 8 horas por día. 

Algunos de los trabajos que realizan las organizaciones son de construcción de viviendas, pavimentación, saneamiento de redes de cloacas y agua, desmalezamiento de parques y tratamiento de residuos sólidos. Los riesgos asociados a estas tareas pueden ser muy elevados, por lo que contar con un seguro por accidentes de trabajo es indispensable para los cooperativistas. Sin embargo, esto no es brindado por la cartera de Alicia Kirchner y, dados sus magros ingresos, tampoco puede ser contratado por los trabajadores. Además, la mayoría carecen de obra social. A pesar de hacer aportes para tenerla, no pueden acceder porque las empresas les niegan la afiliación. 

Un miembro de AGTCAP señaló: “Nosotros no queremos asistencia social y nunca solicitamos nada parecido. Nuestros reclamos siempre están acompañados por pedidos de más trabajos de infraestructura básica necesaria en los barrios. Pero es frecuente que los municipios o provincias se demoren en traernos las herramientas, y a algunos incluso les asignan arreglar la casa de los punteros o tareas que sólo benefician a los intendentes”. En esta unión de trabajadores ilustran que “aún hay mucha gente que no tiene acceso a un trabajo, y podrían conseguirlo de abrirse nuevas incorporaciones al programa nacional”, hoy muy limitadas". Leer

Es hora de constituir la unidad en diversidad de los abajo para la lucha por "trabajo, dignidad y cambio social" que el movimiento de trabajadores desocupados formuló como enfoque esencial de qué construir para concretar otro modo de vida y producción más acorde con los derechos humanos de los pueblos de Argentina.